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24 de Octubre, 2006

La radiografía de la mochila de Vallecas está fechada un mes después del 11-M

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: Mochila de Vallecas

En la placa entregada al juez Del Olmo por el inspector de los Tedax consta que la prueba se practicó el “12-04-04”, es decir, 30 días más tarde de la fecha que le correspondería

Madrid. La radiografía de la mochila-bomba que apareció en la Comisaría de Puente de Vallecas en la madrugada del 12 de marzo de 2004 está fechada el 12 de abril de 2004, es decir, justo un mes después de la fecha que le correspondería. Así consta en el sumario de los atentados del 11-M, instruido por el magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.

En la página 19.280 de este procedimiento, en el que se acredita la entrega como prueba de la radiografía a la Audiencia Nacional, el 13 de julio de 2004, de manos del inspector de Policía de los Tedax con carné profesional 28.296, el secretario judicial escribe: “Por el Inspector se aporta [...] radiografía del artefacto explosivo desactivado en la Comisaría de Puente de Vallecas, constando en dicha radiografía la fecha de 12-04-04”.

La fecha que aparece en la radiografía, acompañada de otros datos manuscritos en dos de los bordes de la placa, choca frontalmente con la versión oficial reflejada en el sumario. La fecha que debería recoger la radiografía sería en realidad la del 12 de marzo de 2004, la misma madrugada en la que un tedax desactivó en el parque de Azorín de Vallecas la mochila-bomba, conocida ya como la número 13.

La mochila número 13 es uno de los elementos más importantes de la investigación del 11-M, sino el que más. La desactivación de este explosivo aquella madrugada de marzo permitió a las autoridades recoger las primeras pruebas que encaminaban claramente la investigación policial hacia la pista islamista.

Por un lado, la tarjeta del móvil permitió la detención de Jamal Zougam; condujo hasta la casa de Morata de Tajuña en la que se elaboraron las bombas; y destapó la trama asturiana gracias a las llamadas efectuadas desde la tarjeta al teléfono de Carmen Toro Castro.

Por otro lado, la desactivación de la mochila permitió recoger las únicas muestras de explosivo que se han conseguido hasta ahora. La mochila número 13 contenía 10,120 kilos de dinamita Goma 2-ECO. De ninguno de los otros 12 escenarios (las 10 bombas que explotaron en los trenes y las dos detonadas por los Tedax) se obtuvo muestra alguna del explosivo utilizado por los terroristas en los atentados.

Tres escenarios

Sobre la mochila planean grandes incertidumbres. En menos de 24 horas, según el documento judicial, el artefacto estuvo en, al menos, tres escenarios distintos. Antes de ser descubierta por un policía en la Comisaría de Puente de Vallecas, pasó por la estación de Cercanías de El Pozo, donde supuestamente fue encontrada, y por Ifema, donde se almacenaron durante unas horas los objetos recuperados en esa estación.

La mochila volvió a moverse de escenario la misma madrugada del 12 de marzo, para proceder a su desactivación. Los Tedax la llevaron al parque de Azorín, cercano a la Comisaría de Puente de Vallecas, para garantizar la integridad de los ocupantes de los edificios cercanos en caso de que se produjera una detonación incontrolada. Una vez allí, el operador número uno de los Tedax, con el carné profesional número 64.501, realizó una radiografía con el portaplacas de su unidad.

Las radiografías son uno de los instrumentos más importantes de todos los que forman el equipo de los Tedax. Les permiten conocer el dispositivo al que se enfrentan sin la necesidad de manipularlo y averiguar también si la bomba oculta trampas en un lugar inaccesible. Al mismo tiempo, las radiografías tienen valor probatorio en un proceso judicial.

En este caso, la radiografía se enfocó únicamente sobre la zona de la mochila en la que se alojaba el teléfono, ya que el portaplacas de la unidad no era lo suficientemente grande como para abarcar completamente la bolsa. En el negativo obtenido, se aprecia el teléfono móvil, una maraña de cables y la carga explosiva. La aportación de la radiografía aquella noche fue prácticamente nula. Su mala calidad apenas aportó información a los Tedax. Ni siquiera en el informe policial sobre la radiografía realizado a petición de la Audiencia Nacional posteriormente se extraen conclusiones definitivas.

Pero la radiografía ha acabado convirtiéndose en un elemento clave de la investigación. Ésta es la única placa que se realizó el 11-M. No hay ninguna otra prueba que acredite la composición de las otras 12 mochilas-bomba colocadas en los trenes. El valor de esta radiografía es, hoy por hoy, incuestionable, y ahora su fechado arroja nuevas dudas sobre esta prueba.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez Gallego interroga hoy como imputado al 'número dos' de la Policía Científica

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Pedro Mélida, secretario general del departamento, dio el visto bueno a la alteración del informe de los peritos, según declaró ante la instructora el jefe de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez

MADRID.- La juez Gemma Gallego, que investiga la presunta falsedad de un informe pericial enviado al instructor del 11-M, interrogará hoy como imputado al comisario Pedro Luis Mélida, secretario general de la Comisaría General de Policía Científica.

Mélida es el segundo mando policial que comparecerá en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid acusado de un presunto delito de falsedad documental.

Su nombre aparece en una querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M el pasado septiembre, a raíz de que EL MUNDO publicara que responsables de la Comisaría General de Policía Científica alteraron el informe elaborado por los tres peritos que analizaron los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en diciembre de 2004 en la vivienda de Hasan Haski, procesado como cabecilla del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y como inductor de los atentados del 11-M.

Los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en su informe unas observaciones para destacar que también apareció ácido bórico en un piso franco utilizado por un comando de ETA que fue desmantelado en Salamanca en 2001 y, dos años antes, en la vivienda de un joven radical antisistema.

Esas observaciones fueron suprimidas por el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez, y no aparecen en el informe enviado al juez Juan del Olmo.

Según los peritos, Ramírez les manifestó que «la superioridad dijo que había que eliminar lo de ETA». Manrique precisó que, a su entender, Ramírez se refería al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, o al secretario general, Pedro Luis Mélida.

Gallego interrogó el pasado viernes como imputado a Francisco Ramírez, que manifestó que, antes de indicar a los peritos que había que cambiar el dictamen, lo consultó con el secretario general.

Ese día, 21 de marzo de 2005, Mélida era el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica porque Santano se encontraba de permiso.

Según Ramírez, el secretario general coincidió con él en que el dictamen de los tres peritos contenía «apreciaciones personales» que podían generar confusión y que no se ajustaban a las normas de control de calidad existentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Mélida ya declaró sobre este asunto en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La testifical se produjo el 29 de septiembre y el comisario señaló que el informe de Escribano, López y Manrique era «una auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente», y que hubiera sido «un desprestigio» para la Comisaría General de Policía Científica enviarlo así al juez instructor del 11-M.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez imputa también al secretario general de la Policía Científica

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

MADRID - La juez Gema Gallego, que investiga la supuesta falsedad de unos informes periciales sobre el 11-M, tomará hoy declaración como imputado al secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida Lledó, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Mélida comparecerá en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid como imputado después de que, el pasado viernes, lo hiciera en la misma condición el jefe de sección de la Unidad de Análisis de esta Comisaría General, Francisco Ramírez, que fue quien recibió de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique el informe en el que relacionaban el 11-M y ETA.

