Mélida ratifica ante la juez del bórico que en un informe sobran las opiniones
MADRID. El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro María Mélida, ratificó ayer por la tarde ante la juez Gema Gallego la declaración que prestó el pasado 29 de septiembre ante el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Gallego, titular del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, tramita la querella que la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M interpuso por presunto delito de falsedad contra los mandos de los tres peritos que basaron en el hallazgo de ácido bórico (en manos de ETA en 2001 y en poder de un islamista procesado por el 11-M, en 2004) una hipotética relación entre ETA y los autores de los atentados de Madrid. La misma juez ha acumulado a esta querella las diligencias que practicó Garzón y que concluyeron con la imputación, también por falsedad, de los tres peritos (Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique).
Tras tomar declaración el viernes al inspector-jefe Francisco Ramírez (jefe inmediato de los peritos), la juez ha querido interrogar -también como imputado- al comisario Mélida, superior de aquél.
Mélida fue quien, como responsable máximo de la Comisaría de Policía Científica el 21 de marzo de 2005 (el comisario general no estaba en las dependencias), indicó a Ramírez que las «observaciones» que aparecían en el borrador debían eliminarse. Fuentes jurídicas han explicado a ABC que, como ya hizo ante Garzón, el comisario afirmó ayer ante la juez Gallego que las apreciaciones sobre la posible relación de ETA con los autores del 11-M eran juicios personales que no debían aparecer en un informe científico cuya única finalidad era determinar qué tipo de sustancia era la encontrada en el domicilio del islamista Hassan El Haski. Por esta razón ordenó que se eliminaran del informe antes de su remisión al Servicio de Información (departamento que había solicitado el análisis). No obstante, Mélida sugirió la opción -rechazada por los peritos- de adjuntar al informe las observaciones como «nota informativa interna» por si Información quería investigar en esa línea.
Por otra parte, la juez dictó ayer un auto con el que «deja sin efecto» la personación de la Abogacía del Estado -admitida diez días antes- por «inconcreción». La juez justifica su decisión en la imposibilidad de simultanear, por incompatibles, las condiciones de «perjudicado» y «responsable civil». Ambas habían sido reivindicadas el viernes por la abogada para poder estar presente en la declaración de Ramírez, a la que la juez no le dejó entrar por estar declarado el secreto de las actuaciones. Lo habitual en estos casos es que sólo puedan presenciar las declaraciones secretas el abogado del imputado en cuestión (en este caso Ramírez y Mélida, funcionarios públicos) y el fiscal.
Una información de Nieves Colli publicada por el diario ABC el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |