El Blog

Calendario

<<   Octubre 2006  >>
LMMiJVSD
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Sindicación

Foros

Un Suplemento de

Alojado en
ZoomBlog

25 de Octubre, 2006

Un jefe de los Tedax fechó la radiografía en abril sin tener competencia para ello

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: Mochila de Vallecas

El funcionario policial argumentó ante el juez Del Olmo que escribió en la placa la fecha “12-04-04” por equivocación, aunque tampoco le correspondía realizar esa labor

Madrid. La radiografía de la mochila de Vallecas, la número 13, está fechada con un mes de retraso respecto al día que en realidad debería constar en ella por un error de transcripción. Así lo explicaron los dos Tedax que declararon ante el juez Juan del Olmo cuando fueron citados en la Audiencia Nacional para aclarar el desfase de fechas.

Esa equivocación en la reseña de la placa realizada en el parque de Azorín a la mochila número 13 explicaría esta diferencia de un mes entre la fecha en que, según consta en el sumario, se realizó la radiografía y la fecha que consta en el propio documento.

El sumario del 11-M recoge que el autor de la equivocación en el fechado de la prueba fue el subinspector Cobo, segundo jefe de la unidad de los Tedax de Madrid, con carné profesional número 26.858. En sus declaraciones a Del Olmo, el subinspector explicó que escribió "12-04-04" en la placa por error.

El subinspector realizó una labor que no le correspondía. El encargado de fechar la radiografía debía haber sido el mismo tedax que la hizo aquella madrugada del 12 de marzo de 2004, el operador número uno, con carné profesional número 64.501, que acabó desactivando manualmente el artefacto. En la placa figura su número de identificación, como si él fuera quien la hubiera manuscrito. Pero, en realidad, fue el subinspector Cobo el que reseñó la placa, a pesar de que llegó al parque de Azorín después de que ésta se realizara.

La radiografía, con valor probatorio, ha acabado convirtiéndose en uno de los elementos clave de la investigación del 11-M. Después de todo, se trata de la única placa realizada a los artefactos colocados por los terroristas en los trenes de Cercanías. Ni siquiera de los dos artefactos que no llegaron a explotar en los convoyes y que fueron detonados de forma controlada por los Tedax se obtuvieron radiografías.

Aclaración

Cuando acudieron a declarar para explicar el error, el subinspector Cobo y el operador número uno explicaron al juez que, aunque el carné que figura en la prueba sea el número 64.501, fue el funcionario con carné 26.858, el subinspector Cobo, el que reseñó en ella el lugar, la procedencia de la mochila, la cantidad de radiación empleada y también la polémica fecha.

La versión definitiva de los hechos que recoge el sumario aparece reflejada en las páginas 83.304 y 83.305 del documento judicial. "Oficial del C.N.P. con carné 64.501. RADIOGRAFÍA ARTEFACTO EXPLOSIVO DEL PARQUE AZORÍN (26 de julio de 2004). Reconoce dicha placa como la realizada por el compareciente, aunque señala que el texto que aparece recogido en dos de los laterales, superior y derecho, manuscrito con rotulador azul, no ha sido redactado por él, sino por el policía con carné 26.858".

El mismo día, el subinspector Cobo reconoció ante el juez ser el autor del texto manuscrito y, por tanto, del error en el fechado de esta prueba. "Sub-Inspector del C.N.P. con carné 26.858. RADIOGRAFÍA ARTEFACTO EXPLOSIVO DE PARQUE AZORÍN (26 de julio de 2004). Que él es el redactor de la fecha que consta en la placa, y por error puso 12-04-04 cuando realmente era 12-03-04".

Los otros dos tedax que participaron en la desactivación de la mochila número 13, con los carnés profesionales 65.255 y 66.618, también corroboraron en sus declaraciones la misma versión de los acontecimientos.

Si todo no es más que una equivocación, el desfase de un mes en las fechas deja en mal lugar al subinspector y segundo jefe del grupo. El tedax Cobo cometió un error que alienta múltiples elucubraciones sobre la autenticidad de la prueba y de la propia mochila número 13.

Pero, aunque parezca difícil de creer, el fallo en la inscripción de la fecha no fue la única torpeza que se cometió aquella noche de marzo con la radiografía.

Paradero desconocido

LA GACETA ha podido saber que la reseña de la placa no se hizo justo después de efectuarla —sobre las 3.00 horas de la madrugada— en el parque de Azorín de Vallecas, como corresponde en este tipo de procedimientos, sino varias horas después y en un escenario completamente diferente. En realidad, Cobo hizo la inscripción a primera hora de la mañana del 12 de marzo de 2004 en dependencias policiales, no en el parque de Azorín, cometiendo otra irregularidad.

La otra gran chapuza que rodea a la radiografía desde hace tiempo, y que ha servido también para que planeen más dudas sobre la autenticidad de la mochila de Vallecas, es la ocultación de la placa a la Justicia. La radiografía fue ocultada al magistrado Juan del Olmo durante los cuatro meses siguientes al 11-M por el inspector Cáceres, jefe del grupo de los Tedax de Madrid.

En un primer momento, la placa fue omitida en las declaraciones de los Tedax que participaron directamente en la desactivación de la bolsa-bomba por insignificante (su mala calidad no permitió extraer conclusiones a los artificieros aquella madrugada de marzo). Pero la radiografía salió a relucir cuando el inspector Cáceres se la presentó a Del Olmo el día que acudió a declarar, el 13 de julio de 2004, nada menos que cuatro meses después de los atentados.

LA GACETA también ha podido averiguar sobre este extremo que fue el propio inspector Cáceres, con carné profesional 28.296, quien ocultó esta prueba crucial en la investigación del 11-M al magistrado Del Olmo, escodiéndola en un lugar desconocido, sin que haya llegado a aclarar nunca por qué entorpeció la investigación judicial. Como el resto de pruebas, la radiografía debía haber sido enviada a la Comisaría General de Información, encargada de realizar la investigación policial. Pero no hay rastro de la placa desde que fue mal reseñada por el subinspector Cobo la mañana del 12 de marzo de 2004 hasta que el inspector Cáceres la entregó en la Audiencia Nacional el 13 de julio de ese mismo año.

La ocultación de la radiografía durante cuatro meses motivó que el error en el fechado no se aclarara hasta el 26 de julio de 2004, día en que volvieron a declarar en la Audiencia Nacional los tres tedax que participaron activamente en la desactivación del artefacto y el propio subinspector Cobo, autor de la equivocación, para explicar al juez el motivo del desfase en las fechas.

La aclaración sobre el desfase en el fechado de este documento clave arroja luz sobre uno de los enigmas de la investigación de los atentados. Cada vez son menos las sombras pero más las evidencias que cuestionan el rigor de algunos funcionarios del Estado.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El 'número 2' de la Policía Científica admite que ordenó cambiar el informe ETA/11-M

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Reconoce ante la juez Gallego, que le mantiene imputado, que se lo notificó a su jefe, Santano

MADRID.- El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, admitió ayer ante la juez Gemma Gallego que él autorizó la alteración del informe de los tres peritos del 11-M en el que se hacía una referencia a ETA.

Mélida, que declaró como imputado, informó del asunto al comisario general, Miguel Angel Santano.

