El Blog

Calendario

<<   Septiembre 2006  >>
LMMiJVSD
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Sindicación

Foros

Un Suplemento de

Alojado en
ZoomBlog

25 de Septiembre, 2006

Los falsificadores de Interior también alteraron con 'típex' el libro de salida

Por Narrador - 25 de Septiembre, 2006, 7:00, Categoría: General

Borraron el nombre del perito número 9 para sustituirlo por el del jefe de la Sección de Análisis, Francisco Ramírez, y pusieron a bolígrafo la nueva fecha. El informe falso establece que el 22 de marzo se remitieron a la UCIE los restos de las muestras, pero eso ya se había hecho la víspera junto al informe auténtico

El día 21 de marzo de 2005, cuando los peritos con carnés profesionales 9, 11 y 155 conluyeron su informe sobre la sustancia hallada en el domicilio del islamista Hasan Haski en Lanzarote, Angel Santano, comisario jefe de la Policía Científica, se encontraba de vacaciones.

Al frente de dicha Unidad estaba el jefe de la secretaría técnica, Pedro Melida, número dos de Santano.

El jefe de la Sección de Análisis, Francisco Ramírez Pérez, tuvo que informar al jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas Heranz, de que los peritos habían mencionado en su informe la palabra maldita: ETA.

Como ha reconocido la propia nota emitida el pasado jueves por la Comisaría de Policía Científica, su máximo responsable, Angel Santano, «fue informado del tema y le pareció correcta la remisión del informe íntegro, eliminando las observaciones».

Es decir, que Pedro Melida tuvo que llamar a su jefe, el comisario Santano, localizarle en su lugar de vacaciones y comentarle el asunto para ver qué se hacía.

Y lo que se acordó, sencillamente, fue confeccionar otro informe nuevo para remitirlo a la UCIE, unidad que, a su vez, se lo remitiría finalmente al juez Del Olmo el 29 de marzo de 2005.

En lugar de discutir con los autores del informe la posible modificación de sus observaciones (si es que las consideraban, como dice la citada nota de Interior, «elucubraciones sin fundamento científico»), tiraron por la calle de en medio: se confeccionó un informe falso en el que se eliminaron de un plumazo los párrafos molestos que hacían referencia a posibles vínculos entre el atentado cometido en los trenes de ercanías de Madrid y ETA.

Es de suponer que una decisión de ese calado, en la que los conjurados asumían la comisión de, al menos, dos delitos, fue consultada con el entonces responsable de la Comisaría General de Información y jefe directo de Santano, el recientemente destituido Telesforo Rubio.

Debió de ser así porque el informe de los peritos salió, en efecto, de la Unidad Central de Analítica el día 21 de marzo con destino a la UCIE, a la que, junto con el documento firmado por los tres peritos, se le hizo entrega de los restos de las muestras analizadas.

Por tanto, en el libro de registro de la Unidad Central de Analítica debía figurar la fecha de salida de dicho informe: el 21 de marzo de 2005.

Francisco Ramírez, que asumió la responsabilidad de firmar el informe falso (él nunca llegó a realizar ningún análisis de la sustancia que resultó ser ácido bórico), tenía, por tanto, que llevar a cabo una nueva falsificación para que no quedara constancia de la existencia del primer y auténtico informe.

Esa nueva vulneracion de la legalidad consistía en eliminar del libro de registro el nombre del perito que recepcionó la sustancia y que, como es preceptivo, la remitió posteriormente a la UCIE, para, en su lugar, poner el suyo. Así mismo era necesario cambiar la fecha de salida del informe: en lugar del día 21 de marzo, debería figurar el 22 de marzo.

Y así se hizo, utilizando la poco sofisticada técnica (sobre todo, teniendo en cuenta que nos hallamos ante supuestos expertos de la Policía Científica) del borrado con típex, se eliminó el nombre del perito número 9 para sustituirlo por el de Ramírez. El enmascaramiento se completó apuntando a bolígrafo la nueva fecha (22 de marzo de 2005) justo encima del nombre de Ramírez. Ni un párvulo habría realizado una labor tan poco refinada.

