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23 de Octubre, 2006

Javier Gómez Bermúdez: «El juicio del 11-M no es universal. Si aparecen hechos nuevos podrán abrirse nuevas investigaciones»

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Entrevistas

Para acceder a su despacho, situado en la séptima planta de la audiencia nacional, hay que pasar unas contundentes medidas de seguridad, lo cual es lógico teniendo en cuenta que por sus manos pasan los asuntos de estado mas importantes de nuestro país y los que marcan la agenda política un día sí y otro también: ETA y el 11-M. Por su cargo y condición, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -donde se juzgan los grandes delitos de terrorismo y corrupción-, está permanentemente en el ojo del huracán, hasta el punto de que su nombramiento sigue recurrido por «defectos formales», dos años después de que se produjera. Pero él, al menos en apariencia, no se inmuta, tal vez porque a pesar de su edad -44 años- tiene una amplia experiencia y un currículo que sería la envidia de muchos jóvenes juristas.

PREGUNTA.- Usted, por su cargo y condición, tiene en sus manos buena parte del peso de la política judicial antiterrorista. ¿Eso es un inconveniente en los tiempos que corren? Admita que puede ser muy incómodo para el Gobierno, según las sentencias que dicte, ¿no?

RESPUESTA.- En los tiempos que corren, el ser el órgano en el que se concentra toda la lucha jurídica contra el terrorismo supone una gran carga, desde luego, a la vez que un trabajo muy gratificante. Es posible que mi trabajo como presidente de sala pueda ser incómodo para algunos en determinados momentos, pero se trata de aplicar la ley, no del momento político de su aplicación, ni mucho menos.

P.- Pues su nombramiento está recurrido entre otros, por Garzón, que aspiraba a tener su plaza, y en ese asunto sí hay una sombra de interés más político que jurídico...

R.- El Supremo lo único que estima del recurso son defectos formales del Consejo, es decir, ni se cuestionan mis méritos, ni mi capacidad, ni mi gestión. Aunque, naturalmente, lo que subyace al denunciar esos defectos formales es evitar que yo sea presidente.

P.- ¿Ser presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia es un cargo político?

R.- En absoluto, no es un cargo político, sino un cargo jurisdiccional. Yo me dedico a poner sentencias. Un cargo político es ser vocal del Consejo, secretario de Estado o parlamentario por un determinado partido político, como otros jueces lo han sido, el propio Garzón por ejemplo. Yo, desde luego, jamás he actuado en política, ni activa ni pasivamente.

P.- ¿Qué le parece esta decisión del fiscal de proponer que se reduzca de 96 a seis años de prisión la petición de condena para De Juana Chaos, teniendo en cuenta que usted es uno de los amenazados en esas cartas por las que se le va a juzgar?

R.- El fiscal todavía no ha hecho una rebaja de pena, y por tanto no puedo opinar de algo que no se ha producido, salvo señalar que si las razones que van a llevar a esa rebaja de pena son técnicas, bienvenidas sean. Lo único que yo discutiré siempre, sea el caso que sea, es que se intente torcer la ley para llegar a un resultado práctico previamente decidido. El Estado de Derecho da mecanismos para corregir los excesos que la aplicación literal de la ley conduce. La ley jamás se puede torcer al arbitrio de una coyuntura política determinada.

P.- ¿Y entonces cómo entiende que el fiscal general diga que la Justicia debe adaptarse a los tiempos que corren, e incluso afirme en el Senado que quienes no piensan como él no quieren la paz?

R.- Yo respecto a la intervención del fiscal general del Estado en el Senado no tengo mucho que decir. Ahora bien, la única garantía que tiene un ciudadano de que el juez no va a ser arbitrario es que el juez aplique la ley, le guste o no.

P.- ¿El hecho de que la Fiscalía sea un nombramiento político y sea un estamento jerárquico puede ser un elemento de distorsión en asuntos como el llamado proceso de paz?

R.- En el sistema español la política criminal la dirige el Gobierno, el mecanismo más directo de ejecución de la política criminal es el fiscal del Estado, y la Fiscalía en sí, como institución, es jerárquica porque tiene que serlo. Podrá gustar o no, y se podrá cambiar, pero el sistema es coherente, y como garantía se prevé que si el fiscal general del Estado no cumple una indicación del Gobierno éste no puede cesarle en el cargo.

P.- De usted se dice que es partidario de aplicar una línea dura con los etarras, y por eso forzó el cambio doctrinal del Supremo para que presos sanguinarios como Parot no fueran puestos en libertad por acumulación de condenas. ¿Es así?

R.- Yo no sé que es la línea dura o blanda. En todo caso podríamos discutir si la ley es dura o blanda, pero la ley no la hago yo, la hace el Parlamento. Yo aplico la ley, la que me da el Parlamento de mi país, de España. Si esa ley se estima que es dura deberán modificarlo. Sobre los sentenciados por delitos anteriores no es que sea partidario de que se modifique, es que la interpretación correcta es la que ha dado el Supremo ahora con el caso Parot.

P.- Oiga, ¿la Justicia puede ser un obstáculo en el proceso de paz?

R.- Es imposible que la Justicia sea una obstáculo ni en el proceso de paz ni en nada que esté dentro del Estado de Derecho. Y es siempre, por supuesto, un obstáculo para lo que está fuera del Estado de Derecho.

P.- Vamos, que con proceso de paz o sin él los etarras sanguinarios se pudrirán en la cárcel...

R.- Yo no quiero que nadie se pudra en la cárcel, de hecho en España no existe la cadena perpetua. Lo que sí digo es que la ley exige que en determinados delitos se cumpla un mínimo de pena, sin los cuales es imposible considerar que el individuo está reeducado, que es el paso previo a la reinserción.

P.- ¿Cabría la posibilidad de realizar un indulto generalizado?

R.- No, está prohibido por la Constitución. Habría que modificar la Constitución.

P.- Pero, llegado el caso, ¿habría alguna forma de saltarse esa modificación, dando indultos individuales?

R.- La ley lo que exige es que cada expediente de indulto sea individualizado. Si se hace un estudio preso por preso, naturalmente podrán conceder 2.000 indultos individuales. Pero lo que no se puede hacer es utilizar el esquema de indultos individuales para cometer un fraude de ley concediendo en la práctica un indulto general.

P.- ¿Si ETA desaparece tiene sentido que se mantenga la Audiencia Nacional? Porque su eliminación es una vieja reivindicación nacionalista

R.- La reivindicación de los nacionalistas, como de muchos otros, es que esta casa desaparezca cuando no les viene bien, porque cuando se juzgó al ex general Galindo no querían que se suprimiera, de hecho, se presentaron como acusación popular. Dicho esto, el sentido de la Audiencia es la lucha contra el crimen organizado, no sólo el terrorismo. La Audiencia Nacional no tiene fecha de caducidad.

P.- Usted también presidirá la sala del juicio oral del 11-M. ¿Se dan las condiciones necesarias para que el juicio comience en este momento, con la cantidad de agujeros negros que están apareciendo?

R.- Las condiciones para ir a juicio se dan. En febrero celebraremos el primer juicio por los terribles hechos del 11-M. Ahora lo que se va a juzgar es a 29 personas y se va a decidir si han intervenido o no en esos hechos, pero sin ir más allá. Tenga en cuenta que hay cuatro o cinco personas en busca y captura, y el día que aparezcan habrá que celebrar un nuevo juicio. No estamos hablando de un único juicio universal sino de un juicio concreto.

P.- Vamos, que la celebración del juicio no significa que se dé carpetazo al asunto y pueda haber nuevos procedimientos, como ocurrió con el GAL...

R.- Todavía hay algún asunto del GAL coleando. Y lo mismo ocurrirá con el 11-M. Siempre que aparezca un hecho nuevo, con independencia de que aparezca antes, durante o después del juicio, se podrá abrir una nueva investigación. Ése es el sistema procesal español.

P.- ¿Cree que se sabrá la verdad?

R.- Estoy seguro de que se descubrirá la verdad, se tarden más o menos años. La Justicia puede ser lenta, pero es segura. Somos un remolcador de altura, somos capaces de arrastrar grandísimas cargas a grandísimas distancias. Eso sí, a una velocidad moderada.

P.- Algunos piensan que si cada vez que alguien critica a un juez, éste se siente limitado en su independencia, como ha dicho Garzón, la libertad de expresión no existiría.

R.- No me gusta opinar sobre magistrados que dependen de la Sala, por tanto no me voy a referir al tema Garzón. Pero muchísimos magistrados han sido insultados, ofendidos y criticados y no se han sentido perturbados en su independencia.

P.- ¿Llamar a un juez presunto prevaricador en un medio de comunicación es un delito, sí o no?

R.- Llamar a un juez presunto prevaricador, así dicho, no tiene por qué ser un delito. Tiene que quedar claro que la libertad de expresión y el derecho a la información, que es un derecho de los ciudadanos, es un derecho indispensable, esencial de la democracia. Por tanto, el único límite al ejercicio de ese derecho son las leyes que tenemos: el Código Penal y las demandas de protección al honor.

P.- Una curiosidad. ¿Por qué cree que Garzón estaba tan interesado en meter mano a los peritos del 11-M?

R.- Yo no estoy en la mente de mis compañeros, lo que sí digo es que el sistema ha funcionado. Garzón no era competente en este caso, y ha pasado a manos de la juez que lo es. Ése es el sistema. Ahora, ¿por qué lo quiso hacer? No lo sé.

P.- Pues algunos piensan que ha metido la nariz en este asunto para sacar al Gobierno de un apuro, y eso cuestiona su independencia...

R.- Habrá quien interprete que una persona que ha sido parlamentario del PSOE; que ha sido secretario de Estado, que luego ha vuelto a la judicatura, está contaminada por su paso por la política y no es independiente. Y habrá quien entienda que con cosas como ésta demuestra que es independiente. Lo sorprendente es que se hable de jueces independientes cuando han estado en la política, y de otros, que lo único que hemos hecho en nuestra vida es dictar sentencias, se diga que no lo somos.

P.- Sea como fuere, la juez ha llamado como imputado al jefe de los peritos, lo cual tira por tierra toda la instrucción realizada por Garzón, que imputó a los testigos, ¿no?

R.- No necesariamente. La juez Gallego lleva ahora dos temas relacionados: uno el de los documentos remitidos por EL MUNDO al juez Del Olmo, que es del que deriva la toma de declaración como imputado del jefe de los peritos, y otro en el que son imputados por Garzón los peritos, a quienes la juez podrá o no levantar la imputación.

P.- Algunos creen que el juez Del Olmo está desbordado por esta investigación, por la complejidad de la misma...

R.- Al juez Del Olmo se le pusieron todos los medios, los que pidió y los que no pidió. Éste es sin duda el juicio al que más medios y tiempo en exclusiva se ha destinado en la Justicia, excepción hecha del de la colza.

P.- Le digo esto porque hasta dejó libre a un imputado del caso por un olvido administrativo, y eso es muy fuerte... Se habló de que podrían haberle retirado del cargo.

R.- Un error lo puede cometer cualquiera, cuestión distinta es que de ese error derive o no responsabilidad. Y este matiz es importante. Lo que no puede ser es que el régimen disciplinario de jueces se haya convertido en una especie de tribunal de honor prohibido por la Constitución, en el que dependiendo del sí o no de la mayoría de la comisión disciplinaria y dependiendo del juez en concreto la resolución es una u otra. Hay jueces que por mucho menos han sido trasladados de esta casa y hay otros que por mucho más siguen en esta casa y seguirán largos años.

P.- Un inciso. ¿Usted cree que la investigación de EL MUNDO es un juicio paralelo al asunto del 11-M?

R.- El periodismo de investigación, que es el que busca nuevas fuentes y abre vías de conocimiento que no están en la instrucción, históricamente ha sido importantísimo, y en España más. Su periódico fue el artífice del asunto de los GAL, y sin sus informaciones eso jamás se hubiera descubierto. Otra cosa son las instrucciones y juicios paralelos. La prensa libre siempre será una ayuda y no un estorbo a la Justicia.

P.- Tal vez para ustedes no, pero sí para los políticos.

R.- Para la Justicia, no es un obstáculo, todo lo contrario. Puede que lo sea para los políticos, pero no para los jueces.

