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1 de Octubre, 2006

El linchamiento de tres inocentes víctimas de Garzón (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 13:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La imputación de los peritos que firmaron el documento que vinculaba a ETA y a un implicado en el 11-M, posteriormente falsificado por sus superiores, dio pie ayer a un vergonzoso linchamiento mediático de tres profesionales con una acreditada hoja de servicios en la Policía. Los diarios que vienen haciendo el caldo gordo a las tesis del Gobierno sobre el 11-M descalificaron con saña a estos policías llamándoles «falsarios» y «tramposos».

Los insultos tomaban como base el relato de los hechos del auto, en el que el juez les incrimina con el material obtenido de sus declaraciones como testigos. Incluso uno de los diarios gubernamentales reconocía que la actuación de Garzón al citar a los peritos imputados, a pesar de que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar los hechos, puede ser anulada por una instancia superior. Pero es que, además, el auto está basado en una trampa tendida por el juez a los tres peritos, que entraron a declarar como testigos y salieron como imputados. Es obvio que el juez vulneró sus garantías procesales, en una conducta rayana en la prevaricación.

Los linchadores de estos tres policías justificaron el delito de falsedad en que imprimieron y firmaron de nuevo el documento el 11 de julio de 2006, más de un año después de haberlo realizado. Sin necesidad de ser un experto, utilizando únicamente el sentido común, los peritos sólo podrían haber falsificado el documento si hubieran alterado su contenido en algún punto, cosa que no sucedió. Se limitaron a sacar del ordenador una copia del informe que ellos mismos habían elaborado. Expertos juristas aclaran hoy en este periódico que no puede haber un delito de falsedad porque los peritos «no redactan de nuevo el informe, ni le ponen una fecha para aparentar otra fecha distinta a la que contiene el propio documento». Se ha acusado asimismo a los peritos de haber sorprendido la buena fe de su superior directo, José Andradas, al entregarle el documento sin advertirle que lo habían rescatado del ordenador. Pero si Andradas firmó el recibí es porque sabía que el informe era de estos tres policías.

La maniobra de Garzón esconde la caza de brujas desatada en el Ministerio del Interior. Según denuncia hoy en EL MUNDO el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, «a quien discrepa profesionalmente con la investigación del 11-M le cae una campaña de desprestigio». Con razón exigió ayer Rajoy a Rubalcaba que aclare en el Congreso lo que está pasando en el Ministerio, que recuerda mucho a los escándalos de la última etapa del felipismo. La maniobra de Garzón tuvo ayer su repercusión política. El portavoz socialista, Diego López Garrido, dijo que tiene la convicción de que se descubrirá «quiénes instigaron» a los tres peritos «a falsificar el documento». El portavoz popular, Eduardo Zaplana, le replicó de forma inteligente, tomándole la palabra. «Espero que una vez que tengamos resolución judicial sobre los verdaderos falsificadores investiguemos en vía parlamentaria la existencia de los instigadores de esa falsificación».

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

'Al policía que discrepa sobre el 11-M le cae una campaña de desprestigio'

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

MADRID.- Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), sindicato que ha asumido la defensa de los tres peritos imputados por Baltasar Garzón en un delito de falsedad documental, denuncia en este diario las campañas que se desatan cada vez que un funcionario disiente de la versión oficial sobre los atentados del 11-M. «Al policía que muestra algún tipo de discrepancia profesional sobre cómo se están llevando algunas partes de la investigación del 11-M le cae una campaña de desprestigio tremenda. Es absolutamente demencial», declara López, que desvela las presiones a las que han estado sometidos los tres peritos.

Los abogados defensores de los tres peritos estudian pedir la nulidad de todas las actuaciones al considerar que el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está actuando al margen de sus competencias y consideran que debería haberse inhibido en favor de los juzgados de Plaza de Castilla.

Los tres peritos, que fueron a declarar como testigos y acabaron como imputados, realizaron en marzo de 2005 un informe en el que hicieron constar que el ácido bórico, sustancia hallada en el domicilio de un procesado por el 11-M, también fue encontrado en un piso franco de ETA en Salamanca. Garzón les acusa ahora por haber firmado el 11 de julio de 2006 una copia del dictamen que elaboraron el 21 de marzo de 2005 y del que sus superiores eliminaron las referencias a ETA.

La defensa de los tres policías ha sido asumida por el equipo de abogados de la Confederación Española de Policía (CEP), el segundo sindicato con más número de afiliados del país. Su secretario general, Ignacio López, defiende, en una entrevista concedida a este diario, el trabajo de los tres peritos, Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, y denuncia las presiones a las que fueron sometidos.

El líder de la CEP explica con detalle por qué los peritos tuvieron que volver a firmar su informe en julio si lo habían realizado en marzo: «En el mes de julio de 2006, las autoridades piden revisar todos los informes de la Policía Científica relacionados con el 11-M. Es entonces cuando los peritos se dan cuenta de que el informe original no había sido trasladado al juez. En el propio auto de Garzón se reconoce la existencia del documento original. En ese momento, los peritos entienden que su documento tiene que ver la luz y, por este motivo, imprimen el informe idéntico al que elaboraron y lo rubrican. Pero ese documento no sufre modificación alguna, como también lo reconoce el juez Garzón en el auto».

Según informa el líder sindical, las presiones que recibieron los tres expertos están recogidas en los libros de apuntes de Manuel Escribano, un profesional «tremendamente concienzudo y meticuloso». «En sus libros de analítica y de observaciones, Escribano data en el día 22 la primera vez que se le ordena que modifique el informe, a lo que él no accede porque es su criterio profesional. El día 24, vuelve a recibir presiones y se le vuelve a requerir que modifique el informe. Paradójicamente, el informe definitivo que se traslada a la autoridad judicial, firmado por Ramírez, es de fecha 22. Es decir, que, por lo menos en una ocasión posterior a la fecha del documento que se traslada al juez volvió a recibir presiones».

López elogia la labor de Escribano, ya que «es uno de los tres facultativos policiales de mayor prestigio que existen en España». Además, asegura que ninguno de los tres expertos tiene una tacha en su trayectoria profesional.

Los peritos de la Policía Científica, además de ser funcionarios, suelen ser licenciados universitarios en Químicas, Biología o alguna carrera de Ciencias, y gozan de una enorme reputación profesional. De hecho, según la CEP, una sentencia del Tribunal Supremo dictamina que los informes de la Unidad Central de Policía Científica son pruebas preconstituidas válidas a la hora de celebrar un juicio y no sólo indicios, como puede ser el relato de un testigo.

El dirigente del sindicato policial también censuró ayer que se critiquen las observaciones que los peritos añadieron al informe, cuando en otras ocasiones esas mismas valoraciones habían sido alabadas por sus superiores: «Estaremos de acuerdo o no con el contenido de las observaciones, pero éstas fueron realizadas en informes anteriores y fueron admitidas. Las observaciones de Escribano en otros informes fueron alabadas y ensalzadas por sus superiores. Casualmente, estas observaciones subjetivas y de carácter personal, en el caso de Escribano, en más de una ocasión han podido llegar a salvar vidas».

