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Noviembre del 2006

El tribunal del 11-M subraya que el juicio no cierra la investigación

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 9:00, Categoría: El Sumario del 11-M

Recuerda que la ley permite, incluso, suspender el juicio ante nuevos datos relevantes La Audiencia rechaza devolver la causa a Del Olmo para que practique nuevas diligencias

MADRID.- La Audiencia Nacional confirmó ayer la conclusión del sumario del 11-M acordada por el juez Juan del Olmo y abrió la fase de preparación del juicio, previsto para el próximo mes de febrero. En el mismo auto, la Sección Segunda de lo Penal rechaza todas las peticiones de diversas defensas y acusaciones, que consideraban que Del Olmo debería haber ordenado numerosas diligencias que nunca se llevaron a cabo. El tribunal también resalta que la conclusión del sumario se produce «sin perjuicio de cuantas nuevas indagaciones procedan, de acuerdo con la ley, de aparecer nuevos datos relevantes».

La Sala, que será la misma que juzgue el 11-M, recuerda a las partes que en esta nueva fase que se abre tienen la posibilidad de solicitar de nuevo las diligencias que consideren necesarias y que ahora han sido rechazadas. Así, aceptar en esta nueva fase que, por ejemplo, se realice un nuevo análisis de los explosivos no implica devolver el sumario a Del Olmo para que sea él quien las practique. Esa devolución del sumario al instructor hubiera hecho casi imposible celebrar el juicio antes de cumplirse el tiempo máximo de prisión provisional de algunos procesados, según indicaron fuentes jurídicas.

Ante las alegaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Sala señala que dar por concluido el sumario no supone «el agotamiento de todos los aspectos o hipótesis posibles en relación con los hechos investigados, sin perjuicio de cuantas nuevas indagaciones procedan, de acuerdo con la ley, de aparecer nuevos datos relevantes».

El tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, añade que esto «puede ocurrir antes, durante o después del juicio, incluso dando lugar a la suspensión del curso del mismo si se producen revelaciones o retractaciones inesperadas que sean sustanciales para el enjuiciamiento de los procesados».

La AVT había pedido continuar con la instrucción del sumario porque, a su juicio, la propia decisión de Del Olmo de seguir con la investigación en otras diligencias demostraba que faltaban elementos esenciales. Según la AVT, «no puede llevarse a cabo un juicio donde de antemano se sabe que no se conocerá la verdad de lo que ocurrió y donde no se encuentran las claves para saber quiénes fueron los responsables reales».

La Sala rechaza acumular esas nuevas diligencias al sumario del 11-M -como también había pedido la Fiscalía- aunque recuerda que puede pedir que una copia se aporte al sumario para tenerla en cuenta durante el juicio. En esas diligencias Del Olmo interrogó al jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, por sus declaraciones contradictorias sobre las sustancias detectadas en los focos de los atentados.

Entre las peticiones rechazadas se encuentra la toma de declaración como imputados de José María Aznar, Angel Acebes y Federico Trillo, de los tres peritos de la Policía que firmaron el informe inicial que relacionaba a ETA con el 11-M, y del Policía nacional de origen sirio Maussili Kalaji, en cuyo local, según diversas acusaciones, se liberaron los teléfonos del 11-M.

Tampoco acepta la Sala conceder nuevo plazos a varias defensas que lo solicitaron alegando la complejidad de la causa y diversos problemas con las copias digitales entregadas. Una de esas defensas es la de Rabei Osman, El Egipcio, que acaba de ser juzgado en Italia por terrorismo y que será entregado a España para el 11-M el próximo 6 de noviembre, según indicaron fuentes jurídicas.

En los próximos días -previsiblemente el lunes- la Fiscalía deberá presentar al tribunal su escrito de calificación provisional, en el que concrete las condenas que solicita a cada uno de los 29 procesados. A continuación, la Sala dará otro plazo de cinco días para que haga lo mismo el resto de acusaciones. Posteriormente, las defensas dispondrán de 20 días para presentar sus alegaciones.

