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Juicio 11-M: ABC (26 de Febrero de 2007)

Por Narrador - 26 de Febrero, 2007, 7:50, Categoría: Juicio 11-M

¿Cuestiona ahora el ABC el derecho de todo acusado a la defensa? La lectura de esta información sobre el coste de la defensa de los acusados del mayor atentado de la historia de Europa deja a cualquier persona estupefacta. Las consideraciones las dejamos para los lectores.


  

Los principales procesados disponen de abogados privados que cobrarían un mínimo de 100.000 euros

MADRID. Jamal Zougam regentaba hasta marzo de 2004 el locutorio «Jawal Telecom» en Lavapiés, el barrio madrileño donde convive un crisol de razas y culturas procedentes de todos los rincones del mundo. Nació en Tánger en 1973 y se vino a España en compañía de su madre y sus tres hermanos en 1985. Zougam comenzó a trabajar en un puesto de fruta y acabó regentando un locutorio de telefonía en la calle del Tribulete. De allí salieron las tarjetas de los teléfonos móviles que activaron las bombas aquel día infame.

Zougam está procesado por 191 asesinatos terroristas, 1.824 intentos de asesinato, cuatro delitos de estragos y pertenencia a organización terrorista. El acusado ha tenido hasta ahora tres abogados. Primero uno de pago, al que se vio obligado a renunciar por no poder pagar la minuta. Después, el Colegio de Abogados le asignó uno de oficio, pero el presunto autor material de la matanza de Madrid lo rechazó y contrató, varias semanas después, y ya casi a las puertas del juicio, a José Luis Abascal.

Todo normal, si no fuera porque los abogados particulares pueden cobrar cifras millonarias por un macrojuicio como éste, y Zougam, como el resto de los islamistas procesados, vivía en unas circunstancias económicas modestas. Al menos sus posibilidades estaban muy alejadas de afrontar un pago que diversas fuentes jurídicas sitúan en un mínimo de 100.000 euros, ya que la instrucción ha durado casi tres años y la vista se alargará hasta el verano.

Uno de los comentarios que circulan en la trastienda del juicio en la Casa de Campo se refiere a la procedencia de esa cantidad para pagar la minuta del abogado. Aunque también hay quien recuerda que si el letrado no recibe ninguna contraprestación tampoco trascendería.

A todo esto se une que Zougam, según la versión de su hermano difundida en diferentes medios, no buscó a este letrado de pago, sino que fue él quien se ofreció.

Es llamativo, además, que el abogado de este procesado, José Luis Abascal, sea el único de la defensa que trata de vincular, contra viento y marea, el 11-M con ETA, y ello a pesar de que el propio Zougam declaró el lunes pasado que no tenía ninguna relación con la banda terrorista. También es este abogado el que ha propuesto que tres etarras declaren como testigos en la vista y el mismo que aportó en su escrito de defensa la foto de un temporizador intervenido a ETA vinculándolo con el hallado en la calle Virgen del Coro.

Cobrando el paro

Abascal no sólo defiende a Jamal Zougam en este juicio del 11-M. Otro de los principales procesados, considerado por la Fiscalía también autor material de la matanza, Basel Ghalyoun, rechazó al abogado de oficio que se le asignó y contrató a José Luis Abascal para llevar a cabo su estrategia de defensa.

De origen sirio, Ghalyoun vive en España desde enero de 2001. Aquí ha trabajado en varias obras y como vigilante y contable en un aparcamiento de coches, aunque cuando se le detuvo tras los atentados del 11-M llevaba desde septiembre de 2003 cobrando el paro.

Mantenía contactos con «El Tunecino», con Fouad El Morabit Amghar y con «El Egipcio». Un pelo suyo apareció en un gorro de rezo entre los escombros del piso de Leganés y fue identificado por un testigo en el tren de la calle Téllez.

Además de una petición fiscal de más de 38.000 años de cárcel, Ghalyoun y Zougam comparten ahora abogado de pago y estrategia en el juicio del 11-M. Ésta queda claramente plasmada en los escritos de defensa de José Luis Abascal, que poco tienen que ver con la estrategia inicial de estos dos procesados y con la actual de las defensas del resto de acusados.

Ahora, Abascal intenta desmontar las acusaciones contra sus clientes cuestionando el tipo de explosivo que estalló en los trenes, entre otras pruebas. Su razonamiento es éste: si estalló titadyne, detrás de los atentados está ETA; si el explosivo empleado es Goma 2 ECO, son los islamistas, aunque duda incluso de este extremo, porque, como pone de manifiesto en sus respectivos escritos de defensa, «no hay ningún suicida en los trenes».

Además de estos dos, hay otros cuatro procesados que tienen abogados de pago: los españoles José Emilio Suárez Trashorras, Javier González Díaz y Emilio Llano y el marroquí Rachid Aglif.

El resto, es decir las otras 23 personas que están sentadas en el banquillo de los acusados, tienen su defensa en manos de los abogados de oficio. Todos ellos, menos dos, se han mantenido al lado de sus clientes desde el primer día. Ello a pesar de los numerosos obstáculos que se han encontrado durante la instrucción, al carecer de medios económicos y materiales para asistir a sus defendidos. Se da incluso el caso de algún abogado que tuvo que comunicarse a través de gestos con su cliente en la cárcel al no contar con ningún intérprete hasta cinco meses antes del juicio.