López muestra, además, su perplejidad por que Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que fue quien firmó el dictamen enviado al juez del 11-M como si él hubiera efectuado las pruebas analíticas, sea el que mantenga su condición de testigo.

«Aquí hay un cúmulo de irregularidades. Es evidente, y así lo asume todo el mundo, incluso el propio juez, que Ramírez asume y firma en primera persona un informe pericial que no ha realizado, lo que es una irregularidad bastante notable. Además, tramita un documento que no tiene virtualidad ninguna porque sólo tiene la firma de un perito, y modifica sustancialmente el contenido del informe original», destaca el dirigente de la CEP. En su opinión, «Ramírez debería dar otro tipo de explicaciones más lógicas porque las explicaciones que se nos están dando no aclaran nada, sino todo lo contrario».

López opina que la consideración de Garzón de que el informe de los tres peritos era un «documento interno no oficial» es un malabarismo que se ha inventado, ya que, bajo su parecer, ese tipo de informes no existen: «Si un funcionario público hace un documento y lo rubrica, ese documento adquiere virtualidad de forma inmediata. Si Escribano entregó a sus jefes el informe pericial rubricado y definitivo, eso es inamovible».

El líder de la CEP destaca que están recibiendo presiones para que el sindicato policial mantenga el silencio en éste y otros asuntos: «Es público y notorio que determinados sectores policiales muy cercanos al PSOE, el SUP concretamente, día sí y día también nos están atacando de manera feroz, incluso llegando a cuestiones privadas y a la vida íntima de las personas. Pero a nosotros no nos van a amedrentar».

Una información de Ana Del Barrio publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Expertos juristas descartan que los peritos hayan delinquido

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 11:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Argumentan que no redactaron un nuevo informe ni le pusieron una fecha distinta a la que contiene el propio documento

MADRID.- Expertos juristas consultados por EL MUNDO mantienen que los tres peritos que elaboraron el primer informe sobre el ácido bórico no cometieron ninguna falsedad documental, como les imputa el juez Baltasar Garzón, sino que presentaron un documento auténtico con la única fecha auténtica. «Lo que entregaron es la fotografía en papel del documento original», resume uno de ellos.

El pasado viernes, el magistrado instructor les imputó un presunto delito de falsedad en documento oficial por presentar, con fecha 21 de marzo de 2005, un informe que habían extraído del ordenador el pasado 11 de julio.

En la dirección opuesta, los expertos consultados subrayan que los peritos «no redactan de nuevo el informe, no lo elaboran de nuevo ni le ponen una fecha para aparentar otra fecha distinta a la que contiene el propio documento, por lo que no puede hablarse de falsedad».

«El relevante es el documento electrónico grabado en el disco duro del ordenador» de la base de datos oficial de la Policía Científica, puesto que es el que contiene la fecha válida del informe pericial (21 de marzo de 2005). En todo caso, la falsedad se hubiera producido al cambiar, en el propio ordenador o en la copia en papel, la fecha que constaba (julio en vez de marzo). Es decir, si el informe se hubiera presentado con la fecha de julio sí se trataría de un documento falso.

Respecto a que estampasen su firma en julio, consideran que es «irrelevante», porque esa firma no supone que el documento se elaborara en esa fecha. Y añaden el ejemplo de las sentencias, que llevan la fecha del día en que se redactan, no la fecha en la que los magistrados la firman.

También resaltan que, si como señala Garzón, el primer informe sobre el ácido bórico nunca llegó a ser oficial, sobre él se podrán hacer todas las modificaciones que se quiera sin que éstas supongan una falsificación. Por el contrario, si el informe es el oficial porque constaba en la base de datos oficial, «se podrán obtener del original tantas copias como papel se pueda imprimir» y todas serían auténticas.

En todo caso, estas fuentes señalan que podría replicarse que el documento que entregaron el pasado mes de julio omite que se trata de una copia del original. Sin embargo, no sería una omisión maliciosa, puesto que no se pretende aparentar nada distinto de la realidad.

Esa coincidencia entre el documento que entregaron y la realidad del informe pericial es la que lleva a los expertos a insistir en que no se ha lesionado lo que el Código Penal quería proteger al tipificar el delito de falsedad. «El bien jurídico protegido es la seguridad en el tráfico jurídico, y aquí lo relevante es que el documento entregado por los peritos sí responde a la verdad, porque existió».

Según afirman, existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que defiende que la falsedad no es sólo realizar una conducta determinada, sino que exige lesionar el bien jurídico protegido.

Otras fuentes mantienen que sí existen elementos suficientes para imputar a los peritos, aunque dudan que, una vez analizado el fondo, se pueda afirmar que existió falsedad. También consideran que resultaría muy difícil llegar a una condena por lo sucedido, tanto porque no existe una alteración del contenido del documento como por el modo en que el juez instructor obtuvo de unos testigos los datos que les llevaron a ser imputados.

Además, si el contenido del informe entregado en julio es el mismo que el de marzo y los autores son los mismos que hicieron el análisis pericial, «el documento es legítimo y genuino porque responde a la verdad». «Estaríamos, en todo caso», subrayan estas fuentes, «ante una alteración de fecha y no ante una falsedad documental».

Otro dato que subrayan es que el documento no podría suponer una falsedad porque no llegó a incorporarse al sumario del 11-M.

Una información de M. M. publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Burdas acusaciones, burdas manipulaciones

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

MADRID. - El juez Baltasar Garzón imputó el viernes un delito de falsedad documental a los tres peritos de la Policía que elaboraron, el 21 de marzo de 2005, un informe sobre el 11-M en el que hacían mención a ETA.

Con esta decisión, el juez criminaliza precisamente a quienes denunciaron que su informe había sido falsificado por un superior -el jefe de Sección, Francisco Ramírez- quien, además de quedarse con el documento original, recortó y rectificó burdamente la versión de ordenador elaborada por los tres expertos para eliminar de la misma cualquier referencia molesta a la banda terrorista.

El juez incluye en su auto el hecho de que Ramírez no devolviera a sus autores el informe original que habían redactado. Sin embargo, no lo tiene en cuenta cuando considera presunto delito el que los tres expertos firmen, el 26 de julio de 2006, una copia, extraída del ordenador, del documento que elaboraron en marzo de 2005 y que, lógicamente, no llevaba su firma impresa.

La copia de ordenador, ya firmada, fue entregada por los peritos al Jefe de la Unidad de Análisis Científico de la Comisaría General de Policía Científica, señor Andradas.

Garzón no tiene en consideración el hecho de que los documentos de ordenador sólo pueden ser firmados una vez que están impresos en papel, e incluso que es perfectamente factible comprobar en el disco duro si el documento en cuestión fue realizado en la fecha que aseguran los peritos (21 de marzo de 2005) y si sufrió modificaciones posteriores. En lugar de eso, el juez asegura que el citado informe «no era el documento entregado por ellos el 21 de marzo de 2005, sino otro preparado al efecto en el mes de julio de 2006».

