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Enero del 2007
Desestimó la iniciativa contra el jefe de la UCO pese a tener el escrito que dejaba en evidencia su falsedad
MADRID.- El juez Del Olmo resolvió en noviembre de 2006 archivar la denuncia que había presentado el confidente marroquí Rafá Zouhier el 8 de agosto de 2005 contra el coronel Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por mentir ante la Comisión de Investigación del 11-M. Esta decisión fue tomada por el magistrado a pesar de tener en su poder dos pruebas que demostraban lo contrario.
La primera de esas pruebas era un informe que la UCO elaboró el 6 de marzo de 2003, en el que se demostraba que Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras traficaron con explosivos a nivel nacional. Ese documento fue ocultado por Hernando a los diputados de la Comisión.
La segunda de ellas era la declaración del comandante Francisco Javier Jambrina, segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, donde mantenía que el alférez Jaime Trigos, de la UCO, lo llamó y le pidió que destruyera el informe que demostraba que su jefe no había dicho la verdad.
El magistrado de la Audiencia Nacional, apoyándose en un dictamen favorable al archivo por parte de la Fiscalía, consideró que las denuncias de Zouhier eran, simplemente, «valoraciones particulares» del denunciante.
Hay que recordar que EL MUNDO reveló, en sus ediciones de ayer y anteayer, que el coronel Hernando declaró en la Comisión del 11-M que el último informe que elaboró su unidad sobre los explosivos utilizados en los atentados y sobre los vendedores de esa sustancia era del 27 de febrero de 2003.
Este periódico documentó que Hernando mentía, que había un documento posterior, que correspondía al 6 de marzo de 2003, y que allí se demostraba que el tráfico de explosivos era de ámbito nacional y no regional, como declaró el jefe de la UCO en la Comisión del 11-M.
Además, se da la circunstancia de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la encargada de juzgar los atentados del 11-M, ha solicitado al Congreso que le envíe con la «máxima urgencia» la intervención que realizó el coronel Hernando ante la Comisión parlamentaria.
El informe que presentó la Fiscalía de la Audiencia Nacional para pedir el archivo de la denuncia de Zouhier está recogido en el auto que elaboró el juez Del Olmo el 14 de noviembre de 2006: «La reconstrucción de supuestos hechos realizada por el denunciante sobre la base de sus particulares valoraciones de la conducta de funcionarios de la Guardia Civil no constituye indicios de comisión de los delitos de que pudiera ser competente la Audiencia Nacional, por lo que procede el archivo de las actuaciones».
Sin embargo, el 25 de enero de 2005 el comandante Jambrina realizó una serie de declaraciones ante el juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez en las que reflejó que el alférez Trigos le llamó por teléfono el 26 de julio de 2004 y le pidió que destruyera el documento del 6 de marzo de 2003. Ése era el informe que Hernando ocultó a la Comisión del 11-M.
La denuncia de Zouhier contra Hernando y varios miembros de la UCO fue presentada, en un principio, en un Juzgado de Instrucción de Madrid. Ese Juzgado se inhibió y finalmente llegó hasta la Audiencia Nacional. Una vez en ese organismo superior, recaló en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que investigaba e instruía el 11-M y cuyo titular es el juez Del Olmo.
Y Del Olmo resolvió: «Los extremos reflejados por el denunciante no constituyen datos, o indicios, en los que sustentar ninguna imputación motivadora de una actuación de instrucción judicial, especialmente cuando prolijamente han sido investigados dichos comportamientos, no sólo en la Comisión de Investigación».
Desde la presentación de la denuncia de Zouhier (agosto de 2005) hasta la resolución por parte del juez Del Olmo (noviembre de 2006) transcurre más de un año. Tras esa resolución judicial, el abogado de Rafá Zouhier, Antonio Alberca, presentó en diciembre de 2006 el correspondiente recurso.
Y ese recurso de Zouhier y de su abogado fue resuelto, de forma sorprendente, por el magistrado Del Olmo indicando que no permitía la personación de Antonio Alberca. El juez no explicó por qué resolvía que no se podía personar el abogado de Zouhier y, además, todavía no ha notificado oficialmente su determinación.
Ese hecho -la no notificación oficial del recurso- impide que el abogado Alberca pueda, a su vez, recurrir el auto del juez Del Olmo. Es decir, en estos momentos están paralizadas todas las acciones legales que Zouhier pueda llevar a cabo contra el coronel Hernando.
En la denuncia de Zouhier se recogía, de forma pormenorizada, cada una de las declaraciones realizadas por Hernando en la Comisión de Investigación del 11-M y se demostraba que el coronel secuestró información a los diputados.
Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 31 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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Decíamos ayer que era increíble que el juez Del Olmo no hubiera actuado contra el jefe de la UCO, Félix Hernando, y contra su subordinado el alférez Trigo, pese a que tenía indicios sobrados de que uno y otro podían haber delinquido. Nuestra perplejidad es doble a la luz de la información que hoy publicamos: el propio Del Olmo llegó a desestimar una denuncia de Rafá Zouhier contra Hernando. El confidente marroquí le acusó de cometer falso testimonio ante la comisión parlamentaria que investigaba la masacre. Lo que este dato revela es que el instructor del 11-M no sólo no hizo nada por indagar en la conducta de Trigo y Hernando, sino que zanjó de antemano cualquier investigación. Y eso pese a que tenía en sus manos el documento que demuestra que Hernando había mentido: la prueba de que la trama de Antonio Toro operaba fuera de Asturias y de que el último informe de la UCO sobre la dinamita asturiana no se efectuó en febrero de 2003, sino el 6 de marzo. Por si esto fuera poco, aunque en un careo Del Olmo apreció menos serenidad y firmeza en el alférez -que presumiblemente encubría a Hernando- que en el comandante, no hizo absolutamente nada. En este contexto, llama la atención que el Gobierno le negara al PP hasta tres veces el famoso informe del 6 de marzo de 2003 con el pretexto de que era parte del sumario -entonces secreto- del juez Del Olmo. Levantado ese secreto, esperemos que el tribunal no mire también ahora hacia otro lado.
