Los cuatro mandos policiales del «caso bórico» se sentarán en el banquillo

MADRID. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de la juez Gemma Gallego, instructora del caso del ácido bórico, de llevar a juicio al máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica y otros tres mandos. La juez les imputa un presunto delito de falsedad documental y/o falso testimonio por modificar un informe en el que el perito Manuel Escribano apuntaba la hipotética relación entre ETA y los autores del 11-M.

La Sección Tercera de la Audiencia desestima, en un auto notificado ayer, el recurso presentado por la defensa de los cuatro mandos de la Policía Científica —el comisario general, Miguel Ángel Santano; el secretario general, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas, y el jefe de Sección de esta Unidad, Francisco Ramírez—, que pidió el sobreseimiento de la causa.

«Indicios sólidos»

La Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado se habían adherido a esta petición, una vez que la juez Gema Gallego dio por concluida la instrucción el pasado 10 de enero y acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado.

La Audiencia da la razón a la juez basándose en que existen «indicios sólidos» de la comisión de delitos, aunque aclara que no es función del instructor ni de la Sala calificar jurídicamente esos hechos, ni es «este tribunal el llamado a enjuiciar la posible responsabilidad de los imputados». Argumenta, asimismo, que el auto de la juez Gallego determina de forma suficiente los hechos punibles, aclara quiénes los cometieron y cuál fue su participación en los mismos.

La Sección Tercera recurre a una sentencia del Supremo de la que fue ponente el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para justificar que «transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado no es una calificación acusatoria anticipada».

El tercer motivo de rechazo al recurso de los policías disecciona la actuación del jefe de sección de Análisis, Francisco Ramírez, de quien se afirma que «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes donde constaba como perito designado Escribano y confeccionó personalmente un nuevo sobre, en el que ya aparecía él como perito, y además ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de muestras» con «tippex».

Ramírez ordenó a Escribano matizar el informe que había elaborado sobre el ácido bórico encontrado en el piso de Hassan el Haski, uno de los imputados en el 11-M —la misma sustancia hallada en un piso de ETA en Salamanca tres años antes—. Según la Audiencia, Ramírez introdujo variaciones en el informe pericial y llevó a cabo unas actuaciones «destinadas a dotar de verosimilitud tales alteraciones». Tanto la Fiscalía como la defensa entienden que esas alteraciones son intrascendentes.

La juez instructora deberá ahora pedir opinión a las partes sobre si se archiva la causa —la Fiscalía, la Abogacía del Estado y, por supuesto, la defensa de los acusados mantendrá esta tesis— o continúa adelante hasta la apertura de juicio, lo que se producirá en cuanto lo solicite una de las partes, ya sea acusación particular o popular.

Un texto de C. Morcillo publicado por el diario ABC el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Audiencia Provincial ve indicios de delito en el caso del 'ácido bórico'

Desestimada la petición del fiscal para sobreseer las diligencias

Madrid - La Audiencia de Madrid considera que "existen indicios sólidos de la comisión de hechos punibles" en la actuación de los jefes policiales implicados en el caso del ácido bórico. En un auto notificado ayer, la Audiencia desestima el sobreseimiento del caso y confirma la conclusión de las diligencias decretada por la juez Gemma Gallego y la conversión de las mismas en un procedimiento abreviado, paso previo al juicio por falsedad documental.

El caso del ácido bórico se produce al saltar a la luz que los jefes de la policía científica habían obviado un informe firmado por tres de sus subordinados (tres peritos policiales) que ponían de manifiesto el hallazgo de esta sustancia matacucarachas en el piso de Hassan El Haski, implicado en el 11-M, y en el de dos etarras detenidos años antes en Salamanca.