Información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Audiencia abre juicio a 29 procesados por la masacre del 11-M y rechaza imputar a Aznar

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 8:30, Categoría: El Sumario del 11-M

El Tribunal advierte de que puede suspender la vista si aparecen «nuevos datos relevantes»

Madrid - La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó ayer la apertura de juicio oral contra los 29 procesados por su presunta relación con los atentados del 11-M de Madrid, aunque advierte que se puede suspender la vista, incluso si han comenzado las sesiones, si aparecen «nuevos datos relevantes», es decir, «si se producen revelaciones o retractaciones inesperadas que sean sustanciales para el enjuiciamiento de los procesados». En la resolución de la Sala, integrada por los magistrados Javier Gómez Bermúdez -presidente-, Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado, se rechaza la petición de una acusación particular, ejercida por unos afectados de los atentados terroristas, para que se imputase al ex presidente del Gobierno José María Aznar y a los ex ministros Ángel Acebes y Federico Trillo, ya que en este trámite procesal «sólo puede instarse la imputación de aquellas personas que previamente se hubiera solicitado su procesamiento ante el instructor y, denegado por éste, se hubiera recurrido en reforma con idéntico resultado». Este mismo argumento sirve para rechazar la imputación de los tres peritos que relacionaron a ETA con el 11-M, tal y como había pedido otra acusación particular.

En esta misma línea, la Sala ha rechazado la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de revocar la conclusión del sumario. La AVT esgrimía que no se conoce realmente «la verdad» de los atentados. Sin embargo, la Sala deniega esa posibilidad y asegura que la AVT «confunde el agotamiento de todos los aspectos o hipótesis en relación con los hechos investigados», con la terminación de un sumario «cuando a juicio del instructor se hayan practicado todas las diligencias pertinentes y/o posibles».

Por ello, los magistrados avalan la decisión del juez instructor, Juan del Olmo, de dar por concluido el sumario en relación con las 29 personas que aparecen como presuntos responsables de los atentados. Es en este punto donde destaca la Sala que lo anterior no impide que puedan aparecer «nuevos datos relevantes, lo que puede ocurrir antes, durante o después del juicio», que podrían incluso determinar la suspensión de las sesiones de la vista oral «si se producen revelaciones o retractaciones inesperadas que sean sustanciales para el enjuiciamiento de los procesados».

Fuerzas de Seguridad

La misma suerte denegatoria de sus pretensiones ha sufrido la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, quien argumentaba que su tardía incorporación al proceso no le había permitido intervenir en la instrucción para «despejar las lagunas», que, en su opinión, persisten y esclarecer la «actuación presuntamente irregular de algunos funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado». Sin embargo, la Sala afirma que esa razón no es causa para revocar la conclusión del sumario, «sin perjuicio de que, de confirmarse, den lugar a la investigación y/o exigencia de responsabilidad correspondiente en procedimiento aparte».

El fiscal tiene ahora cinco días para presentar su escrito de calificaciones provisionales. El juicio podría comenzar en febrero.

Información de F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Apertura del Juicio Oral del 11-M: La versión de ABC y EL PAIS

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 8:00, Categoría: El Sumario del 11-M

El Tribunal del 11-M despeja el camino para llegar al juicio y rechaza devolver el sumario al juez

MADRID. La causa judicial que se abrió el 11 de marzo de 2004 como consecuencia de los terribles atentados islamistas cometidos en Madrid está cada vez más próxima a su fin. El Tribunal que celebrará la vista -a principios de febrero- dictó ayer el auto de apertura de juicio oral, en el que establece, entre otras cuestiones, que el banquillo de los acusados lo ocuparán las 29 personas que el juez Juan del Olmo procesó el pasado 10 de abril.

No hay marcha atrás

La resolución rechaza las peticiones formuladas por algunas acusaciones para que se devuelva la causa al instructor con el fin de practicar diversas diligencias, entre ellas tomar declaración como imputados a José María Aznar, Ángel Acebes y Federico Trillo; o interrogar a los tres peritos de la Policía Científica que lanzaron la hipótesis -rechazada por sus superiores- sobre la relación entre los islamistas y ETA basándose en el hallazgo de ácido bórico en el piso del procesado Hassan el Haski en 2004 y en el de un comando etarra, en 2001.

Conforme a las líneas de investigación que Del Olmo mantiene abiertas (en alguno de los escenarios del 11-M se hallaron restos genéticos que siguen sin identificar), la AVT solicitó la devolución del sumario al instructor para que se averigüe «quiénes son los verdaderos autores materiales del atentado».

El Tribunal rechaza esta posibilidad, recuerda a la AVT que la instrucción del 11-M ha concluido respecto de las personas que han sido procesadas por Del Olmo y hace ver a esta acusación que confunde «el agotamiento de todos los aspectos o hipótesis posibles en relación con los hechos investigados (...) con la terminación del sumario cuando a juicio del instructor se hayan practicado todas las diligencias pertinentes y/o posibles». La Sala también señala que la Ley de Enjuiciamiento Criminal tasa claramente cuáles son las causas por las que se puede suspender la celebración de un juicio, siendo una de ellas la aparición de «revelaciones o retractaciones inesperadas» que «produzcan alteraciones sustanciales» para el enjuiciamiento de los procesados. Y hasta ahora, no existe ningún dato que justifique la reapertura de la investigación de los atentados de Madrid.

