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30 de Octubre, 2006

200 cintas grabadas por Garzón a los islamistas estaban sin traducir el 11-M

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Negligencias Judiciales

Estuvieron amontonadas sobre una mesa de la UCIE y parte de ellas estaban deterioradas cuando el juez las reclamó en septiembre de 2004. Había charlas telefónicas de 'El Tunecino', 'El Egipcio' y 20 radicales más

MADRID.- Más de 200 cintas de casete apiladas en varios montones sobre una mesa de las dependencias de la Comisaría General de Información, en concreto, en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Todas, pertenecientes a grabaciones realizadas por la Policía con autorización del juez Baltasar Garzón a varios de los implicados en los atentados del 11-M, de Casablanca y de la célula desarticulada cuando trataba, presuntamente, de volar la Audiencia Nacional. Y esas cintas se acumularon en las dependencias policiales meses antes de que se produjera la masacre de Madrid.

Las grabaciones estaban sin traducir porque el único traductor que actuaba para la Policía estaba centrado, al igual que los expertos en la lucha contra el terrorismo internacional, en un ciudadano marroquí asentado en Tarragona y sobre el que se había recibido información de su alta peligrosidad desde Gran Bretaña. Ese ciudadano nunca fue detenido por delitos relacionados con terrorismo.

Desde septiembre de 2003 se le dio prioridad a esta investigación de Tarragona y se abandonaron las pesquisas que en ese momento se estaban realizando sobre los ya entonces denominados miembros del grupo de Lavapiés, entre los que estaban algunos de los presuntos implicados en el 11-M.

Las cintas permanecieron en estas dependencias policiales hasta que, en septiembre de 2004, el juez Baltasar Garzón se las reclamó a la Comisaría General de Información.

Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, fueron muchas las cintas magnetofónicas que estaban ya deterioradas y no se podían escuchar las conversaciones intervenidas.

El juez renovó los permisos pese a que las grabaciones anteriores no eran traducidas, según le informaron al magistrado, «por razones técnicas».

Previamente, tras la matanza de Madrid, el juez requirió a la Unidad Central de Información Exterior que le remitiera un informe sobre el estado de las indagaciones sobre los sospechosos islamistas que estaban siendo investigados por su juzgado. El magistrado tuvo que insistir a la UCIE para que le remitiera el informe.

Ya desde septiembre de 2002, los agentes de la Comisaría General de Información estaban sobre la pista de un grupo de islamistas radicales, compuesto fundamentalmente por ciudadanos de nacionalidad marroquí. A esta célula la llamaron grupo de Lavapiés.

Sus integrantes tenían una visión radical del islam, se reunían periódicamente en una mezquita del sur de Madrid y en locales del madrileño barrio de Lavapiés. Su objetivo eran los herejes y los infieles.

Un mes después, la Policía logró acotar algo más las sospechosas intenciones de este grupo. Estaba delimitado perfectamente, con estrictas medidas de seguridad en las comunicaciones entre ellos. La dirección y el rol de cada uno de los integrantes estaban perfectamente definidos.

Los agentes tenían constatada ya su «peligrosidad»: los sospechosos hablaban de que para hacer la yihad no hacía falta ir a Bosnia ni a Afganistán o cualquier otro territorio musulmán que consideraran ocupado por infieles.

Apostaban por atacar a los herejes en Marruecos o en España, sin distinción de país.

En ese momento ya se produjo un punto de inflexión en las actuaciones policiales. Los investigadores acudieron a la Audiencia Nacional con nombres, direcciones, vehículos y teléfonos. Y ya se pidió autorización para la intervención telefónica de los números utilizados por los sospechosos.

La actuación policial no fue, como es habitual, a través de Tepol al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional para que fuera a reparto. Los agentes acudieron directamente al magistrado Baltasar Garzón, ligando estos datos del grupo de Lavapiés con el sumario 35/01 sobre la operación Dátil.

El juez instructor autorizó las intervenciones telefónicas en el marco de unas diligencias previas nuevas, las 396/02, fuera del anterior sumario, ya que no había vinculación.

En esos momentos, los investigadores tenían centrados a numerosos integrantes de ese grupo. Varios de ellos se presume que participaron en los atentados de Casablanca y en la masacre de Madrid el 11-M, y otros formaban parte de la célula islamista que se supone que preparaba un atentado contra la Audiencia Nacional.