Los jefes policiales hicieron otro informe y omitieron el detalle del ácido bórico por considerarlo irrelevante para la investigación del 11-M. Mientras, el juez Baltasar Garzón investigó este caso y terminó imputando por falsedad a los tres peritos; la juez Gallego hizo lo mismo, pero concluyó que los acusados no debían ser los peritos, sino sus jefes. Por ello, el pasado mes de enero abrió contra ellos un procedimiento abreviado, lo que significa que ve delito en la actuación de los jefes policiales. Todas las partes recurrieron ese auto ante la Audiencia de Madrid.

La Sección Tercera de la Audiencia da la razón a la juez en los pasos que ha dado hasta el momento: cierre de las pesquisas y conversión de las diligencias en un procedimiento abreviado. Los abogados de los jefes policiales, la fiscalía de Madrid y la acusación particular pidieron a la Audiencia el sobreseimiento del caso por inexistencia de delito. El abogado de la acción popular, que encarna una asociación de víctimas que patrocina la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, también recurrió y pidió que se validase la actuación de la juez de encauzar el caso como procedimiento abreviado.

Falsedad documental

Sin prejuzgar el caso, el tribunal ha entendido que la decisión de la juez Gallego se ajusta a derecho y que, por tanto, puede continuar los trámites del procedimiento abreviado, antesala del juicio oral. Antes de que la Audiencia resolviese los recursos, la juez dio por buena su decisión y siguió los pasos del procedimiento abreviado; es decir, pidió a las partes que solicitarán el sobreseimiento del caso o bien que presentaran acusación.

Todas las partes -salvo la asociación que patrocina Aguirre, que reclama la pena de banquillo para los jefes policiales- pidieron el sobreseimiento de la causa. Hecho esto y tras la decisión de la Audiencia, la juez tiene ahora que decidir si decreta o no la apertura del juicio oral. La fiscalía de Madrid, basándose en una resolución de la Audiencia Nacional, esgrime que legalmente no puede hacerlo porque se lo impide el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que para poder decretar el juicio oral deben pedirlo la fiscalía, que no lo pide, o la acusación particular, representada por la Abogacía del Estado, que tampoco lo pide.

Fuentes jurídicas no descartan que la juez, que tuvo que anular parte de su actuación porque se saltó los plazos a la hora de abrir el procedimiento abreviado, decida sentar en el banquillo a los jefes policiales y que sea la Audiencia la que resuelva este asunto como cuestión previa al inicio del juicio.

Los acusados en este proceso son el comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el secretario general de esta Comisaría, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas; y el jefe de Sección de esta Unidad, Francisco Ramírez.

Un texto de José Antonio Hernández publicado por el diario EL PAIS el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El fiscal esgrime el 'caso Botín' para que los policías del 'ácido bórico' eludan el banquillo

Una asociación que patrocinó Esperanza Aguirre es la única que acusa a los jefes policiales

Madrid - La fiscalía de Madrid no sólo no ve delito en la actuación de los jefes policiales del caso del ácido bórico, sino que, además, entiende que este asunto debe ser sobreseído y que los agentes ni siquiera deben pasar por el trance de la pena de banquillo. En el escrito remitido a la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al Consejo General del Poder Judicial, los fiscales fundamentan su petición de sobreseimiento definitivo del caso, entre otros argumentos, en una resolución dictada el 20 de diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La resolución, que evitó que el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, se sentara en el banquillo, fue ponencia del juez Javier Gómez Bermúdez, el mismo que ahora está al frente del tribunal que juzga la matanza del 11-M y que ha sido aupado a la presidencia de esta sala por los actuales vocales mayoritarios y conservadores del Poder Judicial.

De acuerdo con la resolución de Gómez Bermúdez, para que un juez siente en el banquillo a un imputado en un procedimiento abreviado, es imprescindible que lo exijan "el ministerio público" y/o "la acusación particular". En el caso de las diligencias del ácido bórico, esgrimido por los medios próximos al PP para trazar un vínculo entre el 11-M y ETA (la llamada teoría de la conspiración), tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado (la única acusación particular en este proceso) solicitan el sobreseimiento. En el proceso del ácido bórico existe una acusación o acción popular, representada por una asociación de víctimas patrocinada por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP. Pero la única acusación particular es el Estado.

