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ABC y EL PAIS contra los peritos y el CGPJ en defensa de Garzón

Por Narrador - 6 de Octubre, 2006, 11:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Garzón renuncia a investigar la falsedad en el «caso del bórico» pero continúa con la de sus posibles usos

MADRID. El proceso judicial abierto por el caso del borrador y el informe del ácido bórico sufrió ayer todo tipo de peripecias que acabaron, por una parte, con la renuncia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a seguir la investigación en lo que se refiere al delito de falsedad documental y, por otra, con la citación como testigos de los tres peritos imputados, esta vez por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gema Gallego, que abrió diligencias tras recibir una denuncia de la Asociación de Afectados del 11-M contra los jefes de los agentes.

El laberinto judicial en el que se encuentra este asunto provoca algunas situaciones insólitas, sobre todo en lo que se refiere a los tres peritos de la Comisaría General de Policía Científica. Por una parte, al estar citados como testigos por la juez, los funcionarios están obligados a decir la verdad; sin embargo, como imputados por Garzón tienen derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismos. En este punto es importante destacar que aunque el juez de la Audiencia Nacional renunció ayer a seguir con la investigación de la falsedad documental y trasladó las diligencias a los juzgados de Madrid, la situación procesal de los policías no sufre cambio alguno. Dos de los peritos -Manuel Escribano e Isabel López Cidad-, están citados para hoy, mientras que su compañero Pedro Manrique deberá comparecer el próximo lunes.

Deducción de testimonio

La deducción de testimonio acordada ayer por Garzón se produce cuando en el curso de una investigación -en este caso, la de los posibles usos del ácido bórico-, se llega al conocimiento de otro hecho delictivo que no es competencia del primer instructor, como es la falsedad documental. Además, en este caso las diligencias han sido enviadas al Decanato de los juzgados para que vayan a reparto.

Gema Gallego había pedido a Garzón que se inhibiera en su favor, dado que tiene abierta una causa por falsedad en relación con los mismos documentos por los que el magistrado de la Audiencia Nacional imputó a los peritos. Con la deducción de testimonio, el magistrado considera que se trata de dos investigaciones distintas, ya que en el caso de la juez del 35 los denunciados son los jefes de los tres policías y en el otro son estos los sospechosos de haberla cometido. En cualquier caso, todo indica que en un futuro próximo se acumularán ambas causas.

Hasta llegar a esta rocambolesca situación, la jornada había deparado no pocos acontecimientos. Por la mañana, la juez Gallego, de la APM y candidata por esta asociación conservadora al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), había citado a declarar como testigos a los peritos y solicitado por segunda vez a Garzón su inhibición y que le remitiera todo lo actuado hasta ese momento. Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional pedía a la Fiscalía que se pronunciase sobre quién era el juez competente para continuar con la investigación a la vista de los «nuevos hechos» conocidos, en referencia a las imputaciones de los policías. A primeras horas de la tarde, el Ministerio Público amparaba la posterior decisión del magistrado al responder que lo que procedía era deducir testimonio en favor de los juzgados de instrucción ordinarios de Madrid en lo referente a la presunta falsificación.

Con este informe sobre la mesa, al filo de las nueve de la noche de ayer Garzón dictaba un auto en el que, en efecto, deduce testimonio en relación con la falsedad documental en favor de los juzgados de la Plaza de Castilla y además adjunta una copia de las declaraciones realizadas ante él por los peritos, ésta para que se proceda a su traslado a la juez Gallego antes de que tome hoy declaración a dos de los funcionarios policiales. Las diligencias, en cambio, las envió al Decanato para que pasen a reparto. Con su decisión de renunciar a la investigación de la falsedad, las citaciones de los peritos previstas para el día 18 quedan sin efecto. El juez aprovecha el auto para justificar su actuación en relación con este asunto y asegura que ha actuado con «celeridad máxima», ya que ha concluido estas diligencias «en el plazo de cinco días, de los cuales dos han sido sábado y domingo y dos más han sido empleados en una licencia por estudios concedida por el CGPJ». Además, explica que, a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 35 ha incoado diligencias previas por falsificación «contra determinadas personas que no han sido objeto de imputación aquí (los superiores de los peritos) ni respecto de los cuales han aparecido indicios de criminalidad, se considera que al tratarse de un hecho nuevo la competencia debe ser decidida por quien legalmente le corresponde»; es decir, el decano de los jueces de Madrid.

Denuncia idéntica

En un segundo auto, Garzón archiva la denuncia presentada por la plataforma «España y Libertad» contra el ex comisario general de Información, Telesforo Rubio; el de Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el jefe de Análisis Científico de la citada Unidad, José Andradas, y el jefe de Analítica de la misma, Francisco Ramírez. La denuncia es idéntica a la que investiga la juez Gallego.