Así, en el marco de la denominada operación Esfera (anteriormente denominada Sancristóbal) se controló a Mustapha Maymouni, actualmente en prisión por su relación con los atentados de Casablanca.

También figuraba Mohamed Ouazzani, presuntamente implicado con el comando que pretendía volar la Audiencia Nacional y que fue desarticulado en la operación Nova.

En los informes policiales figuraba también uno de los presuntos líderes de la célula autora del 11-M, Serhane ben Abdelmajid, El Tunecino.

También se controló a Mohamed El Egipcio, otro de los presuntos máximos responsables de la masacre de Madrid. Otro de los procesados por esta matanza, Mohamed Larbi ben Sellam, también era seguido desde entonces por la Policía. Está procesado por el 11-M. Otro integrante de la célula desmantelada en la operación Nova, Faissal Allouch, también estaba bajo vigilancia de los agentes de Información desde finales de 2002.

A partir de ese momento, todos los datos sobre las actuaciones de este grupo fueron a parar a manos del juez Garzón. Hasta 20 teléfonos fueron intervenidos. Se le pasaban informes periódicos al juez del avance de las investigaciones.

Durante meses, los teléfonos de algunos de los principales implicados en el 11-M estuvieron pinchados con autorización del juez instructor de la Audiencia Nacional.

La estructura del grupo, las filiaciones de sus miembros, sus domicilios, sus vehículos, sus negocios, mezquitas donde se reunían...todo, según explicaron fuentes de la investigación, estuvo en el juzgado de este magistrado.

Es tras el atentado de Casablanca, en mayo de 2003, cuando el juez convierte las diligencias previas 396/02 en el sumario 9/03.Tras esta masacre, la Policía marroquí detuvo a Mustapha Maymouni, al que la Policía española consideraba como el líder del grupo de Lavapiés.

Pese a este atentado en tierras marroquíes, ni desde la Policía ni desde el juzgado de Baltasar Garzón se tomaron más iniciativas ni se decidió actuar contra esta célula, estrechamente relacionada con Maymouni.

De hecho, ni las vigilancias sobre los sospechosos se incrementaron, según explicaron las mismas fuentes.

En septiembre de 2003 se tuvo conocimiento de que en Tarragona había un ciudadano llamado Mohamed Berzizoui que podría formar parte del terrorismo islamista, según la información facilitada por un servicio secreto extranjero.

Pese a que no había vínculos conocidos entre este sospechoso y los integrantes del grupo de Lavapiés, es de nuevo el juez Baltasar Garzón el que se hace cargo también de estas pesquisas y autoriza la intervención de su teléfono en el marco del sumario abierto por el atentado de Casablanca.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, y enero, febrero y marzo de 2004, toda la actividad del grupo que estaba controlando a los de Lavapiés se trasladó a Tarragona para controlar exclusivamente a este sospechoso.

Pinchazos sin traducción

Por ello, se dio prioridad a la traducción de las conversaciones del teléfono de este sospechoso, aunque se siguieron pinchando ininterrumpidamente los teléfonos de Lavapiés, pero no traduciendo las conversaciones que se captaban.

Pese a que las pesquisas estaban centradas en Tarragona y el seguimiento a los de Lavapiés se había semiabandonado, el juez siguió prorrogando las escuchas sobre los integrantes de esta célula.

Finalmente, las pesquisas sobre Berzizoui no fueron a ningún sitio, y nunca fue detenido en España. Pero, por este motivo, sí se estuvo durante cinco meses, los cinco meses previos al atentado del 11-M en Madrid, interviniendo los teléfonos de algunos de los principales implicados en la masacre de Madrid, pero siempre sin llegar a traducir las conversaciones.

De esta forma, todo el trabajo de prevención de atentados terroristas internacionales en España fue baldío, y no se llegó a aprovechar ni la orden judicial de intervención telefónica, ni el trabajo policial realizado a tal efecto.