Antes de que desaparezca dicha hoja de registro, el juez, o la Fiscalía, deberían ordenar la remisión del libro de registro de la Unidad al juzgado como prueba de la falsedad urdida para evitar que Del Olmo tuviera conocimiento de los posibles nexos entre el 11-M y la organización terrorista ETA.

Ramírez, que, como es lógico, conoce la ley de Enjuiciamiento, que establece un mínimo de dos peritos para la firma de los informes que se remiten al juez, buscó en la Unidad de Análisis algún policía que quisiera adjuntar su rúbrica al final del informe falso, pero no encontró a nadie dispuesto a cometer tamaña tropelía.

Así que, ante la falta de voluntarios que dieran cobertura al informe confeccionado a base de recortes y manipulaciones, se decidió remitir el escrito con una sola firma. Era un riesgo que había que asumir ante la gravedad de la situación (un asunto, al que, según la nota del Ministerio del Interior, no se le dio la «menor importancia»).

No era la primera vez que el juez Del Olmo, e incluso la fiscal Olga Sánchez, habían requerido la firma de dos peritos para aceptar los informes periciales como buenos. Uno de los más aficionados a firmar informes en solitario era el jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano. Como muestra, un botón. A raíz de una información publicada por EL MUNDO sobre el desarrollo por parte de ETA de la técnica que permite usar los teléfonos móviles de igual forma en que se hizo en el atentado del 11-M, el juez Del Olmo solicitó el 12 de abril de 2006 un informe al comisario jefe de los Tedax. El 10 de abril de 2006, Sánchez Manzano remitió su informe al juzgado asumiendo en solitario la paternidad del mismo. El 18 de abril, la fiscal Olga Sánchez le remitió un escrito al jefe de los Tedax en el que advierte: «INTERESA que dicho informe sea emitido como pericial y firmado por 2 peritos, al encontrarnos en la tramitación de un procedimiento ordinario, arts. 456, 459 y concordantes de la L.E. Crim.». Pues bien, contra toda lógica, el informe falso firmado por Ramírez fue dado por bueno, ya que no se solicitó por parte del juzgado que fuera avalado por, al menos, dos firmas. En fin. Cosas que pasan.

Afortunadamente, en la Unidad de Análisis de la Policía Científica, como en la mayoría de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía, sus funcionarios no sólo son honestos, sino que atesoran una elevada cualificación profesional.

Por ello, llama la atención la virulencia con la que la Comisaría General de Policía Científica arremetió en su nota del pasado jueves contra la solvencia de sus tres peritos, a los que prácticamente calificó de ineptos. Lo que no dijo la nota de Interior es que los tres peritos firmantes del informe en el que se mencionaba a ETA han participado en todos los análisis de explosivos realizado por dicha Unidad relacionados con el atentado del 11-M.

Si son tan dados a «elucubraciones» y consideraciones «sin fundamento científico alguno» ¿por qué entonces fueron ellos los que analizaron los restos de la Kangoo, la muestra patrón de Goma 2 ECO, la dinamita hallada en la mochila de Vallecas, los restos de explosivo encontrados en las placas de porespán del zulo de la casa de Morata, etc.? ¿Es que acaso no hay otros peritos en la Unidad? ¿O es que se trata de algunos de los mejores expertos en realizar dichos análisis y por ello se les han encargado los trabajos fundamentales en la investigación del mayor atentado que ha sufrido este país en toda su Historia? En efecto, los peritos que firmaron el informe auténtico sobre la sustancia encontrada a Hasan Haski, forman uno de los mejores equipos de la Unidad de Análisis de la Policía Científica. Lo que ocurre es que no son dóciles corderitos.

