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La 'Conspiración' que nunca ha existido (4 de octubre de 2006): En defensa de Garzón contra los 'peritos'

Por Narrador - 4 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

El CGPJ rechaza apoyar a Garzón frente al ataque de los «teóricos de la conspiración»

MADRID. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha eludido respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que está siendo objeto de una campaña de descrédito por parte de algunos medios de comunicación desde que imputó por un delito de falsificación en documento público a los peritos de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel García y Pedro Manrique. Los tres agentes apuntaron la hipotética vinculación entre ETA y el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico en la vivienda del marroquí Hassan El Haski en 2004 y, tres años antes, en un piso que la banda terrorista tenía en Salamanca. Según esos mismos peritos, en España nunca se ha cometido un atentado en el que se haya utilizado esa sustancia para fabricar el explosivo.

Los insultos y acusaciones de prevaricación proferidos contra el juez Garzón llegaron a la Comisión Permanente del CGPJ de la mano de dos vocales de la minoría progresista -Juan Carlos Campo y Luis Aguiar-, quienes el lunes presentaron un escrito en el que solicitaban un pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces para «significar la improcedencia» de tales afirmaciones (ver cuadro adjunto) por su «extraordinaria gravedad» y por suponer «una intolerable injerencia en la labor judicial» del magistrado.

Una sesión «muy dura»

Tras una reunión de la Comisión Permanente que varios vocales han descrito como «muy dura», la propuesta de Campo y Aguiar se rechazó por tres votos (los del presidente, Francisco Hernando, y los de los vocales de la mayoría conservadora Enrique López y Carlos Ríos) frente a dos (los de los propios Campo y Aguiar).

El acuerdo aprobado justifica la negativa a respaldar a Garzón en el hecho de que el Servicio de Inspección abriera el lunes una información previa para investigar el comportamiento del juez durante los interrogatorios a los peritos, que empezaron por la tarde y terminaron pasadas las dos de la madrugada y durante los que, según dos de ellos (Escribano y García), el juez les habría presionado y faltado al respeto. El pasado jueves, día 28, los peritos entraron en el Juzgado como testigos, condición que posteriormente fue modificada por la de imputados.

La denuncia que esos mismos peritos (no así el tercero, Pedro Manrique) han presentado contra Garzón ante el CGPJ por ese supuesto trato degradante es el segundo argumento con el que la Comisión Permanente explica su decisión. Dicha denuncia se acumulará al escrito del vocal del grupo conservador José Luis Requero, que anteayer provocó el inicio de la investigación a Garzón a partir de las declaraciones que los mismos peritos habían realizado al mismo periódico que acusa al juez de prevaricación.

La apertura de una Información Previa por la Inspección y la denuncia de los peritos «aconsejan -señala el CGPJ- posponer cualquier acuerdo concreto» que suponga respaldar a Garzón. A cambio, la Permanente hace una «llamada a la prudencia en la crítica de las resoluciones judiciales».

Este pronunciamiento ha resultado del todo insuficiente para los dos vocales progresistas Campo y Aguiar, en cuya opinión la mayoría «no ha querido defender la independencia judicial» y ha hecho «dejación» de sus funciones. Ambos creen, además, que la decisión adoptada ayer es «incoherente» con el acuerdo del pasado 30 de mayo, fecha en la que se respaldó a Juan del Olmo por las duras críticas que recibió de los medios de comunicación tras la excarcelación -por un error en el cómputo de las fechas- de Saed El Harrak, uno de los hoy procesados por el 11-M.

Trato «correcto y normal»

De forma paralela, los fiscales Olga Sánchez y Pedro Rubira, que asistieron a la declaración de los policías, remitieron ayer al presidente del CGPJ dos escritos idénticos entre sí, que también se entregarán a la Inspección. Los representantes del Ministerio Público, entre cuyas funciones está velar por el cumplimiento de la legalidad, señalan que las declaraciones «se realizaron de forma adecuada y con trato correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal y sin que se produjera ninguna incidencia digna de mención». Por ello, concluyen, las imputaciones de coacción realizadas contra Garzón «son inciertas».

Un texto de Nieves Colli publicado por el diario ABC el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El sector del PP en el Poder Judicial se niega a defender a Garzón de la campaña de insultos 

Madrid - La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (compuesto por cinco vocales, tres elegidos a propuesta del PP, y dos del PSOE) rechazó ayer aprobar un pronunciamiento a favor de la independencia judicial y de la función del juez Baltasar Garzón. El pronunciamiento, propuesto por los vocales elegidos a propuesta del PSOE, pretendía dar una respuesta desde el órgano de gobierno de los jueces a las declaraciones de dirigentes del PP y sus medios afines que durante los tres últimos días han sugerido que el juez Garzón está al servicio del Gobierno y ha prevaricado al imputar por falsedad a tres peritos de la policía científica.

