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El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (25 de octubre de 2006): Declara Antonio Toro

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

Antonio Toro: «La dinamita del garaje no era mía; yo ni siquiera tenía las llaves para entrar»

El avilesino asegura que nunca «antes de ser detenido por la "operación Pípol"» compró, vendió o portó explosivos ni se los mostró a persona alguna. «La dinamita no era mía; yo ni siquiera tenía las llaves para entrar». Antonio Toro se desmarcó así ayer de las acusaciones vertidas por el fiscal José Perals, quien sostiene que el material explosivo encontrado en 2001 en el garaje de Avilés lo tenía almacenado para venderlo después. El joven aseguró que nunca antes de su detención en la «operación Pípol», en julio de 2001, compró, vendió o transportó dinamita, en contra de lo que sostiene el testigo Lavandera. El juicio, en el que ayer cuatro de los acusados reconocieron los cargos que presentó contra ellos el fiscal, continuará hoy con la declaración de José Emilio Suárez Trashorras.

Gijón. Antonio Toro (Avilés, 1977), acusado de tráfico de drogas y explosivos en la «operación Pípol» y procesado por los atentados del 11 de marzo, aseguró ayer en Gijón que nunca «con anterioridad al 25 de julio de 2001 -fecha en la que fue detenido por la investigación en Asturias-» compró, vendió o portó dinamita en su coche o se la mostró a alguna persona. Su declaración fue meteórica, por la rapidez: el joven se negó a responder a las preguntas del fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, y sólo lo hizo a las planteadas por su defensa, representada por la abogada María Teresa Suárez.

Fue la propia letrada la que, por dos veces consecutivas, puso el matiz de «con anterioridad al 25 de julio de 2001» en sus preguntas, probablemente para desvincular al joven del proceso abierto contra él por el 11-M, donde está procesado por tráfico y transporte o suministro de explosivos junto a su todavía cuñado José Emilio Suárez Trashorras. Con idéntica coletilla en cuanto a las fechas, aseguró que tampoco nunca compró, vendió o almacenó cocaína.

Cuando ya parecía que la sesión iba a finalizar -era cerca de la una y media de la tarde-, el presidente de la sección octava de la Audiencia Provincial, Bernardo Donapetry, llamó a declarar a Antonio Toro. El joven, con 29 años casi recién estrenados y con un aspecto menos apabullante de lo que aparenta en la ya amplia galería de fotografías suyas publicada, se acercó a la silla de los acusados esposado y flanqueado por dos policías. Su versión no sonó a nuevo: ya se había dicho y plasmado en papel en varias ocasiones. Ayer, la novedad era sólo escucharle.

Dejaba construir frases e interrogantes a su abogada, que prácticamente él se limitaba a zanjar con unos escuetos «sí» o «no». Explicó que, cuando se desarrolló la «operación Pípol», en 2001, él se dedicaba a la compraventa de coches usados. No tenía licencia. Por eso, dijo, «en la declaración en el Juzgado dije que no tenía ingresos de ningún tipo y que no realizaba ninguna actividad. En el momento en que salí de prisión -actualmente está de nuevo encarcelado por el 11-M-, saqué el permiso y adquirí un local».

El interrogatorio llegó por fin a la fecha en la que fue detenido, el 25 de julio de 2001. Ese día, el Cuerpo Nacional de Policía encontró en un garaje que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo» (huido de la justicia), y Suárez Trashorras 54 kilos y medio de hachís de distintas purezas, 16 cartuchos de dinamita industrial goma-2 Eco, de una medida de 26 por 200 milímetros cada uno, y 94 detonadores eléctricos industriales. La dinamita, explicó, «apareció en una esquina del garaje. Desde el primer momento dije que no sabía que estaba allí y que no tenía nada que ver con ella. No era de mi propiedad». También había «unas cajas con trastos», añadió.

El joven avilesino explicó que los agentes de Policía que realizaron el registro entraron en el garaje «con unas llaves que José Ignacio Fernández tenía en el coche».

-¿No tenía usted llaves del garaje?, le contrapreguntó su abogada.

-No -dijo-, sólo tenía las de mi casa. Yo nunca tuve llaves de ese local. Nunca accedí a él por mi cuenta.

-Entonces, el hachís que encontró la Policía, ¿cómo llegó allí?

-Porque se lo di a José Ignacio para que me lo guardara.