Informe para Del Olmo

A diferencia de la decisión adoptada por Garzón en relación con los tres peritos de la Policía, Francisco Ramírez queda limpio de cualquier sospecha, pese a que fue él, tal y como admite el juez, quien recortó y rectificó el informe pericial que no le gustaba y lo firmó, aunque no había sido él quien realizó las pruebas ni quien las recibió. Este informe retocado fue el que se envió al juez Juan del Olmo.

Las manipulaciones que habría hecho Ramírez en el documento son notorias. Para empezar, suprimió todos los párrafos en los que, bajo el epígrafe de observaciones, se hacía mención a ETA.

Además, cambió el objeto del informe: en el original se pedía Estudio, análisis e informe pericial, en tanto que en el documento retocado se solicitaba un análisis de las muestras. Igualmente, las nueve pruebas analíticas del documento de los peritos quedan reducidas a sólo seis.

Por último, en el documento manipulado se cometen errores tales como precisar, encima del apartado reservado para las rúbricas, que «las dos primeras hojas» van firmadas, cuando el documento sólo tiene dos folios, o se hace mención expresa a la «rúbrica de los firmantes» cuando sólo una persona, Francisco Ramírez, pone su firma a pie de texto.

Publicado por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Escopetas nacionales" por Victoria Prego

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia es uno de los primeros 'blancos' del poder Los peritos que descubrieron la falsificación del informe pericial son los siguientes objetivos

Probablemente esto de los desmanes en torno a las investigaciones sobre el 11-M acabe convirtiéndose en un referente paradigmático de hasta dónde es capaz de llegar el poder en el uso de su poder para defenderse a sí mismo y a sus satélites de los ataques o investigaciones -que al poder le suelen parecer conceptos idénticos- que son los que suelen servir de base para denunciar abusos o ilegalidades.

Lo que estamos viendo en estos últimos meses, y sobre todo en los últimos días, es la traducción política del deporte del tiro al pichón en el que las escopetas están en manos del Gobierno y de sus ojeadores y en el que los pichones son todos los que se lanzan a la arriesgada tarea de meter la nariz donde el Gobierno considera que no deberían nunca haberla metido, y que pretenden contar lo que han visto y, mucho peor, lo que intuyen que pueda haber tras de lo que a primera vista han captado.

El primer pichón, por orden cronológico, fue el actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Gómez Bermúdez fue nombrado en julio de 2004. Un recurso contra él dio pie a que la sala Tercera del Tribunal Supremo introdujera la innovadora tesis de que todos los nombramientos debían ser motivados. Lo que no dijo la Sala, pero sí dijeron magistrados de esa Sala afines al PSOE, fue que este juez, Gómez Bermúdez, no era el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia más «indicado» para el proceso de paz. Y así, literalmente, lo publicó EL MUNDO en su día.

Y, como éste es uno de los puestos más delicados del organigrama judicial, al recaer en él buena parte del peso de la política antiterrorista, y como no les parece el «más indicado» para que por sus manos pasen cosas como los recursos de los terroristas presos o el señalamiento de los juicios a los miembros de la banda, al juez Gómez Bermúdez lo quieran sacar como sea de la Presidencia de la Sala de lo Penal. De manera que ahora, nombrado por segunda vez, hay en estos momentos nada menos que cuatro recursos contra su nombramiento. No tendría la cosa mayor importancia si no fuera porque, por un curioso juego de carambolas y fechas de jubilaciones en el CGPJ, resulta que si el Supremo volviera a estimar uno de estos recursos, los enemigos del juez «no indicado para el proceso de paz» habrán ganado su apuesta. Y ya estaría el primer pichón fuera de juego, que ni mucho menos lo está de momento.

Hay que añadir que este primer pichón, al que el poder político y judicial tiene en su punto de mira, es el que probablemente presidirá el juicio oral sobre el 11-M si no han conseguido antes echarle a patadas de su puesto. Y que es, además, uno de los tres magistrados que ha firmado el auto en el que se le advierte al juez Garzón de que no es competente para investigar el presunto delito de falsedad documental cometido por algunos mandos de la Policía que denunció EL MUNDO. Un auto en el que se ordena al juez estrella que dé traslado del asunto a los juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla.

Y aquí entramos en los pichones números dos, tres y cuatro, que no son sino los peritos de la Policía Científica que un día descubrieron que sus superiores habían falsificado un informe pericial realizado por ellos y que, encima, habían enviado al juez el informe falso como auténtico. Y no sólo lo descubrieron, sino que EL MUNDO, el pichón número cinco, lo supo y se atrevió a contarlo.

Y así es como, de pronto, lo que aparece nítidamente como un presunto delito de falsificación en toda regla perpetrado por mandos policiales pasa por las manos de un juez que no es competente para instruirlo; que ha recibido la orden de abandonar esas diligencias; que hace caso omiso de esa orden de sus superiores; que, con la abnegada ayuda del fiscal jefe de la Audiencia, sigue adelante con el asunto, al que impone el secreto sin motivo alguno; que hace declarar a los peritos-pichones de madrugada, sin abogado y sin que se sepa todavía qué ocurrió en el transcurso de esas horas y hasta qué punto fueron coaccionados o amedrentados; y que le da la vuelta al caso y a la verdad de tal manera que los tres peritos que se atrevieron a denunciar la falsedad cometida por sus mandos salen de la Audiencia imputados como falsarios, mientras los presuntos verdaeros cuplables quedan impunes.

Todo esto ha sido perpetrado en cuestión de horas por un juez que actúa sin competencias, por la noche y en secreto, con evidente mala fe, y habrá que comprobar si también con afán coactivo y de manera ilícita. Y resulta que, como en los peores tiempos de las peores dictaduras, ese hecho escandaloso es aireado por los acólitos del Gobierno con tantos aplausos y tal grado de grosería intelectual que se ha ganado a pulso la calificación de propaganda: lo que tenemos delante es el despliegue de poder de la propaganda del poder. Una propaganda que actúa saltándose toda regla que se oponga a su fuerza, oscureciendo la realidad, tapando los focos de luz, retorciendo la legalidad y haciéndose acompañar de gran aparato de fuegos y petardeo. Para asustar.

Una propaganda que trae aromas de aquella otra de corte estalinista que buscaba como primera medida asesinar la imagen y el prestigio del elemento incómodo, del «enemigo». Y que, una vez asesinada su imagen, buscaba la destrucción moral de la víctima hasta conseguir su desmoronamiento. Y que, una vez desmoronada, buscaba inhabilitarla de por vida. Y que, una vez inhabilitada, buscaba que se ahorcara con su propio cinturón de la lámpara de su casa. Y entonces los corifeos, con su dirección al frente, se aprestaban a explicar aquella muerte aireando la consigna de que no había podido «resistir el peso de su culpa».

Afortunadamente, en democracia los grandes golpes de efecto de la propaganda oficial, aunque cuenten con el respaldo de acreditados elementos bien situados en los estamentos de la sociedad, no duran eternamente. Es verdad que los resultados inmediatos de esa propaganda resultan muy aparentes, pero no es menos cierto que el paso del tiempo y la paciencia de los pichones que no han resultado irremisiblemente abatidos suelen descorrer los visillos de la realidad y volver a encender los focos que el poder del poder había apagado.

