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Octubre del 2006

Santano niega ahora ante la juez que avalara la eliminación de las referencias a ETA

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Afirma que Mélida no le comunicó qué decían las observaciones del informe de los tres peritos Hace un mes dijo que la supresión fue correcta y que «si volviera a ocurrir lo volvería a quitar»

MADRID.- Miguel Angel Santano, máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Su titular, la magistrada Gemma Gallego, investiga si los mandos policiales que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA incurrieron en un delito de falsedad documental.

La manipulación de ese informe fue desvelada por EL MUNDO el pasado 21 de septiembre. Fue entonces cuando trascendió que el informe elaborado por los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda del procesado Hasan Haski fue manipulado antes de su remisión al juez Del Olmo.

Entre otras alteraciones, el informe enviado al instructor del 11-M no incluía las tres observaciones que hicieron constar los peritos. En ellas, mencionaban los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.

El mismo 21 de septiembre, Santano hizo pública una nota -que también envió por fax a la Audiencia Nacional- en la que aseguraba que «cuando el comisario general [el propio Santano] fue informado del tema, le pareció correcta la remisión del informe íntegro, eliminando las observaciones, como así se hizo».

En una entrevista concedida días después a un medio del grupo Prisa, Miguel Angel Santano declaró que «si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar».

Ayer, sin embargo, el comisario tuvo que declarar como imputado y el tenor de sus manifestaciones fue diferente en cuanto a conocimiento de los hechos y en cuanto a la asunción de la responsabilidad.

Según el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Santano arrancó diciendo que «tuvo conocimiento de lo que ocurrió con el informe pericial cuando leyó la noticia en EL MUNDO, el mismo día que firmó la nota, el 21 de septiembre» pasado.

Añadió que habló con el segundo jefe y secretario general, Pedro Luis Mélida, «que le comunica que ya ha sacado toda la información, que contrastan juntos».

Santano afirmó que fue entonces cuando «comprobó los dos informes», aunque matizó que el de los tres peritos «no es un informe en sí, sino un borrador». También Mélida le informó «de todos los hechos que ocurrieron».

El comisario general ratificó ante la juez que las observaciones hechas por los peritos en su informe no eran «más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno».

La juez le preguntó qué supo sobre los hechos cuando sucedieron, esto es, en marzo de 2005. El comisario general eludió el día 21 (que fue cuando los tres peritos entregaron el dictamen a su superior, el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez), y se remontó a dos días más tarde. «El 23 de marzo de 2005», consta en la declaración, «el funcionario que me sustituye [Mélida] me hace la comunicación de novedades, pues yo me encontraba de vacaciones, y me comunica que ha habido un problema con un informe que habían elaborado unos peritos y que, habiéndoseles comunicado que deberían modificarlo, se habían negado».

Según Santano, Mélida le dijo: «El tema está resuelto», y no le explicó el contenido de las observaciones. Cuando la juez quiso saber si preguntó de qué forma se había resuelto, respondió: «No recuerdo».

La representante del Ministerio Fiscal incidió en este punto. Santano manifestó: «No se me hizo saber que el informe era relativo al 11-M». «Seguramente», añadió, «me citarían el nombre de los peritos». Preguntado por si no le parecía extraño que le dijeran la identidad de los peritos y no de qué informe se trataba, el comisario general dijo que no. «Nunca he conocido que los peritos se nieguen a modificar los informes, por eso la novedad».

Santano se negó a contestar a las preguntas del abogado José María de Pablo, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y a las del letrado José Benítez, que actúa como acusación popular.

Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió ayer en defensa de Mélida, Santano y Ramírez, a los que considera «tres profesionales íntegros, víctimas de la voluntad política y mediática de utilizar este Cuerpo como arma arrojadiza». Asimismo, el SUP denuncia «la manipulación de la periodista» de EL MUNDO que firmaba una información el pasado sábado sobre que Mélida había admitido que se vulneraron las normas al alterar el informe ETA/11M. El sindicato considera que esta información «no se corresponde con la verdad».

«No sé si el perito que firmó el análisis lo hizo»

Refugiado en que las normas de calidad del laboratorio de ADN -al parecer, aplicables por extensión al laboratorio químico, «aunque no hay disposición» que lo diga», admitió- no avalaban el informe sobre el 11-M en el que se citaba a ETA, Santano tuvo que descalificar ayer el trabajo de tres de sus subordinados (Escribano, López y Manrique) para tratar de exculpar a su segundo, Pedro Mélida, y al responsable del laboratorio, Francisco Ramírez, firmante del dictamen mutilado que se envió al juez del 11-M.

Pese a ello, no pudo evitar la confrontación del comportamiento de estos últimos con esas mismas normas de calidad. «¿Dónde figura que quien no ha hecho un informe pericial pueda firmarlo?», se le preguntó. El comisario general dijo: «No sé si el perito que firmó el análisis de las muestras lo hizo».

«Si el análisis se hubiera hecho por alguien del laboratorio, lo consideraría correcto», dijo citando ante la juez sentencias del Supremo que, según manifestó, avalan que un perito certifique en un informe remitido al juez que ha hecho unas pruebas analíticas que, en realidad, no hizo.

Según él, en las normas de calidad no figura que un perito pueda firmar lo que no ha hecho, «pero tampoco lo contrario». «No es lo mismo un informe pericial que las pruebas analíticas, que son parte de un informe. El que firma el informe tiene que haber revisado las pruebas analíticas que figuran en él», explicó.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Santano declara como imputado: La Versión de ABC y EL PAIS

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

El jefe de la Policía Científica dice que nunca ha visto a un perito negarse a matizar informes

MADRID. El jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, ratificó ayer ante la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gema Gallego, que las observaciones que los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en el borrador -en el que relacionaban a ETA con el 11-M a través del ácido bórico- «no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno». Por tanto, concluyó, no debían ni podían constar en un informe científico.

Santano aseguró ante la juez que el 23 de marzo de 2005 el funcionario que le sustituía durante sus vacaciones le comunicó que «había un problema con un informe que habían elaborado unos peritos», pues al ordenarles que eliminaran de su escrito esas «consideraciones subjetivas», se habían negado a hacerlo.

El jefe de la Policía Científica señaló que si le comunicaron este hecho como una incidencia fue porque es «inhabitual» que un perito se niegue a cambiar un informe. De hecho, sentenció Santano, no lo ha visto nunca en su vida profesional. Aseguró que en aquel momento no se cuestionó el contenido de las observaciones que no querían eliminar los peritos, sino su simple negativa.

Pero Santano no sólo tildó de «inhabitual» que los peritos no quieran modificar su escrito, sino también que en un informe pericial se haga referencia a otros informes (como sucedió en esta ocasión, en la que se vinculó el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de Hassan El Haski con la aparición de esta sustancia en el piso de un comando de ETA).

«Ignoraban su aplicación»

Esta circunstancia sólo se daría en la práctica cuando se están analizando sustancias, productos o explosivos «idénticos a los aparecidos en otros informes». No era éste el caso, pues los propios peritos incluyeron como una de sus observaciones que «ignoraban» la «verdadera aplicación» del bórico «en relación con estos hechos».

Fue esta consideración subjetiva en la que se basó Santano para calificar estos apuntes como «elucubraciones», pues si peritos «ignoran», tal y como ellos mismos reconocen, las aplicaciones de esta sustancia, el resto de observaciones también carecerían de validez.

Respecto a la asunción del informe por parte de Francisco Ramírez (jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica) -tras la negativa de los peritos a modificarlo-, Santano aseguró ayer que las reasignaciones «pueden ser frecuentes», como también lo puede ser el hecho de que un informe esté firmado por un sólo perito y no por varios.

Texto de Nati Villanueva publicado por el diario ABC el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El jefe de Policía Científica acusa a tres peritos de hacer elucubraciones 

Santano niega valor al nexo entre ETA y el 11-M por el ácido bórico

Madrid - Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica, compareció ayer ante la juez de instrucción Gemma Gallego en relación con una supuesta falsedad en el informe sobre el ácido bórico que hicieron tres peritos y que modificó su jefe para eliminar las observaciones que apuntaban a una relación entre ETA y el 11-M. Santano recordó que esas observaciones sólo eran elucubraciones sin base y por eso fueron eliminadas.

Santano compareció como imputado para ratificar su versión de los hechos, que él mismo hizo pública una vez que se conocieron. Esa versión defiende la gestión de los superiores de los tres peritos que elaboraron un informe en el que tras afirmar que lo encontrado en casa de un islamista era ácido bórico y reconocer que ignoraban qué aplicaciones podía tener para elaborar artefactos explosivos, vinculaban al supuesto terrorista con ETA porque en un piso franco de esta organización también se había hallado ácido bórico.

Los superiores de los peritos pidieron a éstos que modificaran el informe en lo relativo a las observaciones al carecer de base. Los peritos se negaron por lo que el caso fue reasignado a su inmediato superior, que firmó el informe eliminando las observaciones. Un año después, los tres peritos firmaron una fotocopia del informe fechado un año antes para hacerlo pasar por oficial, y el juez Baltasar Garzón les imputo por un delito de falsedad documental y les acusó de filtrar ese informe a un medio de comunicación determinado.

Santano defendió ayer en su declaración a la juez que los superiores de los peritos retiraron las observaciones donde vinculaban a ETA y el 11-M porque "no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamental científico alguno y, por lo tanto, no debían ni podrían constar en un informe científico".

Santano argumentó en su declaración que los peritos escribieron en su informe que ignoraban la aplicación del ácido bórico en atentados terroristas y que, a partir de esa apreciación, "el resto carecía de validez".

Respecto a la reasignación de un caso, como ocurrió con el informe sobre el ácido bórico, Santano declaró que "pueden ser frecuentes" y que lo que no era habitual era que un perito se negara a modificar un informe: "A mí no me ha pasado nunca en mi vida profesional, llevó desde el 4 de junio de 2004 en la comisaría general de Policía Científica y antes he sido comisario de Policía Científica en Madrid durante casi seis años".

El mando policial fue preguntado respecto a sí el perito que firma el informe definitivo hizo realmente los análisis para determinar si lo encontrado en casa de los islamistas era ácido bórico, a lo que Santano contestó que no sabía, pero que si el análisis de muestras se hubiera hecho por parte de alguien del laboratorio, algún perito lo podía considerar correcto, y aludió a sentencias del Tribunal Supremo que avalan esa práctica.

La juez le preguntó si en el manual que regula cómo se hacen los informes periciales cabe la posibilidad de que éstos sean firmados por algún policía que no ha hecho esos informes. Santano contestó que en el manual "no figura eso ni lo contrario". También aseguró que cuando le comentaron esta incidencia, no se le hizo saber que el informe era relativo al 11-M.

Texto publicado por el diario EL PAIS el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los policías no respetaron los manuales en el informe que vincula a ETA y el 11-M

Madrid - La Comisaría General de Policía Científica remitió el pasado 27 de octubre a la juez de instrucción número 35 de Plaza de Castilla un informe sobre el Manual de Normas de Procedimiento de la Comisaría General de Policía Científica, aprobado en 1995 y que han sufrido "varias reediciones", la última de 30 de junio de 2001.

El manual se refiere al informe pericial demostrativo de una identificación lofoscópica y es así porque, según explica la Comisaría General de Policía Científica, "era el informe pericial más numeroso y se pretendía que se ajustase a una estructura uniforme para toda la organización, estableciendo este modelo como obligatorio salvo casos o circunstancias excepcionales". Como continuación de este manual se elaboraron otros manuales de calidad.

El vigente en la actualidad, en su procedimiento general número 8, relativo a gestión de los ensayos y emisión de informes, señala que estarán compuestos de seis apartados: antecedentes, examen preliminar, técnicas aplicadas, resultados, conclusiones y observaciones.

Fue en el último capítulo, el de observaciones, el que utilizaron los tres peritos para incluir una tesis respecto al ácido bórico encontrado en la casa de un islamista. Esa tesis apuntaba que dado que esa sustancia, nunca antes vinculada a ningún explosivo ni a ningún atentado terrorista en España, había sido encontrada en casa de unos etarras, o bien etarras e islamistas estaban relacionados entre sí, habían recibido la misma formación o eran los mismos autores.

Sin embargo, el manual remitido a la juez explica lo que se debe incluir en las observaciones: "Se especificará de forma clara las muestras que se remiten con el informe pericial, las que se agotaron en los análisis o las que quedan conservadas en el laboratorio". Los peritos olvidaron el manual, no pusieron ninguno de esos datos y elucubraron con la posible vinculación entre ETA y el 11-M.

Texto publicado por el diario EL PAIS el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Santano se desdice para eludir el banquillo (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La declaración ante la juez del jefe de la Policía Científica dejó ayer en evidencia flagrantes contradicciones entre su actitud como imputado y la que ha mantenido cuando EL MUNDO destapó hace un mes la falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11-M. Basta cotejar lo que Santano aseguró ayer con las respuestas que entonces dio en televisión y con su nota de respuesta a la información de EL MUNDO para concluir que ha faltado a la verdad. Dice Santano que en ningún momento avaló la eliminación en el informe de las referencias a ETA. Es más, asegura que lo único que su segundo le dijo en marzo de 2005 fue que unos peritos se habían negado a modificar un informe y añade que se enteró por EL MUNDO de los detalles de la manipulación y de que ésta guardaba relación con el 11-M. La versión a la que ahora parece haberse abonado Santano no se sostiene. Es impensable que su segundo le contara a medias un incidente tan delicado. En la nota de respuesta a nuestras revelaciones, el propio Santano reconoció que cuando fue informado «le pareció correcta la remisión del informe íntegro eliminando las observaciones» y ante Iñaki Gabilondo afirmó sin rubor y con uniforme -ayer acudió a declarar de paisano-: «Si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar». ¿Por qué ahora dice justo lo contrario? No cabe duda de que, al cambiar de versión, Santano intenta eludir el banquillo, pero todo acusado tiene derecho a mentir en su estrategia de defensa.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El PSOE culpa a Acebes de que no se tradujeran 200 cintas del 11-M

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Negligencias Judiciales

MADRID.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, afirmó ayer que el secretario general del PP, Angel Acebes, debe aclarar por qué motivo no fueron traducidas al castellano las conversaciones telefónicas que mantuvieron varios islamistas, grabadas con permiso del juez Garzón en los últimos meses de 2003 y los primeros de 2004, antes de los atentados del 11-M.

Ayer, EL MUNDO desveló que más de 200 cintas magnetofónicas en las que están grabadas esas conversaciones permanecieron durante meses en la Comisaría General de Información, sin ser traducidas, porque el único traductor que trabajaba para la Policía se ocupaba de un caso de un marroquí residente en Tarragona que finalmente ni siquiera fue detenido.

López Garrido pidió ayer a Acebes y al diputado popular Ignacio Astarloa que expliquen por qué motivo no había «suficientes traductores de árabe».

En su opinión, quien debe dar explicaciones en este caso, más que el juez, son quienes en aquella época eran responsables del Ministerio del Interior, en referencia al ex ministro Acebes y al ex secretario de Estado de Seguridad.

López Garrido subrayó que, debido al estado en que se encontraban esas cintas -muchas de ellas deterioradas y sin posibilidad de conocer su contenido-, ya no se podrá saber nunca si hubieran podido servir «para atajar alguna conspiración terrorista». «Es un hecho serio, una responsabilidad de la que tienen que dar cuenta quienes estaban al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», manifestó.

Información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Las perturbaciones de su señoría" por Javier Gómez De Liaño

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Opiniones

Supone bien el lector si piensa que a estas alturas de mi vida escribir de Baltasar Garzón no es cosa que me entusiasme. Sin embargo, como soy hombre que procura alejar de sí los malos recuerdos y son muchos los años que vengo sosteniendo que la falta de independencia judicial es la madre de todos los males de nuestra Justicia -aparte de que en esto de escribir apuesto por el más difícil cada día-, hoy me propongo cavilar, no sin cierto optimismo, acerca de las perturbaciones que el juez Garzón ha podido sufrir a cuenta de su intervención en el conocido como caso del ácido bórico.

El asunto es que, a raíz de esas actuaciones, el magistrado se plantó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en súplica de amparo al sentirse perturbado en su independencia por lo que él denominaba «brutal y desmedido ataque» de algunos medios de comunicación, de un diputado y hasta de un miembro del propio órgano de gobierno de los jueces. A la solicitud, el CGPJ respondió con un no, pues consideró que faltaban las condiciones exigidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Pocas horas después, un periódico editorializaba que la actitud del CGPJ era un lavado de manos ante una imputación explícita de prevaricar, que es lo que significaba acusarle de montaje para criminalizar a unos inocentes y satisfacer los intereses del Gobierno. Otros hablaron de un CGPJ compuesto por una mayoría -la que decidió no conceder el amparo- dispuesta a prostituirse por no querer salir al paso de una miserable ofensiva. Algunos colegas partidarios suyos sostuvieron que la toga del compañero juez estaba siendo colgada en la picota más alta. Incluso un profesor de Sociología -el catedrático Enrique Gil Calvo- llegó a escribir que tras las críticas se escondía el antaño sindicato del crimen y que «hoy Garzón es mucho más Garzón», aunque la verdad es que el señor Gil tiene declarado que «una vez publicado, casi siempre me arrepiento de lo que escribo».

