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¿Garzón ha Prevaricado?

El Consejo Judicial ratifica el rechazo del amparo a Garzón

Por Narrador - 19 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Un vocal critica la «doble vara de medir» de la minoría al instar el apoyo para el juez de la Audiencia Nacional y «no mover un dedo» por los magistrados vascos

MADRID.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó ayer el acuerdo de la Comisión Permanente de negar el amparo al juez Baltasar Garzón ante las críticas que ha recibido por su actuación con los peritos del 11-M.

La Comisión Permanente apreció el día 10 que «no se dan las condiciones objetivas» para otorgar el amparo a Garzón. El juez había pedido el apoyo del CGPJ frente al «brutal y desmedido ataque contra su independencia» recibido, según él, de varios medios de comunicación, entre ellos EL MUNDO, que han cuestionado su competencia para investigar e imputar a los policías peritos que mencionaron a ETA en un informe sobre el 11-M. Era la segunda vez que la Comisión rechazaba amparar al juez.

Garzón tuvo que inhibirse tras dos pronunciamientos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional indicando que la competencia era de los juzgados de Instrucción de Madrid.

El Pleno del Consejo avaló ayer por 10 votos frente a siete el criterio de que «no se dan los supuestos que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual tiene como fin defender la independencia judicial en el futuro como consecuencia de las actuaciones que la hayan podido perturbar en el pasado y presente, siempre y cuando el juez siga conociendo del asunto». Los 10 votos fueron emitidos por el presidente, Francisco Hernando, y los vocales del grupo mayoritario.

El segundo punto del acuerdo de la Comisión Permanente -que respaldó por unanimidad la actuación del vocal José Luis Requero por pedir a la Inspección que investigue el trato dado por Garzón a los peritos- fue confirmado por 13 votos frente a cuatro. Éstos correspondieron a Fernando Salinas, Alfons López Tena, Montserrat Comas y Agustín Azparren. Los dos últimos discreparon sólo de que se considerase una «obligación» denunciar posibles anomalías de la Justicia.

Finalmente, se confirmó por 17 votos a favor y uno en contra el punto del acuerdo en el que la Comisión hacía una llamada al «ejercicio racional de la crítica de las actuaciones judiciales».

La ratificación del acuerdo se produjo en votaciones independientes para cada apartado después de que el vocal propuesto por el PSOE Juan Carlos Campo intentara, sin éxito, una votación de conjunto. Este sistema hubiera permitido a la minoría no tener que apoyar a Requero de forma expresa.

Los consejeros afines al PSOE tuvieron que escuchar el reproche del vocal Juan Pablo González de que aplican «una doble vara de medir» y mantienen una «actitud hipócrita» sobre la independencia judicial. González destacó que los vocales que reiteradamente han instado el amparo para Garzón «no han movido un dedo» por los jueces del País Vasco «amenazados» por el Gobierno autonómico con que «no les va a salir gratis» haber imputado al lehendakari.

Información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el jueves 19 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

ABC continúa la insostenible defensa de Garzón

Por Narrador - 19 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

La Inspección del CGPJ no ve irregularidades en el trato que Garzón dio a los peritos

MADRID. El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se inclina por archivar la información previa abierta al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien denunciaron dos de los tres peritos de la Policía Científica a los que imputó por un delito de falsedad documental en el llamado «caso bórico». Los policías sostienen que durante el interrogatorio el magistrado no les trató con la debida deferencia. Este asunto será tratado la próxima semana por la Comisión Disciplinaria.

La denuncia que los dos peritos -Manuel Escribano e Isabel López Cidad- realizaron a través de un medio de comunicación el pasado 2 de octubre fue puesta en conocimiento de la Inspección por el vocal José Luis Requero, quien apuntaba que los hechos podían ser constitutivos de una falta disciplinaria grave (para este tipo de faltas la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé sanciones económicas de entre 300 y 3.000 euros).

Fuentes del CGPJ señalan que la propuesta de la Inspección será con toda probabilidad de archivo, pues no existen antecedentes de apertura de expediente disciplinario cuando en el acta levantada tras los interrogatorios por el secretario judicial -cuya función es dar fe de todo lo que ocurre- no se refleja la comisión de irregularidad alguna.

En este caso, tanto el fedatario como los dos fiscales que estuvieron presentes en la comparecencia han corroborado que el trato dispensado por el juez a los peritos fue «adecuado y correcto». El secretario judicial llega a señalar que fue uno de los denunciantes (Escribano) el que, al menos en dos ocasiones, levantó la voz al juez, por lo que éste tuvo que llamarle la atención y recordarle su «deber de respeto» hacia la Audiencia Nacional.

Escribano fue el último en prestar declaración, lo que hizo a partir de las doce de la noche porque previamente, desde las cinco de la tarde, se sucedieron las comparecencias de los demás funcionarios. Su declaración se prolongó durante una hora y media. La comparecencia de López Cidad se produjo en dos partes -se hizo un receso de 15 minutos- y duró en total algo más de dos horas.

Información de N. Colli publicada por el diario ABC el jueves 19 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Los peritos niegan ante la juez que «prefabricaran» la vinculación con ETA

Por Narrador - 18 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Denuncian en un escrito que «en cierto modo fueron retenidos e incomunicados» por Garzón. «Rebelde y contumaz». Así califican los peritos la actuación de Garzón de valorar el informe después de inhibirse del asunto.

Madrid - Dos de los tres peritos que relacionaron el 11-M con ETA en un informe -a quienes el juez Baltasar Garzón imputó por falsedad documental- han contestado con dureza las valoraciones efectuadas por el magistrado en el auto del pasado día 10, en el que éste les acusaba de «prefabricar» la vinculación de la banda terrorista con los atentados de Madrid.

«No son elucubraciones». En el escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid el pasado día 11 -en el que piden a la juez Gema Gallego que les retire la condición de imputados- Manuel Escribano e Isabel López Cidad aseguran que «es incierto lo que se dice de haber prefabricado la vinculación de ETA con los autores del 11-M. Es el mismo procedimiento utilizado en otras ocasiones y la constatación de un hecho, que consiste en la aportación de datos, no en su valoración». Los agentes aseguran en el documento que relacionar el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los imputados por los atentados de Madrid con la presencia de esa misma sustancia en el piso utilizado por un «comando» etarra «no son elucubraciones, son interconexiones entre unos datos y otros, para facilitar la investigación».

Informe definitivo. Los peritos insisten en que el documento en el que vinculaban el 11-M con ETA -un párrafo que su superior eliminó- no era un informe-borrador, como mantiene Garzón, sino que se trataba de «un informe definitivo». Además, resaltan que «siempre, absolutamente siempre», desde que entregan el informe, los funcionarios «nunca vuelven a verlo hasta el momento del juicio».

Además, recuerdan que, como ya explicaron a Garzón en el recurso contra la decisión del magistrado de imputarles por falsedad, elaboraron «hasta seis informes para la causa del 11-M siguiendo el mismo procedimiento» y «en ningún caso fue necesaria otra firma para darle oficialidad». Y si nada se discutió en esos otros casos, añaden, «tampoco puede discutirse de éste. En consecuencia, si son válidas aquellas actuaciones también deben serlo éstas».

«Rebelde y contumaz». Los agentes cuestionan la actuación de Garzón de valorar su actuación después de inhibirse del asunto en favor de la juez Gallego, que ayer mismo levantó parcialmente el secreto de las declaraciones realizadas por los peritos ante Garzón y dio traslado a las partes para que informen sobre el recurso contra su imputación presentado por éstos. Así, se quejan de que, pese a no tener competencia, «de modo rebelde y contumaz» Garzón «juzga y valora abiertamente la autenticidad, oportunidad, finalidad y solvencia científica del informe y desprestigia y menosprecia el trabajo» de Escribano y sus compañeros «hasta límites insospechados».

«Retenidos e incomunicados». Los agentes aseguran que «en cierto modo fueron retenido e incomunicados» por Garzón durante los interrogatorios que determinaron que pasaran de testigos a imputados por falsedad. ? No hay normas de calidad. Los peritos también cuestionan la exculpación expresa que hace el magistrado de sus superiores, de quien dijo que «tenían la obligación», con las normas de calidad vigentes en las Comisaría General de Policía Científica, de retirar del informe «unas observaciones inveraces». Según ellos, esas normas «ni se conocen, ni se han publicado, ni se han cumplido nunca ya que nunca los informe de ambos peritos fueron corregidos». Y subrayan que todo lo que dice al respecto el magistrado «es completamente incierto e inaplicable «al laboratorio en el que trabajan».

«Información concreta». Igualmente, rechazan que la información recogida fuese genérica, perversa e impropia de un informe pericial. «Es muy concreta», afirman de forma categórica. «Se trata de una información específica, referida al ácido bórico relacionado con hechos terroristas y que hasta ese momento a los actuantes sólo les constaba en sus datos que había sido utilizado en dos únicas ocasiones». Al hacer constar esos extremos, insisten, «se puede coadyuvar a la investigación judicial y policial». Para los agentes, el juez «hace unas elucubraciones completamente gratuitas y ajenas a la labor pericial y judicial». Incluso, mantienen que López Cidad facilitó a Garzón «copia de una nota informativa en la cual mediante los resultados analíticos se relacionaban varios hechos terroristas» de ETA.

No lo ponen en circulación. Por último, los peritos aseguran que no es cierto que pusieran el documento en circulación (Garzón acusó a uno de ellos de filtrarlo al diario «El Mundo»). «Fue entregado al Sr. Andradas (jefe de la Unidad Central de Análisis Científicos) sabiendo que se había sacado del disquette», que según dicen estaba a disposición de cualquier funcionario. Nada se dice, lamentan finalmente, de «por qué ha desaparecido la hoja de custodia de muestras».

«Es un menosprecio gratuito»

Garzón calificó de delirante y sin rigor científico alguno la relación establecida por los peritos entre ETA y el 11-M, pero para ellos esa valoración «es un menosprecio gratuito». «Eso es sencillamente incierto -aseguran en el escrito presentado en los Juzgados de Plaza de Castilla-, simplemente un modo de desprestigiar». Ellos, hacen hincapié, «tan solo plasmaron una realidad. Y nada más». En cuanto a la eliminación del párrafo referido a ETA, que según el magistrado no era científicamente sostenible, los agentes aseguran que «en otros casos se han hecho ese tipo de informaciones. Y por supuesto nunca se devolvió ningún informe». Por eso califican de «incierto y obsesivo» por parte de Garzón «establecer alguna vinculación con ETA». Igual que es obsesiva, añaden, «la afirmación no hecha de que el ácido bórico sea explosivo o incendiario, algo que se repite a lo largo del auto».

Información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 18 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez Gallego resolverá el recurso de los tres peritos

Por Narrador - 18 de Octubre, 2006, 11:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha levantado parcialmente el secreto de las diligencias de las que se tuvo que inhibir el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con los peritos del 11-M.

Gallego tramita unas diligencias previas abiertas a raíz de una querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra diversos mandos policiales. Entre estos mandos figura Francisco Ramírez, firmante de un informe sobre el ácido bórico hallado en la casa de un procesado por los atentados islamistas ocurridos en Madrid.

Las pruebas analíticas que Francisco Ramírez firmó haber realizado fueron efectuadas, en realidad, por otros tres miembros de la Policía Científica: los facultativos Manuel Escribano e Isabel López y el técnico Pedro Manrique.

Los tres peritos hicieron constar en su informe que en un piso franco de la banda terrorista ETA, desmantelado en 2001, también se encontró ácido bórico. La referencia a ETA fue suprimida totalmente en el dictamen remitido por Ramírez al juez encargado del 11-M.

La juez Gallego debe resolver el recurso interpuesto por Escribano, López y Manrique contra la decisión del juez Garzón de imputarles por falsedad documental por haber vuelto a firmar, el pasado mes de julio, el mismo informe que elaboraron sobre el ácido bórico.

La instructora ha levantado ahora en parte el secreto de sus actuaciones a fin de que las partes puedan tener conocimiento del contenido de las declaraciones que los tres peritos realizaron ante Baltasar Garzón y, de esta manera, formular las alegaciones que consideren oportunas sobre su recurso.

Información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 18 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

«Garzón gritaba fuera de sus casillas... Su obsesión era la palabra ETA»

Por Narrador - 12 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Los peritos sostienen que Garzón «gritaba fuera de sus casillas» y que «su obsesión era la palabra ETA»

MADRID.- Los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano e Isabel López dirigieron el pasado martes al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial dos extensos escritos en los que amplían la denuncia contra el juez Garzón presentada el 3 de octubre.

Los peritos -que en marzo de 2005 elaboraron un informe sobre el ácido bórico encontrado en la casa de Hasan Haski, procesado por el 11-M, y mencionaron como observación que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca y anteriormente en la vivienda de un joven radical antisistema- relatan de forma detallada cómo transcurrió su comparecencia en la Audiencia Nacional desde la tarde del 28 de septiembre hasta la madrugada del día siguiente.

Escribano y López afirman que se sintieron tratados como delincuentes y no como testigos, condición en la que habían sido citados.

El primero indica que llegó a la Audiencia Nacional a las cinco de la tarde, hora en la que le había convocado el juez, y no empezó a declarar hasta la una de la madrugada. «Nadie del Juzgado me avisó de cuándo iba a producirse mi declaración, razón por la cual no pude cenar», dice el inspector jefe, que insiste en que el instructor mantuvo con él una actitud «intimidatoria». «Intentó amedrentarme», asegura.

También señala que Garzón le gritó «airadamente» cuando el perito quiso corregir su declaración porque «varias de las respuestas a mí atribuidas no se correspondían con lo que yo había dicho y/o querido decir».

Isabel López, la primera de los peritos en prestar declaración, explica cómo se produjo su interrogatorio. Aunque Garzón justificó su intervención en el asunto por la necesidad de aclarar si debía imputar a Haski por tenencia de explosivos, la primera pregunta fue si la perito sabía que EL MUNDO había publicado en su edición del 21 de septiembre el informe sobre el ácido bórico firmado por ella y sus dos colegas.