Editorial publicado por el diario EL MUNDO el miércoles 31 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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Al poco tiempo de la masacre del 11-M, cuyo éxito para echar del Gobierno al PP y colocar al PSOE fue total y absoluto, Fernando Múgica empezó a publicar su histórica serie sobre Los agujeros negros del 11-M. Y ya en esos inicios de la Gran Sospecha se pudo leer en EL MUNDO que la hipótesis que consideraban más verosímil las fuentes fiables de los servicios de información era que la trama asturiana de los explosivos, la única pieza que aparecía en las investigaciones policiales junto a la conjetura islámica, había sido en todo momento controlada por la Guardia Civil, la Policía o el CNI. ¿Qué había pasado para llegar a tan gigantesca matanza? Pues que tal vez, se dijo, «se le había dado hilo a la cometa», y, cuando se quiso tirar del hilo para recuperar el delicado artefacto la cometa volaba sola y el vuelo acabó fatal. O sea, que la Benemérita, la Policía o el CNI sabían bien lo que Trashorras, los hermanos Toro y demás se traían entre manos, el tráfico de armas y explosivos, pero que estaban protegidos como criaturas policiales para que, en vísperas de un atentado, pudieran pillar a los terroristas.
Y ya entonces, hace más de dos años, apareció la pista del coronel Hernando, la mano derecha de Rafael Vera y su maletín, porque era el que llevaba personalmente a Suiza el pago a sus señoras del silencio de Amedo y Domínguez. Naturalmente, fue muy comentado que el Gobierno del PP, que tenía a gala luchar contra el terrorismo sólo desde la legalidad, mantuviera al frente de la UCO, la unidad de elite de la Guardia Civil, a un hombre encausado por esas actividades delictivas -va a ser juzgado ahora- y hasta lo condecorase y ascendiese. Cuando Hernando llegó a aquella epopeya de la prevaricación y el perjurio al por mayor que fue la Comisión parlamentaria del 11-M, dirigida por el PSOE con la complicidad de los demás grupos para crucificar al PP, mintió, como casi todos los uniformados y no pocos civiles. Y ahora conocemos tres presuntos delitos gravísimos perpetrados por Hernando y su alférez Trigo: el de falso testimonio de Hernando, que mintió sobre su conocimiento de las andanzas explosivas de Toro y Trashorras a nivel nacional; los de encubrimiento e infidelidad en custodia de documento público por parte de Trigo, que, en vísperas de la declaración de Hernando, trató de destruir la prueba del delito. Un guardia civil se negó, pero el PSOE también se negó por tres veces a entregar a Zaplana el documento ahora aparecido. El estilo, entre delictivo y chapucero, recuerda mucho al del falsificador Santano y la trama del bórico. Así que no sabemos quién echó a volar la cometa, pero ya van apareciendo los hilos. Y si el juez Del Olmo y la fiscal Sánchez hubieran querido investigar los delitos de los que tuvieron detallada y careada noticia, posiblemente conoceríamos la hilatura completa.
Publicado por el diario EL MUNDO el miércoles 31 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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Pidió a la Comandancia de Oviedo que se deshiciese del informe que, antes del 11-M, detallaba los pasos de Toro y Trashorras
MADRID.- Seis días después de que el coronel Félix Hernando Martín, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cometiera falso testimonio ante la Comisión de Investigación del 11-M del Congreso, uno de sus subordinados, el alférez Jaime Trigos, intentó destruir la prueba que demostraba que su jefe había mentido.
El hecho se produjo el 26 de julio de 2004. Trigos, miembro de la UCO, intentó convencer al comandante Francisco Javier Jambrina, segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, para que «destruyese la nota del 6 de marzo de 2003, de la que sólo obraba copia en las dos unidades».
Esa nota, cuyo contenido reveló ayer EL MUNDO, recogía una información que la UCO recibió en aquellas fechas sobre dos individuos asturianos, «Antonio Toro» y «Emilio [posteriormente se supo que se trataba de Emilio Suárez Trashorras]», que intentaban vender explosivos en Madrid, comprar armas cortas y largas (pistolas y fusiles repetidores), encargar la eliminación de una persona y traficar con cocaína y hachís.
Para llevar a cabo todos esos actos delictivos, Toro y Trashorras se pusieron en contacto con un uruguayo llamado Martín R. O. y se desplazaron de norte a sur de la Península, desde Asturias hasta Cádiz pasando por Madrid, utilizando dos Renault Megane que alquilaron en Hertz. Es decir, las actuaciones de los dos delincuentes asturianos eran de ámbito nacional y no regional, como mantuvo Hernando en su declaración ante la Comisión de Investigación.
