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"Sólo la verdad nos hará libres" por Jaime Ignacio del Burgo

Por Narrador - 2 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Opiniones

En las últimas semanas se ha desatado una inusitada y virulenta campaña contra la investigación extrajudicial o periodística del 11-M. Los últimos descubrimientos publicados por el equipo investigador de EL MUNDO, a los que se unen las aportaciones de Luis del Pino en Libertad Digital, han sacado de sus casillas al estamento gubernamental. Pero, se pongan como se pongan, es evidente que siguen sin esclarecerse cuestiones esenciales como quiénes decidieron y ordenaron la comisión del atentado, quiénes confeccionaron los artefactos y los colocaron en los trenes, qué tipo de explosivos utilizaron los terroristas, cuál es el misterio que rodea al Skoda Fabia aparecido tres meses después en la estación de Alcalá, o si la mochila de Vallecas estuvo alguna vez en la estación del Pozo del Tío Raimundo. Después de más de dos años de pesquisas judiciales, la conclusión del sumario no sólo no ha arrojado luz al respecto, sino que suscita nuevos interrogantes y a cual más inquietante.

Buena parte de la versión oficial se basa en suposiciones. Se supone que los autores materiales de la masacre fueron los moritos de Lavapiés, como se les llama en ciertos informes policiales, aunque -también se supone- podría haber alguno más en paradero desconocido. Se supone que su motivación fue castigar al pueblo español por hollar suelo musulmán en Afganistán y en Irak. Se supone que en los trenes explotó Goma 2 Eco. Se supone que la célula islamista acabó suicidándose en Leganés, pese a no haberlo hecho al colocar las bombas. En definitiva, al cabo de dos años y medio no tenemos respuesta firme y definitiva de casi nada.

Por otra parte, el sumario ha revelado fallos clamorosos e incluso graves negligencias en la actuación de determinados mandos policiales, cuya profesionalidad y pundonor -no la del conjunto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad- están en entredicho al haberse descubierto que no dijeron la verdad ante la Comisión del 11-M. Ni en el sumario ni en ninguna otra parte se ha dado respuesta a la gran pregunta: ¿Cómo es posible que, si todos los implicados en el atentado o eran confidentes policiales o estaban estrechamente vigilados por la Policía, la Guardia Civil y el CNI -bajo la dirección, en algunos casos, del juez Garzón- al final se produjo el atentado?

Agua y aceite

En otro orden de cosas, la evidencia de que en las cárceles españolas se ha ido tejiendo una estrecha relación de amistad entre etarras e islamistas, sobre todo, a raíz del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, se basa en pruebas incontestables, por más que en un principio las informaciones publicadas en tal sentido recibieran el más rotundo desmentido del Gobierno aferrado a la tesis de que «son como el agua y el aceite, que nunca se mezclan».

En las últimas semanas cobra cuerpo la necesidad -ya esbozada por el Grupo Popular en sus conclusiones sobre el 11-M- de investigar a fondo todo lo ocurrido en Asturias para determinar si los miembros de la llamada trama asturiana entraron en contacto con ETA a finales de 2001 o principios de 2002. Lo cierto es que hay testimonios que vinculan a Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras con ETA. Y los hay también que apuntan a la conexión entre miembros de la banda terrorista y Jamal Ahmidan, alias El Chino. El Gobierno se niega a dar credibilidad a testigos de cargo que incriminan a los asturianos porque proceden de delincuentes o procesados por su participación en el atentado, lo que les quita toda credibilidad. Se olvida que entre esos testigos hay personas que ni son delincuentes ni están implicados en la masacre. Por otra parte, cuando el Gobierno rechaza cualquier relación entre Suárez Trashorras y el atentado cometido por ETA en Santander el 3 de diciembre de 2002, lo hace tras creer la declaración de los etarras que fueron detenidos poco después.

Según tales testimonios Jamal Ahmidan, El Chino, habría tenido relación con los etarras detenidos en Cañaveras, 15 días antes del 11-M. Se sabe que el islamista viajaba con frecuencia al País Vasco. Se sabe que días después de la masacre estuvo en Pamplona. Se sabe que El Chino confesó a su familia: «Éstos de ETA se han pasado», frase enigmática tal vez dirigida a enmascarar su propia participación en la masacre, pero que podría haber sido dicha con pleno conocimiento de causa. Lo cierto es que no se ha llevado a cabo una investigación digna de tal nombre sobre las andanzas de El Chino en tierras vascas y navarras o sobre los contactos que mantuvo en la cárcel con presos etarras. Parece difícil que pudiera llevar a cabo su intensa actividad de narcotráfico en el País Vasco sin entrar en contacto con la mafia abertzale. Los detenidos de Cañaveras residían en Vizcaya y acababan de ingresar en ETA. ¿Pudo conocer El Chino a uno de ellos, como asegura Suárez Trashorras? ¿Se ha requerido a la Ertzaintza para que cuente todo lo que sabe? No lo sabemos, pero no me extrañaría que pronto aparezca un informe de la Comisaría General de Información donde se concluya que, después de una exhaustiva investigación, ETA nunca se cruzó en el tortuoso camino de El Chino.

Juramento

Que la mayoría del Gobierno está más que inquieta ante el avance de las investigaciones periodísticas que asombran a la opinión pública, lo prueba el bochornoso espectáculo protagonizado el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios sellaron ante las cámaras de televisión el día 20 de septiembre un juramento de sangre para vetar cualquier iniciativa del Grupo Popular sobre el 11-M. Si alguna vez los grupos allí representados tuvieron virginidad democrática, la perdieron en una ceremonia sacramental oficiada por Diego López Garrido. Quién iba a decirlo si se tiene en cuenta el empeño de Izquierda Unida en investigar a toda costa la trama de los GAL cuando el portavoz socialista militaba en ella.