Según el fiscal, que pide para Toro 17 años y medio de prisión por tráfico de drogas y explosivos, Toro trabajaba para el gallego Marcos B. M. y era el encargado de transportar la misma de Galicia a Asturias por carretera. También, según la fiscalía, hacía «funciones de vigilancia» en los viajes al Sur para adquirir hachís. Perals afirma que para él trabajaban a su vez Trashorras y Nayo.

Según el fiscal, los tres se dedicaban además a la venta de cartuchos de dinamita goma-2 Eco. En concreto, explica, en el verano de 2001, Toro y Trashorras le ofrecieron dinamita en, al menos, tres ocasiones a Francisco Javier Lavandera, testigo del 11-M y entonces portero del club Horóscopo. Perals sostiene que Antonio Toro llegó a enseñarle a este último dinamita «en perfecto estado de uso y conservación» en el centro de Gijón, cuando la trasladaba en el maletero de su vehículo.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El infructuoso cuestionario del fiscal

El fiscal José Perals, ante la negativa de Toro a responderle a sus preguntas, únicamente pudo enumerar, una a una, las cuestiones que tenía preparadas -para que quede constancia de ellas- sobre su relación con el resto de acusados en el proceso, las conversaciones «pinchadas» por la Policía o su supuesta relación con tráfico de hachís y de explosivos. Éstas son algunas de las preguntas formuladas:

- ¿A qué se dedicaba en 2001? ¿Conocía a Trashorras? ¿Cuándo le conoció y por qué motivo?

- ¿Sabía si Trashorras estaba jubilado de la mina o le consta si tenía acceso a explosivos? ¿Sabía si ese explosivo era dinamita?

- ¿Conocía a Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», y a Marcos B. M. (su presunto «jefe» gallego)? ¿Actuaba a las órdenes de Marcos?

- ¿Es su cumpleaños el 13 de junio? Ese día recibió numerosas llamadas de felicitación (lo que podría servir para identificarle en las conversaciones), entre ellas la de su hermana Carmen, que le preguntó si iba ya para Galicia. ¿Por qué se enfadó y le dice que no hace falta que diga adónde va?

- (Le da un número de teléfono) ¿Era usted quien lo usaba? Desde él llamó a ADA y dio sus datos personales (nueva posible identificación). En otra ocasión da hasta sus datos bancarios, y en otra dice: «Soy Toro», y habla de dinero, cantidades y «movidas». ¿Qué movidas?

- ¿Le daba órdenes a Emilio Suárez Trashorras?

- La persona a la que usted llama Fran (en las conversaciones telefónicas grabadas), ¿es Francisco Javier Lavandera Villazón?

- ¿Por qué a finales de junio Lavandera le da instrucciones para que usted pueda llegar a su casa?

- ¿Tenía el garaje alquilado con Trashorras y Nayo? ¿Se guardaban allí hachís, dinamita y detonadores?

- ¿Conoce a Rafá Zouhier? ¿De qué y en qué circunstancia?

- ¿Tenía entre 50 y 100 kilos de dinamita en otro domicilio de Avilés? ¿La guardaba allí? ¿Se la ofreció a Lavandera?

- Estando en prisión, ¿fue a verle Trashorras? ¿Le dio instrucciones sobre la venta de dinamita?

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El sorprendente interés de la cúpula de Interior

Gijón. Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad con el PP, fue alertado de que la Policía asturiana había entrado en un garaje de Avilés donde existían explosivos, la «operación Pípol» ahora juzgada, a los pocos minutos de producirse la operación, según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA de personas conocedoras de aquella intervención. La actuación policial era en aquel momento una más, y en Asturias sorprendió el inusitado e instantáneo interés de la cúpula de Interior por la misma Ni siquiera los explosivos intervenidos habían sido trasladados todavía a la sede del Tedax en Oviedo, ni los máximos mandos policiales de Asturias sabían qué tipo de material se había incautado cuando ya la Jefatura de Madrid estaba al tanto y exigía explicaciones.

Astarloa habló con el entonces comisario general de Información, Jesús de la Morena, y éste llamó con urgencia a Juan Carretero, por aquellas fechas jefe superior de Policía de Asturias. Carretero se encontraba de vacaciones, jugando al golf en Huelva. No tardó en utilizar el móvil para llamar a José Villar del Saz, entonces comisario jefe de Gijón y responsable de la operación antidroga en el garaje de Toro y Trashorras, para enterarse. Pero tampoco éste estaba al tanto todavía de lo que hacían sus hombres. ¿Quién y por qué avisó a Astarloa? Secreto. El origen del desmedido interés de los mandos -estamos hablando de 2001- por la «operación Pípol» sigue siendo hoy un misterio.