Trigos reconoció el 26 de enero de 2005 ante el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez que, efectivamente, había llamado a Jambrina, y explicó sus motivos: «Que la conversación tuvo su razón de ser por las manifestaciones que había realizado el 20 de julio de 2004 ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados D. Félix Hernando Martín, coronel jefe de la UCO, en las que se refirió a que la única nota interna que se transmitió desde la UCO a la Comandancia de Oviedo fue la del 27 de febrero de 2003».
Ese mismo día, el 26 de enero de 2005, y ante Del Olmo y Sánchez, Jambrina declara y aclara cómo fue aquella llamada de Trigos: «Hubo una conversación con el alférez, se produce la tarde anterior al día en que iban a comparecer ante la Comisión los dos oficiales de la UCO, el alférez lo llama al móvil y le dice que si no le importaría destruir la nota del 6 de marzo, ya que sólo consta en las dos unidades».
La respuesta del comandante al alférez, según consta en la declaración judicial del primero, fue contundente: «No la voy a destruir». Jambrina, además, explica que se sintió muy molesto con el subordinado de Hernando porque «no le dio ninguna explicación para solicitar algo así».
Pero la principal sospecha que llevó al segundo jefe de la Comandancia de Oviedo a negarse a la destrucción de la prueba que demostraba que Hernando había ocultado información a la Comisión del 11-M fue: «Me llamó la atención porque en la nota del 6 de marzo de 2003 se ponía en evidencia que había una delincuencia organizada de ámbito que supera la comunidad autónoma [se refiere a Asturias], que es ámbito de intervención de la UCO».
Jambrina también descubre en su declaración judicial que Trigos no le ofrecía «confianza». Jambrina, tras negarse a destruir el informe del 6 de marzo de 2003, como solicitaba el subordinado del jefe de la UCO, reconoce que se sintió «molesto». «Lo puse a parir y conservé la nota».
Trigos, que era uno de los controladores del confidente marroquí Rafá Zouhier, argumentó ante el juez y la fiscal: «Es cierto que llamé al comandante Jambrina, pero simplemente le dije que procurase que la nota [se refiere a la del 6 de marzo de 2003] no se filtrase a los medios de comunicación».
Se da la circunstancia de que el propio Trigos omitió en su primera declaración ante Del Olmo que Zouhier avisó a la UCO de que los asturianos Toro y Trashorras estaban traficando con explosivos y que disponían de 150 kilogramos de Goma 2 para vender al mejor postor. Esa primera declaración judicial del suboficial de la UCO se produjo el 12 de mayo de 2004, dos meses después de los atentados.
Ese hecho se supo porque EL MUNDO así lo reveló antes de la comparecencia de Hernando en la Comisión. Después, el jefe de la UCO terminó reconociendo en el Congreso que su Unidad había recibido esa información con anterioridad a los atentados del 11-M y, sin querer, dejó en evidencia que el alférez Trigos no había dicho toda la verdad ante Del Olmo.
Y el juez, aprovechando la nueva declaración del subordinado del coronel Hernando sobre la destrucción de una prueba, preguntó al alférez Trigos: «¿Por qué omitió la información que dio ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados [se refiere al coronel Félix Hernando] sobre que Rafá Zouhier había advertido de que los asturianos tenían 150 kilos de explosivos?».
La respuesta del miembro de la UCO fue simple y poco ingeniosa: «Pudo ser que ese día se me olvidó decirlo». Después del olvido, el suboficial recuperó la memoria: «Pero es cierto que Rafá me dijo que había 150 kilos de explosivos a disposición de los asturianos». Y concluyó el agente de la UCO: «Rafá me dio esa información el 6 de marzo de 2003 sobre las 22.00 horas por teléfono».
Esa última fecha, 6 de marzo de 2003, que señala Trigos en su segunda declaración judicial, coincide con la que aparecía datada en el documento que Hernando omitió a la Comisión del 11-M y que su subordinado intentaba destruir, según manifestó judicialmente Jambrina.
Tras la declaración de Jambrina y de Trigos, Del Olmo decide ese mismo día, el 26 de enero de 2005, someter a un careo a los dos miembros de la Guardia Civil para intentar aclarar quién dice la verdad.
Jambrina, según se recoge en el acta del careo, manifiesta que «la petición fue de destruir el documento, al margen del sentimiento que se tenía en la Comandancia por lo que consideraban un traslado de responsabilidades de la UCO a Asturias».
Trigos intentó, al parecer, dar más explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a llamar al comandante Jambrina: «La petición fue exclusivamente de evitar filtraciones, no hubo solicitud de destruir ningún documento y sí es cierto que hubo un nivel de cierta crispación verbal por la cuestión de las actuaciones de la UCO y de la Comandancia de Oviedo y de la Guardia Civil de Asturias, especialmente atendiendo a la comparecencia del coronel Hernando en la Comisión de Investigación el día 20 de julio de 2004».
El subordinado de Hernando se atrevió incluso a hacer una valoración sobre lo que pudieron pensar en la Comandancia de Oviedo cuando él llamó a Jambrina: «A lo mejor en la Comandancia, tras la conversación mantenida con el comandante Jambrina, la interpretación que dieron a la misma fue que la UCO quería ocultar la nota, y que la petición podía entenderse así».
Del Olmo, instructor del sumario del 11-M, llegó a la siguiente conclusión después de escuchar en un careo a Jambrina y a Trigos: «Este instructor aprecia una dosis de firmeza y serenidad en sus manifestaciones por parte del comandante Jambrina que no apreció en las manifestaciones del alférez Trigos, por cuanto éste trata de una forma verbal más locuaz de introducir elementos que este instructor considera de desvío de atención respecto de lo que es el núcleo de controversia».
Del Olmo también explica el «comportamiento y actitud» de los dos agentes: «Con una dosis de mayor nerviosismo gesticular por parte del señor alférez, tanto en brazos y manos como en la posición que ha adoptado en el sillón, como en ciertas miradas de inseguridad».
La última de las conclusiones a la que llega el juez es realmente llamativa: «El distinto rango que en la escala profesional tienen uno y otro careado, que desconoce el instructor si puede influir o no en la actitud mostrada por el señor alférez».
Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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Los peritos empiezan hoy a realizar el nuevo análisis de los explosivos
MADRID.- La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar el 11-M, ha solicitado al Congreso que le envíe con la «máxima urgencia» la intervención que realizó Félix Hernando, coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil, ante la Comisión parlamentaria que investigó los atentados.
El Tribunal también ha pedido, entre otras, copias de las declaraciones del ex jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, y del ex ministro del Interior Angel Acebes.
La Audiencia dirigió la pasada semana varios oficios al presidente de la Cámara Baja, Manuel Marín, en los que reclama que, antes del próximo 15 de febrero -fecha de comienzo del juicio oral- le remita certificación de una serie de documentos, informa Europa Press.
En primer lugar, solicita las intervenciones realizadas ante la Comisión parlamentaria de Investigación del 11-M por el «agente Víctor» (guardia civil, que contactó con el confidente Rafa Zouhier, uno de los 29 acusados); Calleja Menéndez, comisario jefe responsable de la Unidad de Droga y Crimen Organizado, y Félix Hernando.
EL MUNDO informó ayer de que este coronel de la Guardia Civil pudo cometer falso testimonio en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria, ya que omitió que su unidad había elaborado mucho antes, el 6 de marzo de 2003, un documento donde ya se informaba con detalle de las personas que estaban llevando a cabo tráfico de explosivos, armas y drogas.
En segundo lugar, la Audiencia Nacional pide la transcripción de las comparecencias del inspector jefe del grupo de Policía Científica de la comisaría de Alcalá de Henares, Luis Martín González; la del ex jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, la del ex subdirector general operativo de la Policía, Pedro Díaz Pintado y la del ex ministro del Interior Angel Acebes. También solicita una copia del video en el que se grabaron estas intervenciones.
La de Acebes es de las pocas intervenciones de políticos que ha aceptado el Tribunal que juzgará a los 29 acusados. La Sala ha rechazado llamar en calidad de testigos para que declaren durante la vista oral a altos cargos del anterior Gobierno del PP.
Las certificaciones solicitadas al Congreso forman parte de la prueba documental propuesta por las partes y que la Sala sí ha aceptado practicar. En particular, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo son las que han reclamado las intervenciones parlamentarias mencionadas.
Por otra parte, hoy comenzará a practicarse la nueva prueba pericial sobre los explosivos usados el 11-M. Los peritos que van participar juraron ayer sus cargos en la Audiencia y hoy celebrarán una reunión preparatoria de la pericia en la sede de la Comisaría General de Policía Científica.
Los expertos firmaron un contrato de confidencialidad por el que se comprometen a no revelar el resultado de sus análisis. Éste será plasmado en un informe del que la Sala debe tener a su disposición un borrador el 13 de febrero.
Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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MADRID.- Desde que ocurrieron los sucesos del 11-M, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que todavía dirige el coronel Félix Hernando, han puesto un gran interés para que las pruebas y documentos relacionados con los atentados lleguen al Juzgado Central de Instrucción número 6 y a la Comisión de Investigación bajo su particular visión.
Cuando Rafá Zouhier estaba en la cárcel de Valdemoro (Madrid), poco después de su detención a finales de marzo de 2004, recibió la visita de un agente de la UCO en compañía de otros. El objeto de la visita, según ha declarado el propio Zouhier, era recordarle al confidente marroquí que hablara lo menos posible sobre sus relaciones y contactos con los agentes de la UCO.
Después, los guardias civiles pidieron a Zouhier una carta de presentación para visitar a Antonio Toro en prisión. El marroquí accedió a la petición, pero la misiva que llegó hasta Toro tenía tres folios más que no había escrito Zouhier.
El confidente ha denunciado ante el juez Juan del Olmo esa presunta falsificación, pero el magistrado, de momento, no ha hecho nada.
La segunda presunta irregularidad de los miembros de la UCO se produjo en febrero de 2003. Zouhier consiguió una muestra del explosivo que intentaban vender Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras. Esa muestra, según consta en el sumario del 11-M, fue destruida después de ser analizada.
Sin embargo, en un documento firmado por el propio coronel Félix Hernando en septiembre de 2004, se reconoce que «no se efectuó ningún análisis pericial de la misma, únicamente se realizó un estudio visual por persona especialista». Y termina la nota: «Dado su mal estado de conservación y escaso valor identificativo, procediéndose posteriormente a su destrucción».
De esa forma, nunca se ha podido saber si la muestra del explosivo obtenida por Zouhier de Toro y Trashorras era igual a la empleada por los terroristas islamistas en los trenes de la muerte.
