11-M: 192 Muertos, Miles de Heridos ¿Quién Ha Sido?

El abogado del Estado pide la nulidad del «caso bórico» por indefensión

MADRID. La Abogacía del Estado ha solicitado a la juez Gema Gallego que decrete la nulidad de todas las diligencias que ha practicado en el llamado «caso bórico» desde el pasado 13 de octubre (fecha en la que permitió a la representante legal de la Administración personarse como parte en la causa). El motivo que alega es la indefensión que, según señala en un escrito presentado ayer mismo, le produce el secreto decretado por la instructora sobre toda la causa -que suma ya unos 3.000 folios-, incluida la resolución con la que acordó el secreto. El abogado del Estado pide que se retrotraigan las actuaciones hasta la citada fecha (lo que supondría al menos la nulidad del registro en la Comisaría General de Información y de la declaración de Francisco Ramírez) y, también, que se levante la medida.

«Dudas sin respuesta»

En su escrito, la Abogacía del Estado se queja de que no se le haya permitido siquiera conocer el contenido del auto por el que se declaró el secreto de las actuaciones con el argumento de que «también es secreto». «Se está causando una grave indefensión a esta parte», asegura, pues «se nos plantean toda una serie de dudas y cuestiones que no obtienen debida respuesta debido al mutismo del Juzgado en cuanto al estado de las actuaciones»: «¿Cuáles son las razones que llevan al Juzgado a declarar el secreto? ¿Tienen esas razones suficiente entidad como para limitar un derecho fundamental?», se pregunta.

La representante legal de la Administración recuerda que la «mera alegación [de la declaración del secreto] no es fundamento bastante para limitar más derechos que los estrictamente afectados» por la medida. De hecho, al no conocer el contenido de la resolución con la que se acordó, la Abogacía del Estado tampoco puede recurrirla aunque entendiera «a la vista de su contenido, que no está justificado el secreto del sumario». «Tampoco podemos conformarnos con dicha declaración de secreto si verdaderamente estuviera justificada -añade-; no podemos controlar el tiempo durante el cual se ha declarado el secreto, ni si se está respetando el límite temporal de un mes; tampoco sabemos cuál es ese otro bien constitucionalmente relevante que justifica la declaración del secreto de las actuaciones».

Extraña situación procesal

Por otra parte, la abogada del Estado explica que, también como consecuencia del secreto, se le impidió asistir ayer a la declaración de Ramírez (estuvieron presentes el abogado del policía y el fiscal), razón por la que efectuó una comparecencia ante la secretaria judicial en la que aseguró que esa medida «sólo tiene por objeto la comodidad del Juzgado».

En su recurso, la Abogacía del Estado añade -respecto a la declaración de Ramírez- que debió suspenderse hasta que la juez Gallego resuelva el recurso de reforma que los peritos Manuel Escribano e Isabel López han presentado contra el auto de imputación dictado en su día por Baltasar Garzón. De hecho no se sabe en qué situación procesal se encuentran, pues figuran como imputados en las diligencias que Garzón practicó y remitió después a la instructora de Madrid, mientras que ésta -con posterioridad a que se produjera tal imputación- les tomó declaración como testigos.

Texto de Nieves Colli publicado por el diario ABC el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Ramírez reitera ante la juez que pudo reelaborar el informe por su condición de jefe de sección

MADRID. Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, reiteró ayer ante la juez de Madrid encargada de la investigación del llamado «caso bórico» lo que ya declaró el pasado 29 de septiembre en la Audiencia Nacional: que si eliminó del borrador que le entregaron Manuel Escribano y otros dos peritos unas observaciones en las que se relacionaba a ETA con el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico en poder de la banda(en 2001) y de Hassan El Haski (en 2004) fue porque se trataba de apreciaciones subjetivas sin base científica alguna; y que si su firma aparece en la pericia definitiva -una vez modificado el texto inicial en un soporte informático que el propio Escribano le entregó- es porque los autores del borrador se negaron a hacer las correcciones pertinentes y porque él, como jefe de sección, tiene competencias para reasignarse el caso.

Ramírez prestó ayer declaración en calidad de imputado ante la juez Gema Gallego, titular del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, quien, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, realizó un exhaustivo interrogatorio sobre la confección del informe con el que la Policía Científica -por encargo del Servicio de Información- certificó, en marzo de 2005, que la sustancia encontrada en el piso de El Haski (luego procesado por el 11-M) era ácido bórico.

El inspector jefe, que lleva más de 16 años en la Unidad de Análisis, explicó que antes de ordenarle a Escribano que eliminara las observaciones sobre ETA había entregado el borrador al secretario general de la Comisaría, Pedro Melida, quien corroboró que esos párrafos no podían aparecer en la pericia. Y ello, explicó Ramírez, de acuerdo con el «manual de calidad» que la Policía Científica cumple para el reconocimiento internacional de sus trabajos. Algunas fuentes no descartan que próximamente la instructora cite a declarar a Melida.

Respecto a la mención de las técnicas de análisis realizadas para determinar la sustancia (se enumeran 9 en el borrador de Escribano y sólo 6 en el informe definitivo que firma Ramírez), éste señaló que en este caso habrían bastado dos analíticas para saber sin ningún género de dudas de qué sustancia se trataba, razón por la que dejar de mencionar tres de ellas no restó fiabilidad al informe.

Texto de Nieves Colli publicado por el diario ABC el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez del ácido bórico impide actuar a la Abogacía del Estado

Gemma Gallego mantiene como imputado al jefe de los peritos

Madrid - La juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, interrogó ayer, por espacio de tres horas, al jefe de Analítica de la Policía Científica, Francisco Ramírez, superior de los peritos que intentaron relacionar el 11-M con ETA a través de una sustancia que resultó ser ácido bórico. La negativa de la juez a que la Abogacía del Estado tuviese acceso a la declaración dio pie a que ésta haya reclamado la nulidad de las actuaciones.

La juez Gallego no sólo se negó a que la Abogacía del Estado estuviese presente en la declaración, sino que incluso denegó que pudiese conocer la resolución que declara el secreto de las actuaciones. A la abogada del Estado que quiso personarse y que intentó estar presente en la declaración de Ramírez se le dijo que las diligencias "eran secretas" y cuando pidió ver la resolución que lo acordaba, se le dijo que "también era secreta". Esta decisión de la juez es "netamente incorrecta", según la Abogacía del Estado, pues el auto de declaración de secreto no puede ser secreto, ya que las partes tienen derecho a discutir si esa decisión está fundada o no.

La Abogacía del Estado presentó un recurso en el que asegura que la decisión de la juez Gallego "vulnera flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva" y le deja en una situación de "indefensión total y absoluta". En consecuencia, interesa la nulidad de todas las actuaciones practicadas y que éstas se retrotraigan al pasado día 13, en que se personó el abogado del Estado para que todas las diligencias se practiquen en su presencia.

La declaración en calidad de imputado de Francisco Ramírez duró tres horas. La juez, según las fuentes consultadas, fue mostrando al jefe de los peritos los documentos sobre los informes y borradores sobre el ácido bórico para que se pronunciara sobre ellos. Ramírez sostuvo, como ya hizo ante el juez Baltasar Garzón, que entre sus competencias está el visado y el control de calidad de los informes periciales y que, en otras ocasiones, también han sido reelaborados informes sobre análisis químicos, pero sin alterar el resultado o la conclusión sobre de qué sustancia se trata.

La juez no tomó ninguna medida cautelar contra Ramírez, aunque mantuvo su imputación. Las fuentes consultadas aseguran que, en todo caso, Gallego tiene previsto adoptar una decisión sobre la situación de los imputados cuando hayan prestado declaración el resto de los funcionarios de la Comisaría General de Policía Científica que han sido denunciados por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Las fuentes consultadas aseguran que, inicialmente, la fiscalía se inclina por solicitar el archivo de las actuaciones, puesto que consideraría que no existe ningún tipo de falsedad documental.

La citada asociación de víctimas -defensora de la participación de ETA en el 11-M y de las teorías conspirativas sobre dicho atentado- denunció por falsedad documental al ex comisario de Información Telesforo Rubio; el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y al jefe de Análisis de este departamento, José Andradas, además de a Ramírez.

Esta asociación, además, presentó ayer un escrito en el juzgado en el que se adhiere al recurso interpuesto por los peritos Isabel López Cidad y Manuel Escribano solicitando la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el juez Baltasar Garzón. Éste imputó a dichos peritos y Pedro Manrique por falsedad documental. Manrique se ha desvinculado de las actuaciones judiciales de sus compañeros.

Por otro lado, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará el 11-M prorrogó ayer la prisión preventiva, hasta un máximo de cuatro años, al supuesto dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí Hassan El Haski y a Antonio Toro, ya ex cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, ambos acusados de facilitar los explosivos para la matanza de Madrid.

Texto de J. M. Lázaro y J. A. Rodríguez publicado por el diario EL PAIS el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.