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La sustancia que Zouhier entregó a la UCO se destruyó sin analizar

Por Narrador - 30 de Enero, 2007, 9:00, Categoría: Engaños Demostrados

MADRID.- Desde que ocurrieron los sucesos del 11-M, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que todavía dirige el coronel Félix Hernando, han puesto un gran interés para que las pruebas y documentos relacionados con los atentados lleguen al Juzgado Central de Instrucción número 6 y a la Comisión de Investigación bajo su particular visión.

Cuando Rafá Zouhier estaba en la cárcel de Valdemoro (Madrid), poco después de su detención a finales de marzo de 2004, recibió la visita de un agente de la UCO en compañía de otros. El objeto de la visita, según ha declarado el propio Zouhier, era recordarle al confidente marroquí que hablara lo menos posible sobre sus relaciones y contactos con los agentes de la UCO.

Después, los guardias civiles pidieron a Zouhier una carta de presentación para visitar a Antonio Toro en prisión. El marroquí accedió a la petición, pero la misiva que llegó hasta Toro tenía tres folios más que no había escrito Zouhier.

El confidente ha denunciado ante el juez Juan del Olmo esa presunta falsificación, pero el magistrado, de momento, no ha hecho nada.

La segunda presunta irregularidad de los miembros de la UCO se produjo en febrero de 2003. Zouhier consiguió una muestra del explosivo que intentaban vender Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras. Esa muestra, según consta en el sumario del 11-M, fue destruida después de ser analizada.

Sin embargo, en un documento firmado por el propio coronel Félix Hernando en septiembre de 2004, se reconoce que «no se efectuó ningún análisis pericial de la misma, únicamente se realizó un estudio visual por persona especialista». Y termina la nota: «Dado su mal estado de conservación y escaso valor identificativo, procediéndose posteriormente a su destrucción».

De esa forma, nunca se ha podido saber si la muestra del explosivo obtenida por Zouhier de Toro y Trashorras era igual a la empleada por los terroristas islamistas en los trenes de la muerte.

Y por último, la UCO, según la versión del comandante Francisco Javier Jambrina, intentó destruir el documento del 6 de marzo de 2003 donde se demostraba que los actos delictivos que estaban llevando a cabo los asturianos -venta de explosivos, compra de armas, eliminación física de un chivato y tráfico de cocaína y hachís- eran de ámbito nacional y no regional.

En total, tres presuntas manipulaciones de pruebas que todavía no han tenido ninguna repercusión judicial para los guardias civiles que intentaron llevarlas a cabo.

Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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