MADRID.- La Confederación Española de Policía (CEP) calificó ayer de «fascistas y ultras» al Sindicato Unificado de Policía (SUP) por las amenazas que lanzó al periodista Luis del Pino. El portavoz del SUP, Maximiliano Correal, declaró que a «Del Pino lo dejaría con el tédax Pedro en una habitación donde no existiera el Estado de Derecho, a ver si volvía a repetir lo que ha dicho».

Desde el sindicato policial CEP tildaron de vergonzoso que Correal «haya dejado la imagen del Cuerpo Nacional de Policía por los suelos y haya dejado entrever que todavía hay habitaciones donde no se respeta el Estado de Derecho. Este señor es un ultra», manifestó el portavoz de la CEP, Rodrigo Gavilán.

«Hasta ahora, el SUP ha sido un sindicato mayoritario. Pero su apoyo constante al Gobierno socialista en la negociación con ETA y en el Estatut ha provocado que miles de policías nacionales se estén pasando a la CEP», añadió el portavoz.

En cuanto a las imputaciones del SUP sobre la existencia de un dossier negativo sobre la estancia de Gavilán en Argelia, en el informe oficial de este agente, al que ha tenido acceso este diario, figura la siguiente observación: «Sin que en su expediente personal existan notas desfavorables sobre el desempeño de su labor profesional en dicho periodo».

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 27 de febrero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El secretario general del SUP secunda a su portavoz en las amenazas de que le acusa Luis del Pino

MADRID.- El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, remitió ayer una nota a los medios de comunicación en la que respalda a su portavoz, Maximiliano Correal, y descarta su dimisión. Correal declaró el pasado 16 de febrero en un espacio de Telemadrid que al periodista «Luis del Pino lo dejaría con el tedax Pedro en una habitación donde no existiera el Estado de Derecho, a ver si volvía a repetir lo que ha dicho». Pedro es el nombre genérico que se dio en algunas informaciones al agente que desactivó la mochila de Vallecas.

Fornet dice: «Yo apoyo y me sumo a la postura del portavoz del sindicato: quiero a Luis del Pino encerrado en una habitación sin Estado de Derecho con el tedax Pedro», y precisa: «Para que compruebe cómo se juegan la vida los Tedax desactivando bombas por sentido del deber, mientras otros se hacen ricos insultándolos y mintiendo». Más adelante, añade que con «una habitación sin Estado de Derecho» se refiere a una en la que «los terroristas lo han neutralizado colocando una bomba».

El colaborador de EL MUNDO Luis del Pino confirmó ayer que interpondrá una querella contra quien considere autor de esas amenazas: bien Fornet y Correal como particulares, o bien el SUP como colectivo, según informa el periódico de internet Libertad Digital.

En su escrito, Fornet también califica de «locutor mafioso» y «jefe de la manada» a Federico Jiménez Losantos, al que alude sin citarlo.

Asimismo, Fornet también da la cara por Correal al respecto de la intervención de éste en el programa La Linterna de la cadena Cope el pasado lunes. Allí, tras aclarar sus declaraciones sobre Del Pino, el portavoz del SUP dijo que existía una serie de informes en un Ministerio contra varios miembros de la directiva del otro sindicato policial mayoritario, la Confederación Española de Policía (CEP), entre ellos su portavoz, Rodrigo Gavilán. Éste respondió que, si es cierto que existen esos informes y están en manos del SUP, eso significaría que este sindicato «forma parte del PSOE».

La nota de Fornet acusa a Gavilán de hacer «honor a lo que dice el informe de él». Según el secretario general del SUP, el documento habla de «un mal profesional, mentiroso, sin escrúpulos, con comportamientos poco profesionales contra personas de distinta raza», y añade que no era dirigente sindical cuando se elaboró ese dossier. Fornet afirma que fue en 2002, durante el Gobierno del Partido Popular.

Una información de J. M. publicada por el diario EL MUNDO el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Al poco tiempo de la masacre del 11-M, cuyo éxito para echar del Gobierno al PP y colocar al PSOE fue total y absoluto, Fernando Múgica empezó a publicar su histórica serie sobre Los agujeros negros del 11-M. Y ya en esos inicios de la Gran Sospecha se pudo leer en EL MUNDO que la hipótesis que consideraban más verosímil las fuentes fiables de los servicios de información era que la trama asturiana de los explosivos, la única pieza que aparecía en las investigaciones policiales junto a la conjetura islámica, había sido en todo momento controlada por la Guardia Civil, la Policía o el CNI. ¿Qué había pasado para llegar a tan gigantesca matanza? Pues que tal vez, se dijo, «se le había dado hilo a la cometa», y, cuando se quiso tirar del hilo para recuperar el delicado artefacto la cometa volaba sola y el vuelo acabó fatal. O sea, que la Benemérita, la Policía o el CNI sabían bien lo que Trashorras, los hermanos Toro y demás se traían entre manos, el tráfico de armas y explosivos, pero que estaban protegidos como criaturas policiales para que, en vísperas de un atentado, pudieran pillar a los terroristas.

Y ya entonces, hace más de dos años, apareció la pista del coronel Hernando, la mano derecha de Rafael Vera y su maletín, porque era el que llevaba personalmente a Suiza el pago a sus señoras del silencio de Amedo y Domínguez. Naturalmente, fue muy comentado que el Gobierno del PP, que tenía a gala luchar contra el terrorismo sólo desde la legalidad, mantuviera al frente de la UCO, la unidad de elite de la Guardia Civil, a un hombre encausado por esas actividades delictivas -va a ser juzgado ahora- y hasta lo condecorase y ascendiese. Cuando Hernando llegó a aquella epopeya de la prevaricación y el perjurio al por mayor que fue la Comisión parlamentaria del 11-M, dirigida por el PSOE con la complicidad de los demás grupos para crucificar al PP, mintió, como casi todos los uniformados y no pocos civiles. Y ahora conocemos tres presuntos delitos gravísimos perpetrados por Hernando y su alférez Trigo: el de falso testimonio de Hernando, que mintió sobre su conocimiento de las andanzas explosivas de Toro y Trashorras a nivel nacional; los de encubrimiento e infidelidad en custodia de documento público por parte de Trigo, que, en vísperas de la declaración de Hernando, trató de destruir la prueba del delito. Un guardia civil se negó, pero el PSOE también se negó por tres veces a entregar a Zaplana el documento ahora aparecido. El estilo, entre delictivo y chapucero, recuerda mucho al del falsificador Santano y la trama del bórico. Así que no sabemos quién echó a volar la cometa, pero ya van apareciendo los hilos. Y si el juez Del Olmo y la fiscal Sánchez hubieran querido investigar los delitos de los que tuvieron detallada y careada noticia, posiblemente conoceríamos la hilatura completa.

Publicado por el diario EL MUNDO el miércoles 31 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Entre 30 y 40 españoles se marchan cada año a participar en la yihad. Los servicios de seguridad alertan de la llegada a España de decenas de combatientes radicales musulmanes que ahora luchan en Irak y Afganistán

Madrid. Las guerras de Irak y Afganistán están centrando todos los esfuerzos de la yihad islámica en su lucha contra las naciones occidentales. Los atentados en estos países son diarios y en ellos participan miles de insurgentes. Allí han sido identificados ya decenas de musulmanes de nacionalidad europea, que han protagonizado ataques suicidas o han combatido contra los ejércitos occidentales. Algunos de ellos procedían incluso de España.

Las fuerzas de seguridad y los investigadores del terrorismo internacional están pensando ya en el día después. La preocupación por lo que se avecina es máxima.

La opinión generalizada entre los expertos consultados por LA GACETA es que, cuando los conflictos de Irak y Afganistán desaparezcan o bajen de intensidad, muchos de estos muyahidines europeos se plantearán volver a casa con la yihad en las maletas. No hace muchos meses, el propio comisario europeo de Seguridad, Franco Frattini, advertía de que “millones” de terroristas de Irak estarían dispuestos a atacar Europa.

La cifra, quizá, es algo exagerada, pero lo cierto es que se palpa el miedo y las agencias de seguridad europeas ya están alerta. “Es una situación peligrosa. En la medida en que el régimen iraquí se consolide, muchos de estos terroristas bien preparados vendrán a Europa”, vaticinaba el comisario, en unas declaraciones que ratificó de nuevo a LA GACETA.

Frattini advierte de que la información de los servicios de seguridad europeos y norteamericanos habla de que son “muchos los que podrían volver”. “No puedo ser más explícito. Algunos son europeos que volverán a sus países de origen, y otros han llegado a Irak desde otros países. Lo que digo sobre Irak vale también para Afganistán. Hay una fuerte amenaza de exportación de terroristas. En Irak se está formando a kamikazes”, sentenció Frattini.

Españoles suicidas

Por el momento, no han trascendido cifras exactas sobre este tipo de movimientos de regreso, tan sólo aproximaciones. Hay más datos sobre los que se han marchado que sobre los que han vuelto.

Hasta la fecha, sólo han sido identificados en Irak dos suicidas que partieron de suelo español. Uno de ellos es el marroquí Mohammad Alfalah, considerado autor material del 11-M. Alfalah se habría inmolado en un atentado, entre el 12 y el 19 de marzo de 2005.

El otro muyahidin con nacionalidad española es Belgacem Bellil, de origen argelino, un carnicero que residía en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y que atentó, el 12 de noviembre de 2003, contra una base italiana, con un resultado de 28 fallecidos, 19 de ellos italianos.

Esos dos casos ejemplifican el problema, pero no su dimensión. Porque los investigadores creen que en estos momentos podría haber hasta 100 guerrilleros de origen español combatiendo en Irak y Afganistán, a los que se suman continuamente nuevos radicales. Fuentes de la Policía cifran entre 30 y 40 el número de muyahidines españoles que viajan anualmente a hacer la yihad a estos territorios en conflicto.

Muchos mueren en los ataques, pero algunos de ellos volverán. De hecho, algunos ya han vuelto. Amer Azizi, por ejemplo, considerado por los investigadores uno de los hombres clave en los atentados del 11-M. Azizi se encuentra en busca y captura porque sus huellas aparecieron en la casa de Morata de Tajuña, el lugar donde se confeccionaron las mochilas-bomba.

Comprometidos

La Policía considera que pudo ser el enlace entre la célula que ejecutó los atentados y Al Qaeda. Azizi no llegó a España por el Estrecho, como otros compatriotas marroquíes, sino que procedía de los campos de entrenamiento afganos. Una vez en suelo español, pudo transformar una pandilla de delincuentes de medio pelo en una célula radical, adiestrada para matar.

Hassan Mourdoude también llegó a España procedente de los campos de batalla iraquíes. La Policía lo detuvo en Cataluña, tras probarse que había participado en la captación de Bellil.

El perfil de los ex combatientes de Irak es muy diferente del de los simpatizantes que pueda tener la yihad en suelo occidental (se calcula que sólo en el Reino Unido hay 10.000 musulmanes simpatizantes de Al-Qaeda o grupos afiliados).

“La gente que vuelve de Irak está realmente comprometida con la causa. Son gente que ha combatido y que además ha sido entrenada, con conocimientos para fabricar bombas, por ejemplo. Representan un gran desafío”, explica Javier Jordán, profesor de la Universidad de Granada, experto en terrorismo islámico.

Hay que tener en cuenta que no sería la primera vez que el fin de un conflicto tiene como consecuencia la propagación de la “guerra santa” a otros escenarios. Cuando la URSS se retiró de Afganistán, en 1989, tras 10 años de conflicto, muchos afganos radicales experimentados en el combate armado extendieron la yihad a los países cercanos. Lo mismo ocurrió tras las guerras de Chechenia y los Balcanes.