La Sala también desestima las peticiones formuladas por los abogados de los acusados, que en su mayoría se refieren al «abuso del secreto del sumario» y a las dificultades para tener acceso al mismo y preparar las defensas.

Por otra parte, un perito experto en explosivos (Tedax) aseguró ayer durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra los seis miembros del llamado «comando dixán» que uno de los teléfonos móviles incautado en 2003 a los presuntos terroristas había sido manipulado de la misma manera que los utilizados en dos atentados cometidos por Al Qaida -el de Bali (Indonesia) en 2002, y los de Madrid, en 2004- y presentaba dos orificios en la parte superior, necesarios para sacar dos cables si se emplea para activar explosivos por radio-control. El experto señaló, no obstante, que no había ningún cable unido a ese terminal telefónico.

El fiscal pide un total de 142 años de cárcel para los seis islamistas.

Texto de N. Colli y N. Villanueva publicado por el diario ABC el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia cierra la investigación del 11-M y da 'luz verde' al juicio 

El tribunal rechaza citar a Aznar, Acebes y Trillo como imputados

Madrid - La Audiencia Nacional dictó ayer auto de apertura del juicio oral contra los 29 procesados por los atentados del 11-M, lo que supone de hecho la clausura de la investigación y permite que el juicio pueda celebrarse en febrero de 2007. El tribunal rechazó todas las peticiones planteadas por los abogados, incluidas las citaciones como imputados del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de los ex ministros Ángel Acebes y Federico Trillo.

También se rechazó la imputación de los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, que relacionaron el 11-M con ETA tras haberse incautado algo más de un kilogramo de ácido bórico en el domicilio de Canarias en el que se ocultaba el procesado Hassan el Haski, al que se considera uno de los planificadores y responsable del ataque a los trenes de la muerte. La razón esgrimida por el tribunal es puramente técnica, ya que en este trámite procesal la ley no permite la imputación de personas para las que previamente no se hubiera solicitado su procesamiento ante el juez instructor, lo que sucede en este caso.

El tribunal, no obstante, reconoce el derecho genérico de las partes a interponer denuncias o querellas contra Aznar, Acebes, Trillo o los peritos del ácido bórico, pero en procedimientos independientes del caso del 11-M.

El tribunal ha denegado también la pretensión de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que solicitaba la devolución del sumario al juez instructor sobre la base de que existen otras diligencias -las 147/06 del Juzgado Central 6- que a su entender versan "sobre quienes sean los verdaderos autores materiales del atentado", en referencia a ETA. La AVT alegaba que "no puede llevarse a cabo un juicio donde de antemano se sabe que no se conocerá la verdad de lo que ocurrió y donde no se encuentran las claves para saber quiénes fueron los responsables reales de la matanza".

Aunque en el auto no existe ninguna mención a la teoría de la conspiración y a la supuesta intervención de ETA en los atentados, la Audiencia es contundente. La AVT "confunde el agotamiento de todos los aspectos o hipótesis posibles en relación con los hechos investigados, que no es una exigencia absoluta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder concluir un determinado sumario, con la terminación de éste cuando a juicio del instructor se hayan practicado todas las diligencias pertinentes y/o posibles".

Datos relevantes

La conclusión del sumario por el instructor es impecable, dice el tribunal, en relación con las personas que aparecen como presuntos responsables de los hechos del auto de procesamiento, sin perjuicio de que se realicen todas las nuevas indagaciones que procedan de acuerdo con la ley, pero únicamente "en el caso de aparecer nuevos datos relevantes",

Precisamente la aparición de datos relevantes podría llegar a suspender el juicio, pero para ello debería de tratarse de "revelaciones o retractaciones inesperadas" que fueran "sustanciales para el enjuiciamiento de los procesados".

El tribunal ha rechazado la incorporación de las diligencias 147/06 al sumario, aunque deja abierta la posibilidad de que su contenido pueda unirse como un testimonio a la causa y pueda utilizarse como prueba documental.

Respecto a la "actuación presuntamente irregular de algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado" esgrimida por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M -que recibe ayudas de la Comunidad de Madrid-, el tribunal señala que no es causa de revocación del sumario, "sin perjuicio de que, de confirmarse, den lugar a la investigación o exigencia de responsabilidad correspondiente en procedimiento aparte".

