11-M: 192 Muertos, Miles de Heridos ¿Quién Ha Sido?

“Estrategias cruzadas en el PP” por Ángel Collado

MADRID. «Si nos equivocamos (con el 11-M), ya pagaremos electoralmente por ello» (Zaplana). «El 11-M no puede ser el eje central de nuestra actuación como partido político de oposición que quiere ser gobierno y que es alternativa de gobierno» (Piqué). El Partido Popular vive con cierta esquizofrenia el arranque del curso político en el que se juega buena parte de sus posibilidades de volver al poder en 2008. Eduardo Zaplana, al frente del grupo parlamentario, apuesta por remover el atentado y en el empeño se apoya en aliados mediáticos que se declaran afines al PP. Otros dirigentes nacionales como Ángel Acebes y, sobre todo, los regionales que se tienen que examinar inmediatamente ante las urnas -Piqué, Camps o Ruiz-Gallardón- prefieren una oposición más pegada a los problemas de los ciudadanos y a los flancos abiertos en canal que ofrece el Gobierno de Zapatero, como la inmigración, las cesiones a los nacionalistas o la negociación con ETA. Pero estos últimos se encuentran de frente con los altavoces en que se apoya Zaplana.

Entre la opción de alentar la «teoría de la conspiración» en el 11-M con el objetivo o la esperanza de que acabe por aparecer una pista que de verdad cuestione la victoria electoral del PSOE en 2004 -algo más que ácido bórico- y la opción del giro hacia una oposición con propuestas y alternativas, Rajoy ha elegido las dos al tiempo.

Las aparentes contradicciones entre los defensores de una y otra vía, dicen todos, no son tales. «Yo no voy por libre» y «Digo lo que Rajoy no puede decir» son frases repetidas en voz baja. El sucesor de Aznar deja hacer y no desautoriza a nadie. Pero se quitó de en medio en la última interpelación de su portavoz parlamentario sobre el 11-M. Los diferentes «énfasis» en las estrategias de oposición también se mezclan con diferencias y ambiciones personales. A los barones autonómicos y alcaldes, en campaña ya para las autonómicas en Cataluña y de mayo en casi toda España, no les interesa un PP nacional empeñado en el 11-M («con balance cero en la opinión pública», avisan), sino un referente unido, centrado en hacer una oposición «de alternativa» y ocupado en los problemas que afectan directamente a los ciudadanos que tienen que votarles.

El mérito de la unidad

En la dirección del PP presumen del mérito de mantener la unidad pese al mazazo que supuso perder las elecciones y sostienen que es en «el entorno» del centro derecha donde se reproducen las diferencias que en otro tiempo marcaron la existencia de las diferentes formaciones políticas que peleaban por ese espacio político hasta que la refundación del PP con Aznar al frente zanjó el problema. Sin embargo, algunos veteranos empiezan a ver lo que llaman «las diferentes camarillas», que cada uno manda en su parcela con excesiva autonomía: los portavoces en sus respectivos grupos parlamentarios, Acebes en la sede central y los barones autonómicos en sus ámbitos regionales hasta amenazar, al menos de puertas afuera, la imagen de absoluto control que, a su juicio, debe dar Rajoy.

Hay detalles y nombramientos de los principales dirigentes del PP que han sentado mal en el partido y el grupo parlamentario. En la sede de Génova, el aterrizaje de la periodista Cayetana Álvarez de Toledo como jefa de gabinete de Ángel Acebes provoca recelos entre los veteranos de la casa. La noticia de su presencia el pasado lunes en la reunión del comité de dirección, verdadero núcleo duro del PP, corrió por el renovado edificio del partido de la oposición. A ex ministros y antiguos miembros de ese órgano no les gustó el hecho de que Álvarez de Toledo, que aún ejerce la profesión en un periódico y en una emisora de radio, estuviera en un órgano tan restringido al que sólo asisten el presidente, el secretario general y los secretarios ejecutivos -rara vez los portavoces- y donde se prepara el plan de trabajo para la semana. Dicen los «ex» que nunca se sentó allí ningún ayudante de ningún secretario general.

