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21 de Octubre, 2006

Ramírez reconoce que firmó como autor unos análisis que nunca hizo

Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

El jefe de sección de la Policía Científica revela a la magistrada Gemma Gallego que antes de eliminar las referencias a ETA lo consultó con el secretario general de la unidad, Pedro Mélida

MADRID.- Francisco Ramírez, jefe de los tres peritos de la Policía Científica que hicieron referencia a ETA en un informe sobre el 11-M, admitió ayer durante su declaración como imputado ante la juez Gemma Gallego que no realizó ninguna de las pruebas analíticas que se indican en el dictamen enviado al magistrado Juan del Olmo.

En ese documento oficial, Ramírez asegura que «se hizo cargo» de las muestras de ácido bórico (1,3 kilos) hallado en casa de Hasan Haski, procesado como inductor del 11-M, y «procedió a utilizar las siguientes técnicas analíticas:...», lo que, en realidad, hicieron Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique.

Los peritos Escribano, López y Manrique incluyeron en su informe sobre Haski unas observaciones para destacar que ese mismo tipo de ácido apareció en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y, dos años antes, en la vivienda de un joven antisistema acusado de volar cajeros automáticos.

El jefe de sección Francisco Ramírez eliminó esas observaciones, que, por tanto, no pudieron ser conocidas ni valoradas por el juez Del Olmo, instructor del sumario del 11-M.

Preguntado ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 35, Gemma Gallego, por qué actuó así, Ramírez explicó que tras recibir las muestras de ácido bórico él asignó el dictamen a Escribano, que lo realizó con su equipo.

Cuando se lo entregaron, lo leyó y se dio cuenta de que contenía «apreciaciones personales» que podían generar confusión y que no se ajustaban a las normas de control de calidad existentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Ramírez desveló a la juez que, en ese momento, hizo una consulta con un superior -el secretario general, Pedro Luis Mélida-, quien también consideró que el informe debía ser modificado.

El jefe de sección pidió a los peritos que cambiaran el dictamen, a lo que se negaron.

Aseguró que también les ofreció hacer constar sus observaciones en una minuta (documento interno) dirigida a la Comisaría General de Información, si de lo que se trataba era de advertir que podía seguirse una línea de investigación por esa vía. Los peritos indicaron que ellos querían que esas observaciones figuraran en el propio informe pericial.

Entonces Ramírez se reasignó a sí mismo la pericia que, en contra de lo que exige la ley, sólo lleva una firma, la suya. Aunque el documento finaliza con una alusión a la «rúbrica de los firmantes», únicamente figura la de Ramírez. Al ser preguntado por esta discrepancia, el funcionario contestó que no quiso comprometer a ningún otro perito del laboratorio.

Durante un «respetuoso» y «exhaustivo» interrogatorio -según lo describieron fuentes de la defensa- que duró algo menos de tres horas, Gallego preguntó a Ramírez por otras diferencias entre el informe original elaborado por los peritos y el dictamen que finalmente se envió, a través de la Comisaría General de Información, al juez del 11-M.

En el primer documento, Escribano, López y Manrique certifican que han realizado ocho pruebas para determinar que se trata de ácido bórico, además de un «estudio bibliográfico». En el informe remitido a la autoridad judicial, Ramírez suprime dos de esas pruebas (los ensayos a la llama y la formación del éster metilbórico) y elimina el «estudio bibliográfico», que es el que permite a Escribano, a través de las fichas que guarda, recordar los casos precedentes de terrorismo en los que se halló la misma sustancia.

Sobre esta diferencia, Ramírez apuntó que para ese tipo de análisis hubieran bastado dos o tres pruebas y que el resto no eran relevantes para determinar de qué sustancia se trataba, por lo que no consideró trascendente su supresión.

El jefe de sección admitió, no obstante, que él no hizo ninguna prueba, aunque lo certificara así en el documento oficial remitido al juez Del Olmo. Manifestó que él «asumió el resultado» de los análisis efectuados por Escribano, López y Manrique porque eran correctos, fueron realizados por peritos competentes y con las técnicas adecuadas.

Cuando se le preguntó por la alteración del sobre en el que se refleja a qué perito se asigna el estudio, el jefe de sección dijo no recordar quién sustituyó el nombre de Escribano por el suyo. La juez hizo que se le mostrara el sobre y Ramírez acabó reconociendo que lo hizo él y que era su letra.