El tribunal también desestima las peticiones de Basel Ghalyoun, Emilio Llano y Javier González, que alegaban falta de indicios para juzgarles.

Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


A la espera de El Egipcio 

Madrid - Rabei Osman El Sayed Ahmed, Mohamed El Egipcio, considerado uno de los emires del 11-M y que se encuentra preso en Italia, será entregado a la Justicia española el próximo día 6, según confirmaron ayer fuentes de la Audiencia Nacional.

La defensa de El Egipcio había alegado dificultades para preparar la defensa de su cliente dado que éste se encontraba preso en el extranjero aparte de su desconocimiento del idioma. El Ministerio de Justicia ha contratado a una serie de intérpretes y el problema de comunicación será subsanado a partir de que llegue a España.

A partir de ahora, tras el auto de apertura del juicio oral, el fiscal dispone de cinco días de plazo para presentar su escrito de conclusiones provisionales, lo que, según ha anunciado la propia fiscalía, se producirá también el próximo día 6.

Las citadas fuentes han asegurado que el escrito, en el que se pedirán miles de años de cárcel para los principales implicados, delimita muy bien lo ocurrido en los escenarios del 11-M: la compra de los explosivos por parte de los islamistas a la trama asturiana, la adquisición de los móviles utilizados en las bombas que estallaron en los trenes, el montaje de las bombas en la casa de Chinchón o el suicidio de Leganés.

Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Apertura del Juicio Oral del 11-M: Editoriales en ABC y EL PAIS

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 7:30, Categoría: El Sumario del 11-M

“Juicio para el 11-m” (Editorial de ABC)

La decisión de la Audiencia Nacional de abrir juicio oral en el sumario por los atentados del 11-M imprime a esta causa una celeridad imprevisible hace sólo unos meses. Los pronósticos más realistas contaban con que los trámites posteriores a la conclusión del sumario abarcarían más tiempo, e incluso no se descartaba la posibilidad de que el juez Del Olmo tuviera que reabrir la investigación para practicar nuevas diligencias. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, sin embargo, resolvió con rapidez los recursos de apelación contra los procesamientos dictados por el instructor y rechazó las peticiones de algunas partes personadas de continuar con el sumario para aclarar aspectos aún no esclarecidos satisfactoriamente. Estas decisiones intermedias de la Sala explican que, a pocos meses de la terminación del sumario instruido por Del Olmo, esté ya decidida la celebración de la vista oral.

Esta resolución judicial implica una definitiva aprobación de la instrucción sumarial, lo que no quiere decir que sus resultados sean igualmente definitivos. El propio juez Del Olmo reflejó en sus autos finales los interrogantes que aún quedan por despejar (modus operandi, autores no identificados), además de los que algunas acusaciones mantienen sobre determinadas pruebas o informes periciales. La Sección de la Audiencia Nacional igualmente deja abierta la posibilidad de que aún se incorporen a la causa nuevos datos y de que incluso la vista oral se suspenda si procede realizar investigaciones complementarias. De esta manera, se avanza decisivamente en un proceso que ha acumulado datos suficientes para juzgar a los procesados, sin cerrar la puerta a nuevos enjuiciamientos si aparecen datos que lo justifiquen.

Tras el auto de apertura de juicio oral, el fiscal y las demás partes personadas -procesados y acusadores- deberán presentar su calificación de los hechos, con la petición de pruebas que quieran hacer valer en la vista y que serán las únicas con validez y eficacia para fundamentar una posterior sentencia condenatoria. Queda, por tanto, la fase principal del proceso, aunque la polémica política y mediática haya dado esa condición a la instrucción. En todo caso, es una buena noticia que las víctimas del 11-M -y la sociedad, en general- tengan la certidumbre de que la Justicia no ha encallado y de que podrán reclamar las responsabilidades que correspondan por aquellos terribles atentados, sin perder su derecho irrenunciable a que las investigaciones continúen sobre los extremos que aún no han sido debidamente aclarados, que no admiten juicios paralelos mediáticos ni teorías conspirativas.

Editorial publicado por el diario ABC el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“11-M, juicio a la vista” (Editorial de EL PAIS)

La consecuencia más importante del auto de apertura del juicio oral sobre los atentados del 11-M, dictado ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es que ya queda expedita la vía para su celebración. De paso echa por tierra los últimos intentos planteados para cuestionar, bien en aspectos parciales o en su totalidad, la instrucción del juez Juan del Olmo. El más llamativo es, sin duda, el de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que lidera Alcaraz, que en perfecta sintonía con la lunática tesis de la conspiración sobre la masacre pretendía dinamitar la instrucción -devolvérsela a Del Olmo para que quedara empantanada- con la peregrina y nada jurídica teoría de que aún no se sabe la verdad, ni se sabrá nunca.

