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El juez rechaza pruebas que vinculan a Toro y Trashorras con el tráfico de explosivos

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

La defensa intenta desligar el juicio por la 'operación Pipol' de las investigaciones sobre el 11-M El fiscal quería incluir unos informes policiales sobre cartuchos de dinamita localizados en 2001

GIJON.- Ni el juez ni ninguno de los 14 letrados que ejercen las defensas en el juicio por el caso Pipol que ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Asturias admitieron incluir en el informe una serie de pruebas documentales, periciales y testificales, como pedía el fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, y que relacionan a Antonio Toro y a Emilio Suárez Trashorras, dos de los acusados, con el tráfico de explosivos. Según uno de los letrados, Ricardo Alvarez Buylla, se trata de pruebas que, en algunos casos, podían haber sido incluidas en su día, ya que la operación se desarrolló en 2001. Pero detrás de esa negativa estaba en casi todos ellos una idea clara que dio a conocer a la sala y a su presidente, el juez Bernardo Donapetry, el defensor del ex minero asturiano, Gerardo Turiel, al asegurar que no iba a aceptar que nadie tratara de «mezclar» este asunto con el 11-M, a pesar de que los dos asturianos están también imputados en dicha causa.

Las pruebas solicitadas por el fiscal fueron un informe pericial elaborado en su momento dentro de la operación Pipol por el laboratorio toxicológico de la Comisaría General de Policía en el que aparece información sobre los cartuchos de dinamita industrial requisada en la plaza de garaje que compartían Trashorras, su cuñado Antonio Toro e Ignacio Fernández Díaz, Nayo, en Avilés. También pidió que declarasen los dos tedax que encontraron la dinamita, que, al parecer, estaba en mal estado y por ello fue destruida y los dos peritos que realizaron el informe sobre este material y que no fue incluido en la causa. Como prueba documental, el fiscal solicitó un fax que llegó al Ministerio Público el pasado jueves procedente de la Audiencia Nacional sobre un auto del 25 de septiembre y que vendría a corroborar las declaraciones del marroquí Rafá Zouhier, de Francisco Javier Lavandera y del agente Jesús Campillo sobre el tráfico de explosivos del que se acusa a Toro y Trashorras. Dicho auto hace referencia a que en los atentados se empleó Goma-2 ECO robada en la mina en la que había trabajado el avilesino. Además, solicitó la comparecencia de los dos médicos forenses de la Audiencia Nacional para ratificar el informe que en su día le hicieron al ex minero. Todas estas pruebas quedaron finalmente invalidadas al negarse las defensas a incluirlas.

Poco más hubo durante esta primera jornada, salvo las declaraciones de ocho de los procesados, todos menos uno en libertad, a los que se acusa de formar parte en 2001 de dos grupos organizados dedicados a introducir y distribuir drogas en Asturias. La operación Pipol, que ahora se juzga, estuvo dirigida por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Gijón y logró desmantelar una importante red de narcotraficantes relacionada con mafias gallegas, pero sobre todo puso al descubierto un mercado negro de explosivos del que luego se habrían beneficiado los autores de los atentados de Madrid.

Trashorras tan solo estuvo en prisión tres meses. Su cuñado Toro permaneció más tiempo en la cárcel asturiana de Villabona y fue allí donde entabló relación con el marroquí Rafá Zouhier, también imputado en los atentados del 11-M por su relación con los islamistas y con los dos asturianos.

El fiscal considera en su escrito que, independientemente de la actividad de tráfico de drogas, Toro y Trashorras se dedicaban también a la venta de cartuchos Goma-2 ECO y considera probado que, en el verano de 2001, los dos avilesinos ofrecieron dinamita al menos en tres ocasiones a Lavandera, que por entonces trabajaba en el Club Horóscopo de Gijón, y que llegaron a enseñarle ese material que guardaban en el maletero de un coche. A raíz de ese hecho, Lavandera alertó a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, ni éstas ni el instructor del sumario le dieron demasiada importancia.

El juicio continúa hoy y es posible que, dada la rapidez con que se toma declaración a los procesados, los dos cuñados, que figuran los últimos en la lista, puedan hacerlo a lo largo de mañana. Después, no será hasta el 7 y 8 de noviembre cuando declaren el agente Campillo, Zouhier y Lavandera.

Para Toro y Trashorras, Perals pide un total de 17 años de prisión y el pago de sendas multas de 218.000 euros por tráfico de drogas y tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos, la pena más alta de todos los acusados.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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