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24 de Febrero, 2007

'Caso Bórico': Santano, Mélida, Andradas y Ramírez al banquillo (24 de febrero de 2007)

Por Narrador - 24 de Febrero, 2007, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La Policía Científica al banquillo por falsificar el informe 'ETA/11-M'

La Audiencia de Madrid confirma la decisión de la juez Gallego de iniciar la preparación del juicio contra Santano, Mélida, Andradas y Ramírez. Ve contra ellos «indicios sólidos» que EL MUNDO denunció

MADRID.- La cúpula de la Comisaría General de Policía Científica, encabezada por su jefe, Miguel Angel Santano, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados al existir «indicios sólidos» de que pudo cometer un presunto delito de falsedad documental al alterar un informe pericial incorporado al sumario del 11-M.

Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto en el que rechaza el recurso que Santano, Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez interpusieron contra la decisión de la juez Gemma Gallego de iniciar la preparación del juicio oral contra los cuatro mandos policiales. La Audiencia ha respaldado a la instructora.

La resolución supone un nuevo espaldarazo a la actuación de la juez instructora, Gemma Gallego -que «cumple escrupulosamente con las exigencias legales y jurisprudenciales», afirma la Audiencia-, en la misma medida en que representa otro varapalo a la Fiscalía y la Abogacía del Estado en este proceso. La posición de ambas en apoyo al recurso de los imputados es desautorizada.

La Sección Tercera de la Audiencia de Madrid, que ha confirmado todas las decisiones de Gallego recurridas en apelación, ha ratificado esta vez el auto por el que, el pasado 10 de enero, la instructora acordó concluir la investigación e iniciar la fase de preparación de juicio oral contra el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, el secretario general Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas; y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez.

La juez insistía en la existencia de indicios de falsedad documental y/o falso testimonio en la conducta de los cuatro mandos policiales, a los que se acusa de participar en la alteración del informe elaborado por sus subordinados Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la vivienda de un detenido por el 11-M, Hasan Haski, ahora sentado en el banquillo de los acusados de la Casa de Campo.

Los tres peritos a los que Ramírez, el jefe del laboratorio, asignó el informe hicieron constar unas Observaciones en las que recordaban que esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.

De tres a seis años

La alteración de ese informe con el fin de que al sumario del 11-M no llegara ninguna referencia a ETA es lo que va a conducir al banquillo a los cuatro principales responsables de la Policía Científica. Tras la resolución de la Audiencia, la juez Gallego tiene vía libre para resolver sobre la apertura de juicio oral, solicitada por varias acusaciones populares, que piden para los cuatro imputados penas de tres a seis años de cárcel. La previsible decisión de Gallego de abrir juicio oral es irrecurrible, por lo que, en la práctica, Santano, Mélida, Andradas y Ramírez tienen ya un pie en el banquillo.

Para la Audiencia, «resulta evidente» que existen «sólidos indicios de la comisión de hechos punibles» en la alteración del informe pericial de Escribano, López y Manrique.

A su juicio, el debate sobre si ese informe inicial era o no un documento oficial es «inane» porque «lo esencial es examinar el informe elaborado por Ramírez», que fue el que se envió al sumario del 11-M.

«En dicho informe», dice la Audiencia, «se contienen una serie de afirmaciones que no se corresponden con la realidad». El auto las enumera:

«Se expresa como objeto del informe el 'análisis de las muestras' cuando, en el oficio de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) exactamente se solicitaba 'estudio, análisis e informe pericial'».

«Se afirma que de las muestras se hizo cargo el facultativo con carné profesional 195, esto es, el imputado Ramírez, cuando lo cierto es que fue Manrique».

«Se expresa que Ramírez procedió a utilizar las técnicas analíticas que permitieron identificar las muestras como ácido bórico, cuando Ramírez ni llevó a cabo personalmente tales técnicas, ni formó parte del equipo que las realizó».

Pero, además, Ramírez «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes, donde constaba como perito designado Escribano, y confeccionó personalmente un nuevo sobre en el que ya aparecía él como perito». Item más, Ramírez «ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de Muestras, tapando con tippex el nombre de Escribano y poniendo el de Ramírez».

