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30 de Septiembre, 2006

Portada de EL MUNDO: El Montaje de Garzón

Montaje de Garzón para criminalizar a los peritos que denunciaron la falsificación

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 12:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Les acusa por haber firmado el pasado julio una copia del mismo dictamen, cuyo original desapareció Mantiene de testigo al jefe Ramírez, que firmó ser autor de las pruebas que hicieron sus subordinados

MADRID.- El juez Garzón imputó ayer por una presunta falsedad documental a los tres peritos de la Policía que mencionaron a ETA en un informe sobre el 11-M. Les acusa de un delito para cuya persecución no es competente, utilizando en contra de los agentes las declaraciones que prestaron como testigos, vulnerando su derecho a un abogado y a no autoinculparse, y atribuyéndoles la conducta de haber falsificado un «documento oficial» pese a que el propio juez reconoce que el informe era un «documento interno no oficial».

En cambio, ha mantenido la condición de testigo a Francisco Ramírez, que firmó el dictamen remitido al juez del 11-M como si él hubiera efectuado las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron sus tres subordinados.

Con la llamativa decisión de imputar a los tres peritos, Garzón inicia una incursión colateral en el sumario del 11-M pese a que tampoco tiene jurisdicción en este asunto, ahora en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El sumario que formalmente está sirviendo a Baltasar Garzón para adentrarse en la autenticidad o falsedad de informes periciales incorporados al caso 11-M es el relativo a los atentados islamistas de Casablanca, en los que se sospecha que participó Hasan Haski.

Sin embargo, el delito de falsedad documental no es competencia de la Audiencia Nacional, salvo que haya sido cometido por terroristas y para perpetrar actos terroristas o facilitar su impunidad. Ni una sola línea de la resolución de Garzón se dedica a justificar su competencia, hasta el punto de que ni siquiera menciona a Haski.

En el domicilio en Canarias de este marroquí al que la Fiscalía considera instigador de los ataques del 11-M se encontraron unos polvos blancos que resultaron ser ácido bórico, según el informe elaborado el 21 de marzo de 2005 por los peritos Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano.

Los tres hicieron constar en su informe que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA descubierto en Salamanca en 2001, así como en el domicilio de un joven antisistema detenido en 1999.

Los técnicos mencionaban que el ácido bórico puede servir como conservante de explosivos y para enmascararlos con el fin de dificultar su detección, por lo que sugerían la «posibilidad» de que «los autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación».

Garzón afirma en el auto de imputación que dictó ayer que los peritos presentaron su informe al jefe de sección Francisco Ramírez, «quien, al discrepar del contenido del documento, que en ese momento tenía el carácter de documento interno no oficial en la Comisaría General de Policía Científica, le indicó a Escribano que debían reelaborarlo, eliminando las observaciones que contenía al extralimitarse de lo que se les había solicitado y responder esas observaciones a opiniones subjetivas y faltas de consistencia».

Los expertos se negaron a modificar su dictamen. Según el juez, Escribano «sugirió a Ramírez que reasignase el caso a otro perito, sin que conste que le devolvieran su informe original», que quedó en manos de Ramírez y del que nunca más se supo.

El jefe de sección «se reasignó a sí mismo el caso como perito, lo cual estaba dentro de sus competencias, a la vez que recibió de Escribano copia del informe en un archivo de word para que pudiera trabajar con el mismo, lo que hizo redactando el informe oficial el día 22 de marzo de 2005, sin incluir las observaciones».

Garzón pasa completamente por alto el hecho de que, en el informe enviado al juez Del Olmo y firmado por Ramírez, éste figura como autor de los análisis sobre el ácido bórico encontrado a Haski -de hecho, Ramírez rubrica el dictamen como «perito facultativo» y no como jefe de sección- cuando, en realidad, él no hizo las pruebas.

Por el contrario, del informe al que el propio juez otorga la calificación de oficial Ramírez suprimió los carnés profesionales que permitían identificar a los auténticos peritos.

En la resolución se añade que, el pasado jueves, la propia Isabel López presentó durante su comparecencia ante Garzón una copia del informe de 21 de marzo de 2004.

Fue esta funcionaria la que, en el curso del interrogatorio, manifestó que esa copia «fue extraída el día 11 de julio de 2006 del archivo informático por Escribano y firmado por él y por los otros dos peritos el mismo 11 de julio, pero con fecha 21 de marzo de 2005», narra Garzón.

Añade que presentaron la copia a José Andradas, jefe de la Unidad Central de Analítica y superior jerárquico de los tres peritos y de Ramírez, «sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento».

Tal como ya informó EL MUNDO en su edición del pasado día 21, el 11 de julio de 2006 el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicitó que se le remitieran todos los informes policiales sobre sustancias explosivas relacionadas con el 11-M.

El inspector jefe Escribano fue precisamente el encargado de recabar los informes del servicio de documentación. Descubrió entonces que no constaba el firmado por él, López y Manrique de fecha 21 de marzo de 2004, en el que se mencionaba incidentalmente a ETA.

Por eso, los peritos tuvieron que volver a sacar del ordenador una copia de ese documento, que firmaron de nuevo para que Andradas lo enviara, junto al resto de los dictámenes, al ministro del Interior.

Garzón, que no explica esos datos, interpreta que los peritos tuvieron la «intención» de «producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica». En la tarde de ayer, agentes del Cuerpo Nacional registraron por orden del magistrado las mesas en que trabajan los tres peritos, en la sede de la Policía Científica, en el complejo de Canillas (Madrid).

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la decisión de la Sala de lo Penal de enviar los dos informes -el de los tres peritos y el de Ramírez- a los juzgados ordinarios de Madrid. La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza insiste en que sea sólo Garzón el que intervenga en este asunto.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Un auto impropio de un juez justo" por Casimiro Garcia-Abadillo

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 11:40, Categoría: Informe del Acido Bórico

Cuando tres profesionales honestos, con muchos años de experiencia, son acusados por un juez de un delito de falsedad tras ponerse de manifiesto que ha sido su jefe, y no ellos, el que ha vulnerado la ley, es que algo muy grave sucede con la Justicia.

Cuando se vulneran, sin ningún recato, los derechos fundamentales de tres ciudadanos que se presentan a declarar como testigos y salen de la Audiencia como imputados, sin haber estado asistidos en su comparecencia por un abogado, es que algo muy grave está pasando con la Justicia.

