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«La celebración del juicio del 11-M no supone dar carpetazo a la investigación»

Por Narrador - 9 de Octubre, 2006, 11:00, Categoría: Entrevistas

Ha sido la cara y la voz del máximo órgano de los jueces en los últimos años, el hombre que en múltiples ocasiones se ha visto obligado a salir al paso de las acusaciones de politización de la Justicia. Por ejemplo, en los recientes casos sobre el amparo a Baltasar Garzón o sobre la actuación judicial en el 11-M y en el 'proceso de paz'.

Pregunta.- El juez Garzón ha pedido el amparo del Consejo General del Poder Judicial alegando que en algunos medios se le está atacando de manera sistemática y se está amenazando su independencia. ¿Son razones para pedir el amparo?

Respuesta.- Formalmente, sí. Si un juez entiende que eso es así, hay base suficiente que le legitima para presentar ese escrito. Ahora lo que tiene que hacer el Consejo es estudiar si se dan las circunstancias que aconsejan los amparos, y si efectivamente se ha producido una posible perturbación o injerencia en la independencia del juez.

P.- De entrada, el Consejo rechazó el apoyo hasta que se resuelva el expediente para aclarar el trato que el juez dio a los peritos del ácido bórico.

R.- Lo que decía la Comisión Permanente del Consejo es que existían circunstancias que aconsejaban no adoptar una declaración en ese momento, lo cual no quiere decir que no se pueda adoptar en el futuro. Esas circunstancias son que ese mismo día el secretario de Inspección había abierto una información previa para conocer las circunstancias concretas que rodearon la actuación judicial.

P.- Pase lo que pase, menudo varapalo le ha dado la Audiencia Nacional a Garzón reiterando que no es competente para la investigación de esa presunta falsificación de los informes del ácido bórico.

R.- Estamos ante resoluciones judiciales que yo no valoro, pero lo que está claro es que la Sala de lo Penal actúa como una Audiencia Provincial respecto al juzgado de instrucción. Y en lo que se refiere a la investigación de delitos es el órgano superior.

P.- Permítame un inciso. Que un periódico critique a un juez, ¿atenta contra su independencia?

R.- No. Las críticas en sí mismas, como tales, no son susceptibles de generar perturbación o inquietud en la independencia del Poder Judicial. De hecho, el Consejo tiene ya una doctrina muy asentada. Cuando lo que se producen son críticas muy duras -no por el contenido, sino por las formas- porque rayan en el insulto o la injuria, o cuando imputan directamente delitos, el Consejo ha reaccionado siempre realizando una declaración institucional en la que se pide a quien ejerce ese tipo de crítica una mayor mesura, y además siempre se dice que eso no va en perjuicio de un derecho incuestionable a la crítica de las instituciones judiciales.

P.- El propio presidente del Consejo ha dicho que Garzón ha llevado muchos juicios importantes como para sentirse intimidado por las opiniones de un medio.

R.- Todo eso es lo que la Comisión Permanente deberá tener en cuenta, las circunstancias concretas. El presidente lo que ha dicho es que hay que distinguir lo que es un juez perturbado de lo que es un juez ofendido, que no es lo mismo. Un juez puede estar siendo ofendido, porque se le está insultando, vejando, y sin embargo no está en lo más mínimo afectado en su independencia. Y por el contrario puede haber situaciones de jueces que sin ser ofendidos o vejados sí ven afectada su independencia.

P.- Es curioso. Entonces le criticaban ferozmente los que ahora le suben a los altares, y era un valiente para quienes ahora lo cuestionan. ¡Qué paradoja!

R.- Cuando se cree y se defiende la independencia del poder judicial se debe hacer con todos los jueces y en todos los casos, no sólo de algunos jueces y de algunos casos cuando nos interesa. Esto no puede ser como el fútbol, donde cada uno critica al árbitro según le van las cosas. Por eso yo animo a los que defienden la independencia del Poder Judicial a que también la defiendan con la misma intensidad cuando jueces están optando resoluciones que no gustan en eso que se ha llamado el proceso de paz, por ejemplo.

P.- ¿Qué opinión tiene de los llamados jueces estrella?

R.- En principio no cabe duda de que el hecho de que los jueces sean más famosos que sus casos no es lo deseable.

P.- Dígame, ¿el vocal Requero cumple con sus funciones pidiendo que se investigue cómo se tomó declaración a los testigos, o eso atenta contra la independencia de Garzón?

R.- Su requerimiento lo han hecho muchos vocales a lo largo de la historia del Consejo, por lo tanto es impecable. Un vocal que traslada unos hechos que son susceptibles de ser investigados no atenta contra la independencia del Poder Judicial, sino todo lo contrario. Está trabajando en defensa de esa independencia.

P.- Asuntos como éste ponen sobre la mesa la politización del CGPJ, donde de antemano se sabe qué va a votar cada vocal según el partido que le haya propuesto, y eso está minando la institución, ¿no es así?