También en esta ocasión Garzón afirma que «queda claramente acreditada la ausencia de indicios de criminalidad respecto de las personas denunciadas. Tras las declaraciones de los señores Ramírez y Andradas no se aprecia dolo en la conducta desarrollada por cada uno de ellos, la cual se enmarca en el ámbito de las propias competencias respecto de un documento que no alcanzó carácter oficial y que fue rechazado antes de que tuviera virtualidad oficial y por tanto jurídica, según la propia normativa de la Comisaría General de la Policía Científica».

Texto de N. Villanueva y P. Muñoz publicado por el diario ABC el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón se inhibe en el 'caso del ácido bórico' y lo envía para reparto a los juzgados de Madrid 

Un sindicato próximo al PP y dos entidades ultraderechistas se alinean con los peritos imputados

Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, ha decidido inhibirse en el caso de la falsificación de un análisis químico que vinculaba a ETA con el 11-M por el hallazgo de ácido bórico -un antiséptico e insecticida- en los pisos de un islamista, unos etarras y un antisistema.

Así, el caso conocido como del ácido bórico se seguirá en tres frentes judiciales. En el primero, Garzón investigará si esa sustancia puede ser un componente de los explosivos y si se le puede imputar al islamista Hassan el Haski. En el segundo, Garzón enviará las actuaciones que ya ha realizado al decanato de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla de Madrid, para que entren en el reparto ordinario. Por tanto será un juez de instrucción de Madrid, al que le corresponda por turno de reparto, el que investigará las presuntas falsedades descubiertas por Garzón de los tres peritos, Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, que firmaron el borrador del informe pericial del ácido bórico y que intentaron colar como documento oficial a su superior José Andradas.

El tercer proceso es el que tramita la juez número 35, Gema Gallego (candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura al Consejo General del Poder Judicial), por supuestas falsificaciones de documentos oficiales contra los superiores jerárquicos de los tres peritos citados. Precisamente la magistrada ha citado para hoy en calidad de testigos a los peritos Manuel Escribano e Isabel López Cidad, que Garzón ha imputado por falsedad, mientras que Manrique declarará el lunes.

Los peritos imputados de falsedad han denunciado a Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial.

El primero de los procesos es por terrorismo, mientras que los dos restantes lo son por falsedad, sólo que presuntamente cometidas por personas distintas, por lo que también es distinto el objeto de la investigación.

Gallego investiga una denuncia de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M -patrocinada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre-, que acusa de falsificación a los superiores de los peritos ahora acusados de falsificar.

Dos de esos peritos, Manuel Escribano Escribano e Isabel López Cidad, elaboraron y firmaron en 2000 un informe en el que aseguraban que "el ácido bórico no es sustancia explosiva ni incendiaria". Dicha afirmación estaba en un informe ampliatorio sobre las sustancias intervenidas en casa de un antisistema, pero la obviaron en julio pasado, cuando supuestamente hicieron pasar por nuevo un informe de marzo de 2005, en el que usaban el ácido bórico para vincular al 11-M con ETA. Estos dos peritos han recabado la ayuda legal del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), próximo al PP. El tercer imputado, Pedro Manrique, ha optado por distanciarse de sus compañeros para su defensa, según fuentes de la Comisaría General de Policía Científica.

Mientras, el llamado sindicato Manos Limpias, dirigido por el ex líder de la ultraderechista Fuerza Nueva, Miguel Bernard, ha denunciado por prevaricación al juez Garzón. La también plataforma ultraderechista España y Libertad ha denunciado, igualmente por prevaricación, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por haber remitido a Garzón el informe del ácido bórico.

Texto publicado por el diario EL PAIS el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El magistrado exculpa a los superiores de los peritos imputados 

El auto destaca que "queda acreditada la ausencia de indicios de criminalidad"

Madrid - El juez Baltasar Garzón rechazó ayer la denuncia formulada por la plataforma España y Libertad contra los superiores jerárquicos de los peritos del ácido borico, a los que imputaban delitos de falsedad en documento, infidelidad en su custodia y falso testimonio.

El magistrado exculpa al comisario general de Información, Telesforo Rubio; al comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano; al jefe de la Unidad de Policía Científica, José Andradas, y al jefe de Sección, Francisco Ramírez, que figuraban como denunciados.

Por ello, destaca que "resulta evidente que tras la práctica de varias diligencias en el marco de este sumario (...) queda claramente acreditada la ausencia de indicios de criminalidad respecto de las personas denunciadas".