Asegura que la «obsesión» de Garzón durante las cuatro horas que duró el interrogatorio fue «por qué relacionábamos nuestro informe con ETA». «En otras circunstancias se nos diría que por qué no lo habíamos hecho constar», se lamenta Isabel López, que manifiesta que a Garzón «no le interesaban» sus explicaciones de que el ácido bórico, además de como insecticida, puede utilizarse para conservar sustancias explosivas y para enmascararlas con el fin de impedir que las detecten los perros.

«Fuimos a declarar movidos por el único deseo de decir la verdad de cuanto se nos preguntara», manifiestan los peritos, que proporcionaron al juez los datos y documentos que éste utilizó para imputarles.

Lo que sigue es un amplio extracto de los escritos-denuncia de los peritos.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el jueves 12 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Manuel Escribano: «Tuvo una actitud intimidatoria, yo estaba en sus manos»

«Recibí un trato humillante, de abuso de autoridad, y todo ello siendo citado como testigo de una falsificación que denunciamos»

«El día 23 de septiembre de 2006 fui citado por el magistrado juez Baltasar Garzón Real para prestar declaración testifical el día 28 a las 17.00 horas. A la hora indicada, comparecí en dicho Juzgado, donde se me retiró el DNI en el acto. No empecé a declarar hasta la una hora del día 29, sin que nadie de dicho Juzgado me avisase de cuándo iba a producirse mi declaración, razón por la cual no puede cenar.

Al empezar la declaración fui recibido por Garzón en tono altivo y cortante, tratándome desde el principio como si del peor de los delincuentes se tratara.

Desde el principio del interrogatorio Garzón quería oír unas respuestas determinadas, y cuando no coincidía lo que quería oír con lo que yo respondía, me gritaba diciendo que no levantara la voz, que no me riera y que no le llamara tantas veces señoría, dando la sensación, a mi juicio, de que se encontraba fuera de sus casillas. (...)

Cuando le hacía repetir alguna de sus preguntas, porque no entendía bien lo que me quería preguntar, me decía con tono humillante que la pregunta estaba muy clara, mirando con complicidad, fundamentalmente a la fiscal Olga Sánchez, como si yo fuera imbécil y tratándome como tal.

Me repitió en varias ocasiones, con tono, gesto y mirada amenazantes, que no le levantara la voz.

Cada respuesta mía que no coincidía con lo que Garzón quería oír le enfurecía como si estuviera fuera de sí, intentando amedrentarme como si yo estuviera mintiendo y/o faltándole el respeto y/o fuera tonto.

Cuando Garzón dio por terminado su agresivo, vejatorio y humillante interrogatorio, concedió a los fiscales el turno para que me pudieran interrogar, y al efectuar Olga Sánchez una pregunta que ya me había sido formulada por Garzón en repetidas ocasiones, le hice la observación de que dicha pregunta ya había sido respondida al magistrado juez, diciéndome Sánchez también de forma airada y gritándome que yo le contestara a lo que ella me preguntara prescindiendo de que lo hubiera contestado con anterioridad o no.

Al dar Garzón por terminada mi declaración, pasé a corregir en la pantalla del ordenador todo lo que allí constaba, y pude comprobar cómo varias de las respuestas a mí atribuidas no se correspondían con lo que yo había dicho y/o querido decir, razón por la que tuve que corregir en gran medida la declaración a mí atribuida, pero cada respuesta o frase corregida que no coincidía con lo que a Garzón le interesaba era seguida inmediatamente de otra serie de preguntas y repreguntas por parte del magistrado juez, que cada vez me gritaba más airadamente y que para entonces ya se había levantado de su sillón, pues permanecía prácticamente su tórax sobre mi cabeza, dado que yo permanecía sentado corrigiendo mi declaración sobre el ordenador. Mostraba una actitud totalmente intimidatoria hacia mí, dando a entender, o al menos así lo entendí, que estaba totalmente en sus manos y que podía hacer conmigo lo que quisiera.

Cuando por fin Garzón decidió no hacerme más preguntas y se sentó de nuevo, dije que quería hacer constar en mi declaración la hora a que había sido citado, 17.00 horas del día 28, y la hora en que había comenzado mi declaración, 1.00 hora del 29. Entonces Garzón se levantó de nuevo de su sillón y en tono amenazante me gritó: «¡¡¿Qué quiere usted decir con eso?!!». A lo que le respondí que exactamente lo que había dicho. Y continuó gritando con tono airado y amenazante: «¡¡Si lo que quiere decir es que se encuentra usted mal, aunque yo le veo muy bien, ahora mismo llamo al forense para que le reconozca!!». A lo que le contesté que no necesitaba forense. (...)

En ese momento Garzón ordenó al funcionario que escribía en el ordenador que cambiara la fecha y hora de mi declaración.

Terminé mi comparecencia hacia las 2.30 del día 29 y poco después me fue entregada una citación para las 13.30 horas del mismo día 29 ante la misma autoridad judicial y lugar. Pedí una copia de mi declaración y me fue denegada, argumentando que era secreto del sumario, pero a pesar de dicho secreto los medios de comunicación publicaron parte de mi declaración y mi propio nombre.

Al llegar a mi puesto de trabajo a las 17.00 del día 29 me encontré precintadas las dos mesas en las que trabajo y mi taquilla. Dichos precintos ignoro cuándo y quiénes los pusieron, pero en cualquier caso fue sin estar yo presente. (...)

Tengo que decir que he recibido por parte de Garzón un trato humillante, vejatorio, de falta de respeto, de abuso de autoridad, tono altivo, atosigamiento, corrección sobre el tono de mis palabras y gestos, así como una actitud soberbia y airada. Todo ello cuando fui citado como testigo por un hecho, falsificación, que yo junto a mis otros dos compañeros denunciamos ante el jefe que nos lo solicitó el día 11 de Julio de 2006».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el jueves 12 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Isabel López: «Yo di al juez el documento en el que basa mi imputación»

«A Garzón no le interesaba el ácido bórico como conservante de explosivos ni su facultad de enmascararlos»

«Fui citada con el fin de prestar declaración testifical el día 28-09-06 a las 17.00 horas y no empiezo a declarar hasta las 19.30 horas (...).

Garzón fue el único que me hizo preguntas, absteniéndose en todo momento los fiscales de intervenir. Comenzó diciéndome que si juraba o prometía decir la verdad. Le contesté que juraba, igual que lo juro ante quien corresponda en estos momentos, a través de este escrito.

Me advirtió del falso testimonio y comenzó diciendo que si sabía que el día 21-09-06 había sido publicado en el diario EL MUNDO el informe 48-Q3-05 firmado por los tres peritos, en tono imperativo y apresurado. Le respondí que sí. 'Mire, lo tengo aquí'. Llevé para mi declaración todas las fotocopias que en su día se hicieron para denunciar los hechos ante Andradas el 11-07-06 (...).