En la declaración que prestó como testigo el pasado 29 de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Mélida dijo que fue suya la decisión de suprimir el capítulo de observaciones del informe que los tres peritos elaboraron sobre una sustancia encontrada en 2004 en la vivienda de Hassan El Haski, uno de los procesados por el 11-M, que resultó ser ácido bórico.

«Auténtica barbaridad»

Esas observaciones, que según fuentes de la investigación Mélida calificó de «auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente», establecían la posible relación entre El Haski y ETA a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio del islamista y en el piso franco de un comando etarra en Salamanca en 2001.

El secretario general de la Policía Científica contó a Garzón que, cuando Ramírez le presentó el informe, él le indicó que sus autores debían cambiarlo y que, ese mismo día, el jefe de sección le dijo que los peritos no estaban dispuestos a corregirlo y que lo que iba a hacer era reasignárselo a sí mismo, estudiarlo y realizar otro informe.

Mélida aseguró también ante Garzón que comunicó su decisión al comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y que éste le dijo que no había ningún problema. Según este mando policial, la orden de suprimir las observaciones de un informe pericial entra dentro de sus competencias. Mélida llegó a asegurar que haber enviado el informe al juez Juan del Olmo, instructor del 11-M, tal y como lo habían elaborado los peritos, hubiera supuesto un «desprestigio» para la Policía Científica.

Una información publicada por el diario LA RAZON el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Escasa y despectiva cobertura de la instrucción del falsificación de informe pericial en ABC y EL PAIS

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La juez del bórico cita como imputado al policía que ordenó cambiar el borrador

MADRID. La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Plaza de Castilla, Gema Gallego, que investiga la presunta falsedad del informe del ácido bórico, ha citado a declarar hoy como imputado al secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro Melida, uno de los superiores policiales contra los que se dirige la querella presentada por la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M. La declaración de Melida se produce después de que, el pasado viernes, Gallego interrogara -también como imputado, y en el marco de las mismas diligencias secretas- a Francisco Ramírez, el jefe de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, quienes elaboraron el borrador sobre el ácido bórico con observaciones acerca de una hipotética relación de ETA con los atentados de los trenes.

Como ya informó ABC, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (que imputó a los peritos y no a sus superiores), Ramírez aseguró que antes de ordenarle a Escribano que eliminara las observaciones sobre ETA, entregó el borrador a Melida, quien corroboró que esos párrafos no debían aparecer en el informe definitivo.

La omisión de esos párrafos se ordenó, según Ramírez (a quien Garzón exculpa expresamente), para cumplir el «manual de calidad» que rige las actuaciones de la Policía Científica con el fin de que sus trabajos gocen de reconocimiento internacional.

Una información de N. C. publicada por el diario ABC el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La juez cita a otro mando de la Policía Científica por el ácido bórico

Madrid - La juez de Madrid Gema Gallego, que investiga la supuesta falsedad de unos informes periciales sobre el 11-M, tomará declaración a partir de las 17.30 de hoy al secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, en calidad de imputado. Éste es el segundo mando policial que comparece como imputado en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, después de que el pasado viernes lo hiciera el jefe de sección de la Unidad de Análisis de esta Comisaría General, Francisco Ramírez.

Mélida fue quien recibió de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique el informe en el que relacionaban el 11-M y ETA por la presencia de ácido bórico en la casa de un islamista, un antisistema y un comando de ETA. Fue el propio Mélida quien dijo que esa relación que establecieron los peritos (a pesar de que confesaban que no tenían la menor idea de para qué servía el ácido bórico) era "auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente".

Una información publicada por el diario EL PAIS el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"El testimonio clave de Pedro Mélida" (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

La juez Gallego ha citado a declarar hoy como imputado a Pedro Mélida, secretario general de la Policía Científica. Mélida figuraba en la querella presentada contra los mandos policiales, pero, además, la juez lo ha citado porque el viernes pasado Francisco Ramírez, jefe de los peritos, declaró que consultó con su superior la decisión de alterar el informe que vinculaba a ETA y el 11-M. El número uno de la Policía Científica era el comisario Santano, pero estaba de vacaciones, por lo que Ramírez consultó con Mélida, quien reconoció este extremo en su declaración ante Garzón, por lo que no hay duda de que la versión de Ramírez es cierta. El jefe de los peritos dijo ante la juez dos cosas muy importantes. La primera es que él firmó como autor unos análisis químicos que no había realizado. La segunda, que acordó con Mélida la decisión de alterar el informe de sus subordinados. Sabemos también, por la declaración judicial de los peritos, que Ramírez había dicho que sus jefes estaban muy interesados en suprimir cualquier vínculo de ETA con el 11-M. Por tanto, todo indica que Mélida le ordenó a Ramírez que modificara el informe para eliminar esa conexión. ¿Consultó Mélida a su vez con Santano por teléfono o con otros superiores del Ministerio del Interior? Su declaración de hoy debería servir para aclarar estos puntos y conocer hasta dónde pueden llegar las responsabilidades de los mandos en esta flagrante manipulación.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juez rechaza pruebas que vinculan a Toro y Trashorras con el tráfico de explosivos

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

La defensa intenta desligar el juicio por la 'operación Pipol' de las investigaciones sobre el 11-M El fiscal quería incluir unos informes policiales sobre cartuchos de dinamita localizados en 2001

GIJON.- Ni el juez ni ninguno de los 14 letrados que ejercen las defensas en el juicio por el caso Pipol que ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Asturias admitieron incluir en el informe una serie de pruebas documentales, periciales y testificales, como pedía el fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, y que relacionan a Antonio Toro y a Emilio Suárez Trashorras, dos de los acusados, con el tráfico de explosivos. Según uno de los letrados, Ricardo Alvarez Buylla, se trata de pruebas que, en algunos casos, podían haber sido incluidas en su día, ya que la operación se desarrolló en 2001. Pero detrás de esa negativa estaba en casi todos ellos una idea clara que dio a conocer a la sala y a su presidente, el juez Bernardo Donapetry, el defensor del ex minero asturiano, Gerardo Turiel, al asegurar que no iba a aceptar que nadie tratara de «mezclar» este asunto con el 11-M, a pesar de que los dos asturianos están también imputados en dicha causa.

Las pruebas solicitadas por el fiscal fueron un informe pericial elaborado en su momento dentro de la operación Pipol por el laboratorio toxicológico de la Comisaría General de Policía en el que aparece información sobre los cartuchos de dinamita industrial requisada en la plaza de garaje que compartían Trashorras, su cuñado Antonio Toro e Ignacio Fernández Díaz, Nayo, en Avilés. También pidió que declarasen los dos tedax que encontraron la dinamita, que, al parecer, estaba en mal estado y por ello fue destruida y los dos peritos que realizaron el informe sobre este material y que no fue incluido en la causa. Como prueba documental, el fiscal solicitó un fax que llegó al Ministerio Público el pasado jueves procedente de la Audiencia Nacional sobre un auto del 25 de septiembre y que vendría a corroborar las declaraciones del marroquí Rafá Zouhier, de Francisco Javier Lavandera y del agente Jesús Campillo sobre el tráfico de explosivos del que se acusa a Toro y Trashorras. Dicho auto hace referencia a que en los atentados se empleó Goma-2 ECO robada en la mina en la que había trabajado el avilesino. Además, solicitó la comparecencia de los dos médicos forenses de la Audiencia Nacional para ratificar el informe que en su día le hicieron al ex minero. Todas estas pruebas quedaron finalmente invalidadas al negarse las defensas a incluirlas.