Y es que al margen de la trascendencia política y social de este juicio por el mayor atentado cometido en España, el proceso ha superado cualquier previsión en la regulación del turno de oficio, que se ha tenido que adaptar a marchas forzadas a los numerosos contratiempos denunciados por los abogados. Los datos lo dicen todo: un sumario de 90.000 folios, 59 abogados (a los 26 defensores se suman los 23 de las acusaciones), 29 personas en el banquillo (siete de ellas se enfrentan a más de 270.000 años), 650 testigos, 98 peritos y tres años de instrucción. Durante la misma llegaron a estar imputadas 116 personas, se practicaron más de 60 careos, 30 ruedas de reconocimiento, una veintena de comisiones rogatorias, 200 pruebas de ADN, 50 inspecciones oculares, 50 pruebas de documentoscopia en castellano y árabe, 25 inspecciones de vehículos, 50 pruebas de huellas y 50.000 registros telefónicos.

Uno de los principales problemas con los que se han encontrado los abogados de oficio ha sido el económico, no porque aspiraran a cobrar lo mismo que un letrado de libre designación (son conscientes de que están prestando un servicio público), sino por el trabajo que han desarrollado en este complejo sumario durante los últimos tres años y la dedicación absoluta a la que se ven abocados hasta el verano. Algunos incluso corren el riesgo de encontrarse a su vuelta, allá por septiembre, con una cartera de clientes bajo mínimos.

Hasta 20.000 euros

Los abogados de oficio del 11-M van a cobrar un máximo de 20.000 euros, una cantidad que a priori incluye un hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esta cantidad es excepcional, y se consiguió por un acuerdo entre el Colegio de Abogados de Madrid y el Ministerio de Justicia, aunque los abogados lo vieron insuficiente.

Los 20.000 euros contrastan con la minuta que pueden devengar los abogados de libre designación. Tampoco los criterios orientativos fijados por el Colegio de Madrid, que datan de 2001, prevén un macrojuicio de estas características, pues tal y como están regulados estos baremos, los honorarios valdrían lo mismo para un robo de un delincuente común que para la mayor matanza de la historia de España,

Ahora mismo hay 1.500 abogados en el turno de oficio penal, de los que sólo una parte de ellos prestan sus servicios en la Audiencia Nacional, pues se requiere una mayor especialización y experiencia.

Un texto de N. Villanueva y M. Calleja publicado por el diario ABC el lunes 26. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los «Robin Hood» de la justicia

MADRID. Ni la televisión ni los «grandes casos» les han hecho populares y, sin embargo, en poco tiempo se van a encontrar con una fama que no han buscado. Todo porque el azar quiso que aquel día, en el que sus respectivos clientes fueron detenidos, estuvieran de guardia en el turno de oficio.

Son abogados cuya media de edad se sitúa en los 40 años, llevan un mínimo de 15 de ejercicio y en todos los casos su fuente principal de ingresos proviene de clientes particulares. Para ellos el turno de oficio no es una forma de ganar dinero ni tampoco una plataforma de lanzamiento al ejercicio de la Abogacía. No lo necesitan. Son letrados que ya cuentan con una amplia experiencia profesional, que en todos los casos se concreta en un mínimo tres años de colegiación y cinco en el turno penal general (los requisitos que exige el Colegio de Madrid para acceder a la Audiencia Nacional). Todos ellos enmarcan esta otra faceta de su trabajo en la prestación de un servicio público, la de asistir a aquellos que no pueden costearse un abogado de pago.

Hace ocho meses sus rostros aparecieron en los medios. Era la primera vez que se dejaban ver en público desde que comenzó la instrucción de la causa, durante la que habían permanecido en el más absoluto anonimato. Incluso en aquella ocasión, en la que convocaron una rueda de prensa para denunciar las dificultades con las que se estaban encontrando en el ejercicio del derecho de defensa, costó mucho reunirles. Denunciaron la insuficiencia de medios económicos y materiales para poder llevar a cabo la defensa de sus clientes en las mejores condiciones posibles. Se les vapuleó y se les llamó «peseteros» cuando lo único que pedían era dinero para poder desplazarse a cárceles de Andalucía -para hablar con sus clientes- o intérpretes para poder comunicarse con ellos sin recurrir a los gestos.

Los 22 abogados de oficio se han esforzado por llegar al juicio con los deberes hechos, por intentar compaginar el estudio de esta excepcionalísima (por voluminosa y compleja) causa con la atención que merecen sus clientes, lo que han conseguido después de muchos años de esfuerzo y algún que otro disgusto. Además, están dando una auténtica lección de profesionalidad al no poner ninguna piedra en el camino para posibilitar el arranque y desarrollo de esta vista, que califican como un «segundo Nuremberg».