Cuando el juez mantiene la calificación como testigo del autor del documento falso que consta en los autos del sumario del 11-M, retorciendo el más mínimo sentido de lo razonable, entonces es que el encargado de administrar Justicia no es digno del cargo que ocupa. Porque lo esencial en la labor de un juez es la aplicación de la ley y la ley es, por principio, justa. Y, en este caso, se quiere hacer pagar a justos por pecadores.

Pero hagamos un sucinto repaso del auto del juez Garzón para que veamos hasta qué punto se han retorcido los hechos.

El juez de la Audiencia Nacional imputa un delito de falsedad a los tres peritos que realizaron el informe en el que se establecía un vínculo entre ETA y el 11-M no porque no lo hicieran, sino porque lo firmaron el día 11 de julio de 2006. El problema es que ésa fue la fecha en la que ellos se enteraron de que su informe había desaparecido y había sido sustituido por otro falso firmado por su jefe, Francisco Ramírez.

Fue entonces cuando el perito inspector jefe Escribano sacó de su ordenador el informe del día 21 de marzo de 2005 para firmarlo, junto a los otros dos peritos, y pedirle al jefe de la Unidad, el señor Andradas, que constatara que, efectivamente, el informe del día 21 de marzo lo habían hecho ellos y no Ramírez.

Pero Garzón no sólo pasa por alto quién fue el que falsificó el informe que fue remitido al juez Del Olmo (y que lleva la misma referencia que el auténtico), sino que cambia a conveniencia la consideración del mismo para atribuirle un carácter delictivo.

Para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia, el informe 48-Q3-05 de los tres peritos es «un documento interno no oficial». Sin embargo, cuando lo que busca extraer consecuencias penales contra sus autores remitiéndose al artículo 390-2 del Código Penal, entonces le atribuye a ese mismo informe el carácter de «documento oficial». Si era simplemente un borrador, como decía la nota de Interior, entonces no se le puede aplicar el Código Penal. Y si es oficial, entonces habrá que deducir que salió de la Unidad de Análisis de la Policía Científica y que, por tanto, llegó a su destinatario: el ministro del Interior. Si eso fuera así, Rubalcaba habría mentido en el Congreso de los Diputados.

En este caso, el juez ni siquiera ha cuidado las formas. ¿Desde cuando se instruye un delito de falsedad en documento público en la Audiencia Nacional?

Es evidente que, desde el momento en que Garzón asumió la competencia a instancias de la Fiscalía de la Audiencia, lo hizo porque tenía muy clara cuál era su misión.

El porqué Garzón se ha prestado a esta burda maniobra al servicio del Gobierno es algo que sabremos tarde o temprano.

Publicado por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Entre la prevaricación y la trampa política (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 11:20, Categoría: Informe del Acido Bórico

A ninguno de los lectores de EL MUNDO debería sorprenderle lo sustancial de lo ocurrido ayer en la Audiencia Nacional. Ya advertimos el jueves que, cuando abría diligencias en las que incluía la falsificación del informe que unía a ETA y el 11-M, todo sugería que Garzón se estaba prestando a una operación orquestada por el Gobierno y la Fiscalía con el objetivo de criminalizar a los denunciantes y exonerar a los denunciados ante la opinión pública. En lo esencial esto es lo que ha sucedido, pero la realidad ha superado en malas artes y marrullería cualquiera de nuestras previsiones.

Con el auto de ayer, Garzón ha perpetrado uno de los montajes judiciales más lesivos al Estado de Derecho de las últimas décadas y tal vez lo más grave de todo desde el punto de vista meramente procesal es que lo ha hecho sin competencia y en contra del criterio de sus superiores, que determinaron el miércoles que debía ser la jurisdicción ordinaria y no él la que llevara el caso. En vez de dictar apresuradamente un auto de imputación, Garzón debería -como máximo- haber deducido testimonio y haberlo remitido a los Juzgados de Plaza de Castilla.

El juez ni siquiera ha cubierto las formas ciñéndose a investigar lo que le pedía el fiscal: determinar la «relevancia penal» de los informes y «sus efectos desde la perspectiva probatoria». Ha llegado al extremo de tender una trampa a los peritos aprovechando su declaración como testigos para escribir un prolijo auto de imputación vulnerando su derecho a un abogado y a callar o incluso mentir en su defensa. En román paladino, su conducta es la del tahúr que se saca un naipe falso de la manga. En términos jurídicos y a la luz de la jurisprudencia del Supremo, reúne muchos de los elementos indiciarios de la prevaricación.

Pero si es grave el envoltorio jurídico de la operación, lo es aún más el contenido del auto, cuyas conclusiones se basan en un puñado de contradicciones e incongruencias. Garzón basa su decisión de imputar a los peritos en que éstos volvieron a firmar en julio de 2006 el informe que sus superiores habían hecho desaparecer el 21 de marzo de 2005. El instructor da por buena la versión del firmante del informe falsificado, Francisco Ramírez, quien asegura que el documento inicial nunca se firmó. Del relato del auto se deduce sin embargo que los peritos le entregaron en mano a Ramírez las tres páginas del informe. En un entorno en el que se trabaja con ordenadores, sólo tendría sentido hacerlo si fuera para añadirle algo que no podían poner en pantalla, es decir, su firma. En todo caso, tampoco sería lo importante. En julio de este año, y advirtiendo que su documento había sido falseado, los peritos se limitaron a recuperar el informe para probar la manipulación y denunciarla a través de la línea jerárquica.

Garzón dinamita la lógica jurídica cuando califica el informe genuino como «documento interno no oficial» y acusa al mismo tiempo a los peritos de un delito de falsedad «en documento oficial». Es incomprensible además que no impute en cambio a Ramírez, que se atribuyó en el informe falso la autoría de unos análisis que nunca hizo. Por cierto, si como hasta ahora ha dicho Interior el documento de los peritos no era más que «un borrador», ¿por qué el auto habla del «informe 48-Q3-05 con fecha del 21 de marzo» y no del que retocó Ramírez el día 22? Cuando lo hace, Garzón está reconociendo que existía un informe con esa fecha y esa referencia, lo que confiere mayor gravedad al auto.

