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Infame recusación de un perito por su condición de víctima del terrorismo

Por Narrador - 27 de Febrero, 2007, 11:00, Categoría: Explosivos Utilizados

Un abogado de la defensa recusa a un perito por ser de la AVT y padre de una víctima

Gonzalo Boye, condenado por colaborar con ETA, considera que el experto no puede ser imparcial Los técnicos tienen previsto presentar hoy el análisis cuantitativo de los focos de las explosiones

MADRID.- Una acusación particular del 11-M recusó ayer a uno de los peritos que elaboran por orden de la Audiencia Nacional un nuevo informe sobre los explosivos de los atentados. Se trata del licenciado en Químicas Gabriel Moris, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y padre de Juan Pablo Moris, fallecido en los atentados de Madrid.

A juicio del abogado Gonzalo Boye, son precisamente estas dos circunstancias las que, a su juicio, pueden distorsionar su actuación como perito. El tribunal aún no ha resuelto el incidente de recusación.

Moris es uno de los tres expertos designados por las acusaciones del 11-M, que actúan junto a otro designado por las defensas y a otros cuatro nombrados por las Fuerzas de Seguridad: dos de la Policía Científica y dos de la Guardia Civil.

Pese a su cargo en la AVT, Moris no es el perito de la Asociación, que ha designado a otro experto. Su nombramiento proviene de una quincena de víctimas representadas por los letrados Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio, que sí actúan habitualmente como abogados de la AVT.

Boye, por su parte, representa a una víctima chilena de los atentados. Este letrado, también de origen chileno, está condenado por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro de Emiliano Revilla en 1988. Fue juzgado y condenado a una pena de 14 años.

Los peritos tienen previsto comunicar hoy al tribunal los resultados del análisis cuantitativo de los explosivos, el que determina la proporción en la que se encuentra cada componente. El pasado 13 de febrero, entregaron a la Sala el informe cualitativo, que indica cuáles son los componentes detectados.

En ese informe preliminar, tres de los cuatro peritos, entre ellos Moris, presentaron varias alegaciones que no fueron suscritas por los expertos de las Fuerzas de Seguridad. En ellas resaltaban las dificultades encontradas para determinar qué estalló en los trenes. En relación con el análisis cuantitativo, ya advertían que no podría ofrecerse la proporción en la que aparece cada componente, dada la poca cantidad conservada, por lo que «difícilmente» se podrá indicar de qué tipo de explosivo se trata.

A esa dificultad se sumaba, según los tres expertos, que el tipo de restos recogidos por los Tedax junto a los trenes no facilitaba los análisis. También indicaban que el lavado con acetona y agua que efectuaron los expertos en desactivación «hace suponer que algunos componentes del explosivo han desaparecido de las mismas casi en su totalidad, lo que impide hacer un análisis completo». En otro punto, subrayaban que las muestras se tomaron hace más de dos años y medio, y que la fecha de caducidad de los explosivos, en general no sobrepasa los 18 meses». Por último, resaltaban que las 24 muestras recogidas en los focos eran insuficientes para resultar representativas del explosivo empleado.

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el martes 27 de febrero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


  

Recusan a un responsable de la AVT como perito del informe de los explosivos

MADRID. A las 7.40 del 11 de marzo de 2004, Gabriel Moris, licenciado en Ciencias Químicas, perdió un hijo —Juan Pablo, 32 años—, cuando unos terroristas hicieron estallar un artefacto explosivo en un tren que estaba detenido en la estación de Téllez. Desde el año pasado este hombre es vicepresidente de la AVT y no cree en la autoría islamista de la matanza. Sí defiende la participación de ETA.

Gabriel Moris es uno de los cuatro peritos ajenos a las Fuerzas de Seguridad del Estado que ha participado en la última prueba pericial de los explosivos utilizados el 11-M, en la que apareció el dinitrotolueno, pero no a petición de la AVT, sino de una de las acusaciones particulares, que tiene la misma visión de los atentados que la asociación de víctimas de la que Moris es vicepresidente. Fuentes cercanas a Moris consultadas por Servimedia explicaron que este hombre trabajó durante 40 años como químico en una empresa industrial. Además, cuenta con una larga trayectoria que avala su elección como perito.

Sin embargo, una de las acusaciones particulares planteó ayer un incidente de recusación para que sea apartado del informe. El letrado Gonzalo Boyé recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide ejercer como perito a alguien que no sólo es querellante, sino también víctima. Boyé tiene también su propia historia: chileno de origen, fue condenado a 14 años por colaborar con ETA (estaba a sueldo) en el secuestro de Emiliano Revilla. Estudió Derecho en prisión.

Texto publicado por el diario ABC el martes 27 de febrero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

  


  

Recusado un perito sobre explosivos por ser dirigente de la AVT

Madrid - El abogado de una de las acusaciones particulares recusó ayer por falta de imparcialidad a uno de los ocho peritos que está participando en los análisis periciales de los restos de explosivos hallados durante las pesquisas de los atentados y que fue encargado por el tribunal del 11-M. El recusado, el químico Gabriel Moris, es vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y padre de una de las víctimas del tren atacado en la calle de Téllez. Según el letrado Gonzalo Boyé, eso le lleva a incurrir en dos causas de recusación previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El tribunal decidirá sobre la recusación a lo largo de esta semana.

Boyé, que representa a las víctimas Angélica Jérica Cortés y a su hijo menor de edad, considera que Moris puede tener "interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante", según el artículo 468 de la LEC. Este interés quedaría demostrado en el hecho de que Moris es vicepresidente de una de las asociaciones que actúan como querellante en el procedimiento y, además, es padre de una víctima mortal, lo que implicaría ese supuesto interés del recusado en la causa. Moris, además, es un activo participante en las protestas que organizan el día 11 de cada mes los partidarios de la teoría de la conspiración y en la mayoría de las manifestaciones que ha convocado la AVT contra el Gobierno.

En principio, la recusación debería plantearse antes de que comenzara la diligencia pericial, pero Boyé entiende que dicho plazo comenzará a correr cuando la diligencia se examina en la sala de vistas.

Ocho expertos

Gabriel Moris es uno de los ocho peritos designados para analizar los restos de explosivos encontrados en los focos de los explosiones en los trenes, así como los encontrados en la Renault Kangoo, en la única mochila desactivada, en la bomba que los terroristas pusieron en las vías del AVE Madrid-Sevilla y en el piso de Leganés, donde se suicidó el núcleo del comando islamista.

La prueba pericial, que aún no ha concluido definitivamente, está siendo realizada por ocho peritos. Dos pertenecen a la Comisaría General de la Policía Científica, otros dos al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (designados por el tribunal), uno por la defensa de Jamal Zougam (que fue a la que se le aceptó la ejecución de la pericia), uno de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, uno de la AVT y, finalmente, otro en representación de una acusación particular.

Inicialmente iban a ser 10 los peritos -las acusaciones que no pidieron la prueba tenían derecho a tener uno cada una- pero finalmente el número quedó reducido a ocho.

Un texto de J. Yoldi y J. A. Rodríguez publicado por el diario EL PAIS el martes 27 de febrero. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

  

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