Francisco Ramírez salió del Juzgado manteniendo la condición de imputado con la que entró a declarar. No se trata de una imputación judicial (esto es, Gallego no ha dictado ningún auto atribuyendo al funcionario una conducta delictiva), sino una imputación formal derivada del hecho de que Ramírez está denunciado por falsedad documental por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

Fuentes jurídicas indicaron que otros mandos policiales, y en concreto Mélida, tendrán que acudir a declarar a la Plaza de Castilla también como imputados.

Información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El abogado del Estado pide la nulidad de las diligencias

Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 6:40, Categoría: Informe del Acido Bórico

MADRID.- La Abogacía del Estado presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid un recurso contra la decisión de la juez Gemma Gallego de declarar secretas las diligencias.

La instructora decretó el secreto sumarial nada más iniciar el procedimiento, entre otros motivos porque el juez Garzón alegó que sus actuaciones estaban secretas para resistirse a enviar a la Plaza de Castilla un testimonio de las diligencias que estaba llevando a cabo en la Audiencia Nacional.

La medida hizo que sólo la representante del Ministerio Fiscal y la defensa de Ramírez pudieran asistir ayer a la declaración de éste. No pudieron estar presentes ni los abogados de las organizaciones denunciantes (la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo) ni tampoco la Abogacía del Estado. El secreto sumarial deja al Gobierno sin información directa e inmediata sobre los pasos de la juez Gallego.

Una representante de la Abogacía del Estado se presentó a primera hora de ayer en el Juzgado para hacer constar su protesta por no poder presenciar la declaración de Ramírez como imputado. En una airada comparecencia, la abogada del Estado sostuvo que «no hay razón» para declarar secretas las investigaciones y llegó a afirmar que «el secreto únicamente tiene por objeto la comodidad del Juzgado».

Imputación de Santano

Poco después presentó un recurso en el que insta la nulidad de las actuaciones por la «indefensión total y absoluta» que el secreto le genera.

Por su parte, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó ayer un escrito en el que se adhiere al recurso que los peritos han presentado contra su imputación por Garzón.

La asociación también solicita que declare como imputado Angel Santano, responsable de la Comisaría General de Policía Científica.

Información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Ramírez admite que firmó en falso e implica a su superior (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 6:20, Categoría: Informe del Acido Bórico

Francisco Ramírez declaró ayer como imputado ante la juez que estudia la presunta falsificación a que fue sometido el informe que vinculaba a ETA con el 11-M y su declaración arrojó algunos datos de extraordinaria relevancia para la investigación. En primer lugar, Ramírez admite que estampó su firma en el documento como autor de unos análisis que nunca hizo. Con estas palabras, el jefe de los peritos está reconociendo tácitamente la falsedad. Es inútil que trate de justificar la manipulación invocando unas supuestas «normas de calidad» que le facultan para modificar los informes de sus subordinados. De ser esto cierto, ¿por qué entonces a los peritos Escribano y Manrique se les ha mutilado éste y no ningún otro informe? Por otra parte, esas normas de calidad podrían justificar la poda de alguna de las observaciones finales del documento, pero en ningún caso pueden servir de coartada para eliminar elementos fácticos como los dos antecedentes en los que la policía había hallado ácido bórico o para falsear el sobre, la firma y el libro de registro de un informe técnico. Y si Ramírez llevó a cabo esta cadena de falsificaciones, fue -según admitió ayer ante la juez- después de consultarlo con el secretario general de la comisaría, Pedro Mélida, al frente en aquellos días de la Policía Científica por hallarse de vacaciones el comisario Santano. Ramírez confirma así lo dicho por sus subordinados a Garzón y deja la pelota en el tejado de sus superiores, que tendrán que aclarar qué les llevó a ordenar una falsificación tan burda precisamente en un informe que vinculaba a ETA con el 11-M. La declaración de Ramírez es una prueba más de que Interior ha intentado orientar la instrucción del juez Del Olmo y eliminar cualquier indicio que pusiera en duda la versión oficial de los hechos.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

ABC y EL PAIS no dedican sus portadas a la presunta falsedad documental de Francisco Ramírez

Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

El abogado del Estado pide la nulidad del «caso bórico» por indefensión

MADRID. La Abogacía del Estado ha solicitado a la juez Gema Gallego que decrete la nulidad de todas las diligencias que ha practicado en el llamado «caso bórico» desde el pasado 13 de octubre (fecha en la que permitió a la representante legal de la Administración personarse como parte en la causa). El motivo que alega es la indefensión que, según señala en un escrito presentado ayer mismo, le produce el secreto decretado por la instructora sobre toda la causa -que suma ya unos 3.000 folios-, incluida la resolución con la que acordó el secreto. El abogado del Estado pide que se retrotraigan las actuaciones hasta la citada fecha (lo que supondría al menos la nulidad del registro en la Comisaría General de Información y de la declaración de Francisco Ramírez) y, también, que se levante la medida.

«Dudas sin respuesta»

En su escrito, la Abogacía del Estado se queja de que no se le haya permitido siquiera conocer el contenido del auto por el que se declaró el secreto de las actuaciones con el argumento de que «también es secreto». «Se está causando una grave indefensión a esta parte», asegura, pues «se nos plantean toda una serie de dudas y cuestiones que no obtienen debida respuesta debido al mutismo del Juzgado en cuanto al estado de las actuaciones»: «¿Cuáles son las razones que llevan al Juzgado a declarar el secreto? ¿Tienen esas razones suficiente entidad como para limitar un derecho fundamental?», se pregunta.

La representante legal de la Administración recuerda que la «mera alegación [de la declaración del secreto] no es fundamento bastante para limitar más derechos que los estrictamente afectados» por la medida. De hecho, al no conocer el contenido de la resolución con la que se acordó, la Abogacía del Estado tampoco puede recurrirla aunque entendiera «a la vista de su contenido, que no está justificado el secreto del sumario». «Tampoco podemos conformarnos con dicha declaración de secreto si verdaderamente estuviera justificada -añade-; no podemos controlar el tiempo durante el cual se ha declarado el secreto, ni si se está respetando el límite temporal de un mes; tampoco sabemos cuál es ese otro bien constitucionalmente relevante que justifica la declaración del secreto de las actuaciones».

Extraña situación procesal

Por otra parte, la abogada del Estado explica que, también como consecuencia del secreto, se le impidió asistir ayer a la declaración de Ramírez (estuvieron presentes el abogado del policía y el fiscal), razón por la que efectuó una comparecencia ante la secretaria judicial en la que aseguró que esa medida «sólo tiene por objeto la comodidad del Juzgado».

En su recurso, la Abogacía del Estado añade -respecto a la declaración de Ramírez- que debió suspenderse hasta que la juez Gallego resuelva el recurso de reforma que los peritos Manuel Escribano e Isabel López han presentado contra el auto de imputación dictado en su día por Baltasar Garzón. De hecho no se sabe en qué situación procesal se encuentran, pues figuran como imputados en las diligencias que Garzón practicó y remitió después a la instructora de Madrid, mientras que ésta -con posterioridad a que se produjera tal imputación- les tomó declaración como testigos.

Texto de Nieves Colli publicado por el diario ABC el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Ramírez reitera ante la juez que pudo reelaborar el informe por su condición de jefe de sección

MADRID. Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, reiteró ayer ante la juez de Madrid encargada de la investigación del llamado «caso bórico» lo que ya declaró el pasado 29 de septiembre en la Audiencia Nacional: que si eliminó del borrador que le entregaron Manuel Escribano y otros dos peritos unas observaciones en las que se relacionaba a ETA con el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico en poder de la banda(en 2001) y de Hassan El Haski (en 2004) fue porque se trataba de apreciaciones subjetivas sin base científica alguna; y que si su firma aparece en la pericia definitiva -una vez modificado el texto inicial en un soporte informático que el propio Escribano le entregó- es porque los autores del borrador se negaron a hacer las correcciones pertinentes y porque él, como jefe de sección, tiene competencias para reasignarse el caso.

Ramírez prestó ayer declaración en calidad de imputado ante la juez Gema Gallego, titular del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, quien, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, realizó un exhaustivo interrogatorio sobre la confección del informe con el que la Policía Científica -por encargo del Servicio de Información- certificó, en marzo de 2005, que la sustancia encontrada en el piso de El Haski (luego procesado por el 11-M) era ácido bórico.

El inspector jefe, que lleva más de 16 años en la Unidad de Análisis, explicó que antes de ordenarle a Escribano que eliminara las observaciones sobre ETA había entregado el borrador al secretario general de la Comisaría, Pedro Melida, quien corroboró que esos párrafos no podían aparecer en la pericia. Y ello, explicó Ramírez, de acuerdo con el «manual de calidad» que la Policía Científica cumple para el reconocimiento internacional de sus trabajos. Algunas fuentes no descartan que próximamente la instructora cite a declarar a Melida.

Respecto a la mención de las técnicas de análisis realizadas para determinar la sustancia (se enumeran 9 en el borrador de Escribano y sólo 6 en el informe definitivo que firma Ramírez), éste señaló que en este caso habrían bastado dos analíticas para saber sin ningún género de dudas de qué sustancia se trataba, razón por la que dejar de mencionar tres de ellas no restó fiabilidad al informe.

Texto de Nieves Colli publicado por el diario ABC el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La juez del ácido bórico impide actuar a la Abogacía del Estado

Gemma Gallego mantiene como imputado al jefe de los peritos

Madrid - La juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, interrogó ayer, por espacio de tres horas, al jefe de Analítica de la Policía Científica, Francisco Ramírez, superior de los peritos que intentaron relacionar el 11-M con ETA a través de una sustancia que resultó ser ácido bórico. La negativa de la juez a que la Abogacía del Estado tuviese acceso a la declaración dio pie a que ésta haya reclamado la nulidad de las actuaciones.

La juez Gallego no sólo se negó a que la Abogacía del Estado estuviese presente en la declaración, sino que incluso denegó que pudiese conocer la resolución que declara el secreto de las actuaciones. A la abogada del Estado que quiso personarse y que intentó estar presente en la declaración de Ramírez se le dijo que las diligencias "eran secretas" y cuando pidió ver la resolución que lo acordaba, se le dijo que "también era secreta". Esta decisión de la juez es "netamente incorrecta", según la Abogacía del Estado, pues el auto de declaración de secreto no puede ser secreto, ya que las partes tienen derecho a discutir si esa decisión está fundada o no.

La Abogacía del Estado presentó un recurso en el que asegura que la decisión de la juez Gallego "vulnera flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva" y le deja en una situación de "indefensión total y absoluta". En consecuencia, interesa la nulidad de todas las actuaciones practicadas y que éstas se retrotraigan al pasado día 13, en que se personó el abogado del Estado para que todas las diligencias se practiquen en su presencia.

La declaración en calidad de imputado de Francisco Ramírez duró tres horas. La juez, según las fuentes consultadas, fue mostrando al jefe de los peritos los documentos sobre los informes y borradores sobre el ácido bórico para que se pronunciara sobre ellos. Ramírez sostuvo, como ya hizo ante el juez Baltasar Garzón, que entre sus competencias está el visado y el control de calidad de los informes periciales y que, en otras ocasiones, también han sido reelaborados informes sobre análisis químicos, pero sin alterar el resultado o la conclusión sobre de qué sustancia se trata.

La juez no tomó ninguna medida cautelar contra Ramírez, aunque mantuvo su imputación. Las fuentes consultadas aseguran que, en todo caso, Gallego tiene previsto adoptar una decisión sobre la situación de los imputados cuando hayan prestado declaración el resto de los funcionarios de la Comisaría General de Policía Científica que han sido denunciados por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Las fuentes consultadas aseguran que, inicialmente, la fiscalía se inclina por solicitar el archivo de las actuaciones, puesto que consideraría que no existe ningún tipo de falsedad documental.

La citada asociación de víctimas -defensora de la participación de ETA en el 11-M y de las teorías conspirativas sobre dicho atentado- denunció por falsedad documental al ex comisario de Información Telesforo Rubio; el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y al jefe de Análisis de este departamento, José Andradas, además de a Ramírez.

Esta asociación, además, presentó ayer un escrito en el juzgado en el que se adhiere al recurso interpuesto por los peritos Isabel López Cidad y Manuel Escribano solicitando la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el juez Baltasar Garzón. Éste imputó a dichos peritos y Pedro Manrique por falsedad documental. Manrique se ha desvinculado de las actuaciones judiciales de sus compañeros.

Por otro lado, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará el 11-M prorrogó ayer la prisión preventiva, hasta un máximo de cuatro años, al supuesto dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí Hassan El Haski y a Antonio Toro, ya ex cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, ambos acusados de facilitar los explosivos para la matanza de Madrid.

Texto de J. M. Lázaro y J. A. Rodríguez publicado por el diario EL PAIS el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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