Una información de F. C. publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Perals replica que el tribunal «difícilmente pudo valorar las pruebas negadas porque ni las miró»

El fiscal afirma que su objetivo era «buscar la verdad histórica», y el juez matiza que rechazó los documentos, entre ellos el informe que vincula a Toro y a Trashorras con dinamita, por «improcedentes, impertinentes, innecesarios y extemporáneos»

Gijón. El malestar mueve ficha. El presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, Bernardo Donapetry, matizó ayer que la razón por la que anteayer, lunes, rechazó las nuevas pruebas presentadas por el fiscal José Perals -entre ellas, un informe que vincula a Toro y a Trashorras con la tenencia de dinamita- es que se trata de cuestiones «improcedentes, extemporáneas, impertinentes e innecesarias» y que podrían poner en peligro el derecho de los acusados a ser juzgados por un tribunal imparcial. Perals, que presentó una «respetuosa protesta» a los motivos alegados por el magistrado, replicó a la Sala que «difícilmente» pudo valorar las pruebas presentadas «porque ni siquiera llegó a examinarlas o verlas, al contrario de lo que hizo con uno de los abogados de la defensa», que igualmente aportó un documento de última hora y, sin embargo, sí fue aceptado por el tribunal.

El fiscal especial antidroga rebatió -apoyándose en ocasiones en jurisprudencia del Tribunal Supremo- cada uno de los adjetivos utilizados por Donapetry e insistió en que se trata de pruebas «perfectamente válidas» desde el punto de vista procedimental. Entre ellas se encuentra un informe pericial elaborado por el laboratorio químico toxicológico de la Comisaría General de la Policía Científica en el que figura que la muestra recogida el 25 de julio de 2005 en el garaje que Antonio Toro Castro compartía con su cuñado Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», en Avilés, era dinamita. Se trata del único documento escrito que deja constancia de este hecho, fechado el 30 de agosto de 2004, a los tres años de la «Operación Pípol» y sólo cinco meses después de los atentados de Madrid. Hasta ahora únicamente se contaba con la declaración -oral- de los policías y el tedax que encontraron el material. «Al ministerio fiscal», continuó Perals, «le cuesta entender los motivos» del rechazo y destacó que el «verdadero objetivo del procedimiento es conocer la verdad histórica. Ninguna de las pruebas solicitadas se refiere a procedimientos anteriores -en clara alusión al 11-M-, sino a hechos ocurridos en 2001».

Perals descartó además que la inclusión de las pruebas ponga en peligro la imparcialidad del tribunal para juzgar. «Ésta», afirmó, «se presume y no se pone en duda». El fiscal calificó las pruebas presentadas (dos documentales y dos periciales) de «aclaratorias, pertinentes y necesarias» y justificó nuevamente la tardanza en la presentación. En el caso concreto del informe, que incluye tres fotografías de los cartuchos incautados y los detonadores, reiteró que la fiscalía tuvo conocimiento de su existencia el pasado sábado.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


José ¿Luis? Suárez Trashorras

Gijón. ¿Alguien sospechaba que, a estas alturas, alguien no conocía a José Emilio Suárez Trashorras? Quizás no. Lo cierto es que ayer, durante el juicio por la «Pípol», una curiosa confusión llevó a uno de los abogados a llamar al avilesino José Luis Suárez Trashorras. Hubo caras de sorpresa en la sala, y alguna más de sorna.

La misteriosa carpeta

Y, para cara de sorpresa, la que le quedó al propio Suárez Trashorras cuando el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, ordenó que le quitaran una carpeta que su letrado, Gerardo Turiel de Castro, le entregó al final del juicio. «Esa carpeta, por favor, que la coja el abogado. No le dejarán entrar con ella en Villabona», dijo el juez.

Avería que vale cárcel

En una jornada más relajada, donde todo seguía el patrón del primer día (pero con mucha menos gente alrededor) hubo incluso quien llegó al juicio con media hora de retraso. A uno de los acusados, Pedro J. C. y a su letrado, una avería en el coche con el que se desplazaban a Gijón les dejó «tirados» en la carretera. Una vez en el juicio, recibieron la reprimenda del presidente, Donapetry, que les exigió puntualidad para la sesión de hoy. De hecho, el ministerio fiscal ya había incluso solicitado la suspensión del juicio para el acusado y su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Tras las explicaciones pertinentes, la petición fue retirada y el juicio continuó su curso. «No vamos a tener tanta paciencia en otra ocasión», sentenció Donapetry.