Poco más hubo durante esta primera jornada, salvo las declaraciones de ocho de los procesados, todos menos uno en libertad, a los que se acusa de formar parte en 2001 de dos grupos organizados dedicados a introducir y distribuir drogas en Asturias. La operación Pipol, que ahora se juzga, estuvo dirigida por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Gijón y logró desmantelar una importante red de narcotraficantes relacionada con mafias gallegas, pero sobre todo puso al descubierto un mercado negro de explosivos del que luego se habrían beneficiado los autores de los atentados de Madrid.

Trashorras tan solo estuvo en prisión tres meses. Su cuñado Toro permaneció más tiempo en la cárcel asturiana de Villabona y fue allí donde entabló relación con el marroquí Rafá Zouhier, también imputado en los atentados del 11-M por su relación con los islamistas y con los dos asturianos.

El fiscal considera en su escrito que, independientemente de la actividad de tráfico de drogas, Toro y Trashorras se dedicaban también a la venta de cartuchos Goma-2 ECO y considera probado que, en el verano de 2001, los dos avilesinos ofrecieron dinamita al menos en tres ocasiones a Lavandera, que por entonces trabajaba en el Club Horóscopo de Gijón, y que llegaron a enseñarle ese material que guardaban en el maletero de un coche. A raíz de ese hecho, Lavandera alertó a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, ni éstas ni el instructor del sumario le dieron demasiada importancia.

El juicio continúa hoy y es posible que, dada la rapidez con que se toma declaración a los procesados, los dos cuñados, que figuran los últimos en la lista, puedan hacerlo a lo largo de mañana. Después, no será hasta el 7 y 8 de noviembre cuando declaren el agente Campillo, Zouhier y Lavandera.

Para Toro y Trashorras, Perals pide un total de 17 años de prisión y el pago de sendas multas de 218.000 euros por tráfico de drogas y tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos, la pena más alta de todos los acusados.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Lavandera, el protagonista

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 6:45, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

Toro y Trashorras no pusieron impedimentos para ser fotografiados

GIJON.- En la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias apenas quedaban ayer tres asientos libres de los destinados al público, y eso que tan sólo los padres de Emilio Suárez Trashorras quisieron estar presentes. El resto de los puestos los ocuparon los periodistas que no pudieron hacerlo en los nueve asientos reservados para prensa.

La casualidad quiso que apenas unos minutos antes de entrar en la sala llegara a la Audiencia Francisco Javier Lavandera, centrando toda la atención de cámaras y fotógrafos. El ex confidente acudía a los juzgados por otro asunto bien distinto, aunque coincidía con los dos asturianos a los que había acusado de tráfico de explosivos. Lavandera además tuvo que descalzarse antes de entrar porque sus botas, unas camperas con hebilla, pitaron en el detector de metales. Por lo demás, tranquilidad.

La vista comenzó a las 10.30 horas, y durante los primeros minutos se permitió finalmente el acceso a la sala a las cámaras centradas en captar alguna imagen de los dos asturianos implicados en el 11-M. Lo pusieron fácil. Ni Toro ni su cuñado Trashorras pusieron impedimento alguno para salir retratados. Ambos parecían especialmente tranquilos. Trashorras incluso se mostró sonriente en varios momentos de la vista ante la declaración de los acusados. Cerca estaban sus padres, que aprovecharon un único receso de cinco minutos en toda la mañana para acercarse y abrazar a su hijo, por primera vez en Asturias desde que fuera detenido tras los atentados.

Debido precisamente a que tanto Toro como Trashorras se encuentran en prisión, el juicio estará marcado por importantes medidas de seguridad. En total, una treintena de policías nacionales velará durante las seis semanas que se espera se prolongue la vista para que no haya incidentes. Y para ello han sido firmes. Ayer, el jefe de seguridad se negó a quitarles las esposas a los dos asturianos procesados en el 11-M, a pesar de la petición de uno de sus abogados.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Otras Informaciones sobre el juicio por el "Caso Pípol" (24 de octubre de 2006)

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

La defensa de Trashorras exige que no se relacione el «caso Pípol» con el 11-M

Madrid - La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias inició ayer la primera sesión del macrojuicio por el «caso Pípol» en el que están imputados 20 detenidos, de los cuales dos -José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro- están relacionados con la trama de explosivos del 11-M. La defensa de Trashorras, el ex minero asturiano que negó los hechos que se le imputan -tráfico de drogas y de explosivos-, advirtió al juez que «no permitirá que se mezclen los sucesos que se juzgan aquí con los atentados de Madrid». Por su parte, la abogada de Toro aseguró que las declaraciones de su cuñado y del testigo Rafa Zohuier, que inculpan a su cliente, «no resultan creíbles» y fueron hechas «con afán exculpatorio».

La «operación Pípol» se cerró en julio de 2001, cuando se incautaron más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como 16 cartuchos de Goma 2 ECO -como la utilizada en los atentados del 11-M- y 94 detonadores industriales. En el escrito de acusación de la Fiscalía se solicita para Trashorras y Toro hasta 17 años de prisión por los delitos de tenencia, depósito y tráfico de sustancias y artefactos explosivos, así como por dos delitos contra la salud pública. Para el resto de acusados solicita entre 5 y 13 años, informa Ep.

En la primera sesión del juicio, el tribunal se negó a admitir nuevas pruebas documentales, periciales y testificales presentadas por el fiscal antidroga, José Perals, que relacionan a Trashorras con el tráfico de explosivos. La defensa de los otros 20 imputados también se opuso a que las pruebas aportadas se incorporasen al caso.

Una información publicada por el diario LA RAZON el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La defensa de Trashorras exige que no se vincule la «Pipol» con el 11-M

GIJÓN. Con un aspecto algo cambiado respecto a las últimas fotos que se tenían de él, y vestido con camisa blanca y chaqueta gris marengo, el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, que se enfrenta a las penas más altas de todos los procesados por el 11-M, se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Asturias, esta vez acusado del tráfico de drogas y explosivos descubiertos en la llamada «operación Pípol». También su cuñado e igualmente implicado en la matanza de los trenes Antonio Toro Castro es juzgado por esta causa.

Desde el primer momento quedó muy clara la estrategia de la defensa de Trashorras, que nada más comenzar la vista oral exigió que no se mezclara esta causa con la de la matanza terrorista de Madrid. El letrado incidió en que en el juicio que ayer dio sus primeros pasos en la Sección Octava de la Audiencia de Asturias se juzgan hechos ocurridos en Gijón y Avilés en 2001, y que no aceptará que nadie los mezcle con unos atentados terroristas cometidos en Madrid tres años después.

Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, que se enfrentan a sendas penas de 17 años de cárcel por los delitos de tráfico de estupefacientes y explosivos, accedieron al Palacio de Justicia de Gijón con el rostro descubierto y esposados, en medio de una gran expectación de los numeros periodistas acreditados para el juicio. Durante la sesión, los defensores de ambos, para los que piden la absolución, reclamaron que se retirasen las esposas a sus patrocinados, posibilidad que fue desaconsejada por el responsable del despliegue policial.

La «operación Pípol» se cerró en julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de Goma-2, como la utilizada en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.

Los explosivos, sin investigar

La operación se centró en la droga incautada sin que se investigase el origen de los explosivos, que procedería de minas en las que había trabajado Trashorras y cuya declaración, al igual que la de Toro, está prevista para el próximo jueves. En la primera sesión, el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, rechazó incluir en el sumario cuatro nuevas pruebas solicitadas por el fiscal antidroga, José Perals, por entender que eran «muy anteriores» a su calificación provisional y que, por lo tanto, no era «el momento procesal oportuno». Entre otras pruebas, Perals pidió incluir un informe del laboratorio químico-toxicológico de la Comisaría General de Policía Científica sobre una muestra de los cartuchos ocupados en un garaje de Avilés, tres fotografías de ese material y la declaración de dos peritos y de dos tedax que hicieron las fotos y recogieron las muestras.

Una información publicada por el diario ABC el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El tribunal de Gijón que juzga a Trashorras no admite pruebas del 11-M

El fiscal quería utilizar en el 'caso Pipol' documentos del sumario de los atentados

Oviedo - La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, que juzga al ex minero y ex confidente policial José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro, junto a otras 18 personas, por el caso Pipol, sobre tráfico de estupefacientes y de explosivos, ha desestimado la petición del fiscal para que se pudieran incorporar al procedimiento documentos y pruebas periciales procedentes de la Audiencia Nacional y del sumario del 11-M. El tribunal considera que tal solicitud es inadmisible en el actual momento procesal, al tratarse de un procedimiento ordinario. El abogado de Trashorras y Toro añadió que no permitirá que el juicio del caso Pipol se mezcle con el 11-M. Ambos están imputados en la Audiencia Nacional como supuestos proveedores de la dinamita utilizada en los atentados terroristas de marzo de 2004.

La Audiencia de Asturias los juzga desde ayer en Gijón por el caso Pipol, que data de 2001. En su escrito de defensa, Trashorras niega los hechos que le imputa el fiscal y advierte de que, en todo caso, "cuanto haya hecho fue con conocimiento de la unidad de estupefacientes de la comisaría de policía de Avilés", de la que era confidente habitual.

El caso Pipol se saldó en julio de 2001 con la detención de 21 personas, a las que se les ocuparon cuatro armas de fuego, varias cantidades de dinero, 86 kilos de hachís y tres de cocaína, así como varias balanzas. En un garaje de Avilés cuyo uso compartían Trashorras, Toro y José Ignacio Fernández Díaz Nayo se localizó parte de la droga, así como 16 cartuchos de goma 2 Eco y 94 detonadores industriales. Nayo está huido. En la causa comparecerán peritos, policías y más de 40 testigos.

Una información de Javier Cuartas publicada por el diario EL PAIS el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (24 de octubre de 2006): El juez rechaza incluir nuevas pruebas

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

La Audiencia rechaza pruebas del fiscal que implican a Toro y Trashorras en el tráfico de explosivos

La primera jornada del juicio por el «caso Pípol» desvela que sólo tras el 11-M se realizó un informe, desconocido hasta el sábado, que prueba que se halló dinamita en 2001 en el garaje de Toro

Gijón. La sección octava de la Audiencia Provincial rechazó ayer, durante la primera sesión del juicio por la «operación Pípol», cuatro nuevas pruebas presentadas por el fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, que supuestamente relacionan a José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro con el tráfico de explosivos. El tribunal consideró «improcedente» la admisión de los documentos, al entender que no era el momento procesal adecuado para su inclusión en la causa.

Las pruebas presentadas eran «determinantes», según reconoció el propio fiscal durante su petición al tribunal. La primera, y de mayor importancia, es un informe pericial elaborado por el laboratorio químico toxicológico de la Comisaría General de la Policía Científica en el que aparece por escrito que la muestra recogida el 25 de julio de 2001 en el garaje que Antonio Toro Castro compartía con su cuñado Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», en Avilés era dinamita goma-2 Eco. La propia fiscalía antidroga asturiana tuvo conocimiento de la existencia de este informe el pasado sábado, ya que hasta ahora con lo único que se contaba era con la declaración de los policías y un Tedax que intervinieron en la operación, pero sin ningún soporte científico por escrito. El material incautado fue destruido en agosto de 2001 en el cuartel de Buenavista (Oviedo) por considerarlo peligroso.

El informe rechazado, que incluye tres fotografías de los cartuchos incautados y los detonadores, está fechado el 30 de agosto de 2004, a los tres años del desarrollo de la «operación Pípol», pero sólo cinco meses después de los atentados del 11 de marzo. Esto podría evidenciar que las muestras sólo fueron analizadas una vez ocurrida la masacre de Madrid y detenidos Toro y Trashorras por ella, en el mismo mes de marzo de 2004 y tras relacionarlos con la «Pípol», o, para interpretaciones más benévolas, simplemente que el laboratorio tenía una amplia lista de espera que no le permitió realizar el informe con anterioridad. Concretamente, en el garaje se encontraron 16 cartuchos de dinamita industrial goma-2 Eco, de una medida de 26 por 200 milímetros cada uno, y 94 detonadores eléctricos industriales sensibles por retardo de 500 milisegundos.

Hasta ahora no se tenía conocimiento de la existencia de un informe escrito sobre este análisis, sólo testificales orales, lo que suscitó numerosas críticas y lo que podría incluso desencadenar una absolución de los acusados si no se considerara probado que lo hallado en el garaje es dinamita. Este informe, según Perals, vendría necesariamente a corroborar las declaraciones prestadas por los policías y el Tedax que encontraron el material. En su petición, el fiscal también solicitó que se citara a declarar al juicio a los dos peritos que elaboraron el documento y a dos Tedax más que enviaron la muestra de los explosivos a Madrid, hicieron las fotografías y los destruyeron.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Una investigación «rutinaria» con parte de la trama asturiana del 11-M en el banquillo

Gijón. Los veinte acusados por la «operación Pípol», entre ellos, José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, ambos procesados por el 11-M, formaban parte, a lo largo del primer semestre de 2001, de dos grupos organizados dedicados principalmente a la introducción y distribución de drogas en Asturias, sobre todo cocaína y hachís, según Perals. La operación concluyó el 25 de julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, 16 cartuchos de goma-2 Eco -como la utilizada en la explosión de los trenes- y 94 detonadores industriales.

Según Perals, Antonio Toro trabajaba a las órdenes del gallego Marcos B. M. (también acusado) y supuestamente se encargaba de transportar la cocaína desde Galicia a Asturias por carretera, normalmente en cantidades superiores al kilogramo. También le ayudaba en la vigilancia en los viajes que se realizaban a Madrid y Andalucía para comprar hachís. Para él trabajaba Trashorras. Ambos, según el fiscal, se dedicaban también a la venta de cartuchos de dinamita». Pide para ellos 17 años de prisión.