"El juez lo acordará"

El caso que afecta a esta sustancia matacucarachas surge a raíz de que la policía halló ácido bórico en la vivienda de Hassan El Haski, uno de los principales acusados en el 11-M. Tres peritos de la policía científica hicieron un informe dando cuenta de este hallazgo y señalando que una sustancia del mismo tipo había sido encontrada en la casa de dos etarras detenidos años antes en Salamanca y en la de una activista antisistema arrestado en Madrid en 2004. Los jefes policiales de estos peritos entendieron que no cabía establecer una relación merced a ese hallazgo e hicieron otro informe omitiendo ese detalle por considerarlo intrascendente para las pesquisas del 11-M. Pero los medios afines al PP interpretaron esa omisión como un intento del Gobierno de ocultar un supuesto nexo entre ETA y el 11-M.

La juez Gallego admitió una denuncia de la asociación que patrocina Esperanza Aguirre y les abrió diligencias por falsedad. Lo más grave que vio la juez es que uno de los jefes policiales firmó unos análisis de esa sustancia que él no había realizado personalmente. Por ello, les abrió un procedimiento abreviado e instó a las partes, como marca la ley, a que acusaran o pidieran el sobreseimiento. Tras el empuje al caso de la juez, la junta de fiscales de Madrid (15 fiscales) lo analizó y entendió que no había delito en la conducta de los jefes policiales, entre ellos el jefe de la policía científica, Miguel Ángel Santano. En los procedimientos abreviados existe la tendencia de que los imputados tienen que sufrir la pena de banquillo si lo pide alguna de las partes. En este caso, sólo lo pide la asociación que patrocina Esperanza Aguirre. Para que ni siquiera se sienten en el banquillo, la fiscalía de Madrid aporta una resolución del juez Gómez Bermúdez referida a un asunto en el que la acusación popular se empeñó, sin éxito, en llevar al banquillo al presidente del Santander. La fiscalía de Madrid hace suyo el contenido de ese auto en el escrito que ha remitido a la juez Gallego.

Un auto de procedimiento abreviado, como el que la juez Gallego ha abierto a los jefes policiales del ácido bórico, implica que la juez da por concluida la instrucción, entiende que los hechos revisten carácter de delito y que hay personas presuntamente responsables. A continuación, según la ley, el juez debe dar traslado a "todas las acusaciones", sin distinción de clases, ya sean públicas, privadas o particulares, para que presenten acusación e interesen la apertura de juicio; o, en cambio, soliciten el archivo de la causa.

Hasta aquí no hay diferenciación entre las partes. Pero la Audiencia Nacional esgrimió el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ahora se basa la Fiscalía de Madrid, que dice literalmente: "Si el ministerio fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (...) el juez lo acordará". El legislador no habla en global de las partes: cuando quiere matizar a qué tipo de parte se refiere lo hace y diferencia entre acusador particular, privado o acción popular. En este caso, según fuentes fiscales, el artículo 782 habla nítidamente del ministerio fiscal y de la acusación particular (en este caso, la abogacía del Estado). Si ambas piden el sobreseimiento, como así ocurre en el caso del ácido bórico, "el juez lo acordará".

Las otras partes que hay en el proceso del ácido bórico son las defensas, que también piden el sobreseimiento, y la acción o acusación popular (la patrocinada por Esperanza Aguirre), que pide condena y pena de banquillo. Entiende el actual presidente del tribunal del 11-M que "el legislador usa el lenguaje con propiedad" y que cuando alude al ministerio fiscal y a la acusación particular se refiere sólo a ésas y no a las otras. Y que si esto es así, el juez no tiene más remedio que archivar.

En el escrito que la fiscalía ha remitido a la juez Gallego se indican, además, otros motivos en los que fundamenta la inexistencia de delito. Hassan El Haski, en cuya casa se halló la polémica sustancia, ha negado en el juicio del 11-M tener relación con ETA y ha tachado de "película" un asunto en el que los medios afines al PP han empleado decenas de páginas y de horas de radio.

