11-M: 192 Muertos, Miles de Heridos ¿Quién Ha Sido?

«Se descubrirá a quienes instigaron la falsificación»

MADRID. - El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, aseguró ayer que su partido está «convencido» de que las investigaciones judiciales llevarán finalmente a descubrir «quiénes han instigado» a los tres peritos policiales imputados ayer por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de falsedad de documento oficial.

Según López Garrido, también se descubrirá «a quienes quieren vincular a ETA con el 11-M a cualquier precio, aunque sea», afirmó, «sin ningún fundamento y aunque lo hagan contra toda evidencia judicial y policial». El portavoz socialista se expresó en estos términos desde la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, sin admitir después preguntas de los periodistas.

López Garrido criticó que «quienes han instigado» a tres peritos a falsificar un documento policial «no vacilan, con ello, en desprestigiar a las Fuerzas de Seguridad, a los jueces, a los fiscales, a todo su esfuerzo y también a las víctimas, por enjuiciar y condenar a los terroristas autores de aquella masacre».

El portavoz socialista aseguró también que el PSOE respeta y acata «siempre» las actuaciones judiciales, incluidas «las que está llevando a cabo el juez Garzón sobre la presunta falsificación hecha por tres peritos».

«Estamos convencidos de que las investigaciones del Poder Judicial que en su momento llevaron a la detención de los presuntos terroristas islamistas del 11-M también ahora van a descubrir quiénes han instigado a tres peritos a falsificar un documento», concluyó.

Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, calificó de «acertada» la decisión del juez Garzón de imputar a los tres peritos de la Policía, pero apuntó la necesidad de «investigar» si se trata de «un posible delito» de unas personas que actuaron individualmente o de «una trama» de la derecha.

En declaraciones a los medios, Llamazares señaló al «entorno de la derecha y el PP» como autores de esa supuesta «trama» y afirmó que, ahora, «están atrapados en su propia conspiración hasta tal punto que pueden haber cometido un delito».

«Tengo la impresión de que los que hablaban de conspiración han elaborado una trama conspirativa para desacreditar la investigación del 11-M, a los policías y a las fuerzas democráticas, y se han visto atrapados en esa trama», indicó. En su opinión, esto «no sólo es una trama inmoral, sino que probablemente sea una trama delictiva».

El coordinador general de IU instó al PP a dejar de «alimentar la conspiración», a «aceptar sin más la investigación del 11-M y el resultado electoral del 14-M» y a «no seguir engañando a los ciudadanos». «Es el momento de decirles que basta ya», subrayó.

Llamazares acusó de nuevo al PP de «mezclar», por «intereses políticos», teorías de la conspiración «delirantes» con la investigación parlamentaria y policial.

Respecto a las implicaciones que la decisión del juez va a tener en la política del PP, el líder de IU se mostró convencido de que la imputación de falsedad no va a «silenciar» a los que señalan una conexión entre ETA y el 11-M. «Creo que se abrirá una nueva cacería por parte de la derecha, en este caso contra el juez Garzón», sentenció.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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«Hay que comprometerse a investigar en el Parlamento»

MADRID. - El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, se mostró ayer, «por primera vez en mucho tiempo», de acuerdo con el PSOE y con su portavoz en el Congreso, Diego López Garrido, en la necesidad de investigar, por vía parlamentaria, a los «instigadores» de la falsificación del documento público en el que se han visto implicados tres peritos, que el viernes fueron imputados por el juez Baltasar Garzón.

Zaplana, en una nota de prensa, señaló que cuando se demuestre «quiénes son los verdaderos falsificadores de documentos», será necesario descubrir también «quién ha instigado esa falsificación».

«Desde hoy, aceptando el compromiso de López Garrido, espero que, una vez que tengamos resolución judicial sobre los verdaderos falsificadores, investiguemos en vía parlamentaria la existencia de los instigadores de esa falsificación», manifestó.

Zaplana confió en que, cuando la Justicia resuelva definitivamente sobre los verdaderos falsificadores, «todos estén a la altura y algunos no den la callada por respuesta o la huida cobarde, como han hecho en otras ocasiones».

El portavoz parlamentario del PP subrayó, además, que su Grupo «siempre acata» las decisiones judiciales, y confió en que el PSOE «también las acate».