Perturbación es acción y efecto de perturbar o perturbarse. Perturbar es trastornar la quietud o el sosiego de algo o de alguien. Según el diccionario de la RAE, independencia -que es palabra que proviene del latín pendeo/pendere, un intransitivo equivalente a estar colgado-, significa, en su tercera acepción, entereza, firmeza de carácter, cualidad que se da cuando no se es tributario de otro. Hecha la anterior precisión, la pregunta es si acaso no se ha hablado demasiado de ataques por parte de la prensa, los políticos y otros instrumentos de presión y, al contrario, muy poco de las emociones y pasiones que el juez puede llevar en su cartera. Si la independencia judicial, subjetivamente considerada, es una virtud y todo juez que quiere ser independiente ha de serlo hasta de sus íntimas convicciones -como dijo un magistrado norteamericano en 1801, el juez ha de ser independiente también de sí mismo-, ¿quién perturba la independencia judicial de su señoría, el juez Garzón?

A mí me parece que, puesto a presumir, el juez Garzón puede hacerlo de bastantes cosas, pero no de ser realmente independiente. Quede claro que en este lance no estoy haciendo una crítica de su trabajo ni estoy emitiendo un juicio sobre sus aptitudes profesionales. Me estoy refiriendo a que si hay algo que en verdad puede definirle es su insobornable pasión por la política y su fidelidad a las siglas de un partido al que abiertamente confesó su adscripción cuando se presentó a las elecciones generales como candidato número dos por Madrid, sirviendo luego en el Ministerio del Interior. De las penúltimas cosas que he sabido de él fue su participación en un acto de protesta contra la Guerra de Irak, en el que aparecía subido a un estrado junto a actores y cantantes disfrazados de Aznar con casco, que llamaban asesino al presidente del Gobierno.

El juez Garzón sabe, o debería saber, que ese tipo de acciones están prohibidas por la LOPJ y que una profesión de fe ideológica de esa naturaleza, tan cargada, además, de indiscreción, es una confesión de parcialidad. No digo que en un juez la ideología política sobre, sino que el señor Garzón la derrocha hasta la prodigalidad. Nos lo advertía Pedro G. Cuartango en una de sus espléndidas Vidas paralelas: «(...) Garzón es la única persona de este país que ha pertenecido a los tres poderes: ha sido diputado, secretario de Estado y juez.»

Insisto para que se entienda bien. Con este perfil de su señoría sólo me limito a recordar que en ese humano rincón que decimos Justicia hay jueces políticos de quienes los ciudadanos desconfían y se temen lo peor. Para mí, la historia de Baltasar Garzón es la de una trayectoria que pudo empezar honesta para torcerse en el momento que se convirtió en la figura del superjuez y por tanto, pasó ser una muesca carnavalesca muy alejada del Derecho. Vuelvo a las hemerotecas. Esta vez, a la del diario El País. En su ejemplar del 19 de enero de 1995, a propósito del sumario que Garzón instruía por el secuestro de Segundo Marey, además de dudar de su idoneidad de juez por haber protagonizado el salto espectacular a la política, el editorialista decía que «la notoriedad pública del personaje dificulta la diferenciación por parte de la opinión pública de las dos imágenes superpuestas: la del juez y la del político.»

Respecto a las últimas críticas al juez -algunas auténticas diatribas-, vaya por delante que siempre estuve a favor de la censura razonable de las resoluciones judiciales y, por tanto, en contra de la descalificación rotunda e inmisericorde. Ahora bien, también digo que los que hoy sacan pecho a favor de su señoría son los mismos que durante muchos años han jugado con entusiasmo al deporte de guillotinar jueces, sobre todo a quienes no estuvieron dispuestos a dejarse acollonar. Tomo licencia para proponer unas cuantas interrogantes que nos sirvan de orientación. ¿Qué dijeron algunos periódicos cuando un ex presidente del Gobierno calificó a dos jueces -uno de ellos era Garzón, el otro quien esto escribe- de «descerebrados» por atreverse a investigar el crimen de Estado? ¿Quién no se acuerda de aquellos jueces de la horca que llevaron al cadalso al juez Marino Barbero, encargado de la instrucción del caso Filesa? ¿Dónde se escondían los que ahora se echan manos a la cabeza cuando unas hienas hicieron de él la diana de todos los denuestos posibles? ¿Acaso no fue la década de los años 90 el paraíso de la difamación judicial, en el que periodistas y no periodistas patentaron la calumnia y la injuria como método de destrucción sistemática del honor de los jueces? Si el hombre no fuera, por naturaleza, un animal olvidadizo -a veces, también ingrato y mezquino- ante las últimas perturbaciones que denuncia el señor Garzón muchos deberían sentir vergüenza y callarse. Allá cada uno con sus contradicciones e incongruencias. En todo caso, me sumo a lo que el magistrado Javier Gómez Bermúdez decía en este periódico, en su entrevista del pasado 23 de octubre: «Muchísimos magistrados han sido insultados, ofendidos y criticados y no se han sentido perturbados en su independencia».

En cuanto al fondo del asunto, es decir, qué es lo que pueda haber en las diligencias procesales del caso del ácido bórico, desconozco los detalles. Sin embargo, a la vista de lo resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, declarando la incompetencia de su señoría y ordenando la remisión de las diligencias a los juzgados de instrucción de Madrid, a mí me parece que es una prueba más de ese «(...) afán de acaparamiento de asuntos que caracteriza al juez Garzón. (...) Pero no es ésta la primera resolución negativa (...) en contra de sus pretensiones. Ya le ocurrió con el caso Laos cuando compitió por asumir todo lo relativo a la detención de Roldán. (...) La Justicia es un poder difuso, repartido entre diversas instancias jurisdiccionales que se controlan mutuamente y cuyo ejercicio está sometida a estrictas reglas de procedimiento. Lo que el juez Garzón considera que es suyo, de acuerdo con sus competencias, no tiene por qué serlo necesariamente si esas instancias de control que están por encima le dicen que no le corresponde. La Justicia no se paraliza por ello. Pensar otra cosa sería tanto como admitir que la Justicia se identifica con un determinado juez, en este caso Garzón. Un mensaje que algunos no se privan de lanzar por más disparatado y pretencioso que resulte».

Como el lector habrá advertido -la mejor pista es el entrecomillado-, estas palabras no son mías. Una vez más, las he tomado prestadas del archivo de El País. En concreto, de un editorial publicado el 26 de octubre de 1996, a propósito del conflicto de jurisdicción suscitado por el sumario de los papeles del CESID y que el Tribunal Supremo resolvió a favor de la jurisdicción militar.

Lo malo no es no tener razón, sino ignorar que carecemos de ella y, a renglón seguido, caer en la hueca sinrazón. A salvo ulteriores decisiones jurisdiccionales, en mi opinión la actuación de su señoría, el juez Garzón, en este asunto sólo tiene una apariencia de juridicidad. Nada más. Las diligencias de toma de declaración a los peritos, previa imputación, su señoría las llevó a cabo -lo mismo que las que, según leo, sigue empeñado en practicar- con manifiesta incompetencia, a sabiendas de que estaba actuando así, con unos fines quizá demasiado evidentes y, desde luego, no permitidos por la Ley. Esta es mi opinión que expongo con los debidos respetos y que gustosamente someto a otras más autorizadas.

Yo no soy quien para dirigir recomendaciones a nadie. En el Guzmán de Alfarache puede leerse que «consejo sin remedio es cuerpo sin alma» y no tengo a mano recurso alguno con el que socorrer a su señoría de las perturbaciones que puede padecer. Ahora bien, me da la impresión de que al juez Garzón la vida no le ha sacudido a modo. También intuyo que no sabe asimilar el sufrimiento y convertirlo en eficaz método de aprendizaje. Yo, que en eso sí me considero experto y distingo a la perfección entre los golpes en el espinazo y en el corazón, sé que de todos los palos se pueden obtener saludables frutos si se aciertan a encajar con serenidad. Ser juez no es sólo una carrera sino también un viaje interminable en el que hay que batallar con los condicionamientos personales que laten continuamente presionándote los pensamientos.

El hombre público y el juez Garzón lo es, jamás debe quejarse; menos aún, ante la concurrencia. El gimoteo es una rara suerte de perturbación que puede llevarte a perder el juicio. Se me ocurre si acaso no es hora ya de que su señoría piense si no es el anonimato lo más recomendable y que a lo mejor acertaría de lleno si se decidiese a trabajar con discreción y alejado de la política. Hasta en soledad, si fuera menester. En un rapto de nostalgia, mi todavía viva conciencia de juez me lleva a exhortarle que ese juez que es, necesitado de mirarse el ombligo todos los días, recuerde a Víctor Hugo cuando advierte que la fama, echadas las oportunas cuentas, no es más que gloria en calderilla. Hay jueces que no saben a ciencia fija si son justos, jueces dubitativos y llenos de resquemores que a veces creen que hacen justicia y a veces no acaban de creerlo; a eso se le suele llamar problemas de conciencia y así, súbitamente, empiezan muchas y profundas perturbaciones del alma.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado en excedencia

Publicado por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Toro y Trashorras tenían la llave del local donde se halló dinamita

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

GIJON.- El jefe de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía, que dirigió la investigación de la operación Pipol, declaró ayer que dos de los acusados, el ex minero Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro, tenían acceso al garaje donde se hallaron explosivos similares a los utilizados posteriormente en los atentados del 11-M, sumario en el que ambos constan también como imputados.

El mando policial, que compareció como testigo en la quinta sesión, explicó que la investigación se llevó a cabo basándose en escuchas telefónicas y que en una de ellas quedó constancia de que Toro, Trashorras y el prófugo José Fernández Díaz, Nayo, tenían las llaves del local. Según dijo, las Fuerzas de Seguridad llegaron a ese lugar buscando un alijo de drogas y se encontraron, además, con 16 cartuchos de dinamita Goma-2 ECO y 94 detonadores.

El agente aseguró en su comparecencia que Toro era entonces «un gran traficante de cocaína» y que seguía las instrucciones del narco gallego Marco B. con «una sumisión exagerada». Esta afirmación fue corroborada por el secretario del atestado del caso, que afirmó que Toro «distribuía la coca, llevaba el dinero a Galicia y conducía los coches». «Toro y Barreiro son grandes traficantes de cocaína», apuntó.

El jefe del grupo de Estupefacientes de Gijón en 2001 testificó que los acusados utilizaban un lenguaje encriptado y hablaban de baterías de coches, cubiertas o amortiguadores «para referirse a droga». Y, para ratificar su argumentación, preguntó a uno de los letrados de la defensa «si alguna vez había visto a alguien ir a un baño de un bar a intercambiar una batería de coche».

Los tres agentes aseguraron que los acusados formaban una trama de venta de droga en Asturias, que adquirían en el sur de España y en Galicia, y que la droga que se vendía era fundamentalmente cocaína. Y ninguno de ellos se extendió sobre los explosivos que aparecieron en el garaje compartido por los acusados, dado que, según aclararon, la Jefatura sólo actuó por la venta de estupefacientes.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (31 octubre de 2006): Sin Perito que declare

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 5:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El único perito que iba a certificar sobre la dinamita de Toro y Trashorras murió en 2005

El único perito que iba a certificar que el material incautado en el garaje de Avilés que supuestamente compartían Toro, Trashorras y Nayo era dinamita falleció en 2005. Se trataba de la única prueba pericial con la que contaba el fiscal especial antidroga, José Perals, para acreditar que los cartuchos hallados eran goma-2, ya que el informe que deja constancia escrita sobre este extremo, presentado el primer día del juicio por el fiscal, no fue admitido por el tribunal. Perals, al que no se había notificado el fallecimiento del técnico, solicitó que se cite a otro tedax. El tribunal se pronunciará hoy.

Gijón - Las cosas no pintan bien para el fiscal. El único perito que iba a certificar en el juicio que se sigue en Gijón por la «operación Pípol» que el material explosivo encontrado en julio de 2001 en el garaje de Avilés que supuestamente compartían Antonio Toro, José Emilio Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», era dinamita ha fallecido. Su testimonio estaba previsto para el próximo 13 de noviembre y se trataba de la única prueba pericial con la que contaba el fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, para acreditar el hallazgo de los explosivos, después de que en la primera sesión de la vista el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial -que juzga el caso- rechazara admitir a última hora un informe pericial sobre este extremo. Se trataba de un documento elaborado por el laboratorio químico toxicológico de la Comisaría General de la Policía científica, al que Perals había tenido acceso sólo unos días antes, en el que aparecía reflejado que la muestra recogida en el garaje era, efectivamente, dinamita goma-2 Eco. Sin este informe, no existe ninguna certificación escrita de la existencia de la dinamita, que fue destruida.

José Perals no tuvo conocimiento hasta el pasado miércoles del fallecimiento de este perito, miembro del grupo de técnicos especialistas en desactivación de explosivos (Tedax) del Cuerpo Nacional de Policía, cuya declaración calificó de «esencial», ya que fue el agente que recogió el material encontrado en el garaje avilesino y lo trasladó a Oviedo. El agente, C. M. F. G., de 32 años, falleció el 1 de agosto de 2005 en un accidente de moto en el casco urbano de Avilés.

El fiscal supo de la muerte del técnico por casualidad, después de que escuchara al presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, comentarlo con uno de los abogados de las defensas. El fallecimiento, según explicó ayer, no le fue notificado ni formal ni informalmente, a pesar de que el testimonio del técnico era una de las principales bazas para lograr la condena de Toro y Trashorras por tenencia y tráfico de explosivos. Ante la noticia, Perals solicitó al tribunal que le permita citar, a pesar de que no está previsto, a otro miembro de los Tedax que intervino en la operación, que declararía el mismo día 13. La Sala comunicará hoy su decisión sobre si acepta o no a este nuevo perito. Si no lo acepta, no habrá ninguna prueba científica que sostenga las acusaciones sobre tráfico de explosivos contra los dos cuñados, procesados también por los atentados del 11-M.

Sobre el hallazgo de dinamita también declararán en el juicio cuatro de los policías que encontraron los cartuchos en el garaje, aunque están citados en calidad de testigos -no de peritos- y en todo caso se limitarán a narrar lo que vieron y cómo lo vieron, pero no podrán emitir un informe -aunque sea verbal- que atestigüe la naturaleza del material. Las defensas de Toro y Suárez Trashorras (representadas por los abogados María Teresa Suárez García y Gerardo Turiel, respectivamente) se negaron a la admisión del nuevo perito y criticaron la petición del fiscal, por «improcedente».

José Perals insistió una vez más en las pruebas que le fueron rechazadas en la primera sesión del juicio, especialmente en una encaminada a lograr que no se anulen los «pinchazos» telefónicos practicados a los acusados, algo que pretende la mayor parte de las defensas. El fiscal presentó nuevamente un documento escrito en el que se prueba que el juez instructor del caso, Juan Laborda, le puso al corriente en el mes de febrero de 2001 (cinco meses antes de las detenciones de los acusados) de las intervenciones telefónicas. Perals justificó la necesidad de esta prueba en una sentencia del Tribunal Constitucional, de octubre de 2005 (es decir, posterior a su escrito de calificación provisional de los hechos, que es de marzo de ese año), que exige la notificación al fiscal de los «pinchazos» para que éstos sean legales. El tribunal rechazó nuevamente la prueba. Perals advirtió de que esto «podría dar lugar a la declaración de nulidad de todo el juicio».

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Policía halló el garaje por indicación del avilesino

Gijón- La Policía «tenía la certeza» de que había un garaje donde, supuestamente, Toro, Trashorras y Nayo guardaban droga, aunque no conocía su dirección. De la dinamita, entonces, ni se sospechaba. El instructor del atestado reconoció ayer que si Toro «no hubiera dicho nada del garaje no lo hubiéramos encontrado». Fue el propio avilesino quien aseguró a la Policía que el hachís que buscaban estaba en la cochera, después de que le dijeran que iban a hacer un registro en su casa.

El registro que no fue. Tras el hallazgo en el garaje, los agentes decidieron no registrar la casa del asturiano, donde vivía con sus padres, a pesar de tener la orden judicial oportuna, y ni siquiera para comprobar que no había más material. «Nosotros pensábamos que la droga la escondían en el garaje. Pero si él no hubiera salido a lo largo de la mañana, hubiéramos entrado en la vivienda a arrestarle. Es habitual que traficantes de un nivel medio-alto, como Toro, que viven con sus padres, no guarden la droga en su casa», añadió el instructor, recordando la relación «especial» de Toro con su madre. Por su parte, la defensa del avilesino aseguró que el joven había dicho que la droga estaba en el garaje «después de que le amenazaran con interrogar a toda su familia».

