El Blog

Calendario

<<   Octubre 2006  >>
LMMiJVSD
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Sindicación

Foros

Un Suplemento de

Alojado en
ZoomBlog

5 de Octubre, 2006

Comunicado original del SUP: "Policías Decentes". Para reir y no parar

Garzón no es competente en el caso del informe del ácido bórico

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 11:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

La Audiencia no ve ni 'el más mínimo indicio' de que Garzón sea competente

Advierte que no se da ninguno de los supuestos que permitirían a un juez de la Audiencia Nacional investigar la falsedad documental El magistrado pide amparo ante el CGPJ horas después de que este órgano se lo negara de nuevo a petición de los vocales próximos al PSOE

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reiteró ayer que Baltasar Garzón no es el juez competente para investigar la presunta falsificación de los informes policiales sobre el ácido bórico incautado a Hasan Haski. La Sección Segunda responde así al recurso interpuesto el pasado viernes por la Fiscalía contra la decisión inicial del tribunal de enviar las copias de los documentos a un juez ordinario.

La decisión de la Sala desautoriza la postura de Garzón y de la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza, pero no obliga al juez a dejar la investigación. El instructor estudia los hechos dentro del sumario por los atentados de Casablanca, mientras que la decisión de la Sala sólo afecta al del 11-M. Eso supone que, de momento, el juez puede seguir practicando diligencias como la declaración de los tres peritos imputados, prevista para el próximo día 18.

La Sección Segunda, presidida por Javier Gómez Bermúdez, afirma en su auto que no existe «el más mínimo indicio» de que el presunto delito de falsedad deba investigarlo la Audiencia.

Según explica el Tribunal -completado por Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado-, la Audiencia no es competente en este caso: ni lo han cometido miembros o colaboradores de una banda terrorista, ni la falsedad buscaba cometer o facilitar la ejecución de un delito terrorista, ni procuraba la impunidad de un delito de terrorismo.

«Por lo tanto», concluye, «la competencia corresponde al juzgado o juzgados del partido en el que el delito se hubiera cometido; es decir, a los juzgados de Madrid».

El auto añade que, aunque se aceptase la conexión con algún delito terrorista, «la competencia correspondería al Juzgado Central de Instrucción número 6 [Del Olmo], no al número 5, pues es en el marco del sumario 20/04 de aquel juzgado donde se comete la presunta falsedad».

Además de rechazar el fondo, la Sala critica «la muy discutible vía» empleada por la Fiscalía para intentar que rectifique su postura inicial: «Bajo la cobertura de un recurso de súplica el Ministerio Fiscal plantea una pseudocuestión de competencia en defensa de la que el predefinió», dice.

«Todo lo anterior», afirma el auto, «es por sí sólo bastante para desestimar el recurso». Sin embargo, la Sala entra a responder al «conjunto de alegaciones» con las que la Fiscalía quiso en su recurso «justificar la competencia por él mismo predefinida en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5».

Así, resalta que, «como bien sostiene el Ministerio Fiscal», Garzón explicó que necesitaba practicar diligencias para descubrir si había elementos que llevasen a imputar a Haski por disponer de explosivo. A este respecto, la Sección rebate que los dos informes periciales afirman que la sustancia incautada al islamista es ácido bórico, por lo que la posible falsificación resulta intrascendente a efectos de formular la acusación.

«La conclusión a la que llega este Tribunal es que la posible falsedad documental no incide sobre la imputación que pesa sobre Hasan Haski en el sumario 9/03 [Casablanca]».

En el último punto de su escrito, la Sección Segunda responde a la afirmación de la Fiscalía de que su decisión inicial de enviar los documentos al juez ordinario fue «precipitada» porque para entonces Garzón ya había acordado diversas diligencias.

Esa acusación está «falta de fundamento» a juicio de los magistrados, que recuerdan que la Fiscalía recibió la denuncia un viernes y que Javier Zaragoza la remitió al día siguiente a Garzón, quien abrió diligencias ese mismo sábado.

También insisten en que el hecho de que un juez haya abierto unas diligencias «no es causa legal de atribución de competencia ni condiciona, determina o limita la decisión de la Sala».

Respecto a la afirmación del fiscal de que la Sección fundamentó su deducción de testimonio «en fotocopias de documentos y de una información periodística que no tiene ninguna garantía de autenticidad», el auto destaca que fue la misma Policía quien dio validez a los documentos. Lo hizo el mismo día en que este diario informó de la falsificación, al remitir un fax dirigido a la Sala de lo Penal en la que calificaba el informe inicial de borrador.

«Por lo tanto, es la Comisaría General de Policía Científica quien, admitiendo la existencia del documento de los peritos 9, 11 y 155, le otorga valor jurídico indiciario a la fotocopia remitida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 que éste recibe en un sobre entregado en mano a las 0.45 horas del día 21 de septiembre».

La Sala reconoce que su decisión de ayer atañe sólo a los documentos remitidos por EL MUNDO y que recibió por intermediación de Del Olmo, pero también aclara que «no es posible ignorar que las razones jurídicas que se exponen son válidas para supuestos análogos».

Por ejemplo, para dilucidar quién investiga la denuncia de la plataforma España y Libertad contra los mandos policiales presentada ante la Fiscalía, y que sirvió al Ministerio Público para enviar el asunto a Garzón.

También para resolver la cuestión de competencia presentada el lunes por dos de los peritos. La Sala de lo Penal todavía no ha estudiado si le corresponde resolver directamente la petición o si la envía a Garzón para que tenga por interpuesta la declinatoria de competencia. En el primer caso, una decisión de la Sala en idéntico sentido a la de ayer sí obligaría a Garzón a abandonar el asunto.

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia «aparta» de nuevo a Garzón de la investigación sobre los peritos

El juez pide amparo al CGPJ por los «ataques injustificados» y por injerencia en su trabajo

MADRID - La madeja jurídica en que se ha convertido la supuesta falsedad de dos informes policiales sobre el 11-M –uno de los cuales relacionaba los atentados con ETA– puso ayer frente a frente a dos de sus principales actores: el juez Baltasar Garzón y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta última ya había dejado claro hace unos días que debían ser los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla los que investigasen el asunto (la presunta falsedad documental cometida en el informe sobre el ácido bórico hallado en el domicilio de Hassan El Haski, uno de los supuestos ideólogos del 11-M, y en el piso de un comando etarra), porque la Audiencia Nacional no es competente para investigar este tipo de delitos. La Fiscalía recurrió esa decisión y la sección segunda de la Sala de lo Penal reiteró ayer, por segunda vez en una semana, que la competencia corresponde «a los juzgados de Madrid». Y es que los magistrados entienden que no existe conexión alguna entre esa hipotética falsedad y un delito de terrorismo, que sí permitiría que Garzón investigase el asunto. El magistrado, no obstante, sigue adelante con las diligencias para intentar esclarecer si el ácido bórico encontrado en el domicilio de El Haski permite sustentar una nueva imputación contra él por tenencia de explosivos en el sumario que investiga los atentados de Casablanca (Marruecos), que instruye el propio magistrado.