Más allá de estos entresijos, lo que se percibe es que entre el Gobierno, la Fiscalía y el juez se ha urdido una estrategia cuyo resultado es amedrentar a cualquiera que se sienta dispuesto a contribuir a averiguar lo que ocurrió en torno al 11-M. Vuelven los peores modos del pasado, pero hoy como ayer estamos seguros de que antes o después prevalecerán la verdad y la justicia.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Inaudito Auto de Baltasar Garzon sobre el Informe del Acido Borico

Por Documentación - 30 de Septiembre, 2006, 11:00, Categoría: Documentos

Portadas de EL PAIS y ABC: Linchando a las Víctimas

EL PAIS y ABC presentan una 'realidad' completamente diferente

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Los peritos del ácido bórico falsearon el informe que relaciona ETA y 11-M

Madrid - El juez Baltasar Garzón declaró ayer imputados por presunto delito de falsedad en documento oficial a los tres peritos de la policía, Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, que habían vinculado a ETA con los atentados del 11-M.

Los tres funcionarios, según admitieron ante el magistrado durante la tarde noche del jueves, firmaron el 11 de julio de 2006 un documento interno no oficial que habían elaborado en marzo de 2005 en el que aludían a la posible vinculación entre los islamistas autores de los atentados del 11-M y ETA porque se había encontrado en poder de Hassan el Haski alrededor de un kilogramo de ácido bórico, sustancia que éste utilizaba para matar cucarachas.

La firma del documento, más de un año y cuatro meses después de haberlo realizado, según el juez, tenía la intención de "producir un efecto oficial de un documento, que nunca lo fue, y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica, en un momento posterior".

Por todo ello, Garzón suspendió las declaraciones como testigos de los tres funcionarios -que iban a continuar ayer por la mañana- y les ha citado a declarar, pero en calidad de imputados, para el próximo 18 de octubre.

El caso es que el informe de los tres peritos había sido esgrimido por el PP y su coro mediático como una prueba de las falsedades que se cometían desde el Gobierno para encubrir que ETA está detrás de los atentados de los trenes de la muerte. Y resulta que Garzón ha demostrado que los que los únicos que presuntamente han falsificado un documento han sido los tres peritos citados.

Islamistas, ETA y antisistema

Según el relato de hechos del auto de imputación, el 21 de marzo de 2005 los tres peritos elaboraron un informe sobre el análisis del ácido bórico encontrado en poder de Hassan El Haski en el que incorporaban las referencias a ETA y a que también se había encontrado en poder de un joven antisistema. Los funcionarios especulaban con que islamistas, etarras y el militante antisistema hubieran recibido la misma formación.

El documento, de carácter interno y no oficial, fue presentado al jefe de sección, Francisco Ramírez. Éste discrepó del contenido y ordenó que fuera reelaborado, eliminando los aspectos en los que el jefe consideraba que se habían extralimitado por incluir "opiniones subjetivas y faltas de consistencia". Pero al negarse los tres peritos a modificar el borrador, Manuel Escribano sugirió a su jefe que reasignara el caso a otro perito. Ramírez se reasignó a sí mismo como perito, lo que entraba dentro de sus competencias como jefe, y recibió de Escribano una copia digitalizada de su borrador para que pudiera trabajar con el mismo con mayor comodidad, según precisa el auto. Ramírez eliminó las referencias a ETA y al militante antisistema y redactó el informe oficial el 22 de marzo de 2005, remitiéndolo a la Comisaría General de Información.

Pero el jueves, mientras la perito Isabel López Cidad declaraba como testigo, presentó al juez un documento, que es copia del elaborado el 21 de marzo de 2005 y que coincide con el publicado por El Mundo el pasado 21 de septiembre. El citado documento fue presentado como si fuera el original y tuviera el carácter de documento oficial con todos los sellos de la Comisaría de Policía Científica, cuando en realidad no era así.

Lo cierto es que el documento en cuestión había sido impreso de nuevo, desde el archivo informático correspondiente, el 11 de julio de 2006 por Manuel Escribano y firmado en esa fecha por él y sus dos compañeros. Luego, para dar apariencia de que era antiguo, en lugar de presentar ese original, hicieron una fotocopia que entregaron al jefe de la Unidad de Análisis Científico de la Comisaría de Policía Científica, José Andradas, jefe jerárquico de los tres, reclamándole un recibí, pero "sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento".

Es precisamente la presentación a su superior de una fotocopia en lugar del original del nuevo informe lo que evidencia la intención de confundirle y hacerle creer que lo que no había sido más que un borrador en 2005 había tenido carácter de documento oficial.

El juez Garzón ordenó ayer a la policía registrar las mesas de los despachos de los tres policías imputados. El registro comenzó ayer por la tarde.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que había recibido las denuncias de varias asociaciones próximas al PP y que había citado para el 2 de octubre a los tres peritos, ha suspendido sine die las comparecencias, al parecer, por la posible presentación de un conflicto de competencias.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, avaló ayer la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en este asunto. "Se están practicando actuaciones por ese órgano [el juzgado de Garzón] y creo que de esas actuaciones saldrá un mayor esclarecimiento de los hechos, pero estamos a la espera de lo que está realizando", aseguró.

Juez: "¿A lo largo de su carrera profesional ha visto ácido bórico en algún atentado?"; Policía: "No" 

Dos de los peritos reconocieron ante el juez Garzón que no sabían de explosivos -uno admitió estar especializado en pintura de coches- y que ignoraban la existencia de una relación entre el ácido bórico y los explosivos. El borrador que fue firmado por los tres peritos fue redactado por Manuel Escribano y sus dos compañeros firmaron "en barbecho", sin tener conocimiento de si lo que firmaban era cierto.

Los peritos informaron al juez de que habían extraído de Internet los usos del ácido bórico para la conservación de algunos componentes orgánicos de los explosivos, así como para enmascarar el olor de la dinamita.

Escribano, que defendió con tanto ardor su informe que Garzón le tuvo que decir que no levantara la voz, recalcó que en determinadas circunstancias, y mezclado con las sustancias adecuadas, el ácido bórico podía tener la función de estabilizante de algunos elementos orgánicos de los explosivos.

Garzón entonces le preguntó: "¿A lo largo de su carrera profesional ha visto que se haya utilizado ácido bórico en algún atentado?"

El perito respondió que no.

Sin embargo, el punto de inflexión de las declaraciones de los tres peritos ante Garzón fue el testimonio de Isabel López Cidad.

La perito fue quien entregó al juez el original del documento cuya fotocopia habían presentado a su jefe, José Andradas, haciéndole creer que era el documento firmado en 2005 y que había tenido carácter oficial.

Tras la entrega del original del documento, Garzón quiso saber en qué circunstancias se había producido la firma del documento.

El magistrado pretendía conocer si todos los peritos lo habían firmado el mismo día del mes de marzo de 2005 y si lo habían hecho todos juntos o si por el contrario unas firmas se habían estampado por la mañana y otras por la tarde.