Y, por ejemplo, llamaron la atención al juez Del Olmo sobre la no coincidencia entre los componentes del explosivo hallado en la Renault Kangoo y en la mochila de Vallecas. Como se recordará, Sánchez Manzano pretendía hacer creer al juez que la dinamita de la citada mochila de Vallecas también contenía «metenamina» (sustancia que había aparecido milagrosamente en el resto de explosivo hallado en la Renault Kangoo y en la muestra patrón de Goma 2 ECO), para que, de esa forma, le cuadrase su bárbara manipulación. Mientras Sánchez Manzano y otros siguen en sus puestos tranquilamente, a los profesionales que hacen su trabajo se les fustiga y denigra.

Una información exclusiva de Casimiro Garcia-Abadillo publicada por el diario EL MUNDO el lunes 25 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Fiscalía se aferra a Garzón al ver que la falsificación es delito (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 25 de Septiembre, 2006, 6:30, Categoría: General

Mientras el director de uno de los dos diarios gubernamentales hacía ayer el ridículo preguntándole a Joan Mesquida si no es hora ya de que actúe el fiscal general contra quienes divulgamos hechos relevantes sobre el 11-M, el Ministerio Público intentaba desviar al juzgado de Garzón la denuncia de la asociación España y Libertad sobre la falsificación revelada por este periódico. Detrás de esta operación se adivina una típica estrategia de control de daños. Es evidente que hasta la Fiscalía se ha dado cuenta de que hay flagrantes indicios de delito y trata de que sea un juez afín al Gobierno quien se haga cargo del caso. No hay que olvidar que, desde su regreso a la Audiencia, Garzón tiene empantanada la investigación sobre el chivatazo policial a la red de extorsión de ETA y que se ha alineado con las tesis oficiales sobre el 11-M.

Cuando el fiscal le pide al magistrado que investigue la «relevancia penal y sus efectos desde la perspectiva probatoria», en realidad le está induciendo a archivar la denuncia sobre la frágil base de que los hechos no son relevantes para el sumario del 11-M o para la otra causa contra Haski. Pero por más que la Fiscalía se empeñe en vincularlas, las peripecias terroristas de Haski y la falsificación son dos asuntos muy diferentes. Tienen distintos autores y suponen distintos delitos, y por eso tendría que ser la jurisdicción ordinaria y no la Audiencia la que se hiciera cargo de instruir la nueva causa. El hecho de que el caso se haya remitido a Garzón y no al juzgado que instruyó el caso del piso de ETA en Salamanca deja en evidencia los verdaderos propósitos de la Fiscalía.

Debería ser el propio Garzón quien se inhibiera, pero si no lo hace y le sigue el juego a la maniobra gubernamental, los denunciantes deben solicitarle que deje el caso y, en último extremo, volver a presentar la denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde no siempre llegan los tentáculos del Gobierno y donde -recordemos- ya se instruyó el sumario que terminó con la condena de tres policías por el caso Bono. Por cierto, al juez no se le preguntó entonces si la detención ilegal de los miembros del PP era o no relevante para esclarecer si el ministro había sido agredido.

¿En qué lugar quedan ahora las descalificaciones contra este periódico? ¿Tendremos que seguir oyendo gracietas sobre el ácido bórico? Lo importante es que es muy probable que veamos desfilar ante la Justicia a los falsificadores, quienes tendrán aún más difícil su defensa a la luz de lo que hoy publica Casimiro García-Abadillo. Los policías no sólo alteraron el informe sino que borraron chapuceramente con típex del libro de registro de salidas el nombre de uno de los peritos para sustituirlo por el del jefe de la Sección de Análisis, Francisco Ramírez. Es muy revelador que Ramírez no lograra que un solo miembro de la unidad adjuntara su firma a la suya en el informe falso o que los peritos -hoy denigrados por sus superiores- hicieran todos los análisis de explosivos del 11-M solicitados a la Policía Científica y fueran quienes salieran al paso del error o la manipulación de Manzano sobre la metenamina.