“Hace años, la influencia de algunos islamistas radicales aumentó por el prestigio que les reportaba que hubieran participado en conflictos como los de Bosnia, Afganistán o Chechenia. Aumentaron su carisma entre los jóvenes, y también su potencial para radicalizarlos y reclutarlos”, explica Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. “La cercanía de estas personas con experiencias directas les da un peso considerable. Pueden transmitir en Occidente los agravios que sufren otros hermanos en los países en conflicto, a miles de kilómetros de distancia. El retorno de estas personas es un peligro”, concluye Alonso.

La puerta de entrada (y salida) de Irak y Afganistán para estos “guerreros de la fe” musulmana es Siria, un país enclavado en un lugar estratégico y con pocos obstáculos para atravesar sus fronteras. Los muyahidines llegan a Siria desde Europa, a través del Reino Unido y los Países Bajos. Si es necesario despistar más a las autoridades hacen escala en Turquía. Al regresar a Europa, se sigue la misma ruta, en este caso, con Siria como punto de partida.

El factor suicida

Los viajes se realizan en avión y se utilizan pasaportes falsos. Los propios voluntarios se financian los desplazamientos, aunque algunas organizaciones terroristas sufragan los viajes de los suicidas captados con los beneficios que obtienen practicando la delincuencia común (tráfico de droga a pequeña escala y robos menores).

El regreso de estos terroristas a Europa puede acarrear también la importación de los métodos que se están empleando en los conflictos de Oriente Medio, entre ellos, el factor suicida. Los atentados de Londres del 7-J son, por ahora, los únicos en los que se ha empleado este tipo de agresión en suelo europeo. En los atentados de Madrid, los terroristas dejaron las mochilas con explosivos en los trenes y huyeron. Ni uno solo de los terroristas pereció en las explosiones. Posteriormente, al ser descubierta, la célula del 11-M se suicidó en el piso de Leganés, con 30 kilos de explosivos. La detonación acabó con la vida del miembro de los GEO Torronteras. Pero esta acción no estaba en los planes de los terroristas.

No obstante, la utilización de este instrumento con premeditación para atentar en España puede tener lugar en cualquier momento. El factor suicida introduce elementos desconocidos hasta ahora en la lucha contra el terrorismo en España. A la hora de atentar, los etarras, que hasta hace poco eran casi la única amenaza, piensan en la huida tanto como en acertar. Teniendo esto en cuenta, los investigadores pueden reducir el número de posibles objetivos y también los procedimientos.

Pero el suicida no necesita escapar. Bellil se estrelló contra el puesto militar italiano con un camión cargado con 3.500 kilos de explosivos. No pensaba huir.

Los expertos consultados por LA GACETA creen que la única fórmula para combatir el terrorismo suicida es la información. “Cuando esta gente vuelva, la noticia se difundirá en los ámbitos radicales en los que se muevan. Si las autoridades europeas tienen gente infiltrada en esos ámbitos, confidentes policiales, no deberían encontrar problemas para controlarlos”, explica Jordán.

La experiencia de otros países en la lucha contra este tipo de terrorismo, como Israel, puede permitir a los países europeos, entre ellos España, ponerse al día en el desafío que se avecina.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Syra y Ana, psicóloga y asistente social de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, atienden a 500 afectados por la masacre

MADRID.- Fueron 192 muertos y más de 1.500 heridos. Y muchos más los afectados directa o indirectamente por las explosiones de los trenes. Pero en el dolor no están solos. Han pasado más de dos años y medio y son muchos los profesionales que atienden diariamente las necesidades de las víctimas, son sus ángeles de la guarda.

Son los grandes desconocidos, aquéllos que diariamente se sientan y comparten el dolor de los que vivieron en primera persona el terror del 11-M. Syra Balanzat y Ana Zapardiel dedican su vida a atender todas las necesidades de las víctimas. Pertenecen a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que aglutina a más de 500 personas afectadas por los atentados. Y todas, todas reviven diariamente la masacre. «A diario atendemos entre 10 y 12 personas», indica Ana, que es una de las trabajadoras sociales de esta asociación. Son profesionales que tienen una de las labores más duras: asistir psicológicamente a unas víctimas que día tras día reviven la pesadilla y atenderles y orientarles sobre todas las prestaciones a que tienen derecho.

Pero ahora, dos años y medio después de la masacre, ¿cómo están las víctimas? Syra es precisa: «Les cuesta mucho, les cuesta mucho incorporarse sociológicamente a la vida diaria. A los que tienen, además, importantes secuelas físicas les cuesta aún más y se aíslan de la realidad social que les rodea. Cronifican el duelo. Crean un mal endémico que no les permite recuperarse».

Y la psicóloga pone el dedo en la llaga: la investigación del 11-M, las revelaciones periodísticas, las dudas sobre las actuaciones judiciales y policiales en la resolución del caso... Todo incide en que estas víctimas no logren superar del todo el trauma, que lo revivan diariamente. «El hecho de ver diariamente el caso del 11-M en la televisión, en la radio o en la prensa tiene un claro reflejo en las víctimas».

Estas profesionales tienen clara la incidencia del actual momento de las investigaciones. Cuando hay nuevos datos sobre la masacre, el número de consultas aumenta de forma significativa. Ellos quieren pasar página pero reivindican primero «conocer toda la verdad de lo que ha pasado el 11-M». Además, «la gran mayoría tiene enormes dudas de lo que se está haciendo desde la Audiencia Nacional y desde la Policía; dudan del trabajo de las instituciones», recalcan.

Pero, ¿tienen la sensación de que aún no se sabe quién ha matado a los suyos? La respuesta de Ana y de Syra es contundente: «Claro, ésa es la sensación que tienen. Están confusos. Sienten que están en completa indefensión».

Ana explica que están elaborando un estudio sobre las víctimas que se hará público en el tercer aniversario de la masacre, que ya apunta algunas conclusiones. «La mayoría se siente muy desinformada, muy perdida. Sienten que algo o alguien les está tomando un poco el pelo. Se sienten con derecho a saber la verdad, sea la que sea. Si ya de por sí las secuelas físicas y psíquicas son enormes, las víctimas, además, tienen que sufrir la sensación de que aún no está todo claro porque nadie les dice nada», añade Ana.

Y su malestar es con el mundo en general, detallan las profesionales. La desconfianza de las víctimas ante el hecho de que aún no se haya resuelto la masacre no excluye a nadie.

Syra sufre día a día también cómo las revelaciones sobre la masacre afectan a la evolución psicológica de sus pacientes. Y estos datos también se contemplarán en el minucioso estudio que esta asociación está realizando sobre los afectados.

La actualidad es motivo de debate en el seno de muchas de las familias de las víctimas y las situaciones de tensión y crispación también se trasladan a esos hogares, lo que dificulta enormemente la evolución positiva de las víctimas. «Son heridas que aún no han ni comenzado a cicatrizar en algunos casos».

Pero estas facultativas alertan de otro fenómeno que está comenzando: «Las víctimas se sienten rechazadas y poco apoyadas por la sociedad, como si fueran unas figuras que estorban, que no deben aparecer tanto para que se pueda olvidar el 11-M». Además, se sienten despreciadas. «Son muy sensibles con la negociación con ETA. Entienden que se les debe preguntar a los que han dejado a sus seres queridos por el camino, que se han ganado el derecho a opinar. Y como no se produce, las víctimas del 11-M se entristecen y comparten la indignación de las de ETA».

En la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M el número de asociados ha crecido de forma significativa durante los últimos meses. Y muchos de los que llegan, aseguran Ana y Syra, provienen de otras asociaciones de víctimas donde, en dos años, no han sido atendidas por ningún psicólogo y únicamente les han orientado de cara a la percepción de las ayudas, «pero asistencia emocional, cero».

Tanto desde el prisma de la asistente social como del de la psicóloga se considera aún imprescindible que aumente la atención estatal a las víctimas. «El Estado tiene que echar más manos». No niegan que se ha avanzado, pero también advierten de que existe riesgo de que los males psicológicos de las víctimas queden de forma permanente si la atención no es constante. Estas profesionales de la asistencia explican también que están haciendo un peritaje médico a casi un centenar de víctimas cuyo reconocimiento fue rechazado por el Ministerio del Interior para conocer cómo están dos años y medio después de la masacre.

¿Y cómo se logra desconectar? No se borra, no se olvida. «Nuestros amigos tienen nuestros números de teléfono móvil para cualquier necesidad. Siempre estamos con ellos, siempre pueden llamarnos, en cualquier momento. Son nuestros pacientes y nuestros amigos».

Una información de Fernando Lazaro publicada por el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El PP quiere que «la gente siga enredada» con el 11-M, dice Blanco

VALLADOLID/MADRID.- El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, acusó ayer al Partido Popular de querer que «la gente siga enredada en una conspiración que ellos mismos inventaron» mientras que «no habla nunca de los gobiernos que quieren que su ayuntamiento, su comunidad, avance al mismo ritmo que el resto de España».

Blanco, que participó en Valladolid en el Comité Regional del PSOE de Castilla y León, definió a los populares como «inventores de una conspiración exclusivamente para tapar sus vergüenzas». Dijo que «en España la gente escucha y piensa y ve, no se deja engañar», y señaló que «eso es lo que le pasó al PP en 2004, que no pudo engañar a nadie».

La diputada del PP Alicia Castro aseguró, sin embargo, que su partido va a seguir exigiendo que se investiguen los atentados del 11-M porque desde el «PSOE se sigue negando información». En su opinión, con esta actitud cabe sospechar que existen «motivos oscuros».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Manjón, «harta hasta la saciedad» de la 'teoría de la conspiración'

MADRID.- La presidenta de la Asociación 11-M, Pilar Manjón, señaló ayer que se siente «harta hasta la saciedad» de la teoría de la conspiración sobre los atentados de Madrid y apuntó que, aunque desconoce la «verdad oficial», en el sumario «no se encuentra» por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «ni un solo cabo suelto que una a ETA con el terrorismo islamista».

No obstante, Manjón admitió que si se hubiera encontrado el enlace entre la banda etarra y el terrorismo islamista, a ella le habría dado igual, puesto que «la verdad es que yo no tengo un hijo».

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, subrayó que «33 meses después de los atentados, es importante que se empiece a asumir que las víctimas no somos ni bandera ni derrota de nadie, entre otras cosas, porque nunca nos hemos dejado utilizar por nadie ni entrar en el juego de nadie».

Por tanto, indicó que lo que las víctimas «no van a consentir» es que, «porque se quiera enmarañar este sumario», los 29 imputados «acaben estando en la calle». «Nadie va a consentir que éstos en cuatro años estén en la calle; ya sufrimos bastante con que lo que pasó con el marroquí Saed Harrak», indicó.