Pero López Cidad dijo que no, que se había firmado el 11 de julio de 2006.

Garzón extrañado le preguntó. "¿Cómo que en julio de 2006, si el documento lleva fecha de marzo de 2005?"

Y la perito se explicó. Su jefe, José Andradas, había reclamado todos los documentos que se habían elaborado en la sección porque algún mando o el ministro tenían que comparecer en el Congreso. Escribano había realizado una nueva impresión desde el archivo informático que guardaba desde marzo de 2005 y lo firmaron los tres.

La perito se derrumbó porque admitió que le habían presentado al jefe una fotocopia en lugar del documento original que acababan de firmar.

Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón imputa por falsificación a los tres peritos autores del borrador del ácido bórico

MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado por un presunto delito de falsedad en documento oficial -que el Código Penal castiga con penas de entre tres y seis años de cárcel- a los tres peritos que relacionaron a ETA con el 11-M en un documento en el que identificaron como ácido bórico la sustancia encontrada en la vivienda de Hassan El Haski -procesado por los atentados de Madrid e imputado en el sumario de los atentados de Casablanca (Marruecos)-, tras su detención en diciembre de 2004. Según un auto dictado ayer por el magistrado, los tres policías pretendieron dar carácter oficial a un dictamen que nunca lo tuvo simulando la fecha de creación y firma del mismo. Ese documento falsificado coincide con el que el pasado día 21 fue publicado por «El mundo», periódico que acusó a la Comisaría General de Policía Científica de haber ocultado información relacionada con los atentados de Madrid al juez Juan del Olmo.

Un documento «no oficial»

Los peritos imputados por Garzón son Isabel López Cidad, Pedro Manrique Manrique y Manuel Escribano Escribano. Según el relato de hechos del auto, el 21 de marzo de 2005, éste último presentó a su superior, Francisco Ramírez, el borrador que los tres policías habían redactado, texto que «en ese momento tenía el carácter de documento interno no oficial». Ramírez indicó a Escribano que «debían reelaborarlo» para «eliminar» ciertas observaciones que se «extralimitaban» de lo que se les había solicitado y que respondían «a opiniones subjetivas y faltas de consistencia».

Ramírez -que ayer suspendió sus vacaciones para prestar declaración como testigo, pese a que el juez le había citado para el próximo 9 de octubre- se refería a la referencia sobre el hallazgo de ácido bórico en 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca y, en 1999, en poder de un individuo perteneciente a grupos «antisistema». Esos «antecedentes» eran la base sobre la que los tres peritos ahora imputados se basaban para determinar una hipotética relación de ETA con el 11-M.

El propio comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, declaró el jueves ante Garzón que la corrección efectuada por el jefe de sección -Francisco Ramírez- estaba perfectamente justificada, pues sus subordinados le habían entregado un borrador y porque la referencia a ETA carecía de rigor científico y no era más que una «elucubración».

Escribano -sigue el relato de hechos del auto- se negó a realizar las modificaciones que le indicó su jefe y le «sugirió» que nombrara a otro perito, por lo que Ramírez «se reasignó a sí mismo el caso como perito, lo cual estaba dentro de sus competencias como jefe de sección», sin que conste que devolviera a Escribano «el original». El perito hizo entrega a su superior de una copia de su informe en soporte informático para que Ramírez pudiera trabajar con ella. El resultado es el «informe oficial» que, con fecha 22 de marzo de 2005, se entregó al juez «sin incluir las observaciones» que afectaban a ETA.

Dieciséis meses después, el 11 de julio de 2006, Escribano sacó de su archivo informático una copia del documento de 21 de marzo -es decir, de la versión sin corregir por Ramírez- y, tras pasarlo a la firma de sus compañeros, lo entregó «por medio de fotocopia» y con la fecha inicial al jefe de la unidad, José Andradas, «sin que en ningún momento aludieran los ahora imputados a que no era el documento entregado por ellos el 21 de marzo de 2005 sino otro preparado al efecto en el mes de julio de 2006». Ayer mismo, la perito López Cidad -la primera que admitió la falsedad del documento- hizo entrega al juez de una copia del informe que, según reconocieron los tres policías, efectivamente firmaron el 11 de julio pasado y «que coincide con el publicado en el diario «El mundo» del día 21.09.06».

Según Garzón -que ayer ordenó el registro de las mesas de trabajo de los tres peritos-, este hecho prueba «indiciariamente la intención de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue, y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica, en un momento posterior (un año y cuatro meses después)».

Fuentes de la Audiencia Nacional explican que la entrega, el 11 de julio, por Escribano a su jefe Andradas del informe falsificado coincide en el tiempo la presentación de una batería de preguntas por el Grupo parlamentario Popular al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que aclarara los supuestos «agujeros negros» del 11-M. El ministro solicitó a la Policía los informes científicos y, a su vez, Andradas los recabó de sus subordinados.

En medios policiales, sin embargo, se llega a sugerir la posibilidad de que la recuperación del documento de 21 de marzo no tuviera como finalidad su entrega a un organismo oficial, sino «su filtración a un medio de comunicación».

Más datos sobre el ácido bórico

El reconocimiento por parte de los peritos de la manipulación del informe obligó al juez Garzón a suspender de forma inmediata sus comparecencias -que tuvieron lugar anteayer- para modificar su situación procesal: de testigos pasaron a ser imputados, condición en la que han sido citados de nuevo el próximo día 18 para prestar declaración asistidos por abogado.

Las fuentes antes citadas han explicado que Garzón aún no ha concluido las diligencias que abrió para aclarar las controversias surgidas en torno a los informes y a los usos del ácido bórico. Respecto a esto último, y a la vista de que, en contra por lo afirmado por sus compañeros, Escribano ha insistido en relacionar esta sustancia con otras empleadas por ETA, el juez ha solicitado a la Policía todas las referencias que sobre ella aparezcan en Internet. De hecho, Escribano admitió que nunca en su larga experiencia profesional se había encontrado con un caso en el que el ácido bórico se empleara con explosivos, pero aseguró que lo había leído en la red. La citada sustancia tampoco se ha hallado en ningún atentado cometido en España ni restos de la misma han aparecido en ninguno de los escenarios del 11-M.

El juez -que previsiblemente envíe el caso a los Juzgados de Madrid (competentes para investigar un delito de falsificación) cuando concluya su investigación- tampoco descarta citar a declarar a El Haski, que en otras comparecencias explicó que utilizaba el ácido bórico para matar cucarachas.