Ni el más mínimo indicio

La Sala de lo Penal argumenta que el asunto únicamente podría ser competencia de la Audiencia Nacional si la falsedad la hubiese cometido un miembro o colaborador de ETA o con el objetivo de facilitar un acto terrorista o procurar que éste quede impune. «De ninguno de estos presupuestos –concluyen los magistrados– aparece el más mínimo indicio» en la documentación remitida por el Juzgado de Instrucción número 6, cuyo titular es Juan del Olmo (a quien el diario «El Mundo» remitió los documentos de los peritos).

El escrito de la Sala no dilucida expresamente si la competencia es o no de Garzón (el recurso que presentaron los peritos para esclarecer este conflicto está pendiente de resolverse porque los policías no están personados en la causa con abogado y procurador). No obstante, a renglón seguido desliza una frase reveladora: «No es posible ignorar que las razones jurídicas que se exponen a continuación son válidas para supuestos análogos».

Los magistrados, al frente de los cuales está Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal, dan un tirón de orejas a la Fiscalía, a quien reprochan que haya enmascarado bajo la apariencia de un recurso de súplica «una pseudocuestión de competencia» utilizando «una muy discutible vía». Por si fuera poco, la Sala afea al Ministerio Público que «con libérrimo criterio» remitiese el asunto directamente a Garzón y no al decanato para su reparto. La posible falsedad documental, añade, «no incide sobre la imputación que pesa sobre El Haski», porque los dos informes en cuestión concluyen que la sustancia encontrada en su domicilio es ácido bórico.

A última hora de la tarde, Garzón presentó ante el CGPJ una petición de amparo ante los «ataques sistemáticos e injustificados, gravemente atentatorios a la independencia del Poder Judicial» de los que, según él, está siendo objeto por parte de algunos medios. Además, pidió amparo ante el Consejo por una supuesta injerencia en su actividad jurisdiccional frente al vocal del CGPJ José Luis Requero, que solicitó que se investigase si vulneró los derechos de los peritos.

Una información de R. Coarasa y F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia reitera que un juez ordinario debe investigar los informes del bórico

MADRID. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer el traslado de los informes periciales del ácido bórico a los juzgados de Plaza de Castilla, al no ver ninguna relación entre la presunta falsedad documental y delitos de terrorismo, cuya investigación sí correspondería a este tribunal. El auto rechaza así el recurso de la Fiscalía contra la decisión de esta Sala de remitir esta documentación a los juzgados ordinarios.

La decisión del tribunal, el mismo que va a juzgar a los 29 procesados del 11-M, se basa en que el delito de falsedad sólo puede ser competencia de la Audiencia Nacional en tres supuestos: cuando se cometa por un miembro o colaborador de una organización terrorista, cuando se haya realizado para perpetrar o facilitar la comisión de un delito de terrorismo y cuando «se cometa para procurar la impunidad» del mismo.

Ni un indicio

«De ninguno de estos tres supuestos -dice la Sala- aparece el más mínimo indicio en la documentación remitida», un sobre sin remite enviado por «El mundo» al juez Del Olmo con el informe pericial y el borrador sobre el hallazgo de ácido bórico en la vivienda de El Haski, imputado por los atentados de Casablanca y procesado por el 11-M.

La Sección Segunda de lo Penal asegura que, «revisada una vez más la documentación remitida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 (Del Olmo dio traslado a la Sala del sobre al haber dictado él ya el auto de conclusión del sumario de los atentados de Madrid), la conclusión a la que llega este tribunal es que la posible falsedad documental no incide en la imputación que pesa sobre El Haski», ya que tanto el borrador como el informe pericial «llegan a idéntica conclusión sobre la sustancia encontrada en el registro: es ácido bórico».

Con esta afirmación, la Sala da a entender que al menos de momento no existe el menor indicio de que el ácido bórico pueda ser empleado en la fabricación o conservación de explosivos, ya que de ser así sí podría afectar a la situación procesal de El Haski, que podría ver ampliada su inicial imputación por pertenencia a organización terrorista (en relación con los atentados de Casablanca) a un delito de tenencia de explosivos.

Informes policiales

Precisamente, la investigación abierta por Garzón se refiere al supuesto uso del bórico con fines terroristas, de forma que las imputaciones de los tres peritos derivaron de las respuestas que éstos dieron al juez, que les interrogaba sobre este asunto, y no sobre la falsedad documental. De hecho, el magistrado podría inhibirse en lo referente a este último delito en cuanto reciba los informes que ha pedido a la Policía sobre todas las posibles aplicaciones de la mencionada sustancia.

En su auto, la Sala, que esta vez se limita a hablar de quién debe investigar sin hacer otras valoraciones, hace fuertes reproches a la Fiscalía al afirmar que «el Ministerio Fiscal, con libérrimo criterio, entendió y entiende que la competencia es del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (Garzón), sin que corresponda ahora a este tribunal valorar porqué no fue remitida al decanato de los juzgados centrales para su reparto y sí, directamente, a un juzgado concreto».

Texto de N. Villanueva y P. Muñoz publicado por el diario ABC el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón desoye a la Audiencia e insiste con el ácido bórico

Aguilar sale en defensa del juez y dice que los ataques no tienen precedentes. El magistrado se niega a ceder el caso y pide ahora amparo al Poder Judicial

Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se resiste a dejar el caso del ácido bórico, al menos de momento. Ayer, por segunda vez en diez días, Garzón desoyó el dictamen de la Sala de lo Penal, en el que ésta reafirmó que la investigación de la presunta falsificación de un documento policial que vinculaba a ETA con el 11-M es competencia exclusiva de la justicia ordinaria.

La Sala de lo Penal ya había dictaminado que la Audiencia no era la instancia competente para investigar el caso del ácido bórico. Ante esa decisión, la Fiscalía presentó un recurso de súplica para mantener el caso en manos de Garzón.

Y ayer la Sala desestimó ese recurso al entender que Garzón no es competente porque la falsedad documental no guarda ninguna relación con el terrorismo, que es lo que se trata habitualmente en la Audiencia.

A pesar de la decisión de la Sala, que no es preceptiva, Garzón se ha negado de momento a enviar el caso a los Juzgados de Instrucción de Madrid y mantiene en pie las citaciones programadas para los próximos días.