«¿Cocaína? No, sólo hablábamos de orfidal»

José Perals solicitó también que se incorporara a la causa el auto de procesamiento de Antonio Toro Castro elaborado por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo por su presunta implicación en el 11-M. Este auto vendría a contrarrestar otro anterior, de diciembre de 2004, presentado por la defensa de Toro y aceptado por la Sala, que supuestamente beneficiaría al avilesino en el delito del tráfico de explosivos. La fiscalía, según Perals, tuvo conocimiento de esto último el pasado día 19, por lo que pidió de inmediato a la Audiencia Nacional que le remitieran una copia del auto de Del Olmo. Según el fiscal, el documento corroboraría las declaraciones prestadas por Rafa Zouhier y Francisco Javier Lavandera, procesado por el 11-M el primero y testigo el segundo, y que ya en 2001 denunció los supuestos negocios de Toro y Trashorras con los explosivos. Ambos prestarán declaración en el juicio por la «Pipol» como testigos el próximo 8 de noviembre.

La tercera de las pruebas presentadas por la Fiscalía Antidroga estuvo encaminada a lograr que no se anulasen los «pinchazos» telefónicos practicados a los acusados, a través de los cuales se descubrió el presunto tráfico de drogas al que se dedicaban. José Perals presentó un documento escrito en el que se prueba que el juez instructor del caso, Juan Laborda, le puso al corriente en el mes de febrero de 2001 (cinco meses antes de las detenciones) de las intervenciones telefónicas. El fiscal basó esta prueba en una sentencia del Tribunal Constitucional, de octubre de 2005 (es decir, posterior a su escrito de calificación provisional de los hechos, que es de marzo de ese mismo año), que exige la notificación al fiscal de los «pinchazos» para que éstos sean legales.

Por último, el fiscal reclamó que se citara a declarar en el juicio de Gijón a dos médicos forenses de la Audiencia Nacional que en septiembre de 2005 elaboraron un informe sobre la imputabilidad de José Emilio Suárez Trashorras y que concluyeron que el joven no tenía en absoluto alteradas sus facultades mentales cuando se produjeron los hechos. Este informe, del que el fiscal tuvo conocimiento el pasado junio, está incorporado en el sumario por la «operación Pipol», aunque José Perals pretendía que los dos peritos declarasen directamente en la vista, en persona o a través de videoconferencia, para que lo ratificaran o, en su caso, lo ampliaran. Prácticamente todas las defensas se negaron a que se incorporasen estas pruebas de última hora a la causa.

Ruedas, sidra y Orfidal

Una vez rechazados los documentos aportados por la Fiscalía Antidroga, y leídos los escritos de conclusiones de todos los abogados y el ministerio fiscal, lo que se prolongó durante una hora y cuarto, el juicio por la «operación Pipol» comenzó con la declaración de ocho de los veinte acusados, cuatro de los cuales se negaron a testificar.

Todos ellos rechazaron su supuesta relación con la venta de drogas y aseguraron que su aparición en las escuchas telefónicas en las que se basa principalmente la acusación de José Perals es «circunstancial». En las conversaciones, explicaron, únicamente hablaban de llantas, ruedas, cajas de sidra, vino, aceite o cerveza y «nunca» del tráfico de estupefacientes al que se refiere el fiscal, a pesar de que cifras que aparecen en las mismas coinciden exactamente con el precio que en ese momento alcanzaba la cocaína en el mercado. El que sigue es uno de los muchos ejemplos: «¿Merez la pena?», le preguntó un acusado a otro en una de las cintas analizadas por el fiscal, que considera que ambos hablaban de cocaína. «Más fuerte que la otra ye, más sabor, más todo», le contesta el otro. Según el acusado, sólo se refería al Orfidal, un antidepresivo que le había recomendado a su interlocutor, «que estaba un poco bajo de moral».

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El abogado de Trashorras exige que la vista no se convierta en el preámbulo del juicio por el 11-M

El ex minero avilesino permaneció relajado y sonriente durante la sesión; Toro, más serio, se mostró más frío y pendiente, y apenas conversó con nadie

Gijón. El abogado defensor de José Emilio Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, mostró ayer su indignación y exigió que la vista por la «operación Pípol» no se convierta en el preámbulo del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004. «Los hechos que se juzgan aquí», apostilló, «ocurrieron en Avilés y Gijón en el año 2001, No voy a aceptar que nadie trate de vincular este asunto con el 11-M», advirtió.

Entre los veinte acusados, rodeados literalmente por once policías nacionales, le escuchaba su cliente, José Emilio Suárez Trashorras. El ex minero avilesino, vestido con una pulcra camisa blanca con cuello forrado de cuadros de Burberrys y una americana, permaneció relajado y sonriente durante toda la sesión. Se permitió incluso echar más de una carcajada, sobre todo durante la declaración del también acusado Pedro Julián C., que replicaba al fiscal -con cierta gracia- que no recordaba prácticamente ninguno de los hechos por los que le preguntaba porque de eso «haz cinco años, y entonces yo empalmaba una noche con otra, hasta tres, y ni siquiera me acordaba de lo que había hecho el año anterior. No trafiqué», aseguró, «aunque sí me metía (coca), como media España».

Antonio Toro, tres banquillos más adelante que su todavía cuñado -los papeles de divorcio que romperán definitivamente el matrimonio de su hermana Carmen con el ex minero ya han sido presentados, pero están pendientes de resolución-, se mostró más frío, serio y pendiente de todas las declaraciones. Apenas conversó con nadie. Ataviado con unos pantalones vaqueros y una cazadora, lucía buen aspecto, al igual que Suárez Trashorras.

Ambos permanecieron esposados durante todo el juicio. También lo hizo Javier A. M., otro de los acusados y en prisión por una condena de seis años por un delito de tráfico de drogas impuesto por la sección segunda de la Audiencia Provincial. Los tres fueron sentados por separado, para evitar riesgos: son los únicos procesados que están encarcelados actualmente. A la una de la tarde, de nuevo el abogado Turiel solicitó permiso al presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, para que la Policía les quitara las esposas. El magistrado delegó esa responsabilidad en el jefe del Cuerpo Nacional de Policía encargado de la seguridad durante el transcurso del juicio: «Por razones de seguridad -apostilló el agente- consideramos necesario que los tres acusados permanezcan con las esposas». «Ya lo han oído», replicó Donapetry. «Son razones de seguridad».

En su defensa, Antonio Toro (versión que presumiblemente mantendrá hoy, si finalmente declara) asegura que «en ningún momento» se ha dedicado al tráfico de drogas. Niega «en absoluto» que trabajara para el gallego Marcos B., ya que -sostiene- en el momento en el que se desarrolló la «operación Pípol» se dedicaba a la compraventa de automóviles. También rechaza que tuviera una relación más allá de la simple amistad con José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo» (huido de la justicia) o familiar con Suárez Trashorras.

En cuanto a los explosivos hallados en el garaje, Antonio Toro sostiene que ni le pertenecían a él ni sabía que estaban en su cochera, que compartía con «Nayo» y con su cuñado. De éste, el testigo Rafa Zouhier (procesado por el 11-M) y el confidente Lavandera apostilla que sus acusaciones no tienen fiabilidad, ya que están plagadas de contradicciones» y tienen un claro «afán exculpatorio».

