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4 de Octubre, 2006

Los peritos ponen a Alonso por testigo de que el informe auténtico era el suyo

Por Narrador - 4 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

MADRID.- El ex ministro del Interior y actual titular de Defensa, José Antonio Alonso, tuvo conocimiento de que el perito Manuel Escribano, junto a los también peritos Isabel López y Pedro Manrique, realizó el 21 de marzo de 2005 el informe 48-Q3-05 en el que se relaciona a Hasan Haski, uno de los principales imputados por los atentados del 11-M, con ETA.

El hecho fue dado a conocer ayer a la Audiencia Nacional mediante dos documentos que se adjuntaron al recurso de reforma que presentó la defensa de los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano e Isabel López.

El documento «Número 1» consiste en una instancia que fue remitida el 3 de octubre de 2005 al ministro del Interior, entonces José Antonio Alonso, en la que Escribano solicitaba la concesión de una cruz al mérito policial con distintivo rojo por toda su trayectoria profesional de más de 30 años en la Policía, de los que más de la mitad se han cumplido en la Unidad de Análisis de la Policía Científica.

En la página 3 de dicha instancia, Escribano hizo constar que él, junto con los otros dos peritos, realizó el informe 48-Q3-05, en el que se analizó la sustancia (ácido bórico) encontrada en el domicilio de Haski y en el que se relacionaba dicha sustancia «con otros hechos terroristas».

La solicitud de la condecoración fue analizada y estudiada por cinco instancias: la Comisaría General de Policía Científica; la División de Personal; la Junta de Gobierno; el director general de la Policía, y el propio ministro del Interior.

El documento «Número 2» que se aportó ayer junto al recurso de reforma es precisamente la resolución denegatoria a dicha solicitud, que lleva fecha de 23 de diciembre de 2005.

En dicha resolución no se hace mención a que el informe que relacionaba al imputado del 11-M con ETA no existiera, como ha afirmado el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez. Ni tampoco al hecho de que dicho informe no se hubiera remitido al juez Juan del Olmo.

Según declaró Ramírez ante el juez Baltasar Garzón, tesis que también sostuvo el comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, el informe que hicieron los tres peritos en el que se relacionaba a ETA con el 11-M sólo tuvo el carácter «de un borrador de uso interno» y, por tanto, nunca llegó a ser un documento oficial.

Sin objeciones

Pues bien, la resolución a la solicitud de Manuel Escribano pone de manifiesto que toda la cúpula policial dio por bueno que el informe 48-Q3-05 había sido realizado por Escribano y no por Ramírez, puesto que desde ninguna de las instancias se le hizo a Escribano la menor objeción a este hecho.

Ninguna de estas instancias por las que pasó la solicitud advirtió tampoco de ello al ministro, que, obviamente, dio por hecho que todo lo relatado en su instancia por el solicitante era cierto.

Al hacerlo, dio de facto carácter oficial al informe cuya validez ha puesto en cuestión ahora el juez Garzón al imputar a los tres peritos por un presunto delito de falsedad.

Pero es más: la resolución denegatoria del 23 de diciembre de 2005 no sólo va firmada por el jefe de los servicios de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, Manuel Angel Fernández García, sino que va rubricada por el mismísimo ministro del Interior, entonces José Antonio Alonso.

Hay, por tanto, una cascada de responsabilidades en la falsificación del informe que se quiso ocultar al juez Del Olmo.

Como ha reconocido el propio Miguel Angel Santano, no sólo en la nota de prensa que remitió el Ministerio del Interior el pasado 21 de septiembre, sino también en su declaración del pasado jueves 28 ante el juez Garzón, fue él quien dio personalmente el visto bueno para que Ramírez se autoatribuyera la realización del nuevo informe, en el que se eliminaron las observaciones que vinculaban a Haski con ETA.

Si eso es cierto, ¿por qué Santano no hizo constar, cuando tuvo que estudiar la instancia de Escribano, que el informe cuya autoría se atribuía no era suyo, sino del señor Ramírez?

¿Por qué no se le informó en ese momento de que estaba en un error, ya que el informe remitido al juez Del Olmo no había sido el que él, junto con los otros dos peritos, había realizado, sino el que había hecho, censurando sus observaciones, el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica?

Por otra parte, la solicitud, tal y como fue formulada por el perito Escribano, demuestra que él nunca fue informado por sus superiores de que su informe no fue remitido al juez.

Es decir, que a Escribano nunca se le comunicó que había sido el jefe de sección Ramírez quien firmó el informe 48-Q3-05, en el que, por otra parte, se atribuyó la realización de unas pruebas de laboratorio que él nunca llegó a realizar.

Alegaciones

En las alegaciones del recurso de reforma presentado ayer ante la Audiencia Nacional, en el que se cuestiona la competencia de Garzón para instruir este caso, se dan algunos argumentos que refuerzan lo que pone de manifiesto el documento «Número 1».

A saber: en el propio auto del juez Garzón se da por hecho que el informe del 21 de marzo de 2005, realizado por los tres peritos, está en poder de la Dirección General de la Policía.

Por tanto, para Garzón, hubiese sido relativamente sencillo comprobar si el informe que volvieron a firmar los tres peritos el día 11 de julio de 2006, con el fin de que se le remitiera al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, se correspondía o no con aquél.

Dando por hecho, como hace el juez Garzón en su auto, que el original del informe del 21 de marzo de 2005 está en poder de la Dirección General de la Policía, el recurso de reforma establece lo siguiente: «Y sobre esta base, ¿es posible que se ha podido cometer un delito de falsedad? No. Porque el supuesto defraudado o engañado ya tenía el informe que se le vuelve a dar y con el que no se le puede engañar porque ya conoce su contenido. Es absolutamente imposible cometer una falsificación si quien tiene un informe luego recibe otro ejemplar del mismo».

Una información de Casimiro Garcia-Abadillo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido

El escrito a Alonso desmonta las hipótesis de Garzón e Interior (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 4 de Octubre, 2006, 11:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Toda la argumentación del Ministerio del Interior y del juez Garzón para incriminar a los peritos se sustenta sobre una hipótesis: que el informe presentado el 21 de marzo de 2005 a sus superiores era un simple borrador y que fue en julio de 2006 cuando trataron de darle apariencia de documento oficial. EL MUNDO revela hoy que cuatro instancias del Ministerio del Interior y el entonces ministro José Antonio Alonso tuvieron conocimiento de la realización de dicho informe y ninguno de ellos cuestionó su autoría.

Estos son los hechos: el perito Manuel Escribano, imputado por Garzón por un delito de falsedad, se dirigió al ministro para solicitarle una condecoración en octubre de 2005. En esa petición, Escribano hacía una relación de sus méritos profesionales y citaba expresamente el informe «48-Q3-05», que, según sus palabras, relacionaba la masacre del 11-M «con otros hechos terroristas».

La demanda de Escribano pasó por la división de personal, por la propia Comisaría General de la Policía Científica, por la Dirección General de la Policía y por la Junta de Gobierno del Ministerio de Interior. Finalmente, el ministro del Interior decidió en diciembre de 2005 no conceder esa condecoración y lo hizo en un escrito firmado por su puño y letra.

En la petición desestimada, Escribano fecha su informe, junto a la citada referencia, el 21 de marzo de 2005. La pregunta es obvia: si, como sostiene Interior, ese informe era un mero borrador sin ningún valor legal, ¿cómo es posible que todas esas instancias del Ministerio, su jefe Santano y el propio ministro no le comunicaran nada o incluso le abrieran expediente por atribuirse lo que no era suyo, sino que dieran por buena su afirmación?

La respuesta es muy sencilla: porque los mandos de Interior no querían levantar la liebre de que el informe de Escribano y los otros dos peritos había sido sustituido por otro que omitía los vínculos con ETA.