Garzón cree que la sustancia intervenida en la vivienda de Hasan el Haski, imputado en el sumario de los atentados de Casablanca, podía tener algún uso en la fabricación de explosivos y que, por tanto, puede tener influencia.

Pero la Sala dictaminó ayer que los informes policiales no pueden afectar a la imputación de Hasan el Haski o a la instrucción de los atentados de Casablanca porque ambos concluyen lo mismo: que la sustancia encontrada era ácido bórico. La Sala expone que, en todo caso, el asunto es del juez Juan del Olmo, que instruyó el 11-M.

En el auto que dictó ayer, la Sala, presidida por Javier Gómez Bermúdez, con quien Garzón peleó para ocupar esa plaza, reprocha a la Fiscalía que enviara el caso a Garzón en lugar de sortearlo entre los juzgados.

Por otro lado, Garzón presentó ayer una petición de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solicitando protección ante los “ataques injustificados” de la prensa.

Garzón también se queja de la petición de investigación presentada por el vocal José Luis Requero ante los indicios de que los tres peritos procesados por el juez recibieron un trato vejatorio durante los interrogatorios.

La solicitud de amparo llega después de que el Poder Judicial se negara a respaldarle el martes debido a que los vocales conservadores del CGPJ, mayoritarios, entendieron que el juez no había pedido protección. Con su gesto de ayer, Garzón obliga ahora al CGPJ a pronunciarse de nuevo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, salió ayer en defensa del magistrado asegurando que los ataques contra Garzón no tienen precedentes y podrían suponer el retraso del juicio del 11-M, con el consiguiente riesgo de fuga en caso de que los imputados tengan que ser excarcelados.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón seguirá investigando el caso en relación con El Haski 

Madrid - El juez Baltasar Garzón podrá seguir investigando si el ácido bórico es un componente de un explosivo y si por ese hecho puede imputar un delito de tenencia de sustancias explosivas con fines terroristas al jefe del Grupo Islámico Combatiente Marroquí Hassan El Haski, procesado por conspirar para la realización de los atentados del 11-M.

Y ello a pesar de que la sección segunda de lo penal de la Audiencia decidió remitir los documentos presentados por el diario El Mundo a los juzgados de instrucción de Madrid para la investigación de un presunto delito de falsedad. La sala rechazaba así el recurso de súplica interpuesto por la fiscalía, que reclamaba que la investigación de los citados documentos debía ser remitida al juzgado de Garzón por conexidad, ya que éste investiga a El Haski por su presunta participación en los atentados contra la casa de España de Casablanca, ocurridos en 2003.

Sin embargo, el origen y el objeto de la investigación es diferente en ambos casos. Por un lado, en los juzgados de Madrid ya se investiga una posible falsedad en un informe pericial, atribuida al jefe de laboratorio de la Unidad de Policía Científica, Francisco Ramírez, que es a la que se refiere el auto de la Sala. El caso procede de los papeles remitidos por El Mundo.

Falsedades distintas

Por el otro, la fiscalía remitió a Garzón una denuncia formulada por la asociación próxima al PP España y Libertad. En ese caso, Garzón investiga la posible participación de El Haski en el delito de tenencia de explosivos, en el que, tras las declaraciones de los peritos, se descubrió un posible delito de falsedad en documento oficial, ya que éstos firmaron en julio de 2006 un documento fechado en marzo de 2005 y trataron de hacerlo pasar por oficial -cuando nunca lo fue-, ya que en lugar de entregar el original, presentaron una fotocopia, con la finalidad de engañar a su jefe, José Andradas.

Por tanto, Garzón podrá seguir investigando el posible uso del ácido bórico como sustancia explosiva, y previsiblemente se inhibirá en favor del juzgado de instrucción de Madrid que por turno de reparto corresponda para que persiga la presunta falsedad de los tres peritos que firmaron su informe en julio de 2006, mientras que la supuesta falsedad del jefe del laboratorio sería competencia del juzgado de instrucción número 35 de Madrid, cuya titular, Gemma Gallego, es candidata a vocal del Consejo General del Poder Judicial por la Asociación Profesional de la Magistratura.

Es decir, un auténtico batiburrillo jurídico, pero sin ninguna trascendencia para la investigación del 11-M.

Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón no es competente en el caso del informe del ácido bórico: Editoriales

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 10:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

La Sala de lo Penal enmienda la plana a Garzón (Editorial de EL MUNDO)

Baltasar Garzón anticipó ayer su vuelta de Bogotá a Madrid y, pocas horas después de aterrizar en Barajas, se encontró con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que insiste en que «no hay el más mínimo indicio» de que su juzgado pueda ser competente para investigar la falsedad documental que imputa a los peritos de la Policía Científica.

Se trata de un criterio genérico que corrobora el auto de la misma Sala, dictado el pasado 27 de septiembre, en el que señalaba que los delitos de falsedad documental son competencia de los juzgados de instrucción.

La Sala precisa ahora que Garzón sólo podría ser competente en caso de que la falsedad de documento se hubiera cometido para perpetrar un delito terrorista, lo que no es el caso.

A pesar de ello, Garzón llamó a declarar a los peritos la pasada semana y les imputó tras un largo interrogatorio. La Sala de la Audiencia, que es la instancia superior a Garzón, le desautorizó ayer implícitamente al desestimar el recurso del fiscal y establecer el criterio de que carece de competencia.

Ello pone a Garzón en la difícil tesitura de rectificar ante el fallo de un tribunal superior o de cruzar la raya de la prevaricación, fingiendo que el asunto no va con él. Lo lógico es que el juez se inhibiera hoy mismo en favor del juzgado de instrucción ante el que se ha presentado una querella, como recomiendan los tres magistrados de la Sala de lo Penal.

Ello sería lo normal y lo coherente y permitiría al juzgado de instrucción empezar la investigación desde cero, dado que las actuaciones de Garzón serían probablemente declaradas nulas al carecer de competencias. Pero Garzón ya ha demostrado que no siempre actúa conforme a las normas procesales y al principio de legalidad.

El fallo de la Sala deja en muy mal lugar al fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, que ha defendido -contra el espíritu y la letra de la ley- que Garzón sí era competente. De hecho, Zaragoza intentó predefinir la competencia del juez al solicitarle el día 23 de septiembre que se hiciera cargo del asunto. El fallo de ayer le contradice sin ningún matiz y desmonta su falacia de que Garzón estaba investigando el caso para determinar si procesaba a Hasan Haski por tenencia de explosivos. Falsos o verdaderos, los dos informes policiales coinciden en que Haski tenía ácido bórico en su casa, por lo que el juez no necesita practicar diligencia alguna sobre un hecho que ha quedado acreditado.

