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31 de Octubre, 2006

Santano niega ahora ante la juez que avalara la eliminación de las referencias a ETA

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Afirma que Mélida no le comunicó qué decían las observaciones del informe de los tres peritos Hace un mes dijo que la supresión fue correcta y que «si volviera a ocurrir lo volvería a quitar»

MADRID.- Miguel Angel Santano, máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Su titular, la magistrada Gemma Gallego, investiga si los mandos policiales que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA incurrieron en un delito de falsedad documental.

La manipulación de ese informe fue desvelada por EL MUNDO el pasado 21 de septiembre. Fue entonces cuando trascendió que el informe elaborado por los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda del procesado Hasan Haski fue manipulado antes de su remisión al juez Del Olmo.

Entre otras alteraciones, el informe enviado al instructor del 11-M no incluía las tres observaciones que hicieron constar los peritos. En ellas, mencionaban los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.

El mismo 21 de septiembre, Santano hizo pública una nota -que también envió por fax a la Audiencia Nacional- en la que aseguraba que «cuando el comisario general [el propio Santano] fue informado del tema, le pareció correcta la remisión del informe íntegro, eliminando las observaciones, como así se hizo».

En una entrevista concedida días después a un medio del grupo Prisa, Miguel Angel Santano declaró que «si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar».

Ayer, sin embargo, el comisario tuvo que declarar como imputado y el tenor de sus manifestaciones fue diferente en cuanto a conocimiento de los hechos y en cuanto a la asunción de la responsabilidad.

Según el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Santano arrancó diciendo que «tuvo conocimiento de lo que ocurrió con el informe pericial cuando leyó la noticia en EL MUNDO, el mismo día que firmó la nota, el 21 de septiembre» pasado.

Añadió que habló con el segundo jefe y secretario general, Pedro Luis Mélida, «que le comunica que ya ha sacado toda la información, que contrastan juntos».

Santano afirmó que fue entonces cuando «comprobó los dos informes», aunque matizó que el de los tres peritos «no es un informe en sí, sino un borrador». También Mélida le informó «de todos los hechos que ocurrieron».

El comisario general ratificó ante la juez que las observaciones hechas por los peritos en su informe no eran «más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno».

La juez le preguntó qué supo sobre los hechos cuando sucedieron, esto es, en marzo de 2005. El comisario general eludió el día 21 (que fue cuando los tres peritos entregaron el dictamen a su superior, el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez), y se remontó a dos días más tarde. «El 23 de marzo de 2005», consta en la declaración, «el funcionario que me sustituye [Mélida] me hace la comunicación de novedades, pues yo me encontraba de vacaciones, y me comunica que ha habido un problema con un informe que habían elaborado unos peritos y que, habiéndoseles comunicado que deberían modificarlo, se habían negado».

Según Santano, Mélida le dijo: «El tema está resuelto», y no le explicó el contenido de las observaciones. Cuando la juez quiso saber si preguntó de qué forma se había resuelto, respondió: «No recuerdo».

La representante del Ministerio Fiscal incidió en este punto. Santano manifestó: «No se me hizo saber que el informe era relativo al 11-M». «Seguramente», añadió, «me citarían el nombre de los peritos». Preguntado por si no le parecía extraño que le dijeran la identidad de los peritos y no de qué informe se trataba, el comisario general dijo que no. «Nunca he conocido que los peritos se nieguen a modificar los informes, por eso la novedad».

Santano se negó a contestar a las preguntas del abogado José María de Pablo, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y a las del letrado José Benítez, que actúa como acusación popular.

Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió ayer en defensa de Mélida, Santano y Ramírez, a los que considera «tres profesionales íntegros, víctimas de la voluntad política y mediática de utilizar este Cuerpo como arma arrojadiza». Asimismo, el SUP denuncia «la manipulación de la periodista» de EL MUNDO que firmaba una información el pasado sábado sobre que Mélida había admitido que se vulneraron las normas al alterar el informe ETA/11M. El sindicato considera que esta información «no se corresponde con la verdad».

«No sé si el perito que firmó el análisis lo hizo»

Refugiado en que las normas de calidad del laboratorio de ADN -al parecer, aplicables por extensión al laboratorio químico, «aunque no hay disposición» que lo diga», admitió- no avalaban el informe sobre el 11-M en el que se citaba a ETA, Santano tuvo que descalificar ayer el trabajo de tres de sus subordinados (Escribano, López y Manrique) para tratar de exculpar a su segundo, Pedro Mélida, y al responsable del laboratorio, Francisco Ramírez, firmante del dictamen mutilado que se envió al juez del 11-M.

Pese a ello, no pudo evitar la confrontación del comportamiento de estos últimos con esas mismas normas de calidad. «¿Dónde figura que quien no ha hecho un informe pericial pueda firmarlo?», se le preguntó. El comisario general dijo: «No sé si el perito que firmó el análisis de las muestras lo hizo».

«Si el análisis se hubiera hecho por alguien del laboratorio, lo consideraría correcto», dijo citando ante la juez sentencias del Supremo que, según manifestó, avalan que un perito certifique en un informe remitido al juez que ha hecho unas pruebas analíticas que, en realidad, no hizo.

Según él, en las normas de calidad no figura que un perito pueda firmar lo que no ha hecho, «pero tampoco lo contrario». «No es lo mismo un informe pericial que las pruebas analíticas, que son parte de un informe. El que firma el informe tiene que haber revisado las pruebas analíticas que figuran en él», explicó.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Santano declara como imputado: La Versión de ABC y EL PAIS

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

El jefe de la Policía Científica dice que nunca ha visto a un perito negarse a matizar informes

MADRID. El jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, ratificó ayer ante la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gema Gallego, que las observaciones que los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en el borrador -en el que relacionaban a ETA con el 11-M a través del ácido bórico- «no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno». Por tanto, concluyó, no debían ni podían constar en un informe científico.

Santano aseguró ante la juez que el 23 de marzo de 2005 el funcionario que le sustituía durante sus vacaciones le comunicó que «había un problema con un informe que habían elaborado unos peritos», pues al ordenarles que eliminaran de su escrito esas «consideraciones subjetivas», se habían negado a hacerlo.

El jefe de la Policía Científica señaló que si le comunicaron este hecho como una incidencia fue porque es «inhabitual» que un perito se niegue a cambiar un informe. De hecho, sentenció Santano, no lo ha visto nunca en su vida profesional. Aseguró que en aquel momento no se cuestionó el contenido de las observaciones que no querían eliminar los peritos, sino su simple negativa.

Pero Santano no sólo tildó de «inhabitual» que los peritos no quieran modificar su escrito, sino también que en un informe pericial se haga referencia a otros informes (como sucedió en esta ocasión, en la que se vinculó el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de Hassan El Haski con la aparición de esta sustancia en el piso de un comando de ETA).