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro, un traficante con una «sumisión exagerada»

Gijón - El policía que dirigió la «operación Pípol», instructor del atestado, calificó ayer a Antonio Toro como un traficante de «una sumisión exagerada». Según su declaración, el joven avilesino se dedicaba a la compraventa de cocaína a las órdenes del gallego Marcos Barreiro y le «faltaba tiempo» para viajar a Galicia cuando este último se lo proponía.

La «evidencia». La primera «evidencia» que tiene la Policía de la participación de Antonio Toro en el tráfico de drogas es el 12 de junio de 2001, cuando el asturiano realizó un viaje al Sur, supuestamente para conseguir hachís. El 3 de julio aparece por primera vez Suárez Trashorras, que alquila un coche, al parecer, para que Barreiro, Toro y Nayo bajen de nuevo a por más droga, según el instructor.

Las llaves de Trashorras. El policía desmontó la declaración de Suárez Trashorras, que aseguró que él nunca había tenido las llaves del garaje donde se encontraron el hachís y la dinamita. El 4 de julio de 2001, relató, Antonio Toro habló con su hermana Carmen (esposa del ex minero) y le dijo: «Cuando veas a Emilio le dices que necesito las llaves del garaje urgentemente». Es decir, que sí las tenía, aclaró.

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La «certeza» de una segunda casa de Toro

Gijón - Los policías que prestaron ayer declaración aseguraron que tenían «la certeza» de que Antonio Toro tenía otra casa, además de la de sus padres, donde es posible que pudiera guardar más material (droga o explosivos). Esto, explicaron, se evidencia en alguna de las conversaciones interceptadas, como una que mantuvieron Toro y Nayo en la que el primero le dijo al segundo que fuera a su casa. Nayo le contesta que a cuál, si a la suya o a la de sus padres. Los agentes no hicieron ninguna referencia a esta supuesta casa en ningún informe porque se trataba de «una sospecha».

¿Dónde estuvo la droga? El instructor del atestado, el secretario y un tercer policía que ayer declararon en la quinta sesión del juicio por la «Pípol» no se pusieron de acuerdo sobre dónde se había almacenado la droga incautada en la operación. El instructor aseguró que se había guardado en la Comisaría gijonesa, custodiada por funcionarios, y de ahí se había trasladado a Cogersa para su destrucción. Los otros dos funcionarios aseguraron que el «procedimiento normal» es que la droga no esté en la Policía «más de dos o tres días» y que se envíe a Sanidad. «El paso por Comisaría es circunstancial -explicaron-. Sólo lo justo y necesario»

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


«Hola, soy Antonio Toro...»

La Policía identificó al avilesino cuando llamó a una compañía de asistencia en viaje y dio sus datos

Gijón - No le resultó difícil a la Policía identificar a Antonio Toro. Teniendo pinchado su teléfono, el avilesino tuvo un problema con su coche y se quedó «tirado» en la carretera. Así que decidió llamar a una compañía de asistencia de viaje, a la que le dio todos sus datos personales y los del vehículo que conducía para que le enviasen una grúa. Los agentes escucharon esa conversación, que quedó grabada. Pero por si había alguna duda, pocos días después volvió a dar todos sus datos a una operadora de teléfonos móviles, incluido DNI. Quería consultar su saldo de puntos.

Identificar a Laurencio C. G., el ex policía local de San Martín del Rey Aurelio para quien el fiscal pide 13 años de prisión, llevó algo más de trabajo. Investigaban a un hombre, inicialmente anónimo, y en una conversación intervenida escucharon que su hijo competería un día determinado en una carrera de karts en León. Así que varios agentes se trasladaron al lugar y comprobaron los vehículos aparcados. Sabían, por otro «pinchazo», que el hombre al que investigaban cumplía años el 13 de abril. El propietario de uno de esos karts había nacido ese día y, además, era de Asturias. El «golpe» más fuerte fue descubrir que era policía local y que, además (según sospecharon), tenía un escáner con el que escuchaba a los agentes. Sabía que le estaban vigilando.

Silencio en la sala

El presidente del Tribunal, Bernardo Donapetry, tuvo que poner orden ayer durante la vista. Los acusados se reían abiertamente ante las declaraciones de los policías, que comentaban en voz alta. En un momento, el magistrado avisó: «Al próximo que hable lo echo de la sala». Antonio Toro, pensando que se dirigía a él, aseguró que no había dicho nada. «No digo que sea nadie. Ya lo identificará la Policía, pero como vuelva a hablar, lo expulso», afirmó Donapetry.

Otro de los acusados, disconforme con la declaración del policía instructor, le llamó «mentiroso» en pleno juicio. Mientras, el padre de Trashorras tachaba de «tramposos» a los agentes que declararon.

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Alicia Castro sostiene que el «caso Pípol» está vinculado con el atentado del 11-M

La diputada nacional del Partido Popular y miembro de la comisión de investigación del 11-M en el Congreso, Alicia Castro, apuntó ayer la vinculación del «caso Pípol» con los atentados de Madrid, pese a la intención del fiscal del caso de desmarcar los dos procesos. Masaveu volvió a exigir transparencia al PSOE en la investigación, al acusar al partido presidido por Zapatero de «ocultar datos, así como la presentación de pistas falsas y la intención del Gobierno de encubrir el tipo de explosivos». Tampoco descartó que «ETA u otra opción» estuviese detrás de los atentados del 11-M.

Gijón - Alicia Castro, diputada nacional del Partido Popular por Asturias y que fue miembro de la comisión de investigación del 11-M en el Congreso, vinculó ayer el «caso Pípol» con los atentados de Madrid pese a la intención del fiscal de desmarcar ambos procesos. «Aunque no se quiera relacionar, algo tendrá que ver Suárez Trashorras. El juez le hizo responsable de los 192 muertos y de los miles de heridos en los trenes del 11 de marzo», apuntó Castro.

La diputada asturiana volvió a insistir en la falta de transparencia en el proceso de investigación. «Cuando el juez Del Olmo dictó el auto de procesamiento no dejó claro ni quiénes fueron los autores, ni las personas que introdujeron los explosivos en los trenes, ni el tipo de los mismos», aseguró, al tiempo que destacó que «no existen pruebas de los autores de la masacre».

Entre los múltiples hechos que levantan irregularidades en el caso del 11-M, según la diputada, «están la desaparición de la metralla, la entrega de mochilas falsas al juez Del Olmo y la ausencia de análisis en el tipo de explosivos. ¿Adónde nos quieren llevar? Son muchas incógnitas, se preguntó. De las 438 preguntas que «he hecho en la comisión de investigación a los ministros de Interior, Alonso y Rubalcaba, sólo he obtenido respuestas vacías que me remitían al auto de procesamiento».

Masaveu ofreció en Gijón la conferencia «11-M, ¿por qué no nos dicen la verdad?», invitada por la Asociación La Escalerona, vinculada al sector crítico del PP gijonés. Al acto asistieron Luis Prado D'Almeida, Emilio Noval, María Luisa Peláez, Fernando González Landa, el senador Javier Sopeña y los disputados Isidro Fernández Rozada y Leopoldo Bertrand. La presidenta local, Pilar Fernández Pardo, acompañada por sus compañeros de confianza, fue recibida con tímidos aplausos por el público.

En la conferencia también estuvo presente el guardia civil Jesús Campillo, que asintió cuando Alicia Castro Masaveu defendió la inocencia de Francisco Javier Lavandera, que «sólo denunció el tráfico de explosivos, como cualquier otro ciudadano puede denunciar un delito».

Las críticas contra la investigación realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fueron constantes durante su ponencia, al acusar al PSOE «de evitar conocer a los autores de los hechos», así como el ocultamiento de pruebas y declaraciones falsas durante todo el proceso judicial. Alicia Castro aseguró «que no es descartable la opción de ETA» como autora de los atentados de Madrid, así como tampoco «la pista islamista, sin descartar otra opción que pudiera estar detrás del atentado». Adelantó que se sabrá «la verdad, como en su día se descubrió toda la trama de los GAL o Filesa».

Información de Iván G. Iglesias publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La muerte del 'tedax' que explosionó la dinamita de Avilés deja al fiscal del 'caso Pipol' sin un «testigo esencial»

El tribunal decidirá hoy si permite sustituir el testimonio del policía fallecido por el de otro agente a petición de Perals La declaración del inspector Manuel García, de quien Trashorras era confidente, se pospone hasta el próximo día 6

GIJÓN - El fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, se queda sin una prueba más para demostrar la vinculación del 'caso Pipol' con el tráfico de explosivos y la trama asturiana de la dinamita. La muerte de uno de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos (TEDAX), del Cuerpo Nacional de Policía, en un accidente de circulación deja al fiscal sin «un elemento fundamental táctico», según sus palabras, para acreditar que lo encontrado en el garaje de Avilés, que supuestamente tenían alquilado Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, en julio de 2001, era dinamita. Así lo admitió ayer Perals al inicio de la vista oral de este macrojuicio que se sigue en Gijón contra veinte imputados.

Para el fiscal, se trata de «un testigo esencial» y su fallecimiento «altera sustancialmente» el proceso, por lo que solicitó al presidente de la sala Bernardo Donapetry la sustitución de su testimonio por la de otro funcionario de los Tedax que también intervino en la destrucción de la dinamita incautada en la cochera de Avilés.

La mayoría de los abogados de la defensa se opusieron ayer a esta sustitución por considerar que «se trata de una petición extemporánea e improcedente», según manifestó la letrada de Antonio Toro Castro, María Teresa Suárez. Tanto la abogada, como el representante legal de Trashorras, Gerardo Turiel, señalaron que «la muerte del 'tedax' figura en el rollo y esta parte tenía conocimiento de ella, por lo que no se explica cómo el fiscal no lo tuvo».

El Ministerio Fiscal, sin embargo, no conoció la noticia del fallecimiento hasta el miércoles pasado, cuando escuchó comentar por casualidad a uno de los abogados de la causa que un testigo había fallecido. Se da la circunstancia de que la muerte de este policía, ocurrida el 1 de agosto de 2005, causó una enorme conmoción en Avilés por tratarse de Carlos Fernández, hermano de Sergio Fernández, ex jugador del Sporting y actual jugador del Zaragoza.

Tras escuchar la negativa de los abogados, el juez pospuso «para hoy, a primera hora», su decisión sobre si considera oportuno o no incluir en la vista oral el testimonio del otro Tedax.

A la espera de su respuesta, el fiscal ve cómo se le acumulan sobre la mesa los obstáculos para demostrar que el 'caso Pipol', además de un entramado importante de venta de drogas, lo era también de dinamita. La muerte del experto en desactivación de explosivos se suma a la negativa del presidente del tribunal a incluir entre las pruebas un informe pericial de un trozo de cartucho hallado en la citada cochera. Dicho informe fue encargado al laboratorio de Toxicología de Madrid, el 30 de agosto de 2004 y, según manifestó Perals, no tuvo conocimiento de él hasta el 25 de septiembre de 2006, una vez concluido su escrito de acusación.

Tampoco permitió Donapetry que la acusación pública incluyera en su listado de testigos a los dos peritos de la Policía Científica que efectuaron ese análisis ni a los dos Tedax que enviaron esa muestra al laboratorio.

Así las cosas, Perals deberá apoyar su estrategia en los testimonios de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que realizaron el registro de la plaza de garaje de la calle de Eloy Fernández Caravera, en Avilés, y en el que de forma sorpresiva se encontraron, además de hachís, los 16 cartuchos de 'goma-2' y 94 detonadores automáticos.

Las declaraciones de estos agentes no estarán exentas de polémica, ya que los letrados de la defensa tratarán de demostrar por todos los medios que no hay documento alguno que indique que ese hallazgo era efectivamente 'goma 2'.

Recurso de casación

Hay otro punto de debate en el juicio. Se trata de la negativa del tribunal a contemplar como prueba documental las escuchas telefónicas, algo que según el fiscal «vulnera el derecho fundamental a usar los medios procedentes como pruebas». Perals manifestó tal queja «a los efectos de poner un recurso de casación ante el tribunal Supremo» que, si prospera, podría hacer que se suspendiera el juicio.

La expectación de la vista oral de ayer estaba centrada también en la declaración del inspector Manuel García 'Manolón', ex jefe del Grupo de Estupefacientes de Avilés. Su testimonio es clave porque uno de los procesados, Trashorras, principal imputado en el 11-M, siempre ha asegurado que actuó con su consentimiento porque entonces era colaborador de la Policía. La dilación de las declaraciones anteriores pospone su intervención hasta el próximo 6 de noviembre.

La «sumisión» de Toro

Fue la declaración del jefe del Grupo de Estupefacientes de Gijón en el año 2001 la más larga de las tres escuchadas ayer. Durante tres horas el también instructor de la 'operación Pipol' declaró que Antonio Toro Castro, imputado también en el 11-M, era entonces «un gran traficante de cocaína» y seguía las instrucciones del supuesto narco gallego, Marco B. M., con «una sumisión exagerada». «En cuanto le decía que se desplazara a Galicia le faltaba tiempo para marchar. En ocasiones ha ido y venido hasta dos veces en un mismo día», comentó.

Sin embargo admitió que «no se le vio traficar» y «nunca hubo sospechas de que traficara con explosivos». Antonio Toro irrumpe en el operativo, según recordó el policía, por una llamada que éste realizó tras averiarse su coche y llamar a un servicio de grúa, y por otra que efectuó a una compañía de telefonía móvil en la que aportó todos sus datos.

El jefe de Estupefacientes insistió en la idea de que el garaje de Avilés pertenecía a Trashorras, Toro y el 'Nayo', aunque admitió que «si Toro no nos llega a hablar de su existencia ni siquiera hubiéramos encontrado el hachís». Respecto a por qué la Policía no registró su domicilio dijo que «los traficantes que viven con sus padres no guardan la droga en casa y, más en el caso de Toro, que mantenía una relación con su madre como nunca vi en otras personas investigadas».

Información de Leticia Álvarez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Alicia Castro dice que no se puede desvincular el 'caso Pipol' del proceso del 11-M

«¿Por qué Toro no está procesado por el juez como Suárez Trashorras» «Lavandera es un héroe y lo que hizo sólo valió para que le amargaran la vida»

GIJÓN - Alicia Castro cree que la verdad sobre los atentados del 11-M «está todavía lejos», aunque aseguró que «acabaremos conociéndola, como supimos quién estaba detrás del GAL o de Filesa. En ese camino, asegura que el PP no descansará hasta que los ciudadanos conozcan «qué oculta el Gobierno» y para que no caigan en la trampa «de los muchos señuelos que nos han puesto en los últimos meses». La diputada asturiana del PP ofreció ayer una conferencia en Gijón, en la sede de la Asociación Cultural La Escalerona, sobre la investigación de los atentados madrileños, en la cual criticó al magistrado del 'caso Pipol' por no aceptar la conexión con el 11-M. «Está claro que no se pueden desvincular. 'Pipol' fue la antesala de los atentados y hay que recordar que el mayor imputado por el 11-M -Trashorras- está procesado en este caso», afirmó Alicia Castro.

La charla comenzó con la proyección de un vídeo realizado por la Fundación FAES, que preside José María Aznar, en el que se defiende la labor del entonces Gobierno del PP y se critica con gran dureza la actitud que siguió el PSOE a cuyos dirigentes acusa de haber utilizado los atentados para «dar un golpe de Estado tres días antes de las elecciones».

Durante su intervención, Castro realizó un resumen de todo el proceso de investigación desde el minuto cero. Según explicó, los socialistas «no nos dieron información» y se empeñaron en «aislar» al PP. Fue más allá en sus críticas luego y aseguró que el PSOE llegó incluso a «manipular» la declaración de algunos testigos en la comisión de investigación.

«El PP sólo quiere conocer quién está detrás de los atentados», afirmó la diputada popular, que señaló al terrorismo como «el mayor problema que tiene la humanidad en este siglo». Aquel gobierno que no esté dispuesto a combatirlo, advierte, «está abocado al fracaso».

Castro enumeró todas las pruebas que su partido maneja en la investigación y rebaten las tesis defendidas por el juez Del Olmo, responsable de la investigación, que -considera- «no sabe absolutamente nada». Castro ironizó: «Son tantas las casualidades que hay que una llega a preocuparse», y aprovechó su intervención para referirse a la llamada 'trama asturiana' de los explosivos. Se preguntó en este punto por qué motivo Antonio Toro no está procesado por el magistrado. Hizo un paréntesis también para referirse al confidente Francisco Lavandera, al que calificó como un «héroe». Según explicó, su valentía sólo le valió para que le amargaran la vida. Curiosamente, en ese momento, estaba en la sala el ex agente Campillo -el guardia civil que recibió la denuncia del confidente-, que asintió ante las palabras de la diputada popular.

Castro mostró sus dudas de que la dinamita robada en Asturias fuera la misma que se utilizó para los atentados de Madrid. Una vez más, insistió en que el Gobierno «no quiere conocer toda la verdad porque tiene algo que ocultar» y le acusó de llevar «informes falsos» ante el juez que lleva la investigación.