Por su parte, Gerardo Turiel sostiene que Trashorras «no ha tenido participación» en ninguna operación de tráfico de drogas o explosivos. No obstante, añade que «cualquier actuación que hubiera tenido al respecto» fue siempre «con el consentimiento y en comunicación» con el grupo de estupefacientes de Avilés, dirigido entonces por Manuel García, «Manolón», de quien era confidente.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Blindados y apretados

Gijón. Es un juicio blindado. El inicio del proceso por la «operación Pípol» centró ayer la atención nacional en Gijón. Las medidas de seguridad fueron extremas y la expectación mediática que despertó, máxima. Los primeros en llegar al edificio judicial fue la Policía Nacional. Decenas de agentes controlaron desde primera hora de la mañana el entorno y el interior del Juzgado. La presencia entre los acusados de Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras obligó a preparar el juicio de una manera extraordinaria. Cuatro furgones de los antidisturbios, otras dos furgonetas con agentes uniformados y una unidad de los Guías Caninos, además de los funcionarios que diariamente se encargan de la seguridad del edificio, controlaron el interior y el exterior tres horas antes del juicio y durante la vista, hasta pasadas las dos de la tarde.

Con los perros se rastreó todo el interior y la sala de vistas, además de toda la manzana del palacio judicial. Una decena de policías permanecieron en el pasillo, frente a la sala, para evitar altercados y tres de ellos controlando exclusivamente la entrada al edificio. Ayer, todo el que quisiera entrar al Juzgado, fuera o no a la «operación Pípol», debía pasar un exhaustivo control. Primero, el arco detector de metales; luego, el registro de bolsos, uno a uno, que tras pasar por el escáner eran abiertos juntos con las carteras, y ordenadores portátiles y, finalmente, para los medios de comunicación, la acreditación para entrar en la sala.

En el interior de la pequeña sala había once policías de los antidisturbios que rodeaban a los 20 acusados, y otros dos en un acceso restringido y directo a los calabozos. Sólo tres de ellos están en prisión; Toro, Trashorras y Javier A. M., que permanecieron esposados durante toda la vista. El resto pudo salir de la sala durante el receso que se hizo a media mañana. Siete agentes quedaron en esos minutos custodiando a los tres presos.

Durante los cinco minutos de descanso salieron de la vista todos: abogados, fiscales, magistrados, público y periodistas. La presencia de medios de comunicación fue máxima. Acudieron 25 y estaban acreditados 57 periodistas. En la sala, sin embargo, había nueve asientos reservados para la prensa. El resto de los reporteros que entraron, un total de 16, lo hicieron como público. La casualidad hizo que sólo acudieran a la vista oral los padres de José Emilio Suárez Trashorras, lo que dejó libres el resto de plazas para ser ocupadas por la prensa. De no haber sido así, la mayoría se hubiera quedado a la puerta. Los medios gráficos entraron por turnos de cinco minutos. Primero cámaras fotográficas, y después las televisiones en grupos de cinco.

Catorce abogados

El escaso espacio en la sala que sufrieron los imputados y periodistas también afectó al tribunal, abogados y fiscales. Catorce son los letrados que participan en la causa y que fueron distribuidos en cuatro mesas diferentes, laterales a la mesa central, donde se ubicaba el tribunal.

Por parte del ministerio público son dos los fiscales que están llevando el caso y que ayer, paradójicamente, compartían mesa con uno de los letrados de la defensa. Incluso una letrada, ayudante de una defensa, tuvo que sentarse entre el público por falta de sitio.

Otra mesa con cinco abogados más se situó justo detrás de los fiscales que durante toda la vista oral ojean el sumario y las diversas pruebas. Por lo general, los representantes del ministerio público suelen colocarse durante los juicios en mesas enfrentadas a los abogados defensores.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Antonio Toro podría declarar hoy junto a varios acusados más

Aún quedan diecinueve sesiones por delante antes de que el próximo 30 de noviembre se presenten los informes definitivos del juicio por la «operación Pípol». Para hoy está previsto que declaren más acusados y es muy probable que le llegue el turno a Antonio Toro. Ayer, ocho imputados ya explicaron su versión ante el tribunal y quedan, por tanto, doce. Si la sesión de hoy se realiza con la celeridad con la que se hizo la primera de ayer es probable que el miércoles se termine con todos los imputados. Toro y Trashorras serán llamados casi los últimos. De hecho, son el decimoctavo y decimonoveno, respectivamente, en el turno de declaración.

A partir de ahí comenzarán, la última semana de octubre y primera de noviembre, la toma de declaración de los testigos. Entre ellos, declararán el próximo 7 de noviembre el guardia civil Jesús Campillo, al que Francisco Javier Lavandera contó, en una grabación, que Toro y Trashorras traficaban con explosivos.

Precisamente es Lavandera el que deberá acudir al Juzgado como testigo el próximo 8 de noviembre. El mismo día que está citado Rafa Zohuier, al que está previsto que trasladen desde Madrid, donde permanece en prisión acusado por los atentados del 11 de marzo en Madrid.

Estas dos declaraciones, solicitadas por el ministerio público, responden a la intención del fiscal de demostrar que entre los «negocios» de los dos avilesinos se encontraba el tráfico de explosivos. De hecho, según las declaraciones que ambos ya hicieron ante los correspondientes jueces de instrucción, Zohuier fue el que puso en contacto a la trama asturiana de explosivos con los radicales islamistas; y fue al que a Lavandera le ofrecieron varios kilos de dinamita Goma 2-Eco.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El juez rechaza incluir en el 'caso Pipol' nuevas pruebas sobre la dinamita hallada en Avilés en 2001

El fiscal Antidroga de Asturias, en la apertura del juicio oral, aportó la nueva prueba tras conocerla el sábado El abogado de Trashorras advierte de que «no aceptaré que se mezcle este juicio con el 11-M» y señala que su cliente «siempre actuó con el consentimiento de la Policía»

GIJÓN. El fantasma del 11-M sobrevoló ayer la primera sesión, en Gijón, del juicio sobre el 'caso Pipol'. La petición del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, de incluir una nueva prueba sobre la dinamita hallada en la cochera del avilesino José Emilio Suárez Trashorras, uno de los principales imputados por la matanza de Madrid, fue la chispa que encendió los ánimos de los letrados. A la cabeza, Gerardo Turiel, abogado del ex minero, quien advirtió de forma tajante: «No aceptaré que se mezcle este asunto con el 11-M, porque fueron hechos ocurridos en 2001».

Como Turiel, la mayor parte de los letrados de la defensa se negaron a aceptar que las nuevas pruebas fueran incorporadas al sumario. Tampoco estaba por la labor el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, Bernardo Donapetry, quien llegó a rechazarlas de plano incluso antes de escuchar el contenido de las mismas. La respuesta de Perals fue inmediata y, al final, tras insistir ante el presidente de la sala, pudo exponer con claridad su petición.

