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EL PAIS y ABC presentan una 'realidad' completamente diferente

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Los peritos del ácido bórico falsearon el informe que relaciona ETA y 11-M

Madrid - El juez Baltasar Garzón declaró ayer imputados por presunto delito de falsedad en documento oficial a los tres peritos de la policía, Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, que habían vinculado a ETA con los atentados del 11-M.

Los tres funcionarios, según admitieron ante el magistrado durante la tarde noche del jueves, firmaron el 11 de julio de 2006 un documento interno no oficial que habían elaborado en marzo de 2005 en el que aludían a la posible vinculación entre los islamistas autores de los atentados del 11-M y ETA porque se había encontrado en poder de Hassan el Haski alrededor de un kilogramo de ácido bórico, sustancia que éste utilizaba para matar cucarachas.

La firma del documento, más de un año y cuatro meses después de haberlo realizado, según el juez, tenía la intención de "producir un efecto oficial de un documento, que nunca lo fue, y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica, en un momento posterior".

Por todo ello, Garzón suspendió las declaraciones como testigos de los tres funcionarios -que iban a continuar ayer por la mañana- y les ha citado a declarar, pero en calidad de imputados, para el próximo 18 de octubre.

El caso es que el informe de los tres peritos había sido esgrimido por el PP y su coro mediático como una prueba de las falsedades que se cometían desde el Gobierno para encubrir que ETA está detrás de los atentados de los trenes de la muerte. Y resulta que Garzón ha demostrado que los que los únicos que presuntamente han falsificado un documento han sido los tres peritos citados.

Islamistas, ETA y antisistema

Según el relato de hechos del auto de imputación, el 21 de marzo de 2005 los tres peritos elaboraron un informe sobre el análisis del ácido bórico encontrado en poder de Hassan El Haski en el que incorporaban las referencias a ETA y a que también se había encontrado en poder de un joven antisistema. Los funcionarios especulaban con que islamistas, etarras y el militante antisistema hubieran recibido la misma formación.

El documento, de carácter interno y no oficial, fue presentado al jefe de sección, Francisco Ramírez. Éste discrepó del contenido y ordenó que fuera reelaborado, eliminando los aspectos en los que el jefe consideraba que se habían extralimitado por incluir "opiniones subjetivas y faltas de consistencia". Pero al negarse los tres peritos a modificar el borrador, Manuel Escribano sugirió a su jefe que reasignara el caso a otro perito. Ramírez se reasignó a sí mismo como perito, lo que entraba dentro de sus competencias como jefe, y recibió de Escribano una copia digitalizada de su borrador para que pudiera trabajar con el mismo con mayor comodidad, según precisa el auto. Ramírez eliminó las referencias a ETA y al militante antisistema y redactó el informe oficial el 22 de marzo de 2005, remitiéndolo a la Comisaría General de Información.

Pero el jueves, mientras la perito Isabel López Cidad declaraba como testigo, presentó al juez un documento, que es copia del elaborado el 21 de marzo de 2005 y que coincide con el publicado por El Mundo el pasado 21 de septiembre. El citado documento fue presentado como si fuera el original y tuviera el carácter de documento oficial con todos los sellos de la Comisaría de Policía Científica, cuando en realidad no era así.

Lo cierto es que el documento en cuestión había sido impreso de nuevo, desde el archivo informático correspondiente, el 11 de julio de 2006 por Manuel Escribano y firmado en esa fecha por él y sus dos compañeros. Luego, para dar apariencia de que era antiguo, en lugar de presentar ese original, hicieron una fotocopia que entregaron al jefe de la Unidad de Análisis Científico de la Comisaría de Policía Científica, José Andradas, jefe jerárquico de los tres, reclamándole un recibí, pero "sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento".

Es precisamente la presentación a su superior de una fotocopia en lugar del original del nuevo informe lo que evidencia la intención de confundirle y hacerle creer que lo que no había sido más que un borrador en 2005 había tenido carácter de documento oficial.

El juez Garzón ordenó ayer a la policía registrar las mesas de los despachos de los tres policías imputados. El registro comenzó ayer por la tarde.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que había recibido las denuncias de varias asociaciones próximas al PP y que había citado para el 2 de octubre a los tres peritos, ha suspendido sine die las comparecencias, al parecer, por la posible presentación de un conflicto de competencias.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, avaló ayer la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en este asunto. "Se están practicando actuaciones por ese órgano [el juzgado de Garzón] y creo que de esas actuaciones saldrá un mayor esclarecimiento de los hechos, pero estamos a la espera de lo que está realizando", aseguró.

Juez: "¿A lo largo de su carrera profesional ha visto ácido bórico en algún atentado?"; Policía: "No" 

Dos de los peritos reconocieron ante el juez Garzón que no sabían de explosivos -uno admitió estar especializado en pintura de coches- y que ignoraban la existencia de una relación entre el ácido bórico y los explosivos. El borrador que fue firmado por los tres peritos fue redactado por Manuel Escribano y sus dos compañeros firmaron "en barbecho", sin tener conocimiento de si lo que firmaban era cierto.