Pero el sometimiento a la ley ha brillado por su ausencia en la actuación de Garzón, que ayer pidió amparo al CGPJ, alegando que este periódico y otros medios le han «atacado de forma sistemática» y amenazan su «independencia». En cuanto a lo segundo, es evidente que no se puede poner en peligro su independencia en un caso en el que carece de competencias. Y en cuanto a lo primero, el CGPJ ya denegó ese amparo solicitado hace unos días por los vocales afines al PSOE, argumentando que hay que esperar a la investigación de las denuncias presentadas contra Garzón, que pretende con su petición silenciar a los medios que cuestionamos con argumentos jurídicos su forma de proceder en este caso.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"Juez incompetente" (Editorial de LA GACETA DE LOS NEGOCIOS)

Los peritos del 11-M (caso del ácido bórico) presentaron una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por el trato degradante recibido por el juez Baltasar Garzón. La Fiscalía de la Audiencia respondió afirmando que los peritos habían tenido garantizados siempre sus derechos. Cabe preguntarse por quién, pues a estas alturas es notorio que no lo fueron por Garzón ni por la Fiscalía. Ninguno de ellos hizo nada por garantizar el derecho al juez imparcial predeterminado por la ley. Por el contrario, la Fiscalía parece querer llevar a la exasperación a la sala de la Audiencia, por su empeño en justificar las acciones incompetentes de Garzón. Por dos veces los magistrados han tenido que poner al peculiar equipo en su sitio.

Es lícito preguntarse si la Fiscalía actuaría igual ante la pretensión de un juez de instrucción por hacerse cargo de una causa de terrorismo por coincidir el criminal con un robo que está investigando. Un juez sólo tiene poder constitucional para actuar dentro de su competencia. Y lo que estamos viendo es una expansión ilícita que afecta a derechos de terceros. Pero tampoco garantizó la Fiscalía los derechos de los peritos cuando asistió impasible al trato dado a los testigos, mientras aún eran testigos, o a su conversión en imputados sucesivamente, sin las mínimas garantías de un abogado, toda vez que, por otra parte, el ministerio público actuaba de forma tan particular. Si lo que aconteció en la Audiencia fuera aceptable, todo el sistema de garantías de derechos a los imputados podría evadirse por el sencillo truco de tenerlos como testigos hasta que fuera conveniente. De esta forma, los fiscales de la Audiencia y Garzón han reforzado las críticas que viene sufriendo la instrucción judicial española por poco garantista.

Editorial publicado por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Por segunda vez el 'Poder Judicial niega el 'amparo' a Garzón

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

El Poder Judicial insiste en no apoyar la actuación de Garzón

Dos vocales afines al PSOE abandonaron el Pleno El CGPJ tampoco pudo nombrar ayer a jueces del Tribunal Supremo por el bloqueo de la minoría

MADRID.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó ayer el acuerdo tomado 24 horas antes por la Comisión Permanente, que rechazó expresar apoyo alguno a la actuación del juez Baltasar Garzón con los peritos de la Policía a los que interrogó como testigos y acabó imputando por un presunto delito de falsedad documental para cuya investigación carece de competencia.

El presidente del Consejo, Francisco Hernando, y los nueve vocales propuestos por el PP que conforman la mayoría en el Consejo insistieron en que no es prudente pronunciarse sobre el respaldo a Garzón que reclaman los consejeros propuestos por el PSOE porque el propio CGPJ le acaba de abrir una investigación para aclarar el trato que dio al inspector jefe Manuel Escribano y a los inspectores Isabel López y Pedro Manrique, autores de un informe sobre el 11-M en el que mencionaban a ETA.

Los vocales del órgano de gobierno de los jueces se enzarzaron en una tensa discusión durante la que hubo un cruce de reproches y descalificaciones. El vicepresidente, Fernando Salinas, y Juan Carlos Campo, ambos del sector minoritario, llegaron incluso a abandonar la reunión del Pleno, que se celebraba en Santa Cruz de Tenerife (Canarias).

La bronca comenzó al principio de la sesión, cuando Campo planteó volver a debatir la propuesta de apoyo a Garzón frente a las críticas que está recibiendo de medios periodísticos, entre ellos EL MUNDO, por su actuación con los peritos de la Policía Científica.

Campo invocó que en el escrito que el sector minoritario presentó el lunes a la Comisión Permanente se indicaba que, en caso de que este órgano no amparara a Garzón, «interesamos que se incluya para su debate y aprobación en el orden del día del Pleno a celebrar en Santa Cruz de Tenerife».

Vocales de la mayoría calificaron de «fraude» esta manera de incorporar asuntos al orden del día, entre otros motivos porque soslaya la exigencia reglamentaria de que todas las materias a tratar en el Pleno sean conocidas por los consejeros con una antelación de, al menos, 72 horas.

La discusión fue subiendo de tono al entender Campo que ni siquiera se le quería dejar hablar. El vocal argumentó que se había producido un hecho nuevo, no conocido por la Comisión Permanente, consistente en un escrito de los fiscales de la Audiencia Nacional que asistieron a las declaraciones de los peritos y que han asegurando que se celebraron «con absoluta normalidad».

Los vocales de la mayoría le replicaron que, para «hecho nuevo», el auto de la Sala de lo Penal en el que, por segunda vez, se ha indicado que son los juzgados de instrucción ordinarios, y no los de la Audiencia Nacional, los competentes para investigar el caso.

Finalmente, Hernando dio por incluida en el orden del día la propuesta de los vocales afines al PSOE de respaldar a Garzón. Sometida a votación, fue derrotada por 10 votos en contra (el presidente y los vocales designados por el PP) y nueve a favor (los vocales designados por el PSOE, IU, CiU y el independiente Agustín Azparren).

Fuentes del sector mayoritario aseguraron que «Salinas y Campo tenían preparado el numerito» de marcharse del Pleno y lamentaron la «estrategia de derribo de la institución» que, a su parecer, han puesto en marcha algunos vocales propuestos por el PSOE a un mes de que termine el mandato del actual Consejo.

Ayer mismo, la minoría bloqueó dos nombramientos en la Sala Quinta del Tribunal Supremo que están pendientes desde hace casi un año.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La minoría del CGPJ fuerza sin éxito el amparo al juez

A la segunda, tampoco. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó ayer el acuerdo alcanzado el pasado martes por su Comisión Permanente de no dar amparo al juez Baltasar Garzón. El asunto no estaba en el orden del día de la reunión celebrada en Santa Cruz de Tenerife, pero los vocales de la minoría del Consejo pidieron que se debatiera el referido acuerdo, que descartó entonces un pronunciamiento de apoyo al magistrado mientras éste estuviese practicando diligencias. Pero los vocales propuestos por el PSOE insistieron en que el Consejo debía defender a Garzón de las críticas, algo que fue rechazado por la mayoría dado que la propuesta no estaba incluida en el orden del día. El vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas, se quejó entonces de que no sólo no se amparaba a un juez que está sufriendo duras críticas por su labor jurisdiccional, sino que ni siquiera se permitiese debatir la cuestión. Tras esta intervención, abandonó el pleno en compañía del vocal de la minoría Juan Carlos Campo. Se vivieron entonces momentos «de cierta tensión», según explicó alguno de los asistentes.