A la luz de estos nuevos datos, reiteramos nuestra fe en las instituciones y apelamos una vez más a la honorabilidad del presidente Zapatero para que averigüe de verdad qué es lo que ha ocurrido en las Fuerzas de Seguridad durante la investigación de los atentados del 11-M.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 25 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El fiscal intenta desviar el caso de la falsificación del 11-M a Garzón tras observar indicios de delito

Por Narrador - 25 de Septiembre, 2006, 6:00, Categoría: General

MADRID.- El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, presentó un escrito el pasado sábado en el que defiende que el caso de los informes policiales sobre el ácido bórico sea investigado en la propia Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón, pero en una pieza separada, no en el sumario del 11-M. La Fiscalía se pronuncia así tras comprobar que hay indicios serios de delito en el caso del informe de la Policía Científica que fue falsificado.

EL MUNDO desveló el jueves pasado que el Ministerio del Interior había falsificado un informe de la Comisaría General de Policía Científica, para eliminar las referencias a la posible implicación de ETA en los atentados del 11-M. En un primer informe, con número de registro y firmado por tres peritos, se indicaba que en el domicilio de uno de los presuntos implicados en la matanza de Madrid, Hasán Haski, se encontró ácido bórico y que este mismo material también se localizó en un piso utilizado por un comando de ETA en Salamanca. En las observaciones del informe, los peritos apuntaban la posibilidad de que ETA estuviera vinculada a la matanza como consecuencia de esa conexión.

Pero en el informe remitido finalmente al juez Del Olmo, la Comisaría General de Policía Científica, dirigida por el comisario Miguel Angel Santano, no sólo eliminó el capítulo de las observaciones, sino que también, de un plumazo, suprimió todas las referencias objetivas recogidas por los autores del informe de dónde y cuándo se había localizado el mismo material sospechoso que se incautó en el piso del presunto terrorista Hasán Haski. En su escrito, publicado ayer por Abc y El País, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no niega que en el caso denunciado por EL MUNDO exista delito. Más bien al contrario. Ante la posibilidad de que exista, apunta que debe hacerse cargo de las investigaciones el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ya que tiene abierto un sumario sobre los atentados de Casablanca en el que aparece también citado Hasan Haski. Quiere evitar que el asunto llegue a los juzgados de la Plaza de Castilla. En concreto, el fiscal pide a Garzón que aclare «cuantas contradicciones y discrepancias se susciten entre el informe pericial oficial remitido a la autoridad judicial y el informe previo elaborado por los tres peritos, y determinar si tiene relevancia penal». Es decir, deja la puerta abierta para que Garzón pueda archivar el caso al no observar relación entre el sumario de terrorismo y la falsificación de los documentos policiales. Los expertos consultados por EL MUNDO se preguntan por qué el fiscal no manda su escrito, siguiendo el mismo criterio, al juez que instruyó el sumario sobre los etarras detenidos en Salamanca y que también tenían ácido bórico. El fiscal envió el sábado este escrito al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional cuyo titular es Baltasar Garzón quien, además, se encontraba de guardia, junto a la denuncia de la plataforma España y Libertad, en la que se pedía investigar el caso del informe de la Policía Científica falsificado.

En su escrito, el fiscal se pronuncia sobre esta denuncia y pide que el caso quede en manos de Baltasar Garzón, lo que, en opinión de los expertos consultados por este periódico, supone que el representante del Ministerio Público intenta evitar que el caso acabe en manos de los juzgados de la plaza de castilla. El fiscal argumenta que Garzón debe esclarecerlo en el marco del sumario 9/03 que instruye sobre los atentados de Casablanca y porque Haski podría ser un integrante del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, sospechoso de estar relacionado con ese atentado en Marruecos. El fiscal considera que este caso no tiene relevancia alguna para la investigación de los atentados de Madrid. Recuerda, además, que Del Olmo ya ha dictado auto de conclusión sobre el sumario del 11-M y, «por lo tanto, carece de competencia funcional para practicar diligencias de instrucción».