La Audiencia contesta el argumento de la Fiscalía y del defensor de los imputados, José Antonio Choclán, de que todas esas actuaciones de Ramírez carecen de relevancia delictiva porque, como jefe del laboratorio, podía hacerlas y, además, eran intrascendentes.

«No es tal el parecer de esta Sala», contesta la Audiencia, que estima, por el contrario, que «las diligencias practicadas no permiten, en modo alguno, asumir las argumentaciones de los recurrentes sobre la atipicidad [penal] de los hechos».

El Tribunal indica que si el cargo de Ramírez le confería tan amplio poder, «habría bastado con que reprodujera textualmente el informe emitido por los peritos, suprimiendo las observaciones de las que discrepaba y firmándolo en su condición de jefe de laboratorio».

«Sin embargo no lo hizo así, sino que introdujo las variaciones descritas en el informe pericial y además llevó a cabo una serie de actuaciones concretas que, podría inferirse, iban destinadas a dotar de verosimilitud a tales alteraciones», añade.

La Audiencia considera de especial trascendencia la alteración relativa a la persona que se hizo cargo de las muestras de la sustancia intervenida a Haski, «variación que se vio acompañada de la desaparición de la hoja de custodia en la que se reflejaba la cadena de custodia de las muestras». Ramírez, que ha declarado a la juez que actuó tras consultarlo con Mélida, «varió la persona receptora de las muestras y se designó nuevo perito no mediante un procedimiento de reasignación que constara documentalmente, sino acudiendo, al parecer, a las vías de hecho, esto es, rompiendo el sobre original, confeccionando personalmente y a pesar de su condición de jefe de laboratorio uno nuevo y alterando con tippex el Libro de Registro».

La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Abad, añade que Ramírez, «tampoco realizó ninguna técnica analítica -quizá porque su titulación es la de geólogo y no la de químico- sino que se limitó a reproducir las citadas por los peritos en su informe, suprimiendo tres de ellas -ignoramos por qué razón - y firmando como único perito -contrariamente a la practica constante- el mencionado informe».

CONTRA LOS PERITOS, 'EL MUNDO' Y LA JUEZ

«Fabricar pruebas o el fin que justifica los medios. Los peritos colaboraron en la trama montada por el ex director de la Policía, Agustín Díaz de Mera, y el diario 'EL MUNDO'» El País, 30-9-2006

«...desmonta la veracidad de la información publicada por EL MUNDO [...] empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española...» ABC, 30-9-2006

«...la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al CGPJ...» «...admitió una denuncia de la asociación que patrocina Esperanza Aguirre y les abrió diligencias por falsedad». El País, 23-2-2007

Una información de María Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Cuatro mandos policiales irán a juicio por alterar el informe que relacionó ETA y el 11-M

La Audiencia de Madrid aprecia «indicios sólidos de la comisión de hechos punibles». Acusa al jefe de los peritos de modificar el dictamen del ácido bórico e intentar darle «verosimilitud»

Madrid - La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de la juez Gema Gallego de llevar a juicio a cuatro mandos policiales, encabezados por el comisario general de la Policía Científica, Miguel ángel Santano, acusados de falsedad documental por alterar el informe que relacionaba el 11-M con ETA a cuenta del ácido bórico hallado en el piso de un comando etarra y en el domicilio de uno de los procesados por los atentados de Madrid, Hassan El Haski, uno de los presuntos ideólogos de la matanza. Los magistrados rechazan que pueda acordarse el archivo de la causa, que habían solicitado tanto los abogados de los imputados como la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Audiencia de Madrid, en un escrito de nueve folios, es concluyente acerca de los motivos que le llevan a confirmar la decisión que en su día tomó la juez Gallego. La Sala no comparte el criterio de los recurrentes de que los hechos carecen de relevancia penal. Muy al contrario, concluye que las diligencias practicadas hasta el momento «no permiten, en modo alguno, asumir las argumentaciones de los recurrentes sobre la atipicidad» de los hechos. En su opinión, «resulta evidente» que existen «indicios sólidos de la comisión de hechos punibles». Según los magistrados, el auto de la juez Gallego «cumple escrupulosamente con las exigencias legales y jurisprudenciales».