Texto de Nieves Colli y Dolores Martínez publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los tres policías serán apartados cautelarmente del servicio

A la hora de cerrar esta edición, el auto del juez que imputaba por falsedad a los tres peritos del «informe del ácido bórico» no había llegado a la Dirección General de la Policía. A la espera de que así sea, y a expensas de que los responsables de la DGP analicen su contenido, lo habitual en estos casos es que una vez sean confirmadas las imputaciones del magistrado los implicados sean apartados cautelarmente del servicio y que se incoe la apertura de un expediente administrativo.

Posteriormente, y sólo una vez que se sustancien o no las posibles implicaciones penales, se procede a la sanción administrativa.

Por su parte, el fiscal general del Estado eludió ayer pronunciarse sobre la decisión de Garzón y aseguró que los fiscales, tanto el de Plaza de Castilla como el de la Audiencia, «evaluarán la situación procesal y emitirán el dictamen que sea conforme a Derecho», informa Nati Villanueva.

Texto publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Grupo Popular mantiene que se han falsificado documentos

MADRID. La decisión del juez Garzón de imputar a los tres peritos por un delito de falsedad documental no ha variado la visión que el Grupo Popular tiene del documento -borrador- que relaciona el 11-M con la banda terrorista ETA a raíz del ya famoso ácido bórico.

Fuentes del Grupo Popular señalaron a ABC que «el Partido Popular siempre ha mantenido, hasta que no se demuestre lo contrario, que aquí hay un documento falsificado y eso lo ha observado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la competente en la investigación de los atentados del 11-M, por lo que se lo ha enviado a los Juzgados de Plaza de Castilla».

Tras estas consideraciones, los medios consultados pidieron «que se respeten las decisiones judiciales, también lo que diga la Plaza de Castilla. Hoy sigue habiendo un documento firmado por un señor que no ha hecho él y no es exacto con lo que han hecho otros», concluyeron.

Texto de C. De La Hoz publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La 'Conspiración' que nunca ha existido (30 de septiembre de 2006): Repitiendo el discurso de siempre

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 9:30, Categoría: ABC y EL PAIS contra EL MUNDO

La teoría conspirativa del 11-M, capítulo a capítulo 

Las investigaciones judiciales y policiales han tirado por tierra las dudas del PP que insisten en implicar a ETA en los atentados de Madrid

Madrid - La impostura suele tener apariencia de verdad. Las teorías conspirativas del 11-M han seguido los cánones de las imposturas históricas y, como ellas, parten de un pecado original. A saber: que la famosa mochila de Vallecas, la única desactivada y que fue la clave del 11-M, tenía metralla y las otras 12 no. Por lo tanto, "alguien", tuvo que colocarla allí, en la estación del Pozo del Tío Raimundo, sin que ni los heridos, los policías nacionales y municipales que lo acordonaron, los vigilantes jurados, bomberos, forenses, sanitarios, servicios de limpieza o medios de comunicación presentes vieran nada sospechoso en ese sentido entre tanto terror y destrucción de aquella mañana fatídica. Por lo tanto, decían, o había sido ETA o una enorme conspiración sin precedentes, que, a diferencia de otras teorías conspirativas similares (como la que aún perdura con escaso éxito sobre el 11-S en Estados Unidos), ha sido llevada al Congreso por el PP y se ha convertido en un caballo de batalla de Eduardo Zaplana (portavoz popular) y Jaime Ignacio del Burgo (diputado del PP).

La última impostura ha sido la del ácido bórico, un borrador de informe que mezclaba a ETA, el terrorismo islámico y a un anarquista en una trama criminal para el 11-M, con la supuesta colaboración del Ministerio del Interior, que, según el diario El Mundo, falsificó un informe para el juez Juan del Olmo. Pero como ya ocurrió con la mochila de Vallecas, cuya validez como prueba ha sido acreditada ante el juez por decenas de policías; o con el hallazgo en la furgoneta Renault Kangoo de una tarjeta del grupo industrial vasco Mondragón, que resultó ser una cinta musical de la Orquesta Mondragón; o con la declaración de José Emilio Suárez Trashorras sobre que todo era un golpe de estado con ETA de por medio, desmentido por los investigadores cuando aún gobernaba el PP, ahora le ha tocado el turno al ácido bórico, cuyo uso terrorista lo ignora todo el mundo. Éstos son los principales puntos de la impostura.

- El ácido bórico. La noticia ocupó la primera página de El Mundo. "Interior falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11-M y ETA", decía. El diario explicaba que tres peritos químicos habían elaborado un informe sobre diversas cantidades de ácido bórico halladas en 2004 en el suelo de la cocina de la casa de un jefe del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en Lanzarote, en el baño de un piso franco de ETA localizado en 2001 en Salamanca y en la casa de un joven antisistema en 1999 en Madrid. Los químicos concluían que, aunque ignoraban para qué servía esa sustancia y que era inusual su hallazgo en casos terroristas, todo estaba relacionado, porque seguro que se había usado para encubrir explosivos.

El informe definitivo entregado al juez no contenía ese vínculo entre islamistas, etarras y antiglobalización, ya que los jefes de la Comisaría General de Policía Científica decidieron eliminarlo, al considerar tal relación "elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno". Ahora, el juez Baltasar Garzón, que investiga la implicación de Hasan El Haski en los atentados de Casablanca, ha imputado a los peritos por falsificación, dado que "simularon la fecha de firma y creación del documento".

- La mochila de Vallecas. Los teóricos de la conspiración hicieron una afirmación. Esa bomba desactivada era diferente de las demás, porque ésta tenía metralla y las otras, no. La explicación era que en las autopsias de los 191 muertos y en la exploración médica de los más de 1.700 heridos no había impactos de metralla. Sin embargo, de la primera revisión de autopsias salen 50 con metralla y numerosos heridos, algunos de los cuales están en puestos directivos de asociaciones de víctimas, aún tienen restos de metralla en sus cuerpos.

Pero es que el 7 de abril de 2004 un técnico en materiales de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ya decía: "Es evidente la acción de la metralla en las zonas contiguas a la explosión: papeleras metálicas, respaldos de asientos". El 17 de marzo del mismo año, el jefe de control de calidad de Fainsa, fabricante de los sillones de los trenes, escribía tras visitar los vagones afectados: "Podemos afirmar que al tratarse de asientos con carcasas de fibra de vidrio, los proyectiles de metralla fueron sensiblemente amortiguados, evitando un mayor número de víctimas". Para demostrarlo, aporta cuatro fotos con evidentes impactos de metralla. El informe fue entregado a la Comisión de Investigación parlamentaria del 11-M el 8 de julio de 2004.