Los peritos informaron al juez de que habían extraído de Internet los usos del ácido bórico para la conservación de algunos componentes orgánicos de los explosivos, así como para enmascarar el olor de la dinamita.

Escribano, que defendió con tanto ardor su informe que Garzón le tuvo que decir que no levantara la voz, recalcó que en determinadas circunstancias, y mezclado con las sustancias adecuadas, el ácido bórico podía tener la función de estabilizante de algunos elementos orgánicos de los explosivos.

Garzón entonces le preguntó: "¿A lo largo de su carrera profesional ha visto que se haya utilizado ácido bórico en algún atentado?"

El perito respondió que no.

Sin embargo, el punto de inflexión de las declaraciones de los tres peritos ante Garzón fue el testimonio de Isabel López Cidad.

La perito fue quien entregó al juez el original del documento cuya fotocopia habían presentado a su jefe, José Andradas, haciéndole creer que era el documento firmado en 2005 y que había tenido carácter oficial.

Tras la entrega del original del documento, Garzón quiso saber en qué circunstancias se había producido la firma del documento.

El magistrado pretendía conocer si todos los peritos lo habían firmado el mismo día del mes de marzo de 2005 y si lo habían hecho todos juntos o si por el contrario unas firmas se habían estampado por la mañana y otras por la tarde.

Pero López Cidad dijo que no, que se había firmado el 11 de julio de 2006.

Garzón extrañado le preguntó. "¿Cómo que en julio de 2006, si el documento lleva fecha de marzo de 2005?"

Y la perito se explicó. Su jefe, José Andradas, había reclamado todos los documentos que se habían elaborado en la sección porque algún mando o el ministro tenían que comparecer en el Congreso. Escribano había realizado una nueva impresión desde el archivo informático que guardaba desde marzo de 2005 y lo firmaron los tres.

La perito se derrumbó porque admitió que le habían presentado al jefe una fotocopia en lugar del documento original que acababan de firmar.

Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón imputa por falsificación a los tres peritos autores del borrador del ácido bórico

MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado por un presunto delito de falsedad en documento oficial -que el Código Penal castiga con penas de entre tres y seis años de cárcel- a los tres peritos que relacionaron a ETA con el 11-M en un documento en el que identificaron como ácido bórico la sustancia encontrada en la vivienda de Hassan El Haski -procesado por los atentados de Madrid e imputado en el sumario de los atentados de Casablanca (Marruecos)-, tras su detención en diciembre de 2004. Según un auto dictado ayer por el magistrado, los tres policías pretendieron dar carácter oficial a un dictamen que nunca lo tuvo simulando la fecha de creación y firma del mismo. Ese documento falsificado coincide con el que el pasado día 21 fue publicado por «El mundo», periódico que acusó a la Comisaría General de Policía Científica de haber ocultado información relacionada con los atentados de Madrid al juez Juan del Olmo.

Un documento «no oficial»

Los peritos imputados por Garzón son Isabel López Cidad, Pedro Manrique Manrique y Manuel Escribano Escribano. Según el relato de hechos del auto, el 21 de marzo de 2005, éste último presentó a su superior, Francisco Ramírez, el borrador que los tres policías habían redactado, texto que «en ese momento tenía el carácter de documento interno no oficial». Ramírez indicó a Escribano que «debían reelaborarlo» para «eliminar» ciertas observaciones que se «extralimitaban» de lo que se les había solicitado y que respondían «a opiniones subjetivas y faltas de consistencia».

Ramírez -que ayer suspendió sus vacaciones para prestar declaración como testigo, pese a que el juez le había citado para el próximo 9 de octubre- se refería a la referencia sobre el hallazgo de ácido bórico en 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca y, en 1999, en poder de un individuo perteneciente a grupos «antisistema». Esos «antecedentes» eran la base sobre la que los tres peritos ahora imputados se basaban para determinar una hipotética relación de ETA con el 11-M.

El propio comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, declaró el jueves ante Garzón que la corrección efectuada por el jefe de sección -Francisco Ramírez- estaba perfectamente justificada, pues sus subordinados le habían entregado un borrador y porque la referencia a ETA carecía de rigor científico y no era más que una «elucubración».

Escribano -sigue el relato de hechos del auto- se negó a realizar las modificaciones que le indicó su jefe y le «sugirió» que nombrara a otro perito, por lo que Ramírez «se reasignó a sí mismo el caso como perito, lo cual estaba dentro de sus competencias como jefe de sección», sin que conste que devolviera a Escribano «el original». El perito hizo entrega a su superior de una copia de su informe en soporte informático para que Ramírez pudiera trabajar con ella. El resultado es el «informe oficial» que, con fecha 22 de marzo de 2005, se entregó al juez «sin incluir las observaciones» que afectaban a ETA.

