MADRID.- La Confederación Española de Policía (CEP) calificó ayer de «fascistas y ultras» al Sindicato Unificado de Policía (SUP) por las amenazas que lanzó al periodista Luis del Pino. El portavoz del SUP, Maximiliano Correal, declaró que a «Del Pino lo dejaría con el tédax Pedro en una habitación donde no existiera el Estado de Derecho, a ver si volvía a repetir lo que ha dicho».

Desde el sindicato policial CEP tildaron de vergonzoso que Correal «haya dejado la imagen del Cuerpo Nacional de Policía por los suelos y haya dejado entrever que todavía hay habitaciones donde no se respeta el Estado de Derecho. Este señor es un ultra», manifestó el portavoz de la CEP, Rodrigo Gavilán.

«Hasta ahora, el SUP ha sido un sindicato mayoritario. Pero su apoyo constante al Gobierno socialista en la negociación con ETA y en el Estatut ha provocado que miles de policías nacionales se estén pasando a la CEP», añadió el portavoz.

En cuanto a las imputaciones del SUP sobre la existencia de un dossier negativo sobre la estancia de Gavilán en Argelia, en el informe oficial de este agente, al que ha tenido acceso este diario, figura la siguiente observación: «Sin que en su expediente personal existan notas desfavorables sobre el desempeño de su labor profesional en dicho periodo».

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 27 de febrero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El secretario general del SUP secunda a su portavoz en las amenazas de que le acusa Luis del Pino

MADRID.- El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, remitió ayer una nota a los medios de comunicación en la que respalda a su portavoz, Maximiliano Correal, y descarta su dimisión. Correal declaró el pasado 16 de febrero en un espacio de Telemadrid que al periodista «Luis del Pino lo dejaría con el tedax Pedro en una habitación donde no existiera el Estado de Derecho, a ver si volvía a repetir lo que ha dicho». Pedro es el nombre genérico que se dio en algunas informaciones al agente que desactivó la mochila de Vallecas.

Fornet dice: «Yo apoyo y me sumo a la postura del portavoz del sindicato: quiero a Luis del Pino encerrado en una habitación sin Estado de Derecho con el tedax Pedro», y precisa: «Para que compruebe cómo se juegan la vida los Tedax desactivando bombas por sentido del deber, mientras otros se hacen ricos insultándolos y mintiendo». Más adelante, añade que con «una habitación sin Estado de Derecho» se refiere a una en la que «los terroristas lo han neutralizado colocando una bomba».

El colaborador de EL MUNDO Luis del Pino confirmó ayer que interpondrá una querella contra quien considere autor de esas amenazas: bien Fornet y Correal como particulares, o bien el SUP como colectivo, según informa el periódico de internet Libertad Digital.

En su escrito, Fornet también califica de «locutor mafioso» y «jefe de la manada» a Federico Jiménez Losantos, al que alude sin citarlo.

Asimismo, Fornet también da la cara por Correal al respecto de la intervención de éste en el programa La Linterna de la cadena Cope el pasado lunes. Allí, tras aclarar sus declaraciones sobre Del Pino, el portavoz del SUP dijo que existía una serie de informes en un Ministerio contra varios miembros de la directiva del otro sindicato policial mayoritario, la Confederación Española de Policía (CEP), entre ellos su portavoz, Rodrigo Gavilán. Éste respondió que, si es cierto que existen esos informes y están en manos del SUP, eso significaría que este sindicato «forma parte del PSOE».

La nota de Fornet acusa a Gavilán de hacer «honor a lo que dice el informe de él». Según el secretario general del SUP, el documento habla de «un mal profesional, mentiroso, sin escrúpulos, con comportamientos poco profesionales contra personas de distinta raza», y añade que no era dirigente sindical cuando se elaboró ese dossier. Fornet afirma que fue en 2002, durante el Gobierno del Partido Popular.

Una información de J. M. publicada por el diario EL MUNDO el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Al poco tiempo de la masacre del 11-M, cuyo éxito para echar del Gobierno al PP y colocar al PSOE fue total y absoluto, Fernando Múgica empezó a publicar su histórica serie sobre Los agujeros negros del 11-M. Y ya en esos inicios de la Gran Sospecha se pudo leer en EL MUNDO que la hipótesis que consideraban más verosímil las fuentes fiables de los servicios de información era que la trama asturiana de los explosivos, la única pieza que aparecía en las investigaciones policiales junto a la conjetura islámica, había sido en todo momento controlada por la Guardia Civil, la Policía o el CNI. ¿Qué había pasado para llegar a tan gigantesca matanza? Pues que tal vez, se dijo, «se le había dado hilo a la cometa», y, cuando se quiso tirar del hilo para recuperar el delicado artefacto la cometa volaba sola y el vuelo acabó fatal. O sea, que la Benemérita, la Policía o el CNI sabían bien lo que Trashorras, los hermanos Toro y demás se traían entre manos, el tráfico de armas y explosivos, pero que estaban protegidos como criaturas policiales para que, en vísperas de un atentado, pudieran pillar a los terroristas.