Por último, lamentó que en la lucha política y mediática «se hayan olvidado una vez más que detrás de la misma están los fallecidos y los heridos en el 11-M».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Javier Gómez Bermúdez: "En el caso del 11-M existe un exceso de presión"  Madrid - Javier Gómez Bermúdez, 44 años, malagueño de Álora, preside la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2004. Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, su nombramiento fue polémico, ya que el sector conservador del Poder Judicial lo prefirió a candidatos más antiguos y de renombre, como Baltasar Garzón. El Supremo anuló el nombramiento y el Consejo volvió a designarle. El nuevo nombramiento también ha sido impugnado. Javier Gómez Bermúdez presidió el macrojuicio contra la célula española de Al Qaeda y trató de presidir, sin éxito, el juicio contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por las jubilaciones millonarias a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui. Ahora, ha reclamado la presidencia del juicio por los atentados del 11-M. Pregunta. ¿Cómo va a presidir usted el caso del 11-M si no pertenece a la sección segunda de lo Penal, a la que le corresponde juzgarlo? Respuesta. Lo voy a presidir por sustitución legal de un magistrado que se marcha, Ignacio Bigeriego. En cualquier caso, desde el principio aparezco encabezando las providencias para impulsar este procedimiento y que llegue a juicio. Además, como presidente podría, mediante un acuerdo motivado, explicar las razones por las que entro a presidir, pero no es el caso, porque como digo, se ha producido este hecho de la sustitución. De todas formas, presidir un juicio como el del 11-M profesionalmente es muy gratificante y además constituye una responsabilidad que debe asumir el presidente de la Sala. P. ¿No teme que alguien considere que no es un juez predeterminado por la ley? R. No, porque, como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional, lo somos todos los magistrados de la Sala de lo Penal, porque las secciones tienen lo que se llama un carácter funcional. Es decir, que la sala es una y las secciones no son estancas, un magistrado de una puede sustituir a la de otra. Por tanto, todos los magistrados de la sala somos jueces predeterminados para resolver cualquiera de los asuntos de la Sala. P. ¿Siente limitada su independencia para presidir el tribunal que juzgará el 11-M con la presión de algunos sectores sobre este caso? R. Este es un caso en el que existe un exceso de presión, cierto. Pero los jueces somos unos profesionales de la presión, más los jueces de la Audiencia Nacional y, por tanto, no va a influir en mi decisión. P. ¿Ha leído el sumario del 11-M? R. No, sólo lo que ha sido necesario para decidir lo que corresponde a este momento procesal. Hay una regla además que impide un estudio profundo del sumario antes del juicio. P. Ya, pero con 238 tomos de sumario principal y cientos de piezas separadas... ¿Cree que el 11-M es el atentado más investigado de la historia? R. Sin duda, junto con el de la colza, es al que más tiempo y más medios se le han destinado, pero sobre la profundidad de la investigación, por lo que le he mencionado, no puedo, ni debo pronunciarme. P. ¿Cuál es el calendario previsto para este juicio? R. En principio, la fase llamada de instrucción de las partes acaba a finales de este mes de octubre, el tribunal tendrá que decidir si revoca la conclusión del sumario o si abre lo que se llama juicio oral, lo que ocurrirá a principios de noviembre, y las partes presentarán ya los escritos de calificación, para que justo después de navidades se señale el juicio y comenzarlo en febrero. La idea es terminarlo en el mes de agosto y que la sentencia esté a finales de octubre o noviembre. P. ¿Qué obstáculos se puede encontrar para celebrar el juicio? R. Desgraciadamente, obstáculos en estos juicios tan largos y tan importantes son muchos. Básicamente, son la posibilidad de que se presenten cuestiones de nulidad, porque consideren tanto las acusaciones como las defensas que ha habido vulneraciones de sus derechos fundamentales, peticiones de revocación de la conclusión del sumario, planteamiento de determinadas cuestiones formales, que se llaman de previo pronunciamiento, que harían que el caso tuviera que ir antes al Tribunal Supremo... P. ¿Y qué opinión le merece que de 120 imputados en el caso del 11-M sólo haya finalmente 29 procesados? R. Ese dato puede interpretarse de varias formas. Por una parte, se puede interpretar que a todo aquel que aparecía en la investigación en relación con los hechos o con las personas que tenían relación con los hechos se le otorgaba la condición de imputado para proteger sus derechos a la defensa. Otra interpretación es que la investigación no tuvo una línea clara y definida en algún momento y eso provocó que se imputara a muchas personas. Y la tercera interpretación es que fue tan exhaustiva la investigación que eso ha afectado a un número excepcionalmente alto de personas, que en un primer momento hubo alrededor de 120 imputados, de los que quedan 29 que se van a llevar a juicio ahora. O puede ser una mezcla de todas estas razones. Caben todas esas posibilidades. P. ¿Y qué pasa con los derechos de los 91 restantes que no han sido procesados? R. Sobre eso ha de pronunciarse el tribunal, dictando un auto de archivo provisional, sólo temporalmente, por si aparecieran nuevos datos, o definitivo. Un sobreseimiento definitivo equivale a una sentencia absolutoria. Y, por supuesto, también cabe que puedan seguir siendo investigados en piezas separadas, como ocurre, por ejemplo, con los que están en busca y captura, porque no están a disposición del tribunal. P. Habrá seguido usted el episodio ocurrido estos días con el juez Garzón, al que han llamado prevaricador y servidor del Gobierno. ¿De qué parte se pone usted? ¿No cree que se trata de ataques a la independencia judicial? ¿Cree que el Poder Judicial debería amparar al juez? R. En primer lugar, creo que hay algunas querellas y denuncias pendientes de resolución, por lo que creo que no debo pronunciarme. En cualquier caso, los ataques personales no son admisibles y sí la crítica profesional. El amparo o no corresponde decidirlo al Consejo del Poder Judicial. En mi opinión, lo que ocurre es que el amparo está previsto para los ataques materiales a los jueces, pero será el Consejo el que deberá específicamente pronunciarse con los datos de que dispone y de los que yo carezco. P. El Supremo anuló su nombramiento como presidente de la Sala de lo Penal, y el Consejo le designó de nuevo. Si el Supremo volviera a anular su nombramiento, como ha pedido el fiscal, ¿volvería a presentarse? R. Sí. Sí, porque los defectos formales en los que incurrió el Consejo durante 20 años y que dan lugar a la anulación de un nombramiento en 20 años, no cuestionan ni mis méritos ni mi gestión. Y los nuevos motivos alegados en este recurso contra este nuevo nombramiento también son meramente formales, por lo que el razonamiento que le acabo de exponer sigue siendo válido. P. ¿Y entendió que en el informe que utilizó el Poder Judicial para nombrarle, su currículo tuviera cuatro folios y el de los otros candidatos Baltasar Garzón o Alfonso Guevara se redujera a cinco líneas? R. Yo no lo habría hecho así. P. Ahora se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Algún juez de la Audiencia se ha presentado como candidato. ¿A usted le gustaría formar parte de ese órgano? R. No, no tengo ninguna ambición en ese sentido. A mí lo que me gusta y lo que es mi vocación es la jurisdicción, o sea, dictar sentencias. P. Usted, que habitualmente juzga casos de terrorismo, considera que en este momento es posible alguna medida de favor para acercar a presos al País Vasco. R. En este momento y en cualquier otro. Depende de que el delincuente muestre signos de resocialización; pero, en cualquier caso, quiero aclarar que no son medidas de favor. Están en la legislación penitenciaria que las vincula a la evolución del interno, también el acercamiento. P. ¿En los casos que usted ha juzgado, todos los aspectos de un atentado han quedado totalmente probados? R. No, porque el hecho probado en una causa penal es aquel absolutamente incontrovertido para el tribunal, aquel sobre el que el tribunal no alberga duda razonable alguna; por lo tanto, hay aspectos de los atentados que quedan plenamente probados, otros sobre los que sólo hay pruebas suficientes pero bastantes para hacer un pronunciamiento judicial, y otros que no quedan probados. Eso sucede habitualmente, es parte del sistema. P. Entonces, ¿cuál es la técnica jurídica para condenar a alguien sin que estén el 100% de las pruebas confirmadas o absolutamente demostradas? R. La ley sólo exige que el tribunal tenga la convicción del hecho más allá de toda duda razonable. El tribunal valora la prueba y la ley no exige, porque somos humanos, que tengamos la convicción al cien por cien. Siempre cabe una hipótesis alternativa. Claro, si lleváramos eso hasta el extremo, nunca se podría condenar a nadie. Se trata de que haya una convicción más allá de una duda razonable, convicción a la que se llegue tras un razonamiento lógico que hay que expresar en la sentencia para garantizar su conocimiento por el propio acusado y por las demás partes. Una entrevista de José Yoldi publicada por el diario EL PAIS el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

MADRID.- El Gobierno, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, denunció ayer un intento de retrasar el procedimiento judicial y la vista oral del 11-M.

La portavoz del Ejecutivo aseguró, en referencia a ese sumario, que «da la impresión de que algunos mantienen un interés muy especial en que todo parezca enmarañado o confuso, o en dilatar algunos procedimientos. Incluso a veces da la sensación de que algunos tienen interés o intención de que se instale en la ciudadanía una cierta fatiga civil o que los ciudadanos desconfíen de las instituciones».

Fernández de la Vega no dio nombres, ni se refirió a nadie en concreto y de forma expresa.

Añadió que «la Justicia tiene sus competencias y procedimientos y el Gobierno tiene que respetarlos».

Además, hizo un llamamiento «al respeto a las instituciones y al Poder Judicial que tiene un papel esencial en el sistema constitucional». Tampoco en este apartado hizo referencia a nadie en concreto. Del procedimiento judicial del 11-M aseguró que «el sumario está avanzado, el juicio se celebrará y esperemos que se celebre en un tiempo razonable, como estaba previsto».

Como hace cada viernes, Fernández de la Vega insistió en que el Gobierno colabora con la Justicia.

La vicepresidenta hizo una defensa cerrada de las instituciones y del Poder Judicial, así como de la imagen que de ellas tienen los ciudadanos. Por eso, auguró el fracaso de quienes, según ella, pretenden su desprestigio.

«Estoy convencida de que eso no va a ocurrir, porque tenemos unas instituciones y un Poder Judicial con buena salud y todos sus miembros van a funcionar como siempre, en el marco de la Constitución y con respeto absoluto a la Ley», explicó la número dos del Ejecutivo. Alegando ese respeto a las instituciones y las actuaciones judiciales, la vicepresidenta del Gobierno evitó referirse a actuaciones concretas sobre el 11-M que han sido objeto de polémica.

Respecto a la controversia sobre el Consejo General del Poder Judicial, Fernández de la Vega insistió en que «el Gobierno confía en las instituciones y los ciudadanos también, y debemos garantizar su funcionamiento».

Tampoco hizo referencias expresas, pero dio la impresión de que la última parte de su respuesta se refería a la actuación del vocal conservador José Luis Requero, que pidió que se investigara la actuación del juez Baltasar Garzón en la toma de declaración de los peritos.

La vicepresidenta primera hizo una distinción clara entre la actuación «política» del Consejo y la que se refiere a la actuación jurisdiccional de los jueces. Dio a entender que el citado vocal ha pasado esa raya para inmiscuirse en la actuación jurisdiccional, o sea, la referida a un sumario concreto.

Así, Fernández de la Vega explicó que «el órgano de gobierno de los jueces es un órgano político y, como todo órgano político, discute de política y hace política. Hay que hacer política, pero lo que no hay que hacer es confundir las funciones del órgano político de los jueces con la función jurisdiccional».

Una información de F. G. publicada por el diario EL MUNDO el sábado 7 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Audiencia expedienta a Del Olmo

MADRID.- La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó ayer incoar un expediente disciplinario al juez Juan del Olmo.

El instructor del 11-M no prorrogó a tiempo la prisión provisional del marroquí Saed Harrak, procesado por los atentados, lo que obligó a su excarcelación. En la actualidad, Harrak está en libertad bajo vigilancia constante de al menos tres agentes de Policía.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió que la falta cometida por Del Olmo debía considerarse como leve, al tratarse de un error aislado. Al ser una falta leve , corresponde a la propia Audiencia concretar qué sanción se le impone dentro de una horquilla que va desde la amonestación hasta una multa de 300 euros.

Ayer, la Sala de Gobierno acordó nombrar instructor del expediente al magistrado de lo Constencioso-Administrativo Tomás García Gonzalo, que deberá estudiar el caso y proponer una sanción.

La Sala de Gobierno, encabezada por el presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, la integran los presidentes de las Salas de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez -ausente ayer-; de lo Contencioso Administrativo, Carlos Lesmes; y de lo Social, Joaquín Giménez, junto a tres jueces electos.

Una información de M. M. publicada por el diario EL MUNDO el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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La Audiencia expedienta a Del Olmo por falta leve

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó ayer abrir un expediente disciplinario por falta leve al juez Juan del Olmo por falta de control en los plazos procesales del sumario del 11-M. El error del magistrado, que confundió la fecha en la que debía prorrogar la prisión provisional de uno de los procesados en la causa por su implicación en los atentados, permitió el pasado 20 de mayo la excarcelación de Saed El Harrak.