Dieciséis meses después, el 11 de julio de 2006, Escribano sacó de su archivo informático una copia del documento de 21 de marzo -es decir, de la versión sin corregir por Ramírez- y, tras pasarlo a la firma de sus compañeros, lo entregó «por medio de fotocopia» y con la fecha inicial al jefe de la unidad, José Andradas, «sin que en ningún momento aludieran los ahora imputados a que no era el documento entregado por ellos el 21 de marzo de 2005 sino otro preparado al efecto en el mes de julio de 2006». Ayer mismo, la perito López Cidad -la primera que admitió la falsedad del documento- hizo entrega al juez de una copia del informe que, según reconocieron los tres policías, efectivamente firmaron el 11 de julio pasado y «que coincide con el publicado en el diario «El mundo» del día 21.09.06».

Según Garzón -que ayer ordenó el registro de las mesas de trabajo de los tres peritos-, este hecho prueba «indiciariamente la intención de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue, y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica, en un momento posterior (un año y cuatro meses después)».

Fuentes de la Audiencia Nacional explican que la entrega, el 11 de julio, por Escribano a su jefe Andradas del informe falsificado coincide en el tiempo la presentación de una batería de preguntas por el Grupo parlamentario Popular al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que aclarara los supuestos «agujeros negros» del 11-M. El ministro solicitó a la Policía los informes científicos y, a su vez, Andradas los recabó de sus subordinados.

En medios policiales, sin embargo, se llega a sugerir la posibilidad de que la recuperación del documento de 21 de marzo no tuviera como finalidad su entrega a un organismo oficial, sino «su filtración a un medio de comunicación».

Más datos sobre el ácido bórico

El reconocimiento por parte de los peritos de la manipulación del informe obligó al juez Garzón a suspender de forma inmediata sus comparecencias -que tuvieron lugar anteayer- para modificar su situación procesal: de testigos pasaron a ser imputados, condición en la que han sido citados de nuevo el próximo día 18 para prestar declaración asistidos por abogado.

Las fuentes antes citadas han explicado que Garzón aún no ha concluido las diligencias que abrió para aclarar las controversias surgidas en torno a los informes y a los usos del ácido bórico. Respecto a esto último, y a la vista de que, en contra por lo afirmado por sus compañeros, Escribano ha insistido en relacionar esta sustancia con otras empleadas por ETA, el juez ha solicitado a la Policía todas las referencias que sobre ella aparezcan en Internet. De hecho, Escribano admitió que nunca en su larga experiencia profesional se había encontrado con un caso en el que el ácido bórico se empleara con explosivos, pero aseguró que lo había leído en la red. La citada sustancia tampoco se ha hallado en ningún atentado cometido en España ni restos de la misma han aparecido en ninguno de los escenarios del 11-M.

El juez -que previsiblemente envíe el caso a los Juzgados de Madrid (competentes para investigar un delito de falsificación) cuando concluya su investigación- tampoco descarta citar a declarar a El Haski, que en otras comparecencias explicó que utilizaba el ácido bórico para matar cucarachas.

Texto de Nieves Colli y Dolores Martínez publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los tres policías serán apartados cautelarmente del servicio

A la hora de cerrar esta edición, el auto del juez que imputaba por falsedad a los tres peritos del «informe del ácido bórico» no había llegado a la Dirección General de la Policía. A la espera de que así sea, y a expensas de que los responsables de la DGP analicen su contenido, lo habitual en estos casos es que una vez sean confirmadas las imputaciones del magistrado los implicados sean apartados cautelarmente del servicio y que se incoe la apertura de un expediente administrativo.

Posteriormente, y sólo una vez que se sustancien o no las posibles implicaciones penales, se procede a la sanción administrativa.

Por su parte, el fiscal general del Estado eludió ayer pronunciarse sobre la decisión de Garzón y aseguró que los fiscales, tanto el de Plaza de Castilla como el de la Audiencia, «evaluarán la situación procesal y emitirán el dictamen que sea conforme a Derecho», informa Nati Villanueva.

Texto publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Grupo Popular mantiene que se han falsificado documentos

MADRID. La decisión del juez Garzón de imputar a los tres peritos por un delito de falsedad documental no ha variado la visión que el Grupo Popular tiene del documento -borrador- que relaciona el 11-M con la banda terrorista ETA a raíz del ya famoso ácido bórico.

Fuentes del Grupo Popular señalaron a ABC que «el Partido Popular siempre ha mantenido, hasta que no se demuestre lo contrario, que aquí hay un documento falsificado y eso lo ha observado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la competente en la investigación de los atentados del 11-M, por lo que se lo ha enviado a los Juzgados de Plaza de Castilla».

Tras estas consideraciones, los medios consultados pidieron «que se respeten las decisiones judiciales, también lo que diga la Plaza de Castilla. Hoy sigue habiendo un documento firmado por un señor que no ha hecho él y no es exacto con lo que han hecho otros», concluyeron.

Texto de C. De La Hoz publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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