En el Grupo Popular del Congreso tampoco han caído bien los últimos nombramientos. A la hora de cubrir la baja que dejó Ana Palacio en la presidencia de la Comisión Mixta para la Unión Europea -1.250 euros extras al mes, secretaria y coche de incidencias-, Eduardo Zaplana ha propuesto a Carlos Aragonés, ex jefe de Gabinete de José María Aznar que se ha estrenado como parlamentario en esta legislatura. De nuevo son los veteranos los que se quejan. Ese tipo de cargos tradicionalmente son reservados para ex ministros o los diputados con más larga trayectoria en la Cámara.

A esa ruptura de tradiciones en la que algunos ven el peligro del nacimiento de «las camarillas» se unen los problemas de fondo de las alianzas mediáticas que se cruzan en los intereses de unos y otros. Los medios autocalificados de afines que se arrogan la misión de esclarecer los misterios del 11-M encuentran el apoyo y coordinan sus lanzamientos con Zaplana, pero arremeten contra otros dirigentes del PP que, además, son los que tienen las citas más próximas con las urnas. Es el caso de Josep Piqué, que el próximo 1 de noviembre concurre en las elecciones autonómicas catalanas, solo frente a nacionalistas, socialistas y jugando en su contra la emisora de radio que se dirige a los militantes y votantes del PP pero que no deja de denostarle, e incluso prefiere ensalzar a la plataforma antinacionalista que se ha convertido en un problema añadido para el partido de Rajoy en Cataluña.

Es, según reconocen en la dirección del PP, una clara muestra de su fracaso en lo que llaman «la política de medios». En Cataluña echan cuentas los populares y, sin más aspiraciones que quedarse con los 15 escaños que ahora tienen, se preguntan qué influencia podrá tener en su electorado -poco dado a la movilización en comicios autonómicos- ese panorama tan hostil. La abstención será muy alta por el desprestigio general de los políticos en Cataluña y contar con todos los incondicionales, clave para salvar la cara. Y también recuerdan que si el fracaso es sonado, a Piqué le culparán por haber sido poco duro en la oposición, pero a continuación la factura del fiasco será también remitida a Rajoy con cargo a su «liderazgo» nacional.

La prueba del nueve

Después de las elecciones catalanas, el cruce de estrategias, en cuyo centro siempre está Rajoy, se dará en Madrid, cuyo Gobierno regional y la Alcaldía de la capital será el último domingo de mayo, en los comicios autonómicos y municipales, la prueba del nueve para la oposición y sus posibilidades de dejar de serlo. Para el PP es vital mantener esas parcelas de poder si quiere optar a ganar las elecciones de 2008 y ante esa cita se asegura que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón han suscrito un pacto de «no agresión» que, de momento, respetan ambos.

El alcalde, como Josep Piqué, cuenta con la animadversión de algún aliado mediático de Zaplana, pero con eldato contrastable de que la última vez que éste predicó contra la posición oficial del partido -el «no» en el referéndum sobre la constitución europea frente al «sí» propugnado por el PP- el electorado prefirió de forma abrumadora seguir la recomendación «política» en vez la del periodista en cuestión. Rajoy recuerda que nadie le ha marcado desde fuera ninguna línea política -lo demostró la última vez en el apoyo al envío de tropas al Líbano- y evita cualquier choque interno, una de las cualidades por las que Aznar le eligió sucesor.