Información de J. A. G. publicada por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“El ausente” por Juan Neira

La muerte en un accidente de circulación de un técnico en desactivación de explosivos de la Policía Nacional, encargado de la destrucción de la dinamita de Avilés, priva al Ministerio Fiscal de un testimonio clave en el juicio del 'caso Pipol' para mantener la tesis del almacenamiento de dinamita. El presidente del tribunal se negó a aceptar como prueba un informe pericial sobre un cartucho encontrado en el garaje de Trashorras y Toro, así que ni el experto en explosivos de la Policía podrá declarar ni el cartucho supera la categoría de munición quemada. Le queda al fiscal el testimonio de los policías que registraron la plaza de garaje, pero de su declaración es difícil que se sustancie el almacenamiento de goma-2.

Sobre el 'caso Pipol' penden desde el principio dos alternativas, la de relacionarlo con el 11-M, dada la identidad de algunos procesados, y convertir sus testimonios en algo útil para desentrañar la matanza de los trenes de Madrid, o la de verlo como un asunto aislado, un simple caso de tráfico de drogas. Para que el proceso se oriente hacia una u otra tesis la clave estriba en la confirmación de la existencia de cartuchos de dinamita y detonadores automáticos. Sin dinamita en la cochera de Avilés no hay mecha que prender en este proceso y la expectación social creada por el 'caso Pipol' dejaría de estar justificada.

Queda por ver lo que darán de sí algunos testimonios como el del inspector, Manuel García, 'Manolón', ex jefe del grupo de estupefacientes de Avilés, con el que Trashorras dio a entender que tenía una gran confianza, al ser confidente suyo, y que le pasaba las informaciones. Y también el de un testigo como Lavandera Villazón, que ya hace años comunicó a la Guardia Civil que los dos cuñados tenían dinamita y pensaban darle un uso inquietante. Es difícil hacer un pronóstico, pero por las jornadas que ya llevamos del juicio oral parece que la alternativa de un 'caso Pipol' como asunto de drogas parece abrirse paso, dada la imposibilidad de contar con el testimonio del técnico que explosionó la dinamita. Para el consumo social siempre queda la dimensión puramente mediática del juicio, al que contribuyen la presencia de Trashorras y Toro. Además, pocas veces se ve a un acusado que tenga tanta facilidad de palabra como Trashorras.

Publicado por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


200 cintas grabadas por Garzón a los islamistas estaban sin traducir el 11-M

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Negligencias Judiciales

Estuvieron amontonadas sobre una mesa de la UCIE y parte de ellas estaban deterioradas cuando el juez las reclamó en septiembre de 2004. Había charlas telefónicas de 'El Tunecino', 'El Egipcio' y 20 radicales más

MADRID.- Más de 200 cintas de casete apiladas en varios montones sobre una mesa de las dependencias de la Comisaría General de Información, en concreto, en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Todas, pertenecientes a grabaciones realizadas por la Policía con autorización del juez Baltasar Garzón a varios de los implicados en los atentados del 11-M, de Casablanca y de la célula desarticulada cuando trataba, presuntamente, de volar la Audiencia Nacional. Y esas cintas se acumularon en las dependencias policiales meses antes de que se produjera la masacre de Madrid.

Las grabaciones estaban sin traducir porque el único traductor que actuaba para la Policía estaba centrado, al igual que los expertos en la lucha contra el terrorismo internacional, en un ciudadano marroquí asentado en Tarragona y sobre el que se había recibido información de su alta peligrosidad desde Gran Bretaña. Ese ciudadano nunca fue detenido por delitos relacionados con terrorismo.

Desde septiembre de 2003 se le dio prioridad a esta investigación de Tarragona y se abandonaron las pesquisas que en ese momento se estaban realizando sobre los ya entonces denominados miembros del grupo de Lavapiés, entre los que estaban algunos de los presuntos implicados en el 11-M.

Las cintas permanecieron en estas dependencias policiales hasta que, en septiembre de 2004, el juez Baltasar Garzón se las reclamó a la Comisaría General de Información.

Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, fueron muchas las cintas magnetofónicas que estaban ya deterioradas y no se podían escuchar las conversaciones intervenidas.

El juez renovó los permisos pese a que las grabaciones anteriores no eran traducidas, según le informaron al magistrado, «por razones técnicas».

Previamente, tras la matanza de Madrid, el juez requirió a la Unidad Central de Información Exterior que le remitiera un informe sobre el estado de las indagaciones sobre los sospechosos islamistas que estaban siendo investigados por su juzgado. El magistrado tuvo que insistir a la UCIE para que le remitiera el informe.

Ya desde septiembre de 2002, los agentes de la Comisaría General de Información estaban sobre la pista de un grupo de islamistas radicales, compuesto fundamentalmente por ciudadanos de nacionalidad marroquí. A esta célula la llamaron grupo de Lavapiés.

Sus integrantes tenían una visión radical del islam, se reunían periódicamente en una mezquita del sur de Madrid y en locales del madrileño barrio de Lavapiés. Su objetivo eran los herejes y los infieles.

Un mes después, la Policía logró acotar algo más las sospechosas intenciones de este grupo. Estaba delimitado perfectamente, con estrictas medidas de seguridad en las comunicaciones entre ellos. La dirección y el rol de cada uno de los integrantes estaban perfectamente definidos.

Los agentes tenían constatada ya su «peligrosidad»: los sospechosos hablaban de que para hacer la yihad no hacía falta ir a Bosnia ni a Afganistán o cualquier otro territorio musulmán que consideraran ocupado por infieles.

Apostaban por atacar a los herejes en Marruecos o en España, sin distinción de país.

En ese momento ya se produjo un punto de inflexión en las actuaciones policiales. Los investigadores acudieron a la Audiencia Nacional con nombres, direcciones, vehículos y teléfonos. Y ya se pidió autorización para la intervención telefónica de los números utilizados por los sospechosos.

La actuación policial no fue, como es habitual, a través de Tepol al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional para que fuera a reparto. Los agentes acudieron directamente al magistrado Baltasar Garzón, ligando estos datos del grupo de Lavapiés con el sumario 35/01 sobre la operación Dátil.

El juez instructor autorizó las intervenciones telefónicas en el marco de unas diligencias previas nuevas, las 396/02, fuera del anterior sumario, ya que no había vinculación.

En esos momentos, los investigadores tenían centrados a numerosos integrantes de ese grupo. Varios de ellos se presume que participaron en los atentados de Casablanca y en la masacre de Madrid el 11-M, y otros formaban parte de la célula islamista que se supone que preparaba un atentado contra la Audiencia Nacional.

Así, en el marco de la denominada operación Esfera (anteriormente denominada Sancristóbal) se controló a Mustapha Maymouni, actualmente en prisión por su relación con los atentados de Casablanca.

También figuraba Mohamed Ouazzani, presuntamente implicado con el comando que pretendía volar la Audiencia Nacional y que fue desarticulado en la operación Nova.

En los informes policiales figuraba también uno de los presuntos líderes de la célula autora del 11-M, Serhane ben Abdelmajid, El Tunecino.

También se controló a Mohamed El Egipcio, otro de los presuntos máximos responsables de la masacre de Madrid. Otro de los procesados por esta matanza, Mohamed Larbi ben Sellam, también era seguido desde entonces por la Policía. Está procesado por el 11-M. Otro integrante de la célula desmantelada en la operación Nova, Faissal Allouch, también estaba bajo vigilancia de los agentes de Información desde finales de 2002.

A partir de ese momento, todos los datos sobre las actuaciones de este grupo fueron a parar a manos del juez Garzón. Hasta 20 teléfonos fueron intervenidos. Se le pasaban informes periódicos al juez del avance de las investigaciones.

Durante meses, los teléfonos de algunos de los principales implicados en el 11-M estuvieron pinchados con autorización del juez instructor de la Audiencia Nacional.

La estructura del grupo, las filiaciones de sus miembros, sus domicilios, sus vehículos, sus negocios, mezquitas donde se reunían...todo, según explicaron fuentes de la investigación, estuvo en el juzgado de este magistrado.

Es tras el atentado de Casablanca, en mayo de 2003, cuando el juez convierte las diligencias previas 396/02 en el sumario 9/03.Tras esta masacre, la Policía marroquí detuvo a Mustapha Maymouni, al que la Policía española consideraba como el líder del grupo de Lavapiés.

Pese a este atentado en tierras marroquíes, ni desde la Policía ni desde el juzgado de Baltasar Garzón se tomaron más iniciativas ni se decidió actuar contra esta célula, estrechamente relacionada con Maymouni.

De hecho, ni las vigilancias sobre los sospechosos se incrementaron, según explicaron las mismas fuentes.

En septiembre de 2003 se tuvo conocimiento de que en Tarragona había un ciudadano llamado Mohamed Berzizoui que podría formar parte del terrorismo islamista, según la información facilitada por un servicio secreto extranjero.

Pese a que no había vínculos conocidos entre este sospechoso y los integrantes del grupo de Lavapiés, es de nuevo el juez Baltasar Garzón el que se hace cargo también de estas pesquisas y autoriza la intervención de su teléfono en el marco del sumario abierto por el atentado de Casablanca.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, y enero, febrero y marzo de 2004, toda la actividad del grupo que estaba controlando a los de Lavapiés se trasladó a Tarragona para controlar exclusivamente a este sospechoso.

Pinchazos sin traducción

Por ello, se dio prioridad a la traducción de las conversaciones del teléfono de este sospechoso, aunque se siguieron pinchando ininterrumpidamente los teléfonos de Lavapiés, pero no traduciendo las conversaciones que se captaban.

Pese a que las pesquisas estaban centradas en Tarragona y el seguimiento a los de Lavapiés se había semiabandonado, el juez siguió prorrogando las escuchas sobre los integrantes de esta célula.

Finalmente, las pesquisas sobre Berzizoui no fueron a ningún sitio, y nunca fue detenido en España. Pero, por este motivo, sí se estuvo durante cinco meses, los cinco meses previos al atentado del 11-M en Madrid, interviniendo los teléfonos de algunos de los principales implicados en la masacre de Madrid, pero siempre sin llegar a traducir las conversaciones.

De esta forma, todo el trabajo de prevención de atentados terroristas internacionales en España fue baldío, y no se llegó a aprovechar ni la orden judicial de intervención telefónica, ni el trabajo policial realizado a tal efecto.

Información de Fernando Lázaro publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Los viajes del magistrado

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Negligencias Judiciales

Meses antes de los atentados Garzón se desplazó con cinco licencias de estudios a México, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú

MADRID.- Meses antes de que se cometieran los atentados de Madrid, Baltasar Garzón estuvo tres veces en México, viajó a Brasil, visitó Bolivia y permaneció una semana en Ecuador y Perú. Entre abril de 2003 y febrero de 2004, el juez de la Audiencia Nacional disfrutó de hasta cinco licencias de estudios concedidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Garzón es, sin duda, el miembro de la Judicatura que más licencias ha obtenido para viajes al extranjero. Mientras en su Juzgado de la Audiencia Nacional instruía los sumarios contra ETA/Batasuna o los terroristas islamistas, Garzón ha sabido organizarse para realizar frecuentes desplazamientos al extranjero bajo el formato de licencias de estudios, un sistema de permisos fundamentalmente destinado a que los jueces mejoren su formación en materias relacionadas con la función jurisdiccional, aunque en la práctica está teniendo un contenido más amplio y cubre desde el dictado de conferencias hasta la participación en programas de cooperación internacional o las estancias de idiomas en el extranjero.

Gracias a una generosa política de permisos del órgano de gobierno de los jueces, el magistrado se ha desplazado a medio mundo, siendo sus destinos preferidos los países de Iberoamérica, donde ha adquirido protagonismo por haber iniciado procesos penales contra responsables de las dictaduras militares.

En 2003, obtuvo cuatro licencias de estudios: del 8 al 12 de abril, para asistir a un seminario sobre terrorismo y procesos de paz en la universidad mexicana de Puebla; del 26 al 29 de mayo, invitado por la Procuraduría de Río de Janeiro y Recife (Brasil); del 5 al 7 de noviembre, para participar en un seminario internacional de derecho en Bolivia, y del 2 al 4 de diciembre, para impartir una conferencia en la Universidad de Guadalajara (México).

Durante 2004, un mes antes del 11-M, el Consejo le autorizó una licencia para impartir conferencias en Ecuador, México y Perú entre el 16 y el 24 de febrero.

Asimismo, disfrutó de otras cuatro licencias a lo largo del año: del 26 al 30 de junio, para lo mismo en San Diego (California); del 13 al 15 de septiembre, para participar en la IV Conferencia de Seguridad Pública para América del Sur en Porto Alegre (Brasil); del 23 al 30 de septiembre, para intervenir en las II Jornadas Hispano-Mexicanas de Derecho Penal en Tabasco (México); y el 5 de octubre, para participar en un coloquio sobre terrorismo en Bruselas.

El CGPJ le ha concedido numerosas licencias de corta duración y también un superpermiso sin precedentes que le permitió residir en Nueva York durante un año y tres meses, desde marzo de 2005 a junio de 2006, para desarrollar «actividades de docencia e investigación» sobre terrorismo internacional.

Garzón aprovechó su estancia para realizar actuaciones tan variadas como entrevistarse en mayo de 2006 con el secretario general de la ONU, Kofi Annan (al que, según un comunicado difundido por Naciones Unidas, «informó de su experiencia en el último año como profesor e investigador en el Centro Juan Carlos I de la Universidad de York»), o hacer de testigo de un acuerdo entre las autoridades de Colombia y aborígenes del Cauca en septiembre de 2005.

Antes de trasladarse a EEUU, el juez se fue a Bruselas (Bélgica) en febrero de 2005 para participar en un seminario sobre el Tribunal Penal Internacional organizado por el Parlamento europeo, y en enero viajó a La Haya (Holanda) a una reunión de Eurojust sobre terrorismo islámico.

Tras su regreso de Nueva York, Garzón ha continuado su periplo internacional con licencias concedidas por el Consejo. El 2 de octubre se desplazó a Colombia para intervenir en un seminario-taller sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El permiso se prolongaba hasta el día 6, pero el juez optó por regresar a España el día 3 ante la polémica suscitada por su actuación en el caso de los peritos del 11-M. Veinte días después, volvió a Colombia.

Información de María Peral publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Las cintas, otra negligencia más de la policía y de Garzón (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Negligencias Judiciales

La investigación sobre el 11-M que está llevando a cabo EL MUNDO tiene dos caras distintas: de un lado, el esfuerzo por desvelar los enigmas sin aclarar o los hechos cuya versión oficial no es convincente. Del otro, el examen de la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad y del sistema judicial en la persecución de la trama islamista que participó en la masacre.

No faltará quien a continuación objete que EL MUNDO incurre en una contradicción: apuntar a la trama islamista cuando en otras ocasiones hemos señalado hacia otras hipótesis. No hay tal contradicción porque la implicación islamista es compatible con otra trama superpuesta o complementaria. De lo que no hay ninguna duda es de que un grupo de islamistas participó en los atentados del 11-M bien como autores materiales, bien como cortina de humo. Nunca hemos negado esta evidencia.

Nuestro periódico aporta hoy una importante revelación que tiene mucho más que ver con ese segundo aspecto de la ineficacia policial y judicial en la prevención del macroatentado de Madrid. El MUNDO publica que más de 200 cintas con conversaciones grabadas de implicados en la masacre y personas de su entorno permanecieron durante muchos meses sin traducir en las dependencias policiales.

Esas cintas contenían conversaciones de El Tunecino, El Egipcio y Mohamed Larbi, tres personas clave en el 11-M. Fueron grabadas por orden del juez Baltasar Garzón en los últimos tres meses de 2003 y en los primeros de 2004. Esos y otros fanáticos musulmanes hablaban entonces de la necesidad de llevar la guerra santa a Occidente. Pero seis meses antes de la masacre, la Policía dejo de traducir ese material por falta de medios para centrarse en un supuesto líder islamista de Tarragona.

Nunca sabremos si de haberse traducido esas cintas a tiempo se habría podido evitar el 11-M, entre otras razones, porque buena parte de ellas quedaron tan deterioradas que nadie pudo escuchar ya su contenido. No es más que una conjetura, pero el hecho es que permanecieron amontonadas en un despacho. Garzón las reclamó seis meses después del 11-M y en el día de hoy no sabemos qué ha hecho con esas cintas. ¿Se las ha remitido, como sería lógico, al juez Del Olmo?

No estamos diciendo que el juez Garzón sea el único responsable de esa negligencia, ya que la Policía Nacional carecía entonces de traductores de árabe, entre otras muchas carencias para prevenir el terrorismo islámico. Pero sí se le puede reprochar la falta de diligencia en los muchos asuntos que instruye, su escaso rigor y tenacidad y, en este caso concreto, su fallo en la valoración de la importancia de las cintas.