Publicado por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Reacciones ante el inaudito Auto de Garzón

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

«Se descubrirá a quienes instigaron la falsificación»

MADRID. - El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, aseguró ayer que su partido está «convencido» de que las investigaciones judiciales llevarán finalmente a descubrir «quiénes han instigado» a los tres peritos policiales imputados ayer por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de falsedad de documento oficial.

Según López Garrido, también se descubrirá «a quienes quieren vincular a ETA con el 11-M a cualquier precio, aunque sea», afirmó, «sin ningún fundamento y aunque lo hagan contra toda evidencia judicial y policial». El portavoz socialista se expresó en estos términos desde la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, sin admitir después preguntas de los periodistas.

López Garrido criticó que «quienes han instigado» a tres peritos a falsificar un documento policial «no vacilan, con ello, en desprestigiar a las Fuerzas de Seguridad, a los jueces, a los fiscales, a todo su esfuerzo y también a las víctimas, por enjuiciar y condenar a los terroristas autores de aquella masacre».

El portavoz socialista aseguró también que el PSOE respeta y acata «siempre» las actuaciones judiciales, incluidas «las que está llevando a cabo el juez Garzón sobre la presunta falsificación hecha por tres peritos».

«Estamos convencidos de que las investigaciones del Poder Judicial que en su momento llevaron a la detención de los presuntos terroristas islamistas del 11-M también ahora van a descubrir quiénes han instigado a tres peritos a falsificar un documento», concluyó.

Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, calificó de «acertada» la decisión del juez Garzón de imputar a los tres peritos de la Policía, pero apuntó la necesidad de «investigar» si se trata de «un posible delito» de unas personas que actuaron individualmente o de «una trama» de la derecha.

En declaraciones a los medios, Llamazares señaló al «entorno de la derecha y el PP» como autores de esa supuesta «trama» y afirmó que, ahora, «están atrapados en su propia conspiración hasta tal punto que pueden haber cometido un delito».

«Tengo la impresión de que los que hablaban de conspiración han elaborado una trama conspirativa para desacreditar la investigación del 11-M, a los policías y a las fuerzas democráticas, y se han visto atrapados en esa trama», indicó. En su opinión, esto «no sólo es una trama inmoral, sino que probablemente sea una trama delictiva».

El coordinador general de IU instó al PP a dejar de «alimentar la conspiración», a «aceptar sin más la investigación del 11-M y el resultado electoral del 14-M» y a «no seguir engañando a los ciudadanos». «Es el momento de decirles que basta ya», subrayó.

Llamazares acusó de nuevo al PP de «mezclar», por «intereses políticos», teorías de la conspiración «delirantes» con la investigación parlamentaria y policial.

Respecto a las implicaciones que la decisión del juez va a tener en la política del PP, el líder de IU se mostró convencido de que la imputación de falsedad no va a «silenciar» a los que señalan una conexión entre ETA y el 11-M. «Creo que se abrirá una nueva cacería por parte de la derecha, en este caso contra el juez Garzón», sentenció.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


«Hay que comprometerse a investigar en el Parlamento»

MADRID. - El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, se mostró ayer, «por primera vez en mucho tiempo», de acuerdo con el PSOE y con su portavoz en el Congreso, Diego López Garrido, en la necesidad de investigar, por vía parlamentaria, a los «instigadores» de la falsificación del documento público en el que se han visto implicados tres peritos, que el viernes fueron imputados por el juez Baltasar Garzón.

Zaplana, en una nota de prensa, señaló que cuando se demuestre «quiénes son los verdaderos falsificadores de documentos», será necesario descubrir también «quién ha instigado esa falsificación».

«Desde hoy, aceptando el compromiso de López Garrido, espero que, una vez que tengamos resolución judicial sobre los verdaderos falsificadores, investiguemos en vía parlamentaria la existencia de los instigadores de esa falsificación», manifestó.

Zaplana confió en que, cuando la Justicia resuelva definitivamente sobre los verdaderos falsificadores, «todos estén a la altura y algunos no den la callada por respuesta o la huida cobarde, como han hecho en otras ocasiones».

El portavoz parlamentario del PP subrayó, además, que su Grupo «siempre acata» las decisiones judiciales, y confió en que el PSOE «también las acate».

«Si ha habido una falsificación, como yo creo que la ha habido, y si así es dictaminada en su día por los tribunales, éstos deben intentar descubrir también quién la ha instigado y, en cualquier caso, la vía parlamentaria debe ser un compromiso para la asunción de responsabilidades y el desenmascaramiento de los instigadores», añadió.

En este sentido, invitó a todos los partidos, y especialmente a López Garrido y al PSOE, a que cuando se produzcan las decisiones definitivas se proceda a investigar políticamente todas las responsabilidades que existan, asumiendo también las responsabilidades derivadas de los actos y las declaraciones que se han efectuado.

«Una cosa es la presión, el ruido y el desequilibrio de medios, y otra muy distinta la razón y la verdad, que en este caso espero que esclarecerán los tribunales de Justicia», aseveró.

Paralelamente, desde Palencia, el presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió la comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique «qué está pasando en su Ministerio», «qué pasa con informes que un día aparecen y otro desaparecen» y «qué pasa con el jefe de Seguridad del PSOE».

Durante su intervención en una convención regional del partido, Rajoy dijo que el actual Ministerio del Interior le recuerda «épocas pasadas, entre los años 90 y 96, que todos creíamos que estaban olvidadas por los siglos de los siglos».

También se refirió a este asunto el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Jaime Ignacio del Burgo, quien acusó a Garzón de «servir al Gobierno». Del Burgo tachó de «espectáculo bochornoso» la acción emprendida por el juez. En su opinión, la Audiencia Nacional «se ha politizado», y, en concreto, dijo que «la política ha ocupado el despacho del juez Garzón».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El SUP pide respeto a la presunción de inocencia de los implicados

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamentó «profundamente» que «las secuelas de las batallas que tienen los políticos entre ellos», en lo relativo al 11-M, «salpiquen al Cuerpo Nacional de Policía». En declaraciones a Europa Press, su portavoz, Maximiano Correal, afirmó que «no es la primera vez que la Policía está siendo utilizada para dirimir batallas políticas, tanto por los políticos como por los que se encargan de mover las mareas políticas».

Correal se mostró convencido de que el Cuerpo «debería estar al margen» del discurso político y apuntó que el caso de los tres peritos es «un conflicto interno» que podría haber sido filtrado «desde dentro con la peor de las intenciones». El portavoz del SUP exigió que se investigue el caso hasta que «se sepa toda la verdad y se esclarezcan todos los pormenores de elaboración del informe, así como la motivación que podía haber», pero pidió que se mantenga la presunción de inocencia de los implicados.