Y ya entonces, hace más de dos años, apareció la pista del coronel Hernando, la mano derecha de Rafael Vera y su maletín, porque era el que llevaba personalmente a Suiza el pago a sus señoras del silencio de Amedo y Domínguez. Naturalmente, fue muy comentado que el Gobierno del PP, que tenía a gala luchar contra el terrorismo sólo desde la legalidad, mantuviera al frente de la UCO, la unidad de elite de la Guardia Civil, a un hombre encausado por esas actividades delictivas -va a ser juzgado ahora- y hasta lo condecorase y ascendiese. Cuando Hernando llegó a aquella epopeya de la prevaricación y el perjurio al por mayor que fue la Comisión parlamentaria del 11-M, dirigida por el PSOE con la complicidad de los demás grupos para crucificar al PP, mintió, como casi todos los uniformados y no pocos civiles. Y ahora conocemos tres presuntos delitos gravísimos perpetrados por Hernando y su alférez Trigo: el de falso testimonio de Hernando, que mintió sobre su conocimiento de las andanzas explosivas de Toro y Trashorras a nivel nacional; los de encubrimiento e infidelidad en custodia de documento público por parte de Trigo, que, en vísperas de la declaración de Hernando, trató de destruir la prueba del delito. Un guardia civil se negó, pero el PSOE también se negó por tres veces a entregar a Zaplana el documento ahora aparecido. El estilo, entre delictivo y chapucero, recuerda mucho al del falsificador Santano y la trama del bórico. Así que no sabemos quién echó a volar la cometa, pero ya van apareciendo los hilos. Y si el juez Del Olmo y la fiscal Sánchez hubieran querido investigar los delitos de los que tuvieron detallada y careada noticia, posiblemente conoceríamos la hilatura completa.

Publicado por el diario EL MUNDO el miércoles 31 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Entre 30 y 40 españoles se marchan cada año a participar en la yihad. Los servicios de seguridad alertan de la llegada a España de decenas de combatientes radicales musulmanes que ahora luchan en Irak y Afganistán

Madrid. Las guerras de Irak y Afganistán están centrando todos los esfuerzos de la yihad islámica en su lucha contra las naciones occidentales. Los atentados en estos países son diarios y en ellos participan miles de insurgentes. Allí han sido identificados ya decenas de musulmanes de nacionalidad europea, que han protagonizado ataques suicidas o han combatido contra los ejércitos occidentales. Algunos de ellos procedían incluso de España.

Las fuerzas de seguridad y los investigadores del terrorismo internacional están pensando ya en el día después. La preocupación por lo que se avecina es máxima.

La opinión generalizada entre los expertos consultados por LA GACETA es que, cuando los conflictos de Irak y Afganistán desaparezcan o bajen de intensidad, muchos de estos muyahidines europeos se plantearán volver a casa con la yihad en las maletas. No hace muchos meses, el propio comisario europeo de Seguridad, Franco Frattini, advertía de que “millones” de terroristas de Irak estarían dispuestos a atacar Europa.

La cifra, quizá, es algo exagerada, pero lo cierto es que se palpa el miedo y las agencias de seguridad europeas ya están alerta. “Es una situación peligrosa. En la medida en que el régimen iraquí se consolide, muchos de estos terroristas bien preparados vendrán a Europa”, vaticinaba el comisario, en unas declaraciones que ratificó de nuevo a LA GACETA.

Frattini advierte de que la información de los servicios de seguridad europeos y norteamericanos habla de que son “muchos los que podrían volver”. “No puedo ser más explícito. Algunos son europeos que volverán a sus países de origen, y otros han llegado a Irak desde otros países. Lo que digo sobre Irak vale también para Afganistán. Hay una fuerte amenaza de exportación de terroristas. En Irak se está formando a kamikazes”, sentenció Frattini.

Españoles suicidas

Por el momento, no han trascendido cifras exactas sobre este tipo de movimientos de regreso, tan sólo aproximaciones. Hay más datos sobre los que se han marchado que sobre los que han vuelto.

Hasta la fecha, sólo han sido identificados en Irak dos suicidas que partieron de suelo español. Uno de ellos es el marroquí Mohammad Alfalah, considerado autor material del 11-M. Alfalah se habría inmolado en un atentado, entre el 12 y el 19 de marzo de 2005.

El otro muyahidin con nacionalidad española es Belgacem Bellil, de origen argelino, un carnicero que residía en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y que atentó, el 12 de noviembre de 2003, contra una base italiana, con un resultado de 28 fallecidos, 19 de ellos italianos.

Esos dos casos ejemplifican el problema, pero no su dimensión. Porque los investigadores creen que en estos momentos podría haber hasta 100 guerrilleros de origen español combatiendo en Irak y Afganistán, a los que se suman continuamente nuevos radicales. Fuentes de la Policía cifran entre 30 y 40 el número de muyahidines españoles que viajan anualmente a hacer la yihad a estos territorios en conflicto.

Muchos mueren en los ataques, pero algunos de ellos volverán. De hecho, algunos ya han vuelto. Amer Azizi, por ejemplo, considerado por los investigadores uno de los hombres clave en los atentados del 11-M. Azizi se encuentra en busca y captura porque sus huellas aparecieron en la casa de Morata de Tajuña, el lugar donde se confeccionaron las mochilas-bomba.

Comprometidos

La Policía considera que pudo ser el enlace entre la célula que ejecutó los atentados y Al Qaeda. Azizi no llegó a España por el Estrecho, como otros compatriotas marroquíes, sino que procedía de los campos de entrenamiento afganos. Una vez en suelo español, pudo transformar una pandilla de delincuentes de medio pelo en una célula radical, adiestrada para matar.

Hassan Mourdoude también llegó a España procedente de los campos de batalla iraquíes. La Policía lo detuvo en Cataluña, tras probarse que había participado en la captación de Bellil.