«Ignoraban su aplicación»

Esta circunstancia sólo se daría en la práctica cuando se están analizando sustancias, productos o explosivos «idénticos a los aparecidos en otros informes». No era éste el caso, pues los propios peritos incluyeron como una de sus observaciones que «ignoraban» la «verdadera aplicación» del bórico «en relación con estos hechos».

Fue esta consideración subjetiva en la que se basó Santano para calificar estos apuntes como «elucubraciones», pues si peritos «ignoran», tal y como ellos mismos reconocen, las aplicaciones de esta sustancia, el resto de observaciones también carecerían de validez.

Respecto a la asunción del informe por parte de Francisco Ramírez (jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica) -tras la negativa de los peritos a modificarlo-, Santano aseguró ayer que las reasignaciones «pueden ser frecuentes», como también lo puede ser el hecho de que un informe esté firmado por un sólo perito y no por varios.

Texto de Nati Villanueva publicado por el diario ABC el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El jefe de Policía Científica acusa a tres peritos de hacer elucubraciones 

Santano niega valor al nexo entre ETA y el 11-M por el ácido bórico

Madrid - Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica, compareció ayer ante la juez de instrucción Gemma Gallego en relación con una supuesta falsedad en el informe sobre el ácido bórico que hicieron tres peritos y que modificó su jefe para eliminar las observaciones que apuntaban a una relación entre ETA y el 11-M. Santano recordó que esas observaciones sólo eran elucubraciones sin base y por eso fueron eliminadas.

Santano compareció como imputado para ratificar su versión de los hechos, que él mismo hizo pública una vez que se conocieron. Esa versión defiende la gestión de los superiores de los tres peritos que elaboraron un informe en el que tras afirmar que lo encontrado en casa de un islamista era ácido bórico y reconocer que ignoraban qué aplicaciones podía tener para elaborar artefactos explosivos, vinculaban al supuesto terrorista con ETA porque en un piso franco de esta organización también se había hallado ácido bórico.

Los superiores de los peritos pidieron a éstos que modificaran el informe en lo relativo a las observaciones al carecer de base. Los peritos se negaron por lo que el caso fue reasignado a su inmediato superior, que firmó el informe eliminando las observaciones. Un año después, los tres peritos firmaron una fotocopia del informe fechado un año antes para hacerlo pasar por oficial, y el juez Baltasar Garzón les imputo por un delito de falsedad documental y les acusó de filtrar ese informe a un medio de comunicación determinado.

Santano defendió ayer en su declaración a la juez que los superiores de los peritos retiraron las observaciones donde vinculaban a ETA y el 11-M porque "no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamental científico alguno y, por lo tanto, no debían ni podrían constar en un informe científico".

Santano argumentó en su declaración que los peritos escribieron en su informe que ignoraban la aplicación del ácido bórico en atentados terroristas y que, a partir de esa apreciación, "el resto carecía de validez".

Respecto a la reasignación de un caso, como ocurrió con el informe sobre el ácido bórico, Santano declaró que "pueden ser frecuentes" y que lo que no era habitual era que un perito se negara a modificar un informe: "A mí no me ha pasado nunca en mi vida profesional, llevó desde el 4 de junio de 2004 en la comisaría general de Policía Científica y antes he sido comisario de Policía Científica en Madrid durante casi seis años".

El mando policial fue preguntado respecto a sí el perito que firma el informe definitivo hizo realmente los análisis para determinar si lo encontrado en casa de los islamistas era ácido bórico, a lo que Santano contestó que no sabía, pero que si el análisis de muestras se hubiera hecho por parte de alguien del laboratorio, algún perito lo podía considerar correcto, y aludió a sentencias del Tribunal Supremo que avalan esa práctica.

La juez le preguntó si en el manual que regula cómo se hacen los informes periciales cabe la posibilidad de que éstos sean firmados por algún policía que no ha hecho esos informes. Santano contestó que en el manual "no figura eso ni lo contrario". También aseguró que cuando le comentaron esta incidencia, no se le hizo saber que el informe era relativo al 11-M.

Texto publicado por el diario EL PAIS el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los policías no respetaron los manuales en el informe que vincula a ETA y el 11-M

Madrid - La Comisaría General de Policía Científica remitió el pasado 27 de octubre a la juez de instrucción número 35 de Plaza de Castilla un informe sobre el Manual de Normas de Procedimiento de la Comisaría General de Policía Científica, aprobado en 1995 y que han sufrido "varias reediciones", la última de 30 de junio de 2001.

El manual se refiere al informe pericial demostrativo de una identificación lofoscópica y es así porque, según explica la Comisaría General de Policía Científica, "era el informe pericial más numeroso y se pretendía que se ajustase a una estructura uniforme para toda la organización, estableciendo este modelo como obligatorio salvo casos o circunstancias excepcionales". Como continuación de este manual se elaboraron otros manuales de calidad.

El vigente en la actualidad, en su procedimiento general número 8, relativo a gestión de los ensayos y emisión de informes, señala que estarán compuestos de seis apartados: antecedentes, examen preliminar, técnicas aplicadas, resultados, conclusiones y observaciones.

Fue en el último capítulo, el de observaciones, el que utilizaron los tres peritos para incluir una tesis respecto al ácido bórico encontrado en la casa de un islamista. Esa tesis apuntaba que dado que esa sustancia, nunca antes vinculada a ningún explosivo ni a ningún atentado terrorista en España, había sido encontrada en casa de unos etarras, o bien etarras e islamistas estaban relacionados entre sí, habían recibido la misma formación o eran los mismos autores.

Sin embargo, el manual remitido a la juez explica lo que se debe incluir en las observaciones: "Se especificará de forma clara las muestras que se remiten con el informe pericial, las que se agotaron en los análisis o las que quedan conservadas en el laboratorio". Los peritos olvidaron el manual, no pusieron ninguno de esos datos y elucubraron con la posible vinculación entre ETA y el 11-M.

Texto publicado por el diario EL PAIS el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Santano se desdice para eludir el banquillo (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La declaración ante la juez del jefe de la Policía Científica dejó ayer en evidencia flagrantes contradicciones entre su actitud como imputado y la que ha mantenido cuando EL MUNDO destapó hace un mes la falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11-M. Basta cotejar lo que Santano aseguró ayer con las respuestas que entonces dio en televisión y con su nota de respuesta a la información de EL MUNDO para concluir que ha faltado a la verdad. Dice Santano que en ningún momento avaló la eliminación en el informe de las referencias a ETA. Es más, asegura que lo único que su segundo le dijo en marzo de 2005 fue que unos peritos se habían negado a modificar un informe y añade que se enteró por EL MUNDO de los detalles de la manipulación y de que ésta guardaba relación con el 11-M. La versión a la que ahora parece haberse abonado Santano no se sostiene. Es impensable que su segundo le contara a medias un incidente tan delicado. En la nota de respuesta a nuestras revelaciones, el propio Santano reconoció que cuando fue informado «le pareció correcta la remisión del informe íntegro eliminando las observaciones» y ante Iñaki Gabilondo afirmó sin rubor y con uniforme -ayer acudió a declarar de paisano-: «Si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar». ¿Por qué ahora dice justo lo contrario? No cabe duda de que, al cambiar de versión, Santano intenta eludir el banquillo, pero todo acusado tiene derecho a mentir en su estrategia de defensa.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El PSOE culpa a Acebes de que no se tradujeran 200 cintas del 11-M

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Negligencias Judiciales

MADRID.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, afirmó ayer que el secretario general del PP, Angel Acebes, debe aclarar por qué motivo no fueron traducidas al castellano las conversaciones telefónicas que mantuvieron varios islamistas, grabadas con permiso del juez Garzón en los últimos meses de 2003 y los primeros de 2004, antes de los atentados del 11-M.

Ayer, EL MUNDO desveló que más de 200 cintas magnetofónicas en las que están grabadas esas conversaciones permanecieron durante meses en la Comisaría General de Información, sin ser traducidas, porque el único traductor que trabajaba para la Policía se ocupaba de un caso de un marroquí residente en Tarragona que finalmente ni siquiera fue detenido.

López Garrido pidió ayer a Acebes y al diputado popular Ignacio Astarloa que expliquen por qué motivo no había «suficientes traductores de árabe».

En su opinión, quien debe dar explicaciones en este caso, más que el juez, son quienes en aquella época eran responsables del Ministerio del Interior, en referencia al ex ministro Acebes y al ex secretario de Estado de Seguridad.

López Garrido subrayó que, debido al estado en que se encontraban esas cintas -muchas de ellas deterioradas y sin posibilidad de conocer su contenido-, ya no se podrá saber nunca si hubieran podido servir «para atajar alguna conspiración terrorista». «Es un hecho serio, una responsabilidad de la que tienen que dar cuenta quienes estaban al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», manifestó.

Información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Las perturbaciones de su señoría" por Javier Gómez De Liaño

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Opiniones

Supone bien el lector si piensa que a estas alturas de mi vida escribir de Baltasar Garzón no es cosa que me entusiasme. Sin embargo, como soy hombre que procura alejar de sí los malos recuerdos y son muchos los años que vengo sosteniendo que la falta de independencia judicial es la madre de todos los males de nuestra Justicia -aparte de que en esto de escribir apuesto por el más difícil cada día-, hoy me propongo cavilar, no sin cierto optimismo, acerca de las perturbaciones que el juez Garzón ha podido sufrir a cuenta de su intervención en el conocido como caso del ácido bórico.

El asunto es que, a raíz de esas actuaciones, el magistrado se plantó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en súplica de amparo al sentirse perturbado en su independencia por lo que él denominaba «brutal y desmedido ataque» de algunos medios de comunicación, de un diputado y hasta de un miembro del propio órgano de gobierno de los jueces. A la solicitud, el CGPJ respondió con un no, pues consideró que faltaban las condiciones exigidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Pocas horas después, un periódico editorializaba que la actitud del CGPJ era un lavado de manos ante una imputación explícita de prevaricar, que es lo que significaba acusarle de montaje para criminalizar a unos inocentes y satisfacer los intereses del Gobierno. Otros hablaron de un CGPJ compuesto por una mayoría -la que decidió no conceder el amparo- dispuesta a prostituirse por no querer salir al paso de una miserable ofensiva. Algunos colegas partidarios suyos sostuvieron que la toga del compañero juez estaba siendo colgada en la picota más alta. Incluso un profesor de Sociología -el catedrático Enrique Gil Calvo- llegó a escribir que tras las críticas se escondía el antaño sindicato del crimen y que «hoy Garzón es mucho más Garzón», aunque la verdad es que el señor Gil tiene declarado que «una vez publicado, casi siempre me arrepiento de lo que escribo».

Perturbación es acción y efecto de perturbar o perturbarse. Perturbar es trastornar la quietud o el sosiego de algo o de alguien. Según el diccionario de la RAE, independencia -que es palabra que proviene del latín pendeo/pendere, un intransitivo equivalente a estar colgado-, significa, en su tercera acepción, entereza, firmeza de carácter, cualidad que se da cuando no se es tributario de otro. Hecha la anterior precisión, la pregunta es si acaso no se ha hablado demasiado de ataques por parte de la prensa, los políticos y otros instrumentos de presión y, al contrario, muy poco de las emociones y pasiones que el juez puede llevar en su cartera. Si la independencia judicial, subjetivamente considerada, es una virtud y todo juez que quiere ser independiente ha de serlo hasta de sus íntimas convicciones -como dijo un magistrado norteamericano en 1801, el juez ha de ser independiente también de sí mismo-, ¿quién perturba la independencia judicial de su señoría, el juez Garzón?

A mí me parece que, puesto a presumir, el juez Garzón puede hacerlo de bastantes cosas, pero no de ser realmente independiente. Quede claro que en este lance no estoy haciendo una crítica de su trabajo ni estoy emitiendo un juicio sobre sus aptitudes profesionales. Me estoy refiriendo a que si hay algo que en verdad puede definirle es su insobornable pasión por la política y su fidelidad a las siglas de un partido al que abiertamente confesó su adscripción cuando se presentó a las elecciones generales como candidato número dos por Madrid, sirviendo luego en el Ministerio del Interior. De las penúltimas cosas que he sabido de él fue su participación en un acto de protesta contra la Guerra de Irak, en el que aparecía subido a un estrado junto a actores y cantantes disfrazados de Aznar con casco, que llamaban asesino al presidente del Gobierno.

El juez Garzón sabe, o debería saber, que ese tipo de acciones están prohibidas por la LOPJ y que una profesión de fe ideológica de esa naturaleza, tan cargada, además, de indiscreción, es una confesión de parcialidad. No digo que en un juez la ideología política sobre, sino que el señor Garzón la derrocha hasta la prodigalidad. Nos lo advertía Pedro G. Cuartango en una de sus espléndidas Vidas paralelas: «(...) Garzón es la única persona de este país que ha pertenecido a los tres poderes: ha sido diputado, secretario de Estado y juez.»

Insisto para que se entienda bien. Con este perfil de su señoría sólo me limito a recordar que en ese humano rincón que decimos Justicia hay jueces políticos de quienes los ciudadanos desconfían y se temen lo peor. Para mí, la historia de Baltasar Garzón es la de una trayectoria que pudo empezar honesta para torcerse en el momento que se convirtió en la figura del superjuez y por tanto, pasó ser una muesca carnavalesca muy alejada del Derecho. Vuelvo a las hemerotecas. Esta vez, a la del diario El País. En su ejemplar del 19 de enero de 1995, a propósito del sumario que Garzón instruía por el secuestro de Segundo Marey, además de dudar de su idoneidad de juez por haber protagonizado el salto espectacular a la política, el editorialista decía que «la notoriedad pública del personaje dificulta la diferenciación por parte de la opinión pública de las dos imágenes superpuestas: la del juez y la del político.»

Respecto a las últimas críticas al juez -algunas auténticas diatribas-, vaya por delante que siempre estuve a favor de la censura razonable de las resoluciones judiciales y, por tanto, en contra de la descalificación rotunda e inmisericorde. Ahora bien, también digo que los que hoy sacan pecho a favor de su señoría son los mismos que durante muchos años han jugado con entusiasmo al deporte de guillotinar jueces, sobre todo a quienes no estuvieron dispuestos a dejarse acollonar. Tomo licencia para proponer unas cuantas interrogantes que nos sirvan de orientación. ¿Qué dijeron algunos periódicos cuando un ex presidente del Gobierno calificó a dos jueces -uno de ellos era Garzón, el otro quien esto escribe- de «descerebrados» por atreverse a investigar el crimen de Estado? ¿Quién no se acuerda de aquellos jueces de la horca que llevaron al cadalso al juez Marino Barbero, encargado de la instrucción del caso Filesa? ¿Dónde se escondían los que ahora se echan manos a la cabeza cuando unas hienas hicieron de él la diana de todos los denuestos posibles? ¿Acaso no fue la década de los años 90 el paraíso de la difamación judicial, en el que periodistas y no periodistas patentaron la calumnia y la injuria como método de destrucción sistemática del honor de los jueces? Si el hombre no fuera, por naturaleza, un animal olvidadizo -a veces, también ingrato y mezquino- ante las últimas perturbaciones que denuncia el señor Garzón muchos deberían sentir vergüenza y callarse. Allá cada uno con sus contradicciones e incongruencias. En todo caso, me sumo a lo que el magistrado Javier Gómez Bermúdez decía en este periódico, en su entrevista del pasado 23 de octubre: «Muchísimos magistrados han sido insultados, ofendidos y criticados y no se han sentido perturbados en su independencia».

En cuanto al fondo del asunto, es decir, qué es lo que pueda haber en las diligencias procesales del caso del ácido bórico, desconozco los detalles. Sin embargo, a la vista de lo resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, declarando la incompetencia de su señoría y ordenando la remisión de las diligencias a los juzgados de instrucción de Madrid, a mí me parece que es una prueba más de ese «(...) afán de acaparamiento de asuntos que caracteriza al juez Garzón. (...) Pero no es ésta la primera resolución negativa (...) en contra de sus pretensiones. Ya le ocurrió con el caso Laos cuando compitió por asumir todo lo relativo a la detención de Roldán. (...) La Justicia es un poder difuso, repartido entre diversas instancias jurisdiccionales que se controlan mutuamente y cuyo ejercicio está sometida a estrictas reglas de procedimiento. Lo que el juez Garzón considera que es suyo, de acuerdo con sus competencias, no tiene por qué serlo necesariamente si esas instancias de control que están por encima le dicen que no le corresponde. La Justicia no se paraliza por ello. Pensar otra cosa sería tanto como admitir que la Justicia se identifica con un determinado juez, en este caso Garzón. Un mensaje que algunos no se privan de lanzar por más disparatado y pretencioso que resulte».

Como el lector habrá advertido -la mejor pista es el entrecomillado-, estas palabras no son mías. Una vez más, las he tomado prestadas del archivo de El País. En concreto, de un editorial publicado el 26 de octubre de 1996, a propósito del conflicto de jurisdicción suscitado por el sumario de los papeles del CESID y que el Tribunal Supremo resolvió a favor de la jurisdicción militar.

Lo malo no es no tener razón, sino ignorar que carecemos de ella y, a renglón seguido, caer en la hueca sinrazón. A salvo ulteriores decisiones jurisdiccionales, en mi opinión la actuación de su señoría, el juez Garzón, en este asunto sólo tiene una apariencia de juridicidad. Nada más. Las diligencias de toma de declaración a los peritos, previa imputación, su señoría las llevó a cabo -lo mismo que las que, según leo, sigue empeñado en practicar- con manifiesta incompetencia, a sabiendas de que estaba actuando así, con unos fines quizá demasiado evidentes y, desde luego, no permitidos por la Ley. Esta es mi opinión que expongo con los debidos respetos y que gustosamente someto a otras más autorizadas.

Yo no soy quien para dirigir recomendaciones a nadie. En el Guzmán de Alfarache puede leerse que «consejo sin remedio es cuerpo sin alma» y no tengo a mano recurso alguno con el que socorrer a su señoría de las perturbaciones que puede padecer. Ahora bien, me da la impresión de que al juez Garzón la vida no le ha sacudido a modo. También intuyo que no sabe asimilar el sufrimiento y convertirlo en eficaz método de aprendizaje. Yo, que en eso sí me considero experto y distingo a la perfección entre los golpes en el espinazo y en el corazón, sé que de todos los palos se pueden obtener saludables frutos si se aciertan a encajar con serenidad. Ser juez no es sólo una carrera sino también un viaje interminable en el que hay que batallar con los condicionamientos personales que laten continuamente presionándote los pensamientos.

El hombre público y el juez Garzón lo es, jamás debe quejarse; menos aún, ante la concurrencia. El gimoteo es una rara suerte de perturbación que puede llevarte a perder el juicio. Se me ocurre si acaso no es hora ya de que su señoría piense si no es el anonimato lo más recomendable y que a lo mejor acertaría de lleno si se decidiese a trabajar con discreción y alejado de la política. Hasta en soledad, si fuera menester. En un rapto de nostalgia, mi todavía viva conciencia de juez me lleva a exhortarle que ese juez que es, necesitado de mirarse el ombligo todos los días, recuerde a Víctor Hugo cuando advierte que la fama, echadas las oportunas cuentas, no es más que gloria en calderilla. Hay jueces que no saben a ciencia fija si son justos, jueces dubitativos y llenos de resquemores que a veces creen que hacen justicia y a veces no acaban de creerlo; a eso se le suele llamar problemas de conciencia y así, súbitamente, empiezan muchas y profundas perturbaciones del alma.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado en excedencia

Publicado por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Toro y Trashorras tenían la llave del local donde se halló dinamita

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

GIJON.- El jefe de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía, que dirigió la investigación de la operación Pipol, declaró ayer que dos de los acusados, el ex minero Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro, tenían acceso al garaje donde se hallaron explosivos similares a los utilizados posteriormente en los atentados del 11-M, sumario en el que ambos constan también como imputados.

El mando policial, que compareció como testigo en la quinta sesión, explicó que la investigación se llevó a cabo basándose en escuchas telefónicas y que en una de ellas quedó constancia de que Toro, Trashorras y el prófugo José Fernández Díaz, Nayo, tenían las llaves del local. Según dijo, las Fuerzas de Seguridad llegaron a ese lugar buscando un alijo de drogas y se encontraron, además, con 16 cartuchos de dinamita Goma-2 ECO y 94 detonadores.

El agente aseguró en su comparecencia que Toro era entonces «un gran traficante de cocaína» y que seguía las instrucciones del narco gallego Marco B. con «una sumisión exagerada». Esta afirmación fue corroborada por el secretario del atestado del caso, que afirmó que Toro «distribuía la coca, llevaba el dinero a Galicia y conducía los coches». «Toro y Barreiro son grandes traficantes de cocaína», apuntó.

El jefe del grupo de Estupefacientes de Gijón en 2001 testificó que los acusados utilizaban un lenguaje encriptado y hablaban de baterías de coches, cubiertas o amortiguadores «para referirse a droga». Y, para ratificar su argumentación, preguntó a uno de los letrados de la defensa «si alguna vez había visto a alguien ir a un baño de un bar a intercambiar una batería de coche».

Los tres agentes aseguraron que los acusados formaban una trama de venta de droga en Asturias, que adquirían en el sur de España y en Galicia, y que la droga que se vendía era fundamentalmente cocaína. Y ninguno de ellos se extendió sobre los explosivos que aparecieron en el garaje compartido por los acusados, dado que, según aclararon, la Jefatura sólo actuó por la venta de estupefacientes.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (31 octubre de 2006): Sin Perito que declare

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 5:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El único perito que iba a certificar sobre la dinamita de Toro y Trashorras murió en 2005

El único perito que iba a certificar que el material incautado en el garaje de Avilés que supuestamente compartían Toro, Trashorras y Nayo era dinamita falleció en 2005. Se trataba de la única prueba pericial con la que contaba el fiscal especial antidroga, José Perals, para acreditar que los cartuchos hallados eran goma-2, ya que el informe que deja constancia escrita sobre este extremo, presentado el primer día del juicio por el fiscal, no fue admitido por el tribunal. Perals, al que no se había notificado el fallecimiento del técnico, solicitó que se cite a otro tedax. El tribunal se pronunciará hoy.

Gijón - Las cosas no pintan bien para el fiscal. El único perito que iba a certificar en el juicio que se sigue en Gijón por la «operación Pípol» que el material explosivo encontrado en julio de 2001 en el garaje de Avilés que supuestamente compartían Antonio Toro, José Emilio Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», era dinamita ha fallecido. Su testimonio estaba previsto para el próximo 13 de noviembre y se trataba de la única prueba pericial con la que contaba el fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, para acreditar el hallazgo de los explosivos, después de que en la primera sesión de la vista el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial -que juzga el caso- rechazara admitir a última hora un informe pericial sobre este extremo. Se trataba de un documento elaborado por el laboratorio químico toxicológico de la Comisaría General de la Policía científica, al que Perals había tenido acceso sólo unos días antes, en el que aparecía reflejado que la muestra recogida en el garaje era, efectivamente, dinamita goma-2 Eco. Sin este informe, no existe ninguna certificación escrita de la existencia de la dinamita, que fue destruida.

José Perals no tuvo conocimiento hasta el pasado miércoles del fallecimiento de este perito, miembro del grupo de técnicos especialistas en desactivación de explosivos (Tedax) del Cuerpo Nacional de Policía, cuya declaración calificó de «esencial», ya que fue el agente que recogió el material encontrado en el garaje avilesino y lo trasladó a Oviedo. El agente, C. M. F. G., de 32 años, falleció el 1 de agosto de 2005 en un accidente de moto en el casco urbano de Avilés.

El fiscal supo de la muerte del técnico por casualidad, después de que escuchara al presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, comentarlo con uno de los abogados de las defensas. El fallecimiento, según explicó ayer, no le fue notificado ni formal ni informalmente, a pesar de que el testimonio del técnico era una de las principales bazas para lograr la condena de Toro y Trashorras por tenencia y tráfico de explosivos. Ante la noticia, Perals solicitó al tribunal que le permita citar, a pesar de que no está previsto, a otro miembro de los Tedax que intervino en la operación, que declararía el mismo día 13. La Sala comunicará hoy su decisión sobre si acepta o no a este nuevo perito. Si no lo acepta, no habrá ninguna prueba científica que sostenga las acusaciones sobre tráfico de explosivos contra los dos cuñados, procesados también por los atentados del 11-M.

Sobre el hallazgo de dinamita también declararán en el juicio cuatro de los policías que encontraron los cartuchos en el garaje, aunque están citados en calidad de testigos -no de peritos- y en todo caso se limitarán a narrar lo que vieron y cómo lo vieron, pero no podrán emitir un informe -aunque sea verbal- que atestigüe la naturaleza del material. Las defensas de Toro y Suárez Trashorras (representadas por los abogados María Teresa Suárez García y Gerardo Turiel, respectivamente) se negaron a la admisión del nuevo perito y criticaron la petición del fiscal, por «improcedente».

José Perals insistió una vez más en las pruebas que le fueron rechazadas en la primera sesión del juicio, especialmente en una encaminada a lograr que no se anulen los «pinchazos» telefónicos practicados a los acusados, algo que pretende la mayor parte de las defensas. El fiscal presentó nuevamente un documento escrito en el que se prueba que el juez instructor del caso, Juan Laborda, le puso al corriente en el mes de febrero de 2001 (cinco meses antes de las detenciones de los acusados) de las intervenciones telefónicas. Perals justificó la necesidad de esta prueba en una sentencia del Tribunal Constitucional, de octubre de 2005 (es decir, posterior a su escrito de calificación provisional de los hechos, que es de marzo de ese año), que exige la notificación al fiscal de los «pinchazos» para que éstos sean legales. El tribunal rechazó nuevamente la prueba. Perals advirtió de que esto «podría dar lugar a la declaración de nulidad de todo el juicio».

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Policía halló el garaje por indicación del avilesino

Gijón- La Policía «tenía la certeza» de que había un garaje donde, supuestamente, Toro, Trashorras y Nayo guardaban droga, aunque no conocía su dirección. De la dinamita, entonces, ni se sospechaba. El instructor del atestado reconoció ayer que si Toro «no hubiera dicho nada del garaje no lo hubiéramos encontrado». Fue el propio avilesino quien aseguró a la Policía que el hachís que buscaban estaba en la cochera, después de que le dijeran que iban a hacer un registro en su casa.