Así, tras las declaraciones de Andradas y Ramírez, dice el auto, "no se aprecia dolo (intencionalidad de delinquir) en la conducta desarrollada por cada uno de ellos". Para el juez, la actividad de Ramírez y Andradas "se enmarca en el ámbito de las propias competencias respecto de un documento que no alcanzó carácter oficial y que fue rechazado antes de que tuviera virtualidad oficial y por tanto jurídica, según la propia normativa de la Comisaría General de Policía Científica y los controles de calidad de la misma".

De vacaciones

Respecto del comisario Miguel Ángel Santano, el juez precisa que está acreditado que se encontraba de vacaciones cuando ocurrieron los hechos denunciados y "sólo tuvo conocimiento referencial de lo acontecido a través del secretario sumarial".

Sobre el comisario Telesforo Rubio, el auto destaca que no aparece en ningún momento referenciado en estos hechos y "no existe indicio alguno que le relacione con los mismos".

Texto de J. Y. publicado por el diario EL PAIS el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El policía que vinculó ETA con el 11-M cambió párrafos enteros de su declaración 

Madrid - Manuel Escribano, el perito que vinculó a ETA con el 11-M porque en la casa de un islamista se encontró ácido bórico, un insecticida que también fue hallado en el piso de unos etarras, alzó la voz al juez Baltasar Garzón en dos ocasiones y se permitió modificar párrafos enteros de su declaración cuando el juez le invitó a corregirla por si había errores de transcripción. Así figura en el acta firmada por la secretaria judicial que asistió a los interrogatorios y que Garzón ha remitido al Poder Judicial como anexo de un escrito donde pide el amparo del Gobierno de los jueces ante los ataques recibidos.

Los secretarios judiciales dan fe pública de lo ocurrido durante los interrogatorios en los juzgados. En este caso, su relato desmiente las acusaciones de los peritos, que denunciaron ante el Poder Judicial un supuesto trato vejatorio por parte de Garzón.

La secretaria judicial detalla en su acta lo ocurrido durante la declaración de Manuel Escribano, perito de la policía que firmó el informe donde se vinculaba a ETA con el 11-M por el simple hecho de que en la casa de un islamista se había encontrado ácido bórico -sustancia que nunca se ha encontrado en un atentado y que no es explosiva ni incendiaria- y que cuatro años antes esa misma sustancia se halló en el baño del piso que ocupaban unos etarras.

"La declaración del testigo número 9", escribe el secretario en relación con el interrogatorio de Garzón a Escribano, "se inició a las 0.10 horas y concluyó a la 1.30 aproximadamente. Desde las cinco de la tarde, que llegó el testigo al juzgado, estuvo sentado o con posibilidad de movimiento por todas las antesalas del juzgado y con el trato deferente, igual que a los demás, como funcionarios de policía que son, y, como este juzgado tiene por costumbre y obligación tratar a todas las personas que acceden al mismo".

"La declaración no presentó incidencias, salvo en dos ocasiones en las que el magistrado debió advertirle que no alzara la voz al estar prestando declaración ante el juez y deber el respeto que exige la Audiencia Nacional. Se le ofreció agua, como a todos los que comparecen ante este juzgado y cuando el juez iba a cambiar el vaso, decidió no tomarla".

"Al final de su declaración, el juez le indicó que si lo deseaba podía corregir los posibles errores que hubieran podido cometerse al transcribir la misma o puntualizar algún extremo de aquella que no hubiera quedado claro, indicándole que podía aproximarse al ordenador, como se había hecho con todos los testigos".

"El juez, mientras esta operación se producía, salió fuera del despacho regresando unos tres minutos después, indicándole uno de los miembros del Ministerio Fiscal que el declarante estaba cambiando párrafos completos de la declaración. En ese momento, y delante del juez, comenzó a redactar nuevamente un párrafo e introducir uno nuevo, ante lo que el juez le indicó que su declaración había concluido y que se trataba de rectificar errores y no hacer otra nueva declaración eliminando cosas que había dicho. Ante ello, alterado, indicó que era su declaración y que lo podía hacer. El juez dejó que concluyera el párrafo y le formuló varias preguntas aclaratorias, advirtiéndole que no podía alterar la declaración. No obstante, continuó añadiendo frases y corrigiendo la declaración, dejándola a su gusto y firmándola posteriormente de conformidad".

"Ante la indignación del testigo, después de firmar su declaración, de que llevaba toda la tarde en el juzgado, el juez le informó de que también el Juzgado estaba en funcionamiento sin parar desde las nueve de la mañana y le preguntó si esa circunstancia le había impedido prestar declaración o si quería que se avisara al médico forense y dijo que ese no era el sentido de sus palabras y que no lo precisaba".

"El juez se disculpó por el hecho de que hubiera tenido que esperar, pero que ya había visto como toda la tarde noche habían estado trabajando".

Texto de J. M. Romero y J. Yoldi publicada por el diario EL PAIS el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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