Según expuso el Fiscal Antidroga, se trata del resultado de un análisis realizado por el laboratorio de la Policía Científica sobre un resto de cartucho de dinamita recogido el 30 de agosto de 2004 en el garaje de la calle avilesina de Eloy Fernández Caravera, en una plaza que compartían en alquiler Trashorras Antonio Toro Castro y José Ignacio Fernández Díaz 'Nayo'.

Por extraño que pudiera parecer, la Fiscalía Antidroga no conoció la existencia de ese análisis hasta el pasado sábado, tal y como señaló Perals para justificar el retraso en la aportación de esta prueba. Sin embargo, uno de los letrados, Ricardo Álvarez Buylla, le replicó que ese dato se encuentra en el sumario desde 2001 y que «ha tenido cuatro años» para aportarlo a las diligencias.

Era dinamita

El informe al que la acusación pública hace alusión corrobora que efectivamente las sustancias aparecidas en ese garaje eran dinamita y servirían entonces para demostrar que la 'goma 2' hallada en Avilés en 2001 fue igual a la empleada en el 11-M.

Para ello, Perals también solicitó que los dos peritos que efectuaron ese análisis fueran llamados a declarar el próximo día 14 de noviembre, última fecha prevista en el calendario de este juicio para la aportación de testimonios periciales.

Pretendía también el Ministerio Fiscal que declararan los dos funcionarios de los Tedax, del Cuerpo Nacional de Policía, expertos en explosivos, que remitieron a Madrid esas muestras de dinamita, pero en el día de ayer ninguna de esas reivindicaciones fue admitida a trámite por el presidente de la sala, quien contó además con el beneplácito de la mayor parte de los abogados de la defensa.

Eran las 12.15 horas de la mañana cuando eso ocurría. La intervención del fiscal supuso un punto de inflexión en una mañana acaparada por la lectura del extenso escrito de acusación, así como por los testimonios de las defensas de los veinte imputados en este caso de tráfico de drogas y dinamita. Las más esperadas, las de los abogados de José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro por ser éstos los dos únicos procesados por la tenencia y la venta de sustancias explosivas en este asunto y en el 11-M.

En el caso del avilesino, Turiel aseguró que su cliente «no tuvo participación alguna en la venta de drogas ni explosivos y, en todo caso, si lo hizo, fue siempre en colaboración y con el consentimiento del Grupo de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía de Avilés». El abogado incluyó así en su estrategia de defensa la condición de Trashorras de confidente del funcionario Manuel García 'Manolón', ex jefe de Estupefacientes en Avilés, a la que éste siempre ha apelado.

Por su parte, María Teresa Suárez, letrada que defiende de oficio a Toro pidió ayer la libre absolución del avilesino, porque «en absoluto se dedicaba al tráfico de drogas y ni siquiera tenía constancia de que en el garaje había dinamita porque lo compartía con 'Nayo' y Trashorras».

Además, añadió que las acusaciones de Francisco Javier Lavandera Villazón y de Rafá Zouhier «no resultan creíbles porque son claramente exculpatorias e incurren en contradicciones». Los testimonios de Toro y Trashorras aún no han sido escuchados en la sala porque el tribunal llama a declarar a los procesados por el orden en que fueron detenidos. El fiscal Perals también trató de incluir en el proceso las declaraciones de dos médicos forenses de la Audiencia Nacional que acreditan que Trashorras «es imputable» y está perfectamente capacitado para ser responsable de sus actos. La solicitud tampoco fue aceptada por la sala.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Cuatro imputados por la Fiscalía se niegan a declarar en la primera sesión del juicio

Otros cuatro acusados reiteran su inocencia y se desvinculan del tráfico de drogas «No es justo, ¿dónde está la culpabilidad?», pregunta, entre lágrimas, una procesada

GIJÓN. Cuatro de los ocho acusados que comparecieron ayer ante el tribunal que juzga el 'caso Pipol' se negaron a declarar, mientras que el resto sí intervinieron para defender su total inocencia y desvincularse de la acusación de tráfico de drogas que pende sobre ellos. Entre los encausados que renunciaron a intervenir en la primera sesión del juicio, que se celebra en la sección octava de la Audiencia Provincial, se encuentra L. C. G., el agente de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio que, según el fiscal, dirigía la red que introducía los estupefacientes en el Principado.

«No es justo, ¿dónde está la culpabilidad? Demuéstrela, señor fiscal». Una de las encausadas, I. C. P., protagonizó el testimonio más tenso de la mañana, después de negar entre sollozos cualquier tipo de vinculación con la distribución de drogas. «Llevo cinco años intentando demostrarlo», aseveró, después de señalar que no estaba en modo alguno relacionada con los negocios de su marido, A. M. A. Z, otro de los procesados y propietario de un taller de reparaciones y de un pub donde supuestamente se venderían estupefacientes. A. M. A. Z no declaró ante el juez al estar sujeto a medicación.

Uno de los clientes de ese taller, J. A. M., tomó la palabra para precisar que sus relaciones con A. M. A. Z nunca tuvieron que ver con transacciones de drogas, sino con compraventas de ruedas o pastillas para el tratamiento de la depresión. El fiscal, a este respecto, defendió que los acusados utilizaban un lenguaje cifrado -ruedas, cubiertas...- para esconder la realidad del narcotráfico.

Consumo

P. J. C. M, ganadero de profesión, también admitió conocer a A. M. A. Z. Se reconoció consumidor de drogas pero negó con vehemencia haber realizado compra alguna al anterior procesado. En esta línea, indicó que en alguna ocasión sí le había adquirido cajas de sidra, otro ejemplo de lo que, en opinión del fiscal, es una jerga que intenta ocultar el tráfico de estupefacientes.

El último de los encausados que se mostró dispuesto a declarar, J. J. B., relató que su relación con el procesado J. L. A. A., que se negó a hablar ante el tribunal, tenía que ver de forma única con la compra de amortiguadores.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Besos de una madre

Trashorras felicitó a su abogado tras oírle pedir que se desvinculara 'Pipol' del 11-M

GIJÓN. Pálido, esposado, recién afeitado y con el pelo más corto del que lucía en libertad. Ese era el aspecto que presentaba ayer José Emilio Suárez Trashorras en su primera imagen desde que fue encarcelado por su presunta implicación en el 11-M el 17 de marzo de 2004. En la misma sala, cuatro filas más adelante, sus padres José Manuel y Agripina, atienden con aplomo el discurrir del juicio. Nunca se giran para mirarle. Pero él les busca siempre que puede, siempre que las declaraciones de otros procesados no acaparan su atención e incluso su sonrisa.

Desde que fue trasladado al Centro Penitenciario de Villabona, el pasado viernes, les ve con más asiduidad. Ayer, en el único receso del juicio, su madre pudo incluso acercarse a él, hablarle y darle tres besos. Sabe, que dadas las circunstancias, es mejor no desaprovechar cualquier oportunidad para verle aunque eso suponga comprobar el férreo cordón de vigilancia que le rodea y escuchar del policía que le custodia que no le retira las esposas «por problemas de seguridad».

De todos los procesados sentados ayer en el banquillo, Trashorras es, sin duda, el más nervioso. En su asiento no para. Se lleva de forma continua las manos y mira el reloj de acero con esfera roja con tanta asiduidad que parece que tuviera planes.