Algunos vocales lograron convencer a Salinas y Campo de que volvieran al pleno. Finalmente accedieron y se decidió votar la ratificación o no del acuerdo adoptado el pasado martes por la Comisión Permanente. Los nueve vocales de la mayoría y el

presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, votaron a favor de la resolución que rechazaba respaldar a Garzón en este momento. En contra del acuerdo alcanzado por la Comisión Permanente se pronunciaron los seis vocales propuestos por el PSOE; los dos elegidos a iniciativa de CiU e IU y el independiente Agustín Azparren. Todos ellos entendían que el CGPJ sí tenía que expresar su apoyo explícito al juez ante las duras críticas que está sufriendo tras imputar una falsedad documental a los peritos que relacionaron el 11-M con ETA en un informe. Para ellos, con este acuerdo el Consejo ha incurrido en dejación de responsabilidades.

Una información publicada por el diario LA RAZON el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Muy diferente versión de EL PAIS

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 9:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Tensión en el pleno del Poder Judicial por el ataque al juez 

Madrid - El pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido ayer en Tenerife, vivió momentos de fuerte tensión al debatir, a petición del sector progresista, el acuerdo tomado el día anterior por la comisión permanente de no dar amparo al juez Baltasar Garzón. Al final de la reunión, el portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó en conferencia de prensa que el enfrentamiento tuvo su origen en que en el orden del día no figuraba hablar del amparo al magistrado por las críticas que ha recibido, informa Efe.

Al final sí hubo debate y el pleno, añadió López, ratificó no amparar a Garzón porque éste no lo había solicitado y porque hay circunstancias, la apertura de una información previa, que aconsejan esperar. En todo caso, el Poder Judicial volvió a pedir mesura en las evaluaciones sobre las resoluciones y la actividad judicial.

La discusión se produjo al plantear el sector conservador, mayoritario, serias objeciones a que fuese tratada esta cuestión. El vicepresidente, Fernando Salinas, y el vocal Juan Carlos Campos abandonaron la sala, indignados por la conducta de los conservadores. Según manifestó López, la tensión "afortunadamente" se rebajó y se llegó al pacto de debatir el acuerdo de la comisión permanente, que fue ratificado con diez votos a favor, los del presidente y los de nueve vocales del grupo mayoritario, y nueve en contra.

"No es investigado"

El portavoz del consejo insistió en que uno de los motivos por los que no se ha dado amparo a Garzón es que el Servicio de Inspección del CGPJ ha abierto, a instancias del vocal José Luis Requero, una información previa en relación con las declaraciones que el magistrado de la Audiencia Nacional tomó a los peritos policiales del ácido bórico.

Esta información pretende averiguar las circunstancias en las que declararon los peritos, que comparecían como testigos y salieron de la Audiencia como imputados. López advirtió de que no se trata de la apertura de un expediente a Garzón, sino de una información "sólo para tener conocimiento" de lo ocurrido, por lo que "no se puede decir que [Garzón] es investigado".

Los vocales de la minoría defendieron en todo momento la necesidad de amparar a Garzón de los insultos recibidos por parte del PP y su entorno, que le acusaron de prevaricar, prostituir la justicia y estar al servicio del Gobierno. El vocal Juan Carlos Campo reiteró que "nuevamente, el consejo, con su presidente al frente, pierde una oportunidad de defender a la justicia, dándose la circunstancia de que contábamos con un elemento nuevo, como era el informe de los dos fiscales, donde decía que la actuación de Garzón fue correcta".

Texto publicado por el diario EL PAIS el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"Que dimita Requero" 

La asociación progresista Jueces para la Democracia exigió ayer al Consejo General del Poder Judicial a través de un comunicado que ampare la independencia judicial y no persiga a jueces por sus decisiones judiciales, en relación con las descalificaciones sufridas por el juez Baltasar Garzón después de que éste imputase por falsedad a tres peritos que firmaron un informe donde se vinculaba a ETA con el 11-M.

Jueces para la Democracia censuró que un vocal del Poder Judicial, José Luis Requero, elegido a propuesta del PP, denunciase a Garzón por supuesto trato vejatorio a los peritos durante los interrogatorios. "Sólo persigue amedrentar a los jueces, es el colmo de los despropósitos, pues su misión constitucional es, precisamente, amparar a dichos jueces frente a los intentos de inquietar su independencia judicial. Es por ello que pedimos al señor Requero que dimita de su cargo".

Requero insistió ayer en acusar a Garzón al interpretar, erróneamente, que la Audiencia Nacional había dictaminado que el juez no era competente para instruir el caso de los peritos del ácido bórico.

Texto publicado por el diario EL PAIS el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El juez reclama amparo al CGPJ ante los «ataques injustificados»

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Afirma que EL MUNDO, la Cope, 'Libertad Digital', Del Burgo y Requero atentan contra su independencia

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentó ayer ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una petición de amparo solicitando protección y defensa de la independencia judicial ante los «ataques sistemáticos e injustificados» de los que, según él, está siendo objeto en relación con la causa que investiga la presunta falsificación de los informes que relacionaban los atentados del 11-M y ETA.

Fuentes jurídicas citadas por Europa Press informaron de que, concretamente, el magistrado basa su petición de amparo en los «ataques sistemáticos e injustificados, gravemente atentatorios a la independencia del Poder Judicial», que según él está sufriendo por parte de EL MUNDO, la cadena Cope, el diario de Internet Libertad Digital y el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo. También solicitó amparo frente al vocal del CGPJ José Luis Requero por su «denuncia injustificada» ante el Servicio de Inspección del Consejo, «con lo que ello implica de ataque a la independencia judicial» del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Requero solicitaba que la Inspección del CGPJ investigase si Garzón vulneró los derechos de los peritos que realizaron el informe sobre el hallazgo de ácido bórico, a quienes imputó un delito de falsedad.

A la información previa abierta por el CGPJ respecto al juez Garzón se adhirió el escrito presentado por dos de los tres peritos imputados, Manuel Escribano e Isabel López, en el que ponen de manifiesto «el humillante y vejatorio trato recibido» por parte del juez Garzón, quien, en su opinión, «exhibió una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad» frente a ambos durante su interrogatorio como testigos.