Información de Fernando Lázaro publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Los viajes del magistrado

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Negligencias Judiciales

Meses antes de los atentados Garzón se desplazó con cinco licencias de estudios a México, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú

MADRID.- Meses antes de que se cometieran los atentados de Madrid, Baltasar Garzón estuvo tres veces en México, viajó a Brasil, visitó Bolivia y permaneció una semana en Ecuador y Perú. Entre abril de 2003 y febrero de 2004, el juez de la Audiencia Nacional disfrutó de hasta cinco licencias de estudios concedidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Garzón es, sin duda, el miembro de la Judicatura que más licencias ha obtenido para viajes al extranjero. Mientras en su Juzgado de la Audiencia Nacional instruía los sumarios contra ETA/Batasuna o los terroristas islamistas, Garzón ha sabido organizarse para realizar frecuentes desplazamientos al extranjero bajo el formato de licencias de estudios, un sistema de permisos fundamentalmente destinado a que los jueces mejoren su formación en materias relacionadas con la función jurisdiccional, aunque en la práctica está teniendo un contenido más amplio y cubre desde el dictado de conferencias hasta la participación en programas de cooperación internacional o las estancias de idiomas en el extranjero.

Gracias a una generosa política de permisos del órgano de gobierno de los jueces, el magistrado se ha desplazado a medio mundo, siendo sus destinos preferidos los países de Iberoamérica, donde ha adquirido protagonismo por haber iniciado procesos penales contra responsables de las dictaduras militares.

En 2003, obtuvo cuatro licencias de estudios: del 8 al 12 de abril, para asistir a un seminario sobre terrorismo y procesos de paz en la universidad mexicana de Puebla; del 26 al 29 de mayo, invitado por la Procuraduría de Río de Janeiro y Recife (Brasil); del 5 al 7 de noviembre, para participar en un seminario internacional de derecho en Bolivia, y del 2 al 4 de diciembre, para impartir una conferencia en la Universidad de Guadalajara (México).

Durante 2004, un mes antes del 11-M, el Consejo le autorizó una licencia para impartir conferencias en Ecuador, México y Perú entre el 16 y el 24 de febrero.

Asimismo, disfrutó de otras cuatro licencias a lo largo del año: del 26 al 30 de junio, para lo mismo en San Diego (California); del 13 al 15 de septiembre, para participar en la IV Conferencia de Seguridad Pública para América del Sur en Porto Alegre (Brasil); del 23 al 30 de septiembre, para intervenir en las II Jornadas Hispano-Mexicanas de Derecho Penal en Tabasco (México); y el 5 de octubre, para participar en un coloquio sobre terrorismo en Bruselas.

El CGPJ le ha concedido numerosas licencias de corta duración y también un superpermiso sin precedentes que le permitió residir en Nueva York durante un año y tres meses, desde marzo de 2005 a junio de 2006, para desarrollar «actividades de docencia e investigación» sobre terrorismo internacional.

Garzón aprovechó su estancia para realizar actuaciones tan variadas como entrevistarse en mayo de 2006 con el secretario general de la ONU, Kofi Annan (al que, según un comunicado difundido por Naciones Unidas, «informó de su experiencia en el último año como profesor e investigador en el Centro Juan Carlos I de la Universidad de York»), o hacer de testigo de un acuerdo entre las autoridades de Colombia y aborígenes del Cauca en septiembre de 2005.

Antes de trasladarse a EEUU, el juez se fue a Bruselas (Bélgica) en febrero de 2005 para participar en un seminario sobre el Tribunal Penal Internacional organizado por el Parlamento europeo, y en enero viajó a La Haya (Holanda) a una reunión de Eurojust sobre terrorismo islámico.

Tras su regreso de Nueva York, Garzón ha continuado su periplo internacional con licencias concedidas por el Consejo. El 2 de octubre se desplazó a Colombia para intervenir en un seminario-taller sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El permiso se prolongaba hasta el día 6, pero el juez optó por regresar a España el día 3 ante la polémica suscitada por su actuación en el caso de los peritos del 11-M. Veinte días después, volvió a Colombia.

Información de María Peral publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Las cintas, otra negligencia más de la policía y de Garzón (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Negligencias Judiciales

La investigación sobre el 11-M que está llevando a cabo EL MUNDO tiene dos caras distintas: de un lado, el esfuerzo por desvelar los enigmas sin aclarar o los hechos cuya versión oficial no es convincente. Del otro, el examen de la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad y del sistema judicial en la persecución de la trama islamista que participó en la masacre.

No faltará quien a continuación objete que EL MUNDO incurre en una contradicción: apuntar a la trama islamista cuando en otras ocasiones hemos señalado hacia otras hipótesis. No hay tal contradicción porque la implicación islamista es compatible con otra trama superpuesta o complementaria. De lo que no hay ninguna duda es de que un grupo de islamistas participó en los atentados del 11-M bien como autores materiales, bien como cortina de humo. Nunca hemos negado esta evidencia.