Garzón me pidió que se lo dejase para hacerse una fotocopia, a la que llamó Documento 11. Fui preguntada acerca de si era el mismo que el del diario EL MUNDO. 'Sí', le contesté. El juez continuó diciéndome: '¿Éste es el informe que hicieron ustedes?'. 'No', le dije. 'Bueno, sí y no, le explico', respondí. Me miraba haciendo gestos de que no entendía nada. 'Yo le explicaré', le dije. Y por lo menos tres veces a lo largo del transcurso de toda mi declaración le expliqué que ese informe no era una fotocopia del original nuestro (el del 21-03-05) por la sencilla razón de que cuando Andradas (el superior inmediato a Ramírez) le ordenó verbalmente a Escribano que confeccionase una relación de todos los asuntos en los que hubiese participado él en colaboración con uno o varios peritos (Documento 12) y relacionados con el 11-M, y al examinar Escribano el sobre etiquetado con el mismo número y que se guarda en los archivos, [Escribano] comprobó que no estaba la copia del informe nuestro del 21-03-05 y sí el fechado el 22-03-05, firmado por Ramírez, ni la nota informativa para la superioridad, ni la hoja de custodia de la muestra, ni el oficio de remisión a la Comisaría General de Información del informe fechado a 21-03-05, y que el sobre sepia en el que en el apartado 'Estudio asignado a..: Escribano' que es lo que debería de poner, en su lugar había otro sobre asignado a Ramírez. Por lo tanto, ¿cómo hubiésemos podido comunicar estas alteraciones si no estaba nuestra copia? La única manera era imprimir de nuevo nuestro informe del disquete que guardaba Escribano en su cajón y al que tenía acceso todo el personal del laboratorio, como mínimo. Esa copia la firmamos los tres peritos para aportársela a Andradas (...).

Yo fui la que aporté a Garzón la fotocopia que él etiquetó como el Documento 11, así como el 12 y los que señalaré más adelante. (...)

Insisto: desde el principio mi actitud fue de colaboración total, aportando cuantas copias de documento se me pidió. A cambio, lo que recibí es que casi al cabo de las cuatro horas de declaración y cuando nuevamente le explico lo anterior a Garzón, éste exclama enfurecido: '¡Entonces han pretendido engañarme!', poniendo gestos y actitudes como de que me había pillado en un renuncio y dudando de mi palabra, no queriendo escuchar más explicaciones (...)

No es hasta las cuatro horas de declaración cuando decide que ya tiene bastante. Yo estaba agotada. Y es al día siguiente, el 29-09-06, que nos cita nuevamente a las 13, 13.15 y 13.30 a los peritos para prestar declaración en calidad de testigos y en su lugar estamos encerrados en una habitación hasta las 16.00 en que una secretaria viene con el auto de imputación. O sea, tres horas encerrados para terminar dándonos un papel la secretaria (...). A quien corresponda, vuelvo a decir que no entiendo nada de nada. O el magistrado Garzón no se ha enterado de nada o, desde luego, lo que está haciendo es tergiversar todas mis explicaciones. Yo le presenté copia del informe 48-Q3-05 (...) Y si además esto es lo que se le comunicó a Andradas y lo que le explicó a éste Escribano y Andradas firmó el recibí el 11-07-06, ¿cómo pretende que le hemos querido engañar? Y si, además, se le dice que está grabado en el disquete, ¿de qué nos está acusando? A quien corresponda: o yo me he vuelto loca o tonta o el magistrado Garzón, con perdón, no está capacitado para juzgar porque ¿cómo puede imputar un delito imaginario? ¿cómo puede imputar algo que no ha existido? Y con el agravante de que sigue tomando declaración cuando yo he sido la que le aporto el documento en el que basa la imputación. ¡Y los dos fiscales sin decir nada!

Desde el principio Garzón intentó oír lo que quería oír. Yo tenía la impresión de que me quería hacer una encerrona, insistiéndome una y otra vez en que por qué relacionábamos nuestro informe con la ETA? (lo cual le ponía muy nervioso), por qué decíamos que había relación con el informe 868-Q1-01 [el referido al piso franco de ETA en Salamanca donde también se encontró ácido bórico]. Era toda su obsesión. Le respondí varias veces que a nosotros se nos había pedido 'estudio, análisis e informe pericial', y eso fue lo que hicimos. Nos limitamos a apuntar una serie de posibilidades para que la Brigada investigase si lo consideraba oportuno. A Garzón no le interesaba la posible relación con el informe 524-Q1-99 ni la aplicación del ácido bórico como conservante ni su facultad de enmascarar el olor de los explosivos de tipo orgánico ante los perros. Su obsesión era la palabra ETA. Me insistió varias veces en que él tenía ácido bórico en su casa para el olor de los pies. Creo que fue a la segunda vez que me lo dijo que le repliqué: 'Sí, pero seguro que no tiene 1,3265 Kg. de ácido bórico en su casa para los pies, ni el moro Haski en su casa para matar una cucaracha. Además, para matar cucarachas se compra uno un spray o trampas para cucarachas, nadie compra ácido bórico para esos fines'. Además, nosotros en ningún momento hemos acusado a la ETA, nos hemos limitado a decir que en el piso fue identificada la presencia de ácido bórico (...). Nosotros relatamos los hechos para que la Brigada los investigue si lo considera oportuno. En otras circunstancias, se nos diría que por qué no lo habíamos hecho constar (...)».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el jueves 12 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón se ha ganado una severa sanción (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 12 de Octubre, 2006, 11:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Los peritos Manuel Escribano e Isabel López han presentado un escrito ante la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, en el que denuncian malos tratos, vejaciones y abuso de sus prerrogativas del juez Garzón. La lectura del testimonio de los dos peritos sobre su interrogatorio en la Audiencia Nacional es impresionante y su verosimilitud queda muy reforzada tanto por los datos concretos que aportan como por los hechos objetivos que conocemos, que encajan con lo que ambos denuncian.

El perito Escribano se lamenta de un trato «agresivo, vejatorio y humillante» y afirma que Garzón le presionó de forma «airada y amenazante», gritando «fuera de sus casillas» en un intento de hacerle responder lo que él quería escuchar. Escribano dice que entró al juzgado a las cinco de la tarde y no fue llamado a declarar hasta la una de la madrugada. A pesar de que había sido citado como testigo, no se le dió la oportunidad de ingerir alimento alguno salvo un yogur que le dió una secretaria.

Isabel López describe al juez como una persona alterada psicológicamente, con ataques de cólera y profiriendo continuas amenazas. Lo más importante de este testimonio es que explica perfectamente por qué volvieron a firmar el informe que habían realizado el 21 de marzo de 2005. Lo que dice Isabel López es muy simple: el informe había desaparecido de los archivos de la Comisaría General de Policía Científica y firmaron una copia guardada en un disquete de Escribano. La explicación es coherente y comprensible, por lo que esta mujer se pregunta en su escrito con lógica elemental si Garzón «está capacitado para juzgar» tras «imputar un delito imaginario».

Pero lo más significativo de su declaración es que revela que ella aportó el documento en el que Garzón basa su imputación y, a pesar de ello, vulnerando las leyes procesales, el juez siguió interrogándola como testigo y, a continuación, llamó a declarar a Escribano.

Garzón les acusó a ambos de «prefabricar» una falsedad pero la realidad es la contraria: fue Garzón quien trató de inducir a declararse culpables del delito fruto de su fantasía a los dos peritos que comparecían como testigos. El juez acusó incluso a Isabel López de querer filtrar un documento a EL MUNDO cuando ha sido él o uno de los fiscales quien necesariamente tuvo que filtrar a la prensa gubernamental las declaraciones literales de los peritos, a quienes ni siquiera entregó copia.