Y por último, la UCO, según la versión del comandante Francisco Javier Jambrina, intentó destruir el documento del 6 de marzo de 2003 donde se demostraba que los actos delictivos que estaban llevando a cabo los asturianos -venta de explosivos, compra de armas, eliminación física de un chivato y tráfico de cocaína y hachís- eran de ámbito nacional y no regional.
En total, tres presuntas manipulaciones de pruebas que todavía no han tenido ninguna repercusión judicial para los guardias civiles que intentaron llevarlas a cabo.
Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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Cuanto más sabemos sobre el papel de la UCO y de su jefe en la investigación del 11-M, más sombras aparecen en torno a su actuación antes y después de la masacre. Si ayer revelábamos que Hernando no dijo la verdad ante el Congreso cuando afirmó que la UCO dejó de indagar en el tráfico de explosivos en Asturias en febrero de 2003, EL MUNDO cuenta hoy cómo uno de sus subordinados trató de destruir la prueba irrefutable de que había mentido. Se trata de un informe redactado por la UCO y fechado el 6 de marzo de 2003, en el que se detallan las andanzas de Toro y Trashorras buscando compradores para sus explosivos por distintos puntos de la Península. Según publica hoy EL MUNDO, seis días después de la intervención de Hernando ante la Comisión, su subordinado el alférez Jaime Trigo llamó al móvil del segundo jefe de la Comandancia de Asturias, Francisco J. Jambrina, para que destruyese la nota que dejaba en evidencia a su superior. Jambrina declaró ante el juez Del Olmo que se sintió molesto por la petición y decidió conservar la nota. El alférez negó esta versión y dijo que llamando al comandante sólo quería cerciorarse de que la nota no se filtraba a los medios. A la vista de estas declaraciones, no se entiende cómo Del Olmo no dedujo el testimonio del alférez para que la jurisdicción ordinaria investigase el caso, máxime cuando él mismo confiesa haber observado menos serenidad en sus palabras que en las de Jambrina. Trigo podría haber cometido un delito de encubrimiento y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos -castigados con penas de hasta siete años- y su jefe, uno de falso testimonio, por el que podría ir a la cárcel. En este contexto, cobra un gran valor el que el tribunal pidiera ayer las declaraciones de Hernando y Manzano en el Congreso, que ayudarán a aclarar nuestras últimas revelaciones.
Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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La UCO controló la trama de explosivos después de que cediera la investigación a la Guardia Civil de Asturias
MADRID.- Félix Hernando, coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cometió falso testimonio en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M del Congreso. Hernando omitió el 20 de julio de 2004 que su Unidad había elaborado el 6 de marzo de 2003 un documento donde ya se informaba detalladamente sobre las personas que estaban llevando a cabo tráfico de explosivos, armas y drogas.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) está datado el 06-03-03, con la Clave: «MAL COM 016», la Referencia «TK» y el destinatario es la «Comandancia de Oviedo». Y en el apartado «ASUNTO» figura: «Ampliación de información sobre depósitos de explosivos». Efectivamente, la información que se recoge en el documento oficial explica la llegada a Madrid, desde Asturias, de Antonio Toro y un tal Emilio con el fin de vender una importante cantidad de Goma2, comprar una pistola y dos fusiles de la marca rusa Kalasnikov, adquirir una importante cantidad de hachís y encargar la «eliminación» de una persona.
El documento de la UCO, del que no tuvo conocimiento la Comisión de Investigación del 11-M, refleja paso por paso los movimientos de los asturianos un año antes de los atentados: «El pasado día 6 del presente mes (sic), Antonio Toro y Emilio (hermano de la novia de Antonio) llegaron a Madrid a bordo de un vehículo monovolumen de alquiler de la casa Hertz». En Madrid, el seguimiento de los vendedores de explosivos también fue exhaustivo: «Una vez en la capital se trasladaron hasta la casa de alquiler de vehículos del aeropuerto de Barajas en donde cambiaron el vehículo por otro monovolumen Renault de color verde, matrícula 2720BXW».
En esas fechas los agentes de la UCO todavía no tienen claro que Emilio Suárez Trashorras es el que ejerce de novio de la hermana de Toro y no al revés.
Sin embargo, los miembros de la Unidad Central Operativa no pierden el rastro de Antonio Toro y su acompañante desde que llegan a Madrid e informan: «En este viaje intentan contactos con diversas personas a fin de obtener lo siguiente». Y los subordinados del coronel Félix Hernando detallan todas las cuestiones: «En relación con la Goma2, están intentando conseguir algún comprador».
El siguiente movimiento de Toro y Suárez Trashorras -en aquella fecha la UCO todavía no tenía centrado e identificado al cuñado de Toro-- consiste en: «Quieren adquirir un arma corta con silenciador y dos Kalasnikov. En relación con estas últimas hacen referencia a que sean iguales a las que utilizaron dos búlgaros que hace unos días mataron a dos individuos en Madrid».
Efectivamente, el 26 de febrero de 2003 fueron asesinados en Madrid dos individuos búlgaros que se dedicaban al robo de vehículos. Fueron tiroteados con un fusil de asalto del calibre 762.
Según el informe de la UCO, Toro es el que lleva toda la iniciativa en las operaciones: «Antonio Toro comenta que en el transcurso de la semana pasada la Policía, sin especificar Cuerpo, le registró sus locales». El asturiano cree saber quién fue la persona que lo delató: «Antonio está convencido de que una persona que él conoce es el chivato de la Policía por lo que quiere eliminarlo, para lo que está intentando buscar a algún ciudadano marroquí o de algún país del Este que pueda hacer este trabajo».
