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Garzón no merece el 'amparo' del Poder Judcial

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

El CGPJ vuelve a negar amparo a Garzón por su incompetencia

Advierte que las críticas contra él se refieren a un caso que tuvo que abandonar tras las desautorizaciones de la Sala de lo Penal / Unánime respaldo a Requero

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer la petición del juez Garzón de ser amparado frente al «brutal y desmedido ataque» a su independencia que, según él, se ha producido tras su polémica actuación con los peritos del 11-M.

Por segunda vez en 8 días, el órgano de gobierno de los jueces no ha visto motivos para salir en apoyo de Garzón. Más aún, ha rechazado su pretensión «principal», que era la de censurar al vocal Requero. El CGPJ ha respaldado -por unanimidad- al consejero.

Garzón envió el pasado miércoles un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que reclamaba el amparo de esta institución ante una «campaña» de varios medios de comunicación -entre ellos, citaba al diario EL MUNDO- dirigida, según él, a «perturbar con una ferocidad tan evidente como injusta» su independencia.

También solicitó amparo «frente al ataque a la independencia judicial por parte del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Jaime Ignacio del Burgo», que opinó que, con su actuación contra los peritos del 11-M, Garzón estaba «prestando un servicio al Gobierno».

No obstante, quien motivó la petición de amparo «en forma principal» -decía Garzón en su escrito- era el vocal del CGPJ José Luis Requero, que se dirigió el Servicio de Inspección para que investigue el trato dado por el instructor a los miembros de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. Los dos primeros han denunciado al juez al considerarse maltratados y presionados durante su larga comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado 28 de septiembre.

Garzón calificaba la actuación del vocal Requero de «interferencia injustificada en la actividad jurisdiccional». «Es la primera vez que en casi 25 años de profesión judicial me veo agredido en forma tan cruel como injusta por quien tiene la obligación de defender mi independencia», indicaba.

Veinticuatro horas antes de la reunión de la Comisión Permanente -órgano del CGPJ que debía pronunciarse en primera instancia sobre la petición de amparo-, Garzón remitió un segundo escrito en el que insistía en el «brutal y desmedido ataque contra mi independencia» e indicaba que no pedía que se amparase su honor, sino que «se constate y confirme que ha existido una perturbación grave» de su actividad jurisdiccional, «aunque formalmente tal perturbación ya no pueda existir dado que me he inhibido» de la investigación de los informes periciales del 11-M.

Es justamente este último aspecto lo que ha impedido que la petición de amparo prosperase. «No concurren las condiciones objetivas y los presupuestos contemplados en la ley» para que proceda el amparo, afirma el acuerdo tomado ayer por la Comisión Permanente.

El CGPJ destaca que Garzón «se ha inhibido a petición del Ministerio Fiscal y tras el dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de sendas resoluciones en las que sancionaba que la investigación referente a la posible falsedad de un informe pericial debería ser instruida por los Juzgados de Instrucción de Madrid».

«Como el juez no conoce ya del asunto a que se refieren las críticas, ni han influido en su decisión de inhibición, no se dan los supuestos que exige la ley» para conceder el amparo. Éste tiene como fin «defender la independencia judicial en el futuro como consecuencia de las actuaciones que la hayan podido perturbar o inquietar en el pasado y en el presente, siempre y cuando el juez siga conociendo del asunto, y en tal sentido es reiterada la doctrina sentada por el CGPJ», explica la Comisión Permanente.

Este punto del acuerdo tuvo tres votos a favor y dos en contra. Formaron la mayoría el presidente, Francisco Hernando, y los vocales propuestos por el PP Carlos Ríos y Enrique López, mientras que los votos minoritarios fueron de Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, ambos propuestos por el PSOE.

En cambio, los cinco miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo en rechazar la petición de amparo basada en la actuación del consejero José Luis Requero.

Atada por los precedentes (en 2003 se desestimó por unanimidad la recusación de un vocal de la minoría que activó a la Inspección para que investigase a un juez, luego expedientado con el voto de ese vocal), la Comisión adoptó el acuerdo unánime de declarar que la actuación de Requero «no supone una denuncia, sino una puesta en conocimiento del Servicio de Inspección de unos hechos, no dados por ciertos, a los efectos» de que se aclaren.

Requero, añade, «cumplió una obligación intrínseca de cualquier miembro de este Consejo, tal cual es dar traslado de un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».