El número dos de la Comisaría General de Policía Científica declaró ayer como imputado durante dos horas ante la juez que investiga si tiene relevancia penal la alteración del dictamen elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda de un procesado por el 11-M.

En ese dictamen, realizado el 21 de marzo de 2005, los expertos de la Policía Científica incluyeron unas observaciones en las que recordaban que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y en la casa de un joven antisistema en 1999.

A partir de esos precedentes, los peritos indicaban que, «dado lo poco frecuente que esa sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas», existía la «posibilidad» de que el ácido bórico se utilizara como conservante de determinados componentes de los explosivos o para impedir la detección de éstos por perros entrenados. También apuntaban la «posibilidad de que el autor/autores de esos hechos estén relacionados entre sí o hayan tenido un mismo tipo de formación o sean los mismos autores».

En el informe oficial remitido al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, no sólo fueron suprimidas esas últimas consideraciones, sino incluso los datos objetivos sobre los casos precedentes de terrorismo en los que había aparecido ácido bórico.

El dictamen oficial fue firmado por el superior de los tres peritos, Francisco Ramírez, que el pasado viernes reconoció ante la juez que él modificó el informe de sus subordinados cuando éstos se negaron a eliminar las observaciones.

Ramírez manifestó que indicó a los peritos que había que corregir el documento después de consultarlo con Mélida, que ese día era el responsable de la Comisaría General porque el jefe de la misma, Miguel Angel Santano, estaba de permiso.

Pedro Mélida confirmó ayer durante su declaración judicial que autorizó la alteración del informe, ya que, a su parecer, contenía apreciaciones subjetivas impropias de un dictamen pericial. También aseguró que informó a Santano de lo sucedido, pero precisó que lo hizo a posteriori.

Fuentes jurídicas señalaron que, al igual que en el caso de Ramírez, la juez mantiene por el momento la condición de imputado del comisario Mélida por un presunto delito de falsedad documental.

El secretario general de la Policía Científica abandonó el Juzgado escoltado por personal de seguridad de la sede judicial y por miembros del Sindicato Profesional de Policía (SPP) que acudieron a arroparle, informa Efe. Un representante del SPP dijo a los periodistas que Mélida le pidió que transmitiera que «era una pena que un profesional intachable tuviera que pasar por esta situación» de declarar como imputado.

Por su parte, la Abogacía del Estado anunció ayer que presentará de inmediato un recurso contra la decisión de Gallego de dejar sin efecto su personación en este proceso.

Aunque la instructora aceptó el pasado día 13 la personación de la Abogacía del Estado, el lunes dictó un auto por el que deja en suspenso la decisión «en tanto no se justifique en debida y legal forma la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias».

El auto es consecuencia de una comparecencia de la abogada del Estado efectuada el pasado día 20 ante la secretaria judicial para «aclarar» que se persona «como perjudicado o responsable civil», conceptos que, subraya Gallego, son incompatibles.

La Abogacía del Estado, que también ha recurrido el secreto de las diligencias, interpreta que se quiere expulsar del proceso a quienes denuncian «irregularidades» procesales.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez «expulsa» al abogado del Estado

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

La magistrada considera que no puede personarse a la vez como perjudicado y responsable civil en la causa que investiga la supuesta falsedad del informe que relacionó el 11-M con ETA

Madrid - Diez días. Ése es el tiempo que ha durado la personación de la Abogacía del Estado en la causa que investiga la supuesta falsificación del informe que relacionaba los atentados del 11-M con ETA. Si el 13 de octubre la juez Gema Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, admitió la personación del abogado del Estado, el pasado día 23 adoptó la resolución contraria, al considerar que éste pretende ostentar una doble representación procesal, como perjudicado y responsable civil, que según la magistrada es incompatible.

Gallego -que investiga la presunta falsedad documental desde que Garzón se inhibió del asunto, después de imputar a los tres peritos que redactaron el informe y exculpar a sus mandos policiales-, mantiene en su auto que el abogado del Estado «aclaró que se le tuviera por personado en concepto de "perjudicado" y "responsable civil"». Pero esa aclaración, añade, «difícilmente permite deducir cuál ha de ser la condición en la que debe tenerse su personación en esta causa».

Esa doble consideración, dice la magistrada, «adolece de indeterminación, incluso de incompatibilidad y sin duda dificulta la adecuación del tratamiento procesal» que, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, corresponde otorgar a esa parte. En esa norma, recuerda, «no aparece precepto alguno que regule la coincidencia de ambos conceptos en el curso de la fase de instrucción». Por todo ello, Gallego acuerda dejar en suspenso la personación en la causa del abogado del Estado «sin perjuicio de ulterior resolución una vez que se justifique, en debida forma, la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias». Fuentes jurídicas explicaron que la Abogacía del Estado, que se personó por orden del Ministerio del Interior para «defender los intereses del Estado concernidos en la causa», recurrirá la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Por otro lado, los tres peritos acusados por el juez Garzón de falsedad documental consideran en el recurso presentado contra la imputación que no sólo no incurrieron en irregularidades, sino que además «deben ser premiados por su labor profesional» al persistir para que «prevalezca la verdad de su informe pericial».

En el escrito, la defensa de los peritos -que ejercen los abogados de la Confederación Española de Policía- afirma que Francisco Ramírez, jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, no aceptó el informe presentado por los agentes «en un claro abuso de sus competencias». «Los peritos, bajo su responsabilidad y sólo bajo su responsabilidad y con todas las consecuencias son quienes deben elaborar libremente sus informes, sin presiones ni coacciones». Ramírez, en ese caso, debió actuar según ellos simplemente «como coordinador o superior, pero nada más» porque entre sus misiones, añaden, «no está la de corrector o censor de informes periciales».

Sin embargo, denuncian, no quiso dar por bueno su informe «por cuanto contiene observaciones que no gustan o que disgustan al Sr. Ramírez, hasta el punto de que por primera vez en la historia de la Policía Científica, ante la discrepancia, obstruyendo la labor de colaboración de los peritos con la Justicia, se autonombra perito, pensando que le sería fácil encontrar entre sus compañeros otras dos firmas».

Mélide declara que el informe era sesgado

El secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, declaró ayer como imputado ante la juez Gallego, a quien aseguró que la conexión que establecieron los peritos entre el 11-M y ETA era una información sesgada y sin sustento científico. Mélida contó a la magistrada (que le mantuvo la condición de imputado) que explicó al superior de los peritos, Francisco Ramírez, que esas consideraciones podían remitirse como nota informativa a la Comisaría General de Información, pues excedían las características de un informe pericial. Mélida negó que dijera a los peritos que debían suprimir las referencias a ETA en el informe.

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Las declaraciones del imputado Mélida por la falsificación del Informe del 'caido Bórico'

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Mélida ratifica ante la juez del bórico que en un informe sobran las opiniones

MADRID. El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro María Mélida, ratificó ayer por la tarde ante la juez Gema Gallego la declaración que prestó el pasado 29 de septiembre ante el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Gallego, titular del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, tramita la querella que la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M interpuso por presunto delito de falsedad contra los mandos de los tres peritos que basaron en el hallazgo de ácido bórico (en manos de ETA en 2001 y en poder de un islamista procesado por el 11-M, en 2004) una hipotética relación entre ETA y los autores de los atentados de Madrid. La misma juez ha acumulado a esta querella las diligencias que practicó Garzón y que concluyeron con la imputación, también por falsedad, de los tres peritos (Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique).

Tras tomar declaración el viernes al inspector-jefe Francisco Ramírez (jefe inmediato de los peritos), la juez ha querido interrogar -también como imputado- al comisario Mélida, superior de aquél.

Mélida fue quien, como responsable máximo de la Comisaría de Policía Científica el 21 de marzo de 2005 (el comisario general no estaba en las dependencias), indicó a Ramírez que las «observaciones» que aparecían en el borrador debían eliminarse. Fuentes jurídicas han explicado a ABC que, como ya hizo ante Garzón, el comisario afirmó ayer ante la juez Gallego que las apreciaciones sobre la posible relación de ETA con los autores del 11-M eran juicios personales que no debían aparecer en un informe científico cuya única finalidad era determinar qué tipo de sustancia era la encontrada en el domicilio del islamista Hassan El Haski. Por esta razón ordenó que se eliminaran del informe antes de su remisión al Servicio de Información (departamento que había solicitado el análisis). No obstante, Mélida sugirió la opción -rechazada por los peritos- de adjuntar al informe las observaciones como «nota informativa interna» por si Información quería investigar en esa línea.

Por otra parte, la juez dictó ayer un auto con el que «deja sin efecto» la personación de la Abogacía del Estado -admitida diez días antes- por «inconcreción». La juez justifica su decisión en la imposibilidad de simultanear, por incompatibles, las condiciones de «perjudicado» y «responsable civil». Ambas habían sido reivindicadas el viernes por la abogada para poder estar presente en la declaración de Ramírez, a la que la juez no le dejó entrar por estar declarado el secreto de las actuaciones. Lo habitual en estos casos es que sólo puedan presenciar las declaraciones secretas el abogado del imputado en cuestión (en este caso Ramírez y Mélida, funcionarios públicos) y el fiscal.

Una información de Nieves Colli publicada por el diario ABC el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Un jefe policial declara que las referencias a ETA por el ácido bórico eran impropias

Madrid - La juez de Madrid Gemma Gallego interrogó ayer como imputado, durante 70 minutos, al secretario general de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, en relación con la supuesta falsedad del informe de los peritos del ácido bórico. Mélida señaló que dio instrucciones para eliminar de ese informe las observaciones que ligaban a ETA con el 11-M a través del ácido bórico porque se trataba de consideraciones impropias de un informe pericial.

La juez citó a Mélida después de que Francisco Ramírez, jefe de Analítica de la Policía Judicial, declarase ante ella que antes de pedirle a los peritos que eliminasen esas referencias consultó con Mélida.

Mélida aclaró que trató este asunto con Ramírez porque el 21 de marzo de 2005, fecha en que los peritos entregaron el informe, él estaba de máximo jefe de la Policía Científica en ausencia por vacaciones del comisario general, Miguel Ángel Santano.

La juez Gallego ha obviado por completo las diligencias del juez Garzón, que imputó a los peritos y exculpó a sus jefes.

Por otra parte, la magistrada ha dejado sin efecto la personación de la Abogacía del Estado en este caso, después de que la representación del Estado denunciase las presuntas irregularidades que estaba cometiendo la juez en el procedimiento.

Una información publicada por el diario EL PAIS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Chiste del día en EL PAIS: Se pide la imputación de los 'peritos' en el Sumario del 11-M

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: El Sumario del 11-M

Un letrado del 11-M pide que se procese a los peritos de la polémica

Madrid - El abogado Manuel Murillo, que ejerce la acusación particular en el sumario del 11-M, ha solicitado que se procese por delito de encubrimiento a los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, que relacionaron la aparición de ácido bórico en la cocina del dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí Hassan el Haski con la posible participación de ETA en los atentados de los trenes de la muerte.

El letrado pide al tribunal que se devuelvan las actuaciones al juez Juan del Olmo para que procese a los tres peritos porque "a sabiendas de que no existía ningún precedente de relación explosivos-ácido bórico, no dudaron en establecer relación del ácido bórico con los atentados y con el encontrado años antes en el registro de un supuesto miembro de ETA". De esa forma, según el letrado, los peritos intentaron "de esta forma sibilina desviar la investigación que por la policía y el juzgado, se efectuaba contra grupos musulmanes violentos que han resultado, al menos indiciariamente, responsables del acto terrorista y homicida, intentando desviar la investigación hacia la organización también terrorista ETA, que según resultados de la investigación policial y sumarial nada ha tenido que ver con los hechos que se persiguen en esta causa".

Una información de J. Y. publicada por el diario EL PAIS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Antonio Toro asegura que nunca ha comprado o vendido dinamita

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

Alega que no eran suyos los 96 detonadores hallados en su garaje El juez dice que es «inadmisible» incluir pruebas del sumario del 11-M

GIJON.- Antonio Toro Castro, imputado en el 11-M por haber suministrado presuntamente los explosivos empleados en los atentados, negó ayer haber traficado jamás con dinamita. Lo hizo durante su declaración ante el juez en la vista que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo por la llamada operación Pípol, en la que está inculpado.

Toro, que sólo quiso responder a las preguntas de su abogada, aseguró durante el interrogatorio que «nunca» había comprado o vendido dinamita. También dijo que no eran suyos -ni sabía de dónde habían salido- los 16 cartuchos de Goma 2 ECO (como la utilizada en los trenes de Madrid) y los 94 detonadores industriales encontrados en el garaje de Avilés que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, que está huido de la Justicia.

Según su versión, en julio de 2001 acompañó a la Policía a realizar un registro en ese garaje. Al encontrar los explosivos, aseguró desconocer «qué hacían allí» y aseguró que tampoco sabía de quién eran otras cajas que la Policía requisó.

Contó que las llaves del garaje se las dio a Nayo para que guardase hachís, pero no tenía ni idea de la existencia de los cartuchos de dinamita. También negó haber ofrecido explosivos a Francisco Javier Lavandera, que trabajaba en el club Horóscopo de Gijón durante el verano de 2001, como señala el fiscal en su escrito de calificación. Lavandera tendrá la oportunidad de declarar lo contrario durante su comparecencia en el juicio como testigo, prevista para el 8 de noviembre.

El acusado, que se mostró tranquilo, se negó a contestar a las preguntas del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, que había preparado para él una serie de cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y con el de explosivos.

Entre otras cosas, quería saber la relación que tenía con Rafá Zouhier, con quien coincidió en la cárcel de Villabona; de dónde procedía la dinamita que se encontró en el garaje; si ésta era de su cuñado, o si tenía entre 50 o 150 kilos más de explosivos en otro domicilio de Avilés que nunca fueron encontrados por la Policía.

En la segunda jornada del juicio, la abogada de Toro solicitó que su cliente pudiera permanecer sin esposas, como había hecho el día antes el letrado de Trashorras. Pero de nuevo el jefe de seguridad se negó.

Toro y Trashorras comparecen en este juicio acusados de un delito de tráfico de drogas y tenencia y depósito de explosivos. La Fiscalía pide para ellos un total de 17 años de prisión y sendas multas de 218.000 euros.