La prueba de que Escribano estaba convencido de que el suyo era un informe oficial con todas las de la ley es este escrito en el que hace una alusión expresa a su contenido. Si Escribano hubiera sabido que su informe había sido cambiado por otro, no habría corrido el riesgo de mencionarlo como un mérito. Estamos hablando de octubre de 2005, cuando nadie podía prever lo que ha sucedido ahora. El silencio que mantuvo entonces Santano, que sin duda tuvo que examinar el expediente, supone una admisión de la autenticidad del informe y le pone en evidencia. El episodio puede además poner en un serio aprieto al ministro.

Esta palpable demostración de que Escribano no falsificó nada contrasta con «el trato vejatorio y humillante» que recibieron los peritos de Garzón, al que también denunciaron ayer ante el CGPJ por «su actitud airada y soberbia» durante el interrogatorio.

Con ser importantes las formas, lo sustancial es que Escribano e Isabel López denuncian que el juez siguió tomándoles declaración como testigos cuando ya había aparecido el documento en el que Garzón basa la imputación. Esto es una flagrante violación de sus derechos y pone en evidencia que el juez no actuó de buena fe.

Ayer, el CGPJ se negó a respaldarle al considerar que nada de lo dicho o escrito en este periódico justifica el amparo o pone en peligro la independencia judicial. Y además, el CGPJ evitó ese apoyo al considerar que hay dos denuncias contra Garzón que deben ser investigadas.

El globo inflado por este juez está siendo pinchado por los hechos, que demuestran que los peritos son las víctimas de un montaje del Ministerio del Interior para tapar sus vergüenzas.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Garzón Denunciado

Por Narrador - 4 de Octubre, 2006, 10:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Dos peritos denuncian un «trato vejatorio y humillante» de Garzón al interrogarles

El Poder Judicial rechaza aprobar una declaración de apoyo al juez ante las críticas recibidas

Madrid - La petición de que el Consejo General del Poder Judicial abra una investigación sobre los interrogatorios del juez Garzón a los tres peritos que elaboraron el informe donde se relacionaba a ETA con los atentados del 11-M no es ya sólo una petición del vocal José Luis Requero. Dos de los directamente afectados, Manuel Escribano e Isabel López Cidad, han denunciado ante el órgano de gobierno de los jueces el «humillante y vejatorio trato» que, aseguran, recibieron por parte del magistrado en sus comparecencias.

En un escrito presentado ante el Consejo -que se reproduce literalmente en esta misma página- los dos policías denuncian que el juez mantuvo una «total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad», además de un «tono altivo y grosero» y su «permanente atosigamiento y corrección tanto sobre el tono de nuestras palabras, como de nuestros gestos y caras». Las críticas hacia el magistrado no se quedan ahí, sino que se extienden también a la actitud que mantuvo en esos interrogatorios: «Una actitud soberbia y airada, impropia de cualquier funcionario y mucho más de un juez de la Audiencia Nacional».

La segunda parte del escrito presentado en el CGPJ, en el que pide que se adopten «las medidas oportunas y corrija al mencionado magistrado», se centra en el hecho de haber permanecido hasta 30 horas a disposición del juez. «Es intolerable el hecho de citar a una persona como testigo a las 17:00, tomarle declaración de madrugada y convocarlo a continuación a una entrada y registro hasta las once horas de la noche del día siguiente, es decir, durante 30 horas», afirman los dos peritos en este punto.

Por contra, los fiscales que estuvieron presentes en los interrogatorios, Olga Sánchez y Pedro Rubira, remitieron igualmente sendos escritos a la Inspección del Consejo en los que rechazan de forma tajante que el juez Garzón hubiese actuado «coactivamente» contra los peritos en esas comparecencias. Esas declaraciones, aseguran al respecto, «se realizaron de forma adecuada y con trato correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal».

Por otro lado, el CGPJ tenía ayer sobre la mesa una petición de respaldo al juez Garzón ante las críticas recibidas por su actuación. Sin embargo, la Comisión Permanente rechazó aprobar esa petición y decidió no pronunciarse hasta que el Servicio de Inspección finalice la información previa abierta a raíz de la petición del vocal José Luis Requero. Sobre todo, porque también debe pronunciarse sobre el escrito presentado por los dos peritos y la denuncia del colectivo de funcionarios Manos Limpias, que también ha presentado una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo contra el citado magistrado. Además, señala la resolución, no se está «ante un supuesto de solicitud del amparo de la independencia judicial».

La decisión del CGPJ fue aprobada con los votos a favor del presidente, Francisco Hernando, y los vocales Enrique López y Carlos Ríos, y en contra de Luis Aguiar y Juan Carlos Campo. Precisamente, este último consejero afirmó que quienes se opusieron a aprobar el texto de apoyo a Garzón «no han querido defender la independencia judicial y tampoco han querido reclamar el respeto que se merece el ejercicio de la función judicial». Por contra, Enrique López, como portavoz del CGPJ, aseguró que «no hay que hacer juicios de intenciones falsarios sobre el voto de los compañeros, porque eso entra dentro del ámbito de la crítica política y no en el ámbito de la Comisión Permanente».

Garzón podría inhibirse

Por otro lado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciará hoy sobre la competencia de Garzón para conocer de este asunto (la titular del Juzgado número 35 ultima ya la cuestión de competencia que presentará ante el Supremo). El magistrado, no obstante, podría zanjar la controversia inhibiéndose antes de que se resuelva el conflicto.

Tres chapatas para aliviar 18 horas de interrogatorios

Garzón quiso ayer salir al paso de las informaciones que apuntan que el magistrado se habría reunido con un alto cargo del Gobierno el mismo día que tomó declaración, todavía como testigos, a los tres peritos de la Policía que relacionaron el 11-M con ETA en un informe. Según esa información, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 habría comido con un destacado miembro del Ejecutivo el pasado día 28, cuando comparecieron ante Garzón los tres peritos a los que, el día siguiente, imputó un delito de falsedad documental. Fuentes próximas al magistrado desmintieron esta posibilidad. Y como muestra, un menú: las tres «pulgas» de chapata, una de tortilla y dos de jamón, y la cerveza que degustó ese día en su despacho, aseguran esas mismas fuentes, para sobrellevar una jornada maratoniana que comenzó a las ocho y media de la mañana y terminó a las tres de la madrugada del viernes. «Estuvo todo el día metido en su despacho y no cenó nada», añaden.

Garzón, que viajó el pasado domingo a Colombia para asistir a un curso sobre pueblos indígenas, regresará hoy mismo a España, aunque su permiso concluye el próximo viernes.

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los peritos denuncian a Baltasar Garzón ante el CGPJ por vulnerar sus derechos

Se quejan del «abuso de autoridad» del juez, que les mantuvo como testigos pese a disponer del documento que luego utilizó para imputarles

MADRID.- Los policías Manuel Escribano e Isabel López, dos de los tres peritos que en marzo de 2005 elaboraron un informe sobre el 11-M en el que mencionaban a ETA, denunciaron ayer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el «abuso de autoridad» empleado por el juez Garzón, el «deliberado exceso de poder» utilizado contra ellos y el «trato humillante y vejatorio» que les dispensó durante su comparecencia como testigos el pasado jueves en la Audiencia Nacional.

La conducta de Garzón está sometida al escrutinio de la Inspección del CGPJ desde el lunes, cuando abrió una investigación tras recibir una denuncia del vocal José Luis Requero. Este magistrado insistió ayer desde Murcia en que «si se les tomó declaración en la forma en que se ha publicado, se podrían haber conculcado los derechos ciudadanos de estos testigos e incluso, posiblemente, la Ley Orgánica del Poder Judicial», informa Efe.

Manuel Escribano e Isabel López confirmaron ayer, en un escrito que dirigieron al órgano de gobierno del Poder Judicial, que Garzón les interrogó como testigos pese a que la prueba que utilizó luego para imputarles había sido proporcionada al principio por la propia Isabel López, la primera de los peritos en prestar declaración.