«Si ha habido una falsificación, como yo creo que la ha habido, y si así es dictaminada en su día por los tribunales, éstos deben intentar descubrir también quién la ha instigado y, en cualquier caso, la vía parlamentaria debe ser un compromiso para la asunción de responsabilidades y el desenmascaramiento de los instigadores», añadió.

En este sentido, invitó a todos los partidos, y especialmente a López Garrido y al PSOE, a que cuando se produzcan las decisiones definitivas se proceda a investigar políticamente todas las responsabilidades que existan, asumiendo también las responsabilidades derivadas de los actos y las declaraciones que se han efectuado.

«Una cosa es la presión, el ruido y el desequilibrio de medios, y otra muy distinta la razón y la verdad, que en este caso espero que esclarecerán los tribunales de Justicia», aseveró.

Paralelamente, desde Palencia, el presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió la comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique «qué está pasando en su Ministerio», «qué pasa con informes que un día aparecen y otro desaparecen» y «qué pasa con el jefe de Seguridad del PSOE».

Durante su intervención en una convención regional del partido, Rajoy dijo que el actual Ministerio del Interior le recuerda «épocas pasadas, entre los años 90 y 96, que todos creíamos que estaban olvidadas por los siglos de los siglos».

También se refirió a este asunto el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Jaime Ignacio del Burgo, quien acusó a Garzón de «servir al Gobierno». Del Burgo tachó de «espectáculo bochornoso» la acción emprendida por el juez. En su opinión, la Audiencia Nacional «se ha politizado», y, en concreto, dijo que «la política ha ocupado el despacho del juez Garzón».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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El SUP pide respeto a la presunción de inocencia de los implicados

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamentó «profundamente» que «las secuelas de las batallas que tienen los políticos entre ellos», en lo relativo al 11-M, «salpiquen al Cuerpo Nacional de Policía». En declaraciones a Europa Press, su portavoz, Maximiano Correal, afirmó que «no es la primera vez que la Policía está siendo utilizada para dirimir batallas políticas, tanto por los políticos como por los que se encargan de mover las mareas políticas».

Correal se mostró convencido de que el Cuerpo «debería estar al margen» del discurso político y apuntó que el caso de los tres peritos es «un conflicto interno» que podría haber sido filtrado «desde dentro con la peor de las intenciones». El portavoz del SUP exigió que se investigue el caso hasta que «se sepa toda la verdad y se esclarezcan todos los pormenores de elaboración del informe, así como la motivación que podía haber», pero pidió que se mantenga la presunción de inocencia de los implicados.

Respecto a la línea de investigación que se apuntaba en el informe y que relacionaba a ETA con el atentado del 11-M, el SUP instó a que se tenga «sentido común» y afirmó que «no puede ser que se le dé más credibilidad a un informe que se hace por tres peritos puntualmente, que por lo demás puede ser un informe impecable, pero se esté obviando la existencia de cientos y cientos de informes que dicen lo contrario».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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La AVT enmarca la decisión de Garzón en su «proceso de rendición» ante ETA

MADRID.- El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, afirmó ayer, en declaraciones a Europa Press, que la decisión del juez Garzón de imputar a los tres peritos de la Policía Científica se sitúa dentro de sus «últimas acciones encaminadas a favorecer un proceso de rendición con ETA, en vez de ayudar a buscar la verdad respecto a qué ocurrió en el 11 de Marzo».

Alcaraz señaló que Garzón debería «inhibirse» en el asunto de los peritos imputados, ya que «debería ser la justicia ordinaria la que tendría que tomar las decisiones». Además, quiso añadir que, «con todo lo que está ocurriendo, Garzón hace un flaco favor a la credibilidad de los ciudadanos con respecto a la Justicia».

El presidente de la AVT insistió en que aún existen muchas dudas en el proceso del 11-M, y recordó que «las víctimas nos preguntamos qué teme el Gobierno para cerrar una Comisión de Investigación del 11-M, y a qué teme para no ayudar a aclarar los agujeros negros que van surgiendo en torno al atentado del 11 de Marzo».

Señaló que, en el caso de las investigaciones del atentado terrorista de Madrid, «la versión oficial se va demorando y va perdiendo la credibilidad».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.