Por otro lado, el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, aseguró al inicio de la vista que «es inadmisible» incluir pruebas que se encuentran en el sumario del 11-M en la vista por la operación Pípol porque «proceden de otro proceso penal, posterior y aún en curso, que está a la espera de juicio». Por ello, el pasado lunes se negó a incluir las pruebas testificales, documentales y periciales que pedía la Fiscalía y que procedían en algunos casos de la Audiencia Nacional.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El despliegue de ABC en el juicio de la 'Operación Pipol'

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El Tribunal del «caso Pipol» rechaza pruebas relacionadas con el 11-M

GIJÓN. El tribunal que juzga el llamado «caso Pipol» -en el que se sientan en el banquillo los procesados por el 11-M Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro- pruebas relacionadas con los atentados de Madrid. Durante la segunda sesión del juicio declararon otros ocho de los 20 acusados, entre ellos Antonio Toro (en la imagen). Todos ellos negaron haber introducido droga en Asturias y haber formado parte de bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Una información de la Agencia EFE publicada por el diario ABC el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (25 de octubre de 2006): Declara Antonio Toro

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

Antonio Toro: «La dinamita del garaje no era mía; yo ni siquiera tenía las llaves para entrar»

El avilesino asegura que nunca «antes de ser detenido por la "operación Pípol"» compró, vendió o portó explosivos ni se los mostró a persona alguna. «La dinamita no era mía; yo ni siquiera tenía las llaves para entrar». Antonio Toro se desmarcó así ayer de las acusaciones vertidas por el fiscal José Perals, quien sostiene que el material explosivo encontrado en 2001 en el garaje de Avilés lo tenía almacenado para venderlo después. El joven aseguró que nunca antes de su detención en la «operación Pípol», en julio de 2001, compró, vendió o transportó dinamita, en contra de lo que sostiene el testigo Lavandera. El juicio, en el que ayer cuatro de los acusados reconocieron los cargos que presentó contra ellos el fiscal, continuará hoy con la declaración de José Emilio Suárez Trashorras.

Gijón. Antonio Toro (Avilés, 1977), acusado de tráfico de drogas y explosivos en la «operación Pípol» y procesado por los atentados del 11 de marzo, aseguró ayer en Gijón que nunca «con anterioridad al 25 de julio de 2001 -fecha en la que fue detenido por la investigación en Asturias-» compró, vendió o portó dinamita en su coche o se la mostró a alguna persona. Su declaración fue meteórica, por la rapidez: el joven se negó a responder a las preguntas del fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, y sólo lo hizo a las planteadas por su defensa, representada por la abogada María Teresa Suárez.

Fue la propia letrada la que, por dos veces consecutivas, puso el matiz de «con anterioridad al 25 de julio de 2001» en sus preguntas, probablemente para desvincular al joven del proceso abierto contra él por el 11-M, donde está procesado por tráfico y transporte o suministro de explosivos junto a su todavía cuñado José Emilio Suárez Trashorras. Con idéntica coletilla en cuanto a las fechas, aseguró que tampoco nunca compró, vendió o almacenó cocaína.

Cuando ya parecía que la sesión iba a finalizar -era cerca de la una y media de la tarde-, el presidente de la sección octava de la Audiencia Provincial, Bernardo Donapetry, llamó a declarar a Antonio Toro. El joven, con 29 años casi recién estrenados y con un aspecto menos apabullante de lo que aparenta en la ya amplia galería de fotografías suyas publicada, se acercó a la silla de los acusados esposado y flanqueado por dos policías. Su versión no sonó a nuevo: ya se había dicho y plasmado en papel en varias ocasiones. Ayer, la novedad era sólo escucharle.

Dejaba construir frases e interrogantes a su abogada, que prácticamente él se limitaba a zanjar con unos escuetos «sí» o «no». Explicó que, cuando se desarrolló la «operación Pípol», en 2001, él se dedicaba a la compraventa de coches usados. No tenía licencia. Por eso, dijo, «en la declaración en el Juzgado dije que no tenía ingresos de ningún tipo y que no realizaba ninguna actividad. En el momento en que salí de prisión -actualmente está de nuevo encarcelado por el 11-M-, saqué el permiso y adquirí un local».

El interrogatorio llegó por fin a la fecha en la que fue detenido, el 25 de julio de 2001. Ese día, el Cuerpo Nacional de Policía encontró en un garaje que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo» (huido de la justicia), y Suárez Trashorras 54 kilos y medio de hachís de distintas purezas, 16 cartuchos de dinamita industrial goma-2 Eco, de una medida de 26 por 200 milímetros cada uno, y 94 detonadores eléctricos industriales. La dinamita, explicó, «apareció en una esquina del garaje. Desde el primer momento dije que no sabía que estaba allí y que no tenía nada que ver con ella. No era de mi propiedad». También había «unas cajas con trastos», añadió.

El joven avilesino explicó que los agentes de Policía que realizaron el registro entraron en el garaje «con unas llaves que José Ignacio Fernández tenía en el coche».

-¿No tenía usted llaves del garaje?, le contrapreguntó su abogada.

-No -dijo-, sólo tenía las de mi casa. Yo nunca tuve llaves de ese local. Nunca accedí a él por mi cuenta.

-Entonces, el hachís que encontró la Policía, ¿cómo llegó allí?

-Porque se lo di a José Ignacio para que me lo guardara.

Según el fiscal, que pide para Toro 17 años y medio de prisión por tráfico de drogas y explosivos, Toro trabajaba para el gallego Marcos B. M. y era el encargado de transportar la misma de Galicia a Asturias por carretera. También, según la fiscalía, hacía «funciones de vigilancia» en los viajes al Sur para adquirir hachís. Perals afirma que para él trabajaban a su vez Trashorras y Nayo.

Según el fiscal, los tres se dedicaban además a la venta de cartuchos de dinamita goma-2 Eco. En concreto, explica, en el verano de 2001, Toro y Trashorras le ofrecieron dinamita en, al menos, tres ocasiones a Francisco Javier Lavandera, testigo del 11-M y entonces portero del club Horóscopo. Perals sostiene que Antonio Toro llegó a enseñarle a este último dinamita «en perfecto estado de uso y conservación» en el centro de Gijón, cuando la trasladaba en el maletero de su vehículo.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El infructuoso cuestionario del fiscal

El fiscal José Perals, ante la negativa de Toro a responderle a sus preguntas, únicamente pudo enumerar, una a una, las cuestiones que tenía preparadas -para que quede constancia de ellas- sobre su relación con el resto de acusados en el proceso, las conversaciones «pinchadas» por la Policía o su supuesta relación con tráfico de hachís y de explosivos. Éstas son algunas de las preguntas formuladas:

- ¿A qué se dedicaba en 2001? ¿Conocía a Trashorras? ¿Cuándo le conoció y por qué motivo?

- ¿Sabía si Trashorras estaba jubilado de la mina o le consta si tenía acceso a explosivos? ¿Sabía si ese explosivo era dinamita?

- ¿Conocía a Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», y a Marcos B. M. (su presunto «jefe» gallego)? ¿Actuaba a las órdenes de Marcos?

- ¿Es su cumpleaños el 13 de junio? Ese día recibió numerosas llamadas de felicitación (lo que podría servir para identificarle en las conversaciones), entre ellas la de su hermana Carmen, que le preguntó si iba ya para Galicia. ¿Por qué se enfadó y le dice que no hace falta que diga adónde va?