Publicado por el diario ABC el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Mesquida: «La conspiración de islamistas, etarras, policías y políticos para desbancar al Gobierno es delirante»

«En algún momento han llegado a intentar la deslegitimación de la institución monárquica»

A las nueve de la mañana del jueves, en su despacho de la Dirección General de la Guardia Civil que no ha abandonado tras su nombramiento como máximo responsable de los dos Cuerpos policiales, Joan Mesquida estaba absolutamente tranquilo, a pesar de que un periódico y una emisora de radio habían lanzado ya la acusación de que Interior había falsificado un informe pericial sobre el 11-M que relacionaba a ETA con los islamistas que perpetraron la matanza. «He pedido máxima transparencia. Todo se aclarará y muy pronto». Por la tarde el «escándalo» ya no era tal, aunque los «teóricos de la conspiración» aún intentaban mantenerlo vivo.

— Se ha acusado a un sector de las Fuerzas de Seguridad de haber dado una especie de golpe de estado para desalojar a un Gobierno del poder. ¿No ha llegado ya el momento de que intervenga el fiscal general del Estado?

— Creer que hubo una conspiración entre terroristas de ETA, terroristas islamistas, miembros de la Policía y políticos para desbancar al Gobierno es delirante y se descalifica sin más. Lo que no hay que olvidar es que estamos en puertas del juicio oral tras la instrucción de un sumario laborioso y complejo. Ahora hay que dejar que los jueces juzguen lo que ocurrió el 11-M. El intento de deslegitimar las instituciones judiciales o policiales por parte de algunos es algo que en España no es nuevo. No es la primera vez que por motivos espurios se intenta justificar argumentos utilizando la deslegitimación de las instituciones. Incluso, en algún momento han llegado a intentar la deslegitimación de la institución monárquica. Por desgracia, estamos acostumbrados a que se usen este tipo de estrategias.

— Hay muchos policías y guardias civiles que se han jugado y se juegan la vida en la lucha contra el terrorismo y que piensan que este es un monstruo que se ha permitido que creciera sin que nadie diera una respuesta adecuada. ¿Es ahora cuando el Gobierno se da cuenta de la magnitud del problema?

— En el tiempo que llevo al frente de la Guardia Civil y en el poco tiempo que llevo al frente de la Policía he tenido la oportunidad de hablar con muchos responsables de la lucha antiterrorista, y afortunadamente estas situaciones no hacen mella en su profesionalidad ni en su capacidad de trabajo. Sin duda, estas actuaciones afectan negativamente al estado de ánimo, pero no les restan ni un ápice sus ganas de trabajar. Mi primera reunión de trabajo cuando llegué al mando único fue con los responsables de la lucha contra el terrorismo y puedo asegurar que están trabajando con toda intensidad.

— Cuando oye, lee o le cuentan lo que algunos medios aseguran, ¿qué es lo que le viene a la mente?

— Obviamente, no me gusta que se dé crédito a personas sin ningún tipo de prestigio ni escrúpulos. A partir de ahí, he de decir que tengo la absoluta convicción de que el atentado del 11-M fue perpetrado por radicales islamistas y que todo lo que se una a esto es una pura especulación. Aquí no ha habido ninguna conspiración. Lo que me duele de todo este debate es que se pierda de vista que hubo 192 muertos, me produce un cierto asqueo moral.

— ¿Cómo califica la postura de un sector muy concreto del PP que da pábulo a esta teoría conspirativa?

— La sensación que tengo es que estar diariamente avalando este tipo de informaciones pone de manifiesto que no hay soluciones alternativas a los problemas. Los ciudadanos quieren saber la verdad de lo que ocurrió el 11-M, pero también lo que va a pasar con la economía, la vivienda o la seguridad ciudadana.

— Hay quien ha vinculado el llamado «proceso de paz» con el 11-M. ¿No es un salto todavía más grave en la deslegitimación de la acción del Gobierno?

— Sin duda. Estamos en un momento en donde podemos felicitarnos de que llevamos más de tres años sin un asesinato, en una situación de alto el fuego permanente y en unas condiciones inmejorables para acabar con la violencia. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar.

— ETA está ahora en una estrategia de ejercer mayor presión sobre el Gobierno con actos de kale borroka. ¿Lo tenían previsto?