Un texto de José Antonio Hernández publicado por el diario EL PAIS el viernes 23. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La fiscalía, dividida sobre la actuación del superior de los peritos del ácido bórico 

El mando policial suprimió una observación que relacionaba de forma gratuita a ETA con el 11-M

Madrid - La fiscalía de Madrid está dividida respecto a la actuación de Francisco Ramírez, jefe policial de los tres peritos que firmaron un informe en el que relacionaron a ETA con los atentados del 11-M por la coincidencia de ácido bórico hallado en los domicilios, en años diferentes, de un islamista y un miembro de la banda terrorista.

De momento, con los datos que figuran en las diligencias que tramita la juez Gemma Gallego, titular del Juzgado 35 de Madrid, la jefatura de la fiscalía madrileña entiende que no existe delito, mientras que la fiscal adscrita al juzgado, Patricia Fernández, sí ve indicios de "falsedad formal" en la actuación de Ramírez, quien en su calidad de superior de los tres peritos retiró del informe las observaciones en las que se vinculaba a ETA con el 11-M sin base alguna.

El juez Baltasar Garzón, que investigó inicialmente el caso, solicitó las normas internas de elaboración de informes y concluyó que dentro del capítulo de observaciones los peritos no podían inducir la relación entre ETA con el 11-M. Asimismo, estimó conforme al protocolo de actuaciones que su jefe eliminara la observación en el informe definitivo enviado al juez.

Fuentes del entorno del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, dicen que éste no ve indicios de delito ni en la actuación de los peritos ni en la de los mandos policiales.

La juez Gallego, candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial -para lo cual dependerá del voto del Partido Popular- ha interrogado como imputados a tres jefes de los peritos: Francisco Ramírez, jefe de Analítica de la Policía Judicial; Pedro Luis Mélides, secretario general de Policía Científica, y Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica.

Control de calidad

La fiscalía de Madrid está a la espera de que concluya la instrucción para pronunciarse. La fiscal Fernández ha estado en todos los interrogatorios y no ha pedido la imputación de nadie. Ha apoyado el levantamiento parcial del secreto que pesaba sobre las diligencias y solicitó a la juez Gallego que solicite la normativa sobre control de calidad que regula la confección de informes científicos en la Policía. En esa normativa, entre otras cosas, se basó Garzón para dictaminar que la actuación de Ramírez y del resto de los mandos había sido correcta y ajustada a derecho. La misma deja en manos de los mandos policiales la supervisión y revisión para que los informes periciales se ajusten a las normas de calidad.

La fiscalía ha celebrado ya un primer encuentro para definir la calificación de los hechos, en el que participó la fiscal del caso. En esa reunión, el fiscal jefe Moix efectuó una primera valoración provisional, en la cual propuso el archivo de las diligencias al entender que no hay delito ni en la actuación de los peritos ni en la de sus jefes.

La fiscal no ha apreciado delito de falsedad en la conducta de los tres peritos que firmaron el informe en julio de 2006 con fecha de 2005 y sostiene que al menos uno de los jefes policiales, Ramírez, ha podido cometer una falsedad formal.

Ramírez, en su declaración como imputado ante la juez, admitió que comentó a Manuel Escribano, perito que redactó el informe, que debía eliminar, por irrelevante, una observación que hacía en el informe respecto al hallazgo de ácido bórico (sustancia química que, entre otras cosas, sirve para matar cucarachas) en casa de dos etarras detenidos en 2001, en la de un militante antisistema arrestado en Madrid y en la de un islamista detenido en Canarias en relación con los atentados de Casablanca.

En dicha observación, calificada de "mera elucubración" por los mandos policiales, se describía el ya mencionado nexo entre ETA y el 11-M. Escribano se negó a eliminar la citada observación y dejó el informe sobre la mesa de Ramírez. Éste eliminó la observación y lo hizo suyo con su firma amparándose en la facultad que, como jefe, le otorgan el protocolo interno de actuaciones.