Ayer, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) exigió al CGPJ que «no persiga a los jueces por sus decisiones judiciales» y que «ampare la independencia judicial». La asociación recuerda que el Consejo «nació para velar por la independencia judicial» y no para «poner en cuestión decisiones jurisdiccionales que ya tienen su mecanismo de control judicial establecido en las normas procesales».

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

EL PAIS y ABC en 'amparo' de Garzón

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Garzón denuncia la campaña de acoso del PP y pide amparo al Poder Judicial 

El magistrado acusa al diputado popular Del Burgo y al vocal conservador Requero

Madrid - El juez Baltasar Garzón solicitó ayer el amparo del Consejo General del Poder Judicial por la campaña de acoso contra él que considera un ataque a la independencia judicial por parte del diario El Mundo, la COPE, Libertad Digital y el diputado del Partido Popular Jaime Ignacio del Burgo. El magistrado de la Audiencia Nacional también incluyó una denuncia contra el vocal del Poder Judicial José Luis Requero, por injerencia en la actividad jurisdiccional de Garzón, al haber presentado una denuncia ante la Inspección del Consejo. El CGPJ ha rechazado dos veces esta semana amparar al juez.

Tras la presentación de la denuncia, un reducido grupo de personas se manifestó ante la Audiencia Nacional con pancartas, al tiempo que insultaban al magistrado y coreaban consignas contra Garzón y José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez Garzón, que había regresado ayer de Colombia, donde se entrevistó con los líderes indígenas del Cauca -a los que asesora en sus reivindicaciones territoriales-, se enteró de que el vocal José Luis Requero, elegido a propuesta del PP, le había denunciado ante la Inspección del Consejo a raíz de que El Mundo había publicado que había dado un trato humillante y vejatorio a dos de los tres peritos que habían declarado el viernes.

El vocal Requero no esperó a conocer los informes aportados por los dos fiscales de la Audiencia Nacional Pedro Rubira y Olga Sánchez, que asistieron a las declaraciones, y solicitó la intervención de la Inspección, al tiempo que la Comisión Permanente del Consejo abría diligencias informativas. Los fiscales habían señalado que las declaraciones de los tres peritos "se realizaron de forma adecuada y con trato correcto, con absoluta normalidad, con sujeción y respeto a la legislación procesal, y sin que se produjera ninguna incidencia digna de mención". Ambos fiscales concluían que "son inciertas las imputaciones de haber actuado coactivamente que se han formulado contra el titular del indicado órgano judicial".

Gravísimas acusaciones

Paralelamente y durante todo el fin de semana los medios de comunicación afines al PP, especialmente El Mundo, la COPE y el periódico de Internet Libertad Digital, que dirige el locutor Federico Jiménez Losantos, habían dirigido duros ataques contra Garzón al que tildaban de prevaricar, de prostituir a la Justicia y de estar al servicio del Gobierno.

Los vocales del Poder Judicial elegidos a propuesta del PSOE Juan Carlos Campo y Luis Aguiar habían intentado que la Comisión Permanente del CGPJ -integrada por tres conservadores y dos progresistas- aprobara un pronunciamiento de amparo a la independencia judicial y, en concreto, al juez Garzón por los ataques recibidos tras haber imputado por presunto delito de falsedad en documento oficial a los tres peritos que a raíz de la aparición del ácido bórico en poder del islamista Hassan el Haski habían vinculado a ETA y el 11-M.

Sin embargo, los tres vocales conservadores en la Comisión Permanente: el presidente Francisco Hernando, el portavoz Enrique López y el vocal Carlos Ríos impusieron su mayoría y, por tres votos contra dos, rechazaron el amparo a Garzón.

Los vocales progresistas criticaban la decisión final del Consejo y destacaban que "la crítica a las resoluciones judiciales resulta siempre lícita, no permite ni puede amparar los ataques personales ni deslegitimación de los jueces".

Enrique López, en nombre de los vocales conservadores, destacó que si no habían dado amparo a Garzón era porque no lo había pedido y porque ante las denuncias del vocal Requero y los peritos imputados por el magistrado era conveniente esperar. "Las circunstancias aconsejan esperar a tener más datos para poder hacer en un futuro un pronunciamiento que pide la minoría", declaró López. "Lo hecho hoy es en defensa de la independencia del Poder Judicial y no por ningún otro motivo", precisó.

López olvidaba que en circunstancias análogas, tras un ataque virulento por parte de Federico Jiménez Losantos al juez Juan del Olmo, el Consejo General del Poder Judicial había concedido amparo al magistrado, sin que éste lo hubiera solicitado.

En aquella ocasión, la Permanente había aprobado una declaración en la que se aseguraba que "la virulencia y gravedad de los insultos resultan de todo punto rechazables desde la defensa objetiva del necesario respeto que merece el ejercicio de la función judicial y la confianza de los ciudadanos en la Justicia". Por ello, la Permanente trasladó Del Olmo "el respaldo del Consejo General del Poder Judicial ante las acusaciones recibidas".

Se da la circunstancia de que en ese momento, el 30 de mayo, el Consejo había abierto diligencias a Del Olmo para investigar la puesta en libertad del imputado en el 11-M Saed el Harrak y la Inspección del citado organismo había propuesto una sanción por falta muy grave de desatención en sus funciones judiciales.

Nueva petición

Ayer, en el pleno del órgano de Gobierno de los jueces volvió a plantearse la cuestión del amparo a Garzón por parte del sector progresista, pero de nuevo el sector conservador impidió un pronunciamiento favorable al magistrado de la Audiencia Nacional argumentando que la propuesta de amparo a la independencia judicial no había sido incorporada con suficiente antelación en el orden del día.

Sin embargo, el amparo fue denegado de nuevo porque el magistrado no lo había solicitado formalmente y también porque tiene abierta una información que aconseja esperar. Es decir, lo mismo que ya dictaminó la Comisión Permanente esta misma semana.

Por ello, el pleno reprodujo también su petición de mesura en las críticas a las resoluciones judiciales.

El juez Garzón ha pedido ya expresamente amparo al Consejo, por la injerencia del vocal Requero en su función jurisdiccional y por los ataques a su independencia del diputado popular Jaime Ignacio del Burgo y el coro mediático del PP. En todo caso, el futuro de la petición de Garzón es más bien oscuro si tenemos en cuenta que los vocales afines al PP siguen ostentando la mayoría tanto en la Permanente como en el pleno del Consejo.

Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón pide amparo por los ataques de «El mundo», la Cope, Del Burgo y Requero

MADRID/LAS PALMAS. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá finalmente pronunciarse de forma explícita sobre si apoya o no la labor del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el «caso del bórico», después de que el magistrado decidiera ayer solicitar el amparo del Consejo por los ataques lanzados contra él por «El mundo», la Cope, «Libertad Digital», el diputado popular Jaime Ignacio del Burgo y el vocal del Consejo y colaborador del citado rotativo José Luis Requero. Precisamente, a instancias de este último, el órgano de gobierno de los jueces abrió el martes diligencias informativas por un supuesto maltrato de Garzón a los tres peritos policiales imputados, extremo que fue negado en sendos informes por los dos fiscales -Olga Sánchez y Pedro Rubira- que asistieron a los interrogatorios.

Respecto a los medios de comunicación mencionados y al diputado del PP, el magistrado dice sufrir «ataques sistemáticos e injustificados, gravemente atentatorios a la independencia del Poder Judicial». En cuanto a Requero, asegura que ha hecho una «denuncia injustificada» ante el Servicio de Inspección del Consejo, «con lo que ello implica de ataque a la independencia judicial».

La decisión de Garzón de pedir amparo coloca en una situación delicada a los vocales de la mayoría, que tanto el martes, en la Comisión Permanente del Consejo, como ayer, en el pleno que se celebró en Tenerife, declinaron respaldar al magistrado alegando, el primer día, que no podían adoptar esa iniciativa sin que el afectado lo solicitara, y el segundo, arguyendo además cuestiones formales, como que este asunto no estaba incluido en el orden del día. A cambio, en ambas ocasiones se limitaron a hacer una «llamada a la prudencia» en la crítica de las resoluciones judiciales.

División en el Consejo

Tal como sucedió en la Comisión Permanente, ayer de nuevo la división fue la nota predominante en el Pleno del Consejo. Incluso las fuentes consultadas lo calificaron como uno de los más tensos. De hecho, y a propósito de la última decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -ordenar que sean los juzgados ordinarios los que investiguen la presunta falsedad documental-, Requero sostuvo que esta circunstancia agrava la actuación de Garzón en lo referente a la toma de declaración de los peritos luego imputados. Según este vocal, interrogar a unos testigos cuando ya existía una «declaración provisional de falta de competencia, que al final se ha confirmado», sería de «especial gravedad» en lo que se refiere a la actuación del juez, informa Servimedia.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, explicó que el debate en el pleno en torno al amparo de Garzón se produjo a solicitud de algunos vocales tras el acuerdo adoptado el martes por la comisión permanente del Consejo. Según señaló López, ayer hubo «serias objeciones» a que esta cuestión fuese tratada, por lo que se produjeron momentos de «cierta tensión», hasta el punto de que algún vocal de la minoría abandonó la reunión como protesta. Siempre según López, la tensión «afortunadamente» se rebajó con la decisión de que se debatiera la ratificación del acuerdo del martes. La votación se saldó con diez votos de apoyo al acuerdo de la Permanente -los del presidente y los de los nueve vocales de la mayoría conservadora-, y nueve en contra.

Horas antes de que Garzón se decidiera a solicitar el amparo, López reiteró que el acuerdo era no concederlo «porque el juez no lo solicitó y por considerar que no es necesario adoptar ningún tipo de decisión al respecto, pues hay circunstancias, como la apertura de información previa, que justifican esperar para tomar una decisión». Enrique López añadió que la apertura de información es para averiguar las circunstancias en las que declararon los testigos ahora imputados, y advirtió de que no se trata de la apertura de un expediente a Baltasar Garzón, sino «sólo para tener conocimiento» de lo sucedido, por lo que «no se puede decir que el magistrado es investigado», informa Efe.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explicaron que a partir de este momento la solicitud de amparo a Garzón tendrá necesariamente que tratarse en la Comisión Permanente, y su decisión tendrá que ser ratificada por el Pleno del Consejo. Todavía no se ha hablado de fechas.

Texto de N. Villanueva y N. Colli publicado por el diario ABC el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Reacciones Políticas (5 de octubre de 2006)

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: General

El PP pide al Gobierno que no calle al que «sólo quiere saber verdad»

MADRID.- De nuevo preguntó ayer el diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, en el Congreso, sobre el 11-M. De nuevo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le dijo que «no existe ninguna evidencia de que ETA haya participado» en esos atentados. Y de nuevo quedó patente la profunda división en este tema entre PSOE y PP.

Del Burgo preguntó si en ese Ministerio no ha existido ninguna falsificación de un informe desde 2004, pero también pidió al ministro que se olvide «de ese rollo de la teoría de la conspiración», precisamente la acusación del PSOE al PP.

«Todavía no nos ha hecho perder el juicio tanto como para sostener que el 11-M fue fruto de una conspiración de islamistas, etarras, policías, guardias civiles, miembros del CNI, los servicios secretos extranjeros más los proscritos del felipismo, ésos que anduvieron por las cloacas del Estado», afirmó.

«Nosotros sólo hemos denunciado posibles conexiones entre etarras e islamistas, que no se han investigado con el rigor que se merecen». «No traten de silenciar al discrepante, o al que simplemente dice o quiere saber la verdad», dijo.

El ministro respondió que siempre ha contestado a todas las preguntas orales y escritas que le ha planteado Del Burgo sobre este asunto, y que también le ha enviado todos los informes que ha solicitado y le remitirá todavía «varias decenas de miles de páginas». «En todas ellas le dirán una y otra vez lo mismo: no existe ninguna relación o, al menos, ninguna evidencia de que ETA haya participado», insistió Rubalcaba.

Una información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Una senadora dice que no se garantiza la defensa de los acusados del 11-M

MADRID.- La senadora del PP Rosa Vindel acusó ayer al Gobierno de no garantizar el derecho de defensa que tienen los acusados del 11-M. Dijo que a los abogados de oficio que intervienen en este caso se les han facilitado los medios que necesitan ahora, cuando sólo faltan cuatro meses para el inicio del juicio, porque así no tendrán tiempo para prepararlo bien.

Indicó que el Gobierno pretende «salvar las apariencias» y programarlo de tal manera que el juicio termine en marzo de 2008, poco antes de las elecciones.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo que el Gobierno apoya a los abogados de oficio, al juez y a la fiscal, para que se celebre un juicio «con todas las garantías». Añadió que el PP, más que controlar al Gobierno, es aficionado «al disparate y al esperpento, cuando no a la mentira plana y dura», y explicó lo que se ha facilitado a los letrados de oficio.

Una información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


EL PAIS intenta el 'despiste'

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Buen intento, pero no cuela. El debate no está en el hecho del ácido bórico como posible sustancia explosiva, ni siquiera en si el informe vincula a ETA con el 11-M. La cuestión está en quién y por qué ha falsificado el informe policial.