A partir de ahora se abre un periodo de tiempo en el que tanto los abogados defensores de los 29 procesados en la causa como el ministerio fiscal y las acusaciones particulares deberán elaborar sus conclusiones provisionales sobre los hechos y su calificación jurídica. Sobre estas conclusiones deberá articularse inicialmente el debate de la vista, cuya fecha todavía no se ha fijado, pero que probablemente se celebrará en febrero.

En un proceso normal, la conclusión del sumario y la apertura de juicio oral serían trámites sin mayor trascendencia. Pero no en el del 11-M. Llegar a este punto ha supuesto un logro indudable de la justicia frente a sectores políticos y mediáticos que no han ahorrado esfuerzos, incluidos insultos y ataques personales al juez, para hacer descarrilar la instrucción y aplazar al menos hasta después de las elecciones generales de 2008 la celebración del mismo. Como era de esperar, el sistema judicial no se ha visto afectado por esas maniobras dilatorias y ha actuado teniendo en cuenta los intereses de la sociedad y de las víctimas. En relación con éstas, no demorando artificialmente la respuesta a su demanda de justicia, y en relación con la sociedad, evitando el escándalo de que sean puestos en libertad antes del juicio los presuntos culpables de 191 asesinatos consumados y varios cientos frustrados.

Inasequibles al desaliento y al sonrojo, los mismos sectores políticos y mediáticos que han perdido la batalla contra la instrucción sumarial ya han anunciado su próximo objetivo: el descrédito de la vista oral propalando la especie de que "la verdad sobre el 11-M" está en otro sitio, no se sabe cuál, menos en el juicio oral. Y lo lamentable es que desde la propia justicia se lanzan últimamente mensajes ambiguos, como que el juicio sobre la masacre de hace dos años no es universal -ninguno lo es salvo el del fin del mundo- o que pueden aparecer "hechos nuevos", que sirven para reforzar ese discurso falaz e interesado.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


EL PAIS sugiere una fiscalia dividida sobre el caso del ácido bórico

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La fiscalía, dividida sobre la actuación del superior de los peritos del ácido bórico 

El mando policial suprimió una observación que relacionaba de forma gratuita a ETA con el 11-M

Madrid - La fiscalía de Madrid está dividida respecto a la actuación de Francisco Ramírez, jefe policial de los tres peritos que firmaron un informe en el que relacionaron a ETA con los atentados del 11-M por la coincidencia de ácido bórico hallado en los domicilios, en años diferentes, de un islamista y un miembro de la banda terrorista.

De momento, con los datos que figuran en las diligencias que tramita la juez Gemma Gallego, titular del Juzgado 35 de Madrid, la jefatura de la fiscalía madrileña entiende que no existe delito, mientras que la fiscal adscrita al juzgado, Patricia Fernández, sí ve indicios de "falsedad formal" en la actuación de Ramírez, quien en su calidad de superior de los tres peritos retiró del informe las observaciones en las que se vinculaba a ETA con el 11-M sin base alguna.

El juez Baltasar Garzón, que investigó inicialmente el caso, solicitó las normas internas de elaboración de informes y concluyó que dentro del capítulo de observaciones los peritos no podían inducir la relación entre ETA con el 11-M. Asimismo, estimó conforme al protocolo de actuaciones que su jefe eliminara la observación en el informe definitivo enviado al juez.

Fuentes del entorno del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, dicen que éste no ve indicios de delito ni en la actuación de los peritos ni en la de los mandos policiales.

La juez Gallego, candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial -para lo cual dependerá del voto del Partido Popular- ha interrogado como imputados a tres jefes de los peritos: Francisco Ramírez, jefe de Analítica de la Policía Judicial; Pedro Luis Mélides, secretario general de Policía Científica, y Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica.

Control de calidad

La fiscalía de Madrid está a la espera de que concluya la instrucción para pronunciarse. La fiscal Fernández ha estado en todos los interrogatorios y no ha pedido la imputación de nadie. Ha apoyado el levantamiento parcial del secreto que pesaba sobre las diligencias y solicitó a la juez Gallego que solicite la normativa sobre control de calidad que regula la confección de informes científicos en la Policía. En esa normativa, entre otras cosas, se basó Garzón para dictaminar que la actuación de Ramírez y del resto de los mandos había sido correcta y ajustada a derecho. La misma deja en manos de los mandos policiales la supervisión y revisión para que los informes periciales se ajusten a las normas de calidad.