El registro que no fue. Tras el hallazgo en el garaje, los agentes decidieron no registrar la casa del asturiano, donde vivía con sus padres, a pesar de tener la orden judicial oportuna, y ni siquiera para comprobar que no había más material. «Nosotros pensábamos que la droga la escondían en el garaje. Pero si él no hubiera salido a lo largo de la mañana, hubiéramos entrado en la vivienda a arrestarle. Es habitual que traficantes de un nivel medio-alto, como Toro, que viven con sus padres, no guarden la droga en su casa», añadió el instructor, recordando la relación «especial» de Toro con su madre. Por su parte, la defensa del avilesino aseguró que el joven había dicho que la droga estaba en el garaje «después de que le amenazaran con interrogar a toda su familia».

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro, un traficante con una «sumisión exagerada»

Gijón - El policía que dirigió la «operación Pípol», instructor del atestado, calificó ayer a Antonio Toro como un traficante de «una sumisión exagerada». Según su declaración, el joven avilesino se dedicaba a la compraventa de cocaína a las órdenes del gallego Marcos Barreiro y le «faltaba tiempo» para viajar a Galicia cuando este último se lo proponía.

La «evidencia». La primera «evidencia» que tiene la Policía de la participación de Antonio Toro en el tráfico de drogas es el 12 de junio de 2001, cuando el asturiano realizó un viaje al Sur, supuestamente para conseguir hachís. El 3 de julio aparece por primera vez Suárez Trashorras, que alquila un coche, al parecer, para que Barreiro, Toro y Nayo bajen de nuevo a por más droga, según el instructor.

Las llaves de Trashorras. El policía desmontó la declaración de Suárez Trashorras, que aseguró que él nunca había tenido las llaves del garaje donde se encontraron el hachís y la dinamita. El 4 de julio de 2001, relató, Antonio Toro habló con su hermana Carmen (esposa del ex minero) y le dijo: «Cuando veas a Emilio le dices que necesito las llaves del garaje urgentemente». Es decir, que sí las tenía, aclaró.

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La «certeza» de una segunda casa de Toro

Gijón - Los policías que prestaron ayer declaración aseguraron que tenían «la certeza» de que Antonio Toro tenía otra casa, además de la de sus padres, donde es posible que pudiera guardar más material (droga o explosivos). Esto, explicaron, se evidencia en alguna de las conversaciones interceptadas, como una que mantuvieron Toro y Nayo en la que el primero le dijo al segundo que fuera a su casa. Nayo le contesta que a cuál, si a la suya o a la de sus padres. Los agentes no hicieron ninguna referencia a esta supuesta casa en ningún informe porque se trataba de «una sospecha».

¿Dónde estuvo la droga? El instructor del atestado, el secretario y un tercer policía que ayer declararon en la quinta sesión del juicio por la «Pípol» no se pusieron de acuerdo sobre dónde se había almacenado la droga incautada en la operación. El instructor aseguró que se había guardado en la Comisaría gijonesa, custodiada por funcionarios, y de ahí se había trasladado a Cogersa para su destrucción. Los otros dos funcionarios aseguraron que el «procedimiento normal» es que la droga no esté en la Policía «más de dos o tres días» y que se envíe a Sanidad. «El paso por Comisaría es circunstancial -explicaron-. Sólo lo justo y necesario»

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


«Hola, soy Antonio Toro...»

La Policía identificó al avilesino cuando llamó a una compañía de asistencia en viaje y dio sus datos

Gijón - No le resultó difícil a la Policía identificar a Antonio Toro. Teniendo pinchado su teléfono, el avilesino tuvo un problema con su coche y se quedó «tirado» en la carretera. Así que decidió llamar a una compañía de asistencia de viaje, a la que le dio todos sus datos personales y los del vehículo que conducía para que le enviasen una grúa. Los agentes escucharon esa conversación, que quedó grabada. Pero por si había alguna duda, pocos días después volvió a dar todos sus datos a una operadora de teléfonos móviles, incluido DNI. Quería consultar su saldo de puntos.

Identificar a Laurencio C. G., el ex policía local de San Martín del Rey Aurelio para quien el fiscal pide 13 años de prisión, llevó algo más de trabajo. Investigaban a un hombre, inicialmente anónimo, y en una conversación intervenida escucharon que su hijo competería un día determinado en una carrera de karts en León. Así que varios agentes se trasladaron al lugar y comprobaron los vehículos aparcados. Sabían, por otro «pinchazo», que el hombre al que investigaban cumplía años el 13 de abril. El propietario de uno de esos karts había nacido ese día y, además, era de Asturias. El «golpe» más fuerte fue descubrir que era policía local y que, además (según sospecharon), tenía un escáner con el que escuchaba a los agentes. Sabía que le estaban vigilando.

Silencio en la sala

El presidente del Tribunal, Bernardo Donapetry, tuvo que poner orden ayer durante la vista. Los acusados se reían abiertamente ante las declaraciones de los policías, que comentaban en voz alta. En un momento, el magistrado avisó: «Al próximo que hable lo echo de la sala». Antonio Toro, pensando que se dirigía a él, aseguró que no había dicho nada. «No digo que sea nadie. Ya lo identificará la Policía, pero como vuelva a hablar, lo expulso», afirmó Donapetry.

Otro de los acusados, disconforme con la declaración del policía instructor, le llamó «mentiroso» en pleno juicio. Mientras, el padre de Trashorras tachaba de «tramposos» a los agentes que declararon.

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Alicia Castro sostiene que el «caso Pípol» está vinculado con el atentado del 11-M

La diputada nacional del Partido Popular y miembro de la comisión de investigación del 11-M en el Congreso, Alicia Castro, apuntó ayer la vinculación del «caso Pípol» con los atentados de Madrid, pese a la intención del fiscal del caso de desmarcar los dos procesos. Masaveu volvió a exigir transparencia al PSOE en la investigación, al acusar al partido presidido por Zapatero de «ocultar datos, así como la presentación de pistas falsas y la intención del Gobierno de encubrir el tipo de explosivos». Tampoco descartó que «ETA u otra opción» estuviese detrás de los atentados del 11-M.

Gijón - Alicia Castro, diputada nacional del Partido Popular por Asturias y que fue miembro de la comisión de investigación del 11-M en el Congreso, vinculó ayer el «caso Pípol» con los atentados de Madrid pese a la intención del fiscal de desmarcar ambos procesos. «Aunque no se quiera relacionar, algo tendrá que ver Suárez Trashorras. El juez le hizo responsable de los 192 muertos y de los miles de heridos en los trenes del 11 de marzo», apuntó Castro.

La diputada asturiana volvió a insistir en la falta de transparencia en el proceso de investigación. «Cuando el juez Del Olmo dictó el auto de procesamiento no dejó claro ni quiénes fueron los autores, ni las personas que introdujeron los explosivos en los trenes, ni el tipo de los mismos», aseguró, al tiempo que destacó que «no existen pruebas de los autores de la masacre».