Esta decisión estaba condicionada por la resolución que adoptó el pasado día 13 la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que apreció una falta leve en la actuación del juez instructor del sumario del 11-M. Y eso que el servicio de inspección apreció una falta muy grave por desatención en la tramitación de un procedimiento judicial. Por contra, la comisión disciplinaria tan sólo lo calificó de error puntual y aislado al fijar la fecha de la prórroga de la prisión (confundió el 6 de mayo con el 16 del mismo mes) y rechazó considerarlo una falta muy grave, que requiere que exista un estado permanente de abandono o dejadez, de despreocupación o descontrol.

Del Olmo se enfrenta ahora a una sanción que, según determina la Ley Orgánica del Poder Judicial va desde una simple amonestación hasta una multa de 300 euros.

Tras adoptar su decisión, la Comisión Disciplinaria del Consejo remitió el expediente a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

Una información publicada por el diario LA RAZON el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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La Audiencia Nacional expedienta por falta leve a Del Olmo MADRID. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó ayer abrir un expediente por falta leve al juez Juan del Olmo en relación con la excarcelación de Saed El Harrak, uno de los procesados por el 11-M, que quedó en libertad al no prorrogarse su prisión provisional. Según fuentes del tribunal, la Sala de Gobierno nombró instructor del expediente al magistrado de la Sala de lo Contencioso Tomás García, que deberá investigar los hechos y decidir la sanción que se impone a Del Olmo. La Sala de Gobierno está compuesta por el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, por los presidentes de las Salas de lo Penal, de lo Social y de lo Contencioso-administrativo y por tres magistrados electos. A la reunión de ayer no asistió el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que asiste en Canarias a unas jornadas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado día 13, la Comisión Disciplinaria del CGPJ apreció una posible «falta leve» en la actuación del juez instructor del 11-M. Texto de N. V. publicado por el diario ABC el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Del Olmo, expedientado por falta leve por excarcelar a un islamista  La sanción puede ser amonestación o una multa hasta de 300 euros Madrid - La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha decidido abrir un expediente por falta leve al juez Juan del Olmo por "un error puntual" que permitió la excarcelación de Saed El Harrak, procesado por su implicación en los atentados terroristas. Las faltas leves pueden ser castigadas con una amonestación y con una multa de hasta 300 euros. Algunas víctimas del 11-M han pedido el alejamiento de El Harrak, con el que coinciden casi a diario. Esta decisión responde al requerimiento que le hizo el pasado 13 de septiembre la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que calificó de leve el incidente procesal ocasionado por Juan Del Olmo y remitió el expediente a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Este órgano, encabezado por el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, ha nombrado a un instructor, el magistrado de lo contencioso-administrativo Tomás García Gonzalo, para que estudie el caso y proponga aplicar al juez Del Olmo una sanción económica. El hecho de no haber tenido suficiente control de los plazos y permitir la excarcelación de un imputado es considerado una falta leve, que se castiga con una amonestación y con multa de hasta 300 euros. En su día, el Consejo General del Poder Judicial consideró que los hechos no cumplían los requisitos legales para constituir una falta "muy grave", sino que fue un error puntual y aislado al fijar la fecha de la prórroga de la prisión, mientras que una falta muy grave requiere que exista un estado permanente de abandono o dejadez, de despreocupación o descontrol. Saed el Harrak, de 34 años, fue puesto en libertad provisional por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios debido a que ni Del Olmo ni la fiscal Olga Sánchez se percataron de un error en la fecha en que debía decidirse si se prolongaba por dos años más su estancia en prisión provisional. El juez Juan del Olmo tenía previsto tomarle declaración indagatoria -la que se celebra para mostrar la conformidad o rechazo con el auto de procesamiento- el 16 de mayo pasado y, al mismo tiempo, celebrar la comparecencia para prorrogar su prisión, pero olvidó que para esa fecha ya había transcurrido el límite legal de dos años de prisión preventiva. Saed el Harrak fue detenido en Parla (Madrid) el 6 de mayo de 2004 y el juez le envió a prisión cuatro días después. Ahora Saed el Harrak vuelve a residir en Parla y ya ha coincidido en varias ocasiones con algunas de las víctimas del atentado, según fuentes del colectivo de afectados del 11-M que preside Pilar Manjón. Algunas víctimas y familiares han pedido en la Audiencia Nacional que se dicte una orden de alejamiento, solicitud que no ha sido concedida. Texto publicado por el diario EL PAIS el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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El PP pide al Gobierno que no calle al que «sólo quiere saber verdad»

MADRID.- De nuevo preguntó ayer el diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, en el Congreso, sobre el 11-M. De nuevo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le dijo que «no existe ninguna evidencia de que ETA haya participado» en esos atentados. Y de nuevo quedó patente la profunda división en este tema entre PSOE y PP.

Del Burgo preguntó si en ese Ministerio no ha existido ninguna falsificación de un informe desde 2004, pero también pidió al ministro que se olvide «de ese rollo de la teoría de la conspiración», precisamente la acusación del PSOE al PP.

«Todavía no nos ha hecho perder el juicio tanto como para sostener que el 11-M fue fruto de una conspiración de islamistas, etarras, policías, guardias civiles, miembros del CNI, los servicios secretos extranjeros más los proscritos del felipismo, ésos que anduvieron por las cloacas del Estado», afirmó.

«Nosotros sólo hemos denunciado posibles conexiones entre etarras e islamistas, que no se han investigado con el rigor que se merecen». «No traten de silenciar al discrepante, o al que simplemente dice o quiere saber la verdad», dijo.

El ministro respondió que siempre ha contestado a todas las preguntas orales y escritas que le ha planteado Del Burgo sobre este asunto, y que también le ha enviado todos los informes que ha solicitado y le remitirá todavía «varias decenas de miles de páginas». «En todas ellas le dirán una y otra vez lo mismo: no existe ninguna relación o, al menos, ninguna evidencia de que ETA haya participado», insistió Rubalcaba.

Una información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Una senadora dice que no se garantiza la defensa de los acusados del 11-M

MADRID.- La senadora del PP Rosa Vindel acusó ayer al Gobierno de no garantizar el derecho de defensa que tienen los acusados del 11-M. Dijo que a los abogados de oficio que intervienen en este caso se les han facilitado los medios que necesitan ahora, cuando sólo faltan cuatro meses para el inicio del juicio, porque así no tendrán tiempo para prepararlo bien.

Indicó que el Gobierno pretende «salvar las apariencias» y programarlo de tal manera que el juicio termine en marzo de 2008, poco antes de las elecciones.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo que el Gobierno apoya a los abogados de oficio, al juez y a la fiscal, para que se celebre un juicio «con todas las garantías». Añadió que el PP, más que controlar al Gobierno, es aficionado «al disparate y al esperpento, cuando no a la mentira plana y dura», y explicó lo que se ha facilitado a los letrados de oficio.

Una información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Aguirre compara las informaciones del 11-M con las de los GAL

«Así se descubrieron crímenes de Estado», dice Gallardón pide fortalecer las «instituciones»

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió ayer que no se descalifiquen las «informaciones periodísticas» sobre los atentados del 11-M en Madrid, y llegó a señalar que así fue, precisamente, como se descubrieron en su día «crímenes de Estado» como los de los GAL.

De manera literal, la dirigente popular se preguntó en la Cope: «¿O es que no tenemos en España ejemplos de que aún 14 años después, como el caso de los GAL, se han descubierto crímenes de Estado por investigaciones periodísticas?».

Aguirre puntualizó que ella fue «uno de los primeros políticos del PP» que, en relación al 11-M, manifestó su «plena confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces, fiscales, sistemas institucionales e investigaciones periodísticas». Añadió, no obstante, que no puede «entender por qué hay gente que porque el PP pregunte esto en el Congreso diga que estamos en la teoría de la conspiración». «Nunca hemos dicho que el PSOE es responsable del 11-M», afirmó, «pero queremos saber la verdad. ¿Cómo es posible que en España se considere, por parte de algunos medios y el Gobierno, una falta de ética intentar esclarecer lo ocurrido?»

Al tiempo que hablaba la presidenta de Madrid, lo hacían los dos dirigentes del PP habitualmente más críticos con la presión parlamentaria al Gobierno en lo referente a la investigación del 11-M. Primero Josep Piqué y luego Alberto Ruiz-Gallardón, los dos bordearon la cuestión sin comprometer la estrategia del partido, pero matizando sus respectivas reservas.

El alcalde de Madrid fue el que llegó más lejos en su desmarque de la línea oficial del partido. Se pronunció a favor de «fortalecer las instituciones» en relación con el Ministerio del Interior y los tribunales, «porque éstas deben ser respetadas y valoradas por los ciudadanos».

Zaplana y la «presión»

Además se mostró crítico con la línea editorial de EL MUNDO cuando, de manera tácita, declaró que «algunos sectores de la prensa, indudablemente, están en un terrero paralelo de lo que es la información». «Hay que respetarlo», añadió, «porque vivimos en un país con absoluta libertad de expresión, pero lo que es evidente es que lo que tenemos que hacer los políticos es gestionar la realidad».

Por su parte, Piqué apuntó que el PP está haciendo «lo que tiene que hacer», en lo que se refiere al control político de la investigación de los atentados de Madrid, «porque hay que seguir hablando de lo que preocupa a los ciudadanos». Añadió, en todo caso, que existe un «grado de confusión muy fuerte» en torno a esta cuestión, sin decantarse por ninguna de las líneas editoriales.

El candidato del PP a la Generalitat de Cataluña negó en cualquier caso que su partido se haya dejado arrastrar por una «guerra de medios de comunicación», y se concentró en su discurso más recurrente, según el cual el PP debe «trabajar en todos los campos a la vez» y «no centrarse exclusivamente en el 11-M».

«No creo que en el PP no haya nadie que no pueda compartir esto que digo», aseguró Piqué. Una afirmación que no impidió horas después a Eduardo Zaplana proclamar que su partido seguirá «abonado a la verdad» sobre el 11-M pese a la «presión política y mediática».

El portavoz del Grupo Popular vaticinó en rueda de prensa que con «tantos cabos sueltos» en torno a la masacre de Madrid «el Gobierno, al final, va a terminar enredándose».

Pero sobre todo, lo que Zaplana lanzó ayer fue una advertencia a propios y ajenos: «A mí, a estas alturas, no me va a amedrentar ninguna presión política ni mediática», afirmó. «Después de dos años y medio tras el atentado, lo único que sabemos a ciencia cierta es que no hay nada claro y, a pesar de eso, cada vez son más las voces que dicen 'y qué' y miran para otro lado de una forma cobarde», dijo, «está en juego la salud de la democracia española».

Una información de Carmen Remirez De Ganuza publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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L. Garrido: «Quien está enredado es el PP»

MADRID.- El portavoz 'popular' en el Congreso, Eduardo Zaplana, dijo ayer que en torno al 11-M «hay tantos cabos sueltos» que «el Gobierno va a enredarse demasiado». Diego López Garrido, portavoz del Grupo Socialista, le contestó: «Quienes están absolutamente enredados son el PP y el señor Rajoy, entre otras cosas por los buenos oficios de Zaplana, que en cuanto hay una oportunidad se enreda en el 11-M».

Según López Garrido, el problema del PP es que ha llegado a «un punto de no retorno y no sabe salir de ese jardín».

El portavoz de los socialistas acusó al PP de estar frenando la investigación de los jueces sobre la mayor masacre terrorista cometida jamás en España.

Además, arremetió contra la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque ayer no mostró su «amparo» al juez Baltasar Garzón frente a las críticas que está recibiendo, sino que decidió posponer este asunto.

López Garrido acusó al PP de «mover sus peones en el CGPJ» para intentar detener la labor de Garzón y consideró que «estamos ante un hecho muy grave porque es un freno a una investigación judicial».

Una información de Agustín Yanel publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 4 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El PP apoya a los «policías decentes que cumplen la ley»

Acebes asegura que el Ministerio del Interior se ha convertido en «centro de escándalos y sospechas» y en «instrumento de intimidación»

MADRID.- Ni distancia calculada ni corrección política. El número dos de Rajoy se mojó ayer todo lo que fue capaz, pese a que se trata de un asunto que está sub judice. «Los policías decentes que cumplen la ley», dijo Angel Acebes al ser preguntado en rueda de prensa por la posición del PP ante la instrucción sobre la presunta falsificación de un peritaje policial sobre el 11-M, «deben tener todo el respaldo del Estado de Derecho, como tienen el del Partido Popular».

Las palabras de Acebes no admitían equívocos. Su reclamo a las instituciones y su propio apoyo político iba dirigido a los peritos -imputados por el juez Baltasar Garzón-, no a sus jefes.

Y es que, si bien se guardó por dos veces de expresar cualquier referencia directa al magistrado de la Audiencia Nacional, el dirigente popular arremetió sin disimulos contra el Ministerio del Interior como posible instigador de maniobras e «intentos de amedrentar a funcionarios públicos o de generar confusión».

Acebes, que confirmó el propósito de su partido de seguir llevando al Parlamento estas cuestiones relacionadas con el 11-M, aseguró que con su actual titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, el Ministerio del Interior ha vuelto a los «peores años del final del felipismo» y «se ha convertido en un centro de escándalos y sospechas» y en «instrumento de intimidación».

Las «presiones para amedrentar a policías que cumplían con sus obligaciones» fueron, en todo caso, la última de las acusaciones directas de una serie de cuatro pronunciadas ayer en la sede nacional del PP. La primera, relacionada con el chivatazo -presunto- de la Policía al aparato de extorsión de ETA y la llamada telefónica intervenida minutos antes desde la sede socialista de la calle Ferraz, llevó a Acebes a afirmar que «está bajo sospecha el jefe de seguridad del PSOE».

La segunda acusación fue más bien un recordatorio, ya que Acebes se refirió a la triple condena por la detención ilegal de dos militantes del PP durante la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de enero de 2005.

Los «precedentes»

El secretario general del PP no olvidó, en tercer lugar, criticar al Ministerio del Interior por condecorar, ayer mismo, a los escoltas del ex ministro de Defensa José Bono, quienes, al cambiar su declaración y acentuar la tesis de la pretendida agresión a Bono, posibilitaron en su día el cambio del atestado policial que desembocó en la falsedad documental probada en la citada sentencia.

Con «precedentes» como éste, y con los conocidos en «otras épocas en las que estaba el propio Rubalcaba», se preguntaba Acebes, sin citar expresamente el GAL, «¿cómo no vamos a hacer el control de lo que ocurre en el Ministerio del Interior?». Según el número dos, el PP no hace con ello sino «cumplir con sus obligaciones».

Así, este mismo miércoles, el diputado del Grupo Popular Jaime Ignacio del Burgo preguntará al ministro del Interior si sigue manteniendo que no ha habido falsificación de documentos.

Lo que no se sabe es si el presidente del PP, Mariano Rajoy, se quedará a escuchar su intervención, tal como hizo de manera visible la semana pasada.

Una información de Carmen Remirez De Ganuza publicada por el diario EL MUNDO el martes 3 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Zapatero pide ser tajante con el 11-M, pero sin «enredarse»

Blanco dice que «una mentira no se lava con más mentiras» y que Rajoy «quiere escapar de la gran falsedad que les contaron a los españoles hasta el 14-M»

MADRID.- El fiel escudero en el partido de José Luis Rodríguez Zapatero escenificó a la perfección los dos mandatos que el secretario general del PSOE dio a la Ejecutiva Federal del partido: ser tajantes con las «falsedades» del PP en el 11-M, pero sin dejarse «enredar» en un debate que a los socialistas no les interesa.

Así, José Blanco explicó, por un lado, que su partido se va a esforzar en que «nada nos entretenga ni nos enrede» para poder explicar los logros, acciones y proyectos del Gobierno.

En este aspecto, incidió en los Presupuestos Generales del Estado -«son los Presupuestos de la democracia que más recursos destinan a la política social»-; en las nuevas leyes -Dependencia, Igualdad y Trabajadores Autónomos-, y, someramente, en los avances económicos.

Pero, a la vez, Blanco reiteró el mismo discurso que Zapatero hizo el pasado domingo en la localidad madrileña de Alcorcón, atacando con gran dureza a la «derecha extrema», concepto que ahora no se cae de la boca de ningún dirigente del PSOE.

Así, el número dos del partido reiteró el llamamiento a los votantes de la derecha democrática del PP. «Varios millones de españoles votaron al PP el 14 de marzo de 2004, pero lo que están haciendo sus dirigentes no es digno de la confianza depositada en ellos».

Para Blanco, «Rajoy vive al margen de la realidad, encerrado y atrapado en su propia trampa: la del conjunto de falsedades que ellos mismos han armado en relación al atentado del 11-M, para escapar de la gran falsedad que contaron a los españoles el mismo día y los días siguientes».

Y añadió, en referencia al 11-M, cuestión que citó en varias ocasiones: «Una mentira no se lava con más mentiras».

El dirigente socialista reiteró que el Partido Popular utiliza este asunto con un único fin: «Retrasar o impedir el juicio del 11-M, empañando el crédito de los jueces, porque quieren evitar que queden reflejadas en una sentencia todas sus falsedades».

Además, Blanco también se refirió a la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), celebrada el pasado domingo en Sevilla.

Aunque precisó el respeto del PSOE a las víctimas, indicó que no podía pasar por alto las declaraciones hechas en este evento por el secretario general del PP, Angel Acebes.

Blanco, en este sentido, afirmó en dos ocasiones que el periodo de Acebes como ministro del Interior fue el de mayor número de víctimas del terrorismo (debido a los atentados del 11-M).

«Por eso, creo que es hora de que el señor Acebes empiece a pensar en su responsabilidad. Ahora no hay concesiones a ETA, lo que hay es que no tenemos víctimas mortales. Es un dato que no está falsificado, es objetivo y no es ningún engaño», afirmó el secretario de Organización del PSOE.

En la Ejecutiva, el todavía presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, manifestó que se habían malinterpretado sus palabras en una entrevista en El País, donde decía, entre otras cosas, que Zapatero no tenía modelo de Estado. El secretario general del PSOE no le contestó, en concreto, a este asunto.

Una información de Manuel Sánchez publicada por el diario EL MUNDO el martes 3 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Audiencia ve indicios de delito en la falsificación del 'informe ETA/11-M'

Envía a los Juzgados de Madrid los dos dictámenes, el original y el manipulado, que entregó EL MUNDO

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ve «indicios suficientes» de, «al menos», un posible delito de falsedad documental en la alteración de un informe policial enviado al juez Del Olmo e incorporado al sumario del 11-M en el que se eliminó la referencia que se hacía a ETA en el dictamen original y se suprimió la identidad de los peritos que llevaron a cabo los análisis para sustituirlos por su jefe, que no los realizó.

La Sala acordó ayer enviar a los juzgados ordinarios de instrucción las copias de los dos informes -el original y el manipulado- que EL MUNDO remitió el pasado 20 de septiembre a Del Olmo y que éste elevó al Tribunal del 11-M.

Los magistrados basan su decisión en que «no existe el más mínimo apoyo» para estimar que el presunto delito de falsedad en documento oficial tiene relación con delitos de terrorismo, que son los que justifican la competencia de la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, y los magistrados Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado dictó ayer una resolución en la que acuerda enviar a los Juzgados de Instrucción de Madrid las copias de los dos informes policiales que, con la misma numeración, se referían al análisis del ácido bórico encontrado en el domicilio de Hasan Haski.

Haski, procesado por su relación con los atentados islamistas de Madrid (la Fiscalía de la Audiencia Nacional le da el rango de instigador de los ataques junto a Rabei Osman, El Egipcio), fue detenido en Lanzarote el 17 de diciembre de 2004. En su vivienda se encontró una sustancia, polvo de color blanco, que él dijo emplear «para matar cucarachas».

Las muestras fueron analizadas por tres peritos de la Policía Científica con números de carné profesional 9, 11 y 155, que elaboraron el informe 48-Q3-05, de 21 de marzo de 2005. En él señalaban que, en relación con hechos terroristas, el ácido bórico fue encontrado también en un piso franco de ETA en Salamanca en diciembre de 2001.

La referencia a ETA fue suprimida del informe enviado a Del Olmo que, también con la numeración 48-Q3-05, lleva fecha de 22 de marzo de 2005. De él desaparecen los peritos 9, 11 y 155 y figura únicamente el número de carné 195, correspondiente a Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, como si hubiera sido él el que realizó los análisis.

Tras la publicación de estos hechos por EL MUNDO el pasado jueves, el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, remitió a la Sala por fax la nota de prensa enviada a los medios de comunicación y en la que se afirma que el dictamen de los tres peritos era «un simple borrador» en el que incluyeron lo que no eran más que «elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico».

La nota de prensa de Santano parece haber tenido poco efecto en el análisis realizado por la Sala. «Del examen de los documentos se llega a la conclusión de la existencia de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 [11-M] de un documento inicial (informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía) alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma», indican los magistrados en la resolución conocida ayer.

El Tribunal concreta, incluso, la posible falsedad documental, que podría haberse cometido por alterar un documento en alguno de sus elementos esenciales, suponer la intervención de personas que no la han tenido y/o faltar a la verdad en la narración de los hechos.

Ninguno de estas falsedades aparece entre los delitos que son de la competencia de la Audiencia Nacional, destaca la Sala en una especie de aviso a navegantes. El juez Baltasar Garzón tiene citados para hoy al comisario Santano y a los cuatro peritos intervinientes para que declaren como testigos.

Aunque cuando se produjo la iniciativa de Garzón (el pasado sábado) no existía un pronunciamiento de la Sala, ahora el órgano jerárquicamente superior al juez afirma que hay indicios delictivos -lo que pone en cuestión la declaración de los agentes en calidad de testigos y, por tanto, obligados a contestar y a decir la verdad- y que el posible delito cometido no es de la competencia de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados ordinarios de Instrucción.

La Sala lo razona así: «El presunto delito de falsedad documental no es ninguno de los recogidos en la ley como competencia de la Audiencia Nacional, ni tampoco es un delito de terrorismo ni existe el más mínimo apoyo para estimar que ha sido cometido por persona que esté integrada o colabore con banda armada».

Para el Tribunal, tampoco estaría justificada la intervención de la Audiencia por conexidad entre delitos, ya que no hay indicios de que se manipulara el informe para facilitar la ejecución de delitos terroristas.

La tesis de la conexidad conduciría al «absurdo», dice el Tribunal, «de investigar en un órgano con competencias limitadas (juzgado central) todo hecho que se ponga en su conocimiento por si tuviera relación con alguno de los delitos para los que es competente».

Pese a la decisión de la Sala, Garzón mantenía ayer las citaciones señaladas. Fuentes de la Fiscalía consideraron «precipitada» la resolución del tribunal porque «primero habrá que ver si los hechos son o no penalmente relevantes», y Garzón tendría competencia para realizar «diligencias a prevención», ya que instruye otra causa contra Haski.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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La Audiencia ve indicio de delito en el informe del ácido bórico

Sostiene que el enviado por la Policía a Del Olmo pudo ser «alterado»

Madrid - La Audiencia Nacional ha llegado a la conclusión de que el informe pericial remitido por la Policía al juez Juan del Olmo pudo alterarse y que del examen de los documentos aportados por el diario «El Mundo» al magistrado se aprecian indicios de, «al menos», un delito de falsedad. Sin embargo, no será la Audiencia quien realice esa investigación, ya que ese delito no es competencia de esa sede jurisdiccional y, además, hasta estos momentos, no se ha detectado que tengan relación alguna con delitos relacionados con terrorismo.