- La Orquesta Mondragón. El Mundo publicó que la furgoneta Renault Kangoo estaba vacía cuando fue localizada el 11 de marzo en Alcalá de Henares. Dos días después dijo que no estaba tan vacía, sino que había una tarjeta del Grupo Mondragón, la corporación industrial vasca, lo que demostraba la conexión con ETA. Sin embargo, ya el 18 de marzo de 2004, el entonces subdirector general Operativo, Pedro Díaz Pintado, firmó un documento certificando el contenido de la furgoneta y citando a quiénes fueron testigos del registro. El documento, incluido el dossier del PP llamado 11-M, toda la verdad en tiempo real, ya citaba que en la furgoneta había una tarjeta de una imprenta. Se trataba de Gráficas Bilbaínas, propiedad de un conocido ultraderechista. Y decía también que lo único que había sobre Mondragón era una cinta de la Orquesta Mondragón, el grupo del cantante vasco Javier Gurrutxaga. Los policías que han declarado ante Del Olmo han certificado que del consorcio industrial vasco no vieron nada.

La teoría esbozada es que la policía llenó la furgoneta con lo que le convenía, incluidos los detonadores y un resto de Goma 2 del tamaño de una vieja moneda de 500 pesetas. Pero el dueño de la furgoneta ha reconocido como suyos los enseres y existen fotos del registro, tomadas el mismo día 11, que demuestran que los detonadores y el resto de explosivo estaba dentro de una bolsa, en un cajón bajo los asientos delanteros.

- Las versiones de Trashorras. El Mundo publicó por entregas una entrevista al ex minero José Emilio Suárez Trashorras, para quien se piden miles de años por los atentados, en el que el imputado recogía casi literalmente frases y afirmaciones publicadas por los teóricos de la conspiración. Trashorras declaraba que Jamal Ahmidan, El Chino, tenía contactos con ETA y que el 11-M era un golpe de estado encubierto tras un grupo de islamistas, entre otros asuntos. Las declaraciones de este imputado, del que El Mundo subrayaba que su esquizofrenia se había agravado en prisión, contradecían sus declaraciones judiciales y policiales, pero también iban contra las de los policías y los agentes del CNI que le interrogaron. El comisario que dirigió la pesquisa en Asturias, Miguel Ángel Gamonal, informó por escrito al juez: "En ningún momento hizo mención a ninguna persona relacionada con la organización terrorista ETA ni a que alguno de los 'moros de Madrid" conociera o guardara algún tipo de relación con militantes de esta banda armada".

El testimonio de Trashorras quedó definitivamente en entredicho cuando EL PAÍS publicó un fragmento de conversación entre el ex minero y sus padres, grabada en prisión, ya que todas sus comunicaciones están intervenidas, en el que el imputado decía: "Mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera, les cuento la Guerra Civil española". La entrevista, finalmente, incluía, palabra por palabra, editoriales e informaciones de El Mundo, e incluso alguna de las frases más repetidas por dirigentes del PP en relación con el 11-M.

Texto de J. A. Rodríguez publicado por el diario EL PAIS el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Fabricar pruebas o el fin justifica los medios de la conspiración 

Los peritos colaboraron en la trama montada por el ex director de la policía del PP, Agustín Díaz de Mera, y el diario 'El Mundo'

Madrid - Fue el acusado José Emilio Suárez Trashorras quien puso en evidencia a El Mundo después de que un compinche suyo hiciera declaraciones al diario. El ex minero, imputado como cooperador necesario en el 11-M, dijo a sus padres desde la prisión:

- Mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera les cuento la Guerra Civil española. Desde que nací... Si te vienen con un chequecito cada... ¿Por qué piensas que lo hizo Nayo?

He aquí, pues, el testigo de cargo de la conspiración del 11-M. Ahora hay nuevas evidencias de que no sólo se manipulan testigos; también se fabrican pruebas. Por ejemplo, un documento capital, de cargo, sobre la pretendida relación entre ETA y los islamistas en el atentado del 11-M. Los conspiradores estiman que el fin justifica los medios.

Un día después que EL PAÍS revelase -el miércoles 13- la conversación telefónica interceptada a Suárez Trashorras, el director de la policía durante el mandato del PP, Agustín Díaz de Mera, y Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, profundizaban en una nueva línea de investigación.

"Es un informe real y cierto... que contiene indicios y pruebas de esas conexiones con ETA en un número significativo y muy preocupante. Pero le voy a decir algo más: ese informe tiene autores. Un autor y una autora...", dijo Díaz de Mera a la COPE. Ramírez añadió: "Efectivamente, las personas a las que se encargó esto decidieron hacer éticamente un informe real y no aceptaron la orientación previa [de sus superiores], la posible resultante total. Por eso, ha desaparecido ese informe... Este informe no se ha escrito a boli, seguramente está en algún ordenador... Como yo confío mucho en la ética de la policía, en la ética corporativa... Por eso hay que proteger a las fuentes".

¿Por qué razón se ocultaba este informe sobre la conexión con ETA? "Porque estamos ahora en un proceso de rendición del Estado ante el terror y no se puede ni siquiera insinuar que aquello con lo que se negocia...", explicó Ramírez.

A la luz de la declaración de los tres peritos, que no dos, es evidente que ante el rechazo, en marzo de 2005, de sus especulaciones por parte de sus superiores, el perito que inspiró la operación, Manuel Escribano, resolvió el 11 de julio de 2006 que era menester pasar a la acción. Sacó del ordenador una copia del informe. Como no estaba firmado, propuso a sus dos colegas que lo firmasen. Pero no con fecha de 11 de julio de 2006, sino con la fecha que ya venía, es decir, 21 de marzo de 2005.

Este informe deducía la posible vinculación de ETA, un terrorista anarquista y los islamistas en la matanza del 11-M, a partir de una coincidencia: habían tenido, en años diferentes, ácido bórico. Éste era el informe que según Díaz de Mera, "de salir a la opinión pública y ser puesto a disposición judicial, sería un elemento sustantivo de preocupación".