«Destruyó el sobre original»

Para los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Madrid -Adrián Varillas, Juan Pelayo y María Pilar Abad- el informe elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique no pueda ser considerado oficial, como mantienen los recurrentes, es irrelevante a estos efectos. Y es que, insisten, el informe que realizó el jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez (en el que eliminó las referencias a ETA) sí es oficial y éste contiene «afirmaciones que no se corresponden con la realidad».

Los magistrados hacen hincapié en que Ramírez -uno de los cuatro imputados junto a Santano, el secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida y el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas- ni realizó la analítica que identificó las muestras de ácido bórico «ni formó parte del equipo» que las llevó a cabo.

Ramírez, continúa la resolución, «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes» donde constaba Escribano como perito designado «y confeccionó personalmente un nuevo sobre en el que ya aparecía él como perito». Por si fuera poco, añaden, ordenó variar el Libro de Registro de Muestras «tapando con tippex» el nombre de Escribano y poniendo el suyo propio. Tras alterar el informe, continúa el relato, llevó a cabo una serie de actuaciones tendentes a «dotar de verosimilitud a tales alteraciones».

La Sala incide en que Ramírez no se designó nuevo perito -tras eliminar las referencias a ETA- «mediante un procedimiento de reasignación» sino acudiendo a lo que denominan «vías de hecho»: «Rompiendo el sobre original, confeccionando personalmente y a pesar de la condición de jefe de laboratorio uno nuevo y alterando con tippex el Libro de Registro».

La Audiencia insiste en que si la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) solicitó a la Policía Científica un «estudio, análisis e informe pericial» de las muestras «quizá fuera porque quería de los informantes algo más que el simple análisis». Sin embargo, añade, Ramírez, «en lugar de mantener en su informe el objeto realmente solicitado, lo varió, limitándolo al mero análisis».

Una información de R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

'Caso Bórico': La versión de ABC y EL PAIS (24 de febrero de 2007)

Por Narrador - 24 de Febrero, 2007, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

  

Los cuatro mandos policiales del «caso bórico» se sentarán en el banquillo

MADRID. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de la juez Gemma Gallego, instructora del caso del ácido bórico, de llevar a juicio al máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica y otros tres mandos. La juez les imputa un presunto delito de falsedad documental y/o falso testimonio por modificar un informe en el que el perito Manuel Escribano apuntaba la hipotética relación entre ETA y los autores del 11-M.

La Sección Tercera de la Audiencia desestima, en un auto notificado ayer, el recurso presentado por la defensa de los cuatro mandos de la Policía Científica —el comisario general, Miguel Ángel Santano; el secretario general, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas, y el jefe de Sección de esta Unidad, Francisco Ramírez—, que pidió el sobreseimiento de la causa.

«Indicios sólidos»

La Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado se habían adherido a esta petición, una vez que la juez Gema Gallego dio por concluida la instrucción el pasado 10 de enero y acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado.

La Audiencia da la razón a la juez basándose en que existen «indicios sólidos» de la comisión de delitos, aunque aclara que no es función del instructor ni de la Sala calificar jurídicamente esos hechos, ni es «este tribunal el llamado a enjuiciar la posible responsabilidad de los imputados». Argumenta, asimismo, que el auto de la juez Gallego determina de forma suficiente los hechos punibles, aclara quiénes los cometieron y cuál fue su participación en los mismos.

La Sección Tercera recurre a una sentencia del Supremo de la que fue ponente el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para justificar que «transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado no es una calificación acusatoria anticipada».

El tercer motivo de rechazo al recurso de los policías disecciona la actuación del jefe de sección de Análisis, Francisco Ramírez, de quien se afirma que «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes donde constaba como perito designado Escribano y confeccionó personalmente un nuevo sobre, en el que ya aparecía él como perito, y además ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de muestras» con «tippex».

Ramírez ordenó a Escribano matizar el informe que había elaborado sobre el ácido bórico encontrado en el piso de Hassan el Haski, uno de los imputados en el 11-M —la misma sustancia hallada en un piso de ETA en Salamanca tres años antes—. Según la Audiencia, Ramírez introdujo variaciones en el informe pericial y llevó a cabo unas actuaciones «destinadas a dotar de verosimilitud tales alteraciones». Tanto la Fiscalía como la defensa entienden que esas alteraciones son intrascendentes.