En el año 2003, Garzón obtuvo cuatro permisos para ausentarse de España y, al año siguiente, otros cinco. Alguno de ellos, de más de una semana. Si en lugar de dedicarse al estrellato mediático, el juez hubiera dedicado más atención a los asuntos que instruía, tal vez habría investigado con más acierto sumarios como los del terrorismo islámico, auténticos ejemplos de chapuza judicial.

Lo dicho vale para la actuación de la Guardia Civil en Asturias, que obró con muy poca diligencia para investigar los chivatazos sobre Toro y Trashorras cuando éstos estaban procesados por tenencia ilícita de explosivos.

El cierre del sumario del 11-M no va a permitir profundizar en los muchos errores y negligencias cometidas por las Fuerzas de Seguridad y el sistema judicial. La propia actitud -realmente inaudita- de Garzón en el sumario de los peritos revela sus ansias por contribuir a dar carpetazo a todo lo que tenga que ver con el 11-M para diluir así las huellas de sus muchas equivocaciones. Pero El MUNDO seguirá hasta el final la investigación de la masacre, tanto en lo que atañe a quienes fueron los autores materiales y a quienes les indujeron a actuar como a los fallos del aparato del Estado.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"La ley y las normas de calidad" por Fernando Peregrin

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

El autor, uno de los mayores expertos en Europa en la normativa sobre control de calidad, cuestiona desde una perspectiva técnica la validez del informe que firmó el jefe de sección de la Comisaría General de la Policía Científica, Francisco Ramírez

Hemos visto en un artículo anterior (”Con la excusa de la calidad” publicado en EL MUNDO el pasado sábado) que, en el ámbito de las normas internacionales sobre el aseguramiento y control de calidad, no se sostiene la consideración de borrador que se ha querido dar al informe original de los peritos que recibieron las muestras del ácido bórico y realizaron los ensayos químicos pertinentes, emitiendo en consecuencia un informe del resultado en el que se detallaron las técnicas analíticas que condujeron a dicho resultado.

Tampoco se sostienen los procedimientos irregulares seguidos por ciertos responsables del laboratorio para cambiar unas observaciones que figuraban en el documento original y que se juzgaron por parte de dichos responsables como improcedentes, cuando no erróneas.

Ahora bien, ¿se podría considerar, con las oportunas salvedades, el informe original de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, a efectos de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), como un borrador del informe pericial que finalmente emitió y firmó el jefe de sección de la Comisaría General de la Policía Científica, Francisco Ramírez?

Si así fuese, se podría admitir que, aunque no se han respetado las más elementales normas de aseguramiento y control de calidad de carácter internacional relativas a los laboratorios de ensayo, al menos cabría la interpretación de que el informe original es un documento técnicamente válido según las reglas de todos los sistemas de calidad vigentes, pero que sólo ha servido, dadas las observaciones que en él se incluían, como borrador para el informe final, que es el único oficial y el único que tiene, según los responsables de la Policía Científica, la consideración de informe pericial.

El primer escollo para esta interpretación de lo actuado por el señor Ramírez -con, al parecer, el consentimiento de sus superiores- podría provenir del artículo 459 de la LECr, que dice textualmente que «todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos» (en este caso no se puede tomar en consideración, por razones obvias, la salvedad que hace la ley para la circunstancia en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuese posible la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario).

El informe que emitió el señor Ramírez lleva sólo su firma, por lo que, en principio, parece que carece de validez como informe pericial; y se daría además la incongruencia de que el pretendido borrador, por el contrario, va firmado por tres peritos. Empero, hay sentencias del Tribunal Supremo que permiten que se emitan y firmen informes periciales por un responsable de la unidad técnica o científica que ha realizado el peritaje. Sirva como ejemplo una bien reciente, la sentencia 1302/2005. En ella se puede leer:

«Precisamente, por las condiciones de laboratorio público, dotado de la imparcialidad que caracteriza la función de la Administración pública y por la naturaleza oficial del laboratorio, que incorpora a varios profesionales que trabajan en el mismo, la jurisprudencia de esta Sala ya admitió que los informes periciales firmados por una persona, como responsable del laboratorio oficial, rellenaban la exigencia de pluralidad de peritos que exige el artículo 459 para las causas tramitadas en el procedimiento ordinario por delitos».

Obsérvese que esta sentencia, como otras, se refiere a informes periciales firmados por responsables de laboratorios u otros departamentos e instituciones de la Administración pública, a la que se le supone imparcialidad. Es decir, que el responsable debe firmar como tal y no como autor de unos ensayos u otras actuaciones que no ha llevado a cabo. Sin embargo, para que estos informes se puedan considerar periciales, han de cumplirse unos requisitos, tal y como se especifica, más adelante, en esta misma sentencia:

«En el presente procedimiento, el Ministerio Fiscal, en el escrito de acusación, comprendió en su relato la naturaleza y cantidad de las sustancias aprehendidas tal y como aparecían en los folios 33 a 36, que documentaban el informe emitido por la dependencia de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en el que constan la intervención de distintas personas que han intervenido en la cadena de custodia de la sustancia tóxica y la identificación de la sustancia tras la analítica realizada. Dicho Ministerio Fiscal propuso, como medio probatorio documental, todos los folios de las actuaciones».

Para que tenga validez de informe pericial el firmado por un responsable y no por los autores del acto pericial en sus diferentes etapas o procesos, es necesario que en dicho informe conste la intervención de las distintas personas que han intervenido en la cadena de custodia de la prueba material objeto del peritaje y en el acto de su identificación tras la analítica realizada, caso de ser ésta pertinente y necesaria. Y que, además, sea posible probar documentalmente todas y cada una de esas actuaciones.Lo cual es, además, lo que se exige en el artículo 478 de la LECr.

Difícilmente se puede argüir que lo sucedido en el llamado caso del ácido bórico se corresponde con la jurisprudencia del Supremo relativa a los informes periciales, pues las irregularidades denunciadas ante el Juzgado de Instrucción que se ocupa de este caso han dañado seriamente la llamada cadena de custodia de la prueba, que no se ha roto del todo precisamente porque los peritos Escribano, López y Manrique han conservado la documentación necesaria para permitir, a posteriori y una vez exigida esta reparación por la juez Gemma Gallego, recuperar la trazabilidad del proceso y, por ende, mantener la cadena de custodia. En suma, que la jurisprudencia actual del Supremo está, en estas cuestiones que contemplamos, en completa sintonía con todos los sistemas europeos e internacionales de aseguramiento y control de calidad relativos a los laboratorios de ensayos.

Otra cuestión que se ha sacado a la luz es la de si la titulación del señor Ramírez era la adecuada para firmar como autor de la analítica -aunque no la hubiese realizado- el informe pericial que se ha presentado por los máximos responsables de la Comisaría de General de la Policía Científica como informe oficial o informe pericial final. Esta posible discusión tiene, como todo el caso que analizamos, dos facetas.

Una, la legal; esto es, lo que dictan la LECr y las correspondientes sentencias tocantes a esta cuestión. De hecho, la LECr, en su artículo 457, define a los peritos de forma que puedan ser o bien titulares, en virtud de que están en posesión de un título oficial de una ciencia o arte cuyo oficio esté reglamentado por la Administración o bien no titulares, que son aquellos que, careciendo de título oficial -y, por extensión, que tuviesen una titulación no relacionada con el objeto de su peritaje-, tienen, sin embargo, conocimiento o práctica especiales en alguna ciencia o arte.

Curiosamente, y con anterioridad, en el artículo 356 se requiere que, para las operaciones de análisis químico que exija la sustanciación de los procesos criminales, éstos sean practicados por doctores en Medicina, en Farmacia, en ciencias fisicoquímicas o por ingenieros que se hayan dedicado a la especialidad química, aunque en la continuación del texto de ese mismo artículo se precisa que si no hubiere doctores en aquellas ciencias, podrán ser nombrados licenciados que tengan los conocimientos y práctica suficientes para hacer dichas operaciones. En suma, que la titulación del señor Ramírez es de las denominadas de ciencias y, en principio, dada la titulitis que padece mucha de nuestra legislación, este funcionario estaría plenamente capacitado para que se le considerara como perito titular.

La segunda faceta del asunto de la titulación necesaria y suficiente para emitir y firmar informes periciales tiene que ver otra vez con las normas del sistema de aseguramiento y control de calidad que rijan en el laboratorio Químico-Toxicológico de la Policía Científica española. En particular, en lo que se fije en el apartado o capítulo de requisitos técnicos del personal del laboratorio.Las normas internacionales sobre sistemas de aseguramiento y control de calidad -en particular, las de aplicación en los laboratorios de análisis y calibración (UNE-EN ISO/IEC 17025 o la anterior, EN 45001, complementada con la Guía ISO/IEC 25)-, más que en las titulaciones oficiales se centran en la capacitación del personal de un laboratorio para realizar las distintas tareas que son de su competencia. Capacitación -teórica y práctica- que debe estar siempre convenientemente puesta al día y justificada mediante la oportuna documentación.

Así, pongamos por ejemplo, una licenciatura en Ciencias Químicas no siempre es suficiente para que quien la tenga -sin más formación teórica ni práctica, o ambas- pueda ser considerado capacitado para ejecutar determinadas técnicas analíticas que requieran de unos conocimientos y unas pericias muy concretas y extraordinariamente complejas (lo que no es el caso, dicho sea de paso, de la identificación de una sustancia tan común y conocida como es el ácido bórico).

Quizá este caso del ácido bórico pueda servir, entre otras cosa, para que los legisladores adecúen las leyes y la Administración, sus funciones y servicios, al cambiante mundo de la gestión basada en el aseguramiento y control de la calidad, una de las claves del desarrollo exponencial de industrias y servicios en las sociedades en las que la ciencia y la tecnología son el motor principal de sus economías.

Fernando Peregrín fue presidente de un comité técnico del Comité Europeo de Normalización, relacionado con sistemas de calidad en el sector de la sanidad.

Publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Ramírez vulneró la «trazabilidad» (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

Fernando Peregrín, ex presidente del Comité Técnico del Comité Europeo de Normalización, analiza hoy en un excelente artículo en nuestro periódico -la segunda parte del publicado el pasado sábado- si el proceder de Francisco Ramírez, jefe de los peritos, se ajustó a las normas de calidad cuando decidió firmar el análisis sobre el ácido bórico que habían realizado sus subordinados. Peregrín concluye que su conducta vulneró esas normas de calidad al firmar un análisis cuyas muestras no habían estado bajo su custodia y cuyas pruebas no había realizado. Peregrín hablaba en su primer artículo del concepto de «trazabilidad», que supone documentar todas las operaciones que conducen al informe final sobre los resultados. Ramírez no respetó esa «trazabilidad» y asumió como suyos ante el juez los resultados de unas pruebas que no había realizado. No puede estar más clara la irregularidad, que desmonta las falacias de los jefes de la Policía Científica.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un jefe de los Tedax fechó la radiografía en abril sin tener competencia para ello

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: Mochila de Vallecas

El funcionario policial argumentó ante el juez Del Olmo que escribió en la placa la fecha “12-04-04” por equivocación, aunque tampoco le correspondía realizar esa labor

Madrid. La radiografía de la mochila de Vallecas, la número 13, está fechada con un mes de retraso respecto al día que en realidad debería constar en ella por un error de transcripción. Así lo explicaron los dos Tedax que declararon ante el juez Juan del Olmo cuando fueron citados en la Audiencia Nacional para aclarar el desfase de fechas.

Esa equivocación en la reseña de la placa realizada en el parque de Azorín a la mochila número 13 explicaría esta diferencia de un mes entre la fecha en que, según consta en el sumario, se realizó la radiografía y la fecha que consta en el propio documento.

El sumario del 11-M recoge que el autor de la equivocación en el fechado de la prueba fue el subinspector Cobo, segundo jefe de la unidad de los Tedax de Madrid, con carné profesional número 26.858. En sus declaraciones a Del Olmo, el subinspector explicó que escribió "12-04-04" en la placa por error.

El subinspector realizó una labor que no le correspondía. El encargado de fechar la radiografía debía haber sido el mismo tedax que la hizo aquella madrugada del 12 de marzo de 2004, el operador número uno, con carné profesional número 64.501, que acabó desactivando manualmente el artefacto. En la placa figura su número de identificación, como si él fuera quien la hubiera manuscrito. Pero, en realidad, fue el subinspector Cobo el que reseñó la placa, a pesar de que llegó al parque de Azorín después de que ésta se realizara.

La radiografía, con valor probatorio, ha acabado convirtiéndose en uno de los elementos clave de la investigación del 11-M. Después de todo, se trata de la única placa realizada a los artefactos colocados por los terroristas en los trenes de Cercanías. Ni siquiera de los dos artefactos que no llegaron a explotar en los convoyes y que fueron detonados de forma controlada por los Tedax se obtuvieron radiografías.

Aclaración

Cuando acudieron a declarar para explicar el error, el subinspector Cobo y el operador número uno explicaron al juez que, aunque el carné que figura en la prueba sea el número 64.501, fue el funcionario con carné 26.858, el subinspector Cobo, el que reseñó en ella el lugar, la procedencia de la mochila, la cantidad de radiación empleada y también la polémica fecha.

La versión definitiva de los hechos que recoge el sumario aparece reflejada en las páginas 83.304 y 83.305 del documento judicial. "Oficial del C.N.P. con carné 64.501. RADIOGRAFÍA ARTEFACTO EXPLOSIVO DEL PARQUE AZORÍN (26 de julio de 2004). Reconoce dicha placa como la realizada por el compareciente, aunque señala que el texto que aparece recogido en dos de los laterales, superior y derecho, manuscrito con rotulador azul, no ha sido redactado por él, sino por el policía con carné 26.858".

El mismo día, el subinspector Cobo reconoció ante el juez ser el autor del texto manuscrito y, por tanto, del error en el fechado de esta prueba. "Sub-Inspector del C.N.P. con carné 26.858. RADIOGRAFÍA ARTEFACTO EXPLOSIVO DE PARQUE AZORÍN (26 de julio de 2004). Que él es el redactor de la fecha que consta en la placa, y por error puso 12-04-04 cuando realmente era 12-03-04".

Los otros dos tedax que participaron en la desactivación de la mochila número 13, con los carnés profesionales 65.255 y 66.618, también corroboraron en sus declaraciones la misma versión de los acontecimientos.

Si todo no es más que una equivocación, el desfase de un mes en las fechas deja en mal lugar al subinspector y segundo jefe del grupo. El tedax Cobo cometió un error que alienta múltiples elucubraciones sobre la autenticidad de la prueba y de la propia mochila número 13.

Pero, aunque parezca difícil de creer, el fallo en la inscripción de la fecha no fue la única torpeza que se cometió aquella noche de marzo con la radiografía.

Paradero desconocido

LA GACETA ha podido saber que la reseña de la placa no se hizo justo después de efectuarla —sobre las 3.00 horas de la madrugada— en el parque de Azorín de Vallecas, como corresponde en este tipo de procedimientos, sino varias horas después y en un escenario completamente diferente. En realidad, Cobo hizo la inscripción a primera hora de la mañana del 12 de marzo de 2004 en dependencias policiales, no en el parque de Azorín, cometiendo otra irregularidad.

La otra gran chapuza que rodea a la radiografía desde hace tiempo, y que ha servido también para que planeen más dudas sobre la autenticidad de la mochila de Vallecas, es la ocultación de la placa a la Justicia. La radiografía fue ocultada al magistrado Juan del Olmo durante los cuatro meses siguientes al 11-M por el inspector Cáceres, jefe del grupo de los Tedax de Madrid.

En un primer momento, la placa fue omitida en las declaraciones de los Tedax que participaron directamente en la desactivación de la bolsa-bomba por insignificante (su mala calidad no permitió extraer conclusiones a los artificieros aquella madrugada de marzo). Pero la radiografía salió a relucir cuando el inspector Cáceres se la presentó a Del Olmo el día que acudió a declarar, el 13 de julio de 2004, nada menos que cuatro meses después de los atentados.

LA GACETA también ha podido averiguar sobre este extremo que fue el propio inspector Cáceres, con carné profesional 28.296, quien ocultó esta prueba crucial en la investigación del 11-M al magistrado Del Olmo, escodiéndola en un lugar desconocido, sin que haya llegado a aclarar nunca por qué entorpeció la investigación judicial. Como el resto de pruebas, la radiografía debía haber sido enviada a la Comisaría General de Información, encargada de realizar la investigación policial. Pero no hay rastro de la placa desde que fue mal reseñada por el subinspector Cobo la mañana del 12 de marzo de 2004 hasta que el inspector Cáceres la entregó en la Audiencia Nacional el 13 de julio de ese mismo año.

La ocultación de la radiografía durante cuatro meses motivó que el error en el fechado no se aclarara hasta el 26 de julio de 2004, día en que volvieron a declarar en la Audiencia Nacional los tres tedax que participaron activamente en la desactivación del artefacto y el propio subinspector Cobo, autor de la equivocación, para explicar al juez el motivo del desfase en las fechas.

La aclaración sobre el desfase en el fechado de este documento clave arroja luz sobre uno de los enigmas de la investigación de los atentados. Cada vez son menos las sombras pero más las evidencias que cuestionan el rigor de algunos funcionarios del Estado.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El 'número 2' de la Policía Científica admite que ordenó cambiar el informe ETA/11-M

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Reconoce ante la juez Gallego, que le mantiene imputado, que se lo notificó a su jefe, Santano

MADRID.- El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, admitió ayer ante la juez Gemma Gallego que él autorizó la alteración del informe de los tres peritos del 11-M en el que se hacía una referencia a ETA.

Mélida, que declaró como imputado, informó del asunto al comisario general, Miguel Angel Santano.

El número dos de la Comisaría General de Policía Científica declaró ayer como imputado durante dos horas ante la juez que investiga si tiene relevancia penal la alteración del dictamen elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda de un procesado por el 11-M.

En ese dictamen, realizado el 21 de marzo de 2005, los expertos de la Policía Científica incluyeron unas observaciones en las que recordaban que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y en la casa de un joven antisistema en 1999.

A partir de esos precedentes, los peritos indicaban que, «dado lo poco frecuente que esa sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas», existía la «posibilidad» de que el ácido bórico se utilizara como conservante de determinados componentes de los explosivos o para impedir la detección de éstos por perros entrenados. También apuntaban la «posibilidad de que el autor/autores de esos hechos estén relacionados entre sí o hayan tenido un mismo tipo de formación o sean los mismos autores».

En el informe oficial remitido al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, no sólo fueron suprimidas esas últimas consideraciones, sino incluso los datos objetivos sobre los casos precedentes de terrorismo en los que había aparecido ácido bórico.

El dictamen oficial fue firmado por el superior de los tres peritos, Francisco Ramírez, que el pasado viernes reconoció ante la juez que él modificó el informe de sus subordinados cuando éstos se negaron a eliminar las observaciones.

Ramírez manifestó que indicó a los peritos que había que corregir el documento después de consultarlo con Mélida, que ese día era el responsable de la Comisaría General porque el jefe de la misma, Miguel Angel Santano, estaba de permiso.

Pedro Mélida confirmó ayer durante su declaración judicial que autorizó la alteración del informe, ya que, a su parecer, contenía apreciaciones subjetivas impropias de un dictamen pericial. También aseguró que informó a Santano de lo sucedido, pero precisó que lo hizo a posteriori.

Fuentes jurídicas señalaron que, al igual que en el caso de Ramírez, la juez mantiene por el momento la condición de imputado del comisario Mélida por un presunto delito de falsedad documental.

El secretario general de la Policía Científica abandonó el Juzgado escoltado por personal de seguridad de la sede judicial y por miembros del Sindicato Profesional de Policía (SPP) que acudieron a arroparle, informa Efe. Un representante del SPP dijo a los periodistas que Mélida le pidió que transmitiera que «era una pena que un profesional intachable tuviera que pasar por esta situación» de declarar como imputado.

Por su parte, la Abogacía del Estado anunció ayer que presentará de inmediato un recurso contra la decisión de Gallego de dejar sin efecto su personación en este proceso.

Aunque la instructora aceptó el pasado día 13 la personación de la Abogacía del Estado, el lunes dictó un auto por el que deja en suspenso la decisión «en tanto no se justifique en debida y legal forma la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias».

El auto es consecuencia de una comparecencia de la abogada del Estado efectuada el pasado día 20 ante la secretaria judicial para «aclarar» que se persona «como perjudicado o responsable civil», conceptos que, subraya Gallego, son incompatibles.

La Abogacía del Estado, que también ha recurrido el secreto de las diligencias, interpreta que se quiere expulsar del proceso a quienes denuncian «irregularidades» procesales.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez «expulsa» al abogado del Estado

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

La magistrada considera que no puede personarse a la vez como perjudicado y responsable civil en la causa que investiga la supuesta falsedad del informe que relacionó el 11-M con ETA

Madrid - Diez días. Ése es el tiempo que ha durado la personación de la Abogacía del Estado en la causa que investiga la supuesta falsificación del informe que relacionaba los atentados del 11-M con ETA. Si el 13 de octubre la juez Gema Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, admitió la personación del abogado del Estado, el pasado día 23 adoptó la resolución contraria, al considerar que éste pretende ostentar una doble representación procesal, como perjudicado y responsable civil, que según la magistrada es incompatible.

Gallego -que investiga la presunta falsedad documental desde que Garzón se inhibió del asunto, después de imputar a los tres peritos que redactaron el informe y exculpar a sus mandos policiales-, mantiene en su auto que el abogado del Estado «aclaró que se le tuviera por personado en concepto de "perjudicado" y "responsable civil"». Pero esa aclaración, añade, «difícilmente permite deducir cuál ha de ser la condición en la que debe tenerse su personación en esta causa».

Esa doble consideración, dice la magistrada, «adolece de indeterminación, incluso de incompatibilidad y sin duda dificulta la adecuación del tratamiento procesal» que, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, corresponde otorgar a esa parte. En esa norma, recuerda, «no aparece precepto alguno que regule la coincidencia de ambos conceptos en el curso de la fase de instrucción». Por todo ello, Gallego acuerda dejar en suspenso la personación en la causa del abogado del Estado «sin perjuicio de ulterior resolución una vez que se justifique, en debida forma, la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias». Fuentes jurídicas explicaron que la Abogacía del Estado, que se personó por orden del Ministerio del Interior para «defender los intereses del Estado concernidos en la causa», recurrirá la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Por otro lado, los tres peritos acusados por el juez Garzón de falsedad documental consideran en el recurso presentado contra la imputación que no sólo no incurrieron en irregularidades, sino que además «deben ser premiados por su labor profesional» al persistir para que «prevalezca la verdad de su informe pericial».

En el escrito, la defensa de los peritos -que ejercen los abogados de la Confederación Española de Policía- afirma que Francisco Ramírez, jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, no aceptó el informe presentado por los agentes «en un claro abuso de sus competencias». «Los peritos, bajo su responsabilidad y sólo bajo su responsabilidad y con todas las consecuencias son quienes deben elaborar libremente sus informes, sin presiones ni coacciones». Ramírez, en ese caso, debió actuar según ellos simplemente «como coordinador o superior, pero nada más» porque entre sus misiones, añaden, «no está la de corrector o censor de informes periciales».

Sin embargo, denuncian, no quiso dar por bueno su informe «por cuanto contiene observaciones que no gustan o que disgustan al Sr. Ramírez, hasta el punto de que por primera vez en la historia de la Policía Científica, ante la discrepancia, obstruyendo la labor de colaboración de los peritos con la Justicia, se autonombra perito, pensando que le sería fácil encontrar entre sus compañeros otras dos firmas».

Mélide declara que el informe era sesgado

El secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, declaró ayer como imputado ante la juez Gallego, a quien aseguró que la conexión que establecieron los peritos entre el 11-M y ETA era una información sesgada y sin sustento científico. Mélida contó a la magistrada (que le mantuvo la condición de imputado) que explicó al superior de los peritos, Francisco Ramírez, que esas consideraciones podían remitirse como nota informativa a la Comisaría General de Información, pues excedían las características de un informe pericial. Mélida negó que dijera a los peritos que debían suprimir las referencias a ETA en el informe.

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Las declaraciones del imputado Mélida por la falsificación del Informe del 'caido Bórico'

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Mélida ratifica ante la juez del bórico que en un informe sobran las opiniones

MADRID. El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro María Mélida, ratificó ayer por la tarde ante la juez Gema Gallego la declaración que prestó el pasado 29 de septiembre ante el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Gallego, titular del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, tramita la querella que la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M interpuso por presunto delito de falsedad contra los mandos de los tres peritos que basaron en el hallazgo de ácido bórico (en manos de ETA en 2001 y en poder de un islamista procesado por el 11-M, en 2004) una hipotética relación entre ETA y los autores de los atentados de Madrid. La misma juez ha acumulado a esta querella las diligencias que practicó Garzón y que concluyeron con la imputación, también por falsedad, de los tres peritos (Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique).

Tras tomar declaración el viernes al inspector-jefe Francisco Ramírez (jefe inmediato de los peritos), la juez ha querido interrogar -también como imputado- al comisario Mélida, superior de aquél.

Mélida fue quien, como responsable máximo de la Comisaría de Policía Científica el 21 de marzo de 2005 (el comisario general no estaba en las dependencias), indicó a Ramírez que las «observaciones» que aparecían en el borrador debían eliminarse. Fuentes jurídicas han explicado a ABC que, como ya hizo ante Garzón, el comisario afirmó ayer ante la juez Gallego que las apreciaciones sobre la posible relación de ETA con los autores del 11-M eran juicios personales que no debían aparecer en un informe científico cuya única finalidad era determinar qué tipo de sustancia era la encontrada en el domicilio del islamista Hassan El Haski. Por esta razón ordenó que se eliminaran del informe antes de su remisión al Servicio de Información (departamento que había solicitado el análisis). No obstante, Mélida sugirió la opción -rechazada por los peritos- de adjuntar al informe las observaciones como «nota informativa interna» por si Información quería investigar en esa línea.

Por otra parte, la juez dictó ayer un auto con el que «deja sin efecto» la personación de la Abogacía del Estado -admitida diez días antes- por «inconcreción». La juez justifica su decisión en la imposibilidad de simultanear, por incompatibles, las condiciones de «perjudicado» y «responsable civil». Ambas habían sido reivindicadas el viernes por la abogada para poder estar presente en la declaración de Ramírez, a la que la juez no le dejó entrar por estar declarado el secreto de las actuaciones. Lo habitual en estos casos es que sólo puedan presenciar las declaraciones secretas el abogado del imputado en cuestión (en este caso Ramírez y Mélida, funcionarios públicos) y el fiscal.

Una información de Nieves Colli publicada por el diario ABC el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Un jefe policial declara que las referencias a ETA por el ácido bórico eran impropias

Madrid - La juez de Madrid Gemma Gallego interrogó ayer como imputado, durante 70 minutos, al secretario general de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, en relación con la supuesta falsedad del informe de los peritos del ácido bórico. Mélida señaló que dio instrucciones para eliminar de ese informe las observaciones que ligaban a ETA con el 11-M a través del ácido bórico porque se trataba de consideraciones impropias de un informe pericial.

La juez citó a Mélida después de que Francisco Ramírez, jefe de Analítica de la Policía Judicial, declarase ante ella que antes de pedirle a los peritos que eliminasen esas referencias consultó con Mélida.

Mélida aclaró que trató este asunto con Ramírez porque el 21 de marzo de 2005, fecha en que los peritos entregaron el informe, él estaba de máximo jefe de la Policía Científica en ausencia por vacaciones del comisario general, Miguel Ángel Santano.

La juez Gallego ha obviado por completo las diligencias del juez Garzón, que imputó a los peritos y exculpó a sus jefes.

Por otra parte, la magistrada ha dejado sin efecto la personación de la Abogacía del Estado en este caso, después de que la representación del Estado denunciase las presuntas irregularidades que estaba cometiendo la juez en el procedimiento.

Una información publicada por el diario EL PAIS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Chiste del día en EL PAIS: Se pide la imputación de los 'peritos' en el Sumario del 11-M

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: El Sumario del 11-M

Un letrado del 11-M pide que se procese a los peritos de la polémica

Madrid - El abogado Manuel Murillo, que ejerce la acusación particular en el sumario del 11-M, ha solicitado que se procese por delito de encubrimiento a los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, que relacionaron la aparición de ácido bórico en la cocina del dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí Hassan el Haski con la posible participación de ETA en los atentados de los trenes de la muerte.

El letrado pide al tribunal que se devuelvan las actuaciones al juez Juan del Olmo para que procese a los tres peritos porque "a sabiendas de que no existía ningún precedente de relación explosivos-ácido bórico, no dudaron en establecer relación del ácido bórico con los atentados y con el encontrado años antes en el registro de un supuesto miembro de ETA". De esa forma, según el letrado, los peritos intentaron "de esta forma sibilina desviar la investigación que por la policía y el juzgado, se efectuaba contra grupos musulmanes violentos que han resultado, al menos indiciariamente, responsables del acto terrorista y homicida, intentando desviar la investigación hacia la organización también terrorista ETA, que según resultados de la investigación policial y sumarial nada ha tenido que ver con los hechos que se persiguen en esta causa".

Una información de J. Y. publicada por el diario EL PAIS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Antonio Toro asegura que nunca ha comprado o vendido dinamita

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

Alega que no eran suyos los 96 detonadores hallados en su garaje El juez dice que es «inadmisible» incluir pruebas del sumario del 11-M

GIJON.- Antonio Toro Castro, imputado en el 11-M por haber suministrado presuntamente los explosivos empleados en los atentados, negó ayer haber traficado jamás con dinamita. Lo hizo durante su declaración ante el juez en la vista que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo por la llamada operación Pípol, en la que está inculpado.

Toro, que sólo quiso responder a las preguntas de su abogada, aseguró durante el interrogatorio que «nunca» había comprado o vendido dinamita. También dijo que no eran suyos -ni sabía de dónde habían salido- los 16 cartuchos de Goma 2 ECO (como la utilizada en los trenes de Madrid) y los 94 detonadores industriales encontrados en el garaje de Avilés que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, que está huido de la Justicia.

Según su versión, en julio de 2001 acompañó a la Policía a realizar un registro en ese garaje. Al encontrar los explosivos, aseguró desconocer «qué hacían allí» y aseguró que tampoco sabía de quién eran otras cajas que la Policía requisó.

Contó que las llaves del garaje se las dio a Nayo para que guardase hachís, pero no tenía ni idea de la existencia de los cartuchos de dinamita. También negó haber ofrecido explosivos a Francisco Javier Lavandera, que trabajaba en el club Horóscopo de Gijón durante el verano de 2001, como señala el fiscal en su escrito de calificación. Lavandera tendrá la oportunidad de declarar lo contrario durante su comparecencia en el juicio como testigo, prevista para el 8 de noviembre.

El acusado, que se mostró tranquilo, se negó a contestar a las preguntas del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, que había preparado para él una serie de cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y con el de explosivos.

Entre otras cosas, quería saber la relación que tenía con Rafá Zouhier, con quien coincidió en la cárcel de Villabona; de dónde procedía la dinamita que se encontró en el garaje; si ésta era de su cuñado, o si tenía entre 50 o 150 kilos más de explosivos en otro domicilio de Avilés que nunca fueron encontrados por la Policía.

En la segunda jornada del juicio, la abogada de Toro solicitó que su cliente pudiera permanecer sin esposas, como había hecho el día antes el letrado de Trashorras. Pero de nuevo el jefe de seguridad se negó.

Toro y Trashorras comparecen en este juicio acusados de un delito de tráfico de drogas y tenencia y depósito de explosivos. La Fiscalía pide para ellos un total de 17 años de prisión y sendas multas de 218.000 euros.

Por otro lado, el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, aseguró al inicio de la vista que «es inadmisible» incluir pruebas que se encuentran en el sumario del 11-M en la vista por la operación Pípol porque «proceden de otro proceso penal, posterior y aún en curso, que está a la espera de juicio». Por ello, el pasado lunes se negó a incluir las pruebas testificales, documentales y periciales que pedía la Fiscalía y que procedían en algunos casos de la Audiencia Nacional.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El despliegue de ABC en el juicio de la 'Operación Pipol'

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El Tribunal del «caso Pipol» rechaza pruebas relacionadas con el 11-M

GIJÓN. El tribunal que juzga el llamado «caso Pipol» -en el que se sientan en el banquillo los procesados por el 11-M Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro- pruebas relacionadas con los atentados de Madrid. Durante la segunda sesión del juicio declararon otros ocho de los 20 acusados, entre ellos Antonio Toro (en la imagen). Todos ellos negaron haber introducido droga en Asturias y haber formado parte de bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Una información de la Agencia EFE publicada por el diario ABC el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (25 de octubre de 2006): Declara Antonio Toro

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

Antonio Toro: «La dinamita del garaje no era mía; yo ni siquiera tenía las llaves para entrar»

El avilesino asegura que nunca «antes de ser detenido por la "operación Pípol"» compró, vendió o portó explosivos ni se los mostró a persona alguna. «La dinamita no era mía; yo ni siquiera tenía las llaves para entrar». Antonio Toro se desmarcó así ayer de las acusaciones vertidas por el fiscal José Perals, quien sostiene que el material explosivo encontrado en 2001 en el garaje de Avilés lo tenía almacenado para venderlo después. El joven aseguró que nunca antes de su detención en la «operación Pípol», en julio de 2001, compró, vendió o transportó dinamita, en contra de lo que sostiene el testigo Lavandera. El juicio, en el que ayer cuatro de los acusados reconocieron los cargos que presentó contra ellos el fiscal, continuará hoy con la declaración de José Emilio Suárez Trashorras.