Déjele que se «explaye»

El magistrado Bernardo Donapetry permitió ayer que uno de los acusados, David G. D., hablara y hablara, sin apenas dejar que interviniera el ministerio fiscal. «Déjele que se explaye», dijo el presidente del tribunal a José Perals cuando éste le pidió que «parara» al joven. «Ya que me solté un poco...», dijo éste. «Es que estoy nervioso porque llevo esperando mucho tiempo este momento para poder explicarme». El acusado, para el que el fiscal pide doce años, negó todas las acusaciones de Perals, a quien volvió a dirigirse: «Es que usted ve droga en todas partes», dijo. «¿Hablo de ruedas? Usted ve droga. Ye como si crees que tu novia está engañándote. Sólo ves cuernos». Carcajada.

Toro, en pie

Fue en esta segunda sesión del juicio en la que los nombres de Antonio Toro y Suárez Trashorras -que declarará hoy- comenzaron a salir a la luz. Toro incluso fue requerido para que se pusiera en pie y pudiera ser así identificado por otro de los acusados, el gallego Marcos B. M. No hubo éxito: «No es el que me enseñaron en la Comisaría en fotos», dijo.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro niega la versión de Lavandera y afirma que nunca le mostró la dinamita ni la llevó en su maletero

El juez y las defensas impiden de nuevo al fiscal tratar de demostrar la relación del 'caso Pipol' con la trama de los explosivos empleados en los atentados del 11-M El abogado de Trashorras protesta por la «indefensión» en que se encuentra el ex minero avilesino

GIJÓN. «-¿Había más cosas en ese garaje a parte de dinamita y hachís?

-Sí, cajas y trastos. No sé.

-¿Con qué llaves entró la Policía en ese garaje?

-Con las llaves de José Ignacio Fernández Díaz (Nayo). Yo nunca accedí a él por mi cuenta. El hachís lo guardó él.

-¿Alguna vez tuvo conocimiento de la existencia de esa dinamita con anterioridad al 25 de julio de 2001?

-No nunca.

--¿Se la mostró a alguna persona en el maletero de su coche?

-Nunca.

-¿Traficó usted alguna vez con dinamita antes de su detención el 25 de julio de 2001?

-Nunca».

El de Antonio Toro Castro fue un interrogatorio conciso y muy directo. Su abogada María Teresa Suárez trató así de desvincular a su cliente con todo lo relacionado con la dinamita. A Toro, además, le sirvió para negar la versión del ex testigo protegido Francisco Javier Lavandera Villazón de que había mostrado el maletero de su coche lleno de explosivos, tal y como en su día denunció Lavandera.

El avilesino, uno de los asturianos imputados en los atentados del 11-M, declaró ayer en el juicio que se sigue por el 'caso Pipol', en Gijón, que «nunca», antes de que la Policía procediera al registro de su cochera, había visto dinamita en su interior. A preguntas de su abogada María Teresa Suárez, Toro recordó que «en esa cochera había muchas cajas con trastos que no eran míos, como tampoco lo era la dinamita porque yo ni siquiera sabía que estaba allí».

La cochera a la que hace referencia es el trastero que Toro tenía alquilado en el número 5 de la calle de Eloy Fernández Caravera, de Avilés, con su ex cuñado José Emilio Suárez Trashorras, el principal imputado en el 11-M, y José Ignacio Fernández 'Nayo', otro de los encausados en la 'operación Pipol', que se encuentra en paradero desconocido. En ese lugar se produjo uno de los registros policiales llevados a cabo en el marco de este operativo. Fue el 25 de julio de 2001 y en su interior la Policía encontró 54 kilos y medio de hachís, 16 cartuchos de dinamita y 94 detonadores. Desde el primer momento, Toro se responsabilizó del alijo de 'chocolate', pero siempre negó su relación con la 'goma-2'. Ayer volvió a insistir en esa idea. «Yo no sabía que estaba ahí», dijo después de negarse a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal. Con su negativa a reconocer el fin último de esa dinamita, Toro insinuó que su ex cuñado Trashorras o bien su amigo 'Nayo' eran sus propietarios.

De sus respuestas se deduce además el relato de los hechos sucedidos en la cochera el día de autos. Según explicó, acompañó a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a hacer el registro después de que le interceptaran a la entrada del garaje. En el momento de su detención no se le incautaron las llaves del trastero ya que, tal y como aseguró, «las tenía 'Nayo'. Yo nunca las tuve». Es más, Toro aseveró que fue 'Nayo' quien guardó el hachís en ese cuarto del garaje donde posteriormente se halló la dinamita.