Ramírez afirmó primero que él había realizado los análisis del ácido bórico, aunque más tarde rectificó, en la declaración ante la juez Gallego, al señalar que había dado por buenos los exámenes realizados por sus subordinados, los tres peritos citados. Según fuentes jurídicas, la fiscal Fernández señala que en esta conducta podría haber "falsedad formal".

Cuestión distinta, señalaron las fuentes a este periódico, es que esa acción de Ramírez "tenga relevancia penal".

Texto de José A. Hernández publicado por el diario EL PAIS el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El jefe de la Policía Científica dice que nunca ha visto a un perito negarse a matizar informes

MADRID. El jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, ratificó ayer ante la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gema Gallego, que las observaciones que los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en el borrador -en el que relacionaban a ETA con el 11-M a través del ácido bórico- «no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno». Por tanto, concluyó, no debían ni podían constar en un informe científico.

Santano aseguró ante la juez que el 23 de marzo de 2005 el funcionario que le sustituía durante sus vacaciones le comunicó que «había un problema con un informe que habían elaborado unos peritos», pues al ordenarles que eliminaran de su escrito esas «consideraciones subjetivas», se habían negado a hacerlo.

El jefe de la Policía Científica señaló que si le comunicaron este hecho como una incidencia fue porque es «inhabitual» que un perito se niegue a cambiar un informe. De hecho, sentenció Santano, no lo ha visto nunca en su vida profesional. Aseguró que en aquel momento no se cuestionó el contenido de las observaciones que no querían eliminar los peritos, sino su simple negativa.

Pero Santano no sólo tildó de «inhabitual» que los peritos no quieran modificar su escrito, sino también que en un informe pericial se haga referencia a otros informes (como sucedió en esta ocasión, en la que se vinculó el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de Hassan El Haski con la aparición de esta sustancia en el piso de un comando de ETA).

«Ignoraban su aplicación»

Esta circunstancia sólo se daría en la práctica cuando se están analizando sustancias, productos o explosivos «idénticos a los aparecidos en otros informes». No era éste el caso, pues los propios peritos incluyeron como una de sus observaciones que «ignoraban» la «verdadera aplicación» del bórico «en relación con estos hechos».

Fue esta consideración subjetiva en la que se basó Santano para calificar estos apuntes como «elucubraciones», pues si peritos «ignoran», tal y como ellos mismos reconocen, las aplicaciones de esta sustancia, el resto de observaciones también carecerían de validez.

Respecto a la asunción del informe por parte de Francisco Ramírez (jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica) -tras la negativa de los peritos a modificarlo-, Santano aseguró ayer que las reasignaciones «pueden ser frecuentes», como también lo puede ser el hecho de que un informe esté firmado por un sólo perito y no por varios.

Texto de Nati Villanueva publicado por el diario ABC el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El jefe de Policía Científica acusa a tres peritos de hacer elucubraciones 

Santano niega valor al nexo entre ETA y el 11-M por el ácido bórico

Madrid - Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica, compareció ayer ante la juez de instrucción Gemma Gallego en relación con una supuesta falsedad en el informe sobre el ácido bórico que hicieron tres peritos y que modificó su jefe para eliminar las observaciones que apuntaban a una relación entre ETA y el 11-M. Santano recordó que esas observaciones sólo eran elucubraciones sin base y por eso fueron eliminadas.

Santano compareció como imputado para ratificar su versión de los hechos, que él mismo hizo pública una vez que se conocieron. Esa versión defiende la gestión de los superiores de los tres peritos que elaboraron un informe en el que tras afirmar que lo encontrado en casa de un islamista era ácido bórico y reconocer que ignoraban qué aplicaciones podía tener para elaborar artefactos explosivos, vinculaban al supuesto terrorista con ETA porque en un piso franco de esta organización también se había hallado ácido bórico.

Los superiores de los peritos pidieron a éstos que modificaran el informe en lo relativo a las observaciones al carecer de base. Los peritos se negaron por lo que el caso fue reasignado a su inmediato superior, que firmó el informe eliminando las observaciones. Un año después, los tres peritos firmaron una fotocopia del informe fechado un año antes para hacerlo pasar por oficial, y el juez Baltasar Garzón les imputo por un delito de falsedad documental y les acusó de filtrar ese informe a un medio de comunicación determinado.

Santano defendió ayer en su declaración a la juez que los superiores de los peritos retiraron las observaciones donde vinculaban a ETA y el 11-M porque "no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamental científico alguno y, por lo tanto, no debían ni podrían constar en un informe científico".

Santano argumentó en su declaración que los peritos escribieron en su informe que ignoraban la aplicación del ácido bórico en atentados terroristas y que, a partir de esa apreciación, "el resto carecía de validez".

Respecto a la reasignación de un caso, como ocurrió con el informe sobre el ácido bórico, Santano declaró que "pueden ser frecuentes" y que lo que no era habitual era que un perito se negara a modificar un informe: "A mí no me ha pasado nunca en mi vida profesional, llevó desde el 4 de junio de 2004 en la comisaría general de Policía Científica y antes he sido comisario de Policía Científica en Madrid durante casi seis años".

El mando policial fue preguntado respecto a sí el perito que firma el informe definitivo hizo realmente los análisis para determinar si lo encontrado en casa de los islamistas era ácido bórico, a lo que Santano contestó que no sabía, pero que si el análisis de muestras se hubiera hecho por parte de alguien del laboratorio, algún perito lo podía considerar correcto, y aludió a sentencias del Tribunal Supremo que avalan esa práctica.

La juez le preguntó si en el manual que regula cómo se hacen los informes periciales cabe la posibilidad de que éstos sean firmados por algún policía que no ha hecho esos informes. Santano contestó que en el manual "no figura eso ni lo contrario". También aseguró que cuando le comentaron esta incidencia, no se le hizo saber que el informe era relativo al 11-M.

Texto publicado por el diario EL PAIS el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Los policías no respetaron los manuales en el informe que vincula a ETA y el 11-M

Madrid - La Comisaría General de Policía Científica remitió el pasado 27 de octubre a la juez de instrucción número 35 de Plaza de Castilla un informe sobre el Manual de Normas de Procedimiento de la Comisaría General de Policía Científica, aprobado en 1995 y que han sufrido "varias reediciones", la última de 30 de junio de 2001.

El manual se refiere al informe pericial demostrativo de una identificación lofoscópica y es así porque, según explica la Comisaría General de Policía Científica, "era el informe pericial más numeroso y se pretendía que se ajustase a una estructura uniforme para toda la organización, estableciendo este modelo como obligatorio salvo casos o circunstancias excepcionales". Como continuación de este manual se elaboraron otros manuales de calidad.

El vigente en la actualidad, en su procedimiento general número 8, relativo a gestión de los ensayos y emisión de informes, señala que estarán compuestos de seis apartados: antecedentes, examen preliminar, técnicas aplicadas, resultados, conclusiones y observaciones.

Fue en el último capítulo, el de observaciones, el que utilizaron los tres peritos para incluir una tesis respecto al ácido bórico encontrado en la casa de un islamista. Esa tesis apuntaba que dado que esa sustancia, nunca antes vinculada a ningún explosivo ni a ningún atentado terrorista en España, había sido encontrada en casa de unos etarras, o bien etarras e islamistas estaban relacionados entre sí, habían recibido la misma formación o eran los mismos autores.

Sin embargo, el manual remitido a la juez explica lo que se debe incluir en las observaciones: "Se especificará de forma clara las muestras que se remiten con el informe pericial, las que se agotaron en los análisis o las que quedan conservadas en el laboratorio". Los peritos olvidaron el manual, no pusieron ninguno de esos datos y elucubraron con la posible vinculación entre ETA y el 11-M.

Texto publicado por el diario EL PAIS el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.