La juez instructora deberá ahora pedir opinión a las partes sobre si se archiva la causa —la Fiscalía, la Abogacía del Estado y, por supuesto, la defensa de los acusados mantendrá esta tesis— o continúa adelante hasta la apertura de juicio, lo que se producirá en cuanto lo solicite una de las partes, ya sea acusación particular o popular.

Un texto de C. Morcillo publicado por el diario ABC el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

  


  

La Audiencia Provincial ve indicios de delito en el caso del 'ácido bórico'

Desestimada la petición del fiscal para sobreseer las diligencias

Madrid - La Audiencia de Madrid considera que "existen indicios sólidos de la comisión de hechos punibles" en la actuación de los jefes policiales implicados en el caso del ácido bórico. En un auto notificado ayer, la Audiencia desestima el sobreseimiento del caso y confirma la conclusión de las diligencias decretada por la juez Gemma Gallego y la conversión de las mismas en un procedimiento abreviado, paso previo al juicio por falsedad documental.

El caso del ácido bórico se produce al saltar a la luz que los jefes de la policía científica habían obviado un informe firmado por tres de sus subordinados (tres peritos policiales) que ponían de manifiesto el hallazgo de esta sustancia matacucarachas en el piso de Hassan El Haski, implicado en el 11-M, y en el de dos etarras detenidos años antes en Salamanca.

Los jefes policiales hicieron otro informe y omitieron el detalle del ácido bórico por considerarlo irrelevante para la investigación del 11-M. Mientras, el juez Baltasar Garzón investigó este caso y terminó imputando por falsedad a los tres peritos; la juez Gallego hizo lo mismo, pero concluyó que los acusados no debían ser los peritos, sino sus jefes. Por ello, el pasado mes de enero abrió contra ellos un procedimiento abreviado, lo que significa que ve delito en la actuación de los jefes policiales. Todas las partes recurrieron ese auto ante la Audiencia de Madrid.

La Sección Tercera de la Audiencia da la razón a la juez en los pasos que ha dado hasta el momento: cierre de las pesquisas y conversión de las diligencias en un procedimiento abreviado. Los abogados de los jefes policiales, la fiscalía de Madrid y la acusación particular pidieron a la Audiencia el sobreseimiento del caso por inexistencia de delito. El abogado de la acción popular, que encarna una asociación de víctimas que patrocina la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, también recurrió y pidió que se validase la actuación de la juez de encauzar el caso como procedimiento abreviado.

Falsedad documental

Sin prejuzgar el caso, el tribunal ha entendido que la decisión de la juez Gallego se ajusta a derecho y que, por tanto, puede continuar los trámites del procedimiento abreviado, antesala del juicio oral. Antes de que la Audiencia resolviese los recursos, la juez dio por buena su decisión y siguió los pasos del procedimiento abreviado; es decir, pidió a las partes que solicitarán el sobreseimiento del caso o bien que presentaran acusación.

Todas las partes -salvo la asociación que patrocina Aguirre, que reclama la pena de banquillo para los jefes policiales- pidieron el sobreseimiento de la causa. Hecho esto y tras la decisión de la Audiencia, la juez tiene ahora que decidir si decreta o no la apertura del juicio oral. La fiscalía de Madrid, basándose en una resolución de la Audiencia Nacional, esgrime que legalmente no puede hacerlo porque se lo impide el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que para poder decretar el juicio oral deben pedirlo la fiscalía, que no lo pide, o la acusación particular, representada por la Abogacía del Estado, que tampoco lo pide.

Fuentes jurídicas no descartan que la juez, que tuvo que anular parte de su actuación porque se saltó los plazos a la hora de abrir el procedimiento abreviado, decida sentar en el banquillo a los jefes policiales y que sea la Audiencia la que resuelva este asunto como cuestión previa al inicio del juicio.

Los acusados en este proceso son el comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el secretario general de esta Comisaría, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas; y el jefe de Sección de esta Unidad, Francisco Ramírez.