— Es un hecho objetivo que hay una intensificación de la violencia callejera. Nosotros trabajamos como si el proceso de paz fuera a ir mal, porque en el concepto de seguridad se tienen que estudiar todas las hipótesis y es fundamental prever las más peligrosas.

— ETA ha avisado de que si en pocas semanas el proceso no avanza, la situación de alto el fuego permanente podría ser reversible. ¿Qué opina de este envite de la banda?

— ETA y lo que se llama el entorno están mayoritariamente convencidos de que por la violencia no van a lograr sus objetivos. Es muy importante que entren en la vía democrática, en la que se puede hacer cualquier planteamiento siempre que no se use la violencia. Sería un privilegio asistir al fin de ETA estando al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sería una desgracia enorme el que la banda retomara la actividad armada.

— Zapatero siempre ha dicho que cualquier tipo de violencia era incompatible con el diálogo. Ahora hay kale borroka y el presidente dice que los contactos son inminentes. ¿Qué ha cambiado?

— No me corresponde opinar sobre ello. Mi responsabilidad es que las Fuerzas de Seguridad trabajen con la misma intensidad o mayor para tener previstas respuestas a cualquier hipótesis. Hay que estar preparados por si los asesinatos vuelven a repetirse.

— Hay un dato llamativo y es que se ha intensificado la kale borroka y en cambio desde la tregua sólo ha habido un par de detenciones, esta misma semana y realizadas por la Ertzaintza. ¿Se ha perdido capacidad operativa?

— En temas de terrorismo callejero la Ertzaintza tiene sus competencias. La Guardia Civil y la Policía, desde la declaración de alto el fuego, han detenido alrededor de 23 personas relacionadas con ETA. La realidad es que ahora mismo no hay una actividad armada y lo lógico es que el número de detenciones sea menor por este motivo. Algunos responsables de esta lucha me comentaban que ahora tenían desdibujados a sus enemigos porque no estaban actuando y esto les podía producir una sensación de trabajar sin ver resultados, pero la realidad es que la situación es la que es y es lógico que si no se produce una actividad armada y no hay detrás de esta actividad armada una actividad logística el número de detenciones sea menor.

— ¿Han detectado los servicios de información que el sector duro de la banda está imponiendo sus tesis?

— La sensación que hay es que mayoritariamente se apuesta por el proceso de paz. Sí hay determinadas psicopatías que pueden ser incompatibles con este camino. Las escenas que hemos visto estos días de algunos miembros de ETA hacen pensar que en cualquier situación que no sea la violencia estas personas no van a estar cómodas.

— En este mismo sentido, ¿es previsible o al menos no descartable que se pudiera producir una escisión en la banda?

— Esta es una hipótesis que no se descarta porque además tenemos el antecedente del IRA. Cuando arrancó el proceso en Irlanda surgió lo que se llamó el IRA auténtico, que perpetró el atentado de Omagh. Por eso, esta posibilidad de que surja un grupo escindido que piense que sólo puede conseguir sus objetivos con más asesinatos es contemplada por las Fuerzas de Seguridad.

— Personas del PSE, del PP e incluso antiguos miembros de ETA creen que la banda no tiene ninguna intención de abandonar las armas, pero también que la reversibilidad del proceso es difícil, porque la sociedad vasca y la española en su conjunto no asimilarían el impacto de un asesinato. ¿Comparte usted ese análisis?

— Sí, tengo la misma opinión. En todos los momentos de la lucha contra ETA las circunstancias han tenido su importancia. A la banda se la ha debilitado con los tres pilares: la eficacia policial, la firmeza judicial y la cooperación internacional. En este momento estamos en unas condiciones para alcanzar la paz de manera definitiva. Yo creo que hay que intentarlo. El proceso es un camino que se va a recorrer con dos linderos, el respeto a la legalidad y la memoria de las víctimas. Con estos condicionantes, con el hecho de que no se va a pagar un precio político, estamos en buenas condiciones para asistir al fin de la violencia.