En noviembre de 2004 el confidente marroquí Rafá Zouhier, que avisó en varias ocasiones a la UCO de que Toro y Suárez estaban traficando con explosivos, reveló a EL MUNDO que Carmen Toro y su marido, Emilio Suárez Trashorras, le encargaron que buscara a una persona para que eliminara a Francisco Javier Villazón Lavandera.
El matrimonio estaba convencido de que Lavandera fue el causante del registro del domicilio y garaje de Antonio Toro, donde la Policía encontró 84 kilos de hachís, tres de cocaína, 16 cartuchos de Goma2 y detonadores.
Cuando el coronel Hernando compareció en la Comisión de Investigación del 11-M aclaró que el tráfico de explosivos que habían investigado «era de ámbito local, reducido a la Comunidad Autónoma de Asturias». El jefe de la Guardia Civil argumentó que por ese motivo remitió sus informaciones «al coronel jefe de la zona de Asturias para que continuara con las investigaciones». Y sentenció que «la competencia en la continuidad de la investigación es de la zona de Asturias y no de la UCO».
Félix Hernando, además, dijo que el 27 de febrero de 2003 «le doy todos los datos -en referencia al jefe de la zona de Asturias- que hasta ahora hemos podido conseguir: los iniciales que nos dice Rafá Zouhier, las investigaciones y los datos que nosotros hemos concluido después de que este equipo de vigilancia se desplazara a la zona, la muestra del explosivo, etcétera...». El coronel concluye su exposición sobre este punto diciendo: «Y cerramos el documento».
El coronel Hernando no descubre en ningún momento ante la Comisión del 11-M que hay un informe posterior al que él realiza el 27 de febrero de 2003, donde se explica que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras se movían con total impunidad por Madrid y que llegaron hasta la provincia de Cádiz. Es decir, que las fechorías que llevaban a cabo los asturianos eran de ámbito nacional y no comunitario o provincial.
El documento de la UCO del 6 de Marzo de 2003 también aclara que «el mismo día que estuvieron aquí -en referencia a Toro y Suárez- se desplazaron hasta Cádiz en el monovolumen Renault Megane con el objeto de formalizar una compra de hachís bastante importante».
El siguiente punto del que informa la UCO en su documento es de extrema importancia y vuelve a tocar el tema de la venta de explosivos por parte de Toro y Suárez Trashorras: «En fechas próximas, es posible que a lo largo de esta semana, pretenden ponerse en contacto con un súbdito de Uruguay, cuyo único dato conocido sobre éste es que es identificado como MARTIN, que está interesado en la compra del explosivo y que lo pagaría con cocaína».
Los subordinados del coronel Hernando también aclaran en su informe que el tal Martín de Uruguay «está interesado en vender armas a Antonio». Y hacen la siguiente observación: «Se están realizando gestiones para averiguar la identidad del chivato y de Martín».
Informaciones posteriores, que se remontan al 16 de Marzo de 2003, aclaran quién es y a qué se dedica el tal Martín de Uruguay: «La fuente facilita los siguientes datos: MARTIN R... O... Domicilio: Paseo ... Fuenlabrada (Madrid). Vehículos: Posee dos Volkswagen Golf». Ese informe de la UCO está encabezado con la referencia «Ampliación de información sobre tráfico de armas» y hace mención a que existen dos confidentes policiales que han confirmado el tema y califican la información de nivel «A-1». Ésa es la valoración más alta que se da a una fuente en información.
Esa misma información sobre Martín R... O... también está complementada con otra serie de datos que aporta el GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) de la Guardia Civil y que en el documento se indica que «se adjunta» y se suma a una serie de «datos de tráfico».
Es decir, el uruguayo que vivía en Madrid y se dedicaba al tráfico de armas y que pretendía adquirir explosivos estaba perfectamente identificado por la UCO.
El coronel Félix Hernando reiteró en varias ocasiones durante su comparecencia que «después de remitir este informe -se refiere al del 27 de febrero de 2003- y dejar la puerta abierta para algún dato que posteriormente pudiera dar el informador, ya no hicimos nada porque no nos compete; compete a la comandancia de Asturias». Del otro informe, el del 6 de Marzo de 2003, Hernando no reveló ningún detalle y lo ocultó a sus señorías.
Además, el jefe de la UCO se dedicó durante toda su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M a tirar balones fuera y en un momento determinado explicó a sus señorías que «no es mi competencia el control y la vigilancia de los explosivos...Mi especialidad es exclusivamente la investigación».
Hernando asumió, a la pregunta de «¿fallaron las alarmas?» del diputado Jané i Guasch, de Convergencia i Unió, que «indudablemente, fallaron los controles o los seguimientos, etcétera».
Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el lunes 29 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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El marroquí Rafá Zouhier, que durante más de dos años trabajó para la UCO y dio la alarma sobre el tráfico de explosivos que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras habían montado desde Asturias a Madrid, ha enviado una carta a EL MUNDO donde plantea y hace una serie de preguntas al coronel de la Guardia Civil.
Zouhier recuerda al jefe de la UCO su actuación ante la Comisión del 11-M: «Sr Hernado Martín llegó a decirme chivato en la Comisión... pero yo como chivato he cumplido con mi misión en darte la información que sabía para salvar a los 192 españoles de la muerte...pasaré mis últimos 40 años con la conciencia muy tranquila y dormiré por las noches...».