Una entrevista de Esther Esteban publicada por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Una 'verdad por descubrir' 'mas allá' del Juicio del 11-M" (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: El Sumario del 11-M

La entrevista que hoy publica EL MUNDO con el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es un testimonio de extraordinaria trascendencia en lo que se refiere a la investigación y el juicio sobre el 11-M, tanto por lo que dice expresamente como por lo que sugiere. Su condición de presidente del tribunal que próximamente juzgará a los 29 procesados por la masacre le obliga sin duda a pronunciarse con cautela, a pesar de lo cual, Gómez Bermúdez distingue explícitamente entre el juicio oral y «la verdad sobre el 11-M», que «se descubrirá aunque se tarden más o menos años».

El juez añade que en la vista oral que comienza en febrero «se va a decidir si 29 personas han intervenido en los hechos, sin ir más allá». Es decir, que el presidente del Tribunal -que necesariamente ha estudiado el sumario con todo detalle- está sugiriendo que hay un «más allá» que trasciende a la incuestionable obligación de los tribunales de acreditar si las personas procesadas intervinieron en los atentados del 11-M. Gómez Bermúdez mantiene la cautela sobre la instrucción del sumario por parte del juez Del Olmo y sobre la aparición estelar de Baltasar Garzón al procesar a los peritos sin ser competente en la causa. Aunque los lectores podrán extraer sus propias conclusiones sobre la opinión que le merece la actuación de ambos instructores. Por la parte que toca a este periódico, las palabras de Gómez Bermúdez son un importante estímulo al periodismo de investigación que llevamos a cabo, cuando tantos otros medios han renunciado a esa obligación profesional. «La prensa libre siempre será una ayuda y no un estorbo a la Justicia». Es más, el magistrado recuerda que sin EL MUNDO, «el asunto de los GAL nunca se hubiera descubierto».

De la misma manera que la trama asturiana del 11-M hubiera quedado inédita sin la crucial investigación de este periódico. Precisamente hoy comienza el juicio de la operación Pípol contra Suárez Trashorras y Antonio Toro, acusados de tráfico de estupefacientes y explosivos. Ambos fueron procesados -según la petición del fiscal- por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M, a pesar de que poco antes la Guardia Civil no había estimado necesario ampliar la investigación sobre ellos, a raíz de las denuncias de Zouhier.

La actuación como mínimo negligente y como máximo culposa de los responsables policiales de Asturias -sin que se hayan depurado las responsabilidades- es un ejemplo claro de los muchos «más allás» que hay en el 11-M. Y también la de la propia Fiscalía que en el transcurso de pocos meses varió su criterio. La actuación de ambas instituciones no puede archivarse a beneficio de inventario, al margen incluso de que quedara acreditada o no la versión oficial sobre el 11-M.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un juez procesó a Toro y Trashorras por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

OVIEDO.- Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro fueron procesados por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M. En concreto, el 6 de octubre de 2003 el juez Juan Laborda presentó un auto de procesamiento contra ambos dentro de la llamada operación Pípol, cuyo juicio comienza hoy en la Audiencia Provincial, por un delito de tenencia de sustancias y aparatos explosivos, y a petición del fiscal antidroga de Asturias, José Perals.

Ninguno de los dos fue encarcelado entonces porque la Justicia consideró que no había riesgo de fuga, aunque meses más tarde negociarían con El Chino la venta de la dinamita empleada en los atentados de Madrid. Lo más importante que se desprende de este auto, que se ha conocido ahora, es que no sólo la Policía y la Guardia Civil conocían el mercado negro de explosivos en el que se movían los dos asturianos, sino que también lo sabían las autoridades judiciales.


A raíz de dicha operación, realizada en julio de 2001, las fuerzas de seguridad encontraron en un garaje que regentaban Trashorras y Toro más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, así como 16 cartuchos de Goma 2 Eco, como la que luego, según los informes policiales aportados al sumario, se utilizó en los atentados del 11- M, y 94 detonadores industriales. Sin embargo, la investigación se centró entonces en la droga incautada y no en los explosivos. Ni el entonces fiscal Antidroga de Asturias, José Luis Rebollo, ni el juez Laborda consideraron trascendente para la causa la aparición de ese material. Hubo que esperar dos años más para que un recién llegado fiscal antidroga, José Perals, pidiese su enjuiciamiento.

Tras el 11-M y la detención de los asturianos empezaron a salir a la luz nuevos datos y pistas que parece que pasaron desapercibidos en el transcurso de esta operación. Por ejemplo, se supo que Francisco Javier Lavandera había alertado en varias ocasiones de que Trashorras y Toro buscaban en Asturias a gente que supiera hacer bombas con móviles. Nadie relacionó entonces este hecho con los explosivos encontrados al ex minero.

Pero Lavandera no fue el único que dio cuenta de las actividades delictivas ya entonces de los dos cuñados. El marroquí Rafá Zouhier y el confidente José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, también lo hicieron y la Guardia Civil llegó a abrir hasta dos investigaciones, aunque ninguna de ellas fructificó.

A partir de hoy el ex minero y su cuñado se sentarán en el banquillo, acusados de tráfico de drogas y también de explosivos en un macrojuicio que llevará a la Audiencia Provincial en Gijón a varios de los asturianos relacionados con el 11-M. Además de Trashorras, Toro y Nayo, hasta ahora huido de la Justicia, tendrán que acudir como testigos Zouhier, Lavandera y el agente Jesús Campillo. Por ello se han previsto importantes medidas de seguridad, ya que algunos de los acusados y de los testigos permanecen en diversas cárceles españolas en espera de juicio -caso de los dos asturianos acusados de facilitar los explosivos del 11-M- o cumpliendo condena por otros asuntos, como Rafá Zouhier.

Para Toro y Trashorras, Perals pide un total de 17 años de prisión y el pago de sendas multas de 218.000 euros por los delitos de tráfico de drogas y tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos, la pena más alta de todos los acusados.

El macrojuicio de Pípol sentará en el banquillo además a otras 18 personas. Según el escrito de acusación, todos los acusados formaban parte en 2001 de dos grupos organizados dedicados a introducir y distribuir drogas en Asturias.

El fiscal considera en su escrito que, independientemente de la actividad de tráfico de drogas, Toro, Trashorras y Nayo se dedicaban a la venta de cartuchos de dinamita Goma 2 Eco, «no constando la fuente de aprovisionamiento de dichos explosivos, ofreciendo los mismos a la venta en los ambientes nocturnos de Gijón».

El fiscal considera probado que en el verano de 2001 los dos avilesinos ofrecieron dinamita al menos en tres ocasiones a Lavandera, que por entonces trabajaba en el club Horóscopo de Gijón, y que llegaron a enseñarle esa dinamita que guardaban en el maletero de un coche. A raíz de ese hecho, Lavandera alertó a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo ni éstas ni el instructor del sumario le dieron demasiada importancia a este hecho.

La operación, dirigida por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Gijón, logró desmantelar una importante red de narcotraficantes relacionada con mafias gallegas, pero sobre todo puso al descubierto un mercado negro de explosivos del que luego se beneficiaron los autores de los atentados de Madrid.

Trashorrras tan sólo estuvo en prisión tres meses. Su cuñado Toro permaneció más tiempo en la cárcel asturiana de Villabona y fue allí donde entabló relación con el marroquí Rafá Zouhier, también imputado en los atentados del 11-M por su relación con los islamistas y con los dos asturianos.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Otras Informaciones sobre el juicio por el "Caso Pípol"

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El principal acusado del 11-M, juzgado por vender explosivos

MADRID - La sección octava de la Audiencia Provincial de Oviedo, con sede en Gijón, abrirá hoy la vista oral de la «Operación Pipol», que permitió desarticular en julio de 2001 una red de venta de drogas y explosivos de la que formaban parte el ex minero Emilio Suárez Trashorras, el principal acusado por los atentados del 11-M, y su cuñado, Antonio Toro, también procesado por este motivo.

Ambos procesados, que se enfrentan a sendas penas de 17 años de cárcel por los delitos de tráfico de estupefacientes y explosivos, están acusados en el sumario que instruye el juez Juan del Olmo de facilitar la dinamita utilizada en los atentados de Madrid, informa Efe.

La «Operación Pipol» se cerró en julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de Goma-2, como la utilizada también en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, Suárez Trashorras y Toro Castro, que han sido trasladados a la prisión de Villabona para que puedan asistir al juicio, son los únicos acusados a los que se imputa un delito de tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos por el que se enfrentan a penas de siete años de prisión.

A estos delitos suman otros dos contra la salud pública por los que la Fiscalía pide para ellos diez años de prisión, con lo que la petición del Ministerio Público se eleva a 17 años para cada uno, mientras que para el resto de los acusados solicita condenas de entre cinco y trece años.

Una información de R. T. publicada por el diario LA RAZON el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Juicio a Trashorras y Toro por venta de droga y explosivos 

Oviedo - Dos de los procesados por la matanza del 11-M, el ex minero y ex confidente asturiano José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro, se sentarán hoy en el banquillo en Gijón junto a otros 18 procesados, por su supuesta implicación en una red de tráfico de drogas y explosivos que fue desmantelada en 2001.

La Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Asturias abre juicio oral por el caso Pipol, en el que el fiscal solicita penas de 17 años de prisión y multas de 218.000 euros tanto para Suárez Trashorras como para Toro tras haber sido incautados en julio de 2001 en un garaje de Avilés que ambos compartían con otro de los procesados 54,5 kilos de hachís, así como 16 cartuchos de goma 2 Eco y 94 detonadores eléctricos.

En el proceso declararán 51 testigos, entre ellos el ex confidente Rafá Zouhier, a su vez imputado también en el sumario del 11-M, y el ex portero de un club nocturno y testigo en el caso de la masacre de Madrid, Francisco Javier Lavandera Villazón, quien había denunciado en 2001 que Toro y Trashorras le habían ofrecido explosivos.

Para los 18 procesados restantes la acusación reclama penas que oscilan entre cinco y 13 años de cárcel.

Una información de Javier Cuartas publicada por el diario EL PAIS el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"Todos miraron para otro lado" por Fernando Mugica

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Operación 'Pipol'

Comienza hoy en Asturias, en medio de una fuerte polémica, el juicio de la operación Pípol. La semana pasada saltó la noticia de que el fiscal antidroga de Asturias, José Perals, había pedido el procesamiento Toro y Trashorras por tenencia de explosivos en mayo de 2003 y que el juez de Gijón Juan Laborda había aceptado ese procesamiento cinco meses antes de los atentados del 11-M.

Sorprende que hasta ahora hubiera pasado ese dato desapercibido, ya que importantes testigos se empeñaron en declarar en la Comisión de Investigación que no se siguió más de cerca las andanzas de la trama asturiana porque no existían datos que pusieran de manifiesto «de una forma fehaciente» la relación de Toro y Trashorras con los explosivos.

En agosto de 2001, el testigo Francisco Javier Lavandera advirtió a la Policía y a la Guardia Civil de que ambos ofrecían explosivos en grandes cantidades y de que buscaban a alguien que supiera fabricar bombas con móviles. Además comentó a la Policía que trabajaban para ETA. No le hicieron caso.

Otro de los implicados en la operación Pípol, José Ignacio Fernández, Nayo, en 2002 y a través de su abogado volvió a denunciar a Toro y Trashorras, su trama de venta de explosivos y su relación con ETA.

Rafá Zouhier, un colaborador de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, contó la misma historia a sus controladores. En febrero de 2003 fue a Asturias y le dieron una muestra de explosivos que llegó a las manos de la UCO. La operación fue monitorizada por miembros de la Guardia Civil. El capitán de la Guardia Civil asturiana, Marful, insistió en la importancia de esa red asturiana de venta de explosivos. Contactó con un fiscal y le comentó sus sospechas. Le dijeron que no podía judicializarse el tema porque no veían sustancia en el asunto.

La Guardia Civil asturiana formó un equipo de investigación que mantuvo contactos directos con la UCO. Según declaró el teniente coronel Fernando Aldea, jefe de la Comandancia de Oviedo, ante la Comisión: «Las conversaciones con la UCO duraron hasta finales de 2003». Sus averiguaciones no llegaron a ninguna parte.

El fiscal asturiano antidroga que llevó en primer lugar el caso de la operación Pípol, José Luis Rebollo, no encontró desde 2001 a 2003 ningún motivo para acusar a Toro y Trashorras de tenencia de explosivos. La Policía lo descartó desde el primer momento y ni siquiera registraron el piso de Toro argumentando que no querían incomodar a su madre. Se centraron en las drogas que habían hallado en un coche aparcado en un garaje alquilado por él y por Nayo y dejaron a un lado el que también hubiera 16 cartuchos de dinamita y más de 50 detonadores.

A pesar de todo, en mayo de 2003 el fiscal asturiano Perals que sustituyó a Rebollo, cuando éste se jubiló, retomó el caso Pípol con brío y pidió al juez el procesamiento de Toro y Trashorras por tenencia de explosivos. El juez Laborda lo aceptó en octubre de 2003.

Ni la UCO, ni la Guardia Civil asturiana, ni la Policía parecieron tener en cuenta este cambio y todos siguieron sin tomar en serio a la banda de Toro y Trashorras. Por si fuera poco, el policía Manuel García, Manolón, no tuvo inconveniente en darle cuerda a Trashorras para utilizarlo en los últimos meses de 2003 y los primeros de 2004 como confidente introducido en la banda de moritos de Jamal Ahmidan, a la que teóricamente proporcionó los explosivos del 11-M.

En la Comisión de Investigación se pasaron unos a otros la responsabilidad argumentando que nadie se había tomado en serio a la trama asturiana. «La Fiscalía no fue informada por la Guardia Civil acerca de un posible tráfico de explosivos en Asturias». La Guardia Civil argumentó por su parte que la Fiscalía no le había dado los medios adecuados para investigar.

Y en medio, está la petición del fiscal asturiano Perals, en mayo del 2003, para procesar a Toro y Trashorras por tenencia de explosivos. Es evidente que hubo fallos de coordinación y que se siguió un pésimo criterio profesional. Luego, en la Comisión se ocultó el dato del procesamiento que ahora conocemos. Todos miraron para otro lado.

Curiosamente, testigos que hasta ahora han sido sometidos a todo tipo de linchamiento público, como Francisco Javier Lavandera, resultarán claves en este juicio de la operación Pípol para probar la relación de Toro y Trashorras con el tráfico de explosivos. Será interesante ver si también se acepta su testimonio, previsto para el próximo 8 de noviembre, respecto a la relación de la trama de explosivos asturiana con la organización terrorista ETA.

Publicado por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"La trama asturiana sale del armario" por Jaime Ignacio Del Burgo

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: Trama Asturiana

El Comercio de Gijón, en su edición del pasado 21 de octubre, revelaba un escrito del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, de 12 de mayo de 2003 -atención a la fecha-, dirigido al juez instructor del caso Pípol, solicitando el procesamiento de los asturianos Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras por un delito de tenencia ilícita de explosivos.

El 6 de octubre del mismo año, el juez accedió a lo solicitado. El periódico calificaba este descubrimiento de «absoluta novedad», pues demostraba que los acusados de haber suministrado a la célula de Lavapiés los explosivos presuntamente utilizados en el 11-M habían sido procesados por posesión ilegal de dinamita antes de la comisión de los atentados y no después, como se había hecho creer a la opinión pública.


Hagamos un poco de historia. Pípol es el nombre de una operación antidroga que tuvo lugar en Asturias en junio del año 2001 y que se saldó con la detención de 21 personas, entre ellas Antonio Toro, Emilio Suárez Trashorras y José Luis Fernández, Nayo. La Policía intervino en el curso de esta importantísima operación tres kilos de cocaína, 80 kilos de hachís, así como 16 cartuchos de dinamita y 94 detonadores en un garaje alquilado por Antonio Toro.

Encarcelado en la prisión de Villabona, el asturiano coincide en el mismo módulo con Abdelkrim Bensmail, lugarteniente de Allekema Lamari (muerto en Leganés y a quien a finales de 2003 el CNI seguía los pasos en la convicción de que estaba preparando un gran atentado contra un edificio mediante un coche bomba conducido por un suicida). También convive con varios presos etarras, a los que ofrece dinamita, y con Rafá Zouhier, confidente de la Guardia Civil. Suárez Trashorras está procesado por su supuesta participación en la organización del 11-M. Toro y Zouhier lo están también por colaboración con banda armada.

Suárez Trashorras, que se libra de entrar en la cárcel en la operación Pípol, se ofrece como confidente al jefe de estupefacientes de Avilés, Manuel García, Manolón, a cambio de que interceda para conseguir la libertad condicional de Toro. Las gestiones de Manolón tienen éxito y, desde entonces, Trashorras no da un paso sin conocimiento de su controlador, al que suministra información para alguna operación antidroga.

A mediados de 2003 le informa de que unos «moritos» de Lavapiés, la banda dirigida por Jamal Ahmidan, el Chino, habían entrado en contacto con él para vender droga en el norte de España.

En agosto de 2001, el vigilante jurado de una discoteca asturiana, Francisco Lavandera, acudió a la Policía de Gijón para denunciar que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras tenían importantes cantidades de dinamita para vender en el mercado clandestino y que tal vez estuvieran en tratos con ETA. «Se rieron de mí», declarará más tarde Lavandera. Asustado porque el denunciado se había enterado de su chivatazo por una confidencia de la propia Policía, decidió acudir a la Guardia Civil. El 29 de agosto de 2001 Lavandera se entrevista con el agente Campillo, del servicio de Información, y le pone al corriente. Campillo se lo toma en serio y la Guardia Civil, por orden del entonces coronel Laguna, pone en marcha la llamada operación Serpiente, que se cierra a finales de 2002 sin resultado alguno. Mandos asturianos de la Guardia Civil testificaron ante la Comisión de Investigación que, pese al fracaso de la operación, se quedaron tranquilos al conocer los pormenores de la operación Pípol de la Policía.

En el año 2002, Nayo, a través del abogado Tejeda, denuncia al fiscal jefe de Asturias que Toro y Trashorras se proponen vender dinamita a ETA. La investigación ordenada por la Fiscalía a la Jefatura Superior de Policía tampoco da resultado.

A comienzos de 2003, la Guardia Civil de Asturias recibe una nueva denuncia de Nayo en los mismos términos que la realizada a la Policía. El entonces coronel Laguna ordena la apertura de una investigación que encomienda a la comandancia de Oviedo. Por su parte, Rafá Zouhier informa a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), dirigida por el coronel Hernando (antiguo colaborador de Rafael Vera y encausado con él por haber llevado a Suiza maletines con dinero de los fondos reservados para comprar el silencio en el caso de los GAL de los policías Amedo y Domínguez), que los asturianos venden dinamita robada.

Agentes de la UCO viajan a Asturias, conocen las investigaciones de la comandancia de Oviedo, siguen a los asturianos hasta Madrid y al cabo de unos días, el 28 de febrero de 2003, remiten una nota informativa a la Guardia Civil de Asturias. En ella la UCO confirma con todo lujo de detalles que, en efecto, los asturianos, además de vender dinamita en Madrid, introducen cada 10 días en Asturias grandes cantidades de droga.

El coronel Hernando declaró en la Comisión del 11-M que tras esa nota informativa, la UCO se apartó del caso. El general Laguna, antiguo coronel jefe de la Zona de Asturias, le contradijo y afirmó que por orden suya se creó un grupo de coordinación entre agentes de la UCO y de la Comandancia de Oviedo, que se deshizo a finales de 2003 al no obtener ningún resultado. En el sumario del juez Del Olmo figura un informe sobre «las mentiras de la UCO», elaborado por la comandancia de Asturias, en el que se acusa a varios agentes de la Unidad Central Operativa de intentar destruir pruebas que podrían poner en entredicho la declaración de Hernando ante la Comisión.

De todo esto se desprende que a mediados de 2003, la Policía y la Guardia Civil sabían que la Fiscalía de Asturias había solicitado el procesamiento de Toro y Trashorras por tenencia de explosivos y que el 6 de octubre del mismo año el juez encargado del caso había confirmado la petición del fiscal. Es decir, que todos los responsables -de la Policía y de la Guardia Civil- de las investigaciones abiertas por las denuncias contra los asturianos, conocían su implicación en un delito de tenencia.

¿Y para qué querían explosivos si no era para proceder a su venta en el mercado negro? Si se hubiera puesto en conocimiento del juez todo el arsenal de datos incluidos en las notas informativas de la UCO de 28 de febrero y de 6 de marzo de 2003 se habría conseguido judicializar la investigación, con intervenciones telefónicas y registros de sus propiedades.

En su comparecencia ante la Comisión de Investigación, mandos asturianos de la Guardia Civil declararon que si no se había podido llegar al juez era porque, en opinión de los fiscales de Avilés, no había datos suficientes para ello. Tampoco se informó a la Comisión, ni siquiera por el fiscal jefe de Asturias (que tampoco lo dice en el informe de 31 de enero de 2005 que aportó al juzgado y a la Comisión), que en el año 2003 se había producido el procesamiento de Toro y Suárez Trashorras por un delito de tenencia de explosivos.

¿Qué habría pasado de haber ordenado el juez la intervención telefónica de los presuntos implicados? ¿Se habría logrado evitar el atentado? No lo sabemos, pero no se olvide que si el juez Garzón tenía estrechamente vigilados a varios de los integrantes de la célula de Lavapiés, si la Udyco seguía las andanzas del Chino y compañía, sólo habría faltado conocer de primera mano las conversaciones de los asturianos en los meses anteriores del 11-M.

En el sumario del juez Del Olmo hay prueba fehaciente de las grandes contradicciones en que incurrieron, tanto en la Comisión del 11-M como en el propio juzgado, los mandos asturianos y de la UCO que estuvieron tan cerca de los acusados de haber vendido los explosivos utilizados por el Chino en la masacre. Como la verdad no puede ser ambivalente, alguien ha mentido. Y faltar a la verdad como testigo ante un juzgado e, incluso, ante una comisión de investigación parlamentaria es delito. Pero nadie ha sentido el menor interés en verificarlo. Luego se quejan y, por denunciar estos hechos tan escandalosos, nos llaman perturbados y nos acusan de alimentar la teoría de la conspiración.

Hoy empieza el juicio por la operación Pípol. Acabo de relatar el fracaso de los intentos de judicializar la investigación sobre los asturianos. Nos dijeron que no tenían datos suficientes. Pues bien, casualmente, el sumario comienza con un escrito de la Policía solicitando la intervención telefónica de uno de los implicados. Estos son sus argumentos: «Se tiene la absoluta certeza de que (fulano de tal), para concertar operaciones de compraventa de cocaína, utiliza el teléfono móvil 649377118, por lo que (...) se solicita dicha intervención».

Ustedes mismos.

Jaime Ignacio del Burgo es diputado de UPN

Publicado por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (23 de octubre de 2006): Comienza el juicio oral

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El juicio por el «caso Pípol» se inicia hoy en Gijón entre fuertes medidas de seguridad

Veinte acusados, entre ellos Suárez Trashorras y Antonio Toro, se enfrentan a penas que suman 200 años

Oviedo - Los Juzgados de Poniente de Gijón, donde se celebrará desde hoy y hasta el próximo 30 de noviembre el macrojuicio por la «operación Pípol» en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, han intensificado desde hace días su seguridad y reforzado el número de policías que custodian el edificio dada la relevancia de algunos de los acusados y testigos, relacionados con la masacre del 11-M.

Entre ellos, Emilio Suárez Trashorras, su cuñado Antonio Toro Castro y los testigos Rafá Zouhier y Francisco Javier Lavandera Villazón, «Lavandero», el portero del club asturiano El Horóscopo al que intentaron vender la dinamita.

Los dos primeros fueron trasladados desde las prisiones en las que se encuentran al centro penitenciario de Villabona el viernes y el sábado, respectivamente, con motivo de la celebración del juicio, mientras que el tercero será traído desde la prisión de Madrid cuando deba declarar.

La gran expectación que provoca esta causa y lo reducido del espacio en el que tendrá lugar la vista, en la Sala 1 de los Juzgados de lo penal, obligó a la Audiencia Provincial a tomar medidas, ya que hay que acomodar en ella, además de a los 20 acusados, a tres magistrados, a la secretaria y al agente judicial, a uno o dos fiscales y a 14 abogados.

La Audiencia Provincial estará fuertemente vigilada por agentes que patrullarán tanto por el interior como por el exterior del edificio, que permanecerá acordonado durante los días que dure el proceso. El presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, Bernardo Donapetry, colaboró activamente con el jefe superior de la Policía del Principado, Baldomero Araújo, en el diseño del dispositivo de seguridad.

Con base a estas medidas, sólo se permitirá el acceso a veinte personas de público y los medios de comunicación acreditados tendrán reservados 8 asientos, uno por medio. Aquellos periodistas que no tengan sitio en dichos asientos podrán ocupar los del público, si sobraran.

Durante las celebraciones del juicio no estará permitida la presencia de cámaras fotográficas, de vídeo o de televisión de tamaño grande. Sin embargo, los medios gráficos podrán tomar imágenes antes del inicio de las sesiones y durante cinco minutos una vez que éstas hayan comenzado, pero desde la puerta de entrada a la sala. Tampoco se permitirá grabar o tomar fotografías ni en los pasillos ni en el interior del Juzgado.

Las vistas comenzarán hoy, a las diez y media de la mañana, con la declaración de los acusados. Unos testimonios que se prolongarán a lo largo de toda la semana. Posteriormente, se tomará declaración a los testigos, entre ellos varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a Lavandero, a Zouhier y al agente de la Guardia Civil Jesús Campillo, a quien el portero del club Horóscopo reveló datos sobre la venta de explosivos, que serían supuestamente utilizados en el 11-M. A partir del 13 de noviembre testificarán los peritos, para después proceder a las escuchas de las grabaciones fruto de la investigación policial. Está previsto que a partir del 23 de noviembre se lean las conclusiones del fiscal y de los letrados, así como los informes.

El fiscal especial Antidroga, José Perals, solicita en total casi 200 años y 1,5 millones de euros de multa para 20 acusados, por diversos delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y venta de explosivos. Perals solicita penas que van desde los 17 años de prisión, para los principales imputados, a los 5 años.

En el caso concreto de Trashorras y Toro, el fiscal pide para cada uno 17 años de prisión y una multa de 218.000 por un delito contra la salud pública y por otro de tenencia, depósito y tráfico de explosivos.

Ambos están imputados también por los atentados del 11-M, acusados de facilitar la dinamita que utilizaron los terroristas islámicos en los atentados de Madrid, los más sangrientos ocurridos en España y en los que murieron 192 personas.

Durante el juicio prestarán su testimonio dos de los confidentes que alertaron a los cuerpos de seguridad sobre la venta de explosivos que relacionaba lo que se llamó la «trama asturiana» con los islamistas: Francisco Javier Lavandera y Rafá Zouhier, actualmente en prisión.

Una operación centrada en el tráfico de cocaína, hachís y explosivos

Oviedo - La «operación Pípol» se cerró en julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de goma 2, como la utilizada en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.

Según la fiscalía, Toro trabajaba a las órdenes del cabecilla de una de las redes que introducían cocaína y hachís en Asturias, Marcos B. M., también acusado, y se encargaba de trasladarla desde Galicia por carretera «en cantidades superiores a un kilo».

A las órdenes de éste actuaba, entre otros, Emilio Suárez Trashorras, que ayudaba tanto en operaciones de adquisición y venta de droga como en el alquiler o el traslado de los vehículos con los que la introducían en Asturias, de acuerdo con el relato del fiscal. En los registros, la Guardia Civil se incautó en un garaje de Avilés, que Toro compartía con su cuñado y otro encausado, de 54,5 kilos de hachís, 16 cartuchos de dinamita industrial y 94 detonadores. La operación se centró en la droga incautada, sin que se investigase la procedencia de la goma 2 y de los detonadores, procedentes de robos en minas asturianas donde Trashorras había trabajado.

Una información publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Guardia Civil asegura que tras el 11-M sigue el «rastro completo» de los explosivos decomisados

La Benemérita admite que los cambios en la ley de control evitan casos como el de la 'operación Pipol', cuando la dinamita hallada fue destruida sin investigar su origen La numeración de cada lote permite identificar la fecha de fabricación y, desde ahí, seguir el rastreo hasta el destino

GIJÓN - En el transcurso de la 'operación Pipol', las fuerzas de seguridad hallaron en el garaje que compartían Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras en Avilés 16 cartuchos de dinamita que, dado su estado, fue destruida por los Tedax sin que se realizara investigación alguna sobre su procedencia. Tras los atentados del 11-M en Madrid y el posterior refuerzo de la legislación de control de explosivos, tal circunstancia no debería repetirse. Así lo aseguran fuentes de la Guardia Civil de Asturias, que señalan que en la actualidad se sigue el «rastro completo» de los explosivos decomisados o hallados en circunstancias irregulares para comprobar cualquier tipo de sospecha y minimizar potenciales riesgos.

El caso de los cartuchos de goma 2 hallados en el garaje avilesino constituye una de las partes más oscuras de la ya de por sí enrevesada 'operación Pipol'. Junto al explosivo se detectaron también 94 detonadores eléctricos industriales sensibles por retardo de 500 milisegundos, con marca UEB. Pero, de forma sorprendente, nunca se llegó a conocer cómo llegó ese peligroso material a la plaza de garaje número 17 de la avilesina calle de Eloy Fernández Caravera. Los técnicos de los Tedax alegaron que la dinamita se encontraba en mal estado y procedieron a su destrucción, sin hurgar en su pasado o en su procedencia.

La masacre terrorista del 11-M, sin embargo, dio un giro radical a las medidas de control y vigilancia, tanto en Asturias como en el conjunto de España. Los cambios introducidos en la ley hacen que en la actualidad un suceso como el del 'caso Pipol' no pudiera volver a producirse, alegan desde el Instituto Armado, porque ahora el rastreo en el origen de los explosivos localizados en circunstancias 'sospechosas' es más exhaustivo.

Ante un caso de estas características, precisan fuentes de la Guardia Civil, el proceso a seguir pasa por la identificación de la numeración del lote de explosivos. A partir de ahí, señalan desde la Benemérita, se puede determinar de forma sencilla su fecha concreta de fabricación. Y, en adelante, resulta factible dibujar el camino que ha seguido ese material después de su salida de la empresa hasta el destino.

Asturias, en cabeza

El incremento de la vigilancia sobre el uso de explosivos en España, a través de un plan general de control activado pocos meses después de que se produjeran los atentados de Madrid, ha generado efectos evidentes. El primer balance que elaboró el Ministerio del Interior a partir de los datos facilitados por las inspecciones realizadas por la Guardia Civil constató que el 10% del material hallado en circunstancias irregulares fue decomisado en Asturias. El Principado se situó de esta forma a la cabeza del país en el ránking de irregularidades localizadas en fábricas, talleres, depósitos o lugares de consumo.

Según los datos de que disponía el ministerio que ahora encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba, la mayor parte de las cantidades decomisadas corresponden a material que no se encontraba bien documentado en los libros de las empresas que los utilizan o que estaba caducado en el momento de realizar la supervisión. Algo similar sucede con los detonadores, ya que en muchos casos las propias empresas desconocían si ya se habían gastado o no tenían definidos en los libros las cantidades exactas que manejaban.

Aunque después de la masacre del 11-M el control sobre los explosivos se reforzó de forma notoria, a día de hoy persisten multitud de dudas sobre la dinamita hallada en el marco de la 'operación Pipol', que comenzó como una investigación por un asesinato, condujo a la desarticulación de un grupo de traficantes de droga y terminó dando paso al hallazgo de cartuchos de goma 2. ¿Qué hacían esos explosivos en un garaje y por qué fueron destruidos por los Tedax sin profundizar en su origen?

Más sospechas

La pregunta en cuestión marcará el desarrollo de un juicio que comienza hoy en Gijón y se prolongará durante más de un mes. El propio Antonio Toro, de hecho, siempre mantuvo que desconocía la existencia de esa dinamita. En su momento se llegó a sospechar que en su casa había un armario con más explosivos, aunque este extremo nunca llegó a confirmarse.

Una información de A. Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


'Pipol', la antesala del gran juicio

Suárez Trashorras y Antonio Toro son, junto a otros 18 imputados, los protagonistas 'estrella' de un proceso que comienza hoy en Gijón después de cinco largos años de diligencias

GIJÓN - Todo tiene proporciones excesivas en el juicio de la 'operación Pipol', que comienza hoy en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. El número de imputados, veinte, es un primer ejemplo. Cinco años de diligencias, cinco mil folios de instrucción, catorce abogados y más de treinta periodistas de toda España acreditados para cubrir las sesiones dejan claro que no se trata de un proceso cualquiera. Un caso centrado básicamente en el tráfico de drogas, sin embargo, no generaría tanto interés si no fuera por condicionantes añadidos. La presencia en el banquillo de los acusados de Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras, imputados además por tenencia y tráfico de explosivos e incluidos en el 'macrosumario' del 11-M, es la razón principal de que 'Pipol' concentre a partir de hoy las miradas de toda España.

De no ser por estas circunstancias añadidas, el 'caso Pipol' se quedaría en un juicio más o menos ordinario centrado en una red de tráfico de estupefacientes que comenzó a partir de un crimen en las cercanías del polideportivo de Contrueces. El hallazgo de una papelina de cocaína en posesión de un sospechoso fue el punto de partida de una investigación en la que, de por medio, se halló dinamita en un garaje que compartían Trashorras y Toro. Su posterior vinculación con los atentados de Madrid ha convertido este proceso en una especie de antesala del juicio del 11-M.

Trashorras, Toro y los otros 18 imputados serán juzgados en Gijón en medio de unas medidas de seguridad sin precedentes. Ambos fueron trasladados a lo largo de la pasada semana desde las prisiones de Alcalá Meco y Villanubla (Valladolid), donde están internados, a la cárcel asturiana de Villabona. Ante la enorme expectación que genera su presencia en el Principado, se acordonará el juzgado y se establecerá un filtro para regular la asistencia de público a la sala.

De hecho, sólo hay 20 plazas reservadas para el público, ocho de ellas para los periodistas que, salvo que se sigan los requerimientos del fiscal y se habilite un espacio anexo, tendrán que lidiar para conseguir uno de los preciados asientos.

Los testigos

El interés de las al menos 20 sesiones que integrarán el juicio no se centrará de forma exclusiva en los imputados. Los testigos que declararán ante el magistrado Bernardo Donapetry también tendrán algo que decir, especialmente tres de ellos. El marroquí Rafá Zouhier, implicado al igual que Trashorras y Toro en el sumario del 11-M, está en esa lista.

También se espera con atención lo que tenga que aportar Francisco Javier Lavandera, el ex portero de una sala de fiestas gijonesa que ya en el año 2001 habló del tráfico de dinamita. A ambos se unirá el agente de la Guardia Civil Jesús Campillo, que grabó esas denuncias en una cinta. La declaración de los peritos, el análisis de las escuchas telefónicas y las últimas exposiciones de las partes pondrán fin a un juicio que se prevé largo y complejo.

Una información de A. Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Gran expectación” por Juan Neira

Hoy empieza el juicio del 'caso Pipol', en Gijón, con una veintena de imputados. Hay una gran expectación ante la vista oral porque entre los que se sientan en el banquillo de los acusados están José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, los dos cuñados más famosos de España. La dimensión mediática del juicio -la fama en el banquillo siempre revaloriza los procesos judiciales- convierte la vista oral en algo socialmente trascendente, muy alejado de un simple asunto de tráfico de drogas. Ni siquiera la aparición de la dinamita en un garaje de Avilés, localizada en la investigación policial, hubiera dado renombre al 'caso Pipol' si no fuera porque ese garaje lo utilizaban los dos cuñados.

Salvo mejor opinión de los expertos, creo que del juicio sólo tienen interés dos cosas: el tipo de relaciones de los detenidos con la dinamita (ventas, transporte, clientes) y los contactos establecidos por Trashorras y Toro con individuos integrantes de las células islamistas radicales. Nada más. El resto es puro consumo de la imagen de famosos, por tristes que sean los motivos que les hicieron populares. Ahora ya sabemos que alguno se divorcia, y quizás, andando los años, tengamos ocasión de conocer las memorias de algún protagonista, con alusiones, claves, etcétera. Luego puede tomar el relevo epistolar un familiar despechado, o un amigo, o un antiguo socio, así que al final tendremos la sensación de saberlo todo.

Aunque son asuntos muy diferentes, algo así ocurre con el 'caso Marbella', en el que los amores del ex alcalde y la tonadillera añadieron un plus de interés social sobre la corrupción inmobiliaria. Hay gente que nunca hubiera prestado atención al 'caso Marbella' si no fuera por la peripecia sentimental del ex regidor. Somos así.

En lo que toca al 'caso Pipol', creo que la noticia dada hace unos días por EL COMERCIO sobre la temprana imputación por tenencia y tráfico de explosivos de Trashorras es de la máxima importancia. Si a ella se une el testimonio ya conocido del agente de la Guardia Civil Jesús Campillo y del testigo Francisco Javier Lavandera, sobre los planes que tenían Toro y Trashorras con la dinamita, se abre un interrogante muy inquietante, que sólo se puede cerrar en Madrid con el juicio del 11-M.

Publicado por el diario EL COMERCIO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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