A preguntas de la letrada, Toro también comentó que las 117.000 pesetas que entonces le fueron aprehendidas eran «para pagar un embrague que tenía que comprar en Recambios del Norte», ya que en aquél entonces su única actividad laboral conocida era la compraventa de vehículos de segunda mano.

También matizó que en ese momento no tenía licencia para dedicarse a esa actividad, motivo por el cual en su primera declaración ante el juez instructor del caso aseguró que «no trabajaba en nada. De hecho cuando salí de la cárcel me saqué la licencia y adquirí un local para seguir dedicándome a eso».

Preguntas sin respuesta

Quedaron sin embargo en el aire todas las preguntas previstas por el fiscal del juicio, José Perals, quien ayer volvió a comprobar cómo las estrategias diseñadas por los letrados de las defensas y la postura del presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, le impedían tratar de demostrar la vinculación del alijo de dinamita incautado en la 'operación Pipol' con la trama asturiana de los explosivos del 11-M.

A pesar de que no pudo formular las más de un centenar de preguntas que tenía previstas quiso que quedara constancia de ellas en el acta del juicio y procedió a su lectura durante un cuarto de hora. Perals quería saber, entre otras cosas, si Toro conocía la situación de jubilado de la mina de su cuñado Trashorras y si éste tenía acceso fácil a explosivos y a qué tipo de dinamita en concreto. También pretendía preguntar si sabía qué dinamita se empleaba en la explotación minera para la que trabajó Suárez Trashorras, si conoció al marroquí Rafá Zouhier y si entre ambos hubo algún tipo de rencilla o similar.

La acusación pública pretendía además aclarar las circunstancias en que Toro conoció al testigo protegido del 11-M Francisco Javier Lavandera Villazón, quien precisamente le denunció ante la Policía y la Guardia Civil por haberle ofrecido dinamita para su posterior tráfico en el mercado ilegal. Lavandera había alertado a las Fuerzas de Seguridad porque, según dijo, había visto el maletero del coche de Toro lleno de 'goma 2' y de detonadores. Sobre ese punto fue preguntado por su abogada y Toro negó rotundamente haber mostrado «nunca» dinamita a nadie.

A pesar de ello, Perals recogía en su interrogatorio numerosas preguntas tendentes a buscar la clave de esa relación: «¿Vendió usted un vehículo 'Saab 9000' a Francisco Javier Lavandera Villazón? ¿Hablaba con Lavandera cuando dice que le tengo que llevar una cosa a Pamela? ¿Era ésta, Pamela, una chica del Horóscopo? ¿Es Lavandera quien le indica el camino para llegar hasta su domicilio en una de las conversaciones telefónicas? ¿Qué tipo de tratos hacía con Lavandera? ¿Es cierto que pretendía vender un perro bulldog a lavandera?...

En su interrogatorio Perals hace numerosas alusiones a las escuchas telefónicas efectuadas por la Policía. Cuestiones relativas al «encriptado lenguaje» que los entonces sospechosos empleaban en sus conversaciones para referirse a temas sencillos y que siempre según el fiscal pretendían evitar que fueran comprendidos por la Policía en caso de ser escuchados por pinchazo telefónico.

Tras la declaración de Toro, el abogado de Trashorras manifestó su protesta por «la indefensión en que se encuentra mi cliente» al no poder preguntarle sobre las cuestiones del fiscal en las que hizo alusión al ex minero avilesino.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro de actitud mansa

Tranquilo, con voz tenue, a caballo entre la seriedad y una media sonrisa, el avilesino muestra una imagen distinta a la esperada

GIJÓN. Vestido con camisa de cuadros, vaqueros y unas relucientes botas de trekking, la imagen apacible y por momentos sonriente de Antonio Toro sentado frente al juez dista mucho del rostro tenso y más agresivo que delataban las fotografías tomadas en sus entradas y salidas de prisión, tras ser detenido por el 11-M. El pelo corto, casi rasurado, ha dejado paso a un cabello más prominente que da paso a un rostro pálido, quizás por el prolongado tiempo que ya ha pasado en la cárcel.

Recostado en la silla, moviendo ambas piernas en un tic de impaciencia que contrasta con su aparente tranquilidad, Toro escucha las preguntas del fiscal, a las que no responde, sin inquietarse. Sólo la mención a la dinamita rompe el letargo, con un gesto automático de la mano hacia el rostro que dura un segundo.