Nuestro periódico aporta hoy una importante revelación que tiene mucho más que ver con ese segundo aspecto de la ineficacia policial y judicial en la prevención del macroatentado de Madrid. El MUNDO publica que más de 200 cintas con conversaciones grabadas de implicados en la masacre y personas de su entorno permanecieron durante muchos meses sin traducir en las dependencias policiales.

Esas cintas contenían conversaciones de El Tunecino, El Egipcio y Mohamed Larbi, tres personas clave en el 11-M. Fueron grabadas por orden del juez Baltasar Garzón en los últimos tres meses de 2003 y en los primeros de 2004. Esos y otros fanáticos musulmanes hablaban entonces de la necesidad de llevar la guerra santa a Occidente. Pero seis meses antes de la masacre, la Policía dejo de traducir ese material por falta de medios para centrarse en un supuesto líder islamista de Tarragona.

Nunca sabremos si de haberse traducido esas cintas a tiempo se habría podido evitar el 11-M, entre otras razones, porque buena parte de ellas quedaron tan deterioradas que nadie pudo escuchar ya su contenido. No es más que una conjetura, pero el hecho es que permanecieron amontonadas en un despacho. Garzón las reclamó seis meses después del 11-M y en el día de hoy no sabemos qué ha hecho con esas cintas. ¿Se las ha remitido, como sería lógico, al juez Del Olmo?

No estamos diciendo que el juez Garzón sea el único responsable de esa negligencia, ya que la Policía Nacional carecía entonces de traductores de árabe, entre otras muchas carencias para prevenir el terrorismo islámico. Pero sí se le puede reprochar la falta de diligencia en los muchos asuntos que instruye, su escaso rigor y tenacidad y, en este caso concreto, su fallo en la valoración de la importancia de las cintas.

En el año 2003, Garzón obtuvo cuatro permisos para ausentarse de España y, al año siguiente, otros cinco. Alguno de ellos, de más de una semana. Si en lugar de dedicarse al estrellato mediático, el juez hubiera dedicado más atención a los asuntos que instruía, tal vez habría investigado con más acierto sumarios como los del terrorismo islámico, auténticos ejemplos de chapuza judicial.

Lo dicho vale para la actuación de la Guardia Civil en Asturias, que obró con muy poca diligencia para investigar los chivatazos sobre Toro y Trashorras cuando éstos estaban procesados por tenencia ilícita de explosivos.

El cierre del sumario del 11-M no va a permitir profundizar en los muchos errores y negligencias cometidas por las Fuerzas de Seguridad y el sistema judicial. La propia actitud -realmente inaudita- de Garzón en el sumario de los peritos revela sus ansias por contribuir a dar carpetazo a todo lo que tenga que ver con el 11-M para diluir así las huellas de sus muchas equivocaciones. Pero El MUNDO seguirá hasta el final la investigación de la masacre, tanto en lo que atañe a quienes fueron los autores materiales y a quienes les indujeron a actuar como a los fallos del aparato del Estado.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"La ley y las normas de calidad" por Fernando Peregrin

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

El autor, uno de los mayores expertos en Europa en la normativa sobre control de calidad, cuestiona desde una perspectiva técnica la validez del informe que firmó el jefe de sección de la Comisaría General de la Policía Científica, Francisco Ramírez

Hemos visto en un artículo anterior (”Con la excusa de la calidad” publicado en EL MUNDO el pasado sábado) que, en el ámbito de las normas internacionales sobre el aseguramiento y control de calidad, no se sostiene la consideración de borrador que se ha querido dar al informe original de los peritos que recibieron las muestras del ácido bórico y realizaron los ensayos químicos pertinentes, emitiendo en consecuencia un informe del resultado en el que se detallaron las técnicas analíticas que condujeron a dicho resultado.

Tampoco se sostienen los procedimientos irregulares seguidos por ciertos responsables del laboratorio para cambiar unas observaciones que figuraban en el documento original y que se juzgaron por parte de dichos responsables como improcedentes, cuando no erróneas.

Ahora bien, ¿se podría considerar, con las oportunas salvedades, el informe original de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, a efectos de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), como un borrador del informe pericial que finalmente emitió y firmó el jefe de sección de la Comisaría General de la Policía Científica, Francisco Ramírez?