El perfil de los ex combatientes de Irak es muy diferente del de los simpatizantes que pueda tener la yihad en suelo occidental (se calcula que sólo en el Reino Unido hay 10.000 musulmanes simpatizantes de Al-Qaeda o grupos afiliados).

“La gente que vuelve de Irak está realmente comprometida con la causa. Son gente que ha combatido y que además ha sido entrenada, con conocimientos para fabricar bombas, por ejemplo. Representan un gran desafío”, explica Javier Jordán, profesor de la Universidad de Granada, experto en terrorismo islámico.

Hay que tener en cuenta que no sería la primera vez que el fin de un conflicto tiene como consecuencia la propagación de la “guerra santa” a otros escenarios. Cuando la URSS se retiró de Afganistán, en 1989, tras 10 años de conflicto, muchos afganos radicales experimentados en el combate armado extendieron la yihad a los países cercanos. Lo mismo ocurrió tras las guerras de Chechenia y los Balcanes.

“Hace años, la influencia de algunos islamistas radicales aumentó por el prestigio que les reportaba que hubieran participado en conflictos como los de Bosnia, Afganistán o Chechenia. Aumentaron su carisma entre los jóvenes, y también su potencial para radicalizarlos y reclutarlos”, explica Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. “La cercanía de estas personas con experiencias directas les da un peso considerable. Pueden transmitir en Occidente los agravios que sufren otros hermanos en los países en conflicto, a miles de kilómetros de distancia. El retorno de estas personas es un peligro”, concluye Alonso.

La puerta de entrada (y salida) de Irak y Afganistán para estos “guerreros de la fe” musulmana es Siria, un país enclavado en un lugar estratégico y con pocos obstáculos para atravesar sus fronteras. Los muyahidines llegan a Siria desde Europa, a través del Reino Unido y los Países Bajos. Si es necesario despistar más a las autoridades hacen escala en Turquía. Al regresar a Europa, se sigue la misma ruta, en este caso, con Siria como punto de partida.

El factor suicida

Los viajes se realizan en avión y se utilizan pasaportes falsos. Los propios voluntarios se financian los desplazamientos, aunque algunas organizaciones terroristas sufragan los viajes de los suicidas captados con los beneficios que obtienen practicando la delincuencia común (tráfico de droga a pequeña escala y robos menores).

El regreso de estos terroristas a Europa puede acarrear también la importación de los métodos que se están empleando en los conflictos de Oriente Medio, entre ellos, el factor suicida. Los atentados de Londres del 7-J son, por ahora, los únicos en los que se ha empleado este tipo de agresión en suelo europeo. En los atentados de Madrid, los terroristas dejaron las mochilas con explosivos en los trenes y huyeron. Ni uno solo de los terroristas pereció en las explosiones. Posteriormente, al ser descubierta, la célula del 11-M se suicidó en el piso de Leganés, con 30 kilos de explosivos. La detonación acabó con la vida del miembro de los GEO Torronteras. Pero esta acción no estaba en los planes de los terroristas.

No obstante, la utilización de este instrumento con premeditación para atentar en España puede tener lugar en cualquier momento. El factor suicida introduce elementos desconocidos hasta ahora en la lucha contra el terrorismo en España. A la hora de atentar, los etarras, que hasta hace poco eran casi la única amenaza, piensan en la huida tanto como en acertar. Teniendo esto en cuenta, los investigadores pueden reducir el número de posibles objetivos y también los procedimientos.

Pero el suicida no necesita escapar. Bellil se estrelló contra el puesto militar italiano con un camión cargado con 3.500 kilos de explosivos. No pensaba huir.

Los expertos consultados por LA GACETA creen que la única fórmula para combatir el terrorismo suicida es la información. “Cuando esta gente vuelva, la noticia se difundirá en los ámbitos radicales en los que se muevan. Si las autoridades europeas tienen gente infiltrada en esos ámbitos, confidentes policiales, no deberían encontrar problemas para controlarlos”, explica Jordán.

La experiencia de otros países en la lucha contra este tipo de terrorismo, como Israel, puede permitir a los países europeos, entre ellos España, ponerse al día en el desafío que se avecina.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Syra y Ana, psicóloga y asistente social de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, atienden a 500 afectados por la masacre

MADRID.- Fueron 192 muertos y más de 1.500 heridos. Y muchos más los afectados directa o indirectamente por las explosiones de los trenes. Pero en el dolor no están solos. Han pasado más de dos años y medio y son muchos los profesionales que atienden diariamente las necesidades de las víctimas, son sus ángeles de la guarda.

Son los grandes desconocidos, aquéllos que diariamente se sientan y comparten el dolor de los que vivieron en primera persona el terror del 11-M. Syra Balanzat y Ana Zapardiel dedican su vida a atender todas las necesidades de las víctimas. Pertenecen a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que aglutina a más de 500 personas afectadas por los atentados. Y todas, todas reviven diariamente la masacre. «A diario atendemos entre 10 y 12 personas», indica Ana, que es una de las trabajadoras sociales de esta asociación. Son profesionales que tienen una de las labores más duras: asistir psicológicamente a unas víctimas que día tras día reviven la pesadilla y atenderles y orientarles sobre todas las prestaciones a que tienen derecho.

Pero ahora, dos años y medio después de la masacre, ¿cómo están las víctimas? Syra es precisa: «Les cuesta mucho, les cuesta mucho incorporarse sociológicamente a la vida diaria. A los que tienen, además, importantes secuelas físicas les cuesta aún más y se aíslan de la realidad social que les rodea. Cronifican el duelo. Crean un mal endémico que no les permite recuperarse».