Se trata de una copia del informe de marzo de 2005, que los peritos volvieron a imprimir y firmar para que sus superiores lo incorporaran al grueso de dictámenes sobre el 11-M solicitados por el ministro del Interior el pasado julio.

Los peritos actuaron así porque la copia que entregaron en marzo de 2005 al jefe de sección, Francisco Ramírez, se encuentra desaparecida. Ramírez no aceptó el dictamen de los expertos y lo sustituyó por otro en el que suprimió la mención a ETA, firmándolo él mismo como si hubiera efectuado los análisis objeto de la pericia que, en realidad, llevaron a cabo sus subordinados.

Escribano y López afirman en su escrito al CGPJ que recibieron un trato «humillante y vejatorio» de Garzón, que, a su juicio, hizo gala de «una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad».

Destacan «el tono altivo del juez, su permanente atosigamiento y corrección tanto sobre el tono de nuestras palabras como de nuestros gestos y caras», así como su «actitud soberbia y airada, impropia de cualquier funcionario y mucho más de un juez».

Los peritos creen «intolerable» que se cite a una persona a declarar como testigo a las 17.00 horas, se le tome declaración de madrugada «y se le convoque a continuación a una entrada y registro que duró hasta las 23.00 horas del día siguiente». «Es decir, durante unas 30 horas» a disposición de Garzón.

Su principal queja es, no obstante, que se les tomase declaración como simples testigos «tras presentar un documento que es causa de la imputación y seguir tomándonos declaración» en la misma condición y, por tanto, sin asistencia letrada.

Junto a ello, indican que Garzón les imputa un delito «cuya competencia es de los juzgados de instrucción», y «continúa sin inhibirse en un deliberado exceso de poder».

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Hubo «absoluta normalidad», dicen los fiscales Rubira y Sánchez

MADRID.- Los dos fiscales presentes en las declaraciones de los peritos imputados por Garzón han afirmado que las comparecencias se celebraron «con absoluta normalidad».

A instancias del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza -quien en un precipitado informe del sábado 23 de septiembre pidió a Garzón que se hiciera cargo de este asunto-, Rubira y Sánchez han firmado un breve texto de idéntico contenido en el que aseguran que las declaraciones de los tres peritos «se realizaron de forma adecuada y con trato correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal y sin que se produjera ninguna incidencia digna de mención, por lo que son inciertas las imputaciones de haber actuado coactivamente que se han formulado contra el juez».

El escrito firmado por Sánchez y Rubira fue inmediatamente enviado por Javier Zaragoza al presidente de la Audiencia Nacional para su remisión al CGPJ, pese a lo cual no llegó a tiempo para que lo conociese la Comisión Permanente.

Fuentes del CGPJ señalaron que la decisión de la Comisión de no amparar a Garzón no hubiera sido diferente, ya que el escrito de los fiscales, además de salir en auxilio de Garzón, tiene un lógico carácter de autoprotección: de haber existido alguna irregularidad, Rubira y Sánchez la habrían presenciado y consentido.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“El Poder Judicial quiere saber” (Editorial de LA RAZON)

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado investigar si el interrogatorio del juez Garzón a tres peritos de la Policía Científica en relación con el 11-M se ajustó a los procedimientos legales o, por el contrario, violó derechos fundamentales de los interrogados. Cabe recordar que los tres peritos fueron citados como testigos y salieron del Juzgado como imputados. La decisión del CGPJ ha impedido que el mismo órgano expresara su apoyo al controvertido juez frente a algunas críticas recibidas por su actuación, tal y como solicitaba el PSOE. Una de las principales funciones del Poder Judicial es velar por el correcto funcionamiento de los tribunales y por la escrupulosa actuación de los jueces. Nada más natural que abra una investigación allí donde hay indicios de irregularidad. El interrogatorio a los peritos ha suscitado dudas razonables en el plano procesal, por lo que no debe extrañar que el gobierno de los jueces decida investigarlo. Más aún cuando ayer recibió un escrito de dos de los policías en el que denuncian haber sufrido de Garzón un trato «humillante y vejatorio». Nada deberían temer los defensores del polémico juez si su actuación se ajustó a derecho. Lo demás, la escandalera protagonizada por los dirigentes del PSOE y sus medios de comunicación afines, nada tiene que ver con la justicia, sino con la política. Y de la peor.

Editorial publicado por el diario LA RAZON el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


EL PAIS, ahora, en Defensa de Garzón

Por Sin Pancarta - 4 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Estoy siguiendo este tema de Garzón con singular interés. Ahora EL PAIS sale en defensa del ‘juez ‘estrella’ contra unos honrados servidores de la ley y el orden. Y aún resulta más sorprendente la aparición de Pradera en esta cuestión, el mismo que años atrás se erigía como defensor oficial de Felipe González frente a las imputaciones de Garzón. De momento lo dejamos con la versión del ‘diario independiente de la mañana’ a la vez que permanecemos expectantes ante eventuales nuevas revelaciones. Me temo que el tema dará para mucho.


Los fiscales aseguran que el interrogatorio de Garzón a los peritos fue correcto 

Los funcionarios de la policía científica afirman que recibieron un trato "humillante y vejatorio"

Madrid - Un interrogatorio y dos versiones distintas de los hechos que allí se produjeron. Dos de los tres peritos a los que el juez Baltasar Garzón ha imputado un delito de falsedad en relación con un informe pericial donde se vinculaba a ETA con el 11-M a título de probabilidad, Manuel Escribano e Isabel López, han denunciado al magistrado por su trato vejatorio. Esta versión contrasta con la que facilitaron ayer, por medio de sendos escritos firmados, los fiscales Olga Sánchez y Pedro Rubira, que defienden la actuación del juez Garzón durante el interrogatorio a los peritos.

En sendos escritos remitidos ayer al Consejo General del Poder Judicial, los dos peritos, Manuel Escribano e Isabel López, señalan:

- "Denunciamos el humillante y vejatorio trato recibido por parte del juez Baltasar Garzón, quien se ha portado a nuestro modo de ver exhibiendo una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad a quienes suscribimos, quienes vinimos de testigo. Destacamos el tono altivo del juez, su permanente atosigamiento y corrección tanto sobre el tono de nuestras palabras como de nuestros gestos y caras en una actitud soberbia y airada impropia de cualquier funcionario y mucho más de un juez de la Audiencia Nacional. No podemos consentir que actitudes como estas, desterradas en una democracia, se pavoneen en la sede de un juzgado. Es intolerable.

Como es el hecho de citar a una persona a declarar como testigo a las cinco de la tarde, tomarle declaración de madrugada y convocarlo a continuación a una entrada y registro a las 11 horas del día siguiente. Como es el hecho de tomar declaración tras presentar un documento es causa de la imputación y seguir tomándonos declaración.

Finalmente, imputar un delito cuya competencia corresponde a los juzgados de instrucción y continuar sin inhibirse en un deliberado exceso de poder".

"Absoluta normalidad"

Esta versión contrasta con la facilitada ayer, a través de sendos escritos firmados, por los fiscales Olga Sánchez y Pedro Rubira, donde se asegura que las comparecencias se produjeron con todas las garantías y que no se vulneraron los derechos fundamentales.

En ambos documentos se señalan las mismas circunstancias en relación con los hechos:

- "En relación con las declaraciones prestadas por los funcionarios policiales, facultativos con carné profesional números 9, 11 y 155 de la Comisaría General de Policía Científica, en calidad de testigos durante los pasados 28 y 29 de septiembre en el marco de la pieza separada incoada en el sumario 9/03 del Juzgado Central de Instrucción número 5, comunicó a V. E. a los efectos que considere oportunos que tales declaraciones en las que la que suscribe estuvo presente como fiscal de la Audiencia Nacional se realizaron de modo adecuado y correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal, y sin que se produjera ninguna incidencia digna de mención, por lo que son inciertas las imputaciones de haber actuado coactivamente que se han formulado contra el titular del indicado órgano judicial".