El confidente de la UCO también lanza una serie de preguntas a Felix Hernando: «¿Por qué no detuvo a los traidores asturianos que ofrecían explosivos en Madrid antes y no después del 11-M?».
Y Zouhier concluye: «No engañe al Cuerpo que representa, tampoco a su pueblo, que juró defender... porque usted vivirá toda su vida con el peso de 192 almas españolas que te juzgarán arriba».
Información publicada por el diario EL MUNDO el lunes 29 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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Aunque hace mucho tiempo que la credibilidad de Félix Hernando, coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es nula, EL MUNDO aporta hoy todos los datos de un informe oficial que demuestran, sin margen de duda, que mintió y ocultó información en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M del Congreso. El informe, elaborado en marzo de 2003 -un año antes de los atentados de Madrid-, recogía información sobre quiénes estaban llevando a cabo un importante tráfico de explosivos, armas y drogas en todo el territorio español. De forma detallada, dejaba constancia de la llegada a Madrid, procedentes de Asturias, de Antonio Toro y «un tal Emilio» -Suárez Trashorras- con el fin de vender una importante cantidad de Goma2, comprar una pistola y dos fusiles Kalasnikov y encargar «la eliminación» de una persona. En la capital, fueron seguidos de forma exhaustiva por los subordinados de Hernando, que siguieron sus pasos hasta Cádiz, donde se desplazaron posteriormente. Pese a estos hechos, en su comparecencia, Hernando sostuvo que su departamento sólo había investigado en 2003 una red de tráfico de explosivos «de ámbito local, reducida a Asturias», por lo que había remitido sus pesquisas al coronel jefe de esta comunidad, escudándose -sin razón- en que las investigaciones no eran competencia de la UCO. Ante la gravedad de este falso testimonio, cabe esperar su inmediata destitución, al margen de que los tribunales determinen si ha incurrido en responsabilidad penal, como todo parece indicar.
Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 29 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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MADRID.- La Fiscalía pedirá el archivo de las diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid contra la cúpula de la Policía Científica por alterar el informe que elaboraron tres peritos sobre el ácido bórico intervenido a un procesado por el 11-M. Los peritos recordaron el precedente de que esa misma sustancia fue encontrada en un piso de ETA, vinculación que los mandos de Policía Científica no quisieron que constara en un informe cuyo destino erael sumario del 11-M.
En contra del criterio de la fiscal del caso -que aprecia, al igual que la juez de instrucción, que el comisario Miguel Angel Santano y tres de sus mandos cometieron presuntos delitos de falsedad documental y tentativa de falso testimonio- la Junta de Fiscales Decanos estimó ayer, por mayoría, que no hay motivos para sostener la acusación.
Los 16 fiscales decanos del Tribunal Superior de Madrid que tienen competencias penales se reunieron ayer con el fiscal jefe, Manuel Moix, para discutir la postura del Ministerio Público en este asunto. La juez instructora, Gemma Gallego, dictó el 10 de enero un auto en el que concretaba los indicios de delito que aprecia contra los cuatro mandos policiales y solicitaba al fiscal y a las acusaciones que presentaran escrito de acusación o pidieran al archivo.
Ésta segunda será la postura de la Fiscalía de Madrid, satisfaciendo el deseo del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.
Tras una reunión de tres horas, 11 de los 16 fiscales decanos opinaron que Santano; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas, y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez, no incurrieron ni en falsedad documental ni en falso testimonio. Los otros 5 respaldaron parcialmente el criterio de la fiscal del caso al apreciar indicios de falsedad documental.
Para la mayoría, el informe elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique no era un documento oficial, ya que nunca llegó a tener los sellos oficiales que hubieran supuesto su introducción en el tráfico jurídico.
Lo que se produjo, estiman, fue una reasignación del peritaje a la vista de que el informe presentado por los tres funcionarios no convenció a los mandos.
La mayoría defendió que Ramírez tenía facultades para rechazar el informe de los peritos. De esta forma, no habría habido manipulación del documento inicial sino emisión de un documento nuevo.
El hecho de que Ramírez asegurara en ese documento, de modo incierto, que él había realizado los análisis del ácido bórico es irrelevante desde el punto de vista penal para la mayoría de los fiscales decanos: uno de los peritos firmantes (Manrique) no llevó a cabo prueba alguna, mientras que una de las técnicas esenciales (la difracción de rayos X) fue realizada por un cuarto funcionario que no aparece en el informe.
Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 27 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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Las Fuerzas de Seguridad comunicaron ayer al tribunal la situación de todos los vestigios La nueva 'macropericial' comenzará el próximo martes y deberá estar concluida el día 13
MADRID.- La Policía Científica dispone ya en su laboratorio de al menos 13 bolsas con restos recogidos en los distintos focos del 11-M. Hasta ahora, estos vestigios sólo habían sido examinados por los Tedax, que cuentan con medios mucho más limitados y que, tras los atentados, comunicaron al juez Juan del Olmo que habían detectado «componentes de dinamita», sin especificar cuáles. El material forma parte de la treintena de bolsas que la Policía remitió a Del Olmo en marzo del año pasado.
Una vez concluida la instrucción, el tribunal responsable de juzgar el 11-M se hizo cargo de la causa y, con ella, de las bolsas. La Sala las envió a la sede de la Casa de Campo, donde se celebrará el juicio. Allí fue a recogerlas ayer la Policía con autorización del tribunal para trasladarlas a las instalaciones de la Policía Científica.