Y la psicóloga pone el dedo en la llaga: la investigación del 11-M, las revelaciones periodísticas, las dudas sobre las actuaciones judiciales y policiales en la resolución del caso... Todo incide en que estas víctimas no logren superar del todo el trauma, que lo revivan diariamente. «El hecho de ver diariamente el caso del 11-M en la televisión, en la radio o en la prensa tiene un claro reflejo en las víctimas».

Estas profesionales tienen clara la incidencia del actual momento de las investigaciones. Cuando hay nuevos datos sobre la masacre, el número de consultas aumenta de forma significativa. Ellos quieren pasar página pero reivindican primero «conocer toda la verdad de lo que ha pasado el 11-M». Además, «la gran mayoría tiene enormes dudas de lo que se está haciendo desde la Audiencia Nacional y desde la Policía; dudan del trabajo de las instituciones», recalcan.

Pero, ¿tienen la sensación de que aún no se sabe quién ha matado a los suyos? La respuesta de Ana y de Syra es contundente: «Claro, ésa es la sensación que tienen. Están confusos. Sienten que están en completa indefensión».

Ana explica que están elaborando un estudio sobre las víctimas que se hará público en el tercer aniversario de la masacre, que ya apunta algunas conclusiones. «La mayoría se siente muy desinformada, muy perdida. Sienten que algo o alguien les está tomando un poco el pelo. Se sienten con derecho a saber la verdad, sea la que sea. Si ya de por sí las secuelas físicas y psíquicas son enormes, las víctimas, además, tienen que sufrir la sensación de que aún no está todo claro porque nadie les dice nada», añade Ana.

Y su malestar es con el mundo en general, detallan las profesionales. La desconfianza de las víctimas ante el hecho de que aún no se haya resuelto la masacre no excluye a nadie.

Syra sufre día a día también cómo las revelaciones sobre la masacre afectan a la evolución psicológica de sus pacientes. Y estos datos también se contemplarán en el minucioso estudio que esta asociación está realizando sobre los afectados.

La actualidad es motivo de debate en el seno de muchas de las familias de las víctimas y las situaciones de tensión y crispación también se trasladan a esos hogares, lo que dificulta enormemente la evolución positiva de las víctimas. «Son heridas que aún no han ni comenzado a cicatrizar en algunos casos».

Pero estas facultativas alertan de otro fenómeno que está comenzando: «Las víctimas se sienten rechazadas y poco apoyadas por la sociedad, como si fueran unas figuras que estorban, que no deben aparecer tanto para que se pueda olvidar el 11-M». Además, se sienten despreciadas. «Son muy sensibles con la negociación con ETA. Entienden que se les debe preguntar a los que han dejado a sus seres queridos por el camino, que se han ganado el derecho a opinar. Y como no se produce, las víctimas del 11-M se entristecen y comparten la indignación de las de ETA».

En la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M el número de asociados ha crecido de forma significativa durante los últimos meses. Y muchos de los que llegan, aseguran Ana y Syra, provienen de otras asociaciones de víctimas donde, en dos años, no han sido atendidas por ningún psicólogo y únicamente les han orientado de cara a la percepción de las ayudas, «pero asistencia emocional, cero».

Tanto desde el prisma de la asistente social como del de la psicóloga se considera aún imprescindible que aumente la atención estatal a las víctimas. «El Estado tiene que echar más manos». No niegan que se ha avanzado, pero también advierten de que existe riesgo de que los males psicológicos de las víctimas queden de forma permanente si la atención no es constante. Estas profesionales de la asistencia explican también que están haciendo un peritaje médico a casi un centenar de víctimas cuyo reconocimiento fue rechazado por el Ministerio del Interior para conocer cómo están dos años y medio después de la masacre.

¿Y cómo se logra desconectar? No se borra, no se olvida. «Nuestros amigos tienen nuestros números de teléfono móvil para cualquier necesidad. Siempre estamos con ellos, siempre pueden llamarnos, en cualquier momento. Son nuestros pacientes y nuestros amigos».

Una información de Fernando Lazaro publicada por el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El PP quiere que «la gente siga enredada» con el 11-M, dice Blanco

VALLADOLID/MADRID.- El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, acusó ayer al Partido Popular de querer que «la gente siga enredada en una conspiración que ellos mismos inventaron» mientras que «no habla nunca de los gobiernos que quieren que su ayuntamiento, su comunidad, avance al mismo ritmo que el resto de España».

Blanco, que participó en Valladolid en el Comité Regional del PSOE de Castilla y León, definió a los populares como «inventores de una conspiración exclusivamente para tapar sus vergüenzas». Dijo que «en España la gente escucha y piensa y ve, no se deja engañar», y señaló que «eso es lo que le pasó al PP en 2004, que no pudo engañar a nadie».

La diputada del PP Alicia Castro aseguró, sin embargo, que su partido va a seguir exigiendo que se investiguen los atentados del 11-M porque desde el «PSOE se sigue negando información». En su opinión, con esta actitud cabe sospechar que existen «motivos oscuros».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Manjón, «harta hasta la saciedad» de la 'teoría de la conspiración'

MADRID.- La presidenta de la Asociación 11-M, Pilar Manjón, señaló ayer que se siente «harta hasta la saciedad» de la teoría de la conspiración sobre los atentados de Madrid y apuntó que, aunque desconoce la «verdad oficial», en el sumario «no se encuentra» por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «ni un solo cabo suelto que una a ETA con el terrorismo islamista».