La actuación de Garzón merece una severa sanción porque, si lo que dicen los peritos es cierto, ha cometido un presunto delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 466.2 del Código Penal, y otro de intimidación, regulado en el artículo 464. Además, ha podido vulnerar al menos cuatro artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A saber, el artículo 238.2, que decreta la nulidad de las actuaciones cuando se realizan bajo violencia o intimidación; el artículo 238.3, que también anula las actuaciones cuando se vulnere el derecho a la defensa; el artículo 418.5, que considera falta grave el abuso de autoridad y el artículo 418.7, que sanciona la revelación de datos sumariales. La Inspección del CGPJ tiene sobrados motivos jurídicos para abrir un expediente disciplinario a un juez que se comporta de esta manera.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el jueves 12 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Los policías piden que se investigue la filtración de las declaraciones que hicieron en la Audiencia

Por Narrador - 12 de Octubre, 2006, 11:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

MADRID.- Manuel Escribano e Isabel López han añadido a su denuncia por el trato recibido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 la petición de que se investigue la filtración de sus declaraciones a Garzón, publicadas por medios afines al juez cuando el procedimiento era conocido por éste y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Alegando que el procedimiento estaba declarado secreto, Garzón no accedió a la petición de los peritos de que les fuera entregada una copia de su declaración judicial.

La única parte conocedora de las diligencias era la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo responsable es Javier Zaragoza. Garzón denegó la personación de la Plataforma España y Libertad pese a que su denuncia fue, precisamente, la que permitió al juez entrar en el asunto de los informes del 11-M.

«Pedí copia de mi declaración a la oficial que me custodió, que me la negó, respondiéndome que era secreto. No obstante, el día siguiente en la prensa aparecía mi nombre y apellidos, y se decía que me había derrumbado y llorado», indica Isabel López.

«Esta perito», insiste, «nunca se derrumbó de nada porque, como juré, dijo la verdad y auxilió al juez Garzón en su labor y le proporcionó cuanta Información pensó que le sería necesaria. Esto es: la fotocopia de informe 48-Q3-05 de los tres peritos; fotocopia de la nota informativa fechada en 21 de Marzo de 2005; relación de casos del 11-M en los que participan estos peritos, que firma Andradas. Además esta perito le entrega al juez Garzón fotocopias del libro El Recetario Industrial del capítulo que habla del ácido bórico y sus aplicaciones; de todo el capítulo del boro y sus compuestos; del libro Ampliación de Química Inorgánica Avanzada, de Cotton y Wilkinsonm y dos artículos de internet del ácido bórico y su relación con explosivos».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el jueves 12 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Garzón acusa a los peritos de querer «desacreditar» la investigación judicial

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Dedica la mayor parte del auto que exculpa a Haski a descalificar sus «delirantes» conclusiones

MADRID.- El juez Baltasar Garzón aprovechó ayer el auto en el que descarta imputar a Hasan Haski por tenencia de explosivos para acusar a los peritos que firmaron el informe inicial sobre el ácido bórico de buscar una conexión entre ETA y el 11-M «sin sustento real alguno».

Las acusaciones del magistrado de la Audiencia Nacional ocupan la mayor parte del escrito y llegan cinco días después de que Garzón se viera obligado a reconocer su falta de competencia en la investigación sobre la presunta falsificación del informe pericial, por lo que no tienen ninguna trascendencia jurídica.

En las conclusiones incluidas en el informe de marzo de 2005 rechazado por sus superiores, los tres peritos incluían una observación que Garzón califica de «simplemente delirante»: que lo poco frecuente de la aparición del ácido bórico en hechos terroristas les llevaba «a la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean el/los mismo/s autor/autores».

También se pronuncia el magistrado sobre cuál era el objetivo de los miembros de la Policía Científica al mencionar una posibilidad «sin el más mínimo rigor científico o real»: alimentar «cierto debate social construido en torno a aquel caso para desacreditar la investigación e instrucción sumarial».

«La inclusión de estas observaciones», insiste el juez, «no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino a generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de Marzo de 2004 en Madrid, a través de uno de sus autores».

La semana pasada, Garzón dictó un auto en el que exculpaba a los superiores de los peritos, asegurando que no había «ningún indicio» de que hubieran cometido delito al hacer llegar al juez del 11-M, Juan del Olmo, un informe distinto al redactado inicialmente. En el auto de ayer, el juez va más allá y asegura que fue su «obligación» legal censurar unas conclusiones que conducían a ETA que «ni eran ciertas, ni científicamente eran sostenibles».

«La eliminación de esas observaciones no sólo era oportuno, sino la única medida legal y posible de acuerdo con las normas de calidad vigentes en la Comisaría General de Policía Científica», dice el escrito. «Y debían haberse eliminado», concluye, «aunque no se hubiera sugerido la posible conexión ETA-islamistas. Aunque, por otra parte, el que hubieran aparecido tampoco hubiera supuesto mayor incidencia, dada la facilidad para establecer el inconsistente alcance de dicha afirmación».

Además de basarse «en simples elucubraciones», el magistrado acusa a los expertos de omitir «datos relevantes cuya presencia habría supuesto la inocuidad de aquellas observaciones, y dentro de ellas la del ácido bórico como sustancia explosiva».

Esas omisiones se refieren a los dos precedentes de hallazgo del ácido recogidas por los peritos en el informe inicial: un piso franco de ETA en Salamanca y el registro a un joven antisistema. Respecto al primer caso, les acusa de esconder que la Audiencia Nacional ni siquiera llegó a recibir noticia del hallazgo del ácido al considerarlo irrelevante.

Respecto al segundo, afirma que en un informe ampliatorio elaborado por dos de los tres peritos concluyeron que «el ácido bórico no es sustancia explosiva ni incendiaria», algo que no mencionaron en el caso de Haski.

El auto asegura que el informe que mencionaba a ETA «no era un documento oficial en la época en la que acontecen los hechos [marzo de 2005], por cuanto no llegó a adquirir dicha categoría al haber sido rechazado por quien tenía competencia para hacerlo y porque en el mismo no constan el sello del Servicio Central de Analítica, ni el Registro de Salida, ni su almacenaje o la mención 'es copia' que explicaría su circulación».

En el auto en el que cierra la pieza separada abierta sobre el ácido bórico, Garzón también dedica parte de su argumentación a explicar quién, a su juicio, entregó una copia del informe original a EL MUNDO. El culpable es el perito Manuel Escribano, puesto que, según el juez, sólo él disponía del informe que relacionaba a ETA con el 11-M.

LAS TESIS DEL MAGISTRADO

«Se ha demostrado sin duda racional alguna la prefabricación intencionada de tales observaciones para que produjeran un efecto espurio a la propia pericia, en concreto la supuesta vinculación entre ETA y los autores de 11-M».

«La observación [...] es simplemente delirante, ya que no tiene -ni siquiera como posibilidad- el más mínimo rigor científico o real, según los datos del informe, que lleve a mantener esta afirmación».

«La eliminación de esas observaciones no sólo era oportuno, sino la única medida legal y posible de acuerdo con las normas de calidad vigentes en la Policía Científica».

«El documento discutido [el primer informe] no era un documento oficial en la época en la que acontecen los hechos por cuanto no llegó a adquirir dicha categoría al haber sido rechazado por quien tenía competencia para hacerlo».