— Hay otro asunto muy delicado, el soplo policial a un miembro del «aparato de extorsión» de ETA. ¿En qué fase está la investigación?

— Cuando el juez ha pedido algún tipo de informe a la Guardia Civil se le ha aportado. A partir de ahí es una investigación secreta.

— ¿Hay alguna explicación lógica a lo que ocurrió?

— Este tema yo lo he visto desde mi responsabilidad anterior como director general de la Guardia Civil en donde el juez pidió una información y se le dio. No nos ha vuelto a pedir más informes o que hagamos más gestiones.

— ¿Pero qué gravedad atribuye a este hecho?

— Habrá que esperar. Los tiempos informativos no coinciden con los judiciales. Lo mejor en estos casos, como responsable de las Fuerzas de Seguridad, es esperar a la resolución judicial.

— En un momento clave del llamado «proceso de paz» se ha relevado al máximo responsable de la Policía en la lucha contra el terrorismo. ¿Fue él quien pidió el cambio? ¿Tiene algo que ver con el 11-M?

— A esta persona se la ascendió. No sé si el cambio tiene algo que ver con esto o no. Yo lo que he visto es a una persona duramente criticada en algunos medios de comunicación y cuando uno recibe esas críticas, en muchas ocasiones injustas, a todos nos duele. Esto puede producir una sensación de un cierto cansancio. Yo creo que el comisario Rubio ha sido calumniado, los juicios sobre él afectaron en algunos casos a su profesionalidad. El ministro dejó claro su aprecio a la profesionalidad de esta persona.

— Hay otro asunto que en este momento es clave como es la inmigración. ¿Se ha convertido, junto al llamado proceso de paz, en una prioridad de su Dirección General?

— Es un problema en el que el Gobierno está volcado. Pero no se ha convertido ahora en un problema; la inmigración ilegal en España comienza alrededor del año 95. El grueso coincide con el Gobierno del PP, que realizó cuatro regularizaciones, legalizó a 500.000 inmigrantes y dejó debajo de la alfombra a 800.000. Con el PP había en España 1.300.000 ilegales. En 2002 y 2003 llegaron a Canarias 19.500 inmigrantes ilegales. El Gobierno popular gestionó mal el problema de la inmigración. El actual Ejecutivo, en cambio, hizo la regularización ligada a contratos de trabajo, puso legalidad donde había ilegalidad y dignidad donde había indignidad. Por tanto, no puedo entender que se hable de efecto llamada cuando los inmigrantes regularizados ya estaban en España. Ahora bien, no negamos la dimensión del problema. Si en un barco caben 50 personas y suben otras 1.000, lo que tenemos son 1.050 náufragos. Una llegada masiva de millones de personas provocaría la quiebra del estado del bienestar. Lo que hay que hacer es luchar contra la inmigración en origen, como venimos haciendo. El inmigrante ilegal tiene que saber que tarde o temprano se tendrá que ir de España.

— Llama la atención que haya cuantificado los inmigrantes ilegales que había con el PP, porque entonces es de suponer que saben cuántos hay ahora...

— La última regularización del PSOE afectó a 600.000 inmigrantes que ya estaban en España. A partir de ahí los cálculos son complicados, desconozco el número de irregulares que pueda haber en España. Lo que digo es que hay un problema importante y que sería bueno que hubiera un pacto de Estado entre los dos principales partidos. Esta situación no la ha generado el actual Gobierno, y el anterior ha estado durante ocho años, que es cuando se produjo el grueso de este fenómeno. En todos los mecanismos que se han puesto en marcha, excepto en el caso del SIVE, hemos partido de cero.

— Es curioso que se pida un pacto de Estado de inmigración al tiempo que se descalifica toda la gestión del PP en esta materia.

— Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Creo que sería bueno, quizá no fundamental, que existiera ese pacto para exigir también más actuaciones a la Unión Europea. Este es un problema de dimensión comunitaria, y requiere soluciones a ese nivel. Ahora hay unos mecanismos que nosotros agradecemos, pero hay que convencer a Europa de que esto es un problema global.

— En la cumbre europea de Tampere de esta semana Alemania y Austria han puesto dificultades a que se concedan nuevas ayudas económicas a España. ¿Hay una falta de sensibilidad absoluta?

— Falta de sensibilidad absoluta no, porque por primera vez se han establecido mecanismos de control de la inmigración ilegal con medios europeos. Sí es verdad que hay que seguir haciendo esfuerzos para convencer de que el problema no se soluciona a corto plazo y que va a continuar. Hay algo de sentido común: si Europa decide que no haya fronteras interiores tiene que reforzar las fronteras exteriores, y la del sur de Europa es la española y sufre el problema de la inmigración ilegal.

— ¿Es mantenible en el tiempo la dinámica actual de conceder importantes ayudas a los países para que acepten las repatriaciones?

— No hay otra solución que controlar la inmigración en origen y las repatriaciones. Otro aspecto importante es la inversión en políticas de desarrollo, que en estos dos años ha aumentado en un 30 por ciento, pero se trata de medidas a medio y largo plazo. Ahora mismo tenemos un problema a corto plazo, que es la llegada cada día de inmigrantes indocumentados. Ningún país quiere aceptar a un inmigrante que no tenga la certeza de que es un nacional suyo, por lo que hay que convencerles para que vengan comisiones de identificación. Hay que entender también que para estos países la inmigración no es un problema, sino una solución, ya que estas personas envían remesas de dinero a sus familias y son una válvula de escape social. Y en estos países hay elecciones también, y opinión pública, y eso hay que tenerlo en cuenta.

— La inmigración no está unida a la delincuencia, pero según los últimos datos de la Fiscalía General del Estado los índices de criminalidad alcanzan cotas como las de 2002. ¿La inmigración ilegal tiene que ver con este fenómeno?

— Hay inmigrantes ilegales que delinquen y nacionales que delinquen. Cualquier generalización no sólo no es acertada sino que también es peligrosa. Dejando muy clara esta premisa, la realidad es que alrededor del 30 por ciento de las detenciones que se practican en España son de extranjeros.

— El Gobierno ha anunciado la creación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento?

— Se está ultimando todo el mecanismo de funcionamiento y el protocolo y en los próximos días se designará quién va a dirigir este centro. Se está haciendo un esfuerzo importante en la lucha contra la criminalidad organizada, con la creación de equipos específicos tanto de la Policía como de la Guardia Civil, que además van a aumentar.

— Crisis de inseguridad como la vivida en Cataluña han demostrado que las policías autonómicas no pueden abordar en solitario un fenómeno de esta magnitud. ¿Ha llegado el momento de hacer un debate a fondo sobre el modelo policial?

— Cuando se construye una nueva organización, tal como ya sucedió con el estado de las autonomías, no se sabe exactamente cómo va a quedar definitivamente articulada. Trabajamos en la mejora de la coordinación con las policías autonómicas. Si el Gobierno ha tomado la decisión de crear un mando único para mejorar la coordinación y la eficacia, todos los mecanismos que favorezcan también esto con las policías autonómicas se intensificarán.

— ¿Ha aumentado la sensación de inseguridad?

— Hay determinados delitos que provocan una alarma social muy considerable aunque el número de esos delitos sea muy pequeño. Por ejemplo, los secuestros exprés, que en España son insignificantes pero que cuando se produce un caso se dispara la sensación de inseguridad porque todos podemos ser víctimas de ese delito. Hay una tendencia a la baja en los índices de criminalidad. Respecto al año anterior, hasta julio de 2006 se había producido una disminución del 4,4 por ciento, y alcanza el 6,4 la bajada en delitos contra el patrimonio. Dicho esto, no me gustan las estadísticas. Yo no le puedo decir que está bajando este tipo de delitos a una persona a la que le han asaltado en su casa, maniatado y golpeado. Mi obligación es que haya más Policía, más Guardia Civil y que cuenten con mejores medios. Mi grado de insatisfacción será permanente, porque siempre habrá delitos y delincuentes.