Esos tres peritos hicieron un borrador de informe donde vinculaban a un implicado en el 11-M con la banda terrorista ETA porque en su casa fue incautado ácido bórico, una sustancia que se halló también en un piso de etarras. Garzón les citó como testigos para saber si realmente el implicado en el 11-M, cuya causa instruye el juez, tenía en su casa material explosivo. Los peritos admitieron que ignoraban si el ácido bórico servía para fabricar explosivos y que no había sido utilizado nunca en un atentado terrorista en España. En el interrogatorio, Garzón fue informado de que los peritos habían firmado en 2006 una copia del borrador que elaboraron en 2005 para hacerlo pasar por el oficial y auténtico. Por eso les imputó por falsedad, interrumpió los interrogatorios y los citó para dentro de 14 días.

Los tres vocales de la comisión permanente del Poder Judicial elegidos a iniciativa del PP votaron ayer en contra de la propuesta de los vocales elegidos a instancias del PSOE con el argumento de que Garzón estaba siendo investigado por el Servicio de Inspección del Poder Judicial tras la denuncia presentada por José Luis Requero por supuesto trato vejatorio a los peritos. Requero es vocal del Poder Judicial elegido a propuesta del PP.

Posponer el pronunciamiento

Un día después de la presentación de la denuncia por parte de Requero, dos de los tres peritos imputados por falsedad registraron en el Consejo del Poder Judicial otra denuncia contra Garzón por los mismos motivos.

La mayoría de la comisión permanente resolvió ayer que "resulta aconsejable posponer cualquier acuerdo concreto" sobre el respaldo a Garzón, ya que "existen elementos relevantes sobre este asunto, como la tramitación en curso de una información previa por parte del Servicio de Inspección y la presentación de dos denuncias". Mientras se resuelven las denuncias, el órgano de gobierno de los jueces hizo ayer "una llamada a la prudencia en la crítica de las resoluciones judiciales".

Los vocales progresistas señalaron que aunque "la crítica hacia las resoluciones judiciales resulta siempre lícita, no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación de los jueces". "La virulencia y gravedad de los insultos y descalificaciones vertidas contra el magistrado resultan de todo punto rechazables", añadieron.

Enrique López, vocal elegido a propuesta del PP, replicó: "Las circunstancias aconsejan esperar a tener más datos para poder hacer en un futuro el pronunciamiento que pide la minoría. Lo hecho hoy es en defensa de la independencia del poder judicial y no por ningún otro motivo".

Los dos peritos que han denunciado a Garzón son Manuel Escribano -autor del informe que vinculaba a ETA con el 11-M- e Isabel López. En su escrito al Poder Judicial sostienen que Garzón les dio un trato "humillante y vejatorio, con una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad".

Ambos destacan el "tono altivo del juez, su actitud soberbia y airada y su permanente atosigamiento". "No podemos consentir que actitudes como esta, desterradas en una democracia, se pavoneen en la sede de un juzgado" añaden los peritos, que concluyen que se les ha imputado un delito cuya competencia corresponde a los juzgados de instrucción y "continúa sin inhibirse en un deliberado exceso de poder".

Respaldo de los fiscales

Los dos fiscales que estuvieron en la declaración de los peritos, Olga Sánchez y Pedro Rubira, desmintieron ayer en sendas notas que remitieron al Consejo General del Poder Judicial la versión ofrecida por los policías sobre el interrogatorio de Garzón.

Los vocales del PP que rechazaron ayer dar su respaldo a Garzón aprobaron hace sólo cuatro meses defender al juez Juan del Olmo. Entonces, la comisión permanente analizó lo publicado en el diario El Mundo por su columnista Federico Jiménez Losantos que, en su programa de radio en la Cope, calificó al juez Del Olmo de "guiñapo humano", "despojo" e "inútil". La comisión permanente aprobó una declaración en la que se aseguraba que "la virulencia y gravedad de los insultos resultan de todo punto rechazables desde la defensa objetiva del necesario respeto que merece el ejercicio de la función judicial y la confianza de los ciudadanos en la Justicia". La comisión permanente acordó trasladar a Del Olmo "el respaldo del Consejo General del Poder Judicial ante las acusaciones recibidas".

La decisión del Consejo se produjo el pasado 30 de mayo. Una semana antes, la inspección del Consejo General del Poder Judicial había propuesto abrir expediente por falta muy grave al juez Del Olmo debido a un error que había permitido la excarcelación de uno de los supuestos implicados en el 11-M.

Entonces, los tres vocales elegidos a propuesta del PP no tuvieron inconveniente en aprobar un respaldo al juez Del Olmo pese a que la Inspección ya había propuesto expedientarle por falta muy grave.

En este caso, la Inspección aún no ha decidido qué hará pero los vocales del PP han preferido no apoyar una declaración de respaldo a Garzón tras los ataques recibidos en los últimos tres días.

Un texto de José Manuel Romero publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Fernando Salinas: "Hay una campaña de acoso contra quien no una 11-M y ETA" 

Madrid - El vicepresidente del Poder Judicial, Fernando Salinas, elegido a propuesta del PSOE, advirtió ayer de que hay una "campaña de acoso y derribo" de "determinados medios de comunicación y círculos políticos" contra cualquier juez que no concluya que "la masacre del 11-M estuvo realizada por ETA". Salinas declaró a la cadena SER que la campaña se dirige contra cualquier juez -"llámese Garzón o Del Olmo"- que no secunde dicha teoría. "Veremos desgraciadamente si mañana será contra la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional", apostilló. "Es indignante que en un país democrático en que funcionaran adecuadamente las instituciones, a cualquier ciudadano, a cualquiera de nosotros, se nos pudiera decir por cualquiera impunemente que somos violadores, ladrones, asesinos, sin que pasara nada. Y esto es lo que está pasando con los jueces".