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La 'Conspiración' que nunca ha existido (11 de octubre de 2006): Disparatado Auto de Garzón

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Garzón acusa al perito Escribano de fabricar la relación entre ETA y el 11-M 

El magistrado archiva el 'caso del ácido bórico' sin ampliar la imputación de El Haski

Madrid - El juez Baltasar Garzón archivó ayer el denominado caso del ácido bórico sin ampliar la imputación del islamista Hassan el Haski, por no tratarse de una sustancia explosiva. Al mismo tiempo, el juez, en un auto de 15 folios, revela que, de las investigaciones que ha hecho, se ha "demostrado, sin duda racional alguna", que el perito Manuel Escribano realizó la "prefabricación intencionada" de la supuesta vinculación entre ETA y los presuntos autores de los atentados terroristas del 11 de marzo, en este caso el islamista Hassan el Haski, "para que produjera un efecto espurio a la propia pericia".

Garzón concluye que Escribano fabricó un nuevo documento, que no era oficial, y que lo entregó a El Mundo con la finalidad de imputar una falsedad a sus superiores, que cumplieron las normas legales y de calidad de la policía al rechazar el borrador que el perito les presentó en marzo de 2005.

En el auto dictado ayer, Garzón señala que el hecho de que el ácido bórico hubiera servido para fabricar explosivos hubiera tenido gran incidencia en la causa, ya que al islamista Hassan el Haski se le persigue por su intervención en los atentados de Casablanca y en los del 11-M. Pero el auto añade que "esto no ha sido así al haberse demostrado -sin duda racional alguna- la prefabricación intencionada de tales observaciones para que produjeran un efecto espurio a la propia pericia, en concreto la supuesta vinculación entre ETA y los presuntos autores de los atentados terroristas del 11 de marzo, en este caso Hassan el Haski".

El magistrado precisa que "ello se ha realizado, sin la más mínima base científica sustentándolas en simples elucubraciones y omitiendo datos relevantes cuya presencia habría supuesto la inocuidad de aquellas observaciones, y dentro de ellas, la del ácido bórico como sustancia explosiva".

Desacreditar la investigación

Por el contrario, añade el auto, "esa omisión suponía dar pábulo a la incidencia extrapericial de las mismas, acorde con cierto debate social construido en torno a aquel caso [el 11-M] para desacreditar la investigación e instrucción sumarial". Garzón agrega que el informe-borrador de 21 de marzo de 2005, en el que se incluía la vinculación de ETA con el 11-M a través del ácido bórico, "en ningún caso (...) buscó una realidad científicamente constatada", con observaciones, "tan genéricas como perversas e impropias de un informe pericial".

El magistrado establece que no consta ningún dato, informe, documento, estudio o similar que permita afirmar que el ácido bórico haya tenido algún uso como elemento de sustancia explosiva hasta la fecha en España. Agrega que "revisados todos los manuales de explosivos intervenidos a terroristas de ETA y los encontrados, en memorias externas, en el piso de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés, en ninguno de ellos se hace mención al ácido bórico como componente o material utilizado para la fabricación de explosivos".

El auto incide en que tras la desarticulación del comando Buruhauste de ETA, que tramitó el Juzgado Central de Instrucción número 4, por delito de terrorismo, se halló ácido bórico en un piso franco de Salamanca como consta en el informe número 868-Q1-01 de 5 de diciembre de 2001. No obstante, en el informe que se remitió al juzgado "no consta siquiera referenciada la mención del ácido bórico ante la ausencia de conexión con el objeto investigado, ya que está acreditado que era para utilizarlo como producto de higiene personal".

El hecho de que el perito Manuel Escribano, autor del informe-borrador, no quisiera profundizar sobre la naturaleza del ácido bórico, sino "resaltar la hipotética y artificial conexión" entre los islamistas y ETA; y el que los expertos en explosivos prescindieran de mencionar al juez el hallazgo del ácido bórico en el piso franco de ETA en Salamanca, por ser inocuo, lleva a Garzón a afirmar que habría que reflexionar sobre las intenciones de Escribano. La inclusión de las observaciones, sobre la posible relación de los islamistas con ETA, "se desvela no sólo artificial sino intencionadamente traída para ofrecer un resultado irreal, contrario a la línea de investigación policial y judicial, y con el fin de cuestionarla".

La parte de la observación de los peritos que concluye que por tener ácido bórico los etarras, El Haski y un militante antisistema estén relacionados entre sí, hayan tenido un mismo tipo de formación o sean los mismos autores, para Garzón "es simplemente delirante, ya que no tiene -ni siquiera como posibilidad- el más mínimo rigor científico o real, según los datos del informe, que lleve a mantener esta afirmación".

El juez se pregunta por la finalidad perseguida al vincular a la organización terrorista ETA con los islamistas y señala que esa finalidad se comprueba con los acontecimientos posteriores: "Reconstrucción del informe-borrador pericial no oficial, firma posterior (11.07.06) simulando el documento para darle alcance oficial presentándolo a los superiores, entregándolo a un medio de comunicación y presentándolo, tanto éste como los peritos (la n° 11) en sede judicial (Juzgados Centrales 6 y 5 respectivamente), para imputar una falsedad a los superiores que cumplieron con las normas legales y de control de calidad al rechazar ese informe".

Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"Una apariencia creada" 

Madrid - El juez Garzón dedica todo un apartado de su auto al documento que le entregó en el juzgado la perito Isabel López Cidad, en el que constan las observaciones sobre la posible vinculación entre ETA y los autores de los atentados del 11-M. Ese informe, según el auto, fue creado por el perito Manuel Escribano para la ocasión y firmado por los tres peritos en julio de 2006. El magistrado señala que el documento entregado por López Cidad y el publicado por El Mundo "han sido extraídos del único original fabricado por el señor Escribano (perito nº 9) y al que sólo él tenía acceso".

El auto explica que fue Escribano quien introdujo las impresiones sobre el ácido bórico en un borrador de marzo de 2005 que nunca adquirió carácter de documento oficial y que el 11 de julio de 2006 el propio Escribano "fabricó un nuevo original (...) creado para la ocasión" y que pasó a la firma de los otros peritos.

Posteriormente, entregó una fotocopia a su jefe, José Andradas, ocultando que se trataba de un documento nuevo, "con el fin de dar la apariencia de que guardaban el original" para hacerlo pasar por documento oficial.

"Una vez creada la apariencia documental y presentada oficialmente" [a Andradas], dice el auto, "fue puesto en circulación mediante su envío al diario El Mundo en fecha que no consta, pero entre el 11 de julio y el 21 de septiembre de 2006. El documento fue extraído por el autor del mismo del disquete y repartido por él, como lo demuestra ser el único que tenía acceso y que todos los documentos tienen la misma alteración en su texto, que parte del original; en concreto, en su página 2 en la 8 línea de las observaciones se escribe al Juzgado 'Ventral' en vez de Central y porque el análisis pericial de firmas así lo acredita, sin ningún género de dudas".

"Las rúbricas y firmas contenidas en los documentos, 1 (el publicado por El Mundo) y 2 (el aportado a este juzgado por la sra. López Cidad) son reproducciones, son idénticas en ambos ejemplares y por lo tanto han sido obtenidas de un original común previo".

Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Crónica de una conspiración para deslegitimar el juicio del 11-M 

Los 15 folios dictados ayer por el juez Baltasar Garzón constituyen la radiografía de una conspiración. Los organizadores de la prueba falsa del ácido bórico pretendían, según el juez, "desacreditar la investigación instrucción sumarial" del caso del 11-M.

¿Cómo avanzar en esa campaña de deslegitimación anticipada del juicio del 11-M? He aquí la respuesta: "La prefabricación intencionada de tales observaciones [relación ETA-islamistas] para que produjeran un efecto espúreo a la propia pericia, en concreto, la vinculación entre ETA y los presuntos autores de los atentados del 11 de marzo, sin la más mínima base científica sustentándolas en simples elucubraciones y omitiendo datos relevantes cuya presencia habría supuesto la inocuidad de aquellas observaciones, y dentro de ellas, la del ácido bórico como sustancia explosiva".

El juez analiza paso a paso los movimientos de los conspiradores. El objetivo fijado de antemano: crear la apariencia de una relación ETA-islamistas. Este objetivo está determinado por el debate político en España durante las fechas en que los tres peritos realizan la pericia, esto es, marzo de 2005.

En aquellos momentos, la comisión de investigación parlamentaria del 11-M es la caja de resonancia. La coalición de conspiradores ya citada fracasa tras denodados intentos de colar la teoría de los supuestos vínculos ETA-islamistas.

Los peritos, dirigidos por Manuel Escribano, también fracasan. Sus superiores, al leer sus observaciones, estiman que se trata de una elucubración carente de base científica. Y su informe sobre el ácido bórico es rechazado. Se elabora, por tanto, un informe diferente.

El mérito de la radiografía del juez es éste: los peritos, sobre todo Escribano, saben que están fabricando una prueba a sabiendas. Los otros dos le acompañan. ¿Cómo lo sabe el juez? Porque ha podido verificar que los peritos, al plasmar sus observaciones, han omitido conclusiones que ellos mismos habían vertido en informes anteriores sobre el ácido bórico.

El juez señala: "No es una omisión casual por parte de quien hizo el informe [Escribano] y que los otros dos firmaron sin leer o cuestionar, sino perfectamente meditada, para aquél, porque de su presencia o no dependía poder mantener o no la posibilidad a la que se refiere la observación tercera (conexión entre ETA y organizaciones terroristas islamistas o yihadistas)".

La operación se consuma en julio pasado. El Mundo y el PP necesitan más madera para alimentar la caldera de la conspiración. ¡Escribano fabrica, pues, el documento de marzo de 2005 con fecha 11 de julio de 2006! El 21 de septiembre está en la portada del periódico con el mismo error del disquete de Escribano. Es decir: Juzgado Ventral en lugar de Juzgado Central... La V por la C.

Texto de Ernesto Ekaizer publicado por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón dice que Escribano «fabricó» el borrador con el fin «espurio» de vincular a ETA con el 11-M

MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón zanjó ayer su investigación sobre el «caso bórico» en un auto tan concluyente como demoledor. El perito Manuel Escribano, autor del borrador que vinculaba a ETA con el 11-M a través del ácido bórico -hallado en poder de El Haski-, «fabricó» intencionadamente su escrito. El funcionario policial, imputado por falsedad documental, introdujo las observaciones que establecían la relación de la banda terrorista con los atentados de Madrid «para que produjeran un efecto espurio a la propia pericia». «Y ello, sin la más mínima base científica, sustentándolas en simples elucubraciones y omitiendo datos relevantes cuya presencia habría supuesto la inocuidad de aquellas observaciones y, dentro de ellas, la del ácido bórico como sustancia explosiva».

Lo anterior es sólo una de las conclusiones a las que llega el magistrado en el auto en el que ayer dio por concluida la pieza separada sobre los usos del ácido bórico al considerar que esta sustancia -ni explosiva ni incendiaria- no tiene relevancia jurídico-penal. De esta forma, Garzón concluye su investigación sin considerar necesario imputar a Hassan El Haski, además de por pertenencia a organización terrorista (en relación con los atentados de Casablanca), por tenencia de explosivos.

Observaciones «inveraces»

El juez aprovecha su resolución no sólo para justificar su competencia para la práctica de las primeras diligencias (las relacionadas con la presunta falsificación), sino para explicar con todo detalle la «fabricación» del documento que terminó con la imputación de los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique. Es al primero de ellos, el autor del borrador, sobre el que Garzón lanza las mayores críticas. Las observaciones que este perito hizo constar en el texto que el pasado julio recuperó de «sus» archivos informáticos eran «inveraces y preconstituidas con finalidad distinta a la propia del informe».

Además, señala que el hecho de mencionar como antecedente de ácido bórico el hallazgo de esta sustancia en el piso de un «comando» de ETA en Salamanca «no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino a generar una apariencia sin sustento real alguno que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados del 11 de marzo». Y es que el juez señala que, como publicó ayer ABC, el informe definitivo de la Policía sobre el análisis de las sustancias halladas en el piso franco de ETA no acredita la existencia de ácido bórico.

«Los expertos en explosivos tampoco consideraron elemento, siquiera relacionado con los explosivos, al ácido bórico, hasta el punto de que no aparece en el informe unido a la causa», añade Garzón. Pero el juez va aún más lejos, e igual que menciona que los «antecedentes» que Escribano señaló en su borrador «fueron intencionadamente traídos» a su escrito (entre ellos, la aparición de bórico en Salamanca), apunta que ocultó que en un informe anterior elaborado por él mismo en el que dejó constancia de que «no es sustancia explosiva ni incendiaria».

«No es una omisión casual»

La no inclusión de este extremo en sus observaciones del borrador al que, según el juez, «dieron apariencia documental», «no es una omisión casual por parte de quien hizo el informe (Escribano) y que los otros dos firmaron sin leer o cuestionar, sino perfectamente meditada por aquél, porque de su presencia o no dependía poder mantener o no la posibilidad» de que se relacionara a ETA con el 11-M. Garzón añade que ha quedado clara la falta de consistencia y omisión de «datos relevantes y fundamentales» que al menos dos de los tres peritos (Escribano y López) conocían, por lo que «habrá que preguntarse sobre el alcance de esas omisiones, que cobran relevancia no sólo en función de la afirmación de conexidad entre autores de hechos terroristas, sino de la finalidad que se perseguía con la misma».

En este sentido, el juez subraya que Escribano era la única persona que tenía acceso a ese documento, el que presentó como oficial. Sólo él tenía el archivo informático sin modificar desde su creación (en marzo de 2005) y el único que ha hecho uso de él para tres finalidades concretas. La primera era su fabricación (mediante impresión nueva) y firma el 11 de julio de 2006 (con fecha 21 de marzo de 2005) para darle apariencia real y presentarla a su superior. La segunda, para su entrega a «El Mundo», que lo publicó el 21 de septiembre; y, finalmente, para presentarlo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 a través de la perito Isabel López, «alcanzando con ello el carácter oficial del documento».

El juez considera acreditado que el borrador «sólo estaba en el disquete» que fue intervenido por orden judicial el pasado 29 de septiembre. Este soporte informático se encontraba en el interior de un cajón de la mesa de laboratorio en la que Escribano guardaba sus efectos y del que sólo él tenía la llave. «El referido disquete, por el lugar donde se ubicaba y formar parte de un grupo mayor de elementos informáticos (...) presuntamente indica que las impresiones de los textos aparecidos en el registro fueron hechas por Manuel Escribano u otra persona con sus instrucciones (...)». Esto lleva al magistrado a concluir que los documentos que se presentaron en el Juzgado y el publicado por «El Mundo» «han sido extraídos del único original fabricado por el señor Escribano y al que sólo él tenía acceso».

Respecto a la eliminación de las observaciones del borrador por parte del superior de Escribano, Francisco Ramírez, no sólo era «oportuna», sino que era la única medida legal y posible de acuerdo con las normas de calidad vigentes en la Comisaría General de Policía Científica»

Texto de Nati Villanueva publicado por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón no merece el 'amparo' del Poder Judcial

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

El CGPJ vuelve a negar amparo a Garzón por su incompetencia

Advierte que las críticas contra él se refieren a un caso que tuvo que abandonar tras las desautorizaciones de la Sala de lo Penal / Unánime respaldo a Requero

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer la petición del juez Garzón de ser amparado frente al «brutal y desmedido ataque» a su independencia que, según él, se ha producido tras su polémica actuación con los peritos del 11-M.

Por segunda vez en 8 días, el órgano de gobierno de los jueces no ha visto motivos para salir en apoyo de Garzón. Más aún, ha rechazado su pretensión «principal», que era la de censurar al vocal Requero. El CGPJ ha respaldado -por unanimidad- al consejero.

Garzón envió el pasado miércoles un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que reclamaba el amparo de esta institución ante una «campaña» de varios medios de comunicación -entre ellos, citaba al diario EL MUNDO- dirigida, según él, a «perturbar con una ferocidad tan evidente como injusta» su independencia.

También solicitó amparo «frente al ataque a la independencia judicial por parte del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Jaime Ignacio del Burgo», que opinó que, con su actuación contra los peritos del 11-M, Garzón estaba «prestando un servicio al Gobierno».

No obstante, quien motivó la petición de amparo «en forma principal» -decía Garzón en su escrito- era el vocal del CGPJ José Luis Requero, que se dirigió el Servicio de Inspección para que investigue el trato dado por el instructor a los miembros de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. Los dos primeros han denunciado al juez al considerarse maltratados y presionados durante su larga comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado 28 de septiembre.

Garzón calificaba la actuación del vocal Requero de «interferencia injustificada en la actividad jurisdiccional». «Es la primera vez que en casi 25 años de profesión judicial me veo agredido en forma tan cruel como injusta por quien tiene la obligación de defender mi independencia», indicaba.

Veinticuatro horas antes de la reunión de la Comisión Permanente -órgano del CGPJ que debía pronunciarse en primera instancia sobre la petición de amparo-, Garzón remitió un segundo escrito en el que insistía en el «brutal y desmedido ataque contra mi independencia» e indicaba que no pedía que se amparase su honor, sino que «se constate y confirme que ha existido una perturbación grave» de su actividad jurisdiccional, «aunque formalmente tal perturbación ya no pueda existir dado que me he inhibido» de la investigación de los informes periciales del 11-M.

Es justamente este último aspecto lo que ha impedido que la petición de amparo prosperase. «No concurren las condiciones objetivas y los presupuestos contemplados en la ley» para que proceda el amparo, afirma el acuerdo tomado ayer por la Comisión Permanente.

El CGPJ destaca que Garzón «se ha inhibido a petición del Ministerio Fiscal y tras el dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de sendas resoluciones en las que sancionaba que la investigación referente a la posible falsedad de un informe pericial debería ser instruida por los Juzgados de Instrucción de Madrid».

«Como el juez no conoce ya del asunto a que se refieren las críticas, ni han influido en su decisión de inhibición, no se dan los supuestos que exige la ley» para conceder el amparo. Éste tiene como fin «defender la independencia judicial en el futuro como consecuencia de las actuaciones que la hayan podido perturbar o inquietar en el pasado y en el presente, siempre y cuando el juez siga conociendo del asunto, y en tal sentido es reiterada la doctrina sentada por el CGPJ», explica la Comisión Permanente.

Este punto del acuerdo tuvo tres votos a favor y dos en contra. Formaron la mayoría el presidente, Francisco Hernando, y los vocales propuestos por el PP Carlos Ríos y Enrique López, mientras que los votos minoritarios fueron de Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, ambos propuestos por el PSOE.

En cambio, los cinco miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo en rechazar la petición de amparo basada en la actuación del consejero José Luis Requero.

Atada por los precedentes (en 2003 se desestimó por unanimidad la recusación de un vocal de la minoría que activó a la Inspección para que investigase a un juez, luego expedientado con el voto de ese vocal), la Comisión adoptó el acuerdo unánime de declarar que la actuación de Requero «no supone una denuncia, sino una puesta en conocimiento del Servicio de Inspección de unos hechos, no dados por ciertos, a los efectos» de que se aclaren.

Requero, añade, «cumplió una obligación intrínseca de cualquier miembro de este Consejo, tal cual es dar traslado de un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».

El tercer y último punto de la resolución, adoptado también por unanimidad, indica que «ante críticas y descalificaciones desmesuradas y desorbitadas en lo que se refiere al caso en cuestión, la Comisión Permanente considera conveniente, como ya se puso de manifiesto en otras ocasiones, resaltar que el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales, siempre aceptable en un Estado de Derecho, no debe incurrir en imputaciones personales, ni descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional, debiéndose mover el ejercicio de la crítica dentro de unos mínimos cánones de racionalidad y prudencia».

Fuentes de los dos sectores del CGPJ indicaron que por parte de ambos había «voluntad de pacto» sobre una petición de amparo que querían zanjar. Los vocales de la minoría insistieron en que se censuraran las críticas públicas que ha recibido Garzón -hicieron bandera, en particular, del calificativo de «desmesuradas»- y los de la mayoría se centraron en el respaldo a Requero.

La posición del sector mayoritario contraria al amparo a Garzón era esperada por Campo y Aguiar, que no hicieron cuestión. Los dos redactaron un voto particular discrepante en el que sostienen que «se dan los requisitos que este Consejo ha venido exigiendo para la concesión del amparo».

A su juicio, la petición de Garzón debió ser estimada porque «cuando los insultos y descalificaciones -como sucede en la presente ocasión- transgreden los límites de lo permisible, no sólo atentan y pretenden perturbar la independencia que resulta consustancial elemento de la función de juzgar, sino que colisionan con el debido respeto al Estado de Derecho».

Aguiar considera, además, que el sector mayoritario «confunde los conceptos de independencia e imparcialidad». A su parecer, la independencia judicial va ligada al estatuto del juez y no a un proceso concreto, de forma que «producida una injerencia, la exigencia de restauración de tal estatuto de independencia no se extingue porque se pierda la competencia en el asunto».

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El CGPJ niega el amparo a Garzón, aunque admite que sufrió críticas «desmesuradas»

El juez tacha de «delirante» la tesis de los peritos de vincular los atentados del 11-M con ETA

Madrid - El informe de los peritos que relacionaron el 11-M con ETA a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los imputados por los atentados de Madrid, Hassan el Haski, y en el piso de un comando etarra «carece de la más mínