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El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (23 de octubre de 2006): Comienza el juicio oral

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El juicio por el «caso Pípol» se inicia hoy en Gijón entre fuertes medidas de seguridad

Veinte acusados, entre ellos Suárez Trashorras y Antonio Toro, se enfrentan a penas que suman 200 años

Oviedo - Los Juzgados de Poniente de Gijón, donde se celebrará desde hoy y hasta el próximo 30 de noviembre el macrojuicio por la «operación Pípol» en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, han intensificado desde hace días su seguridad y reforzado el número de policías que custodian el edificio dada la relevancia de algunos de los acusados y testigos, relacionados con la masacre del 11-M.

Entre ellos, Emilio Suárez Trashorras, su cuñado Antonio Toro Castro y los testigos Rafá Zouhier y Francisco Javier Lavandera Villazón, «Lavandero», el portero del club asturiano El Horóscopo al que intentaron vender la dinamita.

Los dos primeros fueron trasladados desde las prisiones en las que se encuentran al centro penitenciario de Villabona el viernes y el sábado, respectivamente, con motivo de la celebración del juicio, mientras que el tercero será traído desde la prisión de Madrid cuando deba declarar.

La gran expectación que provoca esta causa y lo reducido del espacio en el que tendrá lugar la vista, en la Sala 1 de los Juzgados de lo penal, obligó a la Audiencia Provincial a tomar medidas, ya que hay que acomodar en ella, además de a los 20 acusados, a tres magistrados, a la secretaria y al agente judicial, a uno o dos fiscales y a 14 abogados.

La Audiencia Provincial estará fuertemente vigilada por agentes que patrullarán tanto por el interior como por el exterior del edificio, que permanecerá acordonado durante los días que dure el proceso. El presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, Bernardo Donapetry, colaboró activamente con el jefe superior de la Policía del Principado, Baldomero Araújo, en el diseño del dispositivo de seguridad.

Con base a estas medidas, sólo se permitirá el acceso a veinte personas de público y los medios de comunicación acreditados tendrán reservados 8 asientos, uno por medio. Aquellos periodistas que no tengan sitio en dichos asientos podrán ocupar los del público, si sobraran.

Durante las celebraciones del juicio no estará permitida la presencia de cámaras fotográficas, de vídeo o de televisión de tamaño grande. Sin embargo, los medios gráficos podrán tomar imágenes antes del inicio de las sesiones y durante cinco minutos una vez que éstas hayan comenzado, pero desde la puerta de entrada a la sala. Tampoco se permitirá grabar o tomar fotografías ni en los pasillos ni en el interior del Juzgado.

Las vistas comenzarán hoy, a las diez y media de la mañana, con la declaración de los acusados. Unos testimonios que se prolongarán a lo largo de toda la semana. Posteriormente, se tomará declaración a los testigos, entre ellos varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a Lavandero, a Zouhier y al agente de la Guardia Civil Jesús Campillo, a quien el portero del club Horóscopo reveló datos sobre la venta de explosivos, que serían supuestamente utilizados en el 11-M. A partir del 13 de noviembre testificarán los peritos, para después proceder a las escuchas de las grabaciones fruto de la investigación policial. Está previsto que a partir del 23 de noviembre se lean las conclusiones del fiscal y de los letrados, así como los informes.

El fiscal especial Antidroga, José Perals, solicita en total casi 200 años y 1,5 millones de euros de multa para 20 acusados, por diversos delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y venta de explosivos. Perals solicita penas que van desde los 17 años de prisión, para los principales imputados, a los 5 años.

En el caso concreto de Trashorras y Toro, el fiscal pide para cada uno 17 años de prisión y una multa de 218.000 por un delito contra la salud pública y por otro de tenencia, depósito y tráfico de explosivos.

Ambos están imputados también por los atentados del 11-M, acusados de facilitar la dinamita que utilizaron los terroristas islámicos en los atentados de Madrid, los más sangrientos ocurridos en España y en los que murieron 192 personas.

Durante el juicio prestarán su testimonio dos de los confidentes que alertaron a los cuerpos de seguridad sobre la venta de explosivos que relacionaba lo que se llamó la «trama asturiana» con los islamistas: Francisco Javier Lavandera y Rafá Zouhier, actualmente en prisión.

Una operación centrada en el tráfico de cocaína, hachís y explosivos

Oviedo - La «operación Pípol» se cerró en julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de goma 2, como la utilizada en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.

Según la fiscalía, Toro trabajaba a las órdenes del cabecilla de una de las redes que introducían cocaína y hachís en Asturias, Marcos B. M., también acusado, y se encargaba de trasladarla desde Galicia por carretera «en cantidades superiores a un kilo».

A las órdenes de éste actuaba, entre otros, Emilio Suárez Trashorras, que ayudaba tanto en operaciones de adquisición y venta de droga como en el alquiler o el traslado de los vehículos con los que la introducían en Asturias, de acuerdo con el relato del fiscal. En los registros, la Guardia Civil se incautó en un garaje de Avilés, que Toro compartía con su cuñado y otro encausado, de 54,5 kilos de hachís, 16 cartuchos de dinamita industrial y 94 detonadores. La operación se centró en la droga incautada, sin que se investigase la procedencia de la goma 2 y de los detonadores, procedentes de robos en minas asturianas donde Trashorras había trabajado.

Una información publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Guardia Civil asegura que tras el 11-M sigue el «rastro completo» de los explosivos decomisados

La Benemérita admite que los cambios en la ley de control evitan casos como el de la 'operación Pipol', cuando la dinamita hallada fue destruida sin investigar su origen La numeración de cada lote permite identificar la fecha de fabricación y, desde ahí, seguir el rastreo hasta el destino

GIJÓN - En el transcurso de la 'operación Pipol', las fuerzas de seguridad hallaron en el garaje que compartían Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras en Avilés 16 cartuchos de dinamita que, dado su estado, fue destruida por los Tedax sin que se realizara investigación alguna sobre su procedencia. Tras los atentados del 11-M en Madrid y el posterior refuerzo de la legislación de control de explosivos, tal circunstancia no debería repetirse. Así lo aseguran fuentes de la Guardia Civil de Asturias, que señalan que en la actualidad se sigue el «rastro completo» de los explosivos decomisados o hallados en circunstancias irregulares para comprobar cualquier tipo de sospecha y minimizar potenciales riesgos.

El caso de los cartuchos de goma 2 hallados en el garaje avilesino constituye una de las partes más oscuras de la ya de por sí enrevesada 'operación Pipol'. Junto al explosivo se detectaron también 94 detonadores eléctricos industriales sensibles por retardo de 500 milisegundos, con marca UEB. Pero, de forma sorprendente, nunca se llegó a conocer cómo llegó ese peligroso material a la plaza de garaje número 17 de la avilesina calle de Eloy Fernández Caravera. Los técnicos de los Tedax alegaron que la dinamita se encontraba en mal estado y procedieron a su destrucción, sin hurgar en su pasado o en su procedencia.

La masacre terrorista del 11-M, sin embargo, dio un giro radical a las medidas de control y vigilancia, tanto en Asturias como en el conjunto de España. Los cambios introducidos en la ley hacen que en la actualidad un suceso como el del 'caso Pipol' no pudiera volver a producirse, alegan desde el Instituto Armado, porque ahora el rastreo en el origen de los explosivos localizados en circunstancias 'sospechosas' es más exhaustivo.

Ante un caso de estas características, precisan fuentes de la Guardia Civil, el proceso a seguir pasa por la identificación de la numeración del lote de explosivos. A partir de ahí, señalan desde la Benemérita, se puede determinar de forma sencilla su fecha concreta de fabricación. Y, en adelante, resulta factible dibujar el camino que ha seguido ese material después de su salida de la empresa hasta el destino.

Asturias, en cabeza

El incremento de la vigilancia sobre el uso de explosivos en España, a través de un plan general de control activado pocos meses después de que se produjeran los atentados de Madrid, ha generado efectos evidentes. El primer balance que elaboró el Ministerio del Interior a partir de los datos facilitados por las inspecciones realizadas por la Guardia Civil constató que el 10% del material hallado en circunstancias irregulares fue decomisado en Asturias. El Principado se situó de esta forma a la cabeza del país en el ránking de irregularidades localizadas en fábricas, talleres, depósitos o lugares de consumo.

Según los datos de que disponía el ministerio que ahora encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba, la mayor parte de las cantidades decomisadas corresponden a material que no se encontraba bien documentado en los libros de las empresas que los utilizan o que estaba caducado en el momento de realizar la supervisión. Algo similar sucede con los detonadores, ya que en muchos casos las propias empresas desconocían si ya se habían gastado o no tenían definidos en los libros las cantidades exactas que manejaban.

Aunque después de la masacre del 11-M el control sobre los explosivos se reforzó de forma notoria, a día de hoy persisten multitud de dudas sobre la dinamita hallada en el marco de la 'operación Pipol', que comenzó como una investigación por un asesinato, condujo a la desarticulación de un grupo de traficantes de droga y terminó dando paso al hallazgo de cartuchos de goma 2. ¿Qué hacían esos explosivos en un garaje y por qué fueron destruidos por los Tedax sin profundizar en su origen?

Más sospechas

La pregunta en cuestión marcará el desarrollo de un juicio que comienza hoy en Gijón y se prolongará durante más de un mes. El propio Antonio Toro, de hecho, siempre mantuvo que desconocía la existencia de esa dinamita. En su momento se llegó a sospechar que en su casa había un armario con más explosivos, aunque este extremo nunca llegó a confirmarse.

Una información de A. Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


'Pipol', la antesala del gran juicio

Suárez Trashorras y Antonio Toro son, junto a otros 18 imputados, los protagonistas 'estrella' de un proceso que comienza hoy en Gijón después de cinco largos años de diligencias

GIJÓN - Todo tiene proporciones excesivas en el juicio de la 'operación Pipol', que comienza hoy en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. El número de imputados, veinte, es un primer ejemplo. Cinco años de diligencias, cinco mil folios de instrucción, catorce abogados y más de treinta periodistas de toda España acreditados para cubrir las sesiones dejan claro que no se trata de un proceso cualquiera. Un caso centrado básicamente en el tráfico de drogas, sin embargo, no generaría tanto interés si no fuera por condicionantes añadidos. La presencia en el banquillo de los acusados de Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras, imputados además por tenencia y tráfico de explosivos e incluidos en el 'macrosumario' del 11-M, es la razón principal de que 'Pipol' concentre a partir de hoy las miradas de toda España.

De no ser por estas circunstancias añadidas, el 'caso Pipol' se quedaría en un juicio más o menos ordinario centrado en una red de tráfico de estupefacientes que comenzó a partir de un crimen en las cercanías del polideportivo de Contrueces. El hallazgo de una papelina de cocaína en posesión de un sospechoso fue el punto de partida de una investigación en la que, de por medio, se halló dinamita en un garaje que compartían Trashorras y Toro. Su posterior vinculación con los atentados de Madrid ha convertido este proceso en una especie de antesala del juicio del 11-M.

Trashorras, Toro y los otros 18 imputados serán juzgados en Gijón en medio de unas medidas de seguridad sin precedentes. Ambos fueron trasladados a lo largo de la pasada semana desde las prisiones de Alcalá Meco y Villanubla (Valladolid), donde están internados, a la cárcel asturiana de Villabona. Ante la enorme expectación que genera su presencia en el Principado, se acordonará el juzgado y se establecerá un filtro para regular la asistencia de público a la sala.

De hecho, sólo hay 20 plazas reservadas para el público, ocho de ellas para los periodistas que, salvo que se sigan los requerimientos del fiscal y se habilite un espacio anexo, tendrán que lidiar para conseguir uno de los preciados asientos.

Los testigos

El interés de las al menos 20 sesiones que integrarán el juicio no se centrará de forma exclusiva en los imputados. Los testigos que declararán ante el magistrado Bernardo Donapetry también tendrán algo que decir, especialmente tres de ellos. El marroquí Rafá Zouhier, implicado al igual que Trashorras y Toro en el sumario del 11-M, está en esa lista.

También se espera con atención lo que tenga que aportar Francisco Javier Lavandera, el ex portero de una sala de fiestas gijonesa que ya en el año 2001 habló del tráfico de dinamita. A ambos se unirá el agente de la Guardia Civil Jesús Campillo, que grabó esas denuncias en una cinta. La declaración de los peritos, el análisis de las escuchas telefónicas y las últimas exposiciones de las partes pondrán fin a un juicio que se prevé largo y complejo.

Una información de A. Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Gran expectación” por Juan Neira

Hoy empieza el juicio del 'caso Pipol', en Gijón, con una veintena de imputados. Hay una gran expectación ante la vista oral porque entre los que se sientan en el banquillo de los acusados están José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, los dos cuñados más famosos de España. La dimensión mediática del juicio -la fama en el banquillo siempre revaloriza los procesos judiciales- convierte la vista oral en algo socialmente trascendente, muy alejado de un simple asunto de tráfico de drogas. Ni siquiera la aparición de la dinamita en un garaje de Avilés, localizada en la investigación policial, hubiera dado renombre al 'caso Pipol' si no fuera porque ese garaje lo utilizaban los dos cuñados.

Salvo mejor opinión de los expertos, creo que del juicio sólo tienen interés dos cosas: el tipo de relaciones de los detenidos con la dinamita (ventas, transporte, clientes) y los contactos establecidos por Trashorras y Toro con individuos integrantes de las células islamistas radicales. Nada más. El resto es puro consumo de la imagen de famosos, por tristes que sean los motivos que les hicieron populares. Ahora ya sabemos que alguno se divorcia, y quizás, andando los años, tengamos ocasión de conocer las memorias de algún protagonista, con alusiones, claves, etcétera. Luego puede tomar el relevo epistolar un familiar despechado, o un amigo, o un antiguo socio, así que al final tendremos la sensación de saberlo todo.

Aunque son asuntos muy diferentes, algo así ocurre con el 'caso Marbella', en el que los amores del ex alcalde y la tonadillera añadieron un plus de interés social sobre la corrupción inmobiliaria. Hay gente que nunca hubiera prestado atención al 'caso Marbella' si no fuera por la peripecia sentimental del ex regidor. Somos así.

En lo que toca al 'caso Pipol', creo que la noticia dada hace unos días por EL COMERCIO sobre la temprana imputación por tenencia y tráfico de explosivos de Trashorras es de la máxima importancia. Si a ella se une el testimonio ya conocido del agente de la Guardia Civil Jesús Campillo y del testigo Francisco Javier Lavandera, sobre los planes que tenían Toro y Trashorras con la dinamita, se abre un interrogante muy inquietante, que sólo se puede cerrar en Madrid con el juicio del 11-M.

Publicado por el diario EL COMERCIO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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