La Sala ha analizado los informes policiales enviados a la Audiencia Nacional, así como un fax del comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, en el que aseguraba que el primer documento, en el que los peritos apuntaban que el ácido bórico también fue encontrado en un piso franco de ETA tres años antes, se trataba de «un borrador» del que se eliminaron las «especulaciones sin fundamento científico».

La conclusión a la que han llegado los magistrados tras examinar los mismos es clara: «Existencia de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 -el del 11-M- del Juzgado Central 6 de un documento inicial -informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía- alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma.

Será, por tanto, un juzgado de Madrid -al que corresponda por turno de reparto- el que lleve la investigación para esclarecer si se incurrió en delito. Sólo en el caso de que, en el transcurso de la instrucción, se apreciase una conexidad con algún delito relacionado con el terrorismo, «para lo que ahora, y “prima facie” no existe base», la causa volvería entonces a la Audiencia Nacional.

Una información de Manuel Sánchez publicada por el diario LA RAZON el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La decisión que tomó ayer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre los documentos que le entregó EL MUNDO tiene una gran trascendencia en lo político y en lo procesal. No sólo porque remite el caso a un juzgado de instrucción -desautorizando implícitamente a Garzón, que se apresuró el lunes a abrir diligencias secretas y ante el que hoy declaran los policías implicados- sino porque establece e identifica indicios flagrantes de falsificación tanto en el contenido como en la autoría del informe que vincula a ETA con el 11-M.

Desde el punto de vista político, el auto coloca en una situación difícil al actual ministro y a su antecesor. Si el proceso judicial convierte en hechos probados los indicios de delito que establecen en su escrito los magistrados, quedaría demostrado que Rubalcaba ha faltado a la verdad al menos en dos ocasiones: cuando afirmó ante el Congreso que no había ningún informe que vinculara a ETA con el 11-M y cuando la semana pasada dijo desde Finlandia que «el Ministerio del Interior no ha falsificado jamás un documento». Eso si no conocía ya la manipulación desde julio, cuando mandó que reunieran todos los informes sobre la masacre, lo que significaría que ha mentido conscientemente.

Pero sea o no cierto este último extremo, es evidente que el futuro político del actual titular de Interior y el de su antecesor, José Antonio Alonso, están ya vinculados a este procedimiento. El de Alonso porque él era el ministro cuando se manipuló el informe; el de Rubalcaba porque una condena por falsedad demostraría que faltó a la verdad para encubrir un delito al presentar como «borrador» el informe auténtico. Rubalcaba volvió a demostrar ayer en el Parlamento su estrecha concepción de la democracia cuando, en lugar de contestar a la pregunta del diputado Del Burgo sobre este asunto, cubrió al PP de descalificaciones y le acusó -como mirándose al espejo- de intentar «justificar sus mentiras» en los días que siguieron al 11-M.

Pero si son importantes las consecuencias políticas del auto, las procesales lo son todavía más. La más importante es la remisión del caso a la jurisdicción ordinaria, al reconocer que no está entre las competencias de la Audiencia. A la luz de esta decisión, causa aún más estupor que Garzón mantuviera ayer su propósito de interrogar a los falsificadores. Su empecinamiento sólo puede entenderse como un desafío tácito al criterio de sus superiores o como un intento de echarle una mano al Gobierno creando un conflicto de competencias que tendría que dirimir el Supremo y no haría sino dilatar el proceso. Si pese al criterio de la sala los policías acaban declarando hoy como testigos y no como imputados, el juez podría incurrir incluso en un delito contra las garantías constitucionales tipificado en el art. 542 del Código Penal, pues los agentes declararían sin abogado y no podrían mentir en su defensa.

Suceda lo que suceda a partir de ahora, ya nadie podrá seguir descalificando el impecable trabajo de los peritos con el endeble argumento de que el primer informe era un mero borrador sin validar. La Audiencia ya ha visto indicios de delito en la actuación de los falsificadores. Mientras la Justicia sigue indagando en lo que hicieron y en cómo lo hicieron, nosotros seguiremos empeñados en averiguar por qué.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Además del documento sobre el ácido bórico y del libro de salidas, los mandos de la Policía Científica también fabricaron una nueva petición ficticia de análisis El jefe de Sección, Francisco Ramírez, se 'encargó' a sí mismo el informe que ya habían realizado los tres peritos

MADRID.- Mandos policiales de la Comisaría General de Información, de la que depende la Comisaría General de Policía Científica, permitieron una cadena de falsificaciones en documentos oficiales con el objetivo de ocultar al juez Del Olmo posibles vínculos entre ETA y el atentado del 11 de Marzo en Madrid.

El mensaje del Gobierno, repetido por activa y por pasiva tanto por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como por el anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, de que ETA no tuvo nada que ver con la masacre de Madrid fue inmediatamente asimilado por los responsables de la investigación del atentado. Éstos, aunque teóricamente actuaban bajo la batuta del juez, tienen en sus manos la capacidad de aportación de pruebas y de practicar las diligencias que, posteriormente, Del Olmo emplea para motivar sus autos.

El valor que tiene la falsificación llevada a cabo para impedir que llegara al juez el informe pericial sobre las sustancias encontradas en el domicilio de Hasan Haski, pone de relieve esa forma de actuar. Nada, absolutamente nada, aunque sólo fuera el análisis de un elemento que no es frecuente en la composición de los explosivos podía llevar a vincular el 11-M con ETA.

Sin embargo, para llevar a cabo el cambiazo del informe auténtico por otro distinto, hubo que poner en marcha una auténtica cadena de falsedades.

Cuando el día 21 de marzo de 2005 los tres peritos concluyeron su informe sobre el ácido bórico, incluyendo en el apartado de «Observaciones» que anteriormente había sido encontrada esa misma sustancia en un piso franco de ETA en Salamanca, Francisco Ramírez, jefe de Sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, llamó a uno de los facultativos que hicieron dicho informe y le dijo que se había extralimitado en sus indicaciones. Éste, por su parte, le advirtió que había sido la propia UCIE (Unidad Central de Información Exterior) quien había solicitado, además del análisis de la sustancia, su estudio y un informe pericial.

Esa petición era lógica, ya que la Comisaría General de Información (de la que depende tanto la UCIE como la Policía Científica) buscaba imputar a Haski un delito de terrorismo y la forma de poder apoyar su acusación era precisamente vincular la sustancia encontrada en su vivienda a un delito de esa naturaleza. Por esa razón, los peritos no hicieron mención en su informe a los muy diversos usos del ácido bórico, sino sólo a aquellos que tenían que ver con actos de terrorismo.

Cambiazo

Así las cosas, Ramírez no tuvo más remedio que informar a sus superiores de la cuestión: había un informe pericial que, aunque sólo de fuera de forma circunstancial, ligaba a ETA con el 11-M.

Y Ramírez se prestó a llevar a cabo el cambiazo y a firmar con su nombre un informe que él nunca hizo.

Pero, para que la operación no dejara rastro, había que eliminar en los documentos oficiales previos toda huella de que el informe pericial había sido solicitado a, y realizado por los tres peritos que rubricaron en efecto el informe 48-Q3-05. Y, a la vez, sustituirlos por el nombre de Ramírez.

Por tanto, tras borrar todo tipo de alusión a ETA en el informe sobre el ácido bórico encontrado en casa de Haski, el segundo paso fue eliminar la referencia al anterior informe en el que se conoce como Libro de Custodia de Muestras de la Unidad de Análisis de la Policía Científica.

En dicho libro (cuyas páginas van encabezadas con la leyenda Libro de Registro de Salida) fue donde se utilizó el sofisticado método del típex. En la segunda columna de la página 160, bajo el epígrafe «CONCEPTO», tiene que hacerse constar el tipo de sustancia («tóxico», en este caso) junto al nombre del perito facultativo que será el primer responsable de la peritación. En el Libro de Registro de Salida, alineado con el número de referencia del informe «48/Q3» figuraba, antes de la manipulación, el nombre del perito número 9. Debajo de él, se refleja la fecha en la que se recepcionó la muestra en el laboratorio (18-3-05) y, justo debajo, la firma de la persona que físicamente recoge las muestras (en este caso un químico que también formó parte del equipo de peritos del informe auténtico, que firma como Pedro). En la columna inmediatamente a la derecha figura la fecha de realización del informe (21-3-05) y, en la última, la fecha de remisión a la Unidad que, a su vez, lo tiene que enviar al juez.

Como puede verse en la copia del Libro de Registro de Salida que reproduce hoy EL MUNDO en su portada, el nombre del perito número 9, tras ser borrado con típex, fue sustituido, justo en la parte superior, por el nombre de Ramírez. En la columna de la derecha se ha hecho desaparecer el día de realización del informe (21-3-05) y se ha sustituido por una anotación («Ver hoja»).

Pero ahí no terminó la cadena de falsificaciones.

Como se recordará, en el informe falso, en lugar de hacerse constar que se solicitaba el «Estudio, análisis e Informe Pericial», solamente se incluyó la petición de «Análisis», para lo cual hubo de llevarse a cabo una nueva fechoría.

El sobre de petición de la UCIE al Servicio Central de Análisis Científico de la Policía Científica también se falsificó. Y fue el propio Ramírez quien, con su puño y letra, rellenó la información que figura en su anverso.

Así, en el apartado «Estudio asignado al..», en lugar de figurar el nombre del perito número 9, Francisco Ramírez hizo constar su propio nombre: «Ramírez».

¿Puede haberse llevado a cabo tal cadena de falsificaciones sin que tuviera conocimiento de ello la cadena de mando policial? Al menos, en la Policía Científica, su comisario general, Miguel Angel Santano, ya ha asumido la responsabilidad de lo sucedido en una nota de prensa que hizo pública la semana pasada el Ministerio del Interior.

Lo que queda por aclarar es si, al estar involucrada también la UCIE (hay que señalar que en el propio sobre de petición del informe pericial figura como solicitante la Comisaría General de Información), el anterior comisario general, Telesforo Rubio, también estuvo al tanto de esa cadena de falsificaciones.

Una información exclusiva de Casimiro Garcia-Abadillo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 27 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido

El desmesurado despliegue con el que los dos diarios gubernamentales destacaban ayer las insustanciales conclusiones sobre los explosivos del auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional demuestra hasta qué punto son frágiles los argumentos que sustentan la versión oficial del 11-M. Apenas les ha importado a uno y a otro que el documento critique con dureza al juez y deje su instrucción a los pies de los caballos con tal de subrayar el fragmento más llamativo del documento: aquél donde se considera «perfectamente acreditado» que fue Goma 2 Eco lo que estalló en los trenes.

La realidad, sin embargo, es que no hay ninguna prueba definitiva que sustente esta afirmación. El auto no aporta ni un solo dato, ni un solo informe nuevo que avale la rotundidad de esta tesis. Los magistrados se limitan a remitirse al auto de procesamiento del juez Del Olmo pese a que ellos mismos lo consideran «desmesurado», «extralimitado» y que «no se corresponde con un resumen fundado de los hechos».

Es un sarcasmo que quienes critican la excesiva prolijidad del auto del juez Del Olmo pequen en el suyo de todo lo contrario, sacándose de la chistera una conclusión para la que no tienen una sola premisa. Conviene recordar que nada acredita que fuera Goma 2 Eco lo que explotó en los trenes. Había en la mochila de Vallecas, en el atentado fallido contra el AVE, en las casas de Morata y Leganés y en la furgoneta Kangoo -ésta sospechosamente contaminada con metenamina-, pero ningún informe policial sustenta lo que proclama con rotundidad el auto del lunes pasado. Tampoco el Gobierno ha aclarado por qué el comisario Sánchez Manzano declaró en el Congreso que se había detectado en los trenes nitroglicerina, que no es un componente de la Goma 2 Eco sino del Titadyn.