Si así fuese, se podría admitir que, aunque no se han respetado las más elementales normas de aseguramiento y control de calidad de carácter internacional relativas a los laboratorios de ensayo, al menos cabría la interpretación de que el informe original es un documento técnicamente válido según las reglas de todos los sistemas de calidad vigentes, pero que sólo ha servido, dadas las observaciones que en él se incluían, como borrador para el informe final, que es el único oficial y el único que tiene, según los responsables de la Policía Científica, la consideración de informe pericial.

El primer escollo para esta interpretación de lo actuado por el señor Ramírez -con, al parecer, el consentimiento de sus superiores- podría provenir del artículo 459 de la LECr, que dice textualmente que «todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos» (en este caso no se puede tomar en consideración, por razones obvias, la salvedad que hace la ley para la circunstancia en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuese posible la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario).

El informe que emitió el señor Ramírez lleva sólo su firma, por lo que, en principio, parece que carece de validez como informe pericial; y se daría además la incongruencia de que el pretendido borrador, por el contrario, va firmado por tres peritos. Empero, hay sentencias del Tribunal Supremo que permiten que se emitan y firmen informes periciales por un responsable de la unidad técnica o científica que ha realizado el peritaje. Sirva como ejemplo una bien reciente, la sentencia 1302/2005. En ella se puede leer:

«Precisamente, por las condiciones de laboratorio público, dotado de la imparcialidad que caracteriza la función de la Administración pública y por la naturaleza oficial del laboratorio, que incorpora a varios profesionales que trabajan en el mismo, la jurisprudencia de esta Sala ya admitió que los informes periciales firmados por una persona, como responsable del laboratorio oficial, rellenaban la exigencia de pluralidad de peritos que exige el artículo 459 para las causas tramitadas en el procedimiento ordinario por delitos».

Obsérvese que esta sentencia, como otras, se refiere a informes periciales firmados por responsables de laboratorios u otros departamentos e instituciones de la Administración pública, a la que se le supone imparcialidad. Es decir, que el responsable debe firmar como tal y no como autor de unos ensayos u otras actuaciones que no ha llevado a cabo. Sin embargo, para que estos informes se puedan considerar periciales, han de cumplirse unos requisitos, tal y como se especifica, más adelante, en esta misma sentencia:

«En el presente procedimiento, el Ministerio Fiscal, en el escrito de acusación, comprendió en su relato la naturaleza y cantidad de las sustancias aprehendidas tal y como aparecían en los folios 33 a 36, que documentaban el informe emitido por la dependencia de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en el que constan la intervención de distintas personas que han intervenido en la cadena de custodia de la sustancia tóxica y la identificación de la sustancia tras la analítica realizada. Dicho Ministerio Fiscal propuso, como medio probatorio documental, todos los folios de las actuaciones».

Para que tenga validez de informe pericial el firmado por un responsable y no por los autores del acto pericial en sus diferentes etapas o procesos, es necesario que en dicho informe conste la intervención de las distintas personas que han intervenido en la cadena de custodia de la prueba material objeto del peritaje y en el acto de su identificación tras la analítica realizada, caso de ser ésta pertinente y necesaria. Y que, además, sea posible probar documentalmente todas y cada una de esas actuaciones.Lo cual es, además, lo que se exige en el artículo 478 de la LECr.

Difícilmente se puede argüir que lo sucedido en el llamado caso del ácido bórico se corresponde con la jurisprudencia del Supremo relativa a los informes periciales, pues las irregularidades denunciadas ante el Juzgado de Instrucción que se ocupa de este caso han dañado seriamente la llamada cadena de custodia de la prueba, que no se ha roto del todo precisamente porque los peritos Escribano, López y Manrique han conservado la documentación necesaria para permitir, a posteriori y una vez exigida esta reparación por la juez Gemma Gallego, recuperar la trazabilidad del proceso y, por ende, mantener la cadena de custodia. En suma, que la jurisprudencia actual del Supremo está, en estas cuestiones que contemplamos, en completa sintonía con todos los sistemas europeos e internacionales de aseguramiento y control de calidad relativos a los laboratorios de ensayos.