Gijón. Antonio Toro (Avilés, 1977), acusado de tráfico de drogas y explosivos en la «operación Pípol» y procesado por los atentados del 11 de marzo, aseguró ayer en Gijón que nunca «con anterioridad al 25 de julio de 2001 -fecha en la que fue detenido por la investigación en Asturias-» compró, vendió o portó dinamita en su coche o se la mostró a alguna persona. Su declaración fue meteórica, por la rapidez: el joven se negó a responder a las preguntas del fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, y sólo lo hizo a las planteadas por su defensa, representada por la abogada María Teresa Suárez.

Fue la propia letrada la que, por dos veces consecutivas, puso el matiz de «con anterioridad al 25 de julio de 2001» en sus preguntas, probablemente para desvincular al joven del proceso abierto contra él por el 11-M, donde está procesado por tráfico y transporte o suministro de explosivos junto a su todavía cuñado José Emilio Suárez Trashorras. Con idéntica coletilla en cuanto a las fechas, aseguró que tampoco nunca compró, vendió o almacenó cocaína.

Cuando ya parecía que la sesión iba a finalizar -era cerca de la una y media de la tarde-, el presidente de la sección octava de la Audiencia Provincial, Bernardo Donapetry, llamó a declarar a Antonio Toro. El joven, con 29 años casi recién estrenados y con un aspecto menos apabullante de lo que aparenta en la ya amplia galería de fotografías suyas publicada, se acercó a la silla de los acusados esposado y flanqueado por dos policías. Su versión no sonó a nuevo: ya se había dicho y plasmado en papel en varias ocasiones. Ayer, la novedad era sólo escucharle.

Dejaba construir frases e interrogantes a su abogada, que prácticamente él se limitaba a zanjar con unos escuetos «sí» o «no». Explicó que, cuando se desarrolló la «operación Pípol», en 2001, él se dedicaba a la compraventa de coches usados. No tenía licencia. Por eso, dijo, «en la declaración en el Juzgado dije que no tenía ingresos de ningún tipo y que no realizaba ninguna actividad. En el momento en que salí de prisión -actualmente está de nuevo encarcelado por el 11-M-, saqué el permiso y adquirí un local».

El interrogatorio llegó por fin a la fecha en la que fue detenido, el 25 de julio de 2001. Ese día, el Cuerpo Nacional de Policía encontró en un garaje que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo» (huido de la justicia), y Suárez Trashorras 54 kilos y medio de hachís de distintas purezas, 16 cartuchos de dinamita industrial goma-2 Eco, de una medida de 26 por 200 milímetros cada uno, y 94 detonadores eléctricos industriales. La dinamita, explicó, «apareció en una esquina del garaje. Desde el primer momento dije que no sabía que estaba allí y que no tenía nada que ver con ella. No era de mi propiedad». También había «unas cajas con trastos», añadió.

El joven avilesino explicó que los agentes de Policía que realizaron el registro entraron en el garaje «con unas llaves que José Ignacio Fernández tenía en el coche».

-¿No tenía usted llaves del garaje?, le contrapreguntó su abogada.

-No -dijo-, sólo tenía las de mi casa. Yo nunca tuve llaves de ese local. Nunca accedí a él por mi cuenta.

-Entonces, el hachís que encontró la Policía, ¿cómo llegó allí?

-Porque se lo di a José Ignacio para que me lo guardara.

Según el fiscal, que pide para Toro 17 años y medio de prisión por tráfico de drogas y explosivos, Toro trabajaba para el gallego Marcos B. M. y era el encargado de transportar la misma de Galicia a Asturias por carretera. También, según la fiscalía, hacía «funciones de vigilancia» en los viajes al Sur para adquirir hachís. Perals afirma que para él trabajaban a su vez Trashorras y Nayo.

Según el fiscal, los tres se dedicaban además a la venta de cartuchos de dinamita goma-2 Eco. En concreto, explica, en el verano de 2001, Toro y Trashorras le ofrecieron dinamita en, al menos, tres ocasiones a Francisco Javier Lavandera, testigo del 11-M y entonces portero del club Horóscopo. Perals sostiene que Antonio Toro llegó a enseñarle a este último dinamita «en perfecto estado de uso y conservación» en el centro de Gijón, cuando la trasladaba en el maletero de su vehículo.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El infructuoso cuestionario del fiscal

El fiscal José Perals, ante la negativa de Toro a responderle a sus preguntas, únicamente pudo enumerar, una a una, las cuestiones que tenía preparadas -para que quede constancia de ellas- sobre su relación con el resto de acusados en el proceso, las conversaciones «pinchadas» por la Policía o su supuesta relación con tráfico de hachís y de explosivos. Éstas son algunas de las preguntas formuladas:

- ¿A qué se dedicaba en 2001? ¿Conocía a Trashorras? ¿Cuándo le conoció y por qué motivo?

- ¿Sabía si Trashorras estaba jubilado de la mina o le consta si tenía acceso a explosivos? ¿Sabía si ese explosivo era dinamita?

- ¿Conocía a Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», y a Marcos B. M. (su presunto «jefe» gallego)? ¿Actuaba a las órdenes de Marcos?

- ¿Es su cumpleaños el 13 de junio? Ese día recibió numerosas llamadas de felicitación (lo que podría servir para identificarle en las conversaciones), entre ellas la de su hermana Carmen, que le preguntó si iba ya para Galicia. ¿Por qué se enfadó y le dice que no hace falta que diga adónde va?

- (Le da un número de teléfono) ¿Era usted quien lo usaba? Desde él llamó a ADA y dio sus datos personales (nueva posible identificación). En otra ocasión da hasta sus datos bancarios, y en otra dice: «Soy Toro», y habla de dinero, cantidades y «movidas». ¿Qué movidas?

- ¿Le daba órdenes a Emilio Suárez Trashorras?

- La persona a la que usted llama Fran (en las conversaciones telefónicas grabadas), ¿es Francisco Javier Lavandera Villazón?

- ¿Por qué a finales de junio Lavandera le da instrucciones para que usted pueda llegar a su casa?

- ¿Tenía el garaje alquilado con Trashorras y Nayo? ¿Se guardaban allí hachís, dinamita y detonadores?

- ¿Conoce a Rafá Zouhier? ¿De qué y en qué circunstancia?

- ¿Tenía entre 50 y 100 kilos de dinamita en otro domicilio de Avilés? ¿La guardaba allí? ¿Se la ofreció a Lavandera?

- Estando en prisión, ¿fue a verle Trashorras? ¿Le dio instrucciones sobre la venta de dinamita?

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El sorprendente interés de la cúpula de Interior

Gijón. Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad con el PP, fue alertado de que la Policía asturiana había entrado en un garaje de Avilés donde existían explosivos, la «operación Pípol» ahora juzgada, a los pocos minutos de producirse la operación, según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA de personas conocedoras de aquella intervención. La actuación policial era en aquel momento una más, y en Asturias sorprendió el inusitado e instantáneo interés de la cúpula de Interior por la misma Ni siquiera los explosivos intervenidos habían sido trasladados todavía a la sede del Tedax en Oviedo, ni los máximos mandos policiales de Asturias sabían qué tipo de material se había incautado cuando ya la Jefatura de Madrid estaba al tanto y exigía explicaciones.

Astarloa habló con el entonces comisario general de Información, Jesús de la Morena, y éste llamó con urgencia a Juan Carretero, por aquellas fechas jefe superior de Policía de Asturias. Carretero se encontraba de vacaciones, jugando al golf en Huelva. No tardó en utilizar el móvil para llamar a José Villar del Saz, entonces comisario jefe de Gijón y responsable de la operación antidroga en el garaje de Toro y Trashorras, para enterarse. Pero tampoco éste estaba al tanto todavía de lo que hacían sus hombres. ¿Quién y por qué avisó a Astarloa? Secreto. El origen del desmedido interés de los mandos -estamos hablando de 2001- por la «operación Pípol» sigue siendo hoy un misterio.

Una información de F. C. publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Perals replica que el tribunal «difícilmente pudo valorar las pruebas negadas porque ni las miró»

El fiscal afirma que su objetivo era «buscar la verdad histórica», y el juez matiza que rechazó los documentos, entre ellos el informe que vincula a Toro y a Trashorras con dinamita, por «improcedentes, impertinentes, innecesarios y extemporáneos»

Gijón. El malestar mueve ficha. El presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, Bernardo Donapetry, matizó ayer que la razón por la que anteayer, lunes, rechazó las nuevas pruebas presentadas por el fiscal José Perals -entre ellas, un informe que vincula a Toro y a Trashorras con la tenencia de dinamita- es que se trata de cuestiones «improcedentes, extemporáneas, impertinentes e innecesarias» y que podrían poner en peligro el derecho de los acusados a ser juzgados por un tribunal imparcial. Perals, que presentó una «respetuosa protesta» a los motivos alegados por el magistrado, replicó a la Sala que «difícilmente» pudo valorar las pruebas presentadas «porque ni siquiera llegó a examinarlas o verlas, al contrario de lo que hizo con uno de los abogados de la defensa», que igualmente aportó un documento de última hora y, sin embargo, sí fue aceptado por el tribunal.

El fiscal especial antidroga rebatió -apoyándose en ocasiones en jurisprudencia del Tribunal Supremo- cada uno de los adjetivos utilizados por Donapetry e insistió en que se trata de pruebas «perfectamente válidas» desde el punto de vista procedimental. Entre ellas se encuentra un informe pericial elaborado por el laboratorio químico toxicológico de la Comisaría General de la Policía Científica en el que figura que la muestra recogida el 25 de julio de 2005 en el garaje que Antonio Toro Castro compartía con su cuñado Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», en Avilés, era dinamita. Se trata del único documento escrito que deja constancia de este hecho, fechado el 30 de agosto de 2004, a los tres años de la «Operación Pípol» y sólo cinco meses después de los atentados de Madrid. Hasta ahora únicamente se contaba con la declaración -oral- de los policías y el tedax que encontraron el material. «Al ministerio fiscal», continuó Perals, «le cuesta entender los motivos» del rechazo y destacó que el «verdadero objetivo del procedimiento es conocer la verdad histórica. Ninguna de las pruebas solicitadas se refiere a procedimientos anteriores -en clara alusión al 11-M-, sino a hechos ocurridos en 2001».

Perals descartó además que la inclusión de las pruebas ponga en peligro la imparcialidad del tribunal para juzgar. «Ésta», afirmó, «se presume y no se pone en duda». El fiscal calificó las pruebas presentadas (dos documentales y dos periciales) de «aclaratorias, pertinentes y necesarias» y justificó nuevamente la tardanza en la presentación. En el caso concreto del informe, que incluye tres fotografías de los cartuchos incautados y los detonadores, reiteró que la fiscalía tuvo conocimiento de su existencia el pasado sábado.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


José ¿Luis? Suárez Trashorras

Gijón. ¿Alguien sospechaba que, a estas alturas, alguien no conocía a José Emilio Suárez Trashorras? Quizás no. Lo cierto es que ayer, durante el juicio por la «Pípol», una curiosa confusión llevó a uno de los abogados a llamar al avilesino José Luis Suárez Trashorras. Hubo caras de sorpresa en la sala, y alguna más de sorna.

La misteriosa carpeta

Y, para cara de sorpresa, la que le quedó al propio Suárez Trashorras cuando el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, ordenó que le quitaran una carpeta que su letrado, Gerardo Turiel de Castro, le entregó al final del juicio. «Esa carpeta, por favor, que la coja el abogado. No le dejarán entrar con ella en Villabona», dijo el juez.

Avería que vale cárcel

En una jornada más relajada, donde todo seguía el patrón del primer día (pero con mucha menos gente alrededor) hubo incluso quien llegó al juicio con media hora de retraso. A uno de los acusados, Pedro J. C. y a su letrado, una avería en el coche con el que se desplazaban a Gijón les dejó «tirados» en la carretera. Una vez en el juicio, recibieron la reprimenda del presidente, Donapetry, que les exigió puntualidad para la sesión de hoy. De hecho, el ministerio fiscal ya había incluso solicitado la suspensión del juicio para el acusado y su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Tras las explicaciones pertinentes, la petición fue retirada y el juicio continuó su curso. «No vamos a tener tanta paciencia en otra ocasión», sentenció Donapetry.

Déjele que se «explaye»

El magistrado Bernardo Donapetry permitió ayer que uno de los acusados, David G. D., hablara y hablara, sin apenas dejar que interviniera el ministerio fiscal. «Déjele que se explaye», dijo el presidente del tribunal a José Perals cuando éste le pidió que «parara» al joven. «Ya que me solté un poco...», dijo éste. «Es que estoy nervioso porque llevo esperando mucho tiempo este momento para poder explicarme». El acusado, para el que el fiscal pide doce años, negó todas las acusaciones de Perals, a quien volvió a dirigirse: «Es que usted ve droga en todas partes», dijo. «¿Hablo de ruedas? Usted ve droga. Ye como si crees que tu novia está engañándote. Sólo ves cuernos». Carcajada.

Toro, en pie

Fue en esta segunda sesión del juicio en la que los nombres de Antonio Toro y Suárez Trashorras -que declarará hoy- comenzaron a salir a la luz. Toro incluso fue requerido para que se pusiera en pie y pudiera ser así identificado por otro de los acusados, el gallego Marcos B. M. No hubo éxito: «No es el que me enseñaron en la Comisaría en fotos», dijo.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro niega la versión de Lavandera y afirma que nunca le mostró la dinamita ni la llevó en su maletero

El juez y las defensas impiden de nuevo al fiscal tratar de demostrar la relación del 'caso Pipol' con la trama de los explosivos empleados en los atentados del 11-M El abogado de Trashorras protesta por la «indefensión» en que se encuentra el ex minero avilesino

GIJÓN. «-¿Había más cosas en ese garaje a parte de dinamita y hachís?

-Sí, cajas y trastos. No sé.

-¿Con qué llaves entró la Policía en ese garaje?

-Con las llaves de José Ignacio Fernández Díaz (Nayo). Yo nunca accedí a él por mi cuenta. El hachís lo guardó él.

-¿Alguna vez tuvo conocimiento de la existencia de esa dinamita con anterioridad al 25 de julio de 2001?

-No nunca.

--¿Se la mostró a alguna persona en el maletero de su coche?

-Nunca.

-¿Traficó usted alguna vez con dinamita antes de su detención el 25 de julio de 2001?

-Nunca».

El de Antonio Toro Castro fue un interrogatorio conciso y muy directo. Su abogada María Teresa Suárez trató así de desvincular a su cliente con todo lo relacionado con la dinamita. A Toro, además, le sirvió para negar la versión del ex testigo protegido Francisco Javier Lavandera Villazón de que había mostrado el maletero de su coche lleno de explosivos, tal y como en su día denunció Lavandera.

El avilesino, uno de los asturianos imputados en los atentados del 11-M, declaró ayer en el juicio que se sigue por el 'caso Pipol', en Gijón, que «nunca», antes de que la Policía procediera al registro de su cochera, había visto dinamita en su interior. A preguntas de su abogada María Teresa Suárez, Toro recordó que «en esa cochera había muchas cajas con trastos que no eran míos, como tampoco lo era la dinamita porque yo ni siquiera sabía que estaba allí».

La cochera a la que hace referencia es el trastero que Toro tenía alquilado en el número 5 de la calle de Eloy Fernández Caravera, de Avilés, con su ex cuñado José Emilio Suárez Trashorras, el principal imputado en el 11-M, y José Ignacio Fernández 'Nayo', otro de los encausados en la 'operación Pipol', que se encuentra en paradero desconocido. En ese lugar se produjo uno de los registros policiales llevados a cabo en el marco de este operativo. Fue el 25 de julio de 2001 y en su interior la Policía encontró 54 kilos y medio de hachís, 16 cartuchos de dinamita y 94 detonadores. Desde el primer momento, Toro se responsabilizó del alijo de 'chocolate', pero siempre negó su relación con la 'goma-2'. Ayer volvió a insistir en esa idea. «Yo no sabía que estaba ahí», dijo después de negarse a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal. Con su negativa a reconocer el fin último de esa dinamita, Toro insinuó que su ex cuñado Trashorras o bien su amigo 'Nayo' eran sus propietarios.

De sus respuestas se deduce además el relato de los hechos sucedidos en la cochera el día de autos. Según explicó, acompañó a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a hacer el registro después de que le interceptaran a la entrada del garaje. En el momento de su detención no se le incautaron las llaves del trastero ya que, tal y como aseguró, «las tenía 'Nayo'. Yo nunca las tuve». Es más, Toro aseveró que fue 'Nayo' quien guardó el hachís en ese cuarto del garaje donde posteriormente se halló la dinamita.

A preguntas de la letrada, Toro también comentó que las 117.000 pesetas que entonces le fueron aprehendidas eran «para pagar un embrague que tenía que comprar en Recambios del Norte», ya que en aquél entonces su única actividad laboral conocida era la compraventa de vehículos de segunda mano.

También matizó que en ese momento no tenía licencia para dedicarse a esa actividad, motivo por el cual en su primera declaración ante el juez instructor del caso aseguró que «no trabajaba en nada. De hecho cuando salí de la cárcel me saqué la licencia y adquirí un local para seguir dedicándome a eso».

