11-M: 192 Muertos, Miles de Heridos ¿Quién Ha Sido?

La Sala Penal prevé confirmar su decisión de remitir a los juzgados ordinarios la investigación

Madrid - La decisión del juez Baltasar Garzón de imputar a los tres peritos que elaboraron un informe sobre el ácido bórico encontrado en el domicilio de uno de los procesados por los atentados del 11-M, circunstancia que ponían en relación con el hallazgo de esta misma sustancia en un piso franco de ETA en 2001, no significa, ni mucho menos, que este magistrado vaya a investigar la posible falsedad de ese informe o del que finalmente se incorporó al sumario. Más bien, la mayoría de los caminos indican precisamente lo contrario, es decir, que finalmente tendrá que abstenerse para que sean los juzgados ordinarios quienes asuman la instrucción y determinen si se cometió o no delito, y, en su caso, los presuntos autores.

La situación procesal no deja de ser en estos momentos un tanto enrevesada, con una decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por un lado, y con otra adoptada por Baltasar Garzón. En principio, se trata de dos resoluciones que no se interfieren en la forma, aunque en el fondo sí existe una decisión que es la que puede marcar el futuro procesal de estas supuestas falsificaciones: la adoptada por los tres magistrados de la Sala.

En un principio, el auto de la Sala no vincula para nada a Baltasar Garzón, ya que éste practicó su diligencia dentro de un sumario que tiene abierto -el relativo al atentado contra la Casa de España en Casablanca- y aquella dictó su resolución tras examinar los documentos remitidos por Juan del Olmo. En concreto, los dos informes y el fax del comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, en el que aseguraba que el documento sobre el ácido bórico y ETA no era más que un borrador y que en el que se incorporó al sumario se eliminaron las «especulaciones sin sentido».

Sin embargo, y aunque no exista esa vinculación, con la decisión de la Sala Penal «Garzón sabe que no es competente» para investigar la posible falsedad en esos informes, según destacaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

En estos momentos, lo más inmediato será la resolución del recurso interpuesto por la fiscalía contra la resolución de remitir la causa a los juzgados ordinarios, al entender que el delito de falsedad, del que los tres magistrados observaron claros indicios, no es competencia de la Audiencia Nacional. El fallo sobre el recurso se producirá a mediados de la próxima semana y todo parece indicar que se confirmará la primera decisión.

Por ello, un recurso de la defensa de los policías imputados o un escrito donde se impugne la competencia de Garzón en este caso haría que se tuviese que pronunciar otra vez la Sala Penal; y aunque sean otros magistrados, ya hay un criterio jurídico adoptado en la misma: la competencia es de los juzgados ordinarios. En todo caso, toca esperar la próxima maniobra de Garzón.

Plaza de Castilla instruye ya una querella

El enredo procesal se ha complicado todavía más desde el momento en que los juzgados de Plaza de Castilla han recibido una querella y otra denuncia por el delito de falsedad. La primera en entrar fue la querella interpuesta por Asociación de Afectados del 11-M y por turno de reparto correspondió a la juez Genma Gallego (candidata por la APM al CGPJ), quien ha incoado diligencias previas. La denuncia, interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia, se presentó el viernes y se acumulará a la anterior. La juez tiene previsto citar a declarar a los tres peritos que realizaron el informe y practicar las diligencias que considere oportunas. El Tribunal Supremo, la Sala II, podría ser quien decidiese finalmente sobre la competencia, siempre que Garzón no aceptase el criterio de la Audiencia y plantease la cuestión.

Una información de F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.