Ayer, el perito Escribano explicó al juez Baltasar Garzón que, en efecto, el documento había sido firmado el 11 de julio y que dado que era suyo podía hacer lo que quería con él. Habló de la tenencia de ácido bórico por parte de un terrorista islamista y de los autores de un atentado de ETA. El juez le preguntó sobre la relación entre ETA y los islamistas; a saber, qué elementos concretos le llevaban a pensar en esa relación. El perito explicó que ninguno, pero que él creía que era así. El juez le señaló que el atentado de ETA al que aludía tuvo lugar cuatro años antes del 11-M. El perito dijo que él estaba ofreciendo datos a la policía para que investigara. Reconoció que en su dilatada experiencia nunca se había topado con el uso de ácido bórico como explosivo.

Resumen de hechos: los tres peritos -dos de ellos prácticamente sin leerse el informe- sostienen en marzo de 2005 la vinculación ETA-islamista, sus jefes cuestionan la consistencia científica de la teoría y deciden elaborar un informe diferente para elevar a sus superiores. Quince meses más tarde, en julio de 2006, los mismos peritos deciden resucitar el informe. Aunque haya que mentir y firmarlo con una fecha antedatada.

La actividad de los tres peritos se sitúa en el contexto de la trama conspirativa montada por un eurodiputado del Partido Popular y ex director de la policía, Díaz de Mera, y el director de El Mundo.

Resulta evidente que la copia del documento sin firmar no merecía la publicación del mismo en el citado diario. Ramírez tenía razón: estaba en un ordenador. Una vez consumada la fabricación, la publicación era cuestión de estrategia. La fecha elegida fue el 21 de septiembre de 2006. El juez Garzón sostiene que el documento publicado por el citado diario coincide con el documento falsificado.

El último escenario de la conspiración debía ser la jurisdicción penal. Para ello, diferentes organizaciones afines al PP enviaron copias del documento y denuncias a los juzgados de la plaza de Castilla y a la Fiscalía. Fue ésta la que envió una de esas denuncias al juez Garzón, a cargo del caso del terrorista El Haski, al que se encontró el ácido bórico.

El plan de los conspiradores era eludir la Audiencia Nacional e investigar el caso en la plaza de Castilla. La sección primera de la Audiencia Nacional, al remitir el asunto a la plaza de Castilla el pasado 27 de septiembre, parecía allanar el camino a los conspiradores. Porque el auto de traslado prácticamente cerraba los ojos ante la investigación que ya había puesto en marcha el juez Garzón.

Texto de Ernesto Ekaizer publicado por el diario EL PAIS el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Una estrategia entre «exclusivas», el Congreso y las ondas

MADRID. «El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene que inventar otras mil para sostener la primera. (A. Pope)». Con esta cita encabezaba «El mundo» su edición del día 22, en plena campaña de la «teoría de la falsificación». Esta campaña arraca con la existencia de un presunto informe policial con datos sobre posibles relaciones de ETA con el 11-M, que ahora resulta ser un borrador manipulado, y fue «revelada» por el «El mundo» -propiedad del grupo italiano Rizzoli- después de que el ex director de la Policía Agustín Díaz de Mera -desde el programa de Federico Jiménez en la COPE- acusara a Interior de esconder dicho documento. El habitual periplo de este tipo de «exclusivas» siguió luego en el Congreso con la correspondiente pregunta del Grupo Popular, que dirige Zaplana.

El episodio arranca el 11 de julio. Rubalcaba pidió a las unidades dependientes de la Comisaría General de Información que le remitieran todos los informes realizados sobre sustancias explosivas en relación con los atentados. La orden obedecía a que ese mismo día «El mundo» había publicado que el comisario jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, declaró ante la Comisión de Investigación del 11-M que en los focos de las explosiones se había encontrado «nitroglicerina», compuesto que no formaba parte de la goma 2 eco, que, según la versión oficial, fue utilizada para la comisión del 11-M. En esa remesa de informes y con esa fecha se «coló» el borrador de marzo.

«Indicios y pruebas»

El 13 de septiembre, Zaplana defendió en el Congreso una interpelación urgente en la que acusaba a Rubalcaba de ocultar información sobre los atentados. Al día siguiente, Díaz de Mera acusaba a Rubalcaba de esconder un informe elaborado por la Comisaría General de Información en el que había «indicios y pruebas» que conectaban a ETA con la matanza. El ex alto cargo añadió que el análisis fue elaborado por dos funcionarios de la UCI, un hombre y una mujer. La respuesta de Rubalcaba consistió en calificar de «rotundamente falso» que existiera semejante documento.

Una semana después, el 21 de septiembre, «El mundo» publicaba en primera página el borrador con las «elucubraciones» sobre el ácido bórico como nexo de unión entre islamistas y etarras que habían redactado los tres funcionarios ahora imputados por Garzón y el informe entregado al juez; los comparaba y sostenía que Interior «falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11-M y ETA».

Interior atribuyó al comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, la decisión de eliminar las referencias a ETA del primer borrador por considerar intrascendente que el ácido bórico utilizado por Hassan el Haski, un organizador del 11-M, en un piso en Lanzarote hubiera aparecido también en un local de Salamanca empleado por etarras en 2001. De hecho, los terroristas de ETA detenidos hace cinco años destinaban el ácido bórico para evitar el mal olor de los pies (estaba lleno de pelos) y el islamista para matar cucarachas. La sustancia en cuestión tiene esos usos domésticos más el de conservante de alimentos.

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunció al día siguiente que su grupo pediría explicaciones al titular de Interior sobre «los informes realizados en el Ministerio del Interior que relacionan a la banda terrorista ETA con los atentados del 11-M y cuya existencia negó en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados el pasado 13 de septiembre».

El asunto se desvió después a los tribunales con el envío a Juan del Olmo, de noche y en un sobre firmado y sin remitente, de las fotocopias del borrador de 21 de marzo de 2005 y del informe fechado el día siguiente. Del Olmo envió los documentos a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que es la que en estos momentos tramita el sumario del 11-M, y ésta, a su vez, lo envió a la Fiscalía para recabar su opinión. La Fiscalía entendió que los hechos debían ser investigados por Baltasar Garzón, que mantiene abierto un sumario en el que aparece como imputado Hassan el Haski, el marroquí en cuyo poder se encontró el ácido bórico. El juez asumió la investigación para aclarar si el controvertido informe tiene efectos penales y/o probatorios en ese sumario.

Zaplana encargó al diputado Jaime Ignacio del Burgo hacer la pregunta correspondiente en el Congreso y el pasado miércoles Rubalcaba volvía a negar que existiera documento alguno que vinculara a ETA con el 11-M, aunque eludía entrar en el asunto de la «manipulación» de informes.