La voz de su abogada atrae a Toro hacia delante, buscando un contacto visual. Sus manos permanecen entrelazadas, esposadas, después de que los policías rechazasen su retirada. «Sí, riesgo de fuga, con tantos policías alrededor...», lamenta, irónico, el padre de Trashorras, desde la primera fila de bancos reservados al público. Son los únicos familiares presentes en la sala, dado que los padres de Toro prefieren mantenerse al margen aunque lo visitan a diario en Villabona

Toro, voz tenue y respuestas breves, atiende a los requerimientos de su defensa. «No, no, no, no...», repite a muchas de las preguntas. Lleva unos 20 minutos sentado cuando, cansado de la postura, se deja caer sobre uno de los costados de la butaca.

La comparecencia no se prolonga mucho más de media hora. Antonio Toro, con rostro satisfecho, vuelve a su lugar entre el resto de acusados. Una sonrisa, algún breve comentario, mientras el magistrado, con tono firme, desaloja la sala.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El principal imputado por tráfico de drogas asegura no conocer a Toro y Trashorras

El supuesto cabecilla se retracta de su primera declaración, cuando identificó en una fotografía al cuñado del ex minero avilesino La Fiscalía pidió prisión provisional para un imputado que se retrasó por culpa de una avería en su vehículo

GIJÓN. M. B. M., el supuesto cabecilla que dirigía desde Galicia la red de tráfico de drogas que operaba en Asturias, aseguró ayer no conocer a Jose Emilio Suárez Trashorras ni a Antonio Toro, también implicados por la Fiscalía en la 'operación Pipol'. El acusado reiteró un contundente «no» cuando su abogado defensor, el único al que permitió hacer preguntas, le planteó si tenía algún tipo de vinculación con el ex minero avilesino o con su cuñado. M. B. M. se retractó además de sus declaraciones iniciales, en las que había identificado a Toro a través de una fotografía, y afirmó que «no me suena de nada» cuando se le instó a reconocerlo en el transcurso del juicio.

En una escueta declaración, el encausado negó todos los planteamientos formulados por el fiscal, José Perals, tanto en lo relativo a supuestos viajes a Madrid en avión -«nunca había ido en avión», dijo- como sobre otros desplazamientos al sur de España o al norte de África. Asimismo, indicó que no interviene en ninguna de las llamadas registradas por la Policía y que la Fiscalía utiliza como pruebas incriminatorias en la causa.

Tensión

El testimonio de M. B. M., uno de los más relevantes de la segunda sesión del juicio, estuvo precedido por una fuerte polémica en torno al retraso en acceder a la sala de uno de los imputados y de su abogado. El fiscal, de hecho, llegó a pedir prisión provisional sin fianza en caso de que P. J. C. M. no se presentase. Tanto el encausado como su letrado se presentaron poco tiempo más tarde alegando una avería como causa de la demora, escuchando a continuación una reprimenda del presidente de la sala, Bernardo Donapetry, que advirtió al resto de los acusados con «no tener tanta paciencia» ante la hipotética repetición de este episodio.

La sesión estuvo asimismo marcada por un intenso interrogatorio a otros dos presuntos implicados, D. G. D. y F. J. A. S., que fueron detenidos en el año 2001 en Navia en el marco de una amplia operación policial que concluyó con la incautación de dos kilos de cocaína.

Acusación mutua

Ayer, ambos imputados se acusaron mutuamente de ser los responsables del traslado de aquella droga desde Galicia. D. G. D. alegó que se había desplazado con F. J. A. S. a Cambados con la intención de realizar un trabajo vinculado con la publicidad y negó haber recogido allí ningún tipo de estupefaciente. F. J. A. S., por contra, precisó que acompañó al otro encausado a Cambados «para hacerle un favor» y que éste desapareció veinte minutos para realizar una gestión. A partir de ahí, F. J. A. S. señaló que el siguiente paso fue la detención en Navia, cuando apareció la cocaína en el coche que ambos ocupaban.

La segunda sesión del 'caso Pipol' recogió además las palabras de la mujer del policía local de San Martín del Rey Aurelio que, según el fiscal, dirigía la distribución de droga en Asturias. S. G. R. alegó que desconocía las actividades de su marido y dijo que en el momento de su detención estaba a punto de dejar a L. C. G, al que ya había denunciado por maltrato. El dinero que se localizó en su hogar, alegó, «era para irme de casa».