Entre los múltiples hechos que levantan irregularidades en el caso del 11-M, según la diputada, «están la desaparición de la metralla, la entrega de mochilas falsas al juez Del Olmo y la ausencia de análisis en el tipo de explosivos. ¿Adónde nos quieren llevar? Son muchas incógnitas, se preguntó. De las 438 preguntas que «he hecho en la comisión de investigación a los ministros de Interior, Alonso y Rubalcaba, sólo he obtenido respuestas vacías que me remitían al auto de procesamiento».

Masaveu ofreció en Gijón la conferencia «11-M, ¿por qué no nos dicen la verdad?», invitada por la Asociación La Escalerona, vinculada al sector crítico del PP gijonés. Al acto asistieron Luis Prado D'Almeida, Emilio Noval, María Luisa Peláez, Fernando González Landa, el senador Javier Sopeña y los disputados Isidro Fernández Rozada y Leopoldo Bertrand. La presidenta local, Pilar Fernández Pardo, acompañada por sus compañeros de confianza, fue recibida con tímidos aplausos por el público.

En la conferencia también estuvo presente el guardia civil Jesús Campillo, que asintió cuando Alicia Castro Masaveu defendió la inocencia de Francisco Javier Lavandera, que «sólo denunció el tráfico de explosivos, como cualquier otro ciudadano puede denunciar un delito».

Las críticas contra la investigación realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fueron constantes durante su ponencia, al acusar al PSOE «de evitar conocer a los autores de los hechos», así como el ocultamiento de pruebas y declaraciones falsas durante todo el proceso judicial. Alicia Castro aseguró «que no es descartable la opción de ETA» como autora de los atentados de Madrid, así como tampoco «la pista islamista, sin descartar otra opción que pudiera estar detrás del atentado». Adelantó que se sabrá «la verdad, como en su día se descubrió toda la trama de los GAL o Filesa».

Información de Iván G. Iglesias publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La muerte del 'tedax' que explosionó la dinamita de Avilés deja al fiscal del 'caso Pipol' sin un «testigo esencial»

El tribunal decidirá hoy si permite sustituir el testimonio del policía fallecido por el de otro agente a petición de Perals La declaración del inspector Manuel García, de quien Trashorras era confidente, se pospone hasta el próximo día 6

GIJÓN - El fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, se queda sin una prueba más para demostrar la vinculación del 'caso Pipol' con el tráfico de explosivos y la trama asturiana de la dinamita. La muerte de uno de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos (TEDAX), del Cuerpo Nacional de Policía, en un accidente de circulación deja al fiscal sin «un elemento fundamental táctico», según sus palabras, para acreditar que lo encontrado en el garaje de Avilés, que supuestamente tenían alquilado Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, en julio de 2001, era dinamita. Así lo admitió ayer Perals al inicio de la vista oral de este macrojuicio que se sigue en Gijón contra veinte imputados.

Para el fiscal, se trata de «un testigo esencial» y su fallecimiento «altera sustancialmente» el proceso, por lo que solicitó al presidente de la sala Bernardo Donapetry la sustitución de su testimonio por la de otro funcionario de los Tedax que también intervino en la destrucción de la dinamita incautada en la cochera de Avilés.

La mayoría de los abogados de la defensa se opusieron ayer a esta sustitución por considerar que «se trata de una petición extemporánea e improcedente», según manifestó la letrada de Antonio Toro Castro, María Teresa Suárez. Tanto la abogada, como el representante legal de Trashorras, Gerardo Turiel, señalaron que «la muerte del 'tedax' figura en el rollo y esta parte tenía conocimiento de ella, por lo que no se explica cómo el fiscal no lo tuvo».

El Ministerio Fiscal, sin embargo, no conoció la noticia del fallecimiento hasta el miércoles pasado, cuando escuchó comentar por casualidad a uno de los abogados de la causa que un testigo había fallecido. Se da la circunstancia de que la muerte de este policía, ocurrida el 1 de agosto de 2005, causó una enorme conmoción en Avilés por tratarse de Carlos Fernández, hermano de Sergio Fernández, ex jugador del Sporting y actual jugador del Zaragoza.

Tras escuchar la negativa de los abogados, el juez pospuso «para hoy, a primera hora», su decisión sobre si considera oportuno o no incluir en la vista oral el testimonio del otro Tedax.

A la espera de su respuesta, el fiscal ve cómo se le acumulan sobre la mesa los obstáculos para demostrar que el 'caso Pipol', además de un entramado importante de venta de drogas, lo era también de dinamita. La muerte del experto en desactivación de explosivos se suma a la negativa del presidente del tribunal a incluir entre las pruebas un informe pericial de un trozo de cartucho hallado en la citada cochera. Dicho informe fue encargado al laboratorio de Toxicología de Madrid, el 30 de agosto de 2004 y, según manifestó Perals, no tuvo conocimiento de él hasta el 25 de septiembre de 2006, una vez concluido su escrito de acusación.

Tampoco permitió Donapetry que la acusación pública incluyera en su listado de testigos a los dos peritos de la Policía Científica que efectuaron ese análisis ni a los dos Tedax que enviaron esa muestra al laboratorio.

Así las cosas, Perals deberá apoyar su estrategia en los testimonios de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que realizaron el registro de la plaza de garaje de la calle de Eloy Fernández Caravera, en Avilés, y en el que de forma sorpresiva se encontraron, además de hachís, los 16 cartuchos de 'goma-2' y 94 detonadores automáticos.

Las declaraciones de estos agentes no estarán exentas de polémica, ya que los letrados de la defensa tratarán de demostrar por todos los medios que no hay documento alguno que indique que ese hallazgo era efectivamente 'goma 2'.

Recurso de casación

Hay otro punto de debate en el juicio. Se trata de la negativa del tribunal a contemplar como prueba documental las escuchas telefónicas, algo que según el fiscal «vulnera el derecho fundamental a usar los medios procedentes como pruebas». Perals manifestó tal queja «a los efectos de poner un recurso de casación ante el tribunal Supremo» que, si prospera, podría hacer que se suspendiera el juicio.

La expectación de la vista oral de ayer estaba centrada también en la declaración del inspector Manuel García 'Manolón', ex jefe del Grupo de Estupefacientes de Avilés. Su testimonio es clave porque uno de los procesados, Trashorras, principal imputado en el 11-M, siempre ha asegurado que actuó con su consentimiento porque entonces era colaborador de la Policía. La dilación de las declaraciones anteriores pospone su intervención hasta el próximo 6 de noviembre.