Texto de S. N. publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


ABC y EL PAIS: Dos Editoriales Delirantes

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: ABC y EL PAIS contra EL MUNDO

“Los falsarios del 11-m” (Editorial de ABC)

La imputación, por auto del juez Garzón, de los tres peritos autores de un informe sobre el ácido bórico encontrado en el domicilio del presunto terrorista Hassan El Haski imprime un giro radical a la polémica sobre la supuesta falsedad del documento que, sobre el mismo asunto, fue remitido al juez Juan del Olmo para su incorporación al sumario del 11-M. Por lo pronto, este auto desmonta la veracidad de la información publicada por el diario «El Mundo», amplificada por el presentador del programa «La Mañana», de la cadena Cope, Federico Jiménez, empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española, y no en beneficio de las víctimas y de la más ejemplar y eficaz administración de Justicia, únicos referentes de ABC en relación con aquel brutal atentado terrorista, sino de sus propias estrategias editoriales y comerciales.

Según el auto del juez Garzón, lo que los tres peritos ahora imputados presentaron como informe fechado y firmado el 21 de marzo de 2005 resultó ser un documento impreso desde su archivo informático el 11 de julio de 2006, es decir, un año y cuatro meses después de la elaboración del dictamen supuestamente original. Esta información, obtenida por Garzón durante la declaración testifical de los peritos, supone una inversión en la identidad de los imputados, en el documento falsificado y en la interpretación dada por los citados medios de comunicación para el sostenimiento de su «teoría conspirativa». Y no es la primera ni la segunda ocasión en que éstos quedan al descubierto.

Paralelamente, hay que constatar como una amenaza para la confianza ciudadana en el Estado la sucesión de escándalos en la Policía, siendo inaplazable la adopción de medidas urgentes para poner coto al desprestigio que se cierne sobre este cuerpo de seguridad del Estado. Primero fueron las detenciones ilegales de dos militantes del PP, saldadas con condenas, aún no firmes, a los funcionarios policiales que las llevaron a cabo. También sigue pendiente de aclarar, y se hace apremiante la explicación, quién es el «soplón» de la Comisaría General de Información que advirtió a la red de extorsión de ETA de la operación policial que había preparado el juez Grande-Marlaska. Y ahora este grave episodio de falsedades documentales y conciliábulos entre policías y medios de comunicación, no menos reprobables que los que se perpetraron entre el 11 y el 13 de marzo para propalar noticias no menos falsas que la del informe pericial sobre el ácido bórico.

Ahora, además, hay que aclarar la compleja situación procesal de estos documentos periciales y sus autores, sobre los que hay dos investigaciones en marcha y dos autos contradictorios -el de Garzón y el de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- en cuanto al informe falso y, por tanto, en cuanto a los posibles responsables. El juez Garzón ha citado a los peritos imputados para recibirles declaración como tales el próximo 18 de octubre, ignorando el citado auto de la Sala de lo Penal y las diligencias abiertas por un juzgado de Instrucción de Madrid, con motivo de la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. No habiendo conexión con el sumario de El Haski, ni siendo un delito terrorista, la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar estos hechos y, por tanto, tal citación entraña un riesgo innecesario de nulidad procesal que Garzón debe valorar y, sobre todo, evitar.

En cualquier caso, en lo que respecta a las víctimas, las instituciones del Estado y la dignidad de este país frente a su mayor tragedia terrorista, ABC nunca secundará agitaciones interesadas por quienes tratan la verdad sólo como una coartada de la mentira.

Editorial publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Los tramposos” (Editorial de EL PAIS)

La declaración ante el juez Garzón de los tres peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico intervenido a Hassan el Haski, uno de los presuntos autores intelectuales del 11-M, e intentaron establecer una relación con ETA por haberse encontrado la misma sustancia en un piso franco de la organización terrorista en 2001, ha dado un giro inesperado al caso. Entraron en el juzgado como autores de un informe con el que un periódico había propalado la sospecha de que fue manipulado por sus superiores para ocultar la relación entre ETA y los terroristas islamistas. Pero han salido como imputados por presuntamente haber falsificado, ellos mismos, ese informe.

Según el auto dictado por Garzón tras tomar declaración a los peritos y a los responsables de la Comisaría General de Policía Científica, los supuestos autores de una falsificación documental son los propios peritos y no sus superiores, como pretendían las denuncias llegadas a los tribunales. Por lo que se deduce del auto del juez, los tres redactores del informe lo presentaron el 21 de marzo de 2005 "con carácter de documento interno no oficial" a su superior, el jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que lo rechazó por contener "opiniones subjetivas y falta de consistencia". Ello no impidió -y ahí radicaría la posible falsedad- que lo intentaran colar el 11 de julio de este año (casi 16 meses después) entregándolo a otro superior como si estuviera redactado el 21 de marzo de 2005, sin advertirle de la citada alteración, que simulaba la fecha de firma y creación de documento.

La intención, según el juez, era "producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica". En cualquier caso, ese mismo documento apareció este 21 de septiembre en la primera página de un periódico como soporte de la enésima invención delirante que trata de dar apariencia de verdad a una supuesta conspiración universal para ocultar las vinculaciones entre ETA y los islamistas en el atentado del 11-M en Madrid.

Garzón tiene razones procesalmente sólidas para investigar todo lo relacionado con el informe sobre el ácido bórico intervenido a Hassan el Haski, también implicado en el sumario por el atentado de Casablanca (Marruecos), que él mismo instruye. Sobre todo, para saber si el ácido bórico podía ser o no un componente explosivo. Pero el problema para los inventores de esta nueva fantasía sobre el ácido bórico es que los peritos imputados han declarado a Garzón que esta sustancia no es un componente explosivo, y que sólo se enteraron de que en teoría podía servir como estabilizante por Internet, ni siquiera por experiencia profesional.

Ahora se comprende muy bien que sus superiores rechazaran el informe y no avalaran elucubraciones sobre autorías comunes con ETA basadas en la mera posesión de una sustancia tan común e irrelevante. Lo que se comprende mal son los motivos de los peritos para actuar con engaño. O no: su actuación, puesta al descubierto por el juez Garzón, abre otro frente preocupante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar quienes se empeñan contra toda evidencia en probar la inexistente vinculación entre ETA e islamistas en el 11-M? Y sobre todo: ¿cuánta credibilidad está todavía dispuesto a sacrificar el Partido Popular, sus dirigentes y sus militantes, dando pábulo a los delirios de este pertinaz periodismo tóxico, en papel y por las ondas, que no cesa alrededor del peor atentado sufrido jamás por España?

Editorial publicado por el diario EL PAIS el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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