Texto publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El experto que vinculó a ETA con el 11-M sólo se quejó por esperar ocho horas 

Madrid - Manuel Escribano, el policía que redactó el informe pericial donde vinculaba a un implicado en el 11-M con ETA porque se había encontrado en su vivienda ácido bórico, sustancia hallada también cuatro años antes en un piso de etarras, planteó en el interrogatorio al que fue sometido por el juez Baltasar Garzón una sola queja. Escribano quiso dejar constancia en su declaración que le habían hecho esperar ocho horas en la Audiencia antes de tomarle declaración. A continuación, el juez le preguntó si la espera le había causado algún trastorno a la hora de declarar y Escribano contestó que no.

Escribano ha denunciado al juez Baltasar Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial por un supuesto trato vejatorio durante los interrogatorios que se celebraron el pasado jueves y que se prolongaron hasta la madrugada del viernes en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, en ningún momento se produjo ningún incidente que pudiera sustentar las acusaciones de este perito y de Isabel López, la otra policía que firmó el informe del ácido bórico y que también ha denunciado a Garzón.

El único incidente durante la declaración de Escribano se produjo al final del interrogatorio, cuando el perito quiso dejar constancia de que le habían citado a las cinco de la tarde del 28 de septiembre en la Audiencia Nacional y no declaró hasta la una de la madrugada del 29 de septiembre.

Ante este comentario, le preguntaron al policía si con esa queja quería señalar que la espera le había limitado de alguna forma su disposición a declarar. Escribano contestó que no había querido decir eso y que no se había limitado de ninguna forma su disposición a declarar.

Después de aclarar esta situación, Escribano firmó la declaración al mostrarse de acuerdo con la transcripción que se había hecho de las preguntas y de sus respuestas.

En el interrogatorio celebrado en la Audiencia Nacional se sucedieron las preguntas del juez y de los representantes de la fiscalía para determinar si el ácido bórico se utilizaba para fabricar explosivos.

Garzón pretendía determinar si podía imputar a Hassan el Haski, terrorista vinculado al 11-M, tenencia de explosivos. El juez Del Olmo ha imputado a Hassan el Haski un delito de conspiración en relación con el atentado terrorista del 11-M que costó la vida a 191 personas y dejó heridas a otras 1.755. En el registro de la vivienda donde fue detenido Hassan el Haski junto a otras tres personas se encontró ácido bórico "al fondo, en la cocina", pero ninguna sustancia explosiva.

Los residentes en el piso aseguraron que tenían el ácido bórico para matar cucarachas. En los interrogatorios del juez Garzón, los peritos admitieron que ignoraban la relación entre el ácido bórico y los explosivos y que en España no existían antecedentes del uso de esa sustancia para atentados terroristas.

Sin embargo, Escribano escribió en el capítulo de observaciones que ese mismo producto se había hallado en un piso franco de ETA en Salamanca y en el piso de un anarquista en Madrid. En el registro de esa vivienda de etarras, el ácido bórico se halló en el cuarto de baño "lleno de pelos".

El perito, tras descubrir la coincidencia, escribió que podía obedecer a una relación entre etarras y terroristas islamistas o a que habían tenido una formación semejante.

Su jefe superior le pidió que retirase esas observaciones del informe por carecer de fundamento. Escribano se negó y su jefe optó por remitir al juez un informe donde se eliminaban las observaciones y se precisaba que lo hallado era ácido bórico.

Texto publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La verdadera prueba del ácido bórico por Javier Pradera

Si los árboles no dejan ver el bosque, los procedimientos puestos en marcha por los tribunales también tapan a veces el trasfondo político de los litigios. Así, José Luis Requero, consejero del Poder Judicial, ha pedido que Baltasar Garzón sea sometido a expediente disciplinario de ese mismo órgano como instructor de los eventuales delitos cometidos en la preparación del informe pericial emitido el 22 de marzo de 2005 por la Comisaría General de Policía Científica sobre el ácido bórico descubierto en el domicilio de Hassan El Haski, imputado por los atentados terroristas de Casablanca y Atocha. Esa denuncia sólo pretende difuminar los objetivos perseguidos por la filtración del documento de los expertos: la supuesta demostración de la conexión entre ETA y el atentado de los trenes de la muerte. Los autores del sumario paralelo del 11-M, que intentan provocar la nulidad de las actuaciones y retrasar así el comienzo del juicio oral, querían conectar su engendro con el sumario penal mediante una tenue hilaza: el arma, sin embargo, se les disparó por la culata tras el auto dictado el pasado viernes por Garzón.

La pasarela para el abordaje pirata del sumario era una gratuita conjetura del perito Manuel Escribano -aceptada por sus dos colegas- incluida en el documento interno del análisis de la sustancia intervenida a Hassan El Haski en diciembre de 2004; la elucubración recordaba la requisa -también de ácido bórico- realizada cuatro años antes en un piso franco de ETA en Salamanca para sacar la conclusión de que la banda terrorista podía estar relacionada con los autores del 11-M. La Comisaría General de Policía Científica rechazó esa peregrina hipótesis: no sólo el ácido bórico es de venta libre y tiene normalmente usos higiénicos sino que además se desconoce su empleo en actos terroristas. El documento interno de Manuel Escribano -señala el auto de Garzón- nunca tuvo carácter oficial y jamás fue autentificado; el jefe de la Sección de la Unidad de Análisis asumió la responsabilidad de firmar el informe oficial de 22 de marzo de 2005 una vez descartada esa disparatada conexión.

Este conflicto menor de orden burocrático ha sido transformado en una maniobra política: el 11 de julio de 2006, Manuel Escribano decidió rescatar de su archivo informático el documento interno desechado por sus jefes y hacerlo circular -con la rúbrica de los tres peritos- como si fuese el verdadero informe oficial de la Comisaría General de Policía Científica de marzo de 2005, supuestamente falseado por el Ministerio del Interior en el momento de enviárselo al juez. Las recientes declaraciones radiofónicas del hoy eurodiputado Agustín Díaz de Mera -director de la Policía durante el mandato de Aznar- acerca de la existencia de un "informe real y cierto" elaborado por "un autor y una autora" sobre las conexiones de ETA con el atentado del 11-M y ocultado por el Gobierno mostraron que la botella con el mensaje intoxicador había llegado a las playas del PP. El Mundo publicó la documentación manipulada el pasado 21 de septiembre, aunque sin mencionar la fecha de la copia y las firmas.

La complejidad del proceso penal ha creado incertidumbres acerca de la competencia sobre la instrucción del caso. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a quien el juez Del Olmo pasó en su día la documentación enviada por El Mundo, remitió el asunto a los juzgados de Madrid. Pero el juez Garzón había intervenido previamente de oficio -como instructor del sumario de Hassan El Haski- y citado como testigos a las personas relacionadas con el informe: los tres peritos han sido imputados por un presunto delito de falsedad en documento oficial. Más allá de las cuestiones procesales, el episodio del ácido bórico prueba realmente que los defensores de la participación de ETA en el 11-M han pasado de las conjeturas fantásticas a la manipulación de los hechos indiciarios, no sólo para encajarlos dentro de su teoría conspirativa sino también para incorporarlos al sumario.

Publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Poder Judicial niega el amparo a Garzón que pedían los vocales afines al PSOE

Por Narrador - 4 de Octubre, 2006, 9:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

El presidente y el grupo mayoritario creen prudente esperar a la investigación de las denuncias presentadas contra el juez

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial rechazó ayer manifestar su apoyo al juez Garzón, al que acaba de abrir una investigación para comprobar el trato que dio a tres peritos de la Policía.

La Comisión Permanente del Consejo abordó el asunto a petición de los vocales Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, propuestos por el PSOE, que pretendían un expreso respaldo a Garzón y una censura a los medios que están criticando la actuación de este juez.