Respecto a la línea de investigación que se apuntaba en el informe y que relacionaba a ETA con el atentado del 11-M, el SUP instó a que se tenga «sentido común» y afirmó que «no puede ser que se le dé más credibilidad a un informe que se hace por tres peritos puntualmente, que por lo demás puede ser un informe impecable, pero se esté obviando la existencia de cientos y cientos de informes que dicen lo contrario».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La AVT enmarca la decisión de Garzón en su «proceso de rendición» ante ETA

MADRID.- El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, afirmó ayer, en declaraciones a Europa Press, que la decisión del juez Garzón de imputar a los tres peritos de la Policía Científica se sitúa dentro de sus «últimas acciones encaminadas a favorecer un proceso de rendición con ETA, en vez de ayudar a buscar la verdad respecto a qué ocurrió en el 11 de Marzo».

Alcaraz señaló que Garzón debería «inhibirse» en el asunto de los peritos imputados, ya que «debería ser la justicia ordinaria la que tendría que tomar las decisiones». Además, quiso añadir que, «con todo lo que está ocurriendo, Garzón hace un flaco favor a la credibilidad de los ciudadanos con respecto a la Justicia».

El presidente de la AVT insistió en que aún existen muchas dudas en el proceso del 11-M, y recordó que «las víctimas nos preguntamos qué teme el Gobierno para cerrar una Comisión de Investigación del 11-M, y a qué teme para no ayudar a aclarar los agujeros negros que van surgiendo en torno al atentado del 11 de Marzo».

Señaló que, en el caso de las investigaciones del atentado terrorista de Madrid, «la versión oficial se va demorando y va perdiendo la credibilidad».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón podría perder la instrucción del informe falsificado sobre el ácido

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La Sala Penal prevé confirmar su decisión de remitir a los juzgados ordinarios la investigación

Madrid - La decisión del juez Baltasar Garzón de imputar a los tres peritos que elaboraron un informe sobre el ácido bórico encontrado en el domicilio de uno de los procesados por los atentados del 11-M, circunstancia que ponían en relación con el hallazgo de esta misma sustancia en un piso franco de ETA en 2001, no significa, ni mucho menos, que este magistrado vaya a investigar la posible falsedad de ese informe o del que finalmente se incorporó al sumario. Más bien, la mayoría de los caminos indican precisamente lo contrario, es decir, que finalmente tendrá que abstenerse para que sean los juzgados ordinarios quienes asuman la instrucción y determinen si se cometió o no delito, y, en su caso, los presuntos autores.

La situación procesal no deja de ser en estos momentos un tanto enrevesada, con una decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por un lado, y con otra adoptada por Baltasar Garzón. En principio, se trata de dos resoluciones que no se interfieren en la forma, aunque en el fondo sí existe una decisión que es la que puede marcar el futuro procesal de estas supuestas falsificaciones: la adoptada por los tres magistrados de la Sala.

En un principio, el auto de la Sala no vincula para nada a Baltasar Garzón, ya que éste practicó su diligencia dentro de un sumario que tiene abierto -el relativo al atentado contra la Casa de España en Casablanca- y aquella dictó su resolución tras examinar los documentos remitidos por Juan del Olmo. En concreto, los dos informes y el fax del comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, en el que aseguraba que el documento sobre el ácido bórico y ETA no era más que un borrador y que en el que se incorporó al sumario se eliminaron las «especulaciones sin sentido».

Sin embargo, y aunque no exista esa vinculación, con la decisión de la Sala Penal «Garzón sabe que no es competente» para investigar la posible falsedad en esos informes, según destacaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

En estos momentos, lo más inmediato será la resolución del recurso interpuesto por la fiscalía contra la resolución de remitir la causa a los juzgados ordinarios, al entender que el delito de falsedad, del que los tres magistrados observaron claros indicios, no es competencia de la Audiencia Nacional. El fallo sobre el recurso se producirá a mediados de la próxima semana y todo parece indicar que se confirmará la primera decisión.

Por ello, un recurso de la defensa de los policías imputados o un escrito donde se impugne la competencia de Garzón en este caso haría que se tuviese que pronunciar otra vez la Sala Penal; y aunque sean otros magistrados, ya hay un criterio jurídico adoptado en la misma: la competencia es de los juzgados ordinarios. En todo caso, toca esperar la próxima maniobra de Garzón.

Plaza de Castilla instruye ya una querella

El enredo procesal se ha complicado todavía más desde el momento en que los juzgados de Plaza de Castilla han recibido una querella y otra denuncia por el delito de falsedad. La primera en entrar fue la querella interpuesta por Asociación de Afectados del 11-M y por turno de reparto correspondió a la juez Genma Gallego (candidata por la APM al CGPJ), quien ha incoado diligencias previas. La denuncia, interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia, se presentó el viernes y se acumulará a la anterior. La juez tiene previsto citar a declarar a los tres peritos que realizaron el informe y practicar las diligencias que considere oportunas. El Tribunal Supremo, la Sala II, podría ser quien decidiese finalmente sobre la competencia, siempre que Garzón no aceptase el criterio de la Audiencia y plantease la cuestión.

Una información de F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Como dos gotas de agua" por Victor De la Serna

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: ABC y EL PAIS contra EL MUNDO

Desde el día en que el periódico ABC cambió su segunda edición para incluir íntegro el último capítulo de la contraprogramación de El País en torno a las informaciones sobre el 11-M, la cobertura -tanto informativa como en las páginas de opinión- que han ofrecido ambos diarios, el monárquico y el independiente de la mañana, ha sido casi indistinguible y, a menudo perfectamente intercambiable.

En el contenido y hasta en las expresiones. Han alcanzado un grado de identificación inimaginable en los años en que el uno era la voz de la derecha tradicional española y el otro, la de la beautiful people, alias aristocracia republicana. Respaldar la versión oficial y desacreditar las informaciones de EL MUNDO son los objetivos que hoy unen a los otrora rivales irreconciliables.

Dentro de este nuevo fenómeno llamó mucho la atención, el pasado miércoles, 27 de septiembre, que ambos diarios recogieran profusamente la misma exclusiva, curiosamente obtenida por sus equipos de investigación el mismo día, sin duda por pura coincidencia. «Un informe secreto vincula las bombas del 11-M al adiestramiento de islamistas en Afganistán», titulaba El País; «Los autores del 11-M manipularon los móviles de las bombas con técnicas impartidas por Al Qaeda en Jalalabad», afirmaba ABC.

Ayer, de nuevo, el peculiar auto del juez Baltasar Garzón unía a los periódicos en sus informaciones, opiniones y expresiones. El titular de portada de El País rezaba: «Los peritos del ácido bórico falsearon el informe que relaciona ETA y 11-M»; el de ABC: «Los tres peritos que relacionaron el 11-M y ETA falsearon el documento».

El editorial del primero se titulaba Los tramposos; el de ABC, Los falsarios del 11-M. Y ciertas expresiones, como el muy coloquial verbo colar, aparecían en un diario y en otro. Leemos en el editorial de El País: «Ello no impidió -y ahí radicaría la posible falsedad- que lo intentaran colar el 11 de julio de este año (casi 16 meses después) entregándolo a otro superior como si estuviera redactado el 21 de marzo de 2005». Y en un subtítulo de ABC se dice: «Firmaron en julio el informe del ácido bórico y lo colaron como del original de marzo de 2005».