- (Le da un número de teléfono) ¿Era usted quien lo usaba? Desde él llamó a ADA y dio sus datos personales (nueva posible identificación). En otra ocasión da hasta sus datos bancarios, y en otra dice: «Soy Toro», y habla de dinero, cantidades y «movidas». ¿Qué movidas?

- ¿Le daba órdenes a Emilio Suárez Trashorras?

- La persona a la que usted llama Fran (en las conversaciones telefónicas grabadas), ¿es Francisco Javier Lavandera Villazón?

- ¿Por qué a finales de junio Lavandera le da instrucciones para que usted pueda llegar a su casa?

- ¿Tenía el garaje alquilado con Trashorras y Nayo? ¿Se guardaban allí hachís, dinamita y detonadores?

- ¿Conoce a Rafá Zouhier? ¿De qué y en qué circunstancia?

- ¿Tenía entre 50 y 100 kilos de dinamita en otro domicilio de Avilés? ¿La guardaba allí? ¿Se la ofreció a Lavandera?

- Estando en prisión, ¿fue a verle Trashorras? ¿Le dio instrucciones sobre la venta de dinamita?

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El sorprendente interés de la cúpula de Interior

Gijón. Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad con el PP, fue alertado de que la Policía asturiana había entrado en un garaje de Avilés donde existían explosivos, la «operación Pípol» ahora juzgada, a los pocos minutos de producirse la operación, según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA de personas conocedoras de aquella intervención. La actuación policial era en aquel momento una más, y en Asturias sorprendió el inusitado e instantáneo interés de la cúpula de Interior por la misma Ni siquiera los explosivos intervenidos habían sido trasladados todavía a la sede del Tedax en Oviedo, ni los máximos mandos policiales de Asturias sabían qué tipo de material se había incautado cuando ya la Jefatura de Madrid estaba al tanto y exigía explicaciones.

Astarloa habló con el entonces comisario general de Información, Jesús de la Morena, y éste llamó con urgencia a Juan Carretero, por aquellas fechas jefe superior de Policía de Asturias. Carretero se encontraba de vacaciones, jugando al golf en Huelva. No tardó en utilizar el móvil para llamar a José Villar del Saz, entonces comisario jefe de Gijón y responsable de la operación antidroga en el garaje de Toro y Trashorras, para enterarse. Pero tampoco éste estaba al tanto todavía de lo que hacían sus hombres. ¿Quién y por qué avisó a Astarloa? Secreto. El origen del desmedido interés de los mandos -estamos hablando de 2001- por la «operación Pípol» sigue siendo hoy un misterio.

Una información de F. C. publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Perals replica que el tribunal «difícilmente pudo valorar las pruebas negadas porque ni las miró»

El fiscal afirma que su objetivo era «buscar la verdad histórica», y el juez matiza que rechazó los documentos, entre ellos el informe que vincula a Toro y a Trashorras con dinamita, por «improcedentes, impertinentes, innecesarios y extemporáneos»

Gijón. El malestar mueve ficha. El presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, Bernardo Donapetry, matizó ayer que la razón por la que anteayer, lunes, rechazó las nuevas pruebas presentadas por el fiscal José Perals -entre ellas, un informe que vincula a Toro y a Trashorras con la tenencia de dinamita- es que se trata de cuestiones «improcedentes, extemporáneas, impertinentes e innecesarias» y que podrían poner en peligro el derecho de los acusados a ser juzgados por un tribunal imparcial. Perals, que presentó una «respetuosa protesta» a los motivos alegados por el magistrado, replicó a la Sala que «difícilmente» pudo valorar las pruebas presentadas «porque ni siquiera llegó a examinarlas o verlas, al contrario de lo que hizo con uno de los abogados de la defensa», que igualmente aportó un documento de última hora y, sin embargo, sí fue aceptado por el tribunal.

El fiscal especial antidroga rebatió -apoyándose en ocasiones en jurisprudencia del Tribunal Supremo- cada uno de los adjetivos utilizados por Donapetry e insistió en que se trata de pruebas «perfectamente válidas» desde el punto de vista procedimental. Entre ellas se encuentra un informe pericial elaborado por el laboratorio químico toxicológico de la Comisaría General de la Policía Científica en el que figura que la muestra recogida el 25 de julio de 2005 en el garaje que Antonio Toro Castro compartía con su cuñado Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», en Avilés, era dinamita. Se trata del único documento escrito que deja constancia de este hecho, fechado el 30 de agosto de 2004, a los tres años de la «Operación Pípol» y sólo cinco meses después de los atentados de Madrid. Hasta ahora únicamente se contaba con la declaración -oral- de los policías y el tedax que encontraron el material. «Al ministerio fiscal», continuó Perals, «le cuesta entender los motivos» del rechazo y destacó que el «verdadero objetivo del procedimiento es conocer la verdad histórica. Ninguna de las pruebas solicitadas se refiere a procedimientos anteriores -en clara alusión al 11-M-, sino a hechos ocurridos en 2001».

Perals descartó además que la inclusión de las pruebas ponga en peligro la imparcialidad del tribunal para juzgar. «Ésta», afirmó, «se presume y no se pone en duda». El fiscal calificó las pruebas presentadas (dos documentales y dos periciales) de «aclaratorias, pertinentes y necesarias» y justificó nuevamente la tardanza en la presentación. En el caso concreto del informe, que incluye tres fotografías de los cartuchos incautados y los detonadores, reiteró que la fiscalía tuvo conocimiento de su existencia el pasado sábado.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


José ¿Luis? Suárez Trashorras

Gijón. ¿Alguien sospechaba que, a estas alturas, alguien no conocía a José Emilio Suárez Trashorras? Quizás no. Lo cierto es que ayer, durante el juicio por la «Pípol», una curiosa confusión llevó a uno de los abogados a llamar al avilesino José Luis Suárez Trashorras. Hubo caras de sorpresa en la sala, y alguna más de sorna.

La misteriosa carpeta

Y, para cara de sorpresa, la que le quedó al propio Suárez Trashorras cuando el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, ordenó que le quitaran una carpeta que su letrado, Gerardo Turiel de Castro, le entregó al final del juicio. «Esa carpeta, por favor, que la coja el abogado. No le dejarán entrar con ella en Villabona», dijo el juez.

Avería que vale cárcel

En una jornada más relajada, donde todo seguía el patrón del primer día (pero con mucha menos gente alrededor) hubo incluso quien llegó al juicio con media hora de retraso. A uno de los acusados, Pedro J. C. y a su letrado, una avería en el coche con el que se desplazaban a Gijón les dejó «tirados» en la carretera. Una vez en el juicio, recibieron la reprimenda del presidente, Donapetry, que les exigió puntualidad para la sesión de hoy. De hecho, el ministerio fiscal ya había incluso solicitado la suspensión del juicio para el acusado y su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Tras las explicaciones pertinentes, la petición fue retirada y el juicio continuó su curso. «No vamos a tener tanta paciencia en otra ocasión», sentenció Donapetry.

Déjele que se «explaye»

El magistrado Bernardo Donapetry permitió ayer que uno de los acusados, David G. D., hablara y hablara, sin apenas dejar que interviniera el ministerio fiscal. «Déjele que se explaye», dijo el presidente del tribunal a José Perals cuando éste le pidió que «parara» al joven. «Ya que me solté un poco...», dijo éste. «Es que estoy nervioso porque llevo esperando mucho tiempo este momento para poder explicarme». El acusado, para el que el fiscal pide doce años, negó todas las acusaciones de Perals, a quien volvió a dirigirse: «Es que usted ve droga en todas partes», dijo. «¿Hablo de ruedas? Usted ve droga. Ye como si crees que tu novia está engañándote. Sólo ves cuernos». Carcajada.

