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30 de Enero, 2007

Un subordinado del coronel Hernando intentó destruir el documento que probaba que su jefe mintió en la Comisión

Por Narrador - 30 de Enero, 2007, 11:00, Categoría: Engaños Demostrados

Pidió a la Comandancia de Oviedo que se deshiciese del informe que, antes del 11-M, detallaba los pasos de Toro y Trashorras

MADRID.- Seis días después de que el coronel Félix Hernando Martín, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cometiera falso testimonio ante la Comisión de Investigación del 11-M del Congreso, uno de sus subordinados, el alférez Jaime Trigos, intentó destruir la prueba que demostraba que su jefe había mentido.

El hecho se produjo el 26 de julio de 2004. Trigos, miembro de la UCO, intentó convencer al comandante Francisco Javier Jambrina, segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, para que «destruyese la nota del 6 de marzo de 2003, de la que sólo obraba copia en las dos unidades».

Esa nota, cuyo contenido reveló ayer EL MUNDO, recogía una información que la UCO recibió en aquellas fechas sobre dos individuos asturianos, «Antonio Toro» y «Emilio [posteriormente se supo que se trataba de Emilio Suárez Trashorras]», que intentaban vender explosivos en Madrid, comprar armas cortas y largas (pistolas y fusiles repetidores), encargar la eliminación de una persona y traficar con cocaína y hachís.

Para llevar a cabo todos esos actos delictivos, Toro y Trashorras se pusieron en contacto con un uruguayo llamado Martín R. O. y se desplazaron de norte a sur de la Península, desde Asturias hasta Cádiz pasando por Madrid, utilizando dos Renault Megane que alquilaron en Hertz. Es decir, las actuaciones de los dos delincuentes asturianos eran de ámbito nacional y no regional, como mantuvo Hernando en su declaración ante la Comisión de Investigación.

Trigos reconoció el 26 de enero de 2005 ante el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez que, efectivamente, había llamado a Jambrina, y explicó sus motivos: «Que la conversación tuvo su razón de ser por las manifestaciones que había realizado el 20 de julio de 2004 ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados D. Félix Hernando Martín, coronel jefe de la UCO, en las que se refirió a que la única nota interna que se transmitió desde la UCO a la Comandancia de Oviedo fue la del 27 de febrero de 2003».

Ese mismo día, el 26 de enero de 2005, y ante Del Olmo y Sánchez, Jambrina declara y aclara cómo fue aquella llamada de Trigos: «Hubo una conversación con el alférez, se produce la tarde anterior al día en que iban a comparecer ante la Comisión los dos oficiales de la UCO, el alférez lo llama al móvil y le dice que si no le importaría destruir la nota del 6 de marzo, ya que sólo consta en las dos unidades».

La respuesta del comandante al alférez, según consta en la declaración judicial del primero, fue contundente: «No la voy a destruir». Jambrina, además, explica que se sintió muy molesto con el subordinado de Hernando porque «no le dio ninguna explicación para solicitar algo así».

Pero la principal sospecha que llevó al segundo jefe de la Comandancia de Oviedo a negarse a la destrucción de la prueba que demostraba que Hernando había ocultado información a la Comisión del 11-M fue: «Me llamó la atención porque en la nota del 6 de marzo de 2003 se ponía en evidencia que había una delincuencia organizada de ámbito que supera la comunidad autónoma [se refiere a Asturias], que es ámbito de intervención de la UCO».

Jambrina también descubre en su declaración judicial que Trigos no le ofrecía «confianza». Jambrina, tras negarse a destruir el informe del 6 de marzo de 2003, como solicitaba el subordinado del jefe de la UCO, reconoce que se sintió «molesto». «Lo puse a parir y conservé la nota».

Trigos, que era uno de los controladores del confidente marroquí Rafá Zouhier, argumentó ante el juez y la fiscal: «Es cierto que llamé al comandante Jambrina, pero simplemente le dije que procurase que la nota [se refiere a la del 6 de marzo de 2003] no se filtrase a los medios de comunicación».

Se da la circunstancia de que el propio Trigos omitió en su primera declaración ante Del Olmo que Zouhier avisó a la UCO de que los asturianos Toro y Trashorras estaban traficando con explosivos y que disponían de 150 kilogramos de Goma 2 para vender al mejor postor. Esa primera declaración judicial del suboficial de la UCO se produjo el 12 de mayo de 2004, dos meses después de los atentados.

Ese hecho se supo porque EL MUNDO así lo reveló antes de la comparecencia de Hernando en la Comisión. Después, el jefe de la UCO terminó reconociendo en el Congreso que su Unidad había recibido esa información con anterioridad a los atentados del 11-M y, sin querer, dejó en evidencia que el alférez Trigos no había dicho toda la verdad ante Del Olmo.

Y el juez, aprovechando la nueva declaración del subordinado del coronel Hernando sobre la destrucción de una prueba, preguntó al alférez Trigos: «¿Por qué omitió la información que dio ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados [se refiere al coronel Félix Hernando] sobre que Rafá Zouhier había advertido de que los asturianos tenían 150 kilos de explosivos?».