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Donapetry avisa al fiscal de que sus nuevas pruebas son «improcedentes, innecesarias impertinentes y parciales»

«Mi objetivo no es otro que averiguar la verdad histórica sobre el caso», afirma José Perals durante la vista oral

GIJÓN. Improcedentes, extemporáneas, impertinentes, innecesarias y parciales. Esos fueron los cinco razonamientos esgrimidos por el juez Bernardo Donapetry en la reapertura ayer del juicio por el 'caso Pipol' para matizar su actuación del día anterior cuando rechazó incluir en el sumario nuevas pruebas aportadas por el Ministerio Fiscal.

Estas pruebas consistían en un informe pericial sobre un trozo de dinamita encontrado en el garaje de los avilesinos Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, y en la solicitud de incluir en los turnos de declaraciones a dos peritos expertos en explosivos y dos médicos forenses de la Audiencia Nacional cuyo testimonio permitiría probar que Suárez Trashorras es imputable y su esquizofrenia no le impide ser responsable de sus actos. Según Perals, quien insistió en la idoneidad de incluir esas pruebas en el sumario, «mi objetivo no es otro que averiguar la verdad histórica del caso» y «mi imparcialidad se presume y no se pone en duda».

Sin embargo, el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias no admitió a trámite esas pruebas periciales y testificales. También se negaron a su inclusión la mayor parte de los abogados de las defensas.

Ayer, después de comprobar la repercusión mediática de ese rechazo, Donapetry aclaró con argumentos jurídicos su postura. Por un lado explicó que las pruebas eran «improcedentes porque no se pueden practicar otras pruebas distintas a las que aparecen en el escrito de calificación» y de hacerlo las excepciones son muy restrictivas y sólo se refieren a pruebas aclaratorias sobre una testifical. Además dijo que eran «extemporáneas, porque son muy anteriores al escrito de calificación»; «impertinentes, porque no son admisibles pruebas de otro proceso y menos si sigue en curso y no ha sido juzgado»; «innecesarias», porque este caso ya cuenta con testigos propios y suficientes e «imparciales» porque faltan al respeto de los procesados a contar para su defensa con un tribunal imparcial y de otro modo habría que ofrecer a las defensas la inclusión del mismo bloque de pruebas.

Tras escuchar estos razonamientos jurídicos, el fiscal Antidroga de Asturias procedió a rebatirlos. Dijo que las pruebas solicitadas eran procedentes porque en la jurisprudencia aparecen casos de inclusión de nuevas pistas al comienzo del juicio oral y pertinentes y necesarias porque «difícilmente se puede probar lo contrario si no se han llegado examinar».

Sobre el retraso que se produjo a la hora de adjuntar al sumario del 'caso Pipol' el informe de Toxicología de la dinamita aseguró que fue pedido el 30 de agosto de 2004, pero no se conocieron los resultados que prueban que efectivamente era dinamita hasta el 25 de septiembre de 2006, «mucho después de que el escrito de acusación estuviera cerrado».

También aseguró que el informe sobre los forenses que examinaron a Trashorras es posterior a ese escrito y data del 25 de septiembre de 2005.

Presidente Tribunal

Bernardo Donapetry preside la Sección Octava de la Audiencia Provincial desde 2002 procedente de la Sección Tercera. No será el encargado de redactar la sentencia final del 'caso Pipol' sino la magistrada Alicia Serrano. También forma parte de la sala Francisco Pallicer Mercadal. Un voto en contra de cualquiera de los tres abre la posibilidad de plantear un recurso ante el Supremo.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Próxima escala: 'Pipol'

Arcos, rayos X... El acceso al juzgado se parece al control de un aeropuerto, del que no se libran ni los 'abogados estrella'

GIJÓN. Señoras y señores, pasen de forma ordenada bajo los arcos de seguridad y dejen sus pertenencias a un lado para que puedan ser revisadas antes de seguir su camino». La frase se podría escuchar hoy en día en cualquier aeropuerto del planeta, sobre todo a raíz de las fuertes medidas de vigilancia establecidas después de los atentados del 11-S, que convierten cualquier viaje en avión en una aventura inesperada. Pero esta expresión en concreto también puede aplicarse sin problemas a los juzgados de Gijón que se encargan del 'caso Pipol'. Entrar cada mañana a la sala donde se desarrollan las sesiones obliga a pasar bajo un arco de seguridad y una máquina de rayos X que radiografía bolsas y maletines, un proceso del que no se libran ni siquiera los abogados más conocidos del Principado que representan a algunos de los imputados.