No obstante, Manjón admitió que si se hubiera encontrado el enlace entre la banda etarra y el terrorismo islamista, a ella le habría dado igual, puesto que «la verdad es que yo no tengo un hijo».

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, subrayó que «33 meses después de los atentados, es importante que se empiece a asumir que las víctimas no somos ni bandera ni derrota de nadie, entre otras cosas, porque nunca nos hemos dejado utilizar por nadie ni entrar en el juego de nadie».

Por tanto, indicó que lo que las víctimas «no van a consentir» es que, «porque se quiera enmarañar este sumario», los 29 imputados «acaben estando en la calle». «Nadie va a consentir que éstos en cuatro años estén en la calle; ya sufrimos bastante con que lo que pasó con el marroquí Saed Harrak», indicó.

Por último, lamentó que en la lucha política y mediática «se hayan olvidado una vez más que detrás de la misma están los fallecidos y los heridos en el 11-M».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Javier Gómez Bermúdez: "En el caso del 11-M existe un exceso de presión"  Madrid - Javier Gómez Bermúdez, 44 años, malagueño de Álora, preside la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2004. Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, su nombramiento fue polémico, ya que el sector conservador del Poder Judicial lo prefirió a candidatos más antiguos y de renombre, como Baltasar Garzón. El Supremo anuló el nombramiento y el Consejo volvió a designarle. El nuevo nombramiento también ha sido impugnado. Javier Gómez Bermúdez presidió el macrojuicio contra la célula española de Al Qaeda y trató de presidir, sin éxito, el juicio contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por las jubilaciones millonarias a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui. Ahora, ha reclamado la presidencia del juicio por los atentados del 11-M. Pregunta. ¿Cómo va a presidir usted el caso del 11-M si no pertenece a la sección segunda de lo Penal, a la que le corresponde juzgarlo? Respuesta. Lo voy a presidir por sustitución legal de un magistrado que se marcha, Ignacio Bigeriego. En cualquier caso, desde el principio aparezco encabezando las providencias para impulsar este procedimiento y que llegue a juicio. Además, como presidente podría, mediante un acuerdo motivado, explicar las razones por las que entro a presidir, pero no es el caso, porque como digo, se ha producido este hecho de la sustitución. De todas formas, presidir un juicio como el del 11-M profesionalmente es muy gratificante y además constituye una responsabilidad que debe asumir el presidente de la Sala. P. ¿No teme que alguien considere que no es un juez predeterminado por la ley? R. No, porque, como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional, lo somos todos los magistrados de la Sala de lo Penal, porque las secciones tienen lo que se llama un carácter funcional. Es decir, que la sala es una y las secciones no son estancas, un magistrado de una puede sustituir a la de otra. Por tanto, todos los magistrados de la sala somos jueces predeterminados para resolver cualquiera de los asuntos de la Sala. P. ¿Siente limitada su independencia para presidir el tribunal que juzgará el 11-M con la presión de algunos sectores sobre este caso? R. Este es un caso en el que existe un exceso de presión, cierto. Pero los jueces somos unos profesionales de la presión, más los jueces de la Audiencia Nacional y, por tanto, no va a influir en mi decisión. P. ¿Ha leído el sumario del 11-M? R. No, sólo lo que ha sido necesario para decidir lo que corresponde a este momento procesal. Hay una regla además que impide un estudio profundo del sumario antes del juicio. P. Ya, pero con 238 tomos de sumario principal y cientos de piezas separadas... ¿Cree que el 11-M es el atentado más investigado de la historia? R. Sin duda, junto con el de la colza, es al que más tiempo y más medios se le han destinado, pero sobre la profundidad de la investigación, por lo que le he mencionado, no puedo, ni debo pronunciarme. P. ¿Cuál es el calendario previsto para este juicio? R. En principio, la fase llamada de instrucción de las partes acaba a finales de este mes de octubre, el tribunal tendrá que decidir si revoca la conclusión del sumario o si abre lo que se llama juicio oral, lo que ocurrirá a principios de noviembre, y las partes presentarán ya los escritos de calificación, para que justo después de navidades se señale el juicio y comenzarlo en febrero. La idea es terminarlo en el mes de agosto y que la sentencia esté a finales de octubre o noviembre. P. ¿Qué obstáculos se puede encontrar para celebrar el juicio? R. Desgraciadamente, obstáculos en estos juicios tan largos y tan importantes son muchos. Básicamente, son la posibilidad de que se presenten cuestiones de nulidad, porque consideren tanto las acusaciones como las defensas que ha habido vulneraciones de sus derechos fundamentales, peticiones de revocación de la conclusión del sumario, planteamiento de determinadas cuestiones formales, que se llaman de previo pronunciamiento, que harían que el caso tuviera que ir antes