La respuesta del miembro de la UCO fue simple y poco ingeniosa: «Pudo ser que ese día se me olvidó decirlo». Después del olvido, el suboficial recuperó la memoria: «Pero es cierto que Rafá me dijo que había 150 kilos de explosivos a disposición de los asturianos». Y concluyó el agente de la UCO: «Rafá me dio esa información el 6 de marzo de 2003 sobre las 22.00 horas por teléfono».

Esa última fecha, 6 de marzo de 2003, que señala Trigos en su segunda declaración judicial, coincide con la que aparecía datada en el documento que Hernando omitió a la Comisión del 11-M y que su subordinado intentaba destruir, según manifestó judicialmente Jambrina.

Tras la declaración de Jambrina y de Trigos, Del Olmo decide ese mismo día, el 26 de enero de 2005, someter a un careo a los dos miembros de la Guardia Civil para intentar aclarar quién dice la verdad.

Jambrina, según se recoge en el acta del careo, manifiesta que «la petición fue de destruir el documento, al margen del sentimiento que se tenía en la Comandancia por lo que consideraban un traslado de responsabilidades de la UCO a Asturias».

Trigos intentó, al parecer, dar más explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a llamar al comandante Jambrina: «La petición fue exclusivamente de evitar filtraciones, no hubo solicitud de destruir ningún documento y sí es cierto que hubo un nivel de cierta crispación verbal por la cuestión de las actuaciones de la UCO y de la Comandancia de Oviedo y de la Guardia Civil de Asturias, especialmente atendiendo a la comparecencia del coronel Hernando en la Comisión de Investigación el día 20 de julio de 2004».

El subordinado de Hernando se atrevió incluso a hacer una valoración sobre lo que pudieron pensar en la Comandancia de Oviedo cuando él llamó a Jambrina: «A lo mejor en la Comandancia, tras la conversación mantenida con el comandante Jambrina, la interpretación que dieron a la misma fue que la UCO quería ocultar la nota, y que la petición podía entenderse así».

Del Olmo, instructor del sumario del 11-M, llegó a la siguiente conclusión después de escuchar en un careo a Jambrina y a Trigos: «Este instructor aprecia una dosis de firmeza y serenidad en sus manifestaciones por parte del comandante Jambrina que no apreció en las manifestaciones del alférez Trigos, por cuanto éste trata de una forma verbal más locuaz de introducir elementos que este instructor considera de desvío de atención respecto de lo que es el núcleo de controversia».

Del Olmo también explica el «comportamiento y actitud» de los dos agentes: «Con una dosis de mayor nerviosismo gesticular por parte del señor alférez, tanto en brazos y manos como en la posición que ha adoptado en el sillón, como en ciertas miradas de inseguridad».

La última de las conclusiones a la que llega el juez es realmente llamativa: «El distinto rango que en la escala profesional tienen uno y otro careado, que desconoce el instructor si puede influir o no en la actitud mostrada por el señor alférez».

Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Sala pide al Congreso copia de la declaración de Hernando

Por Narrador - 30 de Enero, 2007, 10:00, Categoría: Engaños Demostrados

Los peritos empiezan hoy a realizar el nuevo análisis de los explosivos

MADRID.- La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar el 11-M, ha solicitado al Congreso que le envíe con la «máxima urgencia» la intervención que realizó Félix Hernando, coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil, ante la Comisión parlamentaria que investigó los atentados.

El Tribunal también ha pedido, entre otras, copias de las declaraciones del ex jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, y del ex ministro del Interior Angel Acebes.

La Audiencia dirigió la pasada semana varios oficios al presidente de la Cámara Baja, Manuel Marín, en los que reclama que, antes del próximo 15 de febrero -fecha de comienzo del juicio oral- le remita certificación de una serie de documentos, informa Europa Press.

En primer lugar, solicita las intervenciones realizadas ante la Comisión parlamentaria de Investigación del 11-M por el «agente Víctor» (guardia civil, que contactó con el confidente Rafa Zouhier, uno de los 29 acusados); Calleja Menéndez, comisario jefe responsable de la Unidad de Droga y Crimen Organizado, y Félix Hernando.

EL MUNDO informó ayer de que este coronel de la Guardia Civil pudo cometer falso testimonio en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria, ya que omitió que su unidad había elaborado mucho antes, el 6 de marzo de 2003, un documento donde ya se informaba con detalle de las personas que estaban llevando a cabo tráfico de explosivos, armas y drogas.

En segundo lugar, la Audiencia Nacional pide la transcripción de las comparecencias del inspector jefe del grupo de Policía Científica de la comisaría de Alcalá de Henares, Luis Martín González; la del ex jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, la del ex subdirector general operativo de la Policía, Pedro Díaz Pintado y la del ex ministro del Interior Angel Acebes. También solicita una copia del video en el que se grabaron estas intervenciones.

La de Acebes es de las pocas intervenciones de políticos que ha aceptado el Tribunal que juzgará a los 29 acusados. La Sala ha rechazado llamar en calidad de testigos para que declaren durante la vista oral a altos cargos del anterior Gobierno del PP.