Esta Unidad será la responsable de efectuar la macropericial ordenada el martes por el tribunal. Según indicaron fuentes de la Sala, el lunes se designará oficialmente a los peritos y el martes comenzarán los análisis, de acuerdo con el plan de actuación fijado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Fernando García Nicolás y Alfonso Guevara. Los resultados deberán estar listos el próximo 13 de febrero, a dos días del inicio de la vista oral, fijada para el jueves 15 a las 10 de la mañana.
Según fuentes de la Audiencia, tanto la Policía como la Guardia Civil cumplimentaron ayer escrupulosamente la orden de la Sección Segunda y remitieron una relación de los efectos de que disponen que están relacionados con los explosivos de la masacre.
En el caso de la Policía, la comunicación fue personal. El comisario general de Información, Miguel Valverde, y el comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, entregaron los datos en mano al presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez. También le comunicaron la identidad de los dos peritos designados para los nuevos análisis y explicaron que resultaba factible concluir las pruebas en los plazos marcados.
La Sala ordenó ayer que, durante el día de hoy, tanto la Guardia Civil como los Tedax envíen al laboratorio de la Policía Científica los restos que, según informaron al tribunal, aún están en sus manos.
Tanto las muestras de explosivo que no llegó a detonar como los objetos que puedan contener rastros de explosivo serán sometidos a un análisis cuantitativo y, posteriormente, a uno cualitativo. Con el primero se obtienen los componentes del explosivo y con el segundo, la proporción en la que se encuentran.
La relación entregada ayer al tribunal por la Policía detalla el contenido de las bolsas, indicando qué tipo de resto contiene y si éste fue analizado (lo que, al menos según los datos aportados ayer, no sucedió en todos los casos). En el sumario consta que los Tedax informaron al juez de que habían recogido «muestras diversas de metal, plástico, telas, clavos diversos, restos de material aislante, tierras y sustancia pulverulenta de color rosado (posible polvo de extinción de incendios)».
Junto a estos elementos, otras bolsas custodiadas ya por la Policía Científica contienen restos del explosivo encontrado en la furgoneta de Alcalá y en la mochila desactivada.
El tribunal también ha ordenado que se realice un análisis para comprobar la explicación ofrecida por la Guardia Civil para la aparición de la metenamina -ajena a la Goma 2 ECO- en tres muestras de explosivo: el encontrado en la Kangoo, el de la muestra que debía servir para cotejo y el localizado en las vías del AVE. Lo extraño del hallazgo llevó al Instituto Armado a realizar un estudio en el que concluyó que la metenamina podía generarse al someter el explosivo a ciertas pruebas de laboratorio empleadas para examinar los explosivos. El tribunal quiere resolver las dudas al respecto, repitiendo de manera idéntica los análisis en los que apareció la metenamina.
Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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Cumpliendo el apremiante mandato judicial del martes, los responsables de la Comisaría General de Información y de la Policía Científica presentaron ayer un informe en el que detallaban las muestras de explosivo que conservan del 11-M. A la espera de lo que pueda enviar la Guardia Civil, se trata de 29 bolsas, 13 de las cuales pertenecen a la sustancia que explotó en los trenes. Gran parte de este material estaba ya en manos de la propia Audiencia desde marzo de 2006 y actualmente se encontraba en las dependencias judiciales de la Casa de Campo, donde se celebrará el juicio.
El que estos restos existan y que estén agrupados y catalogados pone en evidencia al juez Del Olmo, que podía haber encargado estos mismos análisis hace mucho tiempo. El hecho de que vayan a realizarse con luz y taquígrafos en el laboratorio de la Policía Científica y que vayan a ser reflejados en un informe pericial firmado -esta vez sí- por diez verdaderos peritos no garantiza de antemano unas conclusiones fiables, pero es sin duda una prueba inequívoca del afán del Tribunal por saber la verdad y un triste recordatorio de que la Justicia española pasará en febrero de 2007 el examen que podría y debería haber pasado en marzo de 2004.
Este retraso no es gratuito: puede tener consecuencias. La primera tiene que ver con el paso del tiempo, que ha podido dañar los componentes orgánicos de algunos explosivos. Serán los peritos quienes diluciden a partir del lunes si casi tres años después del atentado aún es posible -y fiable- analizarlos.
La segunda tiene que ver con el escaso crédito de quienes han custodiado los restos. El hecho de que durante casi dos años hayan estado en manos de un comisario general de Información -Telesforo Rubio- destituido en extrañas circunstancias, de un jefe de la Policía Científica -Miguel Angel Santano- imputado por falsificar un informe y de un jefe de los Tedax -Sánchez Manzano- cuya conducta en torno al 11-M ha sido en todo momento tan sospechosa obliga a ser especialmente cautos ante la fiabilidad de las muestras.
Sea cual sea el resultado de los análisis, no saldrá de ellos ninguna conclusión irrebatible. Ahora bien, al margen de que confirmen o desmientan la versión oficial sobre los atentados, lo que ya nadie podrá poner en duda es que al menos una instancia judicial ha puesto todos los medios para tratar de averiguar qué tipo de explosivo estalló en los trenes. El tiempo dirá si la actitud de Del Olmo y de la fiscal Sánchez han hecho que el empeño del Tribunal llegue demasiado tarde.
Editorial publicado por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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