Sin embargo, el presidente de la institución, Francisco Hernando, y los vocales Enrique López y Carlos Ríos, propuestos por el PP, consideraron «aconsejable» posponer cualquier acuerdo a la espera de que la Inspección investigue las denuncias presentadas contra Garzón.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial está integrada por el presidente, Francisco Hernando, y dos vocales de cada sector: Carlos Ríos y Enrique López (propuestos por el PP) y Juan Carlos Campo y Luis Aguiar (propuestos por el PSOE).

Estos últimos consideraron una «perturbación a la independencia judicial» las críticas periodísticas dirigidas a Garzón por haber asumido la investigación de un delito que no es de la competencia de la Audiencia Nacional y haber imputado a los peritos de la Policía Científica que denunciaron la manipulación de un informe sobre el 11-M, exonerando, en cambio, al presunto autor de la manipulación.

En un escrito presentado en la tarde del lunes, Campo y Aguiar solicitaron que la Comisión Permanente expresase su apoyo a Baltasar Garzón.

Varias horas antes, el vocal del grupo mayoritario José Luis Requero había presentado un escrito para que la Inspección investigue el trato dado por Garzón a los tres peritos que declararon ante él como testigos el pasado jueves.

A esta denuncia siguieron ayer otras dos: la de dos peritos imputados por Garzón y la del sindicato Manos Limpias, que también se ha querellado contra el juez en el Tribunal Supremo.

En esta situación, Hernando, López y Ríos optaron por aplazar cualquier acuerdo sobre el respaldo al polémico juez. Por tres votos a dos, la Comisión se limitó a poner de manifiesto que «técnicamente no nos encontramos ante un supuesto de solicitud del amparo de la independencia judicial», ya que Garzón no ha confirmado los temores del sector minoritario en el sentido de que las críticas periodísticas estén perturbando su independencia.

En segundo lugar, la Comisión consideró que, «dado que existen elementos relevantes sobre este asunto, como la tramitación en curso de una información previa por parte del Servicio de Inspección y la presentación de dos denuncias ante el Consejo, resulta aconsejable posponer cualquier acuerdo concreto» sobre la propuesta de Campo y Aguiar, «sin perjuicio de realizar, una vez más, una llamada a la prudencia en la crítica de las resoluciones judiciales».

Los dos vocales de la minoría presentaron un voto discrepante en el que insisten en que «nos encontramos ante un grave atentado a la independencia judicial» que, a su parecer, hubiera merecido un pronunciamiento de la Comisión Permanente similar al adoptado el pasado 30 de mayo, cuando se expresó el respaldo del Consejo al juez del 11-M, Juan del Olmo.

Campo calificó de «incoherente» la postura del grupo mayoritario y afirmó que «podemos decir que el presidente del Consejo y dos vocales de la mayoría no han querido defender la independencia judicial».

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La 'Conspiración' que nunca ha existido (4 de octubre de 2006): En defensa de Garzón contra los 'peritos'

Por Narrador - 4 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

El CGPJ rechaza apoyar a Garzón frente al ataque de los «teóricos de la conspiración»

MADRID. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha eludido respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que está siendo objeto de una campaña de descrédito por parte de algunos medios de comunicación desde que imputó por un delito de falsificación en documento público a los peritos de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel García y Pedro Manrique. Los tres agentes apuntaron la hipotética vinculación entre ETA y el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico en la vivienda del marroquí Hassan El Haski en 2004 y, tres años antes, en un piso que la banda terrorista tenía en Salamanca. Según esos mismos peritos, en España nunca se ha cometido un atentado en el que se haya utilizado esa sustancia para fabricar el explosivo.

Los insultos y acusaciones de prevaricación proferidos contra el juez Garzón llegaron a la Comisión Permanente del CGPJ de la mano de dos vocales de la minoría progresista -Juan Carlos Campo y Luis Aguiar-, quienes el lunes presentaron un escrito en el que solicitaban un pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces para «significar la improcedencia» de tales afirmaciones (ver cuadro adjunto) por su «extraordinaria gravedad» y por suponer «una intolerable injerencia en la labor judicial» del magistrado.

Una sesión «muy dura»

Tras una reunión de la Comisión Permanente que varios vocales han descrito como «muy dura», la propuesta de Campo y Aguiar se rechazó por tres votos (los del presidente, Francisco Hernando, y los de los vocales de la mayoría conservadora Enrique López y Carlos Ríos) frente a dos (los de los propios Campo y Aguiar).

El acuerdo aprobado justifica la negativa a respaldar a Garzón en el hecho de que el Servicio de Inspección abriera el lunes una información previa para investigar el comportamiento del juez durante los interrogatorios a los peritos, que empezaron por la tarde y terminaron pasadas las dos de la madrugada y durante los que, según dos de ellos (Escribano y García), el juez les habría presionado y faltado al respeto. El pasado jueves, día 28, los peritos entraron en el Juzgado como testigos, condición que posteriormente fue modificada por la de imputados.

La denuncia que esos mismos peritos (no así el tercero, Pedro Manrique) han presentado contra Garzón ante el CGPJ por ese supuesto trato degradante es el segundo argumento con el que la Comisión Permanente explica su decisión. Dicha denuncia se acumulará al escrito del vocal del grupo conservador José Luis Requero, que anteayer provocó el inicio de la investigación a Garzón a partir de las declaraciones que los mismos peritos habían realizado al mismo periódico que acusa al juez de prevaricación.

La apertura de una Información Previa por la Inspección y la denuncia de los peritos «aconsejan -señala el CGPJ- posponer cualquier acuerdo concreto» que suponga respaldar a Garzón. A cambio, la Permanente hace una «llamada a la prudencia en la crítica de las resoluciones judiciales».

Este pronunciamiento ha resultado del todo insuficiente para los dos vocales progresistas Campo y Aguiar, en cuya opinión la mayoría «no ha querido defender la independencia judicial» y ha hecho «dejación» de sus funciones. Ambos creen, además, que la decisión adoptada ayer es «incoherente» con el acuerdo del pasado 30 de mayo, fecha en la que se respaldó a Juan del Olmo por las duras críticas que recibió de los medios de comunicación tras la excarcelación -por un error en el cómputo de las fechas- de Saed El Harrak, uno de los hoy procesados por el 11-M.

Trato «correcto y normal»

De forma paralela, los fiscales Olga Sánchez y Pedro Rubira, que asistieron a la declaración de los policías, remitieron ayer al presidente del CGPJ dos escritos idénticos entre sí, que también se entregarán a la Inspección. Los representantes del Ministerio Público, entre cuyas funciones está velar por el cumplimiento de la legalidad, señalan que las declaraciones «se realizaron de forma adecuada y con trato correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal y sin que se produjera ninguna incidencia digna de mención». Por ello, concluyen, las imputaciones de coacción realizadas contra Garzón «son inciertas».

Un texto de Nieves Colli publicado por el diario ABC el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El sector del PP en el Poder Judicial se niega a defender a Garzón de la campaña de insultos 

Madrid - La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (compuesto por cinco vocales, tres elegidos a propuesta del PP, y dos del PSOE) rechazó ayer aprobar un pronunciamiento a favor de la independencia judicial y de la función del juez Baltasar Garzón. El pronunciamiento, propuesto por los vocales elegidos a propuesta del PSOE, pretendía dar una respuesta desde el órgano de gobierno de los jueces a las declaraciones de dirigentes del PP y sus medios afines que durante los tres últimos días han sugerido que el juez Garzón está al servicio del Gobierno y ha prevaricado al imputar por falsedad a tres peritos de la policía científica.