R.- Estas campañas tan largas en el tiempo contra el órgano de los jueces, poniendo de manifiesto su alto grado de politización, justificando su decisiones bajo signos partidistas, son campañas que están minando al Consejo y contribuyendo a su descrédito. No hay que olvidar que la razón fundamental de este descrédito es que constantemente las decisiones se causalizan bajo ámbitos partidistas, y esto proviene de la forma de elección de los vocales. Elección que fue impuesta por el PSOE en el año 1985, estableciendo una clara correlación entre las fuerzas políticas y los vocales propuestos.

P.- Un inciso. ¿La celebración del juicio oral del 11-M lleva aparejado dar carpetazo a la investigación?

R.- En absoluto, de carpetazo nada. La celebración de un juicio no tiene un efecto de cierre procesal, siempre pueden aparecer nuevos indicios que conduzcan a nuevas investigaciones y nuevos resultados. El juicio del 11-M debe celebrarse en el plazo marcado, y lo que va a determinar es la culpabilidad de esos procesados. Eso sin embargo no es incompatible con que surjan indicios nuevos que conduzcan a nuevas investigaciones y nuevos resultados.

P.- Cambiando de asunto. ¿Cree que algo tan grave como que ETA reciba un chivatazo de agentes de la Policía no es un hecho preocupante para que la Justicia no vea indicios de criminalidad, como ha dicho también Garzón?

R.- La simple posibilidad de que puedan existir responsables en la persecución de los delitos que de alguna manera estropeen o dificulten una investigación es aberrante. Un chivatazo a ETA debe ser investigado, sin duda. Lo que ocurre es que hay veces que no hay indicios de quién ha podido ser el responsable.

P.- ¿Qué opina cuando oye a algunos jueces afirmar que ha de tenerse en cuenta la nueva situación del proceso de paz a la hora de hacer justicia?

R.- La no aplicación del principio de legalidad, justificándolo en fines como puede ser éste, es tan grave como el mantenimiento del delito. Cuando se dice que los jueces deben tener presente este nuevo proceso de paz se está desconociendo el ordenamiento jurídico español y cuáles son las obligaciones de los jueces.

P.- Vamos, que ustedes no pueden mirar hacia otro lado, aunque el fin último sea acabar con ETA.

R.- No hay proceso alguno que justifique el olvido ni el apartamiento de la aplicación de la ley con todas sus consecuencias, porque si para poner fin al terrorismo se justificara de alguna manera la no aplicación de determinadas normas estaríamos justificando y fomentando que se utilizara la violencia para la consecución de esos fines.

P.- Sobre todo viendo la actuación de los etarras en los juicios, que no dan la imagen de estar arrepentidos precisamente...

R.- Actuaciones como las que hemos visto, a parte de deleznables, lo que evidencian es la nula voluntad de arrepentimiento.

P.- Pues por decir estas cosas algunos sostienen que los jueces son un obstáculo en las aspiraciones del Gobierno.

R.- Decir que los jueces pueden ser un obstáculo para la consecución de un proceso de paz es no aceptar la división de poderes.

P.- Lo que se ha dicho es que el CGPJ intentaba ponerle al Gobierno las cosas difíciles en temas clave, como el Estatuto, y de ser así sería muy grave...

R.- No estaríamos tan desencaminados cuando alertamos de 19 causas de inconstitucionalidad sólo en materia del Poder Judicial cuando en este momento hay dos recursos ante el Tribunal Constitucional, y uno impuesto nada más y nada menos que por el defensor del pueblo, que ha dado un formidable ejemplo de independencia.

P.- Tal como está el patio, ¿ve factible la renovación del CGPJ, que debe producirse dentro de un mes? Porque hace falta un acuerdo de las tres quintas partes del Parlamento y eso supone un acuerdo PSOE-PP.

R.- No es novedoso que el mandato del CGPJ esté un tiempo prorrogado. El anterior Consejo, en un momento de un gran idilio entre el Gobierno y la oposición gracias al Pacto de Estado de Justicia, estuvo prorrogado casi seis meses, y el anterior casi un año. Nosotros a partir del 7 de noviembre nos ponemos a disposición de las Cámaras.

P.- ¿Y si no hay acuerdo se paraliza la actuación de este órgano?

R.- En absoluto. Mientras no seamos relevados el poder judicial seguirá estando gobernado en plenitud tal cual está. Ésa es nuestra obligación.

P.- Usted dijo que la concesión del tercer grado a Vera debería ser revisada por un juez. Esto no se ha producido porque la Fiscalía no ha recurrido, ¿no?

R.- No me refería al caso de Vera, sino con motivo del caso de Vera, porque yo ese caso no lo he estudiado. Lo que digo con carácter general, y sobre todo en delitos de terrorismo, es que habría que permitir a las víctimas que tuvieran una opción en la fase de condenas para poder recurrir decisiones adoptadas por Instituciones Penitenciarias, y no sólo el Ministerio Fiscal.

Una entrevista de Esther Esteban publicada por el diario EL MUNDO el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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