Los peritos del ácido bórico negaron en 2000 toda relación de la sustancia con explosivos 

Madrid - Los peritos Manuel Escribano e Isabel López, que han denunciado al juez Baltasar Garzón por supuesto trato vejatorio en el caso del ácido bórico, son los autores de otro análisis pericial de 2000, el 222-Q1-00, en el que aseguran y firman que dicha sustancia "no es explosiva ni incendiaria". Ese dato fue omitido de su borrador de informe en el que elucubraban con un vínculo entre ETA y el 11-M. Cuando Garzón les preguntó por qué no lo incluyeron, Escribano aseguró desconocer su propio informe, aunque recordó otros de ácido bórico de fechas parecidas para relacionar a ETA con el 11-M.

La conclusión del informe 222-Q1-00, que ampliaba otro clasificado como 524-Q1-99 es clara: "El ácido bórico no es una sustancia explosiva ni incendiaria". Este informe sirvió de base para que la Audiencia de Madrid exculpara en febrero de 2004 al joven antisistema Iván M. G. del delito de tenencia de sustancias explosivas que el ministerio fiscal le imputaba. Sólo fue condenado a una multa de 45 euros por una falta de daños en grado de tentativa.

El informe ampliatorio fue firmado el 5 de abril de 2000 por Escribano y López Cidad. Los peritos analizaban una larga lista de muestras halladas en casa de Iván M., entre las que se encontraba el ácido bórico. La pericia fue encargada para determinar si en el artefacto incendiario que los jóvenes colocaron en una sucursal de Caja Madrid sita en la confluencia de las calles de Biarritz y Brescia, en el distrito madrileño de Salamanca, figuraba ácido bórico. La policía determinó que no figuraba, porque el artefacto estaba compuesto por "tres botellas de medio litro, con gasolina y papel higiénico".

Los peritos se limitaban en el informe a precisar qué sustancias eran las halladas en los domicilios de Iván y sus otros tres compinches y el uso al que se podía destinar. Pese a que algunas de las sustancias analizadas, como el ácido sulfúrico, sí han sido utilizadas en explosivo de ETA, en su informe ni citan esta coincidencia ni incluyen ninguna vinculación entre dicha organización y el juzgado. Las tres observaciones que hacen son meramente técnicas, sobre los cambios en la potencia de una sustancia explosiva en función de la carga, el peso, el confinamiento o la velocidad de explosión.

Informe ampliado

La existencia de ese informe figura en los ordenadores de la Comisaría General de la Policía Científica, al igual que figura el número del informe que tuvo que ser ampliado (el 524-Q1-99). Sin embargo, cuando Escribano, López Cidad y su compañero Pedro Manrique elaboraron su borrador sobre el ácido bórico hallado en la cocina de Hassan el Haski, dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, incluyeron sólo el original y no la ampliación de 2000.

Así, gracias a que el ácido bórico se había hallado en casa de El Haski en 2004; en un piso franco de ETA en 2001 y en el domicilio de los antisistema en 1999, escribieron que eso era una muestra de que los tres hechos o sus autores estaban relacionados. La explicación es que seguramente en los tres casos habría sido usado para ocultar explosivos. Sólo eludieron incluir la citada ampliación de informe, justo la que decía que el ácido bórico no tenía utilidad explosiva.

El pasado 28 de septiembre, Garzón les preguntó a los peritos por ese informe ampliatorio y sobre por qué no lo habían incluido. Escribano aseguró "que lo desconocía" e incluso que "no sabía" si lo había hecho él mismo. Como colofón, y en contra de su propio estudio de 2000, Escribano aseguró al juez que el ácido bórico sí puede ser utilizado en bombas terroristas pese a admitir que nunca ha encontrado ácido bórico en artefactos explosivos. López Cidad fue menos precisa. Cuando Garzón le preguntó por el informe ampliatorio, la perito dijo que entonces no sabía que sí puede utilizarse como conservante de explosivos y para evitar su detección por los perros especializados y que, en 2000, lo ignoraba. Fue cuando contestó que eso ya lo sabía cuando hizo el famoso informe falsificado, en marzo de 2005, aunque no precisó qué estudio o informe lo decía y aún se ignora. Sí contó que el 25 de septiembre, tres días antes de declarar ante Garzón, supo que podía usarse en artefactos pirotécnicos gracias a que un compañero sacó ese dato de Internet.

Texto de J. A. Rodríguez publicado por el diario EL PAIS el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La 'Conspiración' que nunca ha existido (5 de octubre de 2006): ABC continúa su campaña contra Losantos

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: ABC y EL PAIS contra EL MUNDO

Jiménez acusa ahora a los servicios secretos españoles de la matanza de los trenes

MADRID. El locutor de la Cope Federico Jiménez dio ayer una nueva vuelta de tuerca en su «teoría de la conspiración» al apuntar una nueva autoría: los servicios secretos españoles. Este es un pequeño extracto de sus peculiares «razonamientos»:

- Jiménez: Me parece que una vez le oí a Cacho un argumento que, a propósito de lo que decían antes de la ETA, yo repetía ayer (...). Hay dos posibilidades: los moritos de Lavapiés no han podido ser porque una infraestructura para volar cuatro trenes no tenían. Sólo había un perfil real de terrorista islámico, que era Lamari, cuyo lugarteniente Bensmail estaba en contacto con la ETA. Pero lo, a mi juicio, importante del asunto es que casi mejor que sean los etarras los que hayan ayudado a los moros o los hayan llevado porque la otra alternativa son los servicios secretos españoles. Si es que no hay más, capacidad técnica para hacer volar cuatro trenes sólo tienen los etarras o los servicios de seguridad.

- Jesús Cacho: U otros servicios de seguridad, marroquíes, por ejemplo.

- F.J.: Pero ayudados por los españoles, porque si no es imposible cronometrar el mecanismo de relojería del 11 al 14. Ahí necesitas españoles.

- J.C.: Mucho respaldo local, sí.

- F.J.: Bueno, en ese sentido, lo menos malo para el Gobierno sería la ETA, pero es que ya están ciegos. Desde que se han metido estos pelanas del periodismo a hacer el trabajo sucio, se meten en unos jardines...

- J.C.: Yo soy partidario, desde el principio, de que este es un trabajo de servicios secretos y de servicios secretos que apuntan al sur, claramente (...).

- F.J.: Pero eso sí es una deducción, no diré especulación; es una deducción. Yo digo, en todo caso, que para el mecanismo de relojería, de reivindicación, primero de extravío con respecto a la ETA y luego de inventarse los moros, que se inventaron, porque los que detuvieron no son los que han detenido después. Eran dos hindúes, si es que no eran ni moros. Bueno, ahí necesitas tener elementos españoles en la conspiración. Esto que tanto ridiculizan estos bobos. Pero, ¿cómo no va a haber una conspiración para volar cuatro trenes?

Texto publicado por el diario ABC el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Blog alojado en ZoomBlog.com