Además, Sánchez Manzano y la química de los Tedax declararon este mes de julio ante el juez Del Olmo que es imposible determinar qué estalló en los trenes porque no quedaron restos suficientes para analizar. Esta tesis resulta completamente inverosímil -los expertos dicen que basta una millonésima de gramo para determinar la composición de una sustancia-, pero lo es más el hecho de que no aparezca por ningún lado el informe realizado durante la mañana del 11-M a partir de los restos recogidos por los Tedax.

A la luz de este cúmulo de contradicciones, aceptar que fue Goma 2 Eco y no ningún otro explosivo lo que estalló en los vagones del 11-M es poco menos que un acto de fe. La fragilidad de la afirmación de la Sección Cuarta es especialmente grave si tenemos en cuenta que es una instancia de apelación y que su función dentro del proceso penal es revisar con rigor las bases sobre las que se asienta la instrucción.

De todas formas, es comprensible que la Sección Cuarta haya extraído una certeza de donde no la hay, porque de lo contrario probablemente no podría celebrarse la vista oral y todo el sumario se hubiera derrumbado como un castillo de naipes. En los próximos días, la misma sala tendrá que decidir sobre el recurso que ha presentado el abogado de una decena de víctimas pidiendo nuevas diligencias sobre los explosivos. Veremos entonces si puede aportar un argumento que sustente su certeza.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el miércoles 27 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Cita el jueves a los cuatro expertos que firmaron los dos escritos y al jefe de la Policía Científica

MADRID.- El juez Baltasar Garzón tomará declaración el próximo jueves en calidad de testigos al comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, y a los cuatro peritos que firmaron los dos informes sobre el material incautado en casa del procesado por el 11-M Hasan Haski.

Se trata de los tres expertos que elaboraron el primer informe y del jefe del Servicio Central de Análisis Científico de la Policía Científica, Francisco Ramírez Pérez. Este último firmó en solitario una versión amputada del informe anterior, en la que se habían omitido las referencias a ETA que constaban en el original. Sólo este segundo informe llegó al despacho del juez Juan del Olmo, instructor del sumario abierto por los atentados de Madrid.

Garzón acordó estas diligencias el sábado por la tarde, nada más recibir un escrito del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en el que pedía que practicase «las diligencias necesarias para aclarar cuántas contradicciones y discrepancias se suscitan entre el informe pericial oficial remitido a la Autoridad judicial y el informe previo elaborado por los tres indicados peritos del referido Laboratorio, así como determinar si las mismas tienen o no relevancia penal, y sus efectos desde la perspectiva probatoria».

Las diligencias se enmarcan dentro de una pieza separada y secreta abierta el sábado por el magistrado dentro del sumario que se sigue contra Haski por los atentados de Casablanca, y que aún se encuentra en fase de instrucción. El hecho de que sean secretas supone que el fiscal será la única parte personada en la causa que podrá estar presente en las declaraciones.

La celeridad del magistrado al incoar la pieza separada se suma a la rapidez con que la Fiscalía le remitió la denuncia presentada por la fundación España y Libertad. El escrito llegó a la Fiscalía el viernes y ese mismo día el Ministerio Público aseguraba que estudiaría el asunto «con calma» y que no tomaría una decisión antes de mediados de esta semana.

Además de las declaraciones de los cinco policías, Garzón también ordenó el sábado otra serie de diligencias que debían cumplimentarse antes de las 12.00 horas del jueves, con anterioridad a la hora señalada para las declaraciones de los policías (17.00 horas).

Según indicaron fuentes jurídicas, a la Policía Científica le ordena que informe sobre si el ácido bórico es componente de algún tipo de explosivo o si tiene alguna utilidad para la elaboración de explosivos; si es posible que esta sustancia, por sí o en combinación con otros elementos, se convierta en un explosivo; qué cantidad de ácido bórico es necesaria para que sea considerado un elemento peligroso y qué otras utilidades puede tener dicho componente.

El juez también solicita datos a la Comisaría General de Información. En concreto, que le envíe una relación detallada de todos los precedentes en los que haya aparecido ácido bórico en relación con hechos terroristas o detenciones de terroristas. Estos precedentes son, precisamente, parte de lo que incluía el informe original que no llegó al juez instructor del 11-M.

Respecto a la Guardia Civil, Garzón solicita los mismos datos que a la Comisaría General de Información, así como si tienen constancia de que el ácido bórico se haya empleado en artefactos explosivos en alguna ocasión.

El pasado viernes, la Sección Segunda de lo Penal, que se ha hecho cargo del sumario del 11-M, trasladó a la Fiscalía los documentos aportados el pasado miércoles por EL MUNDO al juez Del Olmo. La Sala pedía al Ministerio Público que se pronunciara sobre «si procede deducir testimonio por un delito de falsedad u otros delitos». Ayer, la Fiscalía solicitó al tribunal que remita a Garzón las copias de ambos informes, ya que su Juzgado «es el órgano judicial que está actuando en estos momentos para la averiguación de los hechos que se denuncian».

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Borraron el nombre del perito número 9 para sustituirlo por el del jefe de la Sección de Análisis, Francisco Ramírez, y pusieron a bolígrafo la nueva fecha. El informe falso establece que el 22 de marzo se remitieron a la UCIE los restos de las muestras, pero eso ya se había hecho la víspera junto al informe auténtico

El día 21 de marzo de 2005, cuando los peritos con carnés profesionales 9, 11 y 155 conluyeron su informe sobre la sustancia hallada en el domicilio del islamista Hasan Haski en Lanzarote, Angel Santano, comisario jefe de la Policía Científica, se encontraba de vacaciones.

Al frente de dicha Unidad estaba el jefe de la secretaría técnica, Pedro Melida, número dos de Santano.

El jefe de la Sección de Análisis, Francisco Ramírez Pérez, tuvo que informar al jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas Heranz, de que los peritos habían mencionado en su informe la palabra maldita: ETA.

Como ha reconocido la propia nota emitida el pasado jueves por la Comisaría de Policía Científica, su máximo responsable, Angel Santano, «fue informado del tema y le pareció correcta la remisión del informe íntegro, eliminando las observaciones».

Es decir, que Pedro Melida tuvo que llamar a su jefe, el comisario Santano, localizarle en su lugar de vacaciones y comentarle el asunto para ver qué se hacía.

Y lo que se acordó, sencillamente, fue confeccionar otro informe nuevo para remitirlo a la UCIE, unidad que, a su vez, se lo remitiría finalmente al juez Del Olmo el 29 de marzo de 2005.

En lugar de discutir con los autores del informe la posible modificación de sus observaciones (si es que las consideraban, como dice la citada nota de Interior, «elucubraciones sin fundamento científico»), tiraron por la calle de en medio: se confeccionó un informe falso en el que se eliminaron de un plumazo los párrafos molestos que hacían referencia a posibles vínculos entre el atentado cometido en los trenes de ercanías de Madrid y ETA.

Es de suponer que una decisión de ese calado, en la que los conjurados asumían la comisión de, al menos, dos delitos, fue consultada con el entonces responsable de la Comisaría General de Información y jefe directo de Santano, el recientemente destituido Telesforo Rubio.

Debió de ser así porque el informe de los peritos salió, en efecto, de la Unidad Central de Analítica el día 21 de marzo con destino a la UCIE, a la que, junto con el documento firmado por los tres peritos, se le hizo entrega de los restos de las muestras analizadas.

Por tanto, en el libro de registro de la Unidad Central de Analítica debía figurar la fecha de salida de dicho informe: el 21 de marzo de 2005.

Francisco Ramírez, que asumió la responsabilidad de firmar el informe falso (él nunca llegó a realizar ningún análisis de la sustancia que resultó ser ácido bórico), tenía, por tanto, que llevar a cabo una nueva falsificación para que no quedara constancia de la existencia del primer y auténtico informe.

Esa nueva vulneracion de la legalidad consistía en eliminar del libro de registro el nombre del perito que recepcionó la sustancia y que, como es preceptivo, la remitió posteriormente a la UCIE, para, en su lugar, poner el suyo. Así mismo era necesario cambiar la fecha de salida del informe: en lugar del día 21 de marzo, debería figurar el 22 de marzo.

Y así se hizo, utilizando la poco sofisticada técnica (sobre todo, teniendo en cuenta que nos hallamos ante supuestos expertos de la Policía Científica) del borrado con típex, se eliminó el nombre del perito número 9 para sustituirlo por el de Ramírez. El enmascaramiento se completó apuntando a bolígrafo la nueva fecha (22 de marzo de 2005) justo encima del nombre de Ramírez. Ni un párvulo habría realizado una labor tan poco refinada.

Antes de que desaparezca dicha hoja de registro, el juez, o la Fiscalía, deberían ordenar la remisión del libro de registro de la Unidad al juzgado como prueba de la falsedad urdida para evitar que Del Olmo tuviera conocimiento de los posibles nexos entre el 11-M y la organización terrorista ETA.

Ramírez, que, como es lógico, conoce la ley de Enjuiciamiento, que establece un mínimo de dos peritos para la firma de los informes que se remiten al juez, buscó en la Unidad de Análisis algún policía que quisiera adjuntar su rúbrica al final del informe falso, pero no encontró a nadie dispuesto a cometer tamaña tropelía.

Así que, ante la falta de voluntarios que dieran cobertura al informe confeccionado a base de recortes y manipulaciones, se decidió remitir el escrito con una sola firma. Era un riesgo que había que asumir ante la gravedad de la situación (un asunto, al que, según la nota del Ministerio del Interior, no se le dio la «menor importancia»).

No era la primera vez que el juez Del Olmo, e incluso la fiscal Olga Sánchez, habían requerido la firma de dos peritos para aceptar los informes periciales como buenos. Uno de los más aficionados a firmar informes en solitario era el jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano. Como muestra, un botón. A raíz de una información publicada por EL MUNDO sobre el desarrollo por parte de ETA de la técnica que permite usar los teléfonos móviles de igual forma en que se hizo en el atentado del 11-M, el juez Del Olmo solicitó el 12 de abril de 2006 un informe al comisario jefe de los Tedax. El 10 de abril de 2006, Sánchez Manzano remitió su informe al juzgado asumiendo en solitario la paternidad del mismo. El 18 de abril, la fiscal Olga Sánchez le remitió un escrito al jefe de los Tedax en el que advierte: «INTERESA que dicho informe sea emitido como pericial y firmado por 2 peritos, al encontrarnos en la tramitación de un procedimiento ordinario, arts. 456, 459 y concordantes de la L.E. Crim.». Pues bien, contra toda lógica, el informe falso firmado por Ramírez fue dado por bueno, ya que no se solicitó por parte del juzgado que fuera avalado por, al menos, dos firmas. En fin. Cosas que pasan.

Afortunadamente, en la Unidad de Análisis de la Policía Científica, como en la mayoría de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía, sus funcionarios no sólo son honestos, sino que atesoran una elevada cualificación profesional.

Por ello, llama la atención la virulencia con la que la Comisaría General de Policía Científica arremetió en su nota del pasado jueves contra la solvencia de sus tres peritos, a los que prácticamente calificó de ineptos. Lo que no dijo la nota de Interior es que los tres peritos firmantes del informe en el que se mencionaba a ETA han participado en todos los análisis de explosivos realizado por dicha Unidad relacionados con el atentado del 11-M.