El tercer y último punto de la resolución, adoptado también por unanimidad, indica que «ante críticas y descalificaciones desmesuradas y desorbitadas en lo que se refiere al caso en cuestión, la Comisión Permanente considera conveniente, como ya se puso de manifiesto en otras ocasiones, resaltar que el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales, siempre aceptable en un Estado de Derecho, no debe incurrir en imputaciones personales, ni descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional, debiéndose mover el ejercicio de la crítica dentro de unos mínimos cánones de racionalidad y prudencia».

Fuentes de los dos sectores del CGPJ indicaron que por parte de ambos había «voluntad de pacto» sobre una petición de amparo que querían zanjar. Los vocales de la minoría insistieron en que se censuraran las críticas públicas que ha recibido Garzón -hicieron bandera, en particular, del calificativo de «desmesuradas»- y los de la mayoría se centraron en el respaldo a Requero.

La posición del sector mayoritario contraria al amparo a Garzón era esperada por Campo y Aguiar, que no hicieron cuestión. Los dos redactaron un voto particular discrepante en el que sostienen que «se dan los requisitos que este Consejo ha venido exigiendo para la concesión del amparo».

A su juicio, la petición de Garzón debió ser estimada porque «cuando los insultos y descalificaciones -como sucede en la presente ocasión- transgreden los límites de lo permisible, no sólo atentan y pretenden perturbar la independencia que resulta consustancial elemento de la función de juzgar, sino que colisionan con el debido respeto al Estado de Derecho».

Aguiar considera, además, que el sector mayoritario «confunde los conceptos de independencia e imparcialidad». A su parecer, la independencia judicial va ligada al estatuto del juez y no a un proceso concreto, de forma que «producida una injerencia, la exigencia de restauración de tal estatuto de independencia no se extingue porque se pierda la competencia en el asunto».

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El CGPJ niega el amparo a Garzón, aunque admite que sufrió críticas «desmesuradas»

El juez tacha de «delirante» la tesis de los peritos de vincular los atentados del 11-M con ETA

Madrid - El informe de los peritos que relacionaron el 11-M con ETA a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los imputados por los atentados de Madrid, Hassan el Haski, y en el piso de un comando etarra «carece de la más mínima base científica». El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera en un auto notificado ayer que la hipótesis de los agentes «no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, que eran inexistentes, sino a generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid».

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional vuelve a exculpar a los superiores de los tres peritos -a quienes éstos acusaron de eliminar el párrafo que relacionaba a ETA con el 11-M y reescribir el informe- y hace hincapié en que su decisión «no sólo era oportuna sino la única medida legal posible» de acuerdo con las «normas de calidad» vigentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Garzón no ahorra calificativos para poner en cuestión la labor de los tres peritos -Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique- y afirma que ha quedado demostrado, «sin duda racional alguna», la «prefabricación intencionada» de esa consideración del ácido bórico como componente explosivo «para que produjera un efecto espurio a la propia pericia», vincular los atentados de Madrid con la banda terrorista.

No está en los manuales de ETA

Para el magistrado, las observaciones de los peritos no reflejaban una realidad «científicamente constatada», sino que eran «tan genéricas como perversas e impropias de un informe policial». A su juicio, no existe ningún informe que permita afirmar que el ácido bórico «haya tenido algún uso como elemento de sustancias explosivas hasta la fecha en España». Además, añade, en ningún manual de explosivos intervenidos a etarras se menciona esta sustancia «como componente o material utilizado para la fabricación de explosivos».

En cuanto al que se halló en el domicilio de El Haski, uno de los presuntos ideólogos del 11-M, el juez insiste en que en ese registro no se encontró ninguna sustancia que llevase a pensar que el uso que se le daba fuese diferente al doméstico (sobre todo como matacucarachas). Respecto al ácido bórico hallado en el piso del comando etarra en Salamanca, Garzón resalta que en el informe policial «ni siquiera aparece mención alguna a dicha sustancia». En consecuencia, añade, incluir esa relación de los islamistas con ETA es «no sólo artificial sino intencionadamente traída para ofrecer un resultado irreal contrario a la línea de investigación policial y judicial».

Garzón señala a Escribano -la «única persona que tenía el archivo informático sin modificar desde su creación»- como la persona que filtró el informe (al que se refiere como borrador pericial no oficial) al diario «El Mundo».

El magistrado concluye que el ácido bórico encontrado en casa de El Haski «carece de relevancia jurídico-penal» para imputarle un delito de tenencia de explosivos en el marco del sumario que investiga los atentados en la Casa de España en Casablanca (Marruecos) en mayo de 2003, en los que El Haski también está imputado.

De esta forma, el juez da carpetazo a la investigación que abrió el pasado 23 de septiembre en relación con este asunto y que dio lugar a un sonado tira y afloja entre el magistrado y la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que le reclamó la competencia hasta que, finalmente, Garzón se inhibió del asunto.

El Consejo respalda a Requero

Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial rechazó ayer la petición de amparo que había solicitado el juez Garzón a raíz de las críticas vertidas tras su decisión de imputar a los tres peritos que elaboraron el informe donde se relacionaba a ETA con el 11-M. La decisión se adoptó con los votos a favor del presidente del CGPJ, Francisco Hernando, y los vocales del grupo mayoritario Enrique López y Carlos Ríos, y la oposición de los consejeros de la minoría Juan Carlos Campos y Luis Aguiar.

El argumento central para denegar la solicitud de Garzón radica en que el magistrado se ha inhibido, «a petición del propio Ministerio Fiscal y tras el dictado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional», a favor de los juzgados de Plaza de Castilla en lo relativo a la presunta falsificación del informe relacionado con el 11-M.

Por ello, el CGPJ concluye al respecto que «como el juez no conoce ya del asunto a que se refieren las críticas, ni han influido en su decisión de inhibición, no se dan los supuestos» para otorgar el amparo.

Sin embargo, sí se reconoce que ha sufrido «críticas y descalificaciones desmesuradas y desorbitadas», ante lo cual se vuelve a poner de manifiesto que la crítica de las actuaciones judiciales «no debe incurrir en imputaciones personales ni descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional». Además, la Comisión Permanente respaldó por unanimidad la legitimidad del vocal José Luis Requero de poner en conocimiento de la Inspección unos hechos publicados, «no dados por ciertos», relativos a los interrogatorios de los peritos. Requero actuó, se afirma en el acuerdo, «cumpliendo una obligación intrínseca de cualquier miembro de este Consejo, tal cual es dar traslado de un supuesto funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Tan sólo dos amparos en cinco años: uno de ellos al magistrado

Madrid -Desde que el actual Consejo General del Poder Judicial comenzara su singladura, en noviembre de 2001, sus miembros han estudiado un total de 27 peticiones de amparo pedidas por otros tantos jueces, quienes acudieron a su órgano de gobierno solicitando un respaldo explícito ante diversas actuaciones, manifestaciones o críticas en medios de comunicación. El CGPJ sólo atendió dos de esas solicitudes, una de las cuales fue, precisamente, al juez Baltasar Garzón.

El amparo otorgado a ese magistrado de la Audiencia Nacional se le concedió el 24 de julio de 2002 y fue respaldado por 16 vocales. Garzón acudió al CGPJ por las críticas que habían vertido contra él dirigentes de partidos vascos, así como del consejero de Justicia, Joseba Azkárraga, durante la investigación que realizaba en torno a Batasuna y que terminó con la suspensión de actividades de esa formación. El Consejo le otorgó el amparo al entender que las críticas al auto donde acordaba el embargo de los bienes de Batasuna transgredieron «los límites de lo permisible dentro del necesario respeto a las instituciones y a un poder esencial del Estado, como lo es el Poder Judicial».

La magistrada Samanta Romero también recibió el amparo del CGPJ por las actuaciones de una letrada y una procuradora.

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

«Maniobra para desacreditar a los policías»

La Confederación Española de Policía (CEP), cuyos servicios jurídicos han asumido la defensa de dos de los tres peritos, salió ayer al paso de las acusaciones que vierte el juez Garzón en su auto contra los tres agentes que elaboraron tan controvertido informe. Su secretario general, Ignacio López, aseguró que todo lo contenido en la resolución del magistrado relativo a la presunta falsificación del informe «no tiene validez jurídica alguna, porque se ha inhibido en favor de los juzgados de Plaza de Castilla, reconociendo que es incompetente en lo que afecta a la falsificación». Pero, además, destacó que, en el fondo, se trata de «una maniobra para desacreditar a estos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, los cuales, por cierto, siguen en la situación procesal de testigos». En esta línea, insistió en que la acción de los peritos se ajustó a la legalidad, por lo que «en ningún momento incurrieron en falsedad documental», como sostuvo Garzón.

Una información de publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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