La fiscalía ha celebrado ya un primer encuentro para definir la calificación de los hechos, en el que participó la fiscal del caso. En esa reunión, el fiscal jefe Moix efectuó una primera valoración provisional, en la cual propuso el archivo de las diligencias al entender que no hay delito ni en la actuación de los peritos ni en la de sus jefes.

La fiscal no ha apreciado delito de falsedad en la conducta de los tres peritos que firmaron el informe en julio de 2006 con fecha de 2005 y sostiene que al menos uno de los jefes policiales, Ramírez, ha podido cometer una falsedad formal.

Ramírez, en su declaración como imputado ante la juez, admitió que comentó a Manuel Escribano, perito que redactó el informe, que debía eliminar, por irrelevante, una observación que hacía en el informe respecto al hallazgo de ácido bórico (sustancia química que, entre otras cosas, sirve para matar cucarachas) en casa de dos etarras detenidos en 2001, en la de un militante antisistema arrestado en Madrid y en la de un islamista detenido en Canarias en relación con los atentados de Casablanca.

En dicha observación, calificada de "mera elucubración" por los mandos policiales, se describía el ya mencionado nexo entre ETA y el 11-M. Escribano se negó a eliminar la citada observación y dejó el informe sobre la mesa de Ramírez. Éste eliminó la observación y lo hizo suyo con su firma amparándose en la facultad que, como jefe, le otorgan el protocolo interno de actuaciones.

Ramírez afirmó primero que él había realizado los análisis del ácido bórico, aunque más tarde rectificó, en la declaración ante la juez Gallego, al señalar que había dado por buenos los exámenes realizados por sus subordinados, los tres peritos citados. Según fuentes jurídicas, la fiscal Fernández señala que en esta conducta podría haber "falsedad formal".

Cuestión distinta, señalaron las fuentes a este periódico, es que esa acción de Ramírez "tenga relevancia penal".

Texto de José A. Hernández publicado por el diario EL PAIS el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El fiscal del 'caso Pipol' se entera un año después de la muerte del perito que examinó los explosivos

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 6:30, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

OVIEDO.- El juez del caso Pipol, Bernardo Donapetry, admitió ayer que un nuevo perito de los Tedax sustituya al agente que examinó los explosivos hallados en el garaje que tenían alquilado Antonio Toro, su cuñado José Emilio Suárez Trashorras y José Fernández Díaz, Nayo. El tedax, que estaba citado en la vista oral como testigo, falleció en un accidente de motocicleta el 1 de agosto de 2005.

Su muerte no había sido comunicada al fiscal, José Perals, que se enteró del fallecimiento hace apenas una semana y por casualidad, según La Nueva España. El perito estaba citado para ratificar que la dinamita hallada en julio de 2001 en un garaje de Avilés durante el desarrollo de la operación Pipol era Goma-2.

Donapetry se opuso a la petición de los letrados para que no se sustituyera al agente.

El nuevo testigo de los Tedax pertenece a la Jefatura Superior de Policía de Oviedo y puede corroborar el testimonio del compañero fallecido que entró en el garaje de Avilés y se aprehendió de 16 cartuchos de dinamita industrial Goma 2 Eco y 96 detonadores eléctricos industriales. El tedax de Oviedo vio los explosivos antes de que se enviasen a Madrid para su examen.

La abogada de Toro y el letrado de Trashorras protestaron ante el tribunal porque, en su opinión, «no corresponde que este agente sustituya al fallecido», y recordaron que «no intervino en ningún informe autorizado por el Ministerio Fiscal».

Durante la sesión de ayer del juicio de la operación Pipol, la sexta desde que comenzó el juicio el 23 de octubre, prestaron declaración como testigos siete agentes de la Policía. Todos ellos ratificaron la calificación del fiscal Antidroga y argumentaron que los implicados formaban parte de una red de tráfico de drogas entre Galicia y Asturias.

Información publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (1 de noviembre de 2006): Otro Tedax si declarará

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El tribunal acepta la declaración de otro perito que sustituirá al fallecido en 2005

El agente, que pertenece a los Tedax, fue el que recogió la dinamita en las dependencias policiales de Oviedo

Gijón - Un perito policial, miembro del grupo especial de desactivación de explosivos de la Policía Nacional, declarará en el juicio sobre la «operación Pípol» en sustitución del que estaba citado en un primer momento, que falleció en 2005. El tribunal aceptó ayer la petición que había hecho el fiscal de llamar a declarar a otro perito y mantener así el único testimonio técnico que existe sobre la dinamita localizada en el garaje que, según la acusación pública, compartían José Emilio Suárez Trashorras, Antonio Toro y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo».

El presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, argumentó su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que marca que se puede «sustituir a un perito por otro» cuando se trata de una declaración sobre una prueba que ya existe. La petición de declaración del tedax se presentó en plazo por parte del fiscal y fue aceptada por la Audiencia, lo que para Donapetry respalda esta decisión de aceptar, tras el fallecimiento del primer perito, la citación del segundo.

Los abogados de Toro y Suárez Trashorras, María Teresa Suárez y Gerardo Turiel, respectivamente, formularon su protesta alegando que no consta que este nuevo agente haya participado en la elaboración de ningún informe. De hecho, su referencia profesional sólo aparece en una ocasión en todo el tomo y es en la diligencia de destrucción de la dinamita localizada en el garaje.

El tedax fallecido en agosto de 2005 en un accidente de moto en el casco urbano de Avilés, y al que el fiscal José Perals había llamado en un primer momento, fue el que recogió la dinamita del garaje de Avilés y la trasladó a las dependencias policiales en Oviedo, es decir, el encargado de iniciar el protocolo de actuación del grupo. El que declarará el próximo 13 de noviembre fue el encargado de recogerla cuando llegó a la Jefatura en la capital.

Por su parte, la diputada del Partido Popular Alicia Castro ha enviado otras dos preguntas al Congreso de los Diputados en esta ocasión sobre la «Pípol»; pide conocer los motivos por los que el informe sobre los explosivos no se remitió antes al juez (prueba no admitida por Donapetry) y por qué no se notificó al fiscal la muerte del tedax.

Información de Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


«Espero que os tiréis a Manolón como a mi hijo»

Los padres de Trashorras dicen que el avilesino intentó «aclarar la verdad»

Gijón - «Espero que os tiréis a Manolón como os tirasteis a mi hijo a hacer las fotos y que no le tapéis la cara». La madre de José Emilio Suárez Trashorras, Conchita Trashorras, se dirigía ayer por primera vez a los periodistas que siguen el juicio de la «operación Pípol». Al terminar la vista oral la mujer se acercó para recordar que la declaración del que fuera jefe de estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, será el próximo lunes, día 6.

«Emilio siempre trabajó para Manolón», puntualizó José Manuel, padre del ex minero, a las palabras de su esposa. Los dos han acudido, cada día, al Juzgado de Gijón para ver a su hijo. En la sala le han mostrado su apoyo con constantes gestos de cariño. En alguna ocasión, incluso, han podido acercarse a él para abrazarle.

«Mi hijo no es ningún terrorista ni ningún delincuente. Nunca estuvo preso y hay documentos que lo demuestran. Podéis mirarlo», afirmaba Conchita Trashorras mientras recordaba que su única intención fue siempre «aclarar de dónde venía todo el tema. Saber la verdad». Y ante esta afirmación, los padres del imputado por el 11-M lo tienen claro: «Sólo hay que ver las declaraciones de los jefes. No dicen nada más que paja», afirman en relación a los testimonios que los responsables policiales que desarrollaron la «operación Pípol» en Asturias están haciendo en el juicio.

«Emilio es una buena persona», dicen con firmeza. José Manuel Suárez recuerda que «tiene una enfermedad», refiriéndose a la esquizofrenia que sufre y que, tal como declaró el ex minero en su declaración en el juicio, se le ha agravado durante los últimos meses.

El matrimonio Suárez Trashorras espera con impaciencia la declaración de Manolón, que finalmente se producirá el primer día de la próxima semana. El agente ya acudió el pasado lunes, cuando estaba citado inicialmente, al Juzgado. Allí se encontró con los padres del avilesino, con los que cruzó un pequeño gesto de saludo.

Información de Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Un policía denuncia a Trashorras por agresión

Gijón - Uno de los agentes de los antidisturbios que están en la sala para custodiar a los detenidos presentó en el Juzgado de guardia una denuncia por agresión e insultos contra José Emilio Suárez Trashorras.

Los hechos sucedieron, según consta en la denuncia, durante el receso de la vista oral el lunes. Trashorras se puso a hablar con su cuñado, Antonio Toro, y el agente le llamó la atención y le recordó que no podía comunicarse con él. Fue entonces cuando el avilesino se enfrentó al policía, le insultó y le propinó dos patadas. El agredido, tras presentar un parte facultativo, puso la correspondiente denuncia en el Juzgado y puso lo sucedido en conocimiento del presidente del tribunal, Bernardo Donapetry.