Los diputados conjurados para vetar al Grupo Popular dieron un mazazo a la democracia constitucional. Al alzarse contra el derecho de los diputados de la minoría a controlar la acción del Gobierno Diego López Garrido (PSOE), Jordi Jané (CiU), Joan Puig (ERC), Emilio Olabarría (PNV), Gaspar Llamazares (IU), Paulino Rivero (CC) y Uxue Barcos (Aralar) proclamaron la dictadura parlamentaria, o al menos lo hicieron en grado de tentativa. Confío en que el presidente del Congreso y el sentido común se impongan y no haya que acudir al Constitucional en demanda de amparo contra esta intolerable tropelía de la mayoría.

A tan insólita y descabellada contraofensiva del Partido Socialista y de sus socios en la Comisión del 11-M se unió el Colegio de Periodistas de Barcelona. En lugar de defender la libertad de información y de expresión, el comunicado hecho público por el Colegio catalán el pasado 25 de septiembre denunciaba la línea informativa de EL MUNDO, la Cadena Cope y Libertad Digital. Es como si en los Estados Unidos las asociaciones de la prensa hubieran denunciado al Washington Post por investigar el Watergate acusándole de utilizar «prácticas que afectan gravemente a las instituciones del sistema democrático y ponen en peligro la convivencia».

El último episodio lo constituye el insólito auto del juez Garzón del 28 de septiembre, imputando un delito de falsedad a los tres peritos policiales que tuvieron la valentía de denunciar que el informe por ellos redactado el 21 de marzo de 2005 en el que esbozaban la posibilidad de una conexión entre ETA y los islamistas no sólo no fue remitido al juez del Olmo, sino que fue sustituido por otro firmado al día siguiente por un solo perito, que eliminó las observaciones por ellos efectuadas. No me extrañaría nada que al final a quienes actuaron de manera tan irregular se les premie con una condecoración.

Por si fuera poco, el juez Garzón no tiene competencia para investigar un delito de falsedad que, a tenor del auto dictado por la propia Audiencia Nacional, debe ser investigado por un juzgado ordinario. Habrá que esperar al veredicto final de la Justicia, pero mientras tanto los peritos imputados por Garzón ya han sido masacrados ante la opinión pública al presentárseles como los falsarios del 11-M por formar parte de una «conspiración» urdida por los tres peritos policiales, el periódico EL MUNDO y el ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera. Más no se puede pedir.

Seguimos donde estábamos. Queremos saber la verdad, toda la verdad. Por mucho que se empeñen no lograrán hacernos callar. Tenemos presente en todo momento a las víctimas del criminal atentado de Madrid. Queremos que caiga sobre sus autores, materiales e intelectuales, todo el peso de la Ley. Es falso que pretendamos hacer del 11-M el centro de la vida política española, pero mientras no se esclarezca lo ocurrido y el Gobierno siga con su política de engaño masivo, nos veremos obligados a denunciarlo. No defendemos ningún interés espurio. No estamos al servicio ni de EL MUNDO, ni de la Cope ni de Libertad Digital, aunque agradezcamos tanto su impagable labor investigadora como que nos hayan abierto sus puertas para hacer oír nuestra voz, en contraste con el silencio o manipulación de otros medios. Tampoco nos guía, como también se ha dicho, ningún móvil económico.

Cuando aceptamos formar parte de la Comisión de Investigación del Congreso sabíamos que la tarea iba a ser compleja y difícil. El Grupo Popular nos ha encomendado continuarla a la vista de su cierre en falso y de la sospechosa actuación del Gobierno. El «ya vale» de la fiscal del caso es todo un síntoma. No sospechábamos que, por cumplir con nuestro deber como representantes de la soberanía popular, caería sobre nosotros toda clase de descalificaciones, calumnias e incluso amenazas. En el colmo de la infamia, se nos ha llegado a acusar gratuitamente de intentar nada menos que la deslegitimación de la institución monárquica. Pero no conseguirán silenciarnos. Seguiremos preguntando e interpelando hasta la extenuación. Los españoles nos merecemos un Gobierno que no mienta.

Mendacidad

No hemos sustentado, hasta ahora, ninguna tesis sobre la autoría del atentado. No hemos alentado ninguna teoría de la conspiración. No hemos imputado ni al PSOE, ni al CNI, ni a la Guardia Civil ni a la Policía -como sostiene de forma mendaz y reiterada la mayoría gubernamental- su participación en ninguna conjura para cambiar el curso de la Historia de España. Respecto a ETA, sólo preguntamos por qué no se investiga si ha habido o hay alguna conexión entre islamistas y etarras, así como otros indicios de colaboración. Ni más ni menos.

Hemos sido acusados de mancillar las instituciones y, en particular, a la Justicia, de amparar a los terroristas, de sustentar teorías extravagantes, absurdas e incluso delirantes con el único objetivo de torpedear el proceso judicial por motivos electorales. Pero nosotros sólo queremos respuestas fundadas en argumentos sólidos. Lo cierto es que el Ministerio del Interior está en llamas. El ministro Rubalcaba se ha visto obligado a remover a la cúpula policial responsable de la investigación. Por eso, hemos pedido una auditoría de la investigación, aunque predicamos en el desierto. Estamos convencidos de que sólo la verdad nos hará libres.

Jaime Ignacio del Burgo es diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN)

Publicado por el diario EL MUNDO el lunes 2 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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