Un texto de José Antonio Hernández publicado por el diario EL PAIS el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

  

Santano, Mélida, Andradas y Ramírez al banquillo: Editoriales (24 de febrero de 2007)

Por Narrador - 24 de Febrero, 2007, 8:00, Categoría: Opiniones

Un Auto que avala la investigación de la juez y de EL MUNDO (Editorial de EL MUNDO)

La Audiencia de Madrid avaló ayer en un auto el trabajo de investigación de la juez Gemma Gallego al desestimar los recursos de los imputados y confirmar que los mandos de la Policía Científica tendrán que sentarse en el banquillo.

El auto dictado por tres magistrados de la Audiencia es también una rotunda desautorización de las actuaciones del juez Garzón y del fiscal general del Estado. Hay que recordar que Garzón llegó a dictar un auto de exculpación de los mandos de la Policía Científica antes de inhibirse en un caso en el que no tenía competencias. La Fiscalía de la Audiencia Nacional respaldó las decisiones de Garzón contra los peritos, cuya inocencia ha quedado acreditada por la juez Gallego.

La resolución de la Audiencia de Madrid coincide con todas y cada una de las tesis que ha venido defendiendo este periódico, que siempre sostuvo que había serios indicios de un delito de falsedad documental por parte de los jefes de la Policía Científica. No es cuestión de insistir en la campaña de difamación que sufrió EL MUNDO por decir lo que ahora dicen no ya uno, sino tres jueces. También reivindica la posición del portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, criticada en su día por propios y extraños.

El auto de la Audiencia subraya que es irrelevante entrar a discutir si el informe de los tres peritos que vinculaba a ETA con el ácido bórico era o no un documento oficial. Esa no es la cuestión.

Lo esencial -afirman los tres magistrados- es que sí hay sobrados indicios de que el informe elaborado por Francisco Ramírez a requerimiento de sus superiores y enviado al juez Del Olmo era un documento oficial falso.

El auto señala que hay cuatro indicios de que lo corroboran. El primero es que la UCIE había solicitado «el estudio, análisis e informe pericial» sobre el hallazgo de acido bórico, mientras que en el documento enviado al juez sólo consta «análisis de las muestras». El segundo indicio es que el informe afirma que Ramírez se hizo cargo de las muestras a analizar cuando lo cierto es que fue el perito Manrique. El tercer indicio de falsificación es que el informe indica que fue Ramírez quien realizó los análisis cuando la verdad es que no participó en ellos. Y el cuarto es que el propio Ramírez destruyó el sobre original donde constaba el nombre de Escribano como perito designado y lo sustituyó por otro en el que puso el suyo, alterando a continuación con tipex el libro de registro.

El auto señala que Ramírez tenía la opción de haber enviado al juez el informe original de los peritos, suprimiendo las observaciones con las que discrepaba y firmándolo en su condición de jefe. Pero prefirió simular un nuevo documento, siguiendo las órdenes de Andradas, Mélida y Santano, imputado subsidiariamente de un delito de encubrimiento.

Resulta una paradoja que Santano, comisario general de la Policía Científica, se vea acusado ahora de delitos de falsedad y encubrimiento cuando ha sido el responsable de analizar y custodiar pruebas esenciales en la investigación del 11-M. Hay que recordar que la Policía Científica bajo su mando analizó en 2004 el explosivo hallado en la Kangoo, en la mochila, en las vías del AVE y en el piso de Leganés sin que surgieran los rastros de DNT detectados ahora en sospechosa sintonía con su aparición en los focos de los trenes.

El auto de la Audiencia de Madrid pone en cuestión la fiabilidad de este comisario, que, a buen seguro, a partir de ahora dejará de reír los chistes que han surgido sobre el ácido bórico. Seguimos esperando, por último, que los medios que engañaron a sus lectores rectifiquen en honor a la verdad y para restituir el honor de los peritos injustamente difamados.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El SUP avala las amenazas contra Luis del Pino

Por Narrador - 24 de Febrero, 2007, 7:00, Categoría: General

El secretario general del SUP secunda a su portavoz en las amenazas de que le acusa Luis del Pino

MADRID.- El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, remitió ayer una nota a los medios de comunicación en la que respalda a su portavoz, Maximiliano Correal, y descarta su dimisión. Correal declaró el pasado 16 de febrero en un espacio de Telemadrid que al periodista «Luis del Pino lo dejaría con el tedax Pedro en una habitación donde no existiera el Estado de Derecho, a ver si volvía a repetir lo que ha dicho». Pedro es el nombre genérico que se dio en algunas informaciones al agente que desactivó la mochila de Vallecas.