Preguntas sin respuesta

Quedaron sin embargo en el aire todas las preguntas previstas por el fiscal del juicio, José Perals, quien ayer volvió a comprobar cómo las estrategias diseñadas por los letrados de las defensas y la postura del presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, le impedían tratar de demostrar la vinculación del alijo de dinamita incautado en la 'operación Pipol' con la trama asturiana de los explosivos del 11-M.

A pesar de que no pudo formular las más de un centenar de preguntas que tenía previstas quiso que quedara constancia de ellas en el acta del juicio y procedió a su lectura durante un cuarto de hora. Perals quería saber, entre otras cosas, si Toro conocía la situación de jubilado de la mina de su cuñado Trashorras y si éste tenía acceso fácil a explosivos y a qué tipo de dinamita en concreto. También pretendía preguntar si sabía qué dinamita se empleaba en la explotación minera para la que trabajó Suárez Trashorras, si conoció al marroquí Rafá Zouhier y si entre ambos hubo algún tipo de rencilla o similar.

La acusación pública pretendía además aclarar las circunstancias en que Toro conoció al testigo protegido del 11-M Francisco Javier Lavandera Villazón, quien precisamente le denunció ante la Policía y la Guardia Civil por haberle ofrecido dinamita para su posterior tráfico en el mercado ilegal. Lavandera había alertado a las Fuerzas de Seguridad porque, según dijo, había visto el maletero del coche de Toro lleno de 'goma 2' y de detonadores. Sobre ese punto fue preguntado por su abogada y Toro negó rotundamente haber mostrado «nunca» dinamita a nadie.

A pesar de ello, Perals recogía en su interrogatorio numerosas preguntas tendentes a buscar la clave de esa relación: «¿Vendió usted un vehículo 'Saab 9000' a Francisco Javier Lavandera Villazón? ¿Hablaba con Lavandera cuando dice que le tengo que llevar una cosa a Pamela? ¿Era ésta, Pamela, una chica del Horóscopo? ¿Es Lavandera quien le indica el camino para llegar hasta su domicilio en una de las conversaciones telefónicas? ¿Qué tipo de tratos hacía con Lavandera? ¿Es cierto que pretendía vender un perro bulldog a lavandera?...

En su interrogatorio Perals hace numerosas alusiones a las escuchas telefónicas efectuadas por la Policía. Cuestiones relativas al «encriptado lenguaje» que los entonces sospechosos empleaban en sus conversaciones para referirse a temas sencillos y que siempre según el fiscal pretendían evitar que fueran comprendidos por la Policía en caso de ser escuchados por pinchazo telefónico.

Tras la declaración de Toro, el abogado de Trashorras manifestó su protesta por «la indefensión en que se encuentra mi cliente» al no poder preguntarle sobre las cuestiones del fiscal en las que hizo alusión al ex minero avilesino.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro de actitud mansa

Tranquilo, con voz tenue, a caballo entre la seriedad y una media sonrisa, el avilesino muestra una imagen distinta a la esperada

GIJÓN. Vestido con camisa de cuadros, vaqueros y unas relucientes botas de trekking, la imagen apacible y por momentos sonriente de Antonio Toro sentado frente al juez dista mucho del rostro tenso y más agresivo que delataban las fotografías tomadas en sus entradas y salidas de prisión, tras ser detenido por el 11-M. El pelo corto, casi rasurado, ha dejado paso a un cabello más prominente que da paso a un rostro pálido, quizás por el prolongado tiempo que ya ha pasado en la cárcel.

Recostado en la silla, moviendo ambas piernas en un tic de impaciencia que contrasta con su aparente tranquilidad, Toro escucha las preguntas del fiscal, a las que no responde, sin inquietarse. Sólo la mención a la dinamita rompe el letargo, con un gesto automático de la mano hacia el rostro que dura un segundo.

La voz de su abogada atrae a Toro hacia delante, buscando un contacto visual. Sus manos permanecen entrelazadas, esposadas, después de que los policías rechazasen su retirada. «Sí, riesgo de fuga, con tantos policías alrededor...», lamenta, irónico, el padre de Trashorras, desde la primera fila de bancos reservados al público. Son los únicos familiares presentes en la sala, dado que los padres de Toro prefieren mantenerse al margen aunque lo visitan a diario en Villabona

Toro, voz tenue y respuestas breves, atiende a los requerimientos de su defensa. «No, no, no, no...», repite a muchas de las preguntas. Lleva unos 20 minutos sentado cuando, cansado de la postura, se deja caer sobre uno de los costados de la butaca.

La comparecencia no se prolonga mucho más de media hora. Antonio Toro, con rostro satisfecho, vuelve a su lugar entre el resto de acusados. Una sonrisa, algún breve comentario, mientras el magistrado, con tono firme, desaloja la sala.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El principal imputado por tráfico de drogas asegura no conocer a Toro y Trashorras

El supuesto cabecilla se retracta de su primera declaración, cuando identificó en una fotografía al cuñado del ex minero avilesino La Fiscalía pidió prisión provisional para un imputado que se retrasó por culpa de una avería en su vehículo

GIJÓN. M. B. M., el supuesto cabecilla que dirigía desde Galicia la red de tráfico de drogas que operaba en Asturias, aseguró ayer no conocer a Jose Emilio Suárez Trashorras ni a Antonio Toro, también implicados por la Fiscalía en la 'operación Pipol'. El acusado reiteró un contundente «no» cuando su abogado defensor, el único al que permitió hacer preguntas, le planteó si tenía algún tipo de vinculación con el ex minero avilesino o con su cuñado. M. B. M. se retractó además de sus declaraciones iniciales, en las que había identificado a Toro a través de una fotografía, y afirmó que «no me suena de nada» cuando se le instó a reconocerlo en el transcurso del juicio.

En una escueta declaración, el encausado negó todos los planteamientos formulados por el fiscal, José Perals, tanto en lo relativo a supuestos viajes a Madrid en avión -«nunca había ido en avión», dijo- como sobre otros desplazamientos al sur de España o al norte de África. Asimismo, indicó que no interviene en ninguna de las llamadas registradas por la Policía y que la Fiscalía utiliza como pruebas incriminatorias en la causa.

Tensión

El testimonio de M. B. M., uno de los más relevantes de la segunda sesión del juicio, estuvo precedido por una fuerte polémica en torno al retraso en acceder a la sala de uno de los imputados y de su abogado. El fiscal, de hecho, llegó a pedir prisión provisional sin fianza en caso de que P. J. C. M. no se presentase. Tanto el encausado como su letrado se presentaron poco tiempo más tarde alegando una avería como causa de la demora, escuchando a continuación una reprimenda del presidente de la sala, Bernardo Donapetry, que advirtió al resto de los acusados con «no tener tanta paciencia» ante la hipotética repetición de este episodio.

La sesión estuvo asimismo marcada por un intenso interrogatorio a otros dos presuntos implicados, D. G. D. y F. J. A. S., que fueron detenidos en el año 2001 en Navia en el marco de una amplia operación policial que concluyó con la incautación de dos kilos de cocaína.

Acusación mutua

Ayer, ambos imputados se acusaron mutuamente de ser los responsables del traslado de aquella droga desde Galicia. D. G. D. alegó que se había desplazado con F. J. A. S. a Cambados con la intención de realizar un trabajo vinculado con la publicidad y negó haber recogido allí ningún tipo de estupefaciente. F. J. A. S., por contra, precisó que acompañó al otro encausado a Cambados «para hacerle un favor» y que éste desapareció veinte minutos para realizar una gestión. A partir de ahí, F. J. A. S. señaló que el siguiente paso fue la detención en Navia, cuando apareció la cocaína en el coche que ambos ocupaban.

La segunda sesión del 'caso Pipol' recogió además las palabras de la mujer del policía local de San Martín del Rey Aurelio que, según el fiscal, dirigía la distribución de droga en Asturias. S. G. R. alegó que desconocía las actividades de su marido y dijo que en el momento de su detención estaba a punto de dejar a L. C. G, al que ya había denunciado por maltrato. El dinero que se localizó en su hogar, alegó, «era para irme de casa».

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Donapetry avisa al fiscal de que sus nuevas pruebas son «improcedentes, innecesarias impertinentes y parciales»

«Mi objetivo no es otro que averiguar la verdad histórica sobre el caso», afirma José Perals durante la vista oral

GIJÓN. Improcedentes, extemporáneas, impertinentes, innecesarias y parciales. Esos fueron los cinco razonamientos esgrimidos por el juez Bernardo Donapetry en la reapertura ayer del juicio por el 'caso Pipol' para matizar su actuación del día anterior cuando rechazó incluir en el sumario nuevas pruebas aportadas por el Ministerio Fiscal.

Estas pruebas consistían en un informe pericial sobre un trozo de dinamita encontrado en el garaje de los avilesinos Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, y en la solicitud de incluir en los turnos de declaraciones a dos peritos expertos en explosivos y dos médicos forenses de la Audiencia Nacional cuyo testimonio permitiría probar que Suárez Trashorras es imputable y su esquizofrenia no le impide ser responsable de sus actos. Según Perals, quien insistió en la idoneidad de incluir esas pruebas en el sumario, «mi objetivo no es otro que averiguar la verdad histórica del caso» y «mi imparcialidad se presume y no se pone en duda».

Sin embargo, el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias no admitió a trámite esas pruebas periciales y testificales. También se negaron a su inclusión la mayor parte de los abogados de las defensas.

Ayer, después de comprobar la repercusión mediática de ese rechazo, Donapetry aclaró con argumentos jurídicos su postura. Por un lado explicó que las pruebas eran «improcedentes porque no se pueden practicar otras pruebas distintas a las que aparecen en el escrito de calificación» y de hacerlo las excepciones son muy restrictivas y sólo se refieren a pruebas aclaratorias sobre una testifical. Además dijo que eran «extemporáneas, porque son muy anteriores al escrito de calificación»; «impertinentes, porque no son admisibles pruebas de otro proceso y menos si sigue en curso y no ha sido juzgado»; «innecesarias», porque este caso ya cuenta con testigos propios y suficientes e «imparciales» porque faltan al respeto de los procesados a contar para su defensa con un tribunal imparcial y de otro modo habría que ofrecer a las defensas la inclusión del mismo bloque de pruebas.

Tras escuchar estos razonamientos jurídicos, el fiscal Antidroga de Asturias procedió a rebatirlos. Dijo que las pruebas solicitadas eran procedentes porque en la jurisprudencia aparecen casos de inclusión de nuevas pistas al comienzo del juicio oral y pertinentes y necesarias porque «difícilmente se puede probar lo contrario si no se han llegado examinar».

Sobre el retraso que se produjo a la hora de adjuntar al sumario del 'caso Pipol' el informe de Toxicología de la dinamita aseguró que fue pedido el 30 de agosto de 2004, pero no se conocieron los resultados que prueban que efectivamente era dinamita hasta el 25 de septiembre de 2006, «mucho después de que el escrito de acusación estuviera cerrado».

También aseguró que el informe sobre los forenses que examinaron a Trashorras es posterior a ese escrito y data del 25 de septiembre de 2005.

Presidente Tribunal

Bernardo Donapetry preside la Sección Octava de la Audiencia Provincial desde 2002 procedente de la Sección Tercera. No será el encargado de redactar la sentencia final del 'caso Pipol' sino la magistrada Alicia Serrano. También forma parte de la sala Francisco Pallicer Mercadal. Un voto en contra de cualquiera de los tres abre la posibilidad de plantear un recurso ante el Supremo.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Próxima escala: 'Pipol'

Arcos, rayos X... El acceso al juzgado se parece al control de un aeropuerto, del que no se libran ni los 'abogados estrella'

GIJÓN. Señoras y señores, pasen de forma ordenada bajo los arcos de seguridad y dejen sus pertenencias a un lado para que puedan ser revisadas antes de seguir su camino». La frase se podría escuchar hoy en día en cualquier aeropuerto del planeta, sobre todo a raíz de las fuertes medidas de vigilancia establecidas después de los atentados del 11-S, que convierten cualquier viaje en avión en una aventura inesperada. Pero esta expresión en concreto también puede aplicarse sin problemas a los juzgados de Gijón que se encargan del 'caso Pipol'. Entrar cada mañana a la sala donde se desarrollan las sesiones obliga a pasar bajo un arco de seguridad y una máquina de rayos X que radiografía bolsas y maletines, un proceso del que no se libran ni siquiera los abogados más conocidos del Principado que representan a algunos de los imputados.

«Esto no es habitual, lo normal es que los abogados entren y salgan del edificio sin ningún tipo de restricción», comentaba ayer a este respecto uno de los letrados que deambulaban por los pasillos del palacio de justicia. La meticulosidad del proceso, que lleva en muchos casos a los agentes a abrir los bolsos de los asistentes para comprobar minuciosamente su contenido, genera minutos antes del comienzo de cada sesión largas colas en las puertas de acceso. La situación se agrava con la llegada de los fotógrafos y los cámaras de televisión, que con sus pesados y voluminosos equipos a cuestas hacen sudar de lo lindo a los sufridos funcionarios de la Policía Nacional que se encargan de la vigilancia. Todo el proceso, sin embargo, se zanja con eficacia y sin mayores problemas.

Antidisturbios

El refuerzo de la seguridad se extiende al exterior del juzgado y a la sala que preside el magistrado Bernardo Donapetry. A primera hora de la mañana de ayer, incluso antes de que comenzaran a llegar los imputados e incluso los madrugadores periodistas, cinco furgonetas de la policía custodiaban con celo la entrada, con más de una decena de agentes de la unidad de antidisturbios diseminados por la zona. Gorras caladas, espaldas anchas y porras a la cintura disuadían a cualquier potencial elemento agresor de aproximarse al tribunal.

Una vez superada la barrera azul marino situada a pie de calle, queda por atravesar el siguiente escollo: los ya citados arcos de seguridad. Abogados, periodistas, imputados y familiares asumen ya con resignación la espera, que se repite cuando el magistrado decreta un parón momentáneo en la sesión y la mayoría de los asistentes salen a la calle a consumir el inevitable cigarrillo o un reconfortante café en el bar de enfrente. Otros, que acuden al juzgado por causas del todo ajenas a la 'operación Pipol', tuercen con disimulo el gesto y se someten al infalible escrutinio de los aparatos electrónicos.

Esposados

Una vez en la sala, la vigilancia es también extrema. Dos agentes regulan el acceso y otra decena forma un cordón invisible en torno a los 20 imputados, varios de los cuales -entre ellos Toro y Trashorras- permanecen esposados al encontrarse en prisión. Esposas de las que, por otro lado, no podrán zafarse durante todo el juicio, contrariamente a lo reclamado por las defensas, después de que el jefe de la unidad policial dejase bien claro que «razones de seguridad» lo desaconsejan.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Toro cierra la puerta” por Juan Neira

Continúa la vista oral del 'caso Pipol' en los juzgados de Gijón. De la segunda jornada del juicio cabe destacar las valoraciones encontradas entre el presidente de la sala y el fiscal sobre el carácter pertinente de unas pruebas que aparecieron posteriormente a cerrarse el sumario. El fiscal considera que deben ser tenidas en cuenta, mientras que el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, Bernardo Donapetry, asegura que son «improcedentes, extemporáneas, innecesarias y parciales». De seguir el criterio del fiscal, José Perals, se abriría la puerta a mostrar como evidencia judicial la existencia de una cierta trama asturiana, mientras que el criterio del presidente de la sala lleva a considerar el 'caso Pipol', como algo que tiene existencia propia y separada de cualquier otro proceso.

En la segunda jornada de la vista oral le tocó declarar a Antonio Toro, cuñado de la principal estrella del banquillo de los acusados, José Emilio Suárez Trashorras. En la contestación a las preguntas incluyó una manifestación de gran interés al decir que nunca llevó dinamita en el maletero ni mostró nada de esa naturaleza a nadie. Una rotunda negativa al testimonio de Lavandera, que fue filtrado a sus superiores por el agente de la Guardia Civil, Jesús Campillo. Hoy está previsto que declare José Emilio Suárez Trashorras, y el día ocho de noviembre lo hará Lavandera. Veremos si aparecen contradicciones entre las declaraciones de unos y otros, porque este es un asunto clave.

Que unos terroristas islamistas hubiesen tenido acceso a un chamizo en el occidente asturiano, y se hubieran hecho con ciertas cantidades de explosivos, es alarmante, pero bien pudiera quedar atemperada esa valoración por la práctica tradicional de realizar pequeños hurtos de dinamita en explotaciones mineras para usos domésticos, como explosiones para desbrozar caminos, etcétera. La historia de Trashorras y Toro se complicó con el testimonio de Lavandera, realizado a un agente de la Guardia Civil, cuando todavía faltaban años para que sucediera el atentado del 11-M. Lavandera aseguró que le habían enseñado el maletero del coche lleno de dinamita. Antonio Toro cerró la puerta a ese precipicio.

Publicado por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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