Todas las coincidencias en torno a un perfecto desmontaje del informe del ácido bórico resultarían igualmente perfectas si no fuese por ciertas aportaciones, ésas sí que diferentes, de cada uno de ambos periódicos, que dan una impresión de cierta intranquilidad ante el paquetito-regalo perfectamente envuelto en papel de seda y con lacito de raso que han presentado a sus lectores.

Así, el editorialista de ABC parece intuir cierta chapuza por parte de Garzón y, alarmado ante la posibilidad de que el desmontaje no supere cierto grado de pesquisas, ofrece generosamente al magistrado su asesoramiento jurídico: «No habiendo conexión con el sumario de El Haski, ni siendo un delito terrorista, la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar estos hechos y, por tanto, tal citación entraña un riesgo innecesario de nulidad procesal que Garzón debe valorar y, sobre todo, evitar».

En cambio, el autor del editorial de El País siente cierto desasosiego ante la versión de que tres solventes peritos policiales -los que han hecho todos los análisis de explosivos del 11-M, nada menos- eran en realidad unos falsificadores de tomo y lomo: «Lo que se comprende mal son los motivos de los peritos para actuar con engaño», escribe. Pero su incertidumbre no dura nada: «O no: su actuación, puesta al descubierto por el juez Garzón, abre otro frente preocupante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar quienes se empeñan contra toda evidencia en probar la inexistente vinculación entre ETA e islamistas en el 11-M?».

Publicado por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

EL PAIS y ABC: la Cruz de esta Historia

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

El perito que vinculó a ETA con el 11-M confiesa que fue una "elucubración" 

Madrid - La investigación emprendida por el juez Baltasar Garzón a raíz de una denuncia sobre una supuesta ocultación de pruebas policiales en la investigación de los atentados del 11-M ha dado un giro radical al caso. El magistrado, tras las diligencias realizadas el jueves y el viernes pasados, imputó por presunta falsedad en documento público a los tres peritos que vinculaban esta matanza con el terrorismo de ETA a partir del hallazgo de un insecticida (ácido bórico). En las declaraciones en la Audiencia Nacional de los tres agentes de la Policía Científica que realizaron ese informe se aprecia que ni ellos defienden esa teoría.

Manuel Escribano, el perito que dirigió la investigación y elaboró el dictamen en el que se vinculaba a ETA con el 11-M en razón de que uno de los islamistas tenía en su poder ácido bórico y esa sustancia había sido encontrada cuatro años antes en un piso franco de la banda terrorista vasca, ha confesado ante el juez que se trató de una "elucubración", según fuentes de la investigación.

Garzón le preguntó que cuál era la base científica para llegar a la conclusión que se establecía en el informe de que la presencia de ácido bórico "lleva a la posibilidad de que el autor o autores de esos hechos estén relacionados". El perito respondió que "la casualidad".

Escribano reconoció que él había elaborado el informe y que sus compañeros Isabel López Cidad y Pedro Manrique -imputados también por delito de falsedad en documento oficial- se limitaron a firmarlo porque se fiaban de él y de sus investigaciones.

Pero Escribano dijo al juez que no conocía el informe ampliatorio 222-Q1-00 en el que se afirma que "el ácido bórico no es sustancia explosiva ni incendiaria" y luego añadió que la sustancia podría formar parte de la composición de algunos explosivos en una proporción del uno o dos por ciento.

El juez, al ver que modificaba sus declaraciones una y otra vez, le preguntó en qué se basaba para semejante afirmación, a lo que Escribano respondió que lo había leído en alguna parte.

Garzón quiso saber, si eso era así, por qué no lo había incluido en el informe, pero el perito precisó que no lo sabía en aquel momento.

El magistrado insistió en si esos datos habían sido descubiertos y publicados en la literatura científica con posterioridad a 2005, pero el perito replicó que lo desconocía.

Nuevamente, el juez volvió a insistir si el ácido bórico mezclado con otras componentes podría formar parte imprescindible de una bomba y Escribano destacó que no, que sirve para estabilizar sus componentes, especialmente los elaborados a base de aluminio en polvo y nitratos como el amonal o el amosal, utilizados en el pasado por ETA.

En esa tesitura Garzón preguntó: ¿pero a lo largo de su vida profesional se ha encontrado usted con esa mezcla? A lo que Escribano tuvo que reconocer que no.

El interrogatorio derivó a si el perito creía que la tenencia del ácido bórico por parte de Hassan el Haski era porque pudiera estar fabricando explosivos. Escribano se curó en salud y dijo que no podía afirmarlo, que se trataba simplemente de una "apreciación".

Sin embargo, a pesar de haber reconocido que nunca ha visto esa mezcla con ácido bórico ni que se ha usado nunca en España, Escribano volvió a encastillarse e insistió en que el ácido bórico puede ser utilizado para fabricar explosivos, extremo que había descartado al apreciar que su uso podría ser como estabilizante.

Todos los peritos de la Comisaría de Policía Científica que han declarado estos días ante Garzón han reconocido que el ácido bórico nunca ha sido utilizado en la fabricación de explosivos o incluso como conservante o estabilizante de los mismos en España.

Esa afirmación fue compartida tanto por el comisario de Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el jefe de la Unidad de Análisis Científicos, José Andradas; y el jefe de la sección, Francisco Ramírez, como por los tres peritos, Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, subordinados de los anteriores y que elaboraron el borrador en el que relacionaban a ETA con los atentados del 11-M, aunque con las precisiones mencionadas anteriormente respecto de Escribano.

El algo más de un kilo de ácido bórico que Hassan el Haski, jefe del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, inspirador de los atentados del 11-M tenía en su poder en la cocina de su vivienda de Lanzarote para matar cucarachas, determinó que Escribano lo vinculara con el hecho de que una pequeña cantidad de esa sustancia "llena de pelos" había sido encontrada cuatro años antes en un piso franco de ETA en Salamanca. El informe recogía también que esa sustancia había sido intervenida en 1999 en Madrid a un joven antisistema que había participado en la quema de un cajero automático.

Pero el ácido bórico es una sustancia legal que aunque teóricamente pueda servir como estabilizante de algún componente orgánico de explosivos, nunca se ha utilizado en España. Todos los peritos que depusieron ante el juez Garzón admitieron que en toda su vida profesional jamás han visto la utilización de esa sustancia en explosivos y que tampoco nunca ha sido utilizada en ningún atentado en España. De hecho, los peritos reconocieron que no se podría imputar a Hassan el Haski por delito de tenencia de sustancias explosivas por el hecho de tener ácido bórico.

Isabel López Cidad, una de los peritos firmantes del borrador original, aportó una serie de documentación sobre los posibles usos del ácido bórico, que según reconoció habían sido extraídos de Internet el día anterior a ser citados a declarar ante el juez. López Cidad y su colega Pedro Manrique confesaron que no habían buscado ni comprobado nada respecto del informe original y que simplemente se habían limitado a firmarlo por indicación de Escribano.