Si son tan dados a «elucubraciones» y consideraciones «sin fundamento científico alguno» ¿por qué entonces fueron ellos los que analizaron los restos de la Kangoo, la muestra patrón de Goma 2 ECO, la dinamita hallada en la mochila de Vallecas, los restos de explosivo encontrados en las placas de porespán del zulo de la casa de Morata, etc.? ¿Es que acaso no hay otros peritos en la Unidad? ¿O es que se trata de algunos de los mejores expertos en realizar dichos análisis y por ello se les han encargado los trabajos fundamentales en la investigación del mayor atentado que ha sufrido este país en toda su Historia? En efecto, los peritos que firmaron el informe auténtico sobre la sustancia encontrada a Hasan Haski, forman uno de los mejores equipos de la Unidad de Análisis de la Policía Científica. Lo que ocurre es que no son dóciles corderitos.

Y, por ejemplo, llamaron la atención al juez Del Olmo sobre la no coincidencia entre los componentes del explosivo hallado en la Renault Kangoo y en la mochila de Vallecas. Como se recordará, Sánchez Manzano pretendía hacer creer al juez que la dinamita de la citada mochila de Vallecas también contenía «metenamina» (sustancia que había aparecido milagrosamente en el resto de explosivo hallado en la Renault Kangoo y en la muestra patrón de Goma 2 ECO), para que, de esa forma, le cuadrase su bárbara manipulación. Mientras Sánchez Manzano y otros siguen en sus puestos tranquilamente, a los profesionales que hacen su trabajo se les fustiga y denigra.

Una información exclusiva de Casimiro Garcia-Abadillo publicada por el diario EL MUNDO el lunes 25 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Mientras el director de uno de los dos diarios gubernamentales hacía ayer el ridículo preguntándole a Joan Mesquida si no es hora ya de que actúe el fiscal general contra quienes divulgamos hechos relevantes sobre el 11-M, el Ministerio Público intentaba desviar al juzgado de Garzón la denuncia de la asociación España y Libertad sobre la falsificación revelada por este periódico. Detrás de esta operación se adivina una típica estrategia de control de daños. Es evidente que hasta la Fiscalía se ha dado cuenta de que hay flagrantes indicios de delito y trata de que sea un juez afín al Gobierno quien se haga cargo del caso. No hay que olvidar que, desde su regreso a la Audiencia, Garzón tiene empantanada la investigación sobre el chivatazo policial a la red de extorsión de ETA y que se ha alineado con las tesis oficiales sobre el 11-M.

Cuando el fiscal le pide al magistrado que investigue la «relevancia penal y sus efectos desde la perspectiva probatoria», en realidad le está induciendo a archivar la denuncia sobre la frágil base de que los hechos no son relevantes para el sumario del 11-M o para la otra causa contra Haski. Pero por más que la Fiscalía se empeñe en vincularlas, las peripecias terroristas de Haski y la falsificación son dos asuntos muy diferentes. Tienen distintos autores y suponen distintos delitos, y por eso tendría que ser la jurisdicción ordinaria y no la Audiencia la que se hiciera cargo de instruir la nueva causa. El hecho de que el caso se haya remitido a Garzón y no al juzgado que instruyó el caso del piso de ETA en Salamanca deja en evidencia los verdaderos propósitos de la Fiscalía.

Debería ser el propio Garzón quien se inhibiera, pero si no lo hace y le sigue el juego a la maniobra gubernamental, los denunciantes deben solicitarle que deje el caso y, en último extremo, volver a presentar la denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde no siempre llegan los tentáculos del Gobierno y donde -recordemos- ya se instruyó el sumario que terminó con la condena de tres policías por el caso Bono. Por cierto, al juez no se le preguntó entonces si la detención ilegal de los miembros del PP era o no relevante para esclarecer si el ministro había sido agredido.

¿En qué lugar quedan ahora las descalificaciones contra este periódico? ¿Tendremos que seguir oyendo gracietas sobre el ácido bórico? Lo importante es que es muy probable que veamos desfilar ante la Justicia a los falsificadores, quienes tendrán aún más difícil su defensa a la luz de lo que hoy publica Casimiro García-Abadillo. Los policías no sólo alteraron el informe sino que borraron chapuceramente con típex del libro de registro de salidas el nombre de uno de los peritos para sustituirlo por el del jefe de la Sección de Análisis, Francisco Ramírez. Es muy revelador que Ramírez no lograra que un solo miembro de la unidad adjuntara su firma a la suya en el informe falso o que los peritos -hoy denigrados por sus superiores- hicieran todos los análisis de explosivos del 11-M solicitados a la Policía Científica y fueran quienes salieran al paso del error o la manipulación de Manzano sobre la metenamina.

A la luz de estos nuevos datos, reiteramos nuestra fe en las instituciones y apelamos una vez más a la honorabilidad del presidente Zapatero para que averigüe de verdad qué es lo que ha ocurrido en las Fuerzas de Seguridad durante la investigación de los atentados del 11-M.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 25 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

MADRID.- El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, presentó un escrito el pasado sábado en el que defiende que el caso de los informes policiales sobre el ácido bórico sea investigado en la propia Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón, pero en una pieza separada, no en el sumario del 11-M. La Fiscalía se pronuncia así tras comprobar que hay indicios serios de delito en el caso del informe de la Policía Científica que fue falsificado.

EL MUNDO desveló el jueves pasado que el Ministerio del Interior había falsificado un informe de la Comisaría General de Policía Científica, para eliminar las referencias a la posible implicación de ETA en los atentados del 11-M. En un primer informe, con número de registro y firmado por tres peritos, se indicaba que en el domicilio de uno de los presuntos implicados en la matanza de Madrid, Hasán Haski, se encontró ácido bórico y que este mismo material también se localizó en un piso utilizado por un comando de ETA en Salamanca. En las observaciones del informe, los peritos apuntaban la posibilidad de que ETA estuviera vinculada a la matanza como consecuencia de esa conexión.

Pero en el informe remitido finalmente al juez Del Olmo, la Comisaría General de Policía Científica, dirigida por el comisario Miguel Angel Santano, no sólo eliminó el capítulo de las observaciones, sino que también, de un plumazo, suprimió todas las referencias objetivas recogidas por los autores del informe de dónde y cuándo se había localizado el mismo material sospechoso que se incautó en el piso del presunto terrorista Hasán Haski. En su escrito, publicado ayer por Abc y El País, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no niega que en el caso denunciado por EL MUNDO exista delito. Más bien al contrario. Ante la posibilidad de que exista, apunta que debe hacerse cargo de las investigaciones el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ya que tiene abierto un sumario sobre los atentados de Casablanca en el que aparece también citado Hasan Haski. Quiere evitar que el asunto llegue a los juzgados de la Plaza de Castilla. En concreto, el fiscal pide a Garzón que aclare «cuantas contradicciones y discrepancias se susciten entre el informe pericial oficial remitido a la autoridad judicial y el informe previo elaborado por los tres peritos, y determinar si tiene relevancia penal». Es decir, deja la puerta abierta para que Garzón pueda archivar el caso al no observar relación entre el sumario de terrorismo y la falsificación de los documentos policiales. Los expertos consultados por EL MUNDO se preguntan por qué el fiscal no manda su escrito, siguiendo el mismo criterio, al juez que instruyó el sumario sobre los etarras detenidos en Salamanca y que también tenían ácido bórico. El fiscal envió el sábado este escrito al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional cuyo titular es Baltasar Garzón quien, además, se encontraba de guardia, junto a la denuncia de la plataforma España y Libertad, en la que se pedía investigar el caso del informe de la Policía Científica falsificado.

En su escrito, el fiscal se pronuncia sobre esta denuncia y pide que el caso quede en manos de Baltasar Garzón, lo que, en opinión de los expertos consultados por este periódico, supone que el representante del Ministerio Público intenta evitar que el caso acabe en manos de los juzgados de la plaza de castilla. El fiscal argumenta que Garzón debe esclarecerlo en el marco del sumario 9/03 que instruye sobre los atentados de Casablanca y porque Haski podría ser un integrante del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, sospechoso de estar relacionado con ese atentado en Marruecos. El fiscal considera que este caso no tiene relevancia alguna para la investigación de los atentados de Madrid. Recuerda, además, que Del Olmo ya ha dictado auto de conclusión sobre el sumario del 11-M y, «por lo tanto, carece de competencia funcional para practicar diligencias de instrucción».

Este escrito del fiscal no es el que contesta a la solicitud que le hizo la semana pasada la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juez Del Olmo, tras recibir los documentos aportados por EL MUNDO sobre el caso de la falsificación de los informes, los remitió a la citada Sala, ya que él había dictado autor de conclusión del sumario del 11-M. La Sala pidió a la Fiscalía de la Audiencia que emitiera un informe sobre este caso de falsificación.

La Fiscalía no ha respondido aún a la Sal de lo Penal. Según estas fuentes, es muy probable que entre mañana y el martes, el representante del Ministerio Público envíe su escrito de conclusiones que, en pura lógica, no debería apartarse mucho de las líneas maestras trazadas en el escrito remitido el pasado sábado al juez Garzón.

Según explicaron fuentes cercanas al caso, lo más probable es que, finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida, a finales de semana, deducir testimonio sobre este caso. Los magistrados de la Sala entenderían así que, efectivamente, existen indicios de delito de falsedad. Los expertos consultados entienden que el caso debe acabar en Plaza de Castilla ya que se trata de una falsificación de documentos públicos.

El SUP defiende a Interior...

MADRID.- El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Maximiliano Correal, se mostró ayer convencido de que la polémica suscitada sobre la supuesta falsificación de unos documentos policiales del 11-M ha surgido por una filtración «desde dentro» del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que se posicionó a favor de la investigación que ha abierto Interior.

El Departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba ha ordenado abrir una investigación sobre los tres peritos de la Policía Científica que elaboraron un primer documento acerca de la inspección ocular de la casa, en Lanzarote, de Hasán Haski (uno de los presuntos implicados en el atentado), en el que se apuntaban posibles relaciones entre ETA y los atentados del 11-M, y que fue publicado por este periódico. Para el SUP, «todos los indicios» apuntan a que la filtración del primer documento al citado diario se ha producido por algún miembro de la Policía, «con toda la mala intención posible» y con el fin de «hacer daño» tanto al Gobierno como al propio Cuerpo de Policía Nacional.

Por ello, Correal, en declaraciones a Europa Press, se mostró a favor de la investigación abierta por el Ministerio del Interior para identificar al posible autor de la filtración, y confió en que se esclarezca lo más rápidamente posible la polémica suscitada por este documento que, en su opinión, recogía una «mala interpretación», al vincular el ácido bórico, observado en una inspección ocular en un piso franco de ETA en Salamanca tres años antes, con la inspección llevada a cabo en la casa de Lanzarote de Haski.

...y la CEP rechaza la investigación

MADRID.- El secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, afirmó que es una «vergüenza» que el Ministerio del Interior haya abierto una investigación sobre los tres peritos que firmaron el documento que relacionaba a ETA con el 11-M, y señaló que su sindicato pondrá a disposición de los posibles afectados todo su aparato jurídico para ofrecerles una defensa gratuita.

En declaraciones a Europa Press, López lamentó que el Ministerio del Interior, en lugar de aclarar si este documento fue o no manipulado (al juez que investiga el atentado se le envió el informe sin las observaciones que vinculaban a ETA con el 11-M), se dedica a «matar al mensajero» y a abrir una investigación que no servirá para esclarecer si se han alterado algunas de las pruebas de la investigación del atentado terrorista del 11-M.

En este sentido, subrayó que el Ministerio del Interior tenía que haber analizado, desde un primer momento, si el documento fue o no manipulado y si el procedimiento del inspector jefe, que suprimió algunas consideraciones del primer informe antes de remitirlo al juez, es habitual en este tipo de actuaciones o fue una excepcionalidad.

López explicó que de la investigación de Interior se puede abrir un expediente disciplinario al responsable de la supuesta filtración, aunque indicó que no se trata de un documento clasificado. En cualquier caso, reiteró que CEP ha mostrado su disposición a cooperar con los funcionarios peritos si son finalmente acusados, y les brinda los abogados del sindicato.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el lunes 25 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.