La defensa de sus clientes no les plantea ningún problema de conciencia. «Todo el mundo tiene derecho a que un abogado le defienda, y eso es para nosotros tan sagrado como lo es para un médico operar a un paciente con independencia de quién sea el paciente. Defender a un presunto terrorista no significa que empatices con él. Y eso tienen que saberlo las víctimas».

Un texto de Nati Villanueva publicado por el diario ABC el lunes 26. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Trashorras entra en escena

MADRID. Sobre sus hombros pesa la mayor petición de prisión por parte de la Fiscalía: 38.670 años de cárcel, más incluso que lo solicitado para los presuntos autores materiales o intelectuales de los atentados de Madrid, todos ellos islamistas.

José Emilio Suárez Trashorras es uno de los nueve españoles que se sienta en el banquillo de los acusados y el único considerado cooperador necesario de los 191 asesinatos y las más de 1.800 tentativas de los trenes; colaboración con organización terrorista; cuatro delitos de estragos; suministro y transporte de explosivos e integración, como dirigente, en asociación ilícita. Su declaración, que podría comenzar el martes, inaugurará el turno de los ocho miembros de la trama asturiana.

El papel del ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras en el juicio por la matanza de Madrid es de suma trascendencia, no sólo porque fue quien presuntamente proporcionó a los islamistas los explosivos con los que se cometieron los atentados, sino porque era consciente de que tenían una inmensa capacidad destructiva.

El fanatismo de Jamal

«Suárez Trashorras entregó a Jamal Ahmidan la Goma 2 ECO sabiendo que podía ser empleada para la ejecución de acciones terroristas de gran envergadura», señala el escrito de la Fiscalía. Las elevadas cantidades de explosivo suministradas, el grave riesgo para la vida e integridad de las personas y el conocimiento del fanatismo integrista que inspiraba Jamal, quien continuamente defendía la necesidad de cometer acciones criminales contra Occidente, eran factores que, según el Ministerio Público, a nadie se le pasan por alto. Ni siquiera al ex minero, aquejado de una esquizofrenia que, pese a los esfuerzos de su abogado, no le ha permitido evadir su presunta responsabilidad en los atentados de Madrid.

El testimonio del ex minero, que se verá precedido por el del confidente Rafa Zouhier -enlace entre los asturianos y los islamistas-, marcará un antes y un después en las declaraciones de los procesados. Si los interrogatorios a los 14 acusados que ya han declarado se han ceñido a la participación o colaboración con los presuntos autores materiales o intelectuales de la matanza o con terroristas huidos, con Suárez Trashorras las acusaciones se ceñirán a los prolegómenos de la matanza: obtención del explosivo, traslado y entrega a la célula de Madrid, con Jamal Ahmidan a la cabeza.

El pasado miércoles, Rachid Aglif «El Conejo» ratificó en el juicio la existencia de la reunión en la que los asturianos y los islamistas acordaron el intercambio de droga por explosivos. Como mantiene la Fiscalía y avaló este procesado, la cita tuvo lugar en el McDonalds de Carabanchel y a la misma acudieron Suárez Trashorras y su mujer, Carmen Toro; Jamal Ahmidan, Rafa Zouhier, enlace entre ambos grupos, y el propio Aglif, si bien este último precisó que ni él ni Toro estuvieron presentes en esa conversación, pues se sentaron en otra mesa. La fiscal, sin embargo, atribuye a Aglif un protagonismo mayor, fue este procesado el que fijó en 60 kilos la cantidad de explosivo que iban a comprar a los asturianos. Tras otro encuentro en el McDonalds de Moncloa, empezaron a sucederse los viajes de los islamistas a Avilés y de los asturianos a Madrid transportando la Goma 2 sustraída de Mina Conchita. Suárez Trashorras conocía a la perfección esta explotación minera (había trabajado allí) y el escaso control que había sobre ella, por lo que no dudó en aprovecharse de estas circunstancias.

Hace menos de un mes la Audiencia Provincial de Asturias condenó al ex minero y a su cuñado, el también procesado Antonio Toro, a diez y once años y medio de cárcel respectivamente por tráfico de drogas y explosivos en el marco de la «operación Pípol». Quedaba probado que el explosivo con el que traficaban era Goma 2 Eco.

El 1 de marzo podría empezar la comparecencia de los 650 testigos

MADRID. Cuando concluyan las declaraciones de los 15 procesados que faltan, nueve de ellos españoles (toda la trama asturiana), empezarán a declarar los 650 testigos admitidos por la Sala, algo que previsiblemente tendrá lugar a partir del próximo jueves, 1 de marzo, jornada que ha sido habilitada por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. De esta forma, los acusados terminarán de prestar declaración entre hoy, mañana y el miércoles. Hoy está previsto que el abogado de «El Egipcio», quien declaró el primero, concluya su interrogatorio una vez que ha escuchado las grabaciones ambientales en las que su cliente aseguraba que el 11-M era «obra mía». Después será el turno de Mohamed Bouharrat (procesado por pertenencia a organización terrorista), los hermanos Mohamed y Brahim Moussaten, Mamoud Slimane Aoun y Nasreddine Bousbaa, los cuatro últimos considerados colaboradores.

Un texto de Nati Villanueva publicado por el diario ABC el lunes 26. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

   

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