Este escrito del fiscal no es el que contesta a la solicitud que le hizo la semana pasada la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juez Del Olmo, tras recibir los documentos aportados por EL MUNDO sobre el caso de la falsificación de los informes, los remitió a la citada Sala, ya que él había dictado autor de conclusión del sumario del 11-M. La Sala pidió a la Fiscalía de la Audiencia que emitiera un informe sobre este caso de falsificación.

La Fiscalía no ha respondido aún a la Sal de lo Penal. Según estas fuentes, es muy probable que entre mañana y el martes, el representante del Ministerio Público envíe su escrito de conclusiones que, en pura lógica, no debería apartarse mucho de las líneas maestras trazadas en el escrito remitido el pasado sábado al juez Garzón.

Según explicaron fuentes cercanas al caso, lo más probable es que, finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida, a finales de semana, deducir testimonio sobre este caso. Los magistrados de la Sala entenderían así que, efectivamente, existen indicios de delito de falsedad. Los expertos consultados entienden que el caso debe acabar en Plaza de Castilla ya que se trata de una falsificación de documentos públicos.

El SUP defiende a Interior...

MADRID.- El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Maximiliano Correal, se mostró ayer convencido de que la polémica suscitada sobre la supuesta falsificación de unos documentos policiales del 11-M ha surgido por una filtración «desde dentro» del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que se posicionó a favor de la investigación que ha abierto Interior.

El Departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba ha ordenado abrir una investigación sobre los tres peritos de la Policía Científica que elaboraron un primer documento acerca de la inspección ocular de la casa, en Lanzarote, de Hasán Haski (uno de los presuntos implicados en el atentado), en el que se apuntaban posibles relaciones entre ETA y los atentados del 11-M, y que fue publicado por este periódico. Para el SUP, «todos los indicios» apuntan a que la filtración del primer documento al citado diario se ha producido por algún miembro de la Policía, «con toda la mala intención posible» y con el fin de «hacer daño» tanto al Gobierno como al propio Cuerpo de Policía Nacional.

Por ello, Correal, en declaraciones a Europa Press, se mostró a favor de la investigación abierta por el Ministerio del Interior para identificar al posible autor de la filtración, y confió en que se esclarezca lo más rápidamente posible la polémica suscitada por este documento que, en su opinión, recogía una «mala interpretación», al vincular el ácido bórico, observado en una inspección ocular en un piso franco de ETA en Salamanca tres años antes, con la inspección llevada a cabo en la casa de Lanzarote de Haski.

...y la CEP rechaza la investigación

MADRID.- El secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, afirmó que es una «vergüenza» que el Ministerio del Interior haya abierto una investigación sobre los tres peritos que firmaron el documento que relacionaba a ETA con el 11-M, y señaló que su sindicato pondrá a disposición de los posibles afectados todo su aparato jurídico para ofrecerles una defensa gratuita.

En declaraciones a Europa Press, López lamentó que el Ministerio del Interior, en lugar de aclarar si este documento fue o no manipulado (al juez que investiga el atentado se le envió el informe sin las observaciones que vinculaban a ETA con el 11-M), se dedica a «matar al mensajero» y a abrir una investigación que no servirá para esclarecer si se han alterado algunas de las pruebas de la investigación del atentado terrorista del 11-M.

En este sentido, subrayó que el Ministerio del Interior tenía que haber analizado, desde un primer momento, si el documento fue o no manipulado y si el procedimiento del inspector jefe, que suprimió algunas consideraciones del primer informe antes de remitirlo al juez, es habitual en este tipo de actuaciones o fue una excepcionalidad.

López explicó que de la investigación de Interior se puede abrir un expediente disciplinario al responsable de la supuesta filtración, aunque indicó que no se trata de un documento clasificado. En cualquier caso, reiteró que CEP ha mostrado su disposición a cooperar con los funcionarios peritos si son finalmente acusados, y les brinda los abogados del sindicato.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el lunes 25 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Blog alojado en ZoomBlog.com