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Garzón Denunciado

Por Narrador - 4 de Octubre, 2006, 10:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Dos peritos denuncian un «trato vejatorio y humillante» de Garzón al interrogarles

El Poder Judicial rechaza aprobar una declaración de apoyo al juez ante las críticas recibidas

Madrid - La petición de que el Consejo General del Poder Judicial abra una investigación sobre los interrogatorios del juez Garzón a los tres peritos que elaboraron el informe donde se relacionaba a ETA con los atentados del 11-M no es ya sólo una petición del vocal José Luis Requero. Dos de los directamente afectados, Manuel Escribano e Isabel López Cidad, han denunciado ante el órgano de gobierno de los jueces el «humillante y vejatorio trato» que, aseguran, recibieron por parte del magistrado en sus comparecencias.

En un escrito presentado ante el Consejo -que se reproduce literalmente en esta misma página- los dos policías denuncian que el juez mantuvo una «total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad», además de un «tono altivo y grosero» y su «permanente atosigamiento y corrección tanto sobre el tono de nuestras palabras, como de nuestros gestos y caras». Las críticas hacia el magistrado no se quedan ahí, sino que se extienden también a la actitud que mantuvo en esos interrogatorios: «Una actitud soberbia y airada, impropia de cualquier funcionario y mucho más de un juez de la Audiencia Nacional».

La segunda parte del escrito presentado en el CGPJ, en el que pide que se adopten «las medidas oportunas y corrija al mencionado magistrado», se centra en el hecho de haber permanecido hasta 30 horas a disposición del juez. «Es intolerable el hecho de citar a una persona como testigo a las 17:00, tomarle declaración de madrugada y convocarlo a continuación a una entrada y registro hasta las once horas de la noche del día siguiente, es decir, durante 30 horas», afirman los dos peritos en este punto.

Por contra, los fiscales que estuvieron presentes en los interrogatorios, Olga Sánchez y Pedro Rubira, remitieron igualmente sendos escritos a la Inspección del Consejo en los que rechazan de forma tajante que el juez Garzón hubiese actuado «coactivamente» contra los peritos en esas comparecencias. Esas declaraciones, aseguran al respecto, «se realizaron de forma adecuada y con trato correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal».

Por otro lado, el CGPJ tenía ayer sobre la mesa una petición de respaldo al juez Garzón ante las críticas recibidas por su actuación. Sin embargo, la Comisión Permanente rechazó aprobar esa petición y decidió no pronunciarse hasta que el Servicio de Inspección finalice la información previa abierta a raíz de la petición del vocal José Luis Requero. Sobre todo, porque también debe pronunciarse sobre el escrito presentado por los dos peritos y la denuncia del colectivo de funcionarios Manos Limpias, que también ha presentado una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo contra el citado magistrado. Además, señala la resolución, no se está «ante un supuesto de solicitud del amparo de la independencia judicial».

La decisión del CGPJ fue aprobada con los votos a favor del presidente, Francisco Hernando, y los vocales Enrique López y Carlos Ríos, y en contra de Luis Aguiar y Juan Carlos Campo. Precisamente, este último consejero afirmó que quienes se opusieron a aprobar el texto de apoyo a Garzón «no han querido defender la independencia judicial y tampoco han querido reclamar el respeto que se merece el ejercicio de la función judicial». Por contra, Enrique López, como portavoz del CGPJ, aseguró que «no hay que hacer juicios de intenciones falsarios sobre el voto de los compañeros, porque eso entra dentro del ámbito de la crítica política y no en el ámbito de la Comisión Permanente».

Garzón podría inhibirse

Por otro lado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciará hoy sobre la competencia de Garzón para conocer de este asunto (la titular del Juzgado número 35 ultima ya la cuestión de competencia que presentará ante el Supremo). El magistrado, no obstante, podría zanjar la controversia inhibiéndose antes de que se resuelva el conflicto.

Tres chapatas para aliviar 18 horas de interrogatorios

Garzón quiso ayer salir al paso de las informaciones que apuntan que el magistrado se habría reunido con un alto cargo del Gobierno el mismo día que tomó declaración, todavía como testigos, a los tres peritos de la Policía que relacionaron el 11-M con ETA en un informe. Según esa información, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 habría comido con un destacado miembro del Ejecutivo el pasado día 28, cuando comparecieron ante Garzón los tres peritos a los que, el día siguiente, imputó un delito de falsedad documental. Fuentes próximas al magistrado desmintieron esta posibilidad. Y como muestra, un menú: las tres «pulgas» de chapata, una de tortilla y dos de jamón, y la cerveza que degustó ese día en su despacho, aseguran esas mismas fuentes, para sobrellevar una jornada maratoniana que comenzó a las ocho y media de la mañana y terminó a las tres de la madrugada del viernes. «Estuvo todo el día metido en su despacho y no cenó nada», añaden.

Garzón, que viajó el pasado domingo a Colombia para asistir a un curso sobre pueblos indígenas, regresará hoy mismo a España, aunque su permiso concluye el próximo viernes.

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los peritos denuncian a Baltasar Garzón ante el CGPJ por vulnerar sus derechos

Se quejan del «abuso de autoridad» del juez, que les mantuvo como testigos pese a disponer del documento que luego utilizó para imputarles

MADRID.- Los policías Manuel Escribano e Isabel López, dos de los tres peritos que en marzo de 2005 elaboraron un informe sobre el 11-M en el que mencionaban a ETA, denunciaron ayer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el «abuso de autoridad» empleado por el juez Garzón, el «deliberado exceso de poder» utilizado contra ellos y el «trato humillante y vejatorio» que les dispensó durante su comparecencia como testigos el pasado jueves en la Audiencia Nacional.