Toro, en pie

Fue en esta segunda sesión del juicio en la que los nombres de Antonio Toro y Suárez Trashorras -que declarará hoy- comenzaron a salir a la luz. Toro incluso fue requerido para que se pusiera en pie y pudiera ser así identificado por otro de los acusados, el gallego Marcos B. M. No hubo éxito: «No es el que me enseñaron en la Comisaría en fotos», dijo.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro niega la versión de Lavandera y afirma que nunca le mostró la dinamita ni la llevó en su maletero

El juez y las defensas impiden de nuevo al fiscal tratar de demostrar la relación del 'caso Pipol' con la trama de los explosivos empleados en los atentados del 11-M El abogado de Trashorras protesta por la «indefensión» en que se encuentra el ex minero avilesino

GIJÓN. «-¿Había más cosas en ese garaje a parte de dinamita y hachís?

-Sí, cajas y trastos. No sé.

-¿Con qué llaves entró la Policía en ese garaje?

-Con las llaves de José Ignacio Fernández Díaz (Nayo). Yo nunca accedí a él por mi cuenta. El hachís lo guardó él.

-¿Alguna vez tuvo conocimiento de la existencia de esa dinamita con anterioridad al 25 de julio de 2001?

-No nunca.

--¿Se la mostró a alguna persona en el maletero de su coche?

-Nunca.

-¿Traficó usted alguna vez con dinamita antes de su detención el 25 de julio de 2001?

-Nunca».

El de Antonio Toro Castro fue un interrogatorio conciso y muy directo. Su abogada María Teresa Suárez trató así de desvincular a su cliente con todo lo relacionado con la dinamita. A Toro, además, le sirvió para negar la versión del ex testigo protegido Francisco Javier Lavandera Villazón de que había mostrado el maletero de su coche lleno de explosivos, tal y como en su día denunció Lavandera.

El avilesino, uno de los asturianos imputados en los atentados del 11-M, declaró ayer en el juicio que se sigue por el 'caso Pipol', en Gijón, que «nunca», antes de que la Policía procediera al registro de su cochera, había visto dinamita en su interior. A preguntas de su abogada María Teresa Suárez, Toro recordó que «en esa cochera había muchas cajas con trastos que no eran míos, como tampoco lo era la dinamita porque yo ni siquiera sabía que estaba allí».

La cochera a la que hace referencia es el trastero que Toro tenía alquilado en el número 5 de la calle de Eloy Fernández Caravera, de Avilés, con su ex cuñado José Emilio Suárez Trashorras, el principal imputado en el 11-M, y José Ignacio Fernández 'Nayo', otro de los encausados en la 'operación Pipol', que se encuentra en paradero desconocido. En ese lugar se produjo uno de los registros policiales llevados a cabo en el marco de este operativo. Fue el 25 de julio de 2001 y en su interior la Policía encontró 54 kilos y medio de hachís, 16 cartuchos de dinamita y 94 detonadores. Desde el primer momento, Toro se responsabilizó del alijo de 'chocolate', pero siempre negó su relación con la 'goma-2'. Ayer volvió a insistir en esa idea. «Yo no sabía que estaba ahí», dijo después de negarse a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal. Con su negativa a reconocer el fin último de esa dinamita, Toro insinuó que su ex cuñado Trashorras o bien su amigo 'Nayo' eran sus propietarios.

De sus respuestas se deduce además el relato de los hechos sucedidos en la cochera el día de autos. Según explicó, acompañó a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a hacer el registro después de que le interceptaran a la entrada del garaje. En el momento de su detención no se le incautaron las llaves del trastero ya que, tal y como aseguró, «las tenía 'Nayo'. Yo nunca las tuve». Es más, Toro aseveró que fue 'Nayo' quien guardó el hachís en ese cuarto del garaje donde posteriormente se halló la dinamita.

A preguntas de la letrada, Toro también comentó que las 117.000 pesetas que entonces le fueron aprehendidas eran «para pagar un embrague que tenía que comprar en Recambios del Norte», ya que en aquél entonces su única actividad laboral conocida era la compraventa de vehículos de segunda mano.

También matizó que en ese momento no tenía licencia para dedicarse a esa actividad, motivo por el cual en su primera declaración ante el juez instructor del caso aseguró que «no trabajaba en nada. De hecho cuando salí de la cárcel me saqué la licencia y adquirí un local para seguir dedicándome a eso».

Preguntas sin respuesta

Quedaron sin embargo en el aire todas las preguntas previstas por el fiscal del juicio, José Perals, quien ayer volvió a comprobar cómo las estrategias diseñadas por los letrados de las defensas y la postura del presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, le impedían tratar de demostrar la vinculación del alijo de dinamita incautado en la 'operación Pipol' con la trama asturiana de los explosivos del 11-M.

A pesar de que no pudo formular las más de un centenar de preguntas que tenía previstas quiso que quedara constancia de ellas en el acta del juicio y procedió a su lectura durante un cuarto de hora. Perals quería saber, entre otras cosas, si Toro conocía la situación de jubilado de la mina de su cuñado Trashorras y si éste tenía acceso fácil a explosivos y a qué tipo de dinamita en concreto. También pretendía preguntar si sabía qué dinamita se empleaba en la explotación minera para la que trabajó Suárez Trashorras, si conoció al marroquí Rafá Zouhier y si entre ambos hubo algún tipo de rencilla o similar.

La acusación pública pretendía además aclarar las circunstancias en que Toro conoció al testigo protegido del 11-M Francisco Javier Lavandera Villazón, quien precisamente le denunció ante la Policía y la Guardia Civil por haberle ofrecido dinamita para su posterior tráfico en el mercado ilegal. Lavandera había alertado a las Fuerzas de Seguridad porque, según dijo, había visto el maletero del coche de Toro lleno de 'goma 2' y de detonadores. Sobre ese punto fue preguntado por su abogada y Toro negó rotundamente haber mostrado «nunca» dinamita a nadie.

A pesar de ello, Perals recogía en su interrogatorio numerosas preguntas tendentes a buscar la clave de esa relación: «¿Vendió usted un vehículo 'Saab 9000' a Francisco Javier Lavandera Villazón? ¿Hablaba con Lavandera cuando dice que le tengo que llevar una cosa a Pamela? ¿Era ésta, Pamela, una chica del Horóscopo? ¿Es Lavandera quien le indica el camino para llegar hasta su domicilio en una de las conversaciones telefónicas? ¿Qué tipo de tratos hacía con Lavandera? ¿Es cierto que pretendía vender un perro bulldog a lavandera?...

En su interrogatorio Perals hace numerosas alusiones a las escuchas telefónicas efectuadas por la Policía. Cuestiones relativas al «encriptado lenguaje» que los entonces sospechosos empleaban en sus conversaciones para referirse a temas sencillos y que siempre según el fiscal pretendían evitar que fueran comprendidos por la Policía en caso de ser escuchados por pinchazo telefónico.

Tras la declaración de Toro, el abogado de Trashorras manifestó su protesta por «la indefensión en que se encuentra mi cliente» al no poder preguntarle sobre las cuestiones del fiscal en las que hizo alusión al ex minero avilesino.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro de actitud mansa

Tranquilo, con voz tenue, a caballo entre la seriedad y una media sonrisa, el avilesino muestra una imagen distinta a la esperada

GIJÓN. Vestido con camisa de cuadros, vaqueros y unas relucientes botas de trekking, la imagen apacible y por momentos sonriente de Antonio Toro sentado frente al juez dista mucho del rostro tenso y más agresivo que delataban las fotografías tomadas en sus entradas y salidas de prisión, tras ser detenido por el 11-M. El pelo corto, casi rasurado, ha dejado paso a un cabello más prominente que da paso a un rostro pálido, quizás por el prolongado tiempo que ya ha pasado en la cárcel.

Recostado en la silla, moviendo ambas piernas en un tic de impaciencia que contrasta con su aparente tranquilidad, Toro escucha las preguntas del fiscal, a las que no responde, sin inquietarse. Sólo la mención a la dinamita rompe el letargo, con un gesto automático de la mano hacia el rostro que dura un segundo.

La voz de su abogada atrae a Toro hacia delante, buscando un contacto visual. Sus manos permanecen entrelazadas, esposadas, después de que los policías rechazasen su retirada. «Sí, riesgo de fuga, con tantos policías alrededor...», lamenta, irónico, el padre de Trashorras, desde la primera fila de bancos reservados al público. Son los únicos familiares presentes en la sala, dado que los padres de Toro prefieren mantenerse al margen aunque lo visitan a diario en Villabona

Toro, voz tenue y respuestas breves, atiende a los requerimientos de su defensa. «No, no, no, no...», repite a muchas de las preguntas. Lleva unos 20 minutos sentado cuando, cansado de la postura, se deja caer sobre uno de los costados de la butaca.

La comparecencia no se prolonga mucho más de media hora. Antonio Toro, con rostro satisfecho, vuelve a su lugar entre el resto de acusados. Una sonrisa, algún breve comentario, mientras el magistrado, con tono firme, desaloja la sala.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El principal imputado por tráfico de drogas asegura no conocer a Toro y Trashorras

El supuesto cabecilla se retracta de su primera declaración, cuando identificó en una fotografía al cuñado del ex minero avilesino La Fiscalía pidió prisión provisional para un imputado que se retrasó por culpa de una avería en su vehículo

GIJÓN. M. B. M., el supuesto cabecilla que dirigía desde Galicia la red de tráfico de drogas que operaba en Asturias, aseguró ayer no conocer a Jose Emilio Suárez Trashorras ni a Antonio Toro, también implicados por la Fiscalía en la 'operación Pipol'. El acusado reiteró un contundente «no» cuando su abogado defensor, el único al que permitió hacer preguntas, le planteó si tenía algún tipo de vinculación con el ex minero avilesino o con su cuñado. M. B. M. se retractó además de sus declaraciones iniciales, en las que había identificado a Toro a través de una fotografía, y afirmó que «no me suena de nada» cuando se le instó a reconocerlo en el transcurso del juicio.

En una escueta declaración, el encausado negó todos los planteamientos formulados por el fiscal, José Perals, tanto en lo relativo a supuestos viajes a Madrid en avión -«nunca había ido en avión», dijo- como sobre otros desplazamientos al sur de España o al norte de África. Asimismo, indicó que no interviene en ninguna de las llamadas registradas por la Policía y que la Fiscalía utiliza como pruebas incriminatorias en la causa.

Tensión

El testimonio de M. B. M., uno de los más relevantes de la segunda sesión del juicio, estuvo precedido por una fuerte polémica en torno al retraso en acceder a la sala de uno de los imputados y de su abogado. El fiscal, de hecho, llegó a pedir prisión provisional sin fianza en caso de que P. J. C. M. no se presentase. Tanto el encausado como su letrado se presentaron poco tiempo más tarde alegando una avería como causa de la demora, escuchando a continuación una reprimenda del presidente de la sala, Bernardo Donapetry, que advirtió al resto de los acusados con «no tener tanta paciencia» ante la hipotética repetición de este episodio.

La sesión estuvo asimismo marcada por un intenso interrogatorio a otros dos presuntos implicados, D. G. D. y F. J. A. S., que fueron detenidos en el año 2001 en Navia en el marco de una amplia operación policial que concluyó con la incautación de dos kilos de cocaína.

Acusación mutua

Ayer, ambos imputados se acusaron mutuamente de ser los responsables del traslado de aquella droga desde Galicia. D. G. D. alegó que se había desplazado con F. J. A. S. a Cambados con la intención de realizar un trabajo vinculado con la publicidad y negó haber recogido allí ningún tipo de estupefaciente. F. J. A. S., por contra, precisó que acompañó al otro encausado a Cambados «para hacerle un favor» y que éste desapareció veinte minutos para realizar una gestión. A partir de ahí, F. J. A. S. señaló que el siguiente paso fue la detención en Navia, cuando apareció la cocaína en el coche que ambos ocupaban.

La segunda sesión del 'caso Pipol' recogió además las palabras de la mujer del policía local de San Martín del Rey Aurelio que, según el fiscal, dirigía la distribución de droga en Asturias. S. G. R. alegó que desconocía las actividades de su marido y dijo que en el momento de su detención estaba a punto de dejar a L. C. G, al que ya había denunciado por maltrato. El dinero que se localizó en su hogar, alegó, «era para irme de casa».

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Donapetry avisa al fiscal de que sus nuevas pruebas son «improcedentes, innecesarias impertinentes y parciales»

«Mi objetivo no es otro que averiguar la verdad histórica sobre el caso», afirma José Perals durante la vista oral

GIJÓN. Improcedentes, extemporáneas, impertinentes, innecesarias y parciales. Esos fueron los cinco razonamientos esgrimidos por el juez Bernardo Donapetry en la reapertura ayer del juicio por el 'caso Pipol' para matizar su actuación del día anterior cuando rechazó incluir en el sumario nuevas pruebas aportadas por el Ministerio Fiscal.

Estas pruebas consistían en un informe pericial sobre un trozo de dinamita encontrado en el garaje de los avilesinos Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, y en la solicitud de incluir en los turnos de declaraciones a dos peritos expertos en explosivos y dos médicos forenses de la Audiencia Nacional cuyo testimonio permitiría probar que Suárez Trashorras es imputable y su esquizofrenia no le impide ser responsable de sus actos. Según Perals, quien insistió en la idoneidad de incluir esas pruebas en el sumario, «mi objetivo no es otro que averiguar la verdad histórica del caso» y «mi imparcialidad se presume y no se pone en duda».

Sin embargo, el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias no admitió a trámite esas pruebas periciales y testificales. También se negaron a su inclusión la mayor parte de los abogados de las defensas.

Ayer, después de comprobar la repercusión mediática de ese rechazo, Donapetry aclaró con argumentos jurídicos su postura. Por un lado explicó que las pruebas eran «improcedentes porque no se pueden practicar otras pruebas distintas a las que aparecen en el escrito de calificación» y de hacerlo las excepciones son muy restrictivas y sólo se refieren a pruebas aclaratorias sobre una testifical. Además dijo que eran «extemporáneas, porque son muy anteriores al escrito de calificación»; «impertinentes, porque no son admisibles pruebas de otro proceso y menos si sigue en curso y no ha sido juzgado»; «innecesarias», porque este caso ya cuenta con testigos propios y suficientes e «imparciales» porque faltan al respeto de los procesados a contar para su defensa con un tribunal imparcial y de otro modo habría que ofrecer a las defensas la inclusión del mismo bloque de pruebas.