El vocal Juan Carlos Campo, elegido también a propuesta del PSOE, señaló que el juez Garzón ha vivido un "auténtico linchamiento" y merecía el mismo apoyo que la Comisión Permanente otorgó el pasado 30 de mayo al magistrado Juan del Olmo, instructor del sumario del 11-M. A juicio de Campo, el presidente del Poder Judicial y los dos vocales elegidos a propuesta del PP "no han querido reclamar el respeto que se merece el ejercicio de la función judicial".

Texto publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


José Luis Requero: "El juez puede haber violado derechos de los peritos" 

Madrid - José Luis Requero, vocal del Poder Judicial a propuesta del PP, se ha vuelto a convertir en protagonista del gobierno de los jueces al denunciar al juez Baltasar Garzón por un supuesto trató vejatorio a los peritos. Ayer, tomando como base una información de El Mundo, volvió a sugerir que el magistrado de la Audiencia Nacional podría "haber violado los derechos de los peritos". Su denuncia paralizó un pronunciamiento de respaldo al juez ante los ataques recibidos.

Requero, profesor de Derecho Administrativo y juez de lo Contencioso en la Audiencia Nacional hasta 2001, se ha hecho famoso por alguno de sus informes sobre proyectos de ley del Gobierno socialista.

Como ponente del dictamen sobre la Ley de matrimonios homosexuales, a la que se opuso, llegó a escribir: "Llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o a la unión entre un hombre y un animal". Sus compañeros, vocales elegidos por el PP, retiraron esa referencia del informe. En su cruzada contra ese proyecto de ley llegó a plantear que las bodas gays abrían el camino a la poligamia. En una entrevista con Servimedia, llegó a pedir al rey Juan Carlos que a la hora de sancionar esa ley hiciera como el rey Balduino de Bélgica, que en 1990 abdicó durante 36 horas para no tener que sancionar la Ley del Aborto.

Texto publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Como Pilatos” (Editorial de EL PAIS)

Nunca a un juez se le ha acusado públicamente de manera tan clara y rotunda de prevaricar como se ha hecho con Garzón, a raíz de su decisión de aceptar inicialmente la competencia en el caso del informe sobre el uso de ácido bórico como sustancia explosiva y de imputar a sus autores por falsedad en documento oficial. Al juez Del Olmo, instructor del sumario sobre el 11-M, también se le tachó, entre otras descalificaciones, desde el PP y su entorno mediático, de ser un pelele en manos de la policía, lo que en román paladino quiere decir prevaricar, pero con Garzón se ha elevado el listón al acusarle nada menos que de fabricar artificiosamente el proceso para criminalizar a unos inocentes y satisfacer los intereses del Gobierno.

La virulencia y gravedad de tales imputaciones sólo se explican por la decepción que ha debido causar a sus acusadores que Garzón desbaratara sus planes, primero haciéndose judicialmente con el asunto, y después descubriendo el pastel que pretendían vender a la opinión pública presentando como víctimas de la falsificación a sus presuntos autores. Pero lo más escandaloso es la actitud de los vocales del Consejo General del Poder Judicial afines al PP que, en lugar de dar amparo y salir institucionalmente en defensa de un juez acusado pública y explícitamente de prevaricar, como querían el resto de los vocales, han optado por mirar hacia otro lado, limitándose a una piadosa llamada a "la prudencia" en la crítica de las resoluciones judiciales. No es lo mismo imputar un delito a un juez -fabricar un proceso al servicio del Gobierno- que hacerle una crítica, por acerba que sea.

Tampoco se tiene en pie el pretexto alegado por los vocales afines al PP para eludir su amparo a Garzón: la investigación sobre el trato dado por el juez a los peritos imputados por falsedad, que fue solicitada por su compañero José Luis Requero, bien conocido por su extremismo ideólogico y reputado por su comparación del matrimonio homosexual con "la unión entre un hombre y un animal". Más bien suena a excusa. La obligación del CGPJ es amparar, como ha hecho en otros casos, la independencia de los jueces. Y si alguien cree que ha vulnerado la ley en su actuación, tiene los caminos adecuados para denunciarlo, sin que la mera petición de investigación pueda convertirse en la acción que paraliza al CGPJ, y con mayor razón todavía cuando el denunciante es a la vez juez y parte en el órgano que debe resolverla en última instancia.

Están claros los propósitos obstruccionistas de José Luis Requero, que deja a la institución bloqueada desde su interior, con el natural regocijo de quienes han perpetrado el ataque al juez. Aunque lo que en realidad han pretendido los vocales afines al PP es obedecer las órdenes impartidas por los acusadores de Garzón por miedo a provocar su ira, y lo que es más grave, por compartir sus delirios conspirativos sobre el 11-M en detrimento de la instrucción judicial.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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