al Tribunal Supremo... P. ¿Y qué opinión le merece que de 120 imputados en el caso del 11-M sólo haya finalmente 29 procesados? R. Ese dato puede interpretarse de varias formas. Por una parte, se puede interpretar que a todo aquel que aparecía en la investigación en relación con los hechos o con las personas que tenían relación con los hechos se le otorgaba la condición de imputado para proteger sus derechos a la defensa. Otra interpretación es que la investigación no tuvo una línea clara y definida en algún momento y eso provocó que se imputara a muchas personas. Y la tercera interpretación es que fue tan exhaustiva la investigación que eso ha afectado a un número excepcionalmente alto de personas, que en un primer momento hubo alrededor de 120 imputados, de los que quedan 29 que se van a llevar a juicio ahora. O puede ser una mezcla de todas estas razones. Caben todas esas posibilidades. P. ¿Y qué pasa con los derechos de los 91 restantes que no han sido procesados? R. Sobre eso ha de pronunciarse el tribunal, dictando un auto de archivo provisional, sólo temporalmente, por si aparecieran nuevos datos, o definitivo. Un sobreseimiento definitivo equivale a una sentencia absolutoria. Y, por supuesto, también cabe que puedan seguir siendo investigados en piezas separadas, como ocurre, por ejemplo, con los que están en busca y captura, porque no están a disposición del tribunal. P. Habrá seguido usted el episodio ocurrido estos días con el juez Garzón, al que han llamado prevaricador y servidor del Gobierno. ¿De qué parte se pone usted? ¿No cree que se trata de ataques a la independencia judicial? ¿Cree que el Poder Judicial debería amparar al juez? R. En primer lugar, creo que hay algunas querellas y denuncias pendientes de resolución, por lo que creo que no debo pronunciarme. En cualquier caso, los ataques personales no son admisibles y sí la crítica profesional. El amparo o no corresponde decidirlo al Consejo del Poder Judicial. En mi opinión, lo que ocurre es que el amparo está previsto para los ataques materiales a los jueces, pero será el Consejo el que deberá específicamente pronunciarse con los datos de que dispone y de los que yo carezco. P. El Supremo anuló su nombramiento como presidente de la Sala de lo Penal, y el Consejo le designó de nuevo. Si el Supremo volviera a anular su nombramiento, como ha pedido el fiscal, ¿volvería a presentarse? R. Sí. Sí, porque los defectos formales en los que incurrió el Consejo durante 20 años y que dan lugar a la anulación de un nombramiento en 20 años, no cuestionan ni mis méritos ni mi gestión. Y los nuevos motivos alegados en este recurso contra este nuevo nombramiento también son meramente formales, por lo que el razonamiento que le acabo de exponer sigue siendo válido. P. ¿Y entendió que en el informe que utilizó el Poder Judicial para nombrarle, su currículo tuviera cuatro folios y el de los otros candidatos Baltasar Garzón o Alfonso Guevara se redujera a cinco líneas? R. Yo no lo habría hecho así. P. Ahora se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Algún juez de la Audiencia se ha presentado como candidato. ¿A usted le gustaría formar parte de ese órgano? R. No, no tengo ninguna ambición en ese sentido. A mí lo que me gusta y lo que es mi vocación es la jurisdicción, o sea, dictar sentencias. P. Usted, que habitualmente juzga casos de terrorismo, considera que en este momento es posible alguna medida de favor para acercar a presos al País Vasco. R. En este momento y en cualquier otro. Depende de que el delincuente muestre signos de resocialización; pero, en cualquier caso, quiero aclarar que no son medidas de favor. Están en la legislación penitenciaria que las vincula a la evolución del interno, también el acercamiento. P. ¿En los casos que usted ha juzgado, todos los aspectos de un atentado han quedado totalmente probados? R. No, porque el hecho probado en una causa penal es aquel absolutamente incontrovertido para el tribunal, aquel sobre el que el tribunal no alberga duda razonable alguna; por lo tanto, hay aspectos de los atentados que quedan plenamente probados, otros sobre los que sólo hay pruebas suficientes pero bastantes para hacer un pronunciamiento judicial, y otros que no quedan probados. Eso sucede habitualmente, es parte del sistema. P. Entonces, ¿cuál es la técnica jurídica para condenar a alguien sin que estén el 100% de las pruebas confirmadas o absolutamente demostradas? R. La ley sólo exige que el tribunal tenga la convicción del hecho más allá de toda duda razonable. El tribunal valora la prueba y la ley no exige, porque somos humanos, que tengamos la convicción al cien por cien. Siempre cabe una hipótesis alternativa. Claro, si lleváramos eso hasta el extremo, nunca se podría condenar a nadie. Se trata de que haya una convicción más allá de una duda razonable, convicción a la que se llegue tras un razonamiento lógico que hay que expresar en la sentencia para garantizar su conocimiento por el propio acusado y por las demás partes. Una entrevista de José Yoldi publicada por el diario EL PAIS el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

