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ABC convierte la petición fiscal de apertura de juicio oral en el fin de la investigación

Por Narrador - 3 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: El Sumario del 11-M

La petición de apertura del juicio oral cierra el paso a la teoría conspirativa

La Fiscalía da por aclarada la autoría islamista del 11-M y solicita la apertura del juicio oral

MADRID. Quince días antes de que se cumplieran los plazos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer a la Sala de lo Penal la apertura del juicio oral contra los 29 procesados por la matanza de Madrid. Ni la investigación (de Garzón) sobre la presunta falsificación de los informes que hablaban de ácido bórico en el domicilio de Hassan El Haski, ni las diligencia previas abiertas por el juez Del Olmo -dictado ya el auto de conclusión del sumario- para investigar el tipo de explosivo utilizado en la matanza han modificado las previsiones de la Audiencia Nacional, cuya intención sigue siendo la de comenzar las sesiones del juicio el próximo mes de febrero.

Precisamente, y a propósito de las diligencias abiertas en medio de la polémica de la nitroglicerina, cuya acumulación al sumario del 11-M ya solicitó la Fiscalía el pasado 26 de julio, al Ministerio Público le interesa de nuevo que esas diligencias previas formen parte del procedimiento, que, tras el auto de conclusión del sumario, ya está en la Sala de lo Penal. En este sentido, la fiscal Olga Sánchez sostiene que las declaraciones del comisario Sánchez Manzano (quien reconoció ante el juez que se equivocó cuando en la Comisión de investigación habló de nitroglicerina en los escenarios del 11-M) y las de la inspectora de los Tedax que elaboró el primer informe de los explosivos (dijo que nunca mencionó la palabra nitroglicerina ante sus superiores y sí los componentes de la Goma 2-Eco) «deben ser incorporadas al sumario para su examen y proposición como medio de prueba» en el juicio oral.

Además, la Fiscalía recuerda que estas diligencias previas no tienen cabida en ninguno de los supuestos en los que la legislación procesal penal contempla la posibilidad de que se mantengan abiertas unas diligencias previas relacionadas con un sumario sobre el que ya se ha dictado auto de conclusión. De esta forma, Del Olmo no sólo ha perdido ya la competencia funcional para instruir, sino que las diligencias sobre la polémica de la nitroglicerina no tienen que ver ni con la aparición de huidos, ni con la revocación de la conclusión del sumario ni con que se hayan producido nuevas detenciones.

El Ministerio Público justifica su solicitud de acumulación de estas diligencias previas en este momento procesal en el objetivo de «garantizar el conocimiento de tales actuaciones por defensas y acusaciones y facilitar a éstas la proposición de los medios de prueba» que estimen oportunos.

La Fiscalía, que previsiblemente presentará su escrito de calificación provisional a mediados del mes de noviembre, pide la apertura del juicio oral contra los 29 procesados por el juez Del Olmo. Aunque será en ese escrito en el que el Ministerio Público concrete sus acusaciones contra cada uno de los imputados, todo apunta a que, a diferencia del juez Del Olmo y de la Sección Cuarta (que confirmó todos los procesamientos), la fiscal considerará a Basel Ghalyoun autor material de la matanza y le imputará así los 191 asesinatos de los trenes. También mantendrá la autoría material de Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar, y la intelectual de Rabei Osman «El Egipcio», Hassan El Haski y Youssef Belhadj.

Por otra parte, fuentes jurídicas señalaron que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto diligencias previas para investigar el envío de cartas que contienen graves amenazas contra el instructor Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez. Aunque el goteo de misivas se retrotrae a unos meses, es en las últimas semanas cuando estos envíos se han intensificado. De hecho, la fiscal recibió el «último mensaje» hace unos días.

Un texto de N. Villanueva y N. Colli publicado por el diario ABC el martes 3 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

“11-M: Verdad y Justicia” (Editorial de ABC)

La petición del Ministerio Fiscal para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional proceda a señalar el juicio oral en el sumario del 11-M supone que, tras la confirmación del auto de procesamiento dictado por el juez Del Olmo, la investigación ha llegado a su fin sin que la llamada «teoría de la conspiración» haya sido capaz de aportar datos relevantes o hipótesis verosímiles: los autores de la matanza terrorista fueron islamistas radicales, y el atentado que costó la vida a 191 ciudadanos se perpetró mediante la explosión de Goma 2-Eco, como la sección correspondiente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado, siguiendo el criterio del instructor. Este hito procesal viene a dar la razón a los medios que, como ABC, han defendido el Estado de Derecho -es decir, a la Policía, al sistema judicial, al Ministerio Fiscal- y han propugnado la necesidad de una justicia rápida y eficaz para las víctimas de aquel macabro atentado terrorista. Ambas enlazan con el deseo de la inmensa mayoría de los ciudadanos: verdad y justicia.

La búsqueda de la verdad en el asunto del 11-M corresponde a la Administración de Justicia -las sentencias en democracia son actas de la verdad formal-, secundada por el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial. Creemos que -sin perjuicio de las incógnitas que siempre se producen en los grandes procesos, más aún cuando los autores materiales han desaparecido (los del 11-M se suicidaron en Leganés)- el Estado está cumpliendo con su obligación y que las teorías alternativas a las judiciales forman parte de una serie de hipótesis cuyos autores -el diario «El Mundo» y su director, Pedro José Ramírez- han sido incapaces de demostrar. Que insistan en ellas para dar verosimilitud a una suerte de conjura según la cual determinados circuitos del sistema policial, judicial, e incluso político, estarían bajo sospecha no deja de ser una práctica reprobable en lo deontológico, irresponsable en lo político y sensacionalista en lo periodístico. Esta insistencia en tesis que se han demostrado inciertas es propia de usos amarillistas incompatibles con la prensa de calidad, que se caracteriza por el rigor y la responsabilidad en el mantenimiento del crédito y la estima del Estado y de las instituciones.