— Una de las banderas del Gobierno ha sido la lucha contra la violencia de género y este año han sido asesinadas ya casi 60 mujeres... ¿Se van a destinar más agentes a la protección de las víctimas?

— El número de mujeres víctimas de la violencia de género es impactante. Hemos incrementado en un 56 por ciento el número de especialistas de la Policía y la Guardia Civil. Hay equipos de atención en todas las provincias en la demarcación de la Policía y en todas las Comandancias de la Guardia Civil. Pero es evidente que hay que seguir incrementando medios.

Una entrevista de José Antonio Zarzalejos y Pablo Muñoz publicada por el diario ABC el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Montserrat Negrera: «Investigar el 11-M no está entre los objetivos prioritarios del PP»

Número dos de la candidatura del PP catalán en las elecciones autonómicas

BARCELONA. - Ha dicho que tiene intención de cambiar la imagen que tiene el PP en Cataluña. ¿Cómo?

- No es tanto cambiar la imagen como aproximar discursos y sensibilidades. Hay una deriva hacia el catalanismo como si fuera la gran panacea de los problemas de los catalanes. Es muy peligroso que esa idea se instale en los partidos con voluntad de gobierno. El PP es el único que puede moderar un discurso nacionalista exacerbado.

- ¿Cree en la dualidad «PP catalán moderado-PP nacional radical»?

- Ese discurso lo trasladaría a los socialistas. ¿Qué piensa el PSOE en Ferraz y el PSC en Nicaragua? Solamente viendo los objetivos electorales de estas dos partes de un mismo partido uno ya piensa que la pregunta dirigida al PP es ingenua. El discurso del PP es uno solo y tenemos el ejemplo en manifestaciones apoyadas desde Madrid y desde Barcelona. En España, hay distintas maneras de ser y eso es riqueza, como tener dos lenguas en Cataluña. Pero nuestro mensaje de fondo es mucho más compacto que otros partidos. No hablo ya de las facciones soberanistas en CiU, o lo que ocurre en ERC. En el caso del PSC, es esperpéntico.

- Sobre el 11-M ¿también hay un solo discurso? ¿Hay división en el PP?

- Es evidente que no. Las manifestaciones del presidente del PP catalán, Josep Piqué, y las del presidente nacional, Mariano Rajoy, son claras. Claro que interesa lo que ha pasado el 11-M. Cómo no va a interesarle a un político si hay algo que descubrir, teniendo en cuenta cómo afectó ese tema a las elecciones generales. Pero no es el principal elemento en la campaña del PP de Cataluña, por supuesto, y tampoco es uno de los ejes centrales de aquello que va a ser el programa del PP nacional. Es absolutamente respetable que se produzca una dinámica parlamentaria para indagar sobre esta cuestión.

- Rajoy y Piqué coinciden, pero la división procede de otros sectores.

- Pero eso no sé si es división. ¿Puede interesar a una parte del electorado del PP saber esas cosas? ¿Pueden estar leyendo aquellos medios de comunicación empeñados en indagar en este asunto? Posiblemente sí. No existe contradicción entre que esa visión se plantee en un Parlamento y la línea fundamental del PP, consistente en que nuestros objetivos prioritarios son otros.

- Ha sido asesora del PP en la ponencia del Estatuto. ¿Qué opina del recurso del Defensor del Pueblo?

- Estoy conforme con todo lo que dice. Si el Partido Socialista hubiera sido coherente con una concepción de España que originariamente compartíamos ambos partidos; si no se hubiera dejado llevar por ese discurso ambivalente de Rodríguez Zapatero sobre la estructura de España, no le sorprendería que Múgica estuviera en la misma posición que el PP. Y eso no significa ir contra los catalanes, sino asegurar un marco jurídico de la convivencia.