MADRID.- El Gobierno, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, denunció ayer un intento de retrasar el procedimiento judicial y la vista oral del 11-M.

La portavoz del Ejecutivo aseguró, en referencia a ese sumario, que «da la impresión de que algunos mantienen un interés muy especial en que todo parezca enmarañado o confuso, o en dilatar algunos procedimientos. Incluso a veces da la sensación de que algunos tienen interés o intención de que se instale en la ciudadanía una cierta fatiga civil o que los ciudadanos desconfíen de las instituciones».

Fernández de la Vega no dio nombres, ni se refirió a nadie en concreto y de forma expresa.

Añadió que «la Justicia tiene sus competencias y procedimientos y el Gobierno tiene que respetarlos».

Además, hizo un llamamiento «al respeto a las instituciones y al Poder Judicial que tiene un papel esencial en el sistema constitucional». Tampoco en este apartado hizo referencia a nadie en concreto. Del procedimiento judicial del 11-M aseguró que «el sumario está avanzado, el juicio se celebrará y esperemos que se celebre en un tiempo razonable, como estaba previsto».

Como hace cada viernes, Fernández de la Vega insistió en que el Gobierno colabora con la Justicia.

La vicepresidenta hizo una defensa cerrada de las instituciones y del Poder Judicial, así como de la imagen que de ellas tienen los ciudadanos. Por eso, auguró el fracaso de quienes, según ella, pretenden su desprestigio.

«Estoy convencida de que eso no va a ocurrir, porque tenemos unas instituciones y un Poder Judicial con buena salud y todos sus miembros van a funcionar como siempre, en el marco de la Constitución y con respeto absoluto a la Ley», explicó la número dos del Ejecutivo. Alegando ese respeto a las instituciones y las actuaciones judiciales, la vicepresidenta del Gobierno evitó referirse a actuaciones concretas sobre el 11-M que han sido objeto de polémica.

Respecto a la controversia sobre el Consejo General del Poder Judicial, Fernández de la Vega insistió en que «el Gobierno confía en las instituciones y los ciudadanos también, y debemos garantizar su funcionamiento».

Tampoco hizo referencias expresas, pero dio la impresión de que la última parte de su respuesta se refería a la actuación del vocal conservador José Luis Requero, que pidió que se investigara la actuación del juez Baltasar Garzón en la toma de declaración de los peritos.

La vicepresidenta primera hizo una distinción clara entre la actuación «política» del Consejo y la que se refiere a la actuación jurisdiccional de los jueces. Dio a entender que el citado vocal ha pasado esa raya para inmiscuirse en la actuación jurisdiccional, o sea, la referida a un sumario concreto.

Así, Fernández de la Vega explicó que «el órgano de gobierno de los jueces es un órgano político y, como todo órgano político, discute de política y hace política. Hay que hacer política, pero lo que no hay que hacer es confundir las funciones del órgano político de los jueces con la función jurisdiccional».

Una información de F. G. publicada por el diario EL MUNDO el sábado 7 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Audiencia expedienta a Del Olmo

MADRID.- La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó ayer incoar un expediente disciplinario al juez Juan del Olmo.

El instructor del 11-M no prorrogó a tiempo la prisión provisional del marroquí Saed Harrak, procesado por los atentados, lo que obligó a su excarcelación. En la actualidad, Harrak está en libertad bajo vigilancia constante de al menos tres agentes de Policía.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió que la falta cometida por Del Olmo debía considerarse como leve, al tratarse de un error aislado. Al ser una falta leve , corresponde a la propia Audiencia concretar qué sanción se le impone dentro de una horquilla que va desde la amonestación hasta una multa de 300 euros.

Ayer, la Sala de Gobierno acordó nombrar instructor del expediente al magistrado de lo Constencioso-Administrativo Tomás García Gonzalo, que deberá estudiar el caso y proponer una sanción.

La Sala de Gobierno, encabezada por el presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, la integran los presidentes de las Salas de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez -ausente ayer-; de lo Contencioso Administrativo, Carlos Lesmes; y de lo Social, Joaquín Giménez, junto a tres jueces electos.

Una información de M. M. publicada por el diario EL MUNDO el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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La Audiencia expedienta a Del Olmo por falta leve

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó ayer abrir un expediente disciplinario por falta leve al juez Juan del Olmo por falta de control en los plazos procesales del sumario del 11-M. El error del magistrado, que confundió la fecha en la que debía prorrogar la prisión provisional de uno de los procesados en la causa por su implicación en los atentados, permitió el pasado 20 de mayo la excarcelación de Saed El Harrak.

Esta decisión estaba condicionada por la resolución que adoptó el pasado día 13 la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que apreció una falta leve en la actuación del juez instructor del sumario del 11-M. Y eso que el servicio de inspección apreció una falta muy grave por desatención en la tramitación de un procedimiento judicial. Por contra, la comisión disciplinaria tan sólo lo calificó de error puntual y aislado al fijar la fecha de la prórroga de la prisión (confundió el 6 de mayo con el 16 del mismo mes) y rechazó considerarlo una falta muy grave, que requiere que exista un estado permanente de abandono o dejadez, de despreocupación o descontrol.

Del Olmo se enfrenta ahora a una sanción que, según determina la Ley Orgánica del Poder Judicial va desde una simple amonestación hasta una multa de 300 euros.

Tras adoptar su decisión, la Comisión Disciplinaria del Consejo remitió el expediente a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