Su abogado, Gerardo Turiel, había solicitado en varias ocasiones que a Trashorras se le quitaran las esposas durante el juicio. Incluso alegó que atentaba contra los derechos fundamentales de su cliente. El jefe del dispositivo de seguridad siempre se negó. El lunes estaba esposado.

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El juez acepta que otro 'tedax' declare en el 'caso Pipol' pese a la oposición de la defensa de Trashorras

Donapetry admite la solicitud del fiscal de que otro perito en explosivos acredite que lo encontrado en el garaje de los dos avilesinos en 2001 era 'goma 2' Perals ve garantizada la cadena de custodia de la principal prueba para vincular este juicio con la trama del 11-M

GIJÓN - Las protestas de los abogados de Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, ambos imputados en el 11-M, no sirvieron para hacer cambiar de opinión al juez. Bernardo Donapetry, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial donde se procesa a veinte imputados por la operación policial 'Pipol', abrió ayer una nueva sesión del juicio con un espaldarazo al fiscal al aceptar la sustitución del 'tedax' fallecido en 2005 por otro policía también experto en desactivación de explosivos. La decisión del tribunal, que se ampara en la jurisprudencia, «dice que el testigo no es sustituible pero sí el perito», constituye un paso importante para la acusación pública que desde el principio ha querido demostrar que Toro y Trashorras estaban implicados en un entramado de venta de 'goma 2' como la que se empleó en los atentados del 11-M.

El fiscal José Perals contará, finalmente, con el testimonio de un 'tedax' para certificar que eran cartuchos de dinamita lo encontrado en el garaje de Avilés, en 2001. Los abogados de la defensa, sin embargo, tendrán muy en cuenta que el perito sustituto nunca estuvo en dicho garaje. Fue el 'tedax' fallecido en un accidente de circulación en agosto de 2005 el único experto en explosivos que entró en esa cochera y levantó acta de la dinamita incautada. Posteriormente, la trasladó a la Comisaría de Oviedo donde se dio la orden de su destrucción por su deterioro.

La reacción de la abogada Toro Castro, María Teresa Suárez, fue inmediata: advirtió a la sala de que «el perito sustituto no intervino en ningún informe como sí había hecho el otro».

A pesar de ello, el fiscal tiene la cadena de custodia de la prueba, referida a la dinamita, porque también contará con el testimonio de los cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía que registraron la cochera de Avilés y encontraron el alijo de hachís y las sustancias explosivas. Entre ellos destacará el testimonio del inspector Manuel García 'Manolón', entonces jefe de Estupefacientes de la Comisaría de Avilés y que tenía entre sus confidentes a José Emilio Suárez Trashorras.

Su testimonio se pospone hasta el próximo lunes, después de que la declaración del policía instructor de la 'operación Pipol' se prolongara durante más de tres horas el pasado lunes.

Ayer, en la quinta sesión de la vista oral del caso, declararon siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron, en mayor o menor medida, en el dispositivo desplegado para desarticular la trama de venta de drogas. Dos de los agentes, uno de ellos en periodo de formación cuando se desarrolló la operación, aseguraron no recordar los detalles de su intervención, por lo que la ronda de preguntas de las partes fue breve.

El resto de los policías ratificó el escrito de acusación del fiscal Antidroga y argumentaron que todos los implicados formaban parte de una red de tráfico de drogas entre Galicia y Asturias. Uno de ellos, el ex policía local de San Martín del Rey Aurelio L. C. G., estaba considerado por los policías como «el mayor traficante de cocaína de Asturias y todos los demás pasaban por él» en la toma de decisiones.

El responsable de la Unidad de Drogas de la Comisaría de Oviedo, que colaboró en apoyo de la de Gijón, aseguró que, en un momento de los seguimientos, L. C. G. «estaba mosqueado porque vio movimientos sospechosos a su alrededor, lo que nos obligó a cambiar nuestra fórmula de comunicación y a reducir el número de efectivos. Además, como era policía, conocía maneras de actuar que no están al alcance de cualquiera».

Finalmente, el jefe del Grupo de Estupefacientes de Oviedo aseguró haber intervenido en el dispositivo que interceptó en la localidad de Navia, el 25 de julio de 2001, a un Renault 21 en el que viajaban dos de los imputados, F. J. A. S. y D. G. D., que regresaban de Galicia. Cuando en el maletero, y escondido entre unos callejeros, la Policía encontró «un paquete típico de dos kilos de cocaína», F. J. A. S. se sorprendió porque, tal y como aseguró el inspector, «todo el mundo se queda sorprendido cuando aparece eso...».

Información de Leticia Álvarez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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