Fornet dice: «Yo apoyo y me sumo a la postura del portavoz del sindicato: quiero a Luis del Pino encerrado en una habitación sin Estado de Derecho con el tedax Pedro», y precisa: «Para que compruebe cómo se juegan la vida los Tedax desactivando bombas por sentido del deber, mientras otros se hacen ricos insultándolos y mintiendo». Más adelante, añade que con «una habitación sin Estado de Derecho» se refiere a una en la que «los terroristas lo han neutralizado colocando una bomba».

El colaborador de EL MUNDO Luis del Pino confirmó ayer que interpondrá una querella contra quien considere autor de esas amenazas: bien Fornet y Correal como particulares, o bien el SUP como colectivo, según informa el periódico de internet Libertad Digital.

En su escrito, Fornet también califica de «locutor mafioso» y «jefe de la manada» a Federico Jiménez Losantos, al que alude sin citarlo.

Asimismo, Fornet también da la cara por Correal al respecto de la intervención de éste en el programa La Linterna de la cadena Cope el pasado lunes. Allí, tras aclarar sus declaraciones sobre Del Pino, el portavoz del SUP dijo que existía una serie de informes en un Ministerio contra varios miembros de la directiva del otro sindicato policial mayoritario, la Confederación Española de Policía (CEP), entre ellos su portavoz, Rodrigo Gavilán. Éste respondió que, si es cierto que existen esos informes y están en manos del SUP, eso significaría que este sindicato «forma parte del PSOE».

La nota de Fornet acusa a Gavilán de hacer «honor a lo que dice el informe de él». Según el secretario general del SUP, el documento habla de «un mal profesional, mentiroso, sin escrúpulos, con comportamientos poco profesionales contra personas de distinta raza», y añade que no era dirigente sindical cuando se elaboró ese dossier. Fornet afirma que fue en 2002, durante el Gobierno del Partido Popular.

Una información de J. M. publicada por el diario EL MUNDO el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Manjón quiere más 'pasta'

Por Narrador - 24 de Febrero, 2007, 6:00, Categoría: Victimas

  

La asociación de Manjón estudia irse de Madrid porque no recibe ayudas

El colectivo de víctimas del 11-M denuncia que Aguirre prima a entidades afines al PP

Madrid - La asociación 11-M Afectados del Terrorismo trasladará su sede social fuera de la Comunidad de Madrid "en cuanto le llegue la primera oferta" para instalarse en otra autonomía, según advirtió ayer su presidenta, Pilar Manjón. La dirigente de este colectivo amenazó con cambiar de aires tras comprobar que, por segundo año consecutivo, el Gobierno regional de Esperanza Aguirre no le ha concedido ni un céntimo en subvenciones.

Manjón, que aseguró que ya le han ofrecido locales en municipios de Castilla-La Mancha donde viven miembros de su asociación, lamentó que ésta se haya quedado una vez más fuera del reparto de ayudas a pesar de ser la más numerosa entre las víctimas del mayor atentado en la historia de España. El Gobierno autonómico, en cambio, sí ha destinado dinero de su presupuesto anual a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M (149.000 y 240.000 euros, respectivamente).

En opinión de Manjón, Aguirre está "marginando" a su colectivo, mientras "prima" a las asociaciones afines al PP. Sin subvenciones, este colectivo de víctimas, que representa a más de 1.200 personas, se ve "incapaz" de hacer frente a los "1.200 euros" que cuesta el alquiler de su local en Madrid, que además está en condiciones "espantosas", según Manjón. La asociación tampoco puede asumir el pago de los servicios de los 29 abogados y los cinco psicólogos contratados con motivo del macrojuicio del 11-M.

El Gobierno autonómico siempre ha justificado que no subvenciona a esta entidad porque no presenta proyectos, aunque Manjón insistió en que, para ello, la Comunidad debería realizar una convocatoria pública de ayudas.

Manjón agradeció también que el Ayuntamiento de Leganés, gobernado por el PSOE, esté estudiando ofrecer un local a su asociación.

Un texto de Llorenç Martínez publicado por el diario EL PAIS el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

  

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