«Esto no es habitual, lo normal es que los abogados entren y salgan del edificio sin ningún tipo de restricción», comentaba ayer a este respecto uno de los letrados que deambulaban por los pasillos del palacio de justicia. La meticulosidad del proceso, que lleva en muchos casos a los agentes a abrir los bolsos de los asistentes para comprobar minuciosamente su contenido, genera minutos antes del comienzo de cada sesión largas colas en las puertas de acceso. La situación se agrava con la llegada de los fotógrafos y los cámaras de televisión, que con sus pesados y voluminosos equipos a cuestas hacen sudar de lo lindo a los sufridos funcionarios de la Policía Nacional que se encargan de la vigilancia. Todo el proceso, sin embargo, se zanja con eficacia y sin mayores problemas.

Antidisturbios

El refuerzo de la seguridad se extiende al exterior del juzgado y a la sala que preside el magistrado Bernardo Donapetry. A primera hora de la mañana de ayer, incluso antes de que comenzaran a llegar los imputados e incluso los madrugadores periodistas, cinco furgonetas de la policía custodiaban con celo la entrada, con más de una decena de agentes de la unidad de antidisturbios diseminados por la zona. Gorras caladas, espaldas anchas y porras a la cintura disuadían a cualquier potencial elemento agresor de aproximarse al tribunal.

Una vez superada la barrera azul marino situada a pie de calle, queda por atravesar el siguiente escollo: los ya citados arcos de seguridad. Abogados, periodistas, imputados y familiares asumen ya con resignación la espera, que se repite cuando el magistrado decreta un parón momentáneo en la sesión y la mayoría de los asistentes salen a la calle a consumir el inevitable cigarrillo o un reconfortante café en el bar de enfrente. Otros, que acuden al juzgado por causas del todo ajenas a la 'operación Pipol', tuercen con disimulo el gesto y se someten al infalible escrutinio de los aparatos electrónicos.

Esposados

Una vez en la sala, la vigilancia es también extrema. Dos agentes regulan el acceso y otra decena forma un cordón invisible en torno a los 20 imputados, varios de los cuales -entre ellos Toro y Trashorras- permanecen esposados al encontrarse en prisión. Esposas de las que, por otro lado, no podrán zafarse durante todo el juicio, contrariamente a lo reclamado por las defensas, después de que el jefe de la unidad policial dejase bien claro que «razones de seguridad» lo desaconsejan.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Toro cierra la puerta” por Juan Neira

Continúa la vista oral del 'caso Pipol' en los juzgados de Gijón. De la segunda jornada del juicio cabe destacar las valoraciones encontradas entre el presidente de la sala y el fiscal sobre el carácter pertinente de unas pruebas que aparecieron posteriormente a cerrarse el sumario. El fiscal considera que deben ser tenidas en cuenta, mientras que el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, Bernardo Donapetry, asegura que son «improcedentes, extemporáneas, innecesarias y parciales». De seguir el criterio del fiscal, José Perals, se abriría la puerta a mostrar como evidencia judicial la existencia de una cierta trama asturiana, mientras que el criterio del presidente de la sala lleva a considerar el 'caso Pipol', como algo que tiene existencia propia y separada de cualquier otro proceso.

En la segunda jornada de la vista oral le tocó declarar a Antonio Toro, cuñado de la principal estrella del banquillo de los acusados, José Emilio Suárez Trashorras. En la contestación a las preguntas incluyó una manifestación de gran interés al decir que nunca llevó dinamita en el maletero ni mostró nada de esa naturaleza a nadie. Una rotunda negativa al testimonio de Lavandera, que fue filtrado a sus superiores por el agente de la Guardia Civil, Jesús Campillo. Hoy está previsto que declare José Emilio Suárez Trashorras, y el día ocho de noviembre lo hará Lavandera. Veremos si aparecen contradicciones entre las declaraciones de unos y otros, porque este es un asunto clave.

Que unos terroristas islamistas hubiesen tenido acceso a un chamizo en el occidente asturiano, y se hubieran hecho con ciertas cantidades de explosivos, es alarmante, pero bien pudiera quedar atemperada esa valoración por la práctica tradicional de realizar pequeños hurtos de dinamita en explotaciones mineras para usos domésticos, como explosiones para desbrozar caminos, etcétera. La historia de Trashorras y Toro se complicó con el testimonio de Lavandera, realizado a un agente de la Guardia Civil, cuando todavía faltaban años para que sucediera el atentado del 11-M. Lavandera aseguró que le habían enseñado el maletero del coche lleno de dinamita. Antonio Toro cerró la puerta a ese precipicio.

Publicado por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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