- ¿Qué opina sobre la polémica que ha generado el pregón en castellano de Elvira Lindo en Barcelona?

- Es patética la actitud de algunas personas. No sé si llamar a eso xenofobia. A mí me avergüenza escuchar determinados discursos, no ya como política, sino como persona. Es lo mismo que ha ocurrido con el anuncio televisivo sobre las selecciones catalanas. Ese discurso genera discordia.

- Usted tiene buena relación con CiU y las listas del PP parecen enfocadas al pacto. ¿Se trabaja en ello?

- Claro que se trabaja con esa posibilidad. CiU había llegado a un punto exacerbado en su discurso nacionalista que incluso ha propiciado el periplo que ha seguido el Estatuto. Creo que es posible reconducirlo. En el espectro político, el partido más fronterizo con el PP es CiU. Compartimos un modelo social, que habla de las personas como individuos libres.

Una entrevista de María Jesús Cañizares publicada por el diario ABC el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Fiscalía pide que el informe del ácido bórico se investigue al margen del 11-M

MADRID. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, presentó ayer un escrito en el que pide que la investigación sobre el informe del ácido bórico encontrado en la vivienda del procesado por el 11-M Hassan el Haski sea investigado en una pieza separada del sumario de la matanza de Madrid. No sólo eso; dado que el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tiene abierta una causa contra este individuo, en concreto el sumario 9/03 como presunto miembro y dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y sospechoso de estar relacionado con los atentados de Casablanca del 16 mayo de 2003, la Fiscalía solicita que sea este juez el que estudie los hechos y no Del Olmo, que ha instruido los atentados de los trenes.

Con este escrito, al que ha tenido acceso ABC, y que fue presentado ante el juzgado central que estaba ayer en funciones de guardia -precisamente el de Baltasar Garzón- el fiscal jefe de la Audiencia Nacional da por sentado que lo sucedido con el mencionado informe, que es considerado clave por los «teóricos de la conspiración» para demostrar una supuesta relación de ETA con el 11-M, no tiene consecuencia alguna para la investigación de los atentados.

El fiscal recuerda además que la detención de El Haski, el 17 de diciembre de 2004, así como el registro de su vivienda de Lanzarote, «fue autorizada y supervisada» además de por el juez Del Olmo por Baltasar Garzón. En ese registro se encontró el famoso ácido bórico del que, tal como recuerda el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el propio El Haski dijo que utilizaba «para matar cucarachas».

La Fiscalía hace mención también a que el informe pericial de la Comisaría General de Información elevado al juez Del Olmo, de fecha 22-3-05, fue precedido, según la denuncia presentada por la «Plataforma España y Libertad» por otro fechado el día anterior «carente de sello oficial» y firmado por tres peritos «en el que se establece la misma conclusión o resultado», aunque incluye «observaciones complementarias, ajenas al estricto análisis científico objeto de pericia, deducidas de la incorporación de otras dos referencias históricas sobre la aparición de ácido bórico en otras actuaciones policiales».

El fiscal jefe cree imprescindible practicar las diligencias para aclarar lo sucedido y determinar si existe «relevancia penal y sus efectos desde la perspectiva probatoria». Pero considera que debe practicarlas el juez Garzón porque Del Olmo «ya ha dictado auto de conclusión» del sumario del 11-M y por tanto «carece de competencia funcional para practicar diligencias de instrucción». Además, es Garzón el único que ahora tiene abierta una causa contra El Haski y el registro y «el informe pericial cuestionado tienen una estrecha y directa relación» y una conexión evidente con la investigación judicial que aún mantiene abierta este último juez. Igualmente, era este magistrado quien estaba de guardia en la fecha de la emisión del citado informe pericial.

Una información de N. Villanueva y P. Muñoz publicada por el diario ABC el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.