La «sumisión» de Toro

Fue la declaración del jefe del Grupo de Estupefacientes de Gijón en el año 2001 la más larga de las tres escuchadas ayer. Durante tres horas el también instructor de la 'operación Pipol' declaró que Antonio Toro Castro, imputado también en el 11-M, era entonces «un gran traficante de cocaína» y seguía las instrucciones del supuesto narco gallego, Marco B. M., con «una sumisión exagerada». «En cuanto le decía que se desplazara a Galicia le faltaba tiempo para marchar. En ocasiones ha ido y venido hasta dos veces en un mismo día», comentó.

Sin embargo admitió que «no se le vio traficar» y «nunca hubo sospechas de que traficara con explosivos». Antonio Toro irrumpe en el operativo, según recordó el policía, por una llamada que éste realizó tras averiarse su coche y llamar a un servicio de grúa, y por otra que efectuó a una compañía de telefonía móvil en la que aportó todos sus datos.

El jefe de Estupefacientes insistió en la idea de que el garaje de Avilés pertenecía a Trashorras, Toro y el 'Nayo', aunque admitió que «si Toro no nos llega a hablar de su existencia ni siquiera hubiéramos encontrado el hachís». Respecto a por qué la Policía no registró su domicilio dijo que «los traficantes que viven con sus padres no guardan la droga en casa y, más en el caso de Toro, que mantenía una relación con su madre como nunca vi en otras personas investigadas».

Información de Leticia Álvarez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Alicia Castro dice que no se puede desvincular el 'caso Pipol' del proceso del 11-M

«¿Por qué Toro no está procesado por el juez como Suárez Trashorras» «Lavandera es un héroe y lo que hizo sólo valió para que le amargaran la vida»

GIJÓN - Alicia Castro cree que la verdad sobre los atentados del 11-M «está todavía lejos», aunque aseguró que «acabaremos conociéndola, como supimos quién estaba detrás del GAL o de Filesa. En ese camino, asegura que el PP no descansará hasta que los ciudadanos conozcan «qué oculta el Gobierno» y para que no caigan en la trampa «de los muchos señuelos que nos han puesto en los últimos meses». La diputada asturiana del PP ofreció ayer una conferencia en Gijón, en la sede de la Asociación Cultural La Escalerona, sobre la investigación de los atentados madrileños, en la cual criticó al magistrado del 'caso Pipol' por no aceptar la conexión con el 11-M. «Está claro que no se pueden desvincular. 'Pipol' fue la antesala de los atentados y hay que recordar que el mayor imputado por el 11-M -Trashorras- está procesado en este caso», afirmó Alicia Castro.

La charla comenzó con la proyección de un vídeo realizado por la Fundación FAES, que preside José María Aznar, en el que se defiende la labor del entonces Gobierno del PP y se critica con gran dureza la actitud que siguió el PSOE a cuyos dirigentes acusa de haber utilizado los atentados para «dar un golpe de Estado tres días antes de las elecciones».

Durante su intervención, Castro realizó un resumen de todo el proceso de investigación desde el minuto cero. Según explicó, los socialistas «no nos dieron información» y se empeñaron en «aislar» al PP. Fue más allá en sus críticas luego y aseguró que el PSOE llegó incluso a «manipular» la declaración de algunos testigos en la comisión de investigación.

«El PP sólo quiere conocer quién está detrás de los atentados», afirmó la diputada popular, que señaló al terrorismo como «el mayor problema que tiene la humanidad en este siglo». Aquel gobierno que no esté dispuesto a combatirlo, advierte, «está abocado al fracaso».

Castro enumeró todas las pruebas que su partido maneja en la investigación y rebaten las tesis defendidas por el juez Del Olmo, responsable de la investigación, que -considera- «no sabe absolutamente nada». Castro ironizó: «Son tantas las casualidades que hay que una llega a preocuparse», y aprovechó su intervención para referirse a la llamada 'trama asturiana' de los explosivos. Se preguntó en este punto por qué motivo Antonio Toro no está procesado por el magistrado. Hizo un paréntesis también para referirse al confidente Francisco Lavandera, al que calificó como un «héroe». Según explicó, su valentía sólo le valió para que le amargaran la vida. Curiosamente, en ese momento, estaba en la sala el ex agente Campillo -el guardia civil que recibió la denuncia del confidente-, que asintió ante las palabras de la diputada popular.

Castro mostró sus dudas de que la dinamita robada en Asturias fuera la misma que se utilizó para los atentados de Madrid. Una vez más, insistió en que el Gobierno «no quiere conocer toda la verdad porque tiene algo que ocultar» y le acusó de llevar «informes falsos» ante el juez que lleva la investigación.

Información de J. A. G. publicada por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“El ausente” por Juan Neira

La muerte en un accidente de circulación de un técnico en desactivación de explosivos de la Policía Nacional, encargado de la destrucción de la dinamita de Avilés, priva al Ministerio Fiscal de un testimonio clave en el juicio del 'caso Pipol' para mantener la tesis del almacenamiento de dinamita. El presidente del tribunal se negó a aceptar como prueba un informe pericial sobre un cartucho encontrado en el garaje de Trashorras y Toro, así que ni el experto en explosivos de la Policía podrá declarar ni el cartucho supera la categoría de munición quemada. Le queda al fiscal el testimonio de los policías que registraron la plaza de garaje, pero de su declaración es difícil que se sustancie el almacenamiento de goma-2.

Sobre el 'caso Pipol' penden desde el principio dos alternativas, la de relacionarlo con el 11-M, dada la identidad de algunos procesados, y convertir sus testimonios en algo útil para desentrañar la matanza de los trenes de Madrid, o la de verlo como un asunto aislado, un simple caso de tráfico de drogas. Para que el proceso se oriente hacia una u otra tesis la clave estriba en la confirmación de la existencia de cartuchos de dinamita y detonadores automáticos. Sin dinamita en la cochera de Avilés no hay mecha que prender en este proceso y la expectación social creada por el 'caso Pipol' dejaría de estar justificada.

Queda por ver lo que darán de sí algunos testimonios como el del inspector, Manuel García, 'Manolón', ex jefe del grupo de estupefacientes de Avilés, con el que Trashorras dio a entender que tenía una gran confianza, al ser confidente suyo, y que le pasaba las informaciones. Y también el de un testigo como Lavandera Villazón, que ya hace años comunicó a la Guardia Civil que los dos cuñados tenían dinamita y pensaban darle un uso inquietante. Es difícil hacer un pronóstico, pero por las jornadas que ya llevamos del juicio oral parece que la alternativa de un 'caso Pipol' como asunto de drogas parece abrirse paso, dada la imposibilidad de contar con el testimonio del técnico que explosionó la dinamita. Para el consumo social siempre queda la dimensión puramente mediática del juicio, al que contribuyen la presencia de Trashorras y Toro. Además, pocas veces se ve a un acusado que tenga tanta facilidad de palabra como Trashorras.

Publicado por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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