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Informe del Acido Bórico

'Caso Bórico': Santano, Mélida, Andradas y Ramírez al banquillo (24 de febrero de 2007)

Por Narrador - 24 de Febrero, 2007, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La Policía Científica al banquillo por falsificar el informe 'ETA/11-M'

La Audiencia de Madrid confirma la decisión de la juez Gallego de iniciar la preparación del juicio contra Santano, Mélida, Andradas y Ramírez. Ve contra ellos «indicios sólidos» que EL MUNDO denunció

MADRID.- La cúpula de la Comisaría General de Policía Científica, encabezada por su jefe, Miguel Angel Santano, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados al existir «indicios sólidos» de que pudo cometer un presunto delito de falsedad documental al alterar un informe pericial incorporado al sumario del 11-M.

Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto en el que rechaza el recurso que Santano, Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez interpusieron contra la decisión de la juez Gemma Gallego de iniciar la preparación del juicio oral contra los cuatro mandos policiales. La Audiencia ha respaldado a la instructora.

La resolución supone un nuevo espaldarazo a la actuación de la juez instructora, Gemma Gallego -que «cumple escrupulosamente con las exigencias legales y jurisprudenciales», afirma la Audiencia-, en la misma medida en que representa otro varapalo a la Fiscalía y la Abogacía del Estado en este proceso. La posición de ambas en apoyo al recurso de los imputados es desautorizada.

La Sección Tercera de la Audiencia de Madrid, que ha confirmado todas las decisiones de Gallego recurridas en apelación, ha ratificado esta vez el auto por el que, el pasado 10 de enero, la instructora acordó concluir la investigación e iniciar la fase de preparación de juicio oral contra el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, el secretario general Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas; y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez.

La juez insistía en la existencia de indicios de falsedad documental y/o falso testimonio en la conducta de los cuatro mandos policiales, a los que se acusa de participar en la alteración del informe elaborado por sus subordinados Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la vivienda de un detenido por el 11-M, Hasan Haski, ahora sentado en el banquillo de los acusados de la Casa de Campo.

Los tres peritos a los que Ramírez, el jefe del laboratorio, asignó el informe hicieron constar unas Observaciones en las que recordaban que esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.

De tres a seis años

La alteración de ese informe con el fin de que al sumario del 11-M no llegara ninguna referencia a ETA es lo que va a conducir al banquillo a los cuatro principales responsables de la Policía Científica. Tras la resolución de la Audiencia, la juez Gallego tiene vía libre para resolver sobre la apertura de juicio oral, solicitada por varias acusaciones populares, que piden para los cuatro imputados penas de tres a seis años de cárcel. La previsible decisión de Gallego de abrir juicio oral es irrecurrible, por lo que, en la práctica, Santano, Mélida, Andradas y Ramírez tienen ya un pie en el banquillo.

Para la Audiencia, «resulta evidente» que existen «sólidos indicios de la comisión de hechos punibles» en la alteración del informe pericial de Escribano, López y Manrique.

A su juicio, el debate sobre si ese informe inicial era o no un documento oficial es «inane» porque «lo esencial es examinar el informe elaborado por Ramírez», que fue el que se envió al sumario del 11-M.

«En dicho informe», dice la Audiencia, «se contienen una serie de afirmaciones que no se corresponden con la realidad». El auto las enumera:

«Se expresa como objeto del informe el 'análisis de las muestras' cuando, en el oficio de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) exactamente se solicitaba 'estudio, análisis e informe pericial'».

«Se afirma que de las muestras se hizo cargo el facultativo con carné profesional 195, esto es, el imputado Ramírez, cuando lo cierto es que fue Manrique».

«Se expresa que Ramírez procedió a utilizar las técnicas analíticas que permitieron identificar las muestras como ácido bórico, cuando Ramírez ni llevó a cabo personalmente tales técnicas, ni formó parte del equipo que las realizó».

Pero, además, Ramírez «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes, donde constaba como perito designado Escribano, y confeccionó personalmente un nuevo sobre en el que ya aparecía él como perito». Item más, Ramírez «ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de Muestras, tapando con tippex el nombre de Escribano y poniendo el de Ramírez».

La Audiencia contesta el argumento de la Fiscalía y del defensor de los imputados, José Antonio Choclán, de que todas esas actuaciones de Ramírez carecen de relevancia delictiva porque, como jefe del laboratorio, podía hacerlas y, además, eran intrascendentes.

«No es tal el parecer de esta Sala», contesta la Audiencia, que estima, por el contrario, que «las diligencias practicadas no permiten, en modo alguno, asumir las argumentaciones de los recurrentes sobre la atipicidad [penal] de los hechos».

El Tribunal indica que si el cargo de Ramírez le confería tan amplio poder, «habría bastado con que reprodujera textualmente el informe emitido por los peritos, suprimiendo las observaciones de las que discrepaba y firmándolo en su condición de jefe de laboratorio».

«Sin embargo no lo hizo así, sino que introdujo las variaciones descritas en el informe pericial y además llevó a cabo una serie de actuaciones concretas que, podría inferirse, iban destinadas a dotar de verosimilitud a tales alteraciones», añade.

La Audiencia considera de especial trascendencia la alteración relativa a la persona que se hizo cargo de las muestras de la sustancia intervenida a Haski, «variación que se vio acompañada de la desaparición de la hoja de custodia en la que se reflejaba la cadena de custodia de las muestras». Ramírez, que ha declarado a la juez que actuó tras consultarlo con Mélida, «varió la persona receptora de las muestras y se designó nuevo perito no mediante un procedimiento de reasignación que constara documentalmente, sino acudiendo, al parecer, a las vías de hecho, esto es, rompiendo el sobre original, confeccionando personalmente y a pesar de su condición de jefe de laboratorio uno nuevo y alterando con tippex el Libro de Registro».

La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Abad, añade que Ramírez, «tampoco realizó ninguna técnica analítica -quizá porque su titulación es la de geólogo y no la de químico- sino que se limitó a reproducir las citadas por los peritos en su informe, suprimiendo tres de ellas -ignoramos por qué razón - y firmando como único perito -contrariamente a la practica constante- el mencionado informe».

CONTRA LOS PERITOS, 'EL MUNDO' Y LA JUEZ

«Fabricar pruebas o el fin que justifica los medios. Los peritos colaboraron en la trama montada por el ex director de la Policía, Agustín Díaz de Mera, y el diario 'EL MUNDO'» El País, 30-9-2006

«...desmonta la veracidad de la información publicada por EL MUNDO [...] empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española...» ABC, 30-9-2006

«...la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al CGPJ...» «...admitió una denuncia de la asociación que patrocina Esperanza Aguirre y les abrió diligencias por falsedad». El País, 23-2-2007

Una información de María Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Cuatro mandos policiales irán a juicio por alterar el informe que relacionó ETA y el 11-M

La Audiencia de Madrid aprecia «indicios sólidos de la comisión de hechos punibles». Acusa al jefe de los peritos de modificar el dictamen del ácido bórico e intentar darle «verosimilitud»

Madrid - La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de la juez Gema Gallego de llevar a juicio a cuatro mandos policiales, encabezados por el comisario general de la Policía Científica, Miguel ángel Santano, acusados de falsedad documental por alterar el informe que relacionaba el 11-M con ETA a cuenta del ácido bórico hallado en el piso de un comando etarra y en el domicilio de uno de los procesados por los atentados de Madrid, Hassan El Haski, uno de los presuntos ideólogos de la matanza. Los magistrados rechazan que pueda acordarse el archivo de la causa, que habían solicitado tanto los abogados de los imputados como la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Audiencia de Madrid, en un escrito de nueve folios, es concluyente acerca de los motivos que le llevan a confirmar la decisión que en su día tomó la juez Gallego. La Sala no comparte el criterio de los recurrentes de que los hechos carecen de relevancia penal. Muy al contrario, concluye que las diligencias practicadas hasta el momento «no permiten, en modo alguno, asumir las argumentaciones de los recurrentes sobre la atipicidad» de los hechos. En su opinión, «resulta evidente» que existen «indicios sólidos de la comisión de hechos punibles». Según los magistrados, el auto de la juez Gallego «cumple escrupulosamente con las exigencias legales y jurisprudenciales».

«Destruyó el sobre original»

Para los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Madrid -Adrián Varillas, Juan Pelayo y María Pilar Abad- el informe elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique no pueda ser considerado oficial, como mantienen los recurrentes, es irrelevante a estos efectos. Y es que, insisten, el informe que realizó el jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez (en el que eliminó las referencias a ETA) sí es oficial y éste contiene «afirmaciones que no se corresponden con la realidad».

Los magistrados hacen hincapié en que Ramírez -uno de los cuatro imputados junto a Santano, el secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida y el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas- ni realizó la analítica que identificó las muestras de ácido bórico «ni formó parte del equipo» que las llevó a cabo.

Ramírez, continúa la resolución, «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes» donde constaba Escribano como perito designado «y confeccionó personalmente un nuevo sobre en el que ya aparecía él como perito». Por si fuera poco, añaden, ordenó variar el Libro de Registro de Muestras «tapando con tippex» el nombre de Escribano y poniendo el suyo propio. Tras alterar el informe, continúa el relato, llevó a cabo una serie de actuaciones tendentes a «dotar de verosimilitud a tales alteraciones».

La Sala incide en que Ramírez no se designó nuevo perito -tras eliminar las referencias a ETA- «mediante un procedimiento de reasignación» sino acudiendo a lo que denominan «vías de hecho»: «Rompiendo el sobre original, confeccionando personalmente y a pesar de la condición de jefe de laboratorio uno nuevo y alterando con tippex el Libro de Registro».

La Audiencia insiste en que si la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) solicitó a la Policía Científica un «estudio, análisis e informe pericial» de las muestras «quizá fuera porque quería de los informantes algo más que el simple análisis». Sin embargo, añade, Ramírez, «en lugar de mantener en su informe el objeto realmente solicitado, lo varió, limitándolo al mero análisis».

Una información de R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

'Caso Bórico': La versión de ABC y EL PAIS (24 de febrero de 2007)

Por Narrador - 24 de Febrero, 2007, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

  

Los cuatro mandos policiales del «caso bórico» se sentarán en el banquillo

MADRID. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de la juez Gemma Gallego, instructora del caso del ácido bórico, de llevar a juicio al máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica y otros tres mandos. La juez les imputa un presunto delito de falsedad documental y/o falso testimonio por modificar un informe en el que el perito Manuel Escribano apuntaba la hipotética relación entre ETA y los autores del 11-M.

La Sección Tercera de la Audiencia desestima, en un auto notificado ayer, el recurso presentado por la defensa de los cuatro mandos de la Policía Científica —el comisario general, Miguel Ángel Santano; el secretario general, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas, y el jefe de Sección de esta Unidad, Francisco Ramírez—, que pidió el sobreseimiento de la causa.

«Indicios sólidos»

La Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado se habían adherido a esta petición, una vez que la juez Gema Gallego dio por concluida la instrucción el pasado 10 de enero y acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado.

La Audiencia da la razón a la juez basándose en que existen «indicios sólidos» de la comisión de delitos, aunque aclara que no es función del instructor ni de la Sala calificar jurídicamente esos hechos, ni es «este tribunal el llamado a enjuiciar la posible responsabilidad de los imputados». Argumenta, asimismo, que el auto de la juez Gallego determina de forma suficiente los hechos punibles, aclara quiénes los cometieron y cuál fue su participación en los mismos.

La Sección Tercera recurre a una sentencia del Supremo de la que fue ponente el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para justificar que «transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado no es una calificación acusatoria anticipada».

El tercer motivo de rechazo al recurso de los policías disecciona la actuación del jefe de sección de Análisis, Francisco Ramírez, de quien se afirma que «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes donde constaba como perito designado Escribano y confeccionó personalmente un nuevo sobre, en el que ya aparecía él como perito, y además ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de muestras» con «tippex».

Ramírez ordenó a Escribano matizar el informe que había elaborado sobre el ácido bórico encontrado en el piso de Hassan el Haski, uno de los imputados en el 11-M —la misma sustancia hallada en un piso de ETA en Salamanca tres años antes—. Según la Audiencia, Ramírez introdujo variaciones en el informe pericial y llevó a cabo unas actuaciones «destinadas a dotar de verosimilitud tales alteraciones». Tanto la Fiscalía como la defensa entienden que esas alteraciones son intrascendentes.

La juez instructora deberá ahora pedir opinión a las partes sobre si se archiva la causa —la Fiscalía, la Abogacía del Estado y, por supuesto, la defensa de los acusados mantendrá esta tesis— o continúa adelante hasta la apertura de juicio, lo que se producirá en cuanto lo solicite una de las partes, ya sea acusación particular o popular.

Un texto de C. Morcillo publicado por el diario ABC el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

  


  

La Audiencia Provincial ve indicios de delito en el caso del 'ácido bórico'

Desestimada la petición del fiscal para sobreseer las diligencias

Madrid - La Audiencia de Madrid considera que "existen indicios sólidos de la comisión de hechos punibles" en la actuación de los jefes policiales implicados en el caso del ácido bórico. En un auto notificado ayer, la Audiencia desestima el sobreseimiento del caso y confirma la conclusión de las diligencias decretada por la juez Gemma Gallego y la conversión de las mismas en un procedimiento abreviado, paso previo al juicio por falsedad documental.

El caso del ácido bórico se produce al saltar a la luz que los jefes de la policía científica habían obviado un informe firmado por tres de sus subordinados (tres peritos policiales) que ponían de manifiesto el hallazgo de esta sustancia matacucarachas en el piso de Hassan El Haski, implicado en el 11-M, y en el de dos etarras detenidos años antes en Salamanca.

Los jefes policiales hicieron otro informe y omitieron el detalle del ácido bórico por considerarlo irrelevante para la investigación del 11-M. Mientras, el juez Baltasar Garzón investigó este caso y terminó imputando por falsedad a los tres peritos; la juez Gallego hizo lo mismo, pero concluyó que los acusados no debían ser los peritos, sino sus jefes. Por ello, el pasado mes de enero abrió contra ellos un procedimiento abreviado, lo que significa que ve delito en la actuación de los jefes policiales. Todas las partes recurrieron ese auto ante la Audiencia de Madrid.

La Sección Tercera de la Audiencia da la razón a la juez en los pasos que ha dado hasta el momento: cierre de las pesquisas y conversión de las diligencias en un procedimiento abreviado. Los abogados de los jefes policiales, la fiscalía de Madrid y la acusación particular pidieron a la Audiencia el sobreseimiento del caso por inexistencia de delito. El abogado de la acción popular, que encarna una asociación de víctimas que patrocina la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, también recurrió y pidió que se validase la actuación de la juez de encauzar el caso como procedimiento abreviado.

Falsedad documental

Sin prejuzgar el caso, el tribunal ha entendido que la decisión de la juez Gallego se ajusta a derecho y que, por tanto, puede continuar los trámites del procedimiento abreviado, antesala del juicio oral. Antes de que la Audiencia resolviese los recursos, la juez dio por buena su decisión y siguió los pasos del procedimiento abreviado; es decir, pidió a las partes que solicitarán el sobreseimiento del caso o bien que presentaran acusación.

Todas las partes -salvo la asociación que patrocina Aguirre, que reclama la pena de banquillo para los jefes policiales- pidieron el sobreseimiento de la causa. Hecho esto y tras la decisión de la Audiencia, la juez tiene ahora que decidir si decreta o no la apertura del juicio oral. La fiscalía de Madrid, basándose en una resolución de la Audiencia Nacional, esgrime que legalmente no puede hacerlo porque se lo impide el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que para poder decretar el juicio oral deben pedirlo la fiscalía, que no lo pide, o la acusación particular, representada por la Abogacía del Estado, que tampoco lo pide.

Fuentes jurídicas no descartan que la juez, que tuvo que anular parte de su actuación porque se saltó los plazos a la hora de abrir el procedimiento abreviado, decida sentar en el banquillo a los jefes policiales y que sea la Audiencia la que resuelva este asunto como cuestión previa al inicio del juicio.

Los acusados en este proceso son el comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el secretario general de esta Comisaría, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas; y el jefe de Sección de esta Unidad, Francisco Ramírez.

Un texto de José Antonio Hernández publicado por el diario EL PAIS el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

  

EL PAIS continúa el apoyo a los presuntos delicuentes del 'borico'

Por Narrador - 23 de Febrero, 2007, 6:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

   

El fiscal esgrime el 'caso Botín' para que los policías del 'ácido bórico' eludan el banquillo

Una asociación que patrocinó Esperanza Aguirre es la única que acusa a los jefes policiales

Madrid - La fiscalía de Madrid no sólo no ve delito en la actuación de los jefes policiales del caso del ácido bórico, sino que, además, entiende que este asunto debe ser sobreseído y que los agentes ni siquiera deben pasar por el trance de la pena de banquillo. En el escrito remitido a la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al Consejo General del Poder Judicial, los fiscales fundamentan su petición de sobreseimiento definitivo del caso, entre otros argumentos, en una resolución dictada el 20 de diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La resolución, que evitó que el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, se sentara en el banquillo, fue ponencia del juez Javier Gómez Bermúdez, el mismo que ahora está al frente del tribunal que juzga la matanza del 11-M y que ha sido aupado a la presidencia de esta sala por los actuales vocales mayoritarios y conservadores del Poder Judicial.

De acuerdo con la resolución de Gómez Bermúdez, para que un juez siente en el banquillo a un imputado en un procedimiento abreviado, es imprescindible que lo exijan "el ministerio público" y/o "la acusación particular". En el caso de las diligencias del ácido bórico, esgrimido por los medios próximos al PP para trazar un vínculo entre el 11-M y ETA (la llamada teoría de la conspiración), tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado (la única acusación particular en este proceso) solicitan el sobreseimiento. En el proceso del ácido bórico existe una acusación o acción popular, representada por una asociación de víctimas patrocinada por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP. Pero la única acusación particular es el Estado.

"El juez lo acordará"

El caso que afecta a esta sustancia matacucarachas surge a raíz de que la policía halló ácido bórico en la vivienda de Hassan El Haski, uno de los principales acusados en el 11-M. Tres peritos de la policía científica hicieron un informe dando cuenta de este hallazgo y señalando que una sustancia del mismo tipo había sido encontrada en la casa de dos etarras detenidos años antes en Salamanca y en la de una activista antisistema arrestado en Madrid en 2004. Los jefes policiales de estos peritos entendieron que no cabía establecer una relación merced a ese hallazgo e hicieron otro informe omitiendo ese detalle por considerarlo intrascendente para las pesquisas del 11-M. Pero los medios afines al PP interpretaron esa omisión como un intento del Gobierno de ocultar un supuesto nexo entre ETA y el 11-M.

La juez Gallego admitió una denuncia de la asociación que patrocina Esperanza Aguirre y les abrió diligencias por falsedad. Lo más grave que vio la juez es que uno de los jefes policiales firmó unos análisis de esa sustancia que él no había realizado personalmente. Por ello, les abrió un procedimiento abreviado e instó a las partes, como marca la ley, a que acusaran o pidieran el sobreseimiento. Tras el empuje al caso de la juez, la junta de fiscales de Madrid (15 fiscales) lo analizó y entendió que no había delito en la conducta de los jefes policiales, entre ellos el jefe de la policía científica, Miguel Ángel Santano. En los procedimientos abreviados existe la tendencia de que los imputados tienen que sufrir la pena de banquillo si lo pide alguna de las partes. En este caso, sólo lo pide la asociación que patrocina Esperanza Aguirre. Para que ni siquiera se sienten en el banquillo, la fiscalía de Madrid aporta una resolución del juez Gómez Bermúdez referida a un asunto en el que la acusación popular se empeñó, sin éxito, en llevar al banquillo al presidente del Santander. La fiscalía de Madrid hace suyo el contenido de ese auto en el escrito que ha remitido a la juez Gallego.

Un auto de procedimiento abreviado, como el que la juez Gallego ha abierto a los jefes policiales del ácido bórico, implica que la juez da por concluida la instrucción, entiende que los hechos revisten carácter de delito y que hay personas presuntamente responsables. A continuación, según la ley, el juez debe dar traslado a "todas las acusaciones", sin distinción de clases, ya sean públicas, privadas o particulares, para que presenten acusación e interesen la apertura de juicio; o, en cambio, soliciten el archivo de la causa.

Hasta aquí no hay diferenciación entre las partes. Pero la Audiencia Nacional esgrimió el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ahora se basa la Fiscalía de Madrid, que dice literalmente: "Si el ministerio fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (...) el juez lo acordará". El legislador no habla en global de las partes: cuando quiere matizar a qué tipo de parte se refiere lo hace y diferencia entre acusador particular, privado o acción popular. En este caso, según fuentes fiscales, el artículo 782 habla nítidamente del ministerio fiscal y de la acusación particular (en este caso, la abogacía del Estado). Si ambas piden el sobreseimiento, como así ocurre en el caso del ácido bórico, "el juez lo acordará".

Las otras partes que hay en el proceso del ácido bórico son las defensas, que también piden el sobreseimiento, y la acción o acusación popular (la patrocinada por Esperanza Aguirre), que pide condena y pena de banquillo. Entiende el actual presidente del tribunal del 11-M que "el legislador usa el lenguaje con propiedad" y que cuando alude al ministerio fiscal y a la acusación particular se refiere sólo a ésas y no a las otras. Y que si esto es así, el juez no tiene más remedio que archivar.

En el escrito que la fiscalía ha remitido a la juez Gallego se indican, además, otros motivos en los que fundamenta la inexistencia de delito. Hassan El Haski, en cuya casa se halló la polémica sustancia, ha negado en el juicio del 11-M tener relación con ETA y ha tachado de "película" un asunto en el que los medios afines al PP han empleado decenas de páginas y de horas de radio.

Un texto de José Antonio Hernández publicado por el diario EL PAIS el viernes 23. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

  

La Fiscalía pedirá el archivo del proceso a Santano contra el criterio de la fiscal del caso

Por Narrador - 27 de Enero, 2007, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

MADRID.- La Fiscalía pedirá el archivo de las diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid contra la cúpula de la Policía Científica por alterar el informe que elaboraron tres peritos sobre el ácido bórico intervenido a un procesado por el 11-M. Los peritos recordaron el precedente de que esa misma sustancia fue encontrada en un piso de ETA, vinculación que los mandos de Policía Científica no quisieron que constara en un informe cuyo destino erael sumario del 11-M.

En contra del criterio de la fiscal del caso -que aprecia, al igual que la juez de instrucción, que el comisario Miguel Angel Santano y tres de sus mandos cometieron presuntos delitos de falsedad documental y tentativa de falso testimonio- la Junta de Fiscales Decanos estimó ayer, por mayoría, que no hay motivos para sostener la acusación.

Los 16 fiscales decanos del Tribunal Superior de Madrid que tienen competencias penales se reunieron ayer con el fiscal jefe, Manuel Moix, para discutir la postura del Ministerio Público en este asunto. La juez instructora, Gemma Gallego, dictó el 10 de enero un auto en el que concretaba los indicios de delito que aprecia contra los cuatro mandos policiales y solicitaba al fiscal y a las acusaciones que presentaran escrito de acusación o pidieran al archivo.

Ésta segunda será la postura de la Fiscalía de Madrid, satisfaciendo el deseo del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.

Tras una reunión de tres horas, 11 de los 16 fiscales decanos opinaron que Santano; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas, y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez, no incurrieron ni en falsedad documental ni en falso testimonio. Los otros 5 respaldaron parcialmente el criterio de la fiscal del caso al apreciar indicios de falsedad documental.

Para la mayoría, el informe elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique no era un documento oficial, ya que nunca llegó a tener los sellos oficiales que hubieran supuesto su introducción en el tráfico jurídico.

Lo que se produjo, estiman, fue una reasignación del peritaje a la vista de que el informe presentado por los tres funcionarios no convenció a los mandos.

La mayoría defendió que Ramírez tenía facultades para rechazar el informe de los peritos. De esta forma, no habría habido manipulación del documento inicial sino emisión de un documento nuevo.

El hecho de que Ramírez asegurara en ese documento, de modo incierto, que él había realizado los análisis del ácido bórico es irrelevante desde el punto de vista penal para la mayoría de los fiscales decanos: uno de los peritos firmantes (Manrique) no llevó a cabo prueba alguna, mientras que una de las técnicas esenciales (la difracción de rayos X) fue realizada por un cuarto funcionario que no aparece en el informe.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 27 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

EL PAIS sugiere una fiscalia dividida sobre el caso del ácido bórico

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La fiscalía, dividida sobre la actuación del superior de los peritos del ácido bórico 

El mando policial suprimió una observación que relacionaba de forma gratuita a ETA con el 11-M

Madrid - La fiscalía de Madrid está dividida respecto a la actuación de Francisco Ramírez, jefe policial de los tres peritos que firmaron un informe en el que relacionaron a ETA con los atentados del 11-M por la coincidencia de ácido bórico hallado en los domicilios, en años diferentes, de un islamista y un miembro de la banda terrorista.

De momento, con los datos que figuran en las diligencias que tramita la juez Gemma Gallego, titular del Juzgado 35 de Madrid, la jefatura de la fiscalía madrileña entiende que no existe delito, mientras que la fiscal adscrita al juzgado, Patricia Fernández, sí ve indicios de "falsedad formal" en la actuación de Ramírez, quien en su calidad de superior de los tres peritos retiró del informe las observaciones en las que se vinculaba a ETA con el 11-M sin base alguna.

El juez Baltasar Garzón, que investigó inicialmente el caso, solicitó las normas internas de elaboración de informes y concluyó que dentro del capítulo de observaciones los peritos no podían inducir la relación entre ETA con el 11-M. Asimismo, estimó conforme al protocolo de actuaciones que su jefe eliminara la observación en el informe definitivo enviado al juez.

Fuentes del entorno del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, dicen que éste no ve indicios de delito ni en la actuación de los peritos ni en la de los mandos policiales.

La juez Gallego, candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial -para lo cual dependerá del voto del Partido Popular- ha interrogado como imputados a tres jefes de los peritos: Francisco Ramírez, jefe de Analítica de la Policía Judicial; Pedro Luis Mélides, secretario general de Policía Científica, y Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica.

Control de calidad

La fiscalía de Madrid está a la espera de que concluya la instrucción para pronunciarse. La fiscal Fernández ha estado en todos los interrogatorios y no ha pedido la imputación de nadie. Ha apoyado el levantamiento parcial del secreto que pesaba sobre las diligencias y solicitó a la juez Gallego que solicite la normativa sobre control de calidad que regula la confección de informes científicos en la Policía. En esa normativa, entre otras cosas, se basó Garzón para dictaminar que la actuación de Ramírez y del resto de los mandos había sido correcta y ajustada a derecho. La misma deja en manos de los mandos policiales la supervisión y revisión para que los informes periciales se ajusten a las normas de calidad.

La fiscalía ha celebrado ya un primer encuentro para definir la calificación de los hechos, en el que participó la fiscal del caso. En esa reunión, el fiscal jefe Moix efectuó una primera valoración provisional, en la cual propuso el archivo de las diligencias al entender que no hay delito ni en la actuación de los peritos ni en la de sus jefes.

La fiscal no ha apreciado delito de falsedad en la conducta de los tres peritos que firmaron el informe en julio de 2006 con fecha de 2005 y sostiene que al menos uno de los jefes policiales, Ramírez, ha podido cometer una falsedad formal.

Ramírez, en su declaración como imputado ante la juez, admitió que comentó a Manuel Escribano, perito que redactó el informe, que debía eliminar, por irrelevante, una observación que hacía en el informe respecto al hallazgo de ácido bórico (sustancia química que, entre otras cosas, sirve para matar cucarachas) en casa de dos etarras detenidos en 2001, en la de un militante antisistema arrestado en Madrid y en la de un islamista detenido en Canarias en relación con los atentados de Casablanca.

En dicha observación, calificada de "mera elucubración" por los mandos policiales, se describía el ya mencionado nexo entre ETA y el 11-M. Escribano se negó a eliminar la citada observación y dejó el informe sobre la mesa de Ramírez. Éste eliminó la observación y lo hizo suyo con su firma amparándose en la facultad que, como jefe, le otorgan el protocolo interno de actuaciones.

Ramírez afirmó primero que él había realizado los análisis del ácido bórico, aunque más tarde rectificó, en la declaración ante la juez Gallego, al señalar que había dado por buenos los exámenes realizados por sus subordinados, los tres peritos citados. Según fuentes jurídicas, la fiscal Fernández señala que en esta conducta podría haber "falsedad formal".

Cuestión distinta, señalaron las fuentes a este periódico, es que esa acción de Ramírez "tenga relevancia penal".

Texto de José A. Hernández publicado por el diario EL PAIS el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Santano niega ahora ante la juez que avalara la eliminación de las referencias a ETA

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Afirma que Mélida no le comunicó qué decían las observaciones del informe de los tres peritos Hace un mes dijo que la supresión fue correcta y que «si volviera a ocurrir lo volvería a quitar»

MADRID.- Miguel Angel Santano, máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Su titular, la magistrada Gemma Gallego, investiga si los mandos policiales que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA incurrieron en un delito de falsedad documental.

La manipulación de ese informe fue desvelada por EL MUNDO el pasado 21 de septiembre. Fue entonces cuando trascendió que el informe elaborado por los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda del procesado Hasan Haski fue manipulado antes de su remisión al juez Del Olmo.

Entre otras alteraciones, el informe enviado al instructor del 11-M no incluía las tres observaciones que hicieron constar los peritos. En ellas, mencionaban los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.

El mismo 21 de septiembre, Santano hizo pública una nota -que también envió por fax a la Audiencia Nacional- en la que aseguraba que «cuando el comisario general [el propio Santano] fue informado del tema, le pareció correcta la remisión del informe íntegro, eliminando las observaciones, como así se hizo».

En una entrevista concedida días después a un medio del grupo Prisa, Miguel Angel Santano declaró que «si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar».

Ayer, sin embargo, el comisario tuvo que declarar como imputado y el tenor de sus manifestaciones fue diferente en cuanto a conocimiento de los hechos y en cuanto a la asunción de la responsabilidad.

Según el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Santano arrancó diciendo que «tuvo conocimiento de lo que ocurrió con el informe pericial cuando leyó la noticia en EL MUNDO, el mismo día que firmó la nota, el 21 de septiembre» pasado.

Añadió que habló con el segundo jefe y secretario general, Pedro Luis Mélida, «que le comunica que ya ha sacado toda la información, que contrastan juntos».

Santano afirmó que fue entonces cuando «comprobó los dos informes», aunque matizó que el de los tres peritos «no es un informe en sí, sino un borrador». También Mélida le informó «de todos los hechos que ocurrieron».

El comisario general ratificó ante la juez que las observaciones hechas por los peritos en su informe no eran «más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno».

La juez le preguntó qué supo sobre los hechos cuando sucedieron, esto es, en marzo de 2005. El comisario general eludió el día 21 (que fue cuando los tres peritos entregaron el dictamen a su superior, el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez), y se remontó a dos días más tarde. «El 23 de marzo de 2005», consta en la declaración, «el funcionario que me sustituye [Mélida] me hace la comunicación de novedades, pues yo me encontraba de vacaciones, y me comunica que ha habido un problema con un informe que habían elaborado unos peritos y que, habiéndoseles comunicado que deberían modificarlo, se habían negado».

Según Santano, Mélida le dijo: «El tema está resuelto», y no le explicó el contenido de las observaciones. Cuando la juez quiso saber si preguntó de qué forma se había resuelto, respondió: «No recuerdo».

La representante del Ministerio Fiscal incidió en este punto. Santano manifestó: «No se me hizo saber que el informe era relativo al 11-M». «Seguramente», añadió, «me citarían el nombre de los peritos». Preguntado por si no le parecía extraño que le dijeran la identidad de los peritos y no de qué informe se trataba, el comisario general dijo que no. «Nunca he conocido que los peritos se nieguen a modificar los informes, por eso la novedad».

Santano se negó a contestar a las preguntas del abogado José María de Pablo, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y a las del letrado José Benítez, que actúa como acusación popular.

Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió ayer en defensa de Mélida, Santano y Ramírez, a los que considera «tres profesionales íntegros, víctimas de la voluntad política y mediática de utilizar este Cuerpo como arma arrojadiza». Asimismo, el SUP denuncia «la manipulación de la periodista» de EL MUNDO que firmaba una información el pasado sábado sobre que Mélida había admitido que se vulneraron las normas al alterar el informe ETA/11M. El sindicato considera que esta información «no se corresponde con la verdad».

«No sé si el perito que firmó el análisis lo hizo»

Refugiado en que las normas de calidad del laboratorio de ADN -al parecer, aplicables por extensión al laboratorio químico, «aunque no hay disposición» que lo diga», admitió- no avalaban el informe sobre el 11-M en el que se citaba a ETA, Santano tuvo que descalificar ayer el trabajo de tres de sus subordinados (Escribano, López y Manrique) para tratar de exculpar a su segundo, Pedro Mélida, y al responsable del laboratorio, Francisco Ramírez, firmante del dictamen mutilado que se envió al juez del 11-M.

Pese a ello, no pudo evitar la confrontación del comportamiento de estos últimos con esas mismas normas de calidad. «¿Dónde figura que quien no ha hecho un informe pericial pueda firmarlo?», se le preguntó. El comisario general dijo: «No sé si el perito que firmó el análisis de las muestras lo hizo».

«Si el análisis se hubiera hecho por alguien del laboratorio, lo consideraría correcto», dijo citando ante la juez sentencias del Supremo que, según manifestó, avalan que un perito certifique en un informe remitido al juez que ha hecho unas pruebas analíticas que, en realidad, no hizo.

Según él, en las normas de calidad no figura que un perito pueda firmar lo que no ha hecho, «pero tampoco lo contrario». «No es lo mismo un informe pericial que las pruebas analíticas, que son parte de un informe. El que firma el informe tiene que haber revisado las pruebas analíticas que figuran en él», explicó.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Santano declara como imputado: La Versión de ABC y EL PAIS

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

El jefe de la Policía Científica dice que nunca ha visto a un perito negarse a matizar informes

MADRID. El jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, ratificó ayer ante la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gema Gallego, que las observaciones que los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en el borrador -en el que relacionaban a ETA con el 11-M a través del ácido bórico- «no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno». Por tanto, concluyó, no debían ni podían constar en un informe científico.

Santano aseguró ante la juez que el 23 de marzo de 2005 el funcionario que le sustituía durante sus vacaciones le comunicó que «había un problema con un informe que habían elaborado unos peritos», pues al ordenarles que eliminaran de su escrito esas «consideraciones subjetivas», se habían negado a hacerlo.

El jefe de la Policía Científica señaló que si le comunicaron este hecho como una incidencia fue porque es «inhabitual» que un perito se niegue a cambiar un informe. De hecho, sentenció Santano, no lo ha visto nunca en su vida profesional. Aseguró que en aquel momento no se cuestionó el contenido de las observaciones que no querían eliminar los peritos, sino su simple negativa.

Pero Santano no sólo tildó de «inhabitual» que los peritos no quieran modificar su escrito, sino también que en un informe pericial se haga referencia a otros informes (como sucedió en esta ocasión, en la que se vinculó el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de Hassan El Haski con la aparición de esta sustancia en el piso de un comando de ETA).

«Ignoraban su aplicación»

Esta circunstancia sólo se daría en la práctica cuando se están analizando sustancias, productos o explosivos «idénticos a los aparecidos en otros informes». No era éste el caso, pues los propios peritos incluyeron como una de sus observaciones que «ignoraban» la «verdadera aplicación» del bórico «en relación con estos hechos».

Fue esta consideración subjetiva en la que se basó Santano para calificar estos apuntes como «elucubraciones», pues si peritos «ignoran», tal y como ellos mismos reconocen, las aplicaciones de esta sustancia, el resto de observaciones también carecerían de validez.

Respecto a la asunción del informe por parte de Francisco Ramírez (jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica) -tras la negativa de los peritos a modificarlo-, Santano aseguró ayer que las reasignaciones «pueden ser frecuentes», como también lo puede ser el hecho de que un informe esté firmado por un sólo perito y no por varios.

Texto de Nati Villanueva publicado por el diario ABC el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El jefe de Policía Científica acusa a tres peritos de hacer elucubraciones 

Santano niega valor al nexo entre ETA y el 11-M por el ácido bórico

Madrid - Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica, compareció ayer ante la juez de instrucción Gemma Gallego en relación con una supuesta falsedad en el informe sobre el ácido bórico que hicieron tres peritos y que modificó su jefe para eliminar las observaciones que apuntaban a una relación entre ETA y el 11-M. Santano recordó que esas observaciones sólo eran elucubraciones sin base y por eso fueron eliminadas.

Santano compareció como imputado para ratificar su versión de los hechos, que él mismo hizo pública una vez que se conocieron. Esa versión defiende la gestión de los superiores de los tres peritos que elaboraron un informe en el que tras afirmar que lo encontrado en casa de un islamista era ácido bórico y reconocer que ignoraban qué aplicaciones podía tener para elaborar artefactos explosivos, vinculaban al supuesto terrorista con ETA porque en un piso franco de esta organización también se había hallado ácido bórico.

Los superiores de los peritos pidieron a éstos que modificaran el informe en lo relativo a las observaciones al carecer de base. Los peritos se negaron por lo que el caso fue reasignado a su inmediato superior, que firmó el informe eliminando las observaciones. Un año después, los tres peritos firmaron una fotocopia del informe fechado un año antes para hacerlo pasar por oficial, y el juez Baltasar Garzón les imputo por un delito de falsedad documental y les acusó de filtrar ese informe a un medio de comunicación determinado.

Santano defendió ayer en su declaración a la juez que los superiores de los peritos retiraron las observaciones donde vinculaban a ETA y el 11-M porque "no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamental científico alguno y, por lo tanto, no debían ni podrían constar en un informe científico".

Santano argumentó en su declaración que los peritos escribieron en su informe que ignoraban la aplicación del ácido bórico en atentados terroristas y que, a partir de esa apreciación, "el resto carecía de validez".

Respecto a la reasignación de un caso, como ocurrió con el informe sobre el ácido bórico, Santano declaró que "pueden ser frecuentes" y que lo que no era habitual era que un perito se negara a modificar un informe: "A mí no me ha pasado nunca en mi vida profesional, llevó desde el 4 de junio de 2004 en la comisaría general de Policía Científica y antes he sido comisario de Policía Científica en Madrid durante casi seis años".

El mando policial fue preguntado respecto a sí el perito que firma el informe definitivo hizo realmente los análisis para determinar si lo encontrado en casa de los islamistas era ácido bórico, a lo que Santano contestó que no sabía, pero que si el análisis de muestras se hubiera hecho por parte de alguien del laboratorio, algún perito lo podía considerar correcto, y aludió a sentencias del Tribunal Supremo que avalan esa práctica.

La juez le preguntó si en el manual que regula cómo se hacen los informes periciales cabe la posibilidad de que éstos sean firmados por algún policía que no ha hecho esos informes. Santano contestó que en el manual "no figura eso ni lo contrario". También aseguró que cuando le comentaron esta incidencia, no se le hizo saber que el informe era relativo al 11-M.

Texto publicado por el diario EL PAIS el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los policías no respetaron los manuales en el informe que vincula a ETA y el 11-M

Madrid - La Comisaría General de Policía Científica remitió el pasado 27 de octubre a la juez de instrucción número 35 de Plaza de Castilla un informe sobre el Manual de Normas de Procedimiento de la Comisaría General de Policía Científica, aprobado en 1995 y que han sufrido "varias reediciones", la última de 30 de junio de 2001.

El manual se refiere al informe pericial demostrativo de una identificación lofoscópica y es así porque, según explica la Comisaría General de Policía Científica, "era el informe pericial más numeroso y se pretendía que se ajustase a una estructura uniforme para toda la organización, estableciendo este modelo como obligatorio salvo casos o circunstancias excepcionales". Como continuación de este manual se elaboraron otros manuales de calidad.

El vigente en la actualidad, en su procedimiento general número 8, relativo a gestión de los ensayos y emisión de informes, señala que estarán compuestos de seis apartados: antecedentes, examen preliminar, técnicas aplicadas, resultados, conclusiones y observaciones.

Fue en el último capítulo, el de observaciones, el que utilizaron los tres peritos para incluir una tesis respecto al ácido bórico encontrado en la casa de un islamista. Esa tesis apuntaba que dado que esa sustancia, nunca antes vinculada a ningún explosivo ni a ningún atentado terrorista en España, había sido encontrada en casa de unos etarras, o bien etarras e islamistas estaban relacionados entre sí, habían recibido la misma formación o eran los mismos autores.

Sin embargo, el manual remitido a la juez explica lo que se debe incluir en las observaciones: "Se especificará de forma clara las muestras que se remiten con el informe pericial, las que se agotaron en los análisis o las que quedan conservadas en el laboratorio". Los peritos olvidaron el manual, no pusieron ninguno de esos datos y elucubraron con la posible vinculación entre ETA y el 11-M.

Texto publicado por el diario EL PAIS el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Santano se desdice para eludir el banquillo (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La declaración ante la juez del jefe de la Policía Científica dejó ayer en evidencia flagrantes contradicciones entre su actitud como imputado y la que ha mantenido cuando EL MUNDO destapó hace un mes la falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11-M. Basta cotejar lo que Santano aseguró ayer con las respuestas que entonces dio en televisión y con su nota de respuesta a la información de EL MUNDO para concluir que ha faltado a la verdad. Dice Santano que en ningún momento avaló la eliminación en el informe de las referencias a ETA. Es más, asegura que lo único que su segundo le dijo en marzo de 2005 fue que unos peritos se habían negado a modificar un informe y añade que se enteró por EL MUNDO de los detalles de la manipulación y de que ésta guardaba relación con el 11-M. La versión a la que ahora parece haberse abonado Santano no se sostiene. Es impensable que su segundo le contara a medias un incidente tan delicado. En la nota de respuesta a nuestras revelaciones, el propio Santano reconoció que cuando fue informado «le pareció correcta la remisión del informe íntegro eliminando las observaciones» y ante Iñaki Gabilondo afirmó sin rubor y con uniforme -ayer acudió a declarar de paisano-: «Si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar». ¿Por qué ahora dice justo lo contrario? No cabe duda de que, al cambiar de versión, Santano intenta eludir el banquillo, pero todo acusado tiene derecho a mentir en su estrategia de defensa.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"La ley y las normas de calidad" por Fernando Peregrin

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

El autor, uno de los mayores expertos en Europa en la normativa sobre control de calidad, cuestiona desde una perspectiva técnica la validez del informe que firmó el jefe de sección de la Comisaría General de la Policía Científica, Francisco Ramírez

Hemos visto en un artículo anterior (”Con la excusa de la calidad” publicado en EL MUNDO el pasado sábado) que, en el ámbito de las normas internacionales sobre el aseguramiento y control de calidad, no se sostiene la consideración de borrador que se ha querido dar al informe original de los peritos que recibieron las muestras del ácido bórico y realizaron los ensayos químicos pertinentes, emitiendo en consecuencia un informe del resultado en el que se detallaron las técnicas analíticas que condujeron a dicho resultado.

Tampoco se sostienen los procedimientos irregulares seguidos por ciertos responsables del laboratorio para cambiar unas observaciones que figuraban en el documento original y que se juzgaron por parte de dichos responsables como improcedentes, cuando no erróneas.

Ahora bien, ¿se podría considerar, con las oportunas salvedades, el informe original de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, a efectos de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), como un borrador del informe pericial que finalmente emitió y firmó el jefe de sección de la Comisaría General de la Policía Científica, Francisco Ramírez?

Si así fuese, se podría admitir que, aunque no se han respetado las más elementales normas de aseguramiento y control de calidad de carácter internacional relativas a los laboratorios de ensayo, al menos cabría la interpretación de que el informe original es un documento técnicamente válido según las reglas de todos los sistemas de calidad vigentes, pero que sólo ha servido, dadas las observaciones que en él se incluían, como borrador para el informe final, que es el único oficial y el único que tiene, según los responsables de la Policía Científica, la consideración de informe pericial.

El primer escollo para esta interpretación de lo actuado por el señor Ramírez -con, al parecer, el consentimiento de sus superiores- podría provenir del artículo 459 de la LECr, que dice textualmente que «todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos» (en este caso no se puede tomar en consideración, por razones obvias, la salvedad que hace la ley para la circunstancia en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuese posible la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario).

El informe que emitió el señor Ramírez lleva sólo su firma, por lo que, en principio, parece que carece de validez como informe pericial; y se daría además la incongruencia de que el pretendido borrador, por el contrario, va firmado por tres peritos. Empero, hay sentencias del Tribunal Supremo que permiten que se emitan y firmen informes periciales por un responsable de la unidad técnica o científica que ha realizado el peritaje. Sirva como ejemplo una bien reciente, la sentencia 1302/2005. En ella se puede leer:

«Precisamente, por las condiciones de laboratorio público, dotado de la imparcialidad que caracteriza la función de la Administración pública y por la naturaleza oficial del laboratorio, que incorpora a varios profesionales que trabajan en el mismo, la jurisprudencia de esta Sala ya admitió que los informes periciales firmados por una persona, como responsable del laboratorio oficial, rellenaban la exigencia de pluralidad de peritos que exige el artículo 459 para las causas tramitadas en el procedimiento ordinario por delitos».

Obsérvese que esta sentencia, como otras, se refiere a informes periciales firmados por responsables de laboratorios u otros departamentos e instituciones de la Administración pública, a la que se le supone imparcialidad. Es decir, que el responsable debe firmar como tal y no como autor de unos ensayos u otras actuaciones que no ha llevado a cabo. Sin embargo, para que estos informes se puedan considerar periciales, han de cumplirse unos requisitos, tal y como se especifica, más adelante, en esta misma sentencia:

«En el presente procedimiento, el Ministerio Fiscal, en el escrito de acusación, comprendió en su relato la naturaleza y cantidad de las sustancias aprehendidas tal y como aparecían en los folios 33 a 36, que documentaban el informe emitido por la dependencia de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en el que constan la intervención de distintas personas que han intervenido en la cadena de custodia de la sustancia tóxica y la identificación de la sustancia tras la analítica realizada. Dicho Ministerio Fiscal propuso, como medio probatorio documental, todos los folios de las actuaciones».

Para que tenga validez de informe pericial el firmado por un responsable y no por los autores del acto pericial en sus diferentes etapas o procesos, es necesario que en dicho informe conste la intervención de las distintas personas que han intervenido en la cadena de custodia de la prueba material objeto del peritaje y en el acto de su identificación tras la analítica realizada, caso de ser ésta pertinente y necesaria. Y que, además, sea posible probar documentalmente todas y cada una de esas actuaciones.Lo cual es, además, lo que se exige en el artículo 478 de la LECr.

Difícilmente se puede argüir que lo sucedido en el llamado caso del ácido bórico se corresponde con la jurisprudencia del Supremo relativa a los informes periciales, pues las irregularidades denunciadas ante el Juzgado de Instrucción que se ocupa de este caso han dañado seriamente la llamada cadena de custodia de la prueba, que no se ha roto del todo precisamente porque los peritos Escribano, López y Manrique han conservado la documentación necesaria para permitir, a posteriori y una vez exigida esta reparación por la juez Gemma Gallego, recuperar la trazabilidad del proceso y, por ende, mantener la cadena de custodia. En suma, que la jurisprudencia actual del Supremo está, en estas cuestiones que contemplamos, en completa sintonía con todos los sistemas europeos e internacionales de aseguramiento y control de calidad relativos a los laboratorios de ensayos.

Otra cuestión que se ha sacado a la luz es la de si la titulación del señor Ramírez era la adecuada para firmar como autor de la analítica -aunque no la hubiese realizado- el informe pericial que se ha presentado por los máximos responsables de la Comisaría de General de la Policía Científica como informe oficial o informe pericial final. Esta posible discusión tiene, como todo el caso que analizamos, dos facetas.

Una, la legal; esto es, lo que dictan la LECr y las correspondientes sentencias tocantes a esta cuestión. De hecho, la LECr, en su artículo 457, define a los peritos de forma que puedan ser o bien titulares, en virtud de que están en posesión de un título oficial de una ciencia o arte cuyo oficio esté reglamentado por la Administración o bien no titulares, que son aquellos que, careciendo de título oficial -y, por extensión, que tuviesen una titulación no relacionada con el objeto de su peritaje-, tienen, sin embargo, conocimiento o práctica especiales en alguna ciencia o arte.

Curiosamente, y con anterioridad, en el artículo 356 se requiere que, para las operaciones de análisis químico que exija la sustanciación de los procesos criminales, éstos sean practicados por doctores en Medicina, en Farmacia, en ciencias fisicoquímicas o por ingenieros que se hayan dedicado a la especialidad química, aunque en la continuación del texto de ese mismo artículo se precisa que si no hubiere doctores en aquellas ciencias, podrán ser nombrados licenciados que tengan los conocimientos y práctica suficientes para hacer dichas operaciones. En suma, que la titulación del señor Ramírez es de las denominadas de ciencias y, en principio, dada la titulitis que padece mucha de nuestra legislación, este funcionario estaría plenamente capacitado para que se le considerara como perito titular.

La segunda faceta del asunto de la titulación necesaria y suficiente para emitir y firmar informes periciales tiene que ver otra vez con las normas del sistema de aseguramiento y control de calidad que rijan en el laboratorio Químico-Toxicológico de la Policía Científica española. En particular, en lo que se fije en el apartado o capítulo de requisitos técnicos del personal del laboratorio.Las normas internacionales sobre sistemas de aseguramiento y control de calidad -en particular, las de aplicación en los laboratorios de análisis y calibración (UNE-EN ISO/IEC 17025 o la anterior, EN 45001, complementada con la Guía ISO/IEC 25)-, más que en las titulaciones oficiales se centran en la capacitación del personal de un laboratorio para realizar las distintas tareas que son de su competencia. Capacitación -teórica y práctica- que debe estar siempre convenientemente puesta al día y justificada mediante la oportuna documentación.

Así, pongamos por ejemplo, una licenciatura en Ciencias Químicas no siempre es suficiente para que quien la tenga -sin más formación teórica ni práctica, o ambas- pueda ser considerado capacitado para ejecutar determinadas técnicas analíticas que requieran de unos conocimientos y unas pericias muy concretas y extraordinariamente complejas (lo que no es el caso, dicho sea de paso, de la identificación de una sustancia tan común y conocida como es el ácido bórico).

Quizá este caso del ácido bórico pueda servir, entre otras cosa, para que los legisladores adecúen las leyes y la Administración, sus funciones y servicios, al cambiante mundo de la gestión basada en el aseguramiento y control de la calidad, una de las claves del desarrollo exponencial de industrias y servicios en las sociedades en las que la ciencia y la tecnología son el motor principal de sus economías.

Fernando Peregrín fue presidente de un comité técnico del Comité Europeo de Normalización, relacionado con sistemas de calidad en el sector de la sanidad.

Publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Ramírez vulneró la «trazabilidad» (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

Fernando Peregrín, ex presidente del Comité Técnico del Comité Europeo de Normalización, analiza hoy en un excelente artículo en nuestro periódico -la segunda parte del publicado el pasado sábado- si el proceder de Francisco Ramírez, jefe de los peritos, se ajustó a las normas de calidad cuando decidió firmar el análisis sobre el ácido bórico que habían realizado sus subordinados. Peregrín concluye que su conducta vulneró esas normas de calidad al firmar un análisis cuyas muestras no habían estado bajo su custodia y cuyas pruebas no había realizado. Peregrín hablaba en su primer artículo del concepto de «trazabilidad», que supone documentar todas las operaciones que conducen al informe final sobre los resultados. Ramírez no respetó esa «trazabilidad» y asumió como suyos ante el juez los resultados de unas pruebas que no había realizado. No puede estar más clara la irregularidad, que desmonta las falacias de los jefes de la Policía Científica.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El 'número 2' de la Policía Científica admite que ordenó cambiar el informe ETA/11-M

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Reconoce ante la juez Gallego, que le mantiene imputado, que se lo notificó a su jefe, Santano

MADRID.- El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, admitió ayer ante la juez Gemma Gallego que él autorizó la alteración del informe de los tres peritos del 11-M en el que se hacía una referencia a ETA.

Mélida, que declaró como imputado, informó del asunto al comisario general, Miguel Angel Santano.

El número dos de la Comisaría General de Policía Científica declaró ayer como imputado durante dos horas ante la juez que investiga si tiene relevancia penal la alteración del dictamen elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda de un procesado por el 11-M.

En ese dictamen, realizado el 21 de marzo de 2005, los expertos de la Policía Científica incluyeron unas observaciones en las que recordaban que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y en la casa de un joven antisistema en 1999.

A partir de esos precedentes, los peritos indicaban que, «dado lo poco frecuente que esa sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas», existía la «posibilidad» de que el ácido bórico se utilizara como conservante de determinados componentes de los explosivos o para impedir la detección de éstos por perros entrenados. También apuntaban la «posibilidad de que el autor/autores de esos hechos estén relacionados entre sí o hayan tenido un mismo tipo de formación o sean los mismos autores».

En el informe oficial remitido al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, no sólo fueron suprimidas esas últimas consideraciones, sino incluso los datos objetivos sobre los casos precedentes de terrorismo en los que había aparecido ácido bórico.

El dictamen oficial fue firmado por el superior de los tres peritos, Francisco Ramírez, que el pasado viernes reconoció ante la juez que él modificó el informe de sus subordinados cuando éstos se negaron a eliminar las observaciones.

Ramírez manifestó que indicó a los peritos que había que corregir el documento después de consultarlo con Mélida, que ese día era el responsable de la Comisaría General porque el jefe de la misma, Miguel Angel Santano, estaba de permiso.

Pedro Mélida confirmó ayer durante su declaración judicial que autorizó la alteración del informe, ya que, a su parecer, contenía apreciaciones subjetivas impropias de un dictamen pericial. También aseguró que informó a Santano de lo sucedido, pero precisó que lo hizo a posteriori.

Fuentes jurídicas señalaron que, al igual que en el caso de Ramírez, la juez mantiene por el momento la condición de imputado del comisario Mélida por un presunto delito de falsedad documental.

El secretario general de la Policía Científica abandonó el Juzgado escoltado por personal de seguridad de la sede judicial y por miembros del Sindicato Profesional de Policía (SPP) que acudieron a arroparle, informa Efe. Un representante del SPP dijo a los periodistas que Mélida le pidió que transmitiera que «era una pena que un profesional intachable tuviera que pasar por esta situación» de declarar como imputado.

Por su parte, la Abogacía del Estado anunció ayer que presentará de inmediato un recurso contra la decisión de Gallego de dejar sin efecto su personación en este proceso.

Aunque la instructora aceptó el pasado día 13 la personación de la Abogacía del Estado, el lunes dictó un auto por el que deja en suspenso la decisión «en tanto no se justifique en debida y legal forma la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias».

El auto es consecuencia de una comparecencia de la abogada del Estado efectuada el pasado día 20 ante la secretaria judicial para «aclarar» que se persona «como perjudicado o responsable civil», conceptos que, subraya Gallego, son incompatibles.

La Abogacía del Estado, que también ha recurrido el secreto de las diligencias, interpreta que se quiere expulsar del proceso a quienes denuncian «irregularidades» procesales.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez «expulsa» al abogado del Estado

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

La magistrada considera que no puede personarse a la vez como perjudicado y responsable civil en la causa que investiga la supuesta falsedad del informe que relacionó el 11-M con ETA

Madrid - Diez días. Ése es el tiempo que ha durado la personación de la Abogacía del Estado en la causa que investiga la supuesta falsificación del informe que relacionaba los atentados del 11-M con ETA. Si el 13 de octubre la juez Gema Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, admitió la personación del abogado del Estado, el pasado día 23 adoptó la resolución contraria, al considerar que éste pretende ostentar una doble representación procesal, como perjudicado y responsable civil, que según la magistrada es incompatible.

Gallego -que investiga la presunta falsedad documental desde que Garzón se inhibió del asunto, después de imputar a los tres peritos que redactaron el informe y exculpar a sus mandos policiales-, mantiene en su auto que el abogado del Estado «aclaró que se le tuviera por personado en concepto de "perjudicado" y "responsable civil"». Pero esa aclaración, añade, «difícilmente permite deducir cuál ha de ser la condición en la que debe tenerse su personación en esta causa».

Esa doble consideración, dice la magistrada, «adolece de indeterminación, incluso de incompatibilidad y sin duda dificulta la adecuación del tratamiento procesal» que, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, corresponde otorgar a esa parte. En esa norma, recuerda, «no aparece precepto alguno que regule la coincidencia de ambos conceptos en el curso de la fase de instrucción». Por todo ello, Gallego acuerda dejar en suspenso la personación en la causa del abogado del Estado «sin perjuicio de ulterior resolución una vez que se justifique, en debida forma, la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias». Fuentes jurídicas explicaron que la Abogacía del Estado, que se personó por orden del Ministerio del Interior para «defender los intereses del Estado concernidos en la causa», recurrirá la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Por otro lado, los tres peritos acusados por el juez Garzón de falsedad documental consideran en el recurso presentado contra la imputación que no sólo no incurrieron en irregularidades, sino que además «deben ser premiados por su labor profesional» al persistir para que «prevalezca la verdad de su informe pericial».

En el escrito, la defensa de los peritos -que ejercen los abogados de la Confederación Española de Policía- afirma que Francisco Ramírez, jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, no aceptó el informe presentado por los agentes «en un claro abuso de sus competencias». «Los peritos, bajo su responsabilidad y sólo bajo su responsabilidad y con todas las consecuencias son quienes deben elaborar libremente sus informes, sin presiones ni coacciones». Ramírez, en ese caso, debió actuar según ellos simplemente «como coordinador o superior, pero nada más» porque entre sus misiones, añaden, «no está la de corrector o censor de informes periciales».

Sin embargo, denuncian, no quiso dar por bueno su informe «por cuanto contiene observaciones que no gustan o que disgustan al Sr. Ramírez, hasta el punto de que por primera vez en la historia de la Policía Científica, ante la discrepancia, obstruyendo la labor de colaboración de los peritos con la Justicia, se autonombra perito, pensando que le sería fácil encontrar entre sus compañeros otras dos firmas».

Mélide declara que el informe era sesgado

El secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, declaró ayer como imputado ante la juez Gallego, a quien aseguró que la conexión que establecieron los peritos entre el 11-M y ETA era una información sesgada y sin sustento científico. Mélida contó a la magistrada (que le mantuvo la condición de imputado) que explicó al superior de los peritos, Francisco Ramírez, que esas consideraciones podían remitirse como nota informativa a la Comisaría General de Información, pues excedían las características de un informe pericial. Mélida negó que dijera a los peritos que debían suprimir las referencias a ETA en el informe.

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Las declaraciones del imputado Mélida por la falsificación del Informe del 'caido Bórico'

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Mélida ratifica ante la juez del bórico que en un informe sobran las opiniones

MADRID. El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro María Mélida, ratificó ayer por la tarde ante la juez Gema Gallego la declaración que prestó el pasado 29 de septiembre ante el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Gallego, titular del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, tramita la querella que la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M interpuso por presunto delito de falsedad contra los mandos de los tres peritos que basaron en el hallazgo de ácido bórico (en manos de ETA en 2001 y en poder de un islamista procesado por el 11-M, en 2004) una hipotética relación entre ETA y los autores de los atentados de Madrid. La misma juez ha acumulado a esta querella las diligencias que practicó Garzón y que concluyeron con la imputación, también por falsedad, de los tres peritos (Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique).

Tras tomar declaración el viernes al inspector-jefe Francisco Ramírez (jefe inmediato de los peritos), la juez ha querido interrogar -también como imputado- al comisario Mélida, superior de aquél.

Mélida fue quien, como responsable máximo de la Comisaría de Policía Científica el 21 de marzo de 2005 (el comisario general no estaba en las dependencias), indicó a Ramírez que las «observaciones» que aparecían en el borrador debían eliminarse. Fuentes jurídicas han explicado a ABC que, como ya hizo ante Garzón, el comisario afirmó ayer ante la juez Gallego que las apreciaciones sobre la posible relación de ETA con los autores del 11-M eran juicios personales que no debían aparecer en un informe científico cuya única finalidad era determinar qué tipo de sustancia era la encontrada en el domicilio del islamista Hassan El Haski. Por esta razón ordenó que se eliminaran del informe antes de su remisión al Servicio de Información (departamento que había solicitado el análisis). No obstante, Mélida sugirió la opción -rechazada por los peritos- de adjuntar al informe las observaciones como «nota informativa interna» por si Información quería investigar en esa línea.

Por otra parte, la juez dictó ayer un auto con el que «deja sin efecto» la personación de la Abogacía del Estado -admitida diez días antes- por «inconcreción». La juez justifica su decisión en la imposibilidad de simultanear, por incompatibles, las condiciones de «perjudicado» y «responsable civil». Ambas habían sido reivindicadas el viernes por la abogada para poder estar presente en la declaración de Ramírez, a la que la juez no le dejó entrar por estar declarado el secreto de las actuaciones. Lo habitual en estos casos es que sólo puedan presenciar las declaraciones secretas el abogado del imputado en cuestión (en este caso Ramírez y Mélida, funcionarios públicos) y el fiscal.

Una información de Nieves Colli publicada por el diario ABC el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Un jefe policial declara que las referencias a ETA por el ácido bórico eran impropias

Madrid - La juez de Madrid Gemma Gallego interrogó ayer como imputado, durante 70 minutos, al secretario general de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, en relación con la supuesta falsedad del informe de los peritos del ácido bórico. Mélida señaló que dio instrucciones para eliminar de ese informe las observaciones que ligaban a ETA con el 11-M a través del ácido bórico porque se trataba de consideraciones impropias de un informe pericial.

La juez citó a Mélida después de que Francisco Ramírez, jefe de Analítica de la Policía Judicial, declarase ante ella que antes de pedirle a los peritos que eliminasen esas referencias consultó con Mélida.

Mélida aclaró que trató este asunto con Ramírez porque el 21 de marzo de 2005, fecha en que los peritos entregaron el informe, él estaba de máximo jefe de la Policía Científica en ausencia por vacaciones del comisario general, Miguel Ángel Santano.

La juez Gallego ha obviado por completo las diligencias del juez Garzón, que imputó a los peritos y exculpó a sus jefes.

Por otra parte, la magistrada ha dejado sin efecto la personación de la Abogacía del Estado en este caso, después de que la representación del Estado denunciase las presuntas irregularidades que estaba cometiendo la juez en el procedimiento.

Una información publicada por el diario EL PAIS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La juez Gallego interroga hoy como imputado al 'número dos' de la Policía Científica

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

Pedro Mélida, secretario general del departamento, dio el visto bueno a la alteración del informe de los peritos, según declaró ante la instructora el jefe de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez

MADRID.- La juez Gemma Gallego, que investiga la presunta falsedad de un informe pericial enviado al instructor del 11-M, interrogará hoy como imputado al comisario Pedro Luis Mélida, secretario general de la Comisaría General de Policía Científica.

Mélida es el segundo mando policial que comparecerá en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid acusado de un presunto delito de falsedad documental.

Su nombre aparece en una querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M el pasado septiembre, a raíz de que EL MUNDO publicara que responsables de la Comisaría General de Policía Científica alteraron el informe elaborado por los tres peritos que analizaron los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en diciembre de 2004 en la vivienda de Hasan Haski, procesado como cabecilla del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y como inductor de los atentados del 11-M.

Los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en su informe unas observaciones para destacar que también apareció ácido bórico en un piso franco utilizado por un comando de ETA que fue desmantelado en Salamanca en 2001 y, dos años antes, en la vivienda de un joven radical antisistema.

Esas observaciones fueron suprimidas por el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez, y no aparecen en el informe enviado al juez Juan del Olmo.

Según los peritos, Ramírez les manifestó que «la superioridad dijo que había que eliminar lo de ETA». Manrique precisó que, a su entender, Ramírez se refería al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, o al secretario general, Pedro Luis Mélida.

Gallego interrogó el pasado viernes como imputado a Francisco Ramírez, que manifestó que, antes de indicar a los peritos que había que cambiar el dictamen, lo consultó con el secretario general.

Ese día, 21 de marzo de 2005, Mélida era el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica porque Santano se encontraba de permiso.

Según Ramírez, el secretario general coincidió con él en que el dictamen de los tres peritos contenía «apreciaciones personales» que podían generar confusión y que no se ajustaban a las normas de control de calidad existentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Mélida ya declaró sobre este asunto en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La testifical se produjo el 29 de septiembre y el comisario señaló que el informe de Escribano, López y Manrique era «una auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente», y que hubiera sido «un desprestigio» para la Comisaría General de Policía Científica enviarlo así al juez instructor del 11-M.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez imputa también al secretario general de la Policía Científica

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

MADRID - La juez Gema Gallego, que investiga la supuesta falsedad de unos informes periciales sobre el 11-M, tomará hoy declaración como imputado al secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida Lledó, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Mélida comparecerá en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid como imputado después de que, el pasado viernes, lo hiciera en la misma condición el jefe de sección de la Unidad de Análisis de esta Comisaría General, Francisco Ramírez, que fue quien recibió de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique el informe en el que relacionaban el 11-M y ETA.

En la declaración que prestó como testigo el pasado 29 de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Mélida dijo que fue suya la decisión de suprimir el capítulo de observaciones del informe que los tres peritos elaboraron sobre una sustancia encontrada en 2004 en la vivienda de Hassan El Haski, uno de los procesados por el 11-M, que resultó ser ácido bórico.

«Auténtica barbaridad»

Esas observaciones, que según fuentes de la investigación Mélida calificó de «auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente», establecían la posible relación entre El Haski y ETA a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio del islamista y en el piso franco de un comando etarra en Salamanca en 2001.

El secretario general de la Policía Científica contó a Garzón que, cuando Ramírez le presentó el informe, él le indicó que sus autores debían cambiarlo y que, ese mismo día, el jefe de sección le dijo que los peritos no estaban dispuestos a corregirlo y que lo que iba a hacer era reasignárselo a sí mismo, estudiarlo y realizar otro informe.

Mélida aseguró también ante Garzón que comunicó su decisión al comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y que éste le dijo que no había ningún problema. Según este mando policial, la orden de suprimir las observaciones de un informe pericial entra dentro de sus competencias. Mélida llegó a asegurar que haber enviado el informe al juez Juan del Olmo, instructor del 11-M, tal y como lo habían elaborado los peritos, hubiera supuesto un «desprestigio» para la Policía Científica.

Una información publicada por el diario LA RAZON el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Escasa y despectiva cobertura de la instrucción del falsificación de informe pericial en ABC y EL PAIS

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

La juez del bórico cita como imputado al policía que ordenó cambiar el borrador

MADRID. La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Plaza de Castilla, Gema Gallego, que investiga la presunta falsedad del informe del ácido bórico, ha citado a declarar hoy como imputado al secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro Melida, uno de los superiores policiales contra los que se dirige la querella presentada por la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M. La declaración de Melida se produce después de que, el pasado viernes, Gallego interrogara -también como imputado, y en el marco de las mismas diligencias secretas- a Francisco Ramírez, el jefe de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, quienes elaboraron el borrador sobre el ácido bórico con observaciones acerca de una hipotética relación de ETA con los atentados de los trenes.

Como ya informó ABC, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (que imputó a los peritos y no a sus superiores), Ramírez aseguró que antes de ordenarle a Escribano que eliminara las observaciones sobre ETA, entregó el borrador a Melida, quien corroboró que esos párrafos no debían aparecer en el informe definitivo.

La omisión de esos párrafos se ordenó, según Ramírez (a quien Garzón exculpa expresamente), para cumplir el «manual de calidad» que rige las actuaciones de la Policía Científica con el fin de que sus trabajos gocen de reconocimiento internacional.

Una información de N. C. publicada por el diario ABC el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La juez cita a otro mando de la Policía Científica por el ácido bórico

Madrid - La juez de Madrid Gema Gallego, que investiga la supuesta falsedad de unos informes periciales sobre el 11-M, tomará declaración a partir de las 17.30 de hoy al secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, en calidad de imputado. Éste es el segundo mando policial que comparece como imputado en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, después de que el pasado viernes lo hiciera el jefe de sección de la Unidad de Análisis de esta Comisaría General, Francisco Ramírez.

Mélida fue quien recibió de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique el informe en el que relacionaban el 11-M y ETA por la presencia de ácido bórico en la casa de un islamista, un antisistema y un comando de ETA. Fue el propio Mélida quien dijo que esa relación que establecieron los peritos (a pesar de que confesaban que no tenían la menor idea de para qué servía el ácido bórico) era "auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente".

Una información publicada por el diario EL PAIS el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"El testimonio clave de Pedro Mélida" (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Informe del Acido Bórico

La juez Gallego ha citado a declarar hoy como imputado a Pedro Mélida, secretario general de la Policía Científica. Mélida figuraba en la querella presentada contra los mandos policiales, pero, además, la juez lo ha citado porque el viernes pasado Francisco Ramírez, jefe de los peritos, declaró que consultó con su superior la decisión de alterar el informe que vinculaba a ETA y el 11-M. El número uno de la Policía Científica era el comisario Santano, pero estaba de vacaciones, por lo que Ramírez consultó con Mélida, quien reconoció este extremo en su declaración ante Garzón, por lo que no hay duda de que la versión de Ramírez es cierta. El jefe de los peritos dijo ante la juez dos cosas muy importantes. La primera es que él firmó como autor unos análisis químicos que no había realizado. La segunda, que acordó con Mélida la decisión de alterar el informe de sus subordinados. Sabemos también, por la declaración judicial de los peritos, que Ramírez había dicho que sus jefes estaban muy interesados en suprimir cualquier vínculo de ETA con el 11-M. Por tanto, todo indica que Mélida le ordenó a Ramírez que modificara el informe para eliminar esa conexión. ¿Consultó Mélida a su vez con Santano por teléfono o con otros superiores del Ministerio del Interior? Su declaración de hoy debería servir para aclarar estos puntos y conocer hasta dónde pueden llegar las responsabilidades de los mandos en esta flagrante manipulación.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Ramírez reconoce que firmó como autor unos análisis que nunca hizo

Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico

El jefe de sección de la Policía Científica revela a la magistrada Gemma Gallego que antes de eliminar las referencias a ETA lo consultó con el secretario general de la unidad, Pedro Mélida

MADRID.- Francisco Ramírez, jefe de los tres peritos de la Policía Científica que hicieron referencia a ETA en un informe sobre el 11-M, admitió ayer durante su declaración como imputado ante la juez Gemma Gallego que no realizó ninguna de las pruebas analíticas que se indican en el dictamen enviado al magistrado Juan del Olmo.

En ese documento oficial, Ramírez asegura que «se hizo cargo» de las muestras de ácido bórico (1,3 kilos) hallado en casa de Hasan Haski, procesado como inductor del 11-M, y «procedió a utilizar las siguientes técnicas analíticas:...», lo que, en realidad, hicieron Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique.

Los peritos Escribano, López y Manrique incluyeron en su informe sobre Haski unas observaciones para destacar que ese mismo tipo de ácido apareció en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y, dos años antes, en la vivienda de un joven antisistema acusado de volar cajeros automáticos.

El jefe de sección Francisco Ramírez eliminó esas observaciones, que, por tanto, no pudieron ser conocidas ni valoradas por el juez Del Olmo, instructor del sumario del 11-M.

Preguntado ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 35, Gemma Gallego, por qué actuó así, Ramírez explicó que tras recibir las muestras de ácido bórico él asignó el dictamen a Escribano, que lo realizó con su equipo.

Cuando se lo entregaron, lo leyó y se dio cuenta de que contenía «apreciaciones personales» que podían generar confusión y que no se ajustaban a las normas de control de calidad existentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Ramírez desveló a la juez que, en ese momento, hizo una consulta con un superior -el secretario general, Pedro Luis Mélida-, quien también consideró que el informe debía ser modificado.

El jefe de sección pidió a los peritos que cambiaran el dictamen, a lo que se negaron.

Aseguró que también les ofreció hacer constar sus observaciones en una minuta (documento interno) dirigida a la Comisaría General de Información, si de lo que se trataba era de advertir que podía seguirse una línea de investigación por esa vía. Los peritos indicaron que ellos querían que esas observaciones figuraran en el propio informe pericial.

Entonces Ramírez se reasignó a sí mismo la pericia que, en contra de lo que exige la ley, sólo lleva una firma, la suya. Aunque el documento finaliza con una alusión a la «rúbrica de los firmantes», únicamente figura la de Ramírez. Al ser preguntado por esta discrepancia, el funcionario contestó que no quiso comprometer a ningún otro perito del laboratorio.

Durante un «respetuoso» y «exhaustivo» interrogatorio -según lo describieron fuentes de la defensa- que duró algo menos de tres horas, Gallego preguntó a Ramírez por otras diferencias entre el informe original elaborado por los peritos y el dictamen que finalmente se envió, a través de la Comisaría General de Información, al juez del 11-M.

En el primer documento, Escribano, López y Manrique certifican que han realizado ocho pruebas para determinar que se trata de ácido bórico, además de un «estudio bibliográfico». En el informe remitido a la autoridad judicial, Ramírez suprime dos de esas pruebas (los ensayos a la llama y la formación del éster metilbórico) y elimina el «estudio bibliográfico», que es el que permite a Escribano, a través de las fichas que guarda, recordar los casos precedentes de terrorismo en los que se halló la misma sustancia.

Sobre esta diferencia, Ramírez apuntó que para ese tipo de análisis hubieran bastado dos o tres pruebas y que el resto no eran relevantes para determinar de qué sustancia se trataba, por lo que no consideró trascendente su supresión.

El jefe de sección admitió, no obstante, que él no hizo ninguna prueba, aunque lo certificara así en el documento oficial remitido al juez Del Olmo. Manifestó que él «asumió el resultado» de los análisis efectuados por Escribano, López y Manrique porque eran correctos, fueron realizados por peritos competentes y con las técnicas adecuadas.

Cuando se le preguntó por la alteración del sobre en el que se refleja a qué perito se asigna el estudio, el jefe de sección dijo no recordar quién sustituyó el nombre de Escribano por el suyo. La juez hizo que se le mostrara el sobre y Ramírez acabó reconociendo que lo hizo él y que era su letra.

Francisco Ramírez salió del Juzgado manteniendo la condición de imputado con la que entró a declarar. No se trata de una imputación judicial (esto es, Gallego no ha dictado ningún auto atribuyendo al funcionario una conducta delictiva), sino una imputación formal derivada del hecho de que Ramírez está denunciado por falsedad documental por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

Fuentes jurídicas indicaron que otros mandos policiales, y en concreto Mélida, tendrán que acudir a declarar a la Plaza de Castilla también como imputados.

Información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El abogado del Estado pide la nulidad de las diligencias

Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 6:40, Categoría: Informe del Acido Bórico

MADRID.- La Abogacía del Estado presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid un recurso contra la decisión de la juez Gemma Gallego de declarar secretas las diligencias.

La instructora decretó el secreto sumarial nada más iniciar el procedimiento, entre otros motivos porque el juez Garzón alegó que sus actuaciones estaban secretas para resistirse a enviar a la Plaza de Castilla un testimonio de las diligencias que estaba llevando a cabo en la Audiencia Nacional.

La medida hizo que sólo la representante del Ministerio Fiscal y la defensa de Ramírez pudieran asistir ayer a la declaración de éste. No pudieron estar presentes ni los abogados de las organizaciones denunciantes (la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo) ni tampoco la Abogacía del Estado. El secreto sumarial deja al Gobierno sin información directa e inmediata sobre los pasos de la juez Gallego.

Una representante de la Abogacía del Estado se presentó a primera hora de ayer en el Juzgado para hacer constar su protesta por no poder presenciar la declaración de Ramírez como imputado. En una airada comparecencia, la abogada del Estado sostuvo que «no hay razón» para declarar secretas las investigaciones y llegó a afirmar que «el secreto únicamente tiene por objeto la comodidad del Juzgado».

Imputación de Santano

Poco después presentó un recurso en el que insta la nulidad de las actuaciones por la «indefensión total y absoluta» que el secreto le genera.

Por su parte, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó ayer un escrito en el que se adhiere al recurso que los peritos han presentado contra su imputación por Garzón.

La asociación también solicita que declare como imputado Angel Santano, responsable de la Comisaría General de Policía Científica.

Información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Ramírez admite que firmó en falso e implica a su superior (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 6:20, Categoría: Informe del Acido Bórico

Francisco Ramírez declaró ayer como imputado ante la juez que estudia la presunta falsificación a que fue sometido el informe que vinculaba a ETA con el 11-M y su declaración arrojó algunos datos de extraordinaria relevancia para la investigación. En primer lugar, Ramírez admite que estampó su firma en el documento como autor de unos análisis que nunca hizo. Con estas palabras, el jefe de los peritos está reconociendo tácitamente la falsedad. Es inútil que trate de justificar la manipulación invocando unas supuestas «normas de calidad» que le facultan para modificar los informes de sus subordinados. De ser esto cierto, ¿por qué entonces a los peritos Escribano y Manrique se les ha mutilado éste y no ningún otro informe? Por otra parte, esas normas de calidad podrían justificar la poda de alguna de las observaciones finales del documento, pero en ningún caso pueden servir de coartada para eliminar elementos fácticos como los dos antecedentes en los que la policía había hallado ácido bórico o para falsear el sobre, la firma y el libro de registro de un informe técnico. Y si Ramírez llevó a cabo esta cadena de falsificaciones, fue -según admitió ayer ante la juez- después de consultarlo con el secretario general de la comisaría, Pedro Mélida, al frente en aquellos días de la Policía Científica por hallarse de vacaciones el comisario Santano. Ramírez confirma así lo dicho por sus subordinados a Garzón y deja la pelota en el tejado de sus superiores, que tendrán que aclarar qué les llevó a ordenar una falsificación tan burda precisamente en un informe que vinculaba a ETA con el 11-M. La declaración de Ramírez es una prueba más de que Interior ha intentado orientar la instrucción del juez Del Olmo y eliminar cualquier indicio que pusiera en duda la versión oficial de los hechos.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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