Nueva copia

También dijo que sólo hace unos días, a partir del 25 de septiembre pasado, supo por un informe extraído por un compañero de Internet que el ácido bórico podía ser utilizado para estabilizar artefactos pirotécnicos.

Los tres peritos admitieron ante el juez que no disponían del dictamen que habían elaborado en 2005 y que había merecido el reproche de su superior Francisco Ramírez, y que por tanto, cuando el jefe de la Unidad, José Andradas les pidió todos los informes que hubiera sobre análisis de muestras del sumario del 11-M, Escribano volvió a imprimir una nueva copia que les pasó a Manrique y López Cidad a la firma.

Por su parte, el jefe de la Sección, Francisco Ramírez, declaró ante el juez que los tres peritos se habían extralimitado en sus observaciones, aunque el análisis de la sustancia era correcto. Indicó que les pidió que rectificasen su informe porque las observaciones relativas al posible vínculo con ETA y el joven antisistema no tenía ningún rigor profesional y que Escribano se negó a hacerlo. Aseguró que el dictamen de los peritos nunca fue un documento oficial, pues él no dio el visto bueno, y que tenía facultades para reasignarse como perito, como así hizo.

Los tachones de 'típex' 

Madrid - El comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, le entregó al juez Baltasar Garzón el libro de registro de muestras, de uso interno en la comisaría, del que El Mundo publicó una página haciéndolo pasar como el libro de salida de informes, que tiene carácter oficial. El libro de registro, de unas 200 páginas, fue abierto en julio de 2003 y en él aparecen, en reiteradas ocasiones, tachados con típex, sobre los que se han escrito otras anotaciones.

La explicación de esos tachones, según las declaraciones realizadas en la Audiencia Nacional, es que se trata de un libro de utilización interna y lo habitual es que, cuando se hace alguna modificación por parte de los peritos, se anota sobre lo borrado. El comisario Santano explicó que todos los funcionarios del laboratorio tienen acceso a ese libro y que la rectificación normalmente la hace el encargado del citado libro.

Santano añadió al magistrado que cuando vio que se publicaba en un diario una hoja del libro con un tachón temió que alguien pudiera hacerlo desaparecer, por lo que decidió hacerse cargo de él para aportarlo en los juzgados.

En la página 160, efectivamente, hay una anotación del 16 de marzo de 2005, parcialmente tachada, y seguida de una firma del perito, que corresponde a la de Pedro Manrique, perito que ahora está imputado, con dos compañeros, de falsedad.

Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón investiga si el informe del ácido bórico fue falseado por encargo 

Dos de los peritos ahora acusados ya descartaron en 1999 el uso explosivo del insecticida

Madrid - El juez Baltasar Garzón sospecha que el informe del ácido bórico que vinculaba a ETA con un islamista involucrado en el 11-M fue falseado por encargo. El magistrado, que ha imputado por falsedad documental a tres peritos de la Comisaría General de Policía Científica, ya sabe que los químicos eludieron escribir en su borrador de marzo de 2005 que el ácido bórico "no es sustancia explosiva ni incendiaria", tal y como quedó reflejado en un informe elaborado en 1999 por dos de los peritos ahora acusados durante la investigación sobre un militante antisistema en cuya casa se halló la citada sustancia.

Garzón continuará dentro de dos semanas las pesquisas sobre la supuesta falsificación del informe, con la toma de declaración de los tres peritos, ahora como imputados. El juez ha registrado sus puestos de trabajo en busca de nuevas pruebas para confirmar su decisión. Las fuentes consultadas aseguran que el magistrado sospecha que el informe de marzo de 2005 pudo ser falseado en julio de 2006 por encargo, una vez iniciada la campaña del PP sobre la supuesta ocultación de informes policiales que vinculaban el 11-M con ETA.

La pesquisa ha permitido determinar que los químicos desoyeron dos instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, la última de 1997, en la que se ordena a los peritos que se abstengan de incluir en sus informes "impresiones y apreciaciones subjetivas o de ineficacia esclarecedora". También ha permitido saber que dos de los peritos ahora acusados elaboraron un informe en 1999 en el que se decía que el ácido bórico no es una sustancia explosiva ni incendiaria.

Dicho informe fue elaborado tras la detención de Iván M. G., considerado un joven antisistema, que fue acusado y juzgado por quemar en 1998 un cajero automático en la calle de Biarritz, en Madrid. Sin embargo, en las observaciones del borrador de informe pericial ahora cuestionado no incluyeron la ineficacia explosiva del ácido bórico. El joven fue finalmente condenado a una multa de 45 euros por daños en grado de tentativa y la propia Audiencia de Madrid descartó el uso explosivo de la citada sustancia, universalmente conocida como insecticida y antiséptico.

El documento que incluía los vínculos de ETA, los antisistemas y el dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, Hasan El Haski, fue recuperado y firmado con fecha falsa el 11 de julio de este año. Días después, el PP empezó a acusar al Gobierno de ocultar informes sobre los vínculos entre ETA y el 11-M, a pesar de que en el sumario hay varios tomos, con miles de páginas, que descartan esa relación, también desechada por todos los servicios secretos del mundo.

El que era director general de la Policía cuando se produjo el 11-M, Agustín Díaz de Mera, quien ya divulgó en la Cope la supuesta ocultación de informes que relacionan el 11-M con ETA, divulgó ayer una nota a través del PP en la que asegura que es "rotundamente falso" que haya participado en una trama para falsear el informe. "Ni he participado en ninguna trama ni existe, dado que ni conozco a los citados peritos ni he hablado con ellos jamás". Por tanto, añade, "es imposible colaborar en ningún tipo de trama conspirativa".

LA GUARDIA CIVIL TAMPOCO VINCULA A ETA.

La Guardia Civil tampoco ha hallado rastro alguno de ETA en sus investigaciones sobre el 11-M. El documento reproducido contiene las conclusiones del instituto armado sobre la trama asturiana del explosivo y el atentado. Este cuerpo descartó desde el mismo día del atentado la autoría o implicación de ETA en la matanza.

Texto de J. A. R. publicado por el diario EL PAIS el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Escribano admite ante el juez que la relación que estableció entre ETA y el 11-M es una elucubración

MADRID. El perito Manuel Escribano Escribano, autor del borrador en el que se estableció una hipotética vinculación entre ETA y los islamistas del 11-M, reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que esta afirmación es una elucubración sólo basada en la coincidencia de que Hassan El Haski tuviera ácido bórico en 2004 y que un comando de ETA guardara esta misma sustancia en 2001.

Pese a reconocer que nunca antes en su larga experiencia en la Policía Científica había visto que el ácido bórico fuera utilizado por ETA para fabricar explosivos, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, el especialista insistió en que esa sustancia podía ser interpretada como un nexo entre ETA y los autores de la matanza de los trenes en Madrid.

«Importantes» elucubraciones

En una declaración llena de contradicciones, Escribano llegó a mantener que lo que previamente había definido como elucubraciones sin rigor científico alguno -el establecimiento de un vínculo entre ETA y los islamistas a través del ácido bórico- eran mucho más importantes que la propia conclusión del dictamen, en el que se identificó como ácido bórico la sustancia encontrada en poder de El Haski. Es decir, en su opinión, tiene más importancia su elucubración que la conclusión científica del peritaje.