Tras escuchar estos razonamientos jurídicos, el fiscal Antidroga de Asturias procedió a rebatirlos. Dijo que las pruebas solicitadas eran procedentes porque en la jurisprudencia aparecen casos de inclusión de nuevas pistas al comienzo del juicio oral y pertinentes y necesarias porque «difícilmente se puede probar lo contrario si no se han llegado examinar».

Sobre el retraso que se produjo a la hora de adjuntar al sumario del 'caso Pipol' el informe de Toxicología de la dinamita aseguró que fue pedido el 30 de agosto de 2004, pero no se conocieron los resultados que prueban que efectivamente era dinamita hasta el 25 de septiembre de 2006, «mucho después de que el escrito de acusación estuviera cerrado».

También aseguró que el informe sobre los forenses que examinaron a Trashorras es posterior a ese escrito y data del 25 de septiembre de 2005.

Presidente Tribunal

Bernardo Donapetry preside la Sección Octava de la Audiencia Provincial desde 2002 procedente de la Sección Tercera. No será el encargado de redactar la sentencia final del 'caso Pipol' sino la magistrada Alicia Serrano. También forma parte de la sala Francisco Pallicer Mercadal. Un voto en contra de cualquiera de los tres abre la posibilidad de plantear un recurso ante el Supremo.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Próxima escala: 'Pipol'

Arcos, rayos X... El acceso al juzgado se parece al control de un aeropuerto, del que no se libran ni los 'abogados estrella'

GIJÓN. Señoras y señores, pasen de forma ordenada bajo los arcos de seguridad y dejen sus pertenencias a un lado para que puedan ser revisadas antes de seguir su camino». La frase se podría escuchar hoy en día en cualquier aeropuerto del planeta, sobre todo a raíz de las fuertes medidas de vigilancia establecidas después de los atentados del 11-S, que convierten cualquier viaje en avión en una aventura inesperada. Pero esta expresión en concreto también puede aplicarse sin problemas a los juzgados de Gijón que se encargan del 'caso Pipol'. Entrar cada mañana a la sala donde se desarrollan las sesiones obliga a pasar bajo un arco de seguridad y una máquina de rayos X que radiografía bolsas y maletines, un proceso del que no se libran ni siquiera los abogados más conocidos del Principado que representan a algunos de los imputados.

«Esto no es habitual, lo normal es que los abogados entren y salgan del edificio sin ningún tipo de restricción», comentaba ayer a este respecto uno de los letrados que deambulaban por los pasillos del palacio de justicia. La meticulosidad del proceso, que lleva en muchos casos a los agentes a abrir los bolsos de los asistentes para comprobar minuciosamente su contenido, genera minutos antes del comienzo de cada sesión largas colas en las puertas de acceso. La situación se agrava con la llegada de los fotógrafos y los cámaras de televisión, que con sus pesados y voluminosos equipos a cuestas hacen sudar de lo lindo a los sufridos funcionarios de la Policía Nacional que se encargan de la vigilancia. Todo el proceso, sin embargo, se zanja con eficacia y sin mayores problemas.

Antidisturbios

El refuerzo de la seguridad se extiende al exterior del juzgado y a la sala que preside el magistrado Bernardo Donapetry. A primera hora de la mañana de ayer, incluso antes de que comenzaran a llegar los imputados e incluso los madrugadores periodistas, cinco furgonetas de la policía custodiaban con celo la entrada, con más de una decena de agentes de la unidad de antidisturbios diseminados por la zona. Gorras caladas, espaldas anchas y porras a la cintura disuadían a cualquier potencial elemento agresor de aproximarse al tribunal.

Una vez superada la barrera azul marino situada a pie de calle, queda por atravesar el siguiente escollo: los ya citados arcos de seguridad. Abogados, periodistas, imputados y familiares asumen ya con resignación la espera, que se repite cuando el magistrado decreta un parón momentáneo en la sesión y la mayoría de los asistentes salen a la calle a consumir el inevitable cigarrillo o un reconfortante café en el bar de enfrente. Otros, que acuden al juzgado por causas del todo ajenas a la 'operación Pipol', tuercen con disimulo el gesto y se someten al infalible escrutinio de los aparatos electrónicos.

Esposados

Una vez en la sala, la vigilancia es también extrema. Dos agentes regulan el acceso y otra decena forma un cordón invisible en torno a los 20 imputados, varios de los cuales -entre ellos Toro y Trashorras- permanecen esposados al encontrarse en prisión. Esposas de las que, por otro lado, no podrán zafarse durante todo el juicio, contrariamente a lo reclamado por las defensas, después de que el jefe de la unidad policial dejase bien claro que «razones de seguridad» lo desaconsejan.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Toro cierra la puerta” por Juan Neira

Continúa la vista oral del 'caso Pipol' en los juzgados de Gijón. De la segunda jornada del juicio cabe destacar las valoraciones encontradas entre el presidente de la sala y el fiscal sobre el carácter pertinente de unas pruebas que aparecieron posteriormente a cerrarse el sumario. El fiscal considera que deben ser tenidas en cuenta, mientras que el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, Bernardo Donapetry, asegura que son «improcedentes, extemporáneas, innecesarias y parciales». De seguir el criterio del fiscal, José Perals, se abriría la puerta a mostrar como evidencia judicial la existencia de una cierta trama asturiana, mientras que el criterio del presidente de la sala lleva a considerar el 'caso Pipol', como algo que tiene existencia propia y separada de cualquier otro proceso.

En la segunda jornada de la vista oral le tocó declarar a Antonio Toro, cuñado de la principal estrella del banquillo de los acusados, José Emilio Suárez Trashorras. En la contestación a las preguntas incluyó una manifestación de gran interés al decir que nunca llevó dinamita en el maletero ni mostró nada de esa naturaleza a nadie. Una rotunda negativa al testimonio de Lavandera, que fue filtrado a sus superiores por el agente de la Guardia Civil, Jesús Campillo. Hoy está previsto que declare José Emilio Suárez Trashorras, y el día ocho de noviembre lo hará Lavandera. Veremos si aparecen contradicciones entre las declaraciones de unos y otros, porque este es un asunto clave.

Que unos terroristas islamistas hubiesen tenido acceso a un chamizo en el occidente asturiano, y se hubieran hecho con ciertas cantidades de explosivos, es alarmante, pero bien pudiera quedar atemperada esa valoración por la práctica tradicional de realizar pequeños hurtos de dinamita en explotaciones mineras para usos domésticos, como explosiones para desbrozar caminos, etcétera. La historia de Trashorras y Toro se complicó con el testimonio de Lavandera, realizado a un agente de la Guardia Civil, cuando todavía faltaban años para que sucediera el atentado del 11-M. Lavandera aseguró que le habían enseñado el maletero del coche lleno de dinamita. Antonio Toro cerró la puerta a ese precipicio.

Publicado por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Blog alojado en ZoomBlog.com