Su cuñado Antonio Toro se muestra imperturbable. Viste cazadora, vaqueros y playeros y, al contrario que el ex minero, se ha dejado el pelo y las patillas algo más largos, pero está igual de pálido. Demasiado tiempo a la sombra.

Toro no encuentra entre el público a ningún familiar, así que se limita a seguir la vista oral. En el descanso se retira hacia la zona reservada a los reclusos. Trashorras, que sí tiene con quien hablar, estrecha sus manos amarradas al abogado que le defiende para saludarle y le felicita por pedir que no se relacione el juicio 'Pipol' con el próximo que le espera, el del 11-M: «Gerardo, tienes más cara que...». «Tranquilo, tranquilo...», le contesta Turiel.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Todo en 'Pipol' va sobre ruedas

Fuertes medidas de seguridad, un aluvión de periodistas y la inesperada visita de Lavandera marcan el inicio del juicio La jerga ligada al narcotráfico, anécdota de la primera sesión

GIJÓN. Es una máxima que nunca falla: frente a cualquier edificio de la administración donde se 'cuece' algo siempre hay un bar. Los juzgados de Gijón no son una excepción. A primera hora de la mañana de ayer, la cafetería situada a las puertas del tribunal se convirtió en una atalaya privilegiada para observar el impresionante despliegue policial que precedió al comienzo del 'juicio Pipol'. Periodistas, curiosos e incluso familiares de imputados escogieron el local para contemplar el ir y venir de furgones policiales y el correr de los cámaras de televisión, ansiosos por tomar las primeras imágenes de los protagonistas 'estrella' del proceso, José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro. La primera sesión, en todo caso, se asemejó más a un debate sobre el apasionante mundo del automóvil que a otra cosa, dado el interés de los acusados en defender que su 'no involucración' en la causa se limitaba a la compra de ruedas y amortiguadores, frente a los esfuerzos del fiscal por demostrar que se trataba de un lenguaje en clave que escondía una red de tráfico de drogas.

Pero antes de que la sala entrase en diatribas sobre si las 'ruedas' eran en realidad cocaína o si los 'amortiguadores' tenían más que ver con el hachís, los exteriores del juzgado vivieron una mañana agitada. Desde primera hora, varias furgonetas policiales fijaban un perímetro invisible en torno al tribunal que disuadía de acercarse a cualquier persona ajena al juzgado. Sólo los cámaras de televisión y los fotógrafos se movían sin parar, a la espera de identificar en las camionetas que accedían a los bajos del inmueble a los principales imputados. Tarea, eso sí, muy dificultosa.

El cepillo de la discordia

La rigidez de los controles se extendió además a los accesos. Frente a los usos habituales, los agentes obligaron a todos los asistentes a pasar bajo el arco de seguridad y registraron de forma minuciosa bolsos y bandoleras, llegando incluso a analizar al detalle, como si se tratara de un artilugio sospechoso, el cepillo de dientes de bolsillo que portaba uno de los periodistas.

Periodistas que, por otro lado, constituían la especie más abundante. Ni siquiera los imputados, 20, superaban en número a los 57 profesionales pertenecientes a 25 medios de comunicación regionales y nacionales que se dieron cita en Gijón. Contra lo previsto, no hubo que sortear a los 'chinos' ni mediante un bingo qué periodistas podían ocupar los preciados ocho bancos reservados para la prensa, dado que la ausencia de público y familiares de los imputados dejó libres el resto de los asientos. Las reducidas dimensiones de la sala, tan comentadas en los últimos días, fueron incluso objeto de atención ayer por parte del consejero de Justicia, Francisco García Valledor.

Que no hubiera familiares no es del todo cierto. Sí los hubo, aunque menos de los esperados. Únicamente los padres de Trashorras asistieron a la primera sesión del proceso. Su llegada al palacio de justicia estuvo marcado por un aluvión de flashes por parte de los fotógrafos que generó un pequeño tumulto que terminó con algún que otro paraguazo por parte del padre del ex minero a uno de los reporteros gráficos.

El primer 'round' del 'caso Pipol' tuvo además un protagonista añadido. Ante la sorpresa de todos los presentes, Francisco Javier Lavandera cruzó la puerta del juzgado y se dirigió, tras quitarse sus enormes botas para pasar por el arco de seguridad, al interior del edificio. ¿Un testigo, con intención de entrar en la sala antes de intervenir? Ni mucho menos. Lavandera acudió a declarar en otro asunto, completamente ajeno a este caso.

Cajas de sidra

Y, con el pasar de los minutos, la sesión fue avanzando en medio de la discordia entre el fiscal, José Perals, y los acusados. Lo que para la fiscalía era un claro caso de tráfico de droga, para los imputados se había limitado a una simple transacción de neumáticos, amortiguadores e incluso cajas de sidra o pastillas de orfidal para los nervios. Algunos de los argumentos de los acusados llegaron incluso a forzar, por lo bajo, las sonrisas entre sus compañeros de banco.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Los prejuicios del juicio” por Juan Neira

Ha empezado el juicio por el 'caso Pipol', con veinticinco medios de comunicación en el juzgado y cincuenta y siete periodistas acreditados. En la primera jornada de la vista oral no sucedió nada especial, a no ser que se le quiera dar una gran importancia al rechazo, por parte del juez, de una petición del fiscal sobre la aportación de nuevas pruebas documentales, periciales y testificales. Hasta el momento, el protagonismo del juicio está en el ambiente, el bullicio, las caras relajadas, las sonrisas, el saber estar de los acusados más famosos. A todo se aprende: tras las exclusivas dadas a medios de comunicación madrileños, posar en un juzgado de provincias es relativamente sencillo.

Aunque la expectación sea enorme, aunque los informativos de los canales nacionales de televisión den cuenta de lo que se sustancia en el juzgado de Gijón, el 'caso Pipol' tendrá una trascendencia real sólo si en todo lo relacionado con la dinamita aparece alguna clave que permita hacer de nexo de unión con el 11-M. Es lógico el interés de las defensas legales en separar ambos procesos, porque en caso de que no se evidencie ese nexo, el 'caso Pipol' tendría una consideración muy distinta. En la lógica de un juicio penal todo tiene calificación de presunto hasta que se pueda probar alguna acusación.

Sin el agotador debate político y mediático en torno al 11-M no se entendería la expectación ante el 'caso Pipol'. Quiero decir que, si las tesis del sumario sobre el 11-M no hubiesen sido impugnadas por el principal grupo de la oposición y por medios de comunicación, no despertaría tanta curiosidad la hipótesis de los contactos que haya podido tener un imputado del 11-M años antes de los atentados. Pero el debate y la desconfianza corren paralelos en toda la legislatura, y por eso el 'caso Pipol' tiene dimensión nacional. Por esas perversiones del debate político, a los dirigentes del PP les conviene que en el juicio del 'caso Pipol' adquiera una gran importancia todo lo relacionado con las armas, pese a que en esa época gobernaba Aznar, mientras que a los socialistas les resulta más cómoda la hipótesis contraria, pese a que estaban en la oposición. En este contexto, resulta muy difícil que un observador siga el juicio sin prejuicios.

Publicado por el diario EL COMERCIO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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