El perito -imputado junto a sus dos compañeros Isabel García Cidad y Pedro Manrique Manrique por falsificación de documento público- reconoció ser el autor del borrador así como de la polémica observación número 3 de ese documento, que dice lo siguiente: «Que dado lo poco frecuente en que esta sustancia [el ácido bórico] ha sido intervenida en hechos terroristas y a que nosotros ignoramos su verdadera aplicación en relación con estos hechos, existen varias posibilidades, tales como: conservante de los explosivos tipo orgánico, enmascarar el explosivo para no ser detectado por los perros especialistas en detección de explosivos etcétera, nos lleva a la posibilidad de que el autor/es de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean el/los mismo/s autor/es».

Sobre esta «observación» gravitó parte del interrogatorio al que fue sometido el perito por el juez Garzón. El agente reiteró que le llamó la atención la coincidencia porque muy pocas veces había aparecido ácido bórico durante una investigación sobre terrorismo. Precisamente por esa razón, decidió incluir su hipótesis sobre la relación entre ETA y el 11-M.

Al ser preguntado por el juez sobre los usos que se pueden dar al ácido bórico, Escribano explicó que en la composición de algunos explosivos puede aparecer esta sustancia en un porcentaje del 1 ó 2 por ciento, por lo que pensó que los 1.300 gramos hallados en poder de El Haski podían tener esa finalidad. No obstante, el conocimiento que tenía sobre esta posible mezcla del ácido bórico con explosivos era superficial por cuanto reconoció que lo había leído en algún sitio, que no precisó. Más aún, admitió ante el juez que no incluyó este dato en el borrador de 21 de marzo de 2005 porque en ese momento lo ignoraba.

Pese a ello, las mismas fuentes señalaron que Escribano insistió en su tesis de la vinculación al indicar que la mezcla del ácido bórico con explosivos se suele hacer cuando éstos están constituidos por aluminio en polvo, material que se encuentra en el amonal y el amosal, que ETA emplea con relativa frecuencia. Pese a ello y pese a reconocer que a lo largo de su trayectoria profesional nunca ha detectado que ETA utilizara ácido bórico para cometer sus atentados, decidió incluir esas reflexiones en el borrador para que el juez [Juan del Olmo] lo supiera y valorara si tenía o no importancia para su investigación.

La perito también imputada, Isabel García Cidad, coincidió con Escribano al afirmar que éste había incluido en el borrador de 21 de marzo de 2005 la observación sobre los posibles vínculos entre ETA y El Haski porque le llamó la atención la gran cantidad de ácido bórico que el islamista tenía en su casa de Lanzarote. La agente también señaló que hace tan sólo seis días -el 25 de septiembre- tuvieron conocimiento a través de Internet de la posible utilización de esta sustancia como estabilizante en artefactos pirotécnicos. Hasta entonces, lo identificaban como una sustancia conservante, antiséptica y desinfectante.

Contradicciones

Sin embargo, la declaración de Escribano no coincide con la del tercer perito imputado -Pedro Manrique- en una cuestión llamativa: este último aseguró ante el juez que nunca recibió instrucciones sobre lo que debían o no decir sus informes científicos. Por el contrario, Escribano afirmó que sus superiores sí imparten indicaciones sobre cómo deben redactar los dictámenes, aunque suelen dar por bueno el trabajo que realiza cada perito. En concreto, el perito señaló que el jefe de la sección, Francisco Ramírez, le dijo que debía eliminar de su borrador las referencias a ETA, a lo que éste contestó que no estaba de acuerdo.

La perito García Cidad relató al juez que el pasado 11 de julio, el jefe de la unidad, José Andradas, pidió a Escribano que recopilara todos los informes correspondientes al 11-M. Fue en ese momento cuando los imputados se dieron cuenta de que no figuraba el que ellos elaboraron el 21 de marzo de 2005, así como una nota informativa que se hace en los casos de cierta relevancia. El documento debía estar dentro de un sobre color sepia en el que aparecía la inscripción «Estudio del Escribano». En ese momento, decidieron sacar de un archivo informático de Escribano el viejo borrador de 21 de marzo de 2005. Ese mismo 11 de julio de 2006, los tres peritos firmaron esa copia y se la entregaron a Andradas. Según declararon los imputados, adjuntaron una nota informativa en la que advertían que ese informe no lo habían encontrado dentro del sobre sepia.

Lo firmaron sin comprobarlo

La perito aseguró que su compañero Escribano era el encargado de redactar los informes -y así lo hizo con el del ácido bórico- por su mayor experiencia en materia de explosivos. Quizás por esta razón, el propio Escribano explicó al juez que cuando pasó a la firma de los otros dos peritos el borrador que sacó de su archivo informático el 11 de julio de 2006, éstos lo firmaron sin comprobarlo puesto que se fían de él.

García Cidad llegó a admitir que se limitó a firmar el documento sin realizar ninguna comprobación sobre los análisis de Escribano. Las fuentes consultadas recordaron que fue precisamente esta perito la que primero reconoció la falsificación del borrador, que se entregó a Andradas en julio haciéndolo pasar por un informe oficial.

Un perito asegura que nunca le han dado órdenes sobre el contenido de sus informes

MADRID. Lo declaró el viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón: nunca, en los diez años que lleva en la Comisaría General de Policía Científica, recibió instrucciones de sus superiores sobre lo que debían o no debían decir los informes o sobre si debían o no contener apreciaciones subjetivas. Pedro Manrique Manrique, uno de los tres peritos imputados por un presunto delito de falsificación de documento oficial, fue meridianamente claro al explicar el procedimiento de trabajo que se sigue de forma habitual en esta unidad de la Policía.

Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, del testimonio prestado por este especialista ante el magistrado se desprende sin lugar a dudas que los informes que se redactan por el personal destinado en esta Comisaría General se elaboran sólo a partir de criterios científicos y dejando al margen indicaciones que orienten las conclusiones de las pericias en uno u otro sentido.

Gran parte del interrogatorio al que fue sometido el perito se centró en el ácido bórico, la sustancia encontrada en diciembre de 2004 en el piso del marroquí Hassan El Haski, dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí al que se relaciona con los atentados de Casablanca y que ha sido procesado como autor intelectual del 11-M.

El interés del juez Garzón por aclarar las utilidades del ácido bórico se basa en el hecho de que el borrador (fechado el 21 de marzo de 2005), elaborado por el perito Manuel Escribano y firmado por Manrique e Isabel García Cidad, señala en la observación número 3 lo siguiente: «Que dado lo poco frecuente en que esta sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas y a que nosotros ignoramos su verdadera aplicación en relación con estos hechos, existen varias posibilidades, tales como: conservante de los explosivos tipo orgánico, enmascarar el explosivo para no ser detectado por los perros especialistas en detección de explosivo, etcétera, nos lleva a la posición»

Texto de Nieves Colli publicado por el diario ABC el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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