Las certificaciones solicitadas al Congreso forman parte de la prueba documental propuesta por las partes y que la Sala sí ha aceptado practicar. En particular, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo son las que han reclamado las intervenciones parlamentarias mencionadas.

Por otra parte, hoy comenzará a practicarse la nueva prueba pericial sobre los explosivos usados el 11-M. Los peritos que van participar juraron ayer sus cargos en la Audiencia y hoy celebrarán una reunión preparatoria de la pericia en la sede de la Comisaría General de Policía Científica.

Los expertos firmaron un contrato de confidencialidad por el que se comprometen a no revelar el resultado de sus análisis. Éste será plasmado en un informe del que la Sala debe tener a su disposición un borrador el 13 de febrero.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La sustancia que Zouhier entregó a la UCO se destruyó sin analizar

Por Narrador - 30 de Enero, 2007, 9:00, Categoría: Engaños Demostrados

MADRID.- Desde que ocurrieron los sucesos del 11-M, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que todavía dirige el coronel Félix Hernando, han puesto un gran interés para que las pruebas y documentos relacionados con los atentados lleguen al Juzgado Central de Instrucción número 6 y a la Comisión de Investigación bajo su particular visión.

Cuando Rafá Zouhier estaba en la cárcel de Valdemoro (Madrid), poco después de su detención a finales de marzo de 2004, recibió la visita de un agente de la UCO en compañía de otros. El objeto de la visita, según ha declarado el propio Zouhier, era recordarle al confidente marroquí que hablara lo menos posible sobre sus relaciones y contactos con los agentes de la UCO.

Después, los guardias civiles pidieron a Zouhier una carta de presentación para visitar a Antonio Toro en prisión. El marroquí accedió a la petición, pero la misiva que llegó hasta Toro tenía tres folios más que no había escrito Zouhier.

El confidente ha denunciado ante el juez Juan del Olmo esa presunta falsificación, pero el magistrado, de momento, no ha hecho nada.

La segunda presunta irregularidad de los miembros de la UCO se produjo en febrero de 2003. Zouhier consiguió una muestra del explosivo que intentaban vender Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras. Esa muestra, según consta en el sumario del 11-M, fue destruida después de ser analizada.

Sin embargo, en un documento firmado por el propio coronel Félix Hernando en septiembre de 2004, se reconoce que «no se efectuó ningún análisis pericial de la misma, únicamente se realizó un estudio visual por persona especialista». Y termina la nota: «Dado su mal estado de conservación y escaso valor identificativo, procediéndose posteriormente a su destrucción».

De esa forma, nunca se ha podido saber si la muestra del explosivo obtenida por Zouhier de Toro y Trashorras era igual a la empleada por los terroristas islamistas en los trenes de la muerte.

Y por último, la UCO, según la versión del comandante Francisco Javier Jambrina, intentó destruir el documento del 6 de marzo de 2003 donde se demostraba que los actos delictivos que estaban llevando a cabo los asturianos -venta de explosivos, compra de armas, eliminación física de un chivato y tráfico de cocaína y hachís- eran de ámbito nacional y no regional.

En total, tres presuntas manipulaciones de pruebas que todavía no han tenido ninguna repercusión judicial para los guardias civiles que intentaron llevarlas a cabo.

Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La UCO intentó encubrir un presunto delito con otros dos más (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Enero, 2007, 8:00, Categoría: Opiniones

Cuanto más sabemos sobre el papel de la UCO y de su jefe en la investigación del 11-M, más sombras aparecen en torno a su actuación antes y después de la masacre. Si ayer revelábamos que Hernando no dijo la verdad ante el Congreso cuando afirmó que la UCO dejó de indagar en el tráfico de explosivos en Asturias en febrero de 2003, EL MUNDO cuenta hoy cómo uno de sus subordinados trató de destruir la prueba irrefutable de que había mentido. Se trata de un informe redactado por la UCO y fechado el 6 de marzo de 2003, en el que se detallan las andanzas de Toro y Trashorras buscando compradores para sus explosivos por distintos puntos de la Península. Según publica hoy EL MUNDO, seis días después de la intervención de Hernando ante la Comisión, su subordinado el alférez Jaime Trigo llamó al móvil del segundo jefe de la Comandancia de Asturias, Francisco J. Jambrina, para que destruyese la nota que dejaba en evidencia a su superior. Jambrina declaró ante el juez Del Olmo que se sintió molesto por la petición y decidió conservar la nota. El alférez negó esta versión y dijo que llamando al comandante sólo quería cerciorarse de que la nota no se filtraba a los medios. A la vista de estas declaraciones, no se entiende cómo Del Olmo no dedujo el testimonio del alférez para que la jurisdicción ordinaria investigase el caso, máxime cuando él mismo confiesa haber observado menos serenidad en sus palabras que en las de Jambrina. Trigo podría haber cometido un delito de encubrimiento y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos -castigados con penas de hasta siete años- y su jefe, uno de falso testimonio, por el que podría ir a la cárcel. En este contexto, cobra un gran valor el que el tribunal pidiera ayer las declaraciones de Hernando y Manzano en el Congreso, que ayudarán a aclarar nuestras últimas revelaciones.

Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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