Una información publicada por el diario LA RAZON el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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La Audiencia Nacional expedienta por falta leve a Del Olmo MADRID. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó ayer abrir un expediente por falta leve al juez Juan del Olmo en relación con la excarcelación de Saed El Harrak, uno de los procesados por el 11-M, que quedó en libertad al no prorrogarse su prisión provisional. Según fuentes del tribunal, la Sala de Gobierno nombró instructor del expediente al magistrado de la Sala de lo Contencioso Tomás García, que deberá investigar los hechos y decidir la sanción que se impone a Del Olmo. La Sala de Gobierno está compuesta por el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, por los presidentes de las Salas de lo Penal, de lo Social y de lo Contencioso-administrativo y por tres magistrados electos. A la reunión de ayer no asistió el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que asiste en Canarias a unas jornadas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado día 13, la Comisión Disciplinaria del CGPJ apreció una posible «falta leve» en la actuación del juez instructor del 11-M. Texto de N. V. publicado por el diario ABC el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Del Olmo, expedientado por falta leve por excarcelar a un islamista  La sanción puede ser amonestación o una multa hasta de 300 euros Madrid - La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha decidido abrir un expediente por falta leve al juez Juan del Olmo por "un error puntual" que permitió la excarcelación de Saed El Harrak, procesado por su implicación en los atentados terroristas. Las faltas leves pueden ser castigadas con una amonestación y con una multa de hasta 300 euros. Algunas víctimas del 11-M han pedido el alejamiento de El Harrak, con el que coinciden casi a diario. Esta decisión responde al requerimiento que le hizo el pasado 13 de septiembre la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que calificó de leve el incidente procesal ocasionado por Juan Del Olmo y remitió el expediente a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Este órgano, encabezado por el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, ha nombrado a un instructor, el magistrado de lo contencioso-administrativo Tomás García Gonzalo, para que estudie el caso y proponga aplicar al juez Del Olmo una sanción económica. El hecho de no haber tenido suficiente control de los plazos y permitir la excarcelación de un imputado es considerado una falta leve, que se castiga con una amonestación y con multa de hasta 300 euros. En su día, el Consejo General del Poder Judicial consideró que los hechos no cumplían los requisitos legales para constituir una falta "muy grave", sino que fue un error puntual y aislado al fijar la fecha de la prórroga de la prisión, mientras que una falta muy grave requiere que exista un estado permanente de abandono o dejadez, de despreocupación o descontrol. Saed el Harrak, de 34 años, fue puesto en libertad provisional por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios debido a que ni Del Olmo ni la fiscal Olga Sánchez se percataron de un error en la fecha en que debía decidirse si se prolongaba por dos años más su estancia en prisión provisional. El juez Juan del Olmo tenía previsto tomarle declaración indagatoria -la que se celebra para mostrar la conformidad o rechazo con el auto de procesamiento- el 16 de mayo pasado y, al mismo tiempo, celebrar la comparecencia para prorrogar su prisión, pero olvidó que para esa fecha ya había transcurrido el límite legal de dos años de prisión preventiva. Saed el Harrak fue detenido en Parla (Madrid) el 6 de mayo de 2004 y el juez le envió a prisión cuatro días después. Ahora Saed el Harrak vuelve a residir en Parla y ya ha coincidido en varias ocasiones con algunas de las víctimas del atentado, según fuentes del colectivo de afectados del 11-M que preside Pilar Manjón. Algunas víctimas y familiares han pedido en la Audiencia Nacional que se dicte una orden de alejamiento, solicitud que no ha sido concedida. Texto publicado por el diario EL PAIS el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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El PP pide al Gobierno que no calle al que «sólo quiere saber verdad»

MADRID.- De nuevo preguntó ayer el diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, en el Congreso, sobre el 11-M. De nuevo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le dijo que «no existe ninguna evidencia de que ETA haya participado» en esos atentados. Y de nuevo quedó patente la profunda división en este tema entre PSOE y PP.

Del Burgo preguntó si en ese Ministerio no ha existido ninguna falsificación de un informe desde 2004, pero también pidió al ministro que se olvide «de ese rollo de la teoría de la conspiración», precisamente la acusación del PSOE al PP.

«Todavía no nos ha hecho perder el juicio tanto como para sostener que el 11-M fue fruto de una conspiración de islamistas, etarras, policías, guardias civiles, miembros del CNI, los servicios secretos extranjeros más los proscritos del felipismo, ésos que anduvieron por las cloacas del Estado», afirmó.

«Nosotros sólo hemos denunciado posibles conexiones entre etarras e islamistas, que no se han investigado con el rigor que se merecen». «No traten de silenciar al discrepante, o al que simplemente dice o quiere saber la verdad», dijo.

El ministro respondió que siempre ha contestado a todas las preguntas orales y escritas que le ha planteado Del Burgo sobre este asunto, y que también le ha enviado todos los informes que ha solicitado y le remitirá todavía «varias decenas de miles de páginas». «En todas ellas le dirán una y otra vez lo mismo: no existe ninguna relación o, al menos, ninguna evidencia de que ETA haya participado», insistió Rubalcaba.

Una información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Una senadora dice que no se garantiza la defensa de los acusados del 11-M

MADRID.- La senadora del PP Rosa Vindel acusó ayer al Gobierno de no garantizar el derecho de defensa que tienen los acusados del 11-M. Dijo que a los abogados de oficio que intervienen en este caso se les han facilitado los medios que necesitan ahora, cuando sólo faltan cuatro meses para el inicio del juicio, porque así no tendrán tiempo para prepararlo bien.

Indicó que el Gobierno pretende «salvar las apariencias» y programarlo de tal manera que el juicio termine en marzo de 2008, poco antes de las elecciones.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo que el Gobierno apoya a los abogados de oficio, al juez y a la fiscal, para que se celebre un juicio «con todas las garantías». Añadió que el PP, más que controlar al Gobierno, es aficionado «al disparate y al esperpento, cuando no a la mentira plana y dura», y explicó lo que se ha facilitado a los letrados de oficio.

Una información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Aguirre compara las informaciones del 11-M con las de los GAL

«Así se descubrieron crímenes de Estado», dice Gallardón pide fortalecer las «instituciones»

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió ayer que no se descalifiquen las «informaciones periodísticas» sobre los atentados del 11-M en Madrid, y llegó a señalar que así fue, precisamente, como se descubrieron en su día «crímenes de Estado» como los de los GAL.

De manera literal, la dirigente popular se preguntó en la Cope: «¿O es que no tenemos en España ejemplos de que aún 14 años después, como el caso de los GAL, se han descubierto crímenes de Estado por investigaciones periodísticas?».