Esos tres peritos hicieron un borrador de informe donde vinculaban a un implicado en el 11-M con la banda terrorista ETA porque en su casa fue incautado ácido bórico, una sustancia que se halló también en un piso de etarras. Garzón les citó como testigos para saber si realmente el implicado en el 11-M, cuya causa instruye el juez, tenía en su casa material explosivo. Los peritos admitieron que ignoraban si el ácido bórico servía para fabricar explosivos y que no había sido utilizado nunca en un atentado terrorista en España. En el interrogatorio, Garzón fue informado de que los peritos habían firmado en 2006 una copia del borrador que elaboraron en 2005 para hacerlo pasar por el oficial y auténtico. Por eso les imputó por falsedad, interrumpió los interrogatorios y los citó para dentro de 14 días.

Los tres vocales de la comisión permanente del Poder Judicial elegidos a iniciativa del PP votaron ayer en contra de la propuesta de los vocales elegidos a instancias del PSOE con el argumento de que Garzón estaba siendo investigado por el Servicio de Inspección del Poder Judicial tras la denuncia presentada por José Luis Requero por supuesto trato vejatorio a los peritos. Requero es vocal del Poder Judicial elegido a propuesta del PP.

Posponer el pronunciamiento

Un día después de la presentación de la denuncia por parte de Requero, dos de los tres peritos imputados por falsedad registraron en el Consejo del Poder Judicial otra denuncia contra Garzón por los mismos motivos.

La mayoría de la comisión permanente resolvió ayer que "resulta aconsejable posponer cualquier acuerdo concreto" sobre el respaldo a Garzón, ya que "existen elementos relevantes sobre este asunto, como la tramitación en curso de una información previa por parte del Servicio de Inspección y la presentación de dos denuncias". Mientras se resuelven las denuncias, el órgano de gobierno de los jueces hizo ayer "una llamada a la prudencia en la crítica de las resoluciones judiciales".

Los vocales progresistas señalaron que aunque "la crítica hacia las resoluciones judiciales resulta siempre lícita, no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación de los jueces". "La virulencia y gravedad de los insultos y descalificaciones vertidas contra el magistrado resultan de todo punto rechazables", añadieron.

Enrique López, vocal elegido a propuesta del PP, replicó: "Las circunstancias aconsejan esperar a tener más datos para poder hacer en un futuro el pronunciamiento que pide la minoría. Lo hecho hoy es en defensa de la independencia del poder judicial y no por ningún otro motivo".

Los dos peritos que han denunciado a Garzón son Manuel Escribano -autor del informe que vinculaba a ETA con el 11-M- e Isabel López. En su escrito al Poder Judicial sostienen que Garzón les dio un trato "humillante y vejatorio, con una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad".

Ambos destacan el "tono altivo del juez, su actitud soberbia y airada y su permanente atosigamiento". "No podemos consentir que actitudes como esta, desterradas en una democracia, se pavoneen en la sede de un juzgado" añaden los peritos, que concluyen que se les ha imputado un delito cuya competencia corresponde a los juzgados de instrucción y "continúa sin inhibirse en un deliberado exceso de poder".

Respaldo de los fiscales

Los dos fiscales que estuvieron en la declaración de los peritos, Olga Sánchez y Pedro Rubira, desmintieron ayer en sendas notas que remitieron al Consejo General del Poder Judicial la versión ofrecida por los policías sobre el interrogatorio de Garzón.

Los vocales del PP que rechazaron ayer dar su respaldo a Garzón aprobaron hace sólo cuatro meses defender al juez Juan del Olmo. Entonces, la comisión permanente analizó lo publicado en el diario El Mundo por su columnista Federico Jiménez Losantos que, en su programa de radio en la Cope, calificó al juez Del Olmo de "guiñapo humano", "despojo" e "inútil". La comisión permanente aprobó una declaración en la que se aseguraba que "la virulencia y gravedad de los insultos resultan de todo punto rechazables desde la defensa objetiva del necesario respeto que merece el ejercicio de la función judicial y la confianza de los ciudadanos en la Justicia". La comisión permanente acordó trasladar a Del Olmo "el respaldo del Consejo General del Poder Judicial ante las acusaciones recibidas".

La decisión del Consejo se produjo el pasado 30 de mayo. Una semana antes, la inspección del Consejo General del Poder Judicial había propuesto abrir expediente por falta muy grave al juez Del Olmo debido a un error que había permitido la excarcelación de uno de los supuestos implicados en el 11-M.

Entonces, los tres vocales elegidos a propuesta del PP no tuvieron inconveniente en aprobar un respaldo al juez Del Olmo pese a que la Inspección ya había propuesto expedientarle por falta muy grave.

En este caso, la Inspección aún no ha decidido qué hará pero los vocales del PP han preferido no apoyar una declaración de respaldo a Garzón tras los ataques recibidos en los últimos tres días.

Un texto de José Manuel Romero publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Fernando Salinas: "Hay una campaña de acoso contra quien no una 11-M y ETA" 

Madrid - El vicepresidente del Poder Judicial, Fernando Salinas, elegido a propuesta del PSOE, advirtió ayer de que hay una "campaña de acoso y derribo" de "determinados medios de comunicación y círculos políticos" contra cualquier juez que no concluya que "la masacre del 11-M estuvo realizada por ETA". Salinas declaró a la cadena SER que la campaña se dirige contra cualquier juez -"llámese Garzón o Del Olmo"- que no secunde dicha teoría. "Veremos desgraciadamente si mañana será contra la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional", apostilló. "Es indignante que en un país democrático en que funcionaran adecuadamente las instituciones, a cualquier ciudadano, a cualquiera de nosotros, se nos pudiera decir por cualquiera impunemente que somos violadores, ladrones, asesinos, sin que pasara nada. Y esto es lo que está pasando con los jueces".

El vocal Juan Carlos Campo, elegido también a propuesta del PSOE, señaló que el juez Garzón ha vivido un "auténtico linchamiento" y merecía el mismo apoyo que la Comisión Permanente otorgó el pasado 30 de mayo al magistrado Juan del Olmo, instructor del sumario del 11-M. A juicio de Campo, el presidente del Poder Judicial y los dos vocales elegidos a propuesta del PP "no han querido reclamar el respeto que se merece el ejercicio de la función judicial".

Texto publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


José Luis Requero: "El juez puede haber violado derechos de los peritos" 

Madrid - José Luis Requero, vocal del Poder Judicial a propuesta del PP, se ha vuelto a convertir en protagonista del gobierno de los jueces al denunciar al juez Baltasar Garzón por un supuesto trató vejatorio a los peritos. Ayer, tomando como base una información de El Mundo, volvió a sugerir que el magistrado de la Audiencia Nacional podría "haber violado los derechos de los peritos". Su denuncia paralizó un pronunciamiento de respaldo al juez ante los ataques recibidos.

Requero, profesor de Derecho Administrativo y juez de lo Contencioso en la Audiencia Nacional hasta 2001, se ha hecho famoso por alguno de sus informes sobre proyectos de ley del Gobierno socialista.

Como ponente del dictamen sobre la Ley de matrimonios homosexuales, a la que se opuso, llegó a escribir: "Llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o a la unión entre un hombre y un animal". Sus compañeros, vocales elegidos por el PP, retiraron esa referencia del informe. En su cruzada contra ese proyecto de ley llegó a plantear que las bodas gays abrían el camino a la poligamia. En una entrevista con Servimedia, llegó a pedir al rey Juan Carlos que a la hora de sancionar esa ley hiciera como el rey Balduino de Bélgica, que en 1990 abdicó durante 36 horas para no tener que sancionar la Ley del Aborto.

Texto publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Como Pilatos” (Editorial de EL PAIS)

Nunca a un juez se le ha acusado públicamente de manera tan clara y rotunda de prevaricar como se ha hecho con Garzón, a raíz de su decisión de aceptar inicialmente la competencia en el caso del informe sobre el uso de ácido bórico como sustancia explosiva y de imputar a sus autores por falsedad en documento oficial. Al juez Del Olmo, instructor del sumario sobre el 11-M, también se le tachó, entre otras descalificaciones, desde el PP y su entorno mediático, de ser un pelele en manos de la policía, lo que en román paladino quiere decir prevaricar, pero con Garzón se ha elevado el listón al acusarle nada menos que de fabricar artificiosamente el proceso para criminalizar a unos inocentes y satisfacer los intereses del Gobierno.

