11-M: 192 Muertos, Miles de Heridos ¿Quién Ha Sido?

Piden a la Sala Penal de la Audiencia que envíe a los juzgados ordinarios la posible falsedad

Madrid. Los tres policías imputados por un delito de falsedad por el juez Baltasar Garzón no piensan permanecer impasibles ante esa acusación y sus abogados han comenzado a desplegar toda una serie de iniciativas jurídicas. La primera, y fundamental, es acudir directamente a la Sala Penal de la Audiencia Nacional para plantear la falta de competencia de Garzón a la hora de investigar nada relacionado con la presunta falsificación de determinados informes relacionados con el 11-M, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP), cuyos servicios jurídicos han asumido la defensa de los tres agentes.

En este sentido, se esgrime que en el auto de imputación que dictó Baltasar Garzón no existe «ninguna vinculación ni referencia alguna al origen del sumario», al del atentado cometido por islamistas contra la Casa de España en Casablanca, «ni ninguna conexión con delitos de terrorismo».

Junto a ello, se sostiene que las diligencias practicadas por Garzón en relación con los tres policías imputados por él han ido encaminadas exclusivamente a determinar la posible falsedad documental, «que no es un delito que entre en la competencia de la Audiencia Nacional».

Por este motivo, acudirán directamente a la Sala de lo Penal para plantear la falta de competencia del magistrado, «porque ésta ya se ha pronunciado y no se ha producido nada para que pueda cambiar su criterio».

En relación con la imputación de los tres peritos que relacionaron ETA con los atentados del 11-M, Ignacio López, presidente de la CEP, declaró ayer a este periódico que, con respeto escrupuloso a la acción de la Justicia, «ni de lo practicado hasta ahora, ni de los registros efectuados ni de la argumentación del auto del Juzgado Central número 5 -el de la imputación- se infiere causa alguna de culpabilidad» de los tres policías.

En cambio, y tras defender la actuación de esos agentes en lo relacionado con los citados informes, dijo que lo esencial es determinar «cómo es posible que un informe pericial, que tiene que ir rubricado por los miembros que hayan practicado las pruebas, sea luego firmado por un único perito que, además, no haya participado en ellas».

En esta línea, Ignacio López resaltó que, en su opinión, «es evidente que los tres peritos -los imputados por Garzón por un delito de falsedad, castigado con penas de 3 a 6 años de cárcel- firmaron un informe que fue modificado y firmado por otro. Esto es lo realmente importante y no lo relativo a las fechas».

«Si los tres peritos, que estaban habilitados para realizar el informe, mantienen la vigencia del mismo, todo lo demás no dejará de ser maniobras de distracción», concluyó el presidente de la Confederación Española de Policía.

La deducción de testimonio, en Plaza de Castilla

El pasado jueves, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apreció indicios de, «al menos», un delito de falsedad en relación con el informe que finalmente se incorporó al sumario del 11-M, del que se habían eliminado las referencias a la banda terrorista ETA que se contenían en el que habían elaborado los tres policías posteriormente imputados por Garzón; y decidía remitir la investigación a los juzgados ordinarios de Madrid.

A pesar de que la fiscalía recurrió en súplica esa decisión, la Sala remitió a los juzgados de Plaza de Castilla la correspondiente deducción de testimonio, ya que la impugnación efectuada no tiene carácter suspensivo.

A mediados de esta semana, se resolverá el recurso, que, si se cumplen las previsiones, será en sentido similar al ya acordado.

Una información de F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el lunes 2 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.