En las grandes democracias occidentales, los rotativos incluidos en ese segmento de prensa de calidad coinciden de forma natural y constante en la defensa de los valores en los que se asienta la convivencia social y el orden político, sin necesidad de que, simultáneamente, se produzcan afinidades ideológicas, editoriales o informativas. Por fortuna, eso es lo que está ocurriendo en España a propósito del 11-M: la mayoría aplastante de los medios de comunicación respalda a los jueces y los Tribunales, confía en la Policía y asume el carácter democrático de los partidos políticos con representación parlamentaria. Son contados -y sobran los dedos de una mano para cuantificarlos- aquellos otros que se decantan, sin fundamento comprobado alguno, por la llamada teoría de la conspiración. Parece atacado de megalomanía -o de obsesión- suponer que el Estado y la mayoría de los medios están errados, cuando no dolosamente conjurados, mientras la verdad es atesorada por unos pocos y se encuentra contenida en tesis incontrastables.

Creer o descreer en la versión judicial del 11-M no es, como tramposamente quiere plantearse por los adalides de la teoría de la conspiración, una cuestión ideológica maniquea: la derecha política y social debería alentar las tesis alternativas a las oficiales en tanto en cuanto hacerlo deterioraría la credibilidad del Gobierno, y la izquierda debería apoyar la versión policial y judicial porque ésa es la que sostiene también el Ejecutivo. Semejante planteamiento es sencillamente sectario e incierto, porque implica la subordinación del Estado y de sus estructuras e instancias permanentes a los vaivenes de sus poderes, que actuarían así al ritmo que le marcasen los diferentes gobiernos de turno. El criterio de discernimiento no puede ser ideológico, ni partidista, ni mucho menos sectario, sino racional y equitativo, anclado en una firme convicción democrática de que el Estado es una casa común con capacidad para regenerarse y sus poderes idóneos para cumplir sus funciones.

Y no verlo así -y la teoría de la conspiración es roma en el entendimiento de esta cuestión- es tanto como concebir la democracia como una continua y cruel guerra de banderías entre ideologías democráticas. Y en ABC, desde una concepción liberal-conservadora, creemos en el Estado y en la sociedad española, deseamos la veracidad, clamamos por la justicia y amparamos, en la medida de nuestras posibilidades, a las víctimas. Lo hacemos todo ello conforme a nuestro leal saber y entender, con autonomía editorial y empresarial, desde la buena fe y sirviendo a las responsabilidades que se nos debe exigir como un medio de comunicación riguroso y serio.

Editorial publicado por el diario ABC el martes 3 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La fiscalía insta la apertura de juicio por el caso del 11-M 

Madrid - La Fiscalía de la Audiencia Nacional instó ayer la apertura de juicio oral contra los 29 procesados por el juez Juan del Olmo por su presunta implicación en los atentados del 11-M que causaron la muerte de 191 personas y graves lesiones a otras 1.755.

La fiscal Olga Sánchez considera que la investigación sobre los atentados está concluida y por tanto se muestra conforme con la conclusión del sumario acordada por el magistrado el pasado 6 de julio.

La fiscal estima que los 29 imputados idearon, prepararon o ejecutaron los atentados terroristas cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004 o intervinieron en los restantes hechos delictivos que se persiguen en la causa.

En el escrito presentado, la fiscal pide al tribunal que reclame a Del Olmo las diligencias previas 147/06 en las que el juez tomó declaración al comisario jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ, Juan Jesús Sánchez Manzano, y a la inspectora número 17.632, jefa del Grupo de Investigación de Explosivos de la unidad de Tedax.

Acumulación de las causas

Para la fiscal los hechos investigados en esas diligencias previas "son los mismos por los que se ha tramitado el sumario 20/04 [el del 11-M]", y por tanto, procede que se acumulen a la causa principal.

Como el sumario del 11-M está ya concluido, el juez ha perdido su competencia funcional "para la práctica de diligencias relacionadas con los hechos delictivos en cuestión". Todo ello, a salvo de las excepciones previstas en la ley, como que sean detenidos algunos de los declarados rebeldes en la causa, se revoque la conclusión del sumario o sea necesaria una instrucción suplementaria, porque hayan sido identificados y detenidos otros individuos que hayan podido participar en los hechos.

El juez Del Olmo declaró en rebeldía como presuntos autores materiales de los atentados a Mohamed Belhadj, Mohamed Afalah, Said Berraj y Daoud Ouhnane. El magistrado suspendió el procedimiento contra ellos hasta que sean detenidos. En el caso de Afalah, existen pruebas de que se suicidó en un atentado en Irak; los restantes se encuentran en paradero desconocido.

La fiscal pide también al tribunal que se requiera al juez Del Olmo para que remita todas las piezas separadas del sumario que se abrieron en su momento, incluidos los expedientes gubernativos.

El tribunal, integrado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado, resolverá en los próximos días sobre la petición de la Fiscalía.

Un texto de J. Yoldi publicado por el diario EL PAIS el martes 3 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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