La virulencia y gravedad de tales imputaciones sólo se explican por la decepción que ha debido causar a sus acusadores que Garzón desbaratara sus planes, primero haciéndose judicialmente con el asunto, y después descubriendo el pastel que pretendían vender a la opinión pública presentando como víctimas de la falsificación a sus presuntos autores. Pero lo más escandaloso es la actitud de los vocales del Consejo General del Poder Judicial afines al PP que, en lugar de dar amparo y salir institucionalmente en defensa de un juez acusado pública y explícitamente de prevaricar, como querían el resto de los vocales, han optado por mirar hacia otro lado, limitándose a una piadosa llamada a "la prudencia" en la crítica de las resoluciones judiciales. No es lo mismo imputar un delito a un juez -fabricar un proceso al servicio del Gobierno- que hacerle una crítica, por acerba que sea.

Tampoco se tiene en pie el pretexto alegado por los vocales afines al PP para eludir su amparo a Garzón: la investigación sobre el trato dado por el juez a los peritos imputados por falsedad, que fue solicitada por su compañero José Luis Requero, bien conocido por su extremismo ideólogico y reputado por su comparación del matrimonio homosexual con "la unión entre un hombre y un animal". Más bien suena a excusa. La obligación del CGPJ es amparar, como ha hecho en otros casos, la independencia de los jueces. Y si alguien cree que ha vulnerado la ley en su actuación, tiene los caminos adecuados para denunciarlo, sin que la mera petición de investigación pueda convertirse en la acción que paraliza al CGPJ, y con mayor razón todavía cuando el denunciante es a la vez juez y parte en el órgano que debe resolverla en última instancia.

Están claros los propósitos obstruccionistas de José Luis Requero, que deja a la institución bloqueada desde su interior, con el natural regocijo de quienes han perpetrado el ataque al juez. Aunque lo que en realidad han pretendido los vocales afines al PP es obedecer las órdenes impartidas por los acusadores de Garzón por miedo a provocar su ira, y lo que es más grave, por compartir sus delirios conspirativos sobre el 11-M en detrimento de la instrucción judicial.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia admite que hay 'dudas racionales' sobre el explosivo del 11-M

Por Narrador - 4 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: El Sumario del 11-M

MADRID.- La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional admitió ayer que hay «dudas racionales» sobre el explosivo empleado el 11-M. A pesar de ello, rechazó todas las diligencias sobre explosivos solicitadas por una decena de víctimas del 11-M y respaldadas por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M.

En su resolución, el tribunal se hace «eco» de la «inquietud» de las partes personadas sobre el «controvertido extremo del tipo de explosivo» empleado en la masacre, «habida cuenta de las divergencias de los informes periciales al respecto, la irregularidad de alguno de ellos y la duda racional acerca de una cuestión importante».

También subraya que la petición para realizar diligencias deberá ser incluida en los escritos de calificación de las partes, para que «puedan practicarse, como merecen, en el propio acto» del juicio oral, para que «se despeje cualquier duda al respecto». «Será a la luz y bajo la directa y atenta mirada del tribunal de enjuiciamiento como éste y tendrá a su alcance todos los elementos y datos objetivos para conocer realmente lo ocurrido».

Según el tribunal, «el deseo de conocer la verdad de lo ocurrido», y concretamente respecto a los explosivos, es «asumido por la acusación pública y defendido, a ultranza, por quienes administran justicia».

Aún así, la Sala estima que las diligencias celebradas por el instructor Juan del Olmo son más que suficientes y que las dudas que puedan albergar algunas acusaciones y defensas deberán despejarse en el juicio.

Entre las diligencias rechazadas por la Sala se encuentran: llamar a declarar a los agentes que custodiaron la mochila de Vallecas en Ifema; que declare de nuevo el responsable de los Tedax que dijo a Del Olmo que los efectos de las deflagraciones apuntaban a un explosivo militar, y que expertos en explosivos aclaren si es relevante que al día siguiente de la explosión de Leganés la Policía francesa se incautase de 100 kilos de un explosivo militar.

La decisión de la Sala supone mantener el calendario previsto por la Audiencia para poder comenzar el juicio el próximo mes de febrero.

La Sección Cuarta -Fernando Bermúdez, Paloma González y Juan Francisco Martel- rechazó hace unos días todos los recursos contra el auto de procesamiento de Del Olmo, incluido el de la fiscal Olga Sánchez.

La Sala también rechazó en otro auto todas las diligencias solicitadas por los acusados Basel Ghalyoun, Fouad Morabit, Raúl González y Rafá Zouhier. Los magistrados hacen suyos los argumentos de Del Olmo, que consideró las peticiones «inútiles» o «reiterativas».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

ABC y EL PAIS presentan otra 'visión' del Auto de la Audiencia Nacional

Por Narrador - 4 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: El Sumario del 11-M

11-M: La Audiencia Nacional rechaza practicar nuevas diligencias hasta el juicio oral

MADRID. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional despachó ayer de un plumazo los recursos presentados por las defensas de cuatro procesados, y el interpuesto por una de las acusaciones del 11-M, en relación con la práctica de nuevas diligencias, y recordó a las partes que la fase de instrucción ha concluido y que, por tanto, todas las pruebas que quieran proponer se sustanciarán durante el juicio oral, bajo los principios de publicidad, contradicción e inmediación.

«Los más de 170 tomos que abarca el sumario superan, con exceso, el material de investigación necesario para abrir la segunda parte del procedimiento penal», aseguran los magistrados, el mismo tribunal que el pasado 25 de septiembre consideró «perfectamente acreditado» que la sustancia explosiva utilizada en los distintos escenarios criminales «provenía de mina Conchita y respondía a la denominación de goma-2 eco».

Como hizo entonces con la confirmación de los 29 procesamientos, la Sección Cuarta volvió a avalar ayer la instrucción del juez Juan del Olmo y, al igual que el magistrado, rechazó la práctica de las diligencias propuestas por los letrados de Basel Ghalyoun, Abdelilah Fadual El Akil, Raúl González Peláez y Rafa Zouhier. Mientras los recursos de las defensas de estos procesados se refieren a cuestiones que afectan estrictamente a sus respectivas imputaciones en los atentados, el de la acusación que representa «a Roberto Barroso Anuncibay y otros» se centra precisamente en los aspectos esgrimidos por los «teóricos de la conspiración» para tratar de dinamitar el sumario.

Explosivos, Kangoo y «mochila 13»

De esta forma, las diligencias que se solicitan en el recurso son la citación de todos los agentes que vieron físicamente e inspeccionaron la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares; la de los que custodiaron los efectos de El Pozo durante el tiempo que estuvieron depositados en Ifema (a los que Del Olmo ya tomó declaración), y la de la Policía Científica para que justifique por qué se ha descartado el uso de Semtex (explosivo que, además, relaciona con ETA) en los atentados.

Sobre esta última cuestión, la Sala recuerda que en sus resoluciones anteriores, y también en las dictadas por el juez instructor, ya se ha hecho eco de que los explosivos utilizados ocupan «un lugar preferente» en la «inquietud» y en el deseo de «conocer la verdad» por parte de acusaciones y defensa. Un deseo, dice, que también comparten (como no podía ser de otro modo) quienes administran justicia, «máxime cuando, además de la investigación judicial, existen otro tipo de noticias que parten de diferentes premisas». Por eso, y precisamente porque en el juicio oral rigen los principios de publicidad y contradicción, el tribunal deja la puerta abierta a que acusaciones y defensas propongan cuantas pruebas estimen convenientes en sus escritos de calificación provisional con el objetivo de que sea en el juicio donde se practiquen. Así, en unos casos «por ser superfluas e innecesarias» las diligencias solicitadas, y en otros «por no ser éste el momento procesal adecuado», la Sala desestima todos los recursos de apelación. La Audiencia Nacional continúa con el horizonte puesto en febrero.

Un texto de Nati Villanueva publicado por el diario ABC el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia rechaza todas las pruebas propuestas en el caso del 11-M 

Madrid  - La Audiencia Nacional rechazó ayer, por superfluas, innecesarias o no ser el momento oportuno, todas las pruebas propuestas por las acusaciones y las defensas para aclarar aspectos de los atentados del 11-M que en su día ya rechazó el juez instructor Juan del Olmo.

El tribunal señaló que no es el momento procesal oportuno para plantear esas peticiones, sino que deberán incluirse en el escrito de calificación provisional de los hechos para que, si proceden, se practiquen durante el juicio. De esa forma, los letrados podrán proponer, impugnar, contradecir o presentar la contraprueba correspondiente y el tribunal "tendrá la posibilidad de tener a su alcance todos los elementos y datos objetivos para conocer realmente lo ocurrido".

El escrito precisa que la Sala tuvo ocasión de comprobar que tanto las acusaciones como las defensas "reclaman y exigen que se conozca lo que ocurrió; y bajo tal conocimiento exacto ocupa un lugar preferente el de los explosivos utilizados".

Deseo de saber la verdad

Por ello, y tras señalar que la cuestión no es nueva, puesto que los letrados ya la plantearon en la fase de instrucción y en momentos posteriores, la Sala se hace "eco de esa inquietud y deseo de conocer la verdad de lo ocurrido, conocimiento que, como no podría ser de otra manera, es asumido por la acusación pública y defendido, a ultranza, por quienes administran justicia, máxime cuando además de la investigación judicial, existen otro tipo de noticias que parten de diferentes premisas".

Por ello, al resolver sobre este particular, se apuntaba que todas las partes pueden solicitar las citadas pruebas en sus escritos de calificación, "a fin de que, previo su estudio, puedan practicarse, como merecen, en el propio acto del plenario donde, bajo los principios (...) de contradicción e inmediación, se despeje cualquier duda al respecto".

Las pruebas solicitadas eran: declaraciones de numerosos testigos, nuevas pruebas periciales cuantitativas sobre explosivos, reglamentación e iniciativas sobre el control de explosivos y el testimonio de los policías que custodiaron la bolsa de la estación de El Pozo, que fue desactivada, entre otras pruebas.

El juez Juan del Olmo ya tomó declaración a los agentes que custodiaron la bolsa mencionada durante su paso por el recinto ferial de Madrid (IFEMA) y también a los agentes que inspeccionaron la furgoneta encontrada en la localidad de Alcalá de Henares.

Un texto de J. Yoldi publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Reacciones Políticas (4 de octubre de 2006)

Por Narrador - 4 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: General

Aguirre compara las informaciones del 11-M con las de los GAL

«Así se descubrieron crímenes de Estado», dice Gallardón pide fortalecer las «instituciones»

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió ayer que no se descalifiquen las «informaciones periodísticas» sobre los atentados del 11-M en Madrid, y llegó a señalar que así fue, precisamente, como se descubrieron en su día «crímenes de Estado» como los de los GAL.

De manera literal, la dirigente popular se preguntó en la Cope: «¿O es que no tenemos en España ejemplos de que aún 14 años después, como el caso de los GAL, se han descubierto crímenes de Estado por investigaciones periodísticas?».

Aguirre puntualizó que ella fue «uno de los primeros políticos del PP» que, en relación al 11-M, manifestó su «plena confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces, fiscales, sistemas institucionales e investigaciones periodísticas». Añadió, no obstante, que no puede «entender por qué hay gente que porque el PP pregunte esto en el Congreso diga que estamos en la teoría de la conspiración». «Nunca hemos dicho que el PSOE es responsable del 11-M», afirmó, «pero queremos saber la verdad. ¿Cómo es posible que en España se considere, por parte de algunos medios y el Gobierno, una falta de ética intentar esclarecer lo ocurrido?»

Al tiempo que hablaba la presidenta de Madrid, lo hacían los dos dirigentes del PP habitualmente más críticos con la presión parlamentaria al Gobierno en lo referente a la investigación del 11-M. Primero Josep Piqué y luego Alberto Ruiz-Gallardón, los dos bordearon la cuestión sin comprometer la estrategia del partido, pero matizando sus respectivas reservas.

El alcalde de Madrid fue el que llegó más lejos en su desmarque de la línea oficial del partido. Se pronunció a favor de «fortalecer las instituciones» en relación con el Ministerio del Interior y los tribunales, «porque éstas deben ser respetadas y valoradas por los ciudadanos».

Zaplana y la «presión»

Además se mostró crítico con la línea editorial de EL MUNDO cuando, de manera tácita, declaró que «algunos sectores de la prensa, indudablemente, están en un terrero paralelo de lo que es la información». «Hay que respetarlo», añadió, «porque vivimos en un país con absoluta libertad de expresión, pero lo que es evidente es que lo que tenemos que hacer los políticos es gestionar la realidad».

Por su parte, Piqué apuntó que el PP está haciendo «lo que tiene que hacer», en lo que se refiere al control político de la investigación de los atentados de Madrid, «porque hay que seguir hablando de lo que preocupa a los ciudadanos». Añadió, en todo caso, que existe un «grado de confusión muy fuerte» en torno a esta cuestión, sin decantarse por ninguna de las líneas editoriales.

El candidato del PP a la Generalitat de Cataluña negó en cualquier caso que su partido se haya dejado arrastrar por una «guerra de medios de comunicación», y se concentró en su discurso más recurrente, según el cual el PP debe «trabajar en todos los campos a la vez» y «no centrarse exclusivamente en el 11-M».

«No creo que en el PP no haya nadie que no pueda compartir esto que digo», aseguró Piqué. Una afirmación que no impidió horas después a Eduardo Zaplana proclamar que su partido seguirá «abonado a la verdad» sobre el 11-M pese a la «presión política y mediática».

El portavoz del Grupo Popular vaticinó en rueda de prensa que con «tantos cabos sueltos» en torno a la masacre de Madrid «el Gobierno, al final, va a terminar enredándose».

Pero sobre todo, lo que Zaplana lanzó ayer fue una advertencia a propios y ajenos: «A mí, a estas alturas, no me va a amedrentar ninguna presión política ni mediática», afirmó. «Después de dos años y medio tras el atentado, lo único que sabemos a ciencia cierta es que no hay nada claro y, a pesar de eso, cada vez son más las voces que dicen 'y qué' y miran para otro lado de una forma cobarde», dijo, «está en juego la salud de la democracia española».

Una información de Carmen Remirez De Ganuza publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


L. Garrido: «Quien está enredado es el PP»

MADRID.- El portavoz 'popular' en el Congreso, Eduardo Zaplana, dijo ayer que en torno al 11-M «hay tantos cabos sueltos» que «el Gobierno va a enredarse demasiado». Diego López Garrido, portavoz del Grupo Socialista, le contestó: «Quienes están absolutamente enredados son el PP y el señor Rajoy, entre otras cosas por los buenos oficios de Zaplana, que en cuanto hay una oportunidad se enreda en el 11-M».

Según López Garrido, el problema del PP es que ha llegado a «un punto de no retorno y no sabe salir de ese jardín».

El portavoz de los socialistas acusó al PP de estar frenando la investigación de los jueces sobre la mayor masacre terrorista cometida jamás en España.

Además, arremetió contra la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque ayer no mostró su «amparo» al juez Baltasar Garzón frente a las críticas que está recibiendo, sino que decidió posponer este asunto.

López Garrido acusó al PP de «mover sus peones en el CGPJ» para intentar detener la labor de Garzón y consideró que «estamos ante un hecho muy grave porque es un freno a una investigación judicial».

Una información de Agustín Yanel publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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