La conducta de Garzón está sometida al escrutinio de la Inspección del CGPJ desde el lunes, cuando abrió una investigación tras recibir una denuncia del vocal José Luis Requero. Este magistrado insistió ayer desde Murcia en que «si se les tomó declaración en la forma en que se ha publicado, se podrían haber conculcado los derechos ciudadanos de estos testigos e incluso, posiblemente, la Ley Orgánica del Poder Judicial», informa Efe.

Manuel Escribano e Isabel López confirmaron ayer, en un escrito que dirigieron al órgano de gobierno del Poder Judicial, que Garzón les interrogó como testigos pese a que la prueba que utilizó luego para imputarles había sido proporcionada al principio por la propia Isabel López, la primera de los peritos en prestar declaración.

Se trata de una copia del informe de marzo de 2005, que los peritos volvieron a imprimir y firmar para que sus superiores lo incorporaran al grueso de dictámenes sobre el 11-M solicitados por el ministro del Interior el pasado julio.

Los peritos actuaron así porque la copia que entregaron en marzo de 2005 al jefe de sección, Francisco Ramírez, se encuentra desaparecida. Ramírez no aceptó el dictamen de los expertos y lo sustituyó por otro en el que suprimió la mención a ETA, firmándolo él mismo como si hubiera efectuado los análisis objeto de la pericia que, en realidad, llevaron a cabo sus subordinados.

Escribano y López afirman en su escrito al CGPJ que recibieron un trato «humillante y vejatorio» de Garzón, que, a su juicio, hizo gala de «una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad».

Destacan «el tono altivo del juez, su permanente atosigamiento y corrección tanto sobre el tono de nuestras palabras como de nuestros gestos y caras», así como su «actitud soberbia y airada, impropia de cualquier funcionario y mucho más de un juez».

Los peritos creen «intolerable» que se cite a una persona a declarar como testigo a las 17.00 horas, se le tome declaración de madrugada «y se le convoque a continuación a una entrada y registro que duró hasta las 23.00 horas del día siguiente». «Es decir, durante unas 30 horas» a disposición de Garzón.

Su principal queja es, no obstante, que se les tomase declaración como simples testigos «tras presentar un documento que es causa de la imputación y seguir tomándonos declaración» en la misma condición y, por tanto, sin asistencia letrada.

Junto a ello, indican que Garzón les imputa un delito «cuya competencia es de los juzgados de instrucción», y «continúa sin inhibirse en un deliberado exceso de poder».

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Hubo «absoluta normalidad», dicen los fiscales Rubira y Sánchez

MADRID.- Los dos fiscales presentes en las declaraciones de los peritos imputados por Garzón han afirmado que las comparecencias se celebraron «con absoluta normalidad».

A instancias del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza -quien en un precipitado informe del sábado 23 de septiembre pidió a Garzón que se hiciera cargo de este asunto-, Rubira y Sánchez han firmado un breve texto de idéntico contenido en el que aseguran que las declaraciones de los tres peritos «se realizaron de forma adecuada y con trato correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal y sin que se produjera ninguna incidencia digna de mención, por lo que son inciertas las imputaciones de haber actuado coactivamente que se han formulado contra el juez».

El escrito firmado por Sánchez y Rubira fue inmediatamente enviado por Javier Zaragoza al presidente de la Audiencia Nacional para su remisión al CGPJ, pese a lo cual no llegó a tiempo para que lo conociese la Comisión Permanente.

Fuentes del CGPJ señalaron que la decisión de la Comisión de no amparar a Garzón no hubiera sido diferente, ya que el escrito de los fiscales, además de salir en auxilio de Garzón, tiene un lógico carácter de autoprotección: de haber existido alguna irregularidad, Rubira y Sánchez la habrían presenciado y consentido.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“El Poder Judicial quiere saber” (Editorial de LA RAZON)

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado investigar si el interrogatorio del juez Garzón a tres peritos de la Policía Científica en relación con el 11-M se ajustó a los procedimientos legales o, por el contrario, violó derechos fundamentales de los interrogados. Cabe recordar que los tres peritos fueron citados como testigos y salieron del Juzgado como imputados. La decisión del CGPJ ha impedido que el mismo órgano expresara su apoyo al controvertido juez frente a algunas críticas recibidas por su actuación, tal y como solicitaba el PSOE. Una de las principales funciones del Poder Judicial es velar por el correcto funcionamiento de los tribunales y por la escrupulosa actuación de los jueces. Nada más natural que abra una investigación allí donde hay indicios de irregularidad. El interrogatorio a los peritos ha suscitado dudas razonables en el plano procesal, por lo que no debe extrañar que el gobierno de los jueces decida investigarlo. Más aún cuando ayer recibió un escrito de dos de los policías en el que denuncian haber sufrido de Garzón un trato «humillante y vejatorio». Nada deberían temer los defensores del polémico juez si su actuación se ajustó a derecho. Lo demás, la escandalera protagonizada por los dirigentes del PSOE y sus medios de comunicación afines, nada tiene que ver con la justicia, sino con la política. Y de la peor.

Editorial publicado por el diario LA RAZON el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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