Otra cuestión que se ha sacado a la luz es la de si la titulación del señor Ramírez era la adecuada para firmar como autor de la analítica -aunque no la hubiese realizado- el informe pericial que se ha presentado por los máximos responsables de la Comisaría de General de la Policía Científica como informe oficial o informe pericial final. Esta posible discusión tiene, como todo el caso que analizamos, dos facetas.

Una, la legal; esto es, lo que dictan la LECr y las correspondientes sentencias tocantes a esta cuestión. De hecho, la LECr, en su artículo 457, define a los peritos de forma que puedan ser o bien titulares, en virtud de que están en posesión de un título oficial de una ciencia o arte cuyo oficio esté reglamentado por la Administración o bien no titulares, que son aquellos que, careciendo de título oficial -y, por extensión, que tuviesen una titulación no relacionada con el objeto de su peritaje-, tienen, sin embargo, conocimiento o práctica especiales en alguna ciencia o arte.

Curiosamente, y con anterioridad, en el artículo 356 se requiere que, para las operaciones de análisis químico que exija la sustanciación de los procesos criminales, éstos sean practicados por doctores en Medicina, en Farmacia, en ciencias fisicoquímicas o por ingenieros que se hayan dedicado a la especialidad química, aunque en la continuación del texto de ese mismo artículo se precisa que si no hubiere doctores en aquellas ciencias, podrán ser nombrados licenciados que tengan los conocimientos y práctica suficientes para hacer dichas operaciones. En suma, que la titulación del señor Ramírez es de las denominadas de ciencias y, en principio, dada la titulitis que padece mucha de nuestra legislación, este funcionario estaría plenamente capacitado para que se le considerara como perito titular.

La segunda faceta del asunto de la titulación necesaria y suficiente para emitir y firmar informes periciales tiene que ver otra vez con las normas del sistema de aseguramiento y control de calidad que rijan en el laboratorio Químico-Toxicológico de la Policía Científica española. En particular, en lo que se fije en el apartado o capítulo de requisitos técnicos del personal del laboratorio.Las normas internacionales sobre sistemas de aseguramiento y control de calidad -en particular, las de aplicación en los laboratorios de análisis y calibración (UNE-EN ISO/IEC 17025 o la anterior, EN 45001, complementada con la Guía ISO/IEC 25)-, más que en las titulaciones oficiales se centran en la capacitación del personal de un laboratorio para realizar las distintas tareas que son de su competencia. Capacitación -teórica y práctica- que debe estar siempre convenientemente puesta al día y justificada mediante la oportuna documentación.

Así, pongamos por ejemplo, una licenciatura en Ciencias Químicas no siempre es suficiente para que quien la tenga -sin más formación teórica ni práctica, o ambas- pueda ser considerado capacitado para ejecutar determinadas técnicas analíticas que requieran de unos conocimientos y unas pericias muy concretas y extraordinariamente complejas (lo que no es el caso, dicho sea de paso, de la identificación de una sustancia tan común y conocida como es el ácido bórico).

Quizá este caso del ácido bórico pueda servir, entre otras cosa, para que los legisladores adecúen las leyes y la Administración, sus funciones y servicios, al cambiante mundo de la gestión basada en el aseguramiento y control de la calidad, una de las claves del desarrollo exponencial de industrias y servicios en las sociedades en las que la ciencia y la tecnología son el motor principal de sus economías.

Fernando Peregrín fue presidente de un comité técnico del Comité Europeo de Normalización, relacionado con sistemas de calidad en el sector de la sanidad.

Publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Ramírez vulneró la «trazabilidad» (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

Fernando Peregrín, ex presidente del Comité Técnico del Comité Europeo de Normalización, analiza hoy en un excelente artículo en nuestro periódico -la segunda parte del publicado el pasado sábado- si el proceder de Francisco Ramírez, jefe de los peritos, se ajustó a las normas de calidad cuando decidió firmar el análisis sobre el ácido bórico que habían realizado sus subordinados. Peregrín concluye que su conducta vulneró esas normas de calidad al firmar un análisis cuyas muestras no habían estado bajo su custodia y cuyas pruebas no había realizado. Peregrín hablaba en su primer artículo del concepto de «trazabilidad», que supone documentar todas las operaciones que conducen al informe final sobre los resultados. Ramírez no respetó esa «trazabilidad» y asumió como suyos ante el juez los resultados de unas pruebas que no había realizado. No puede estar más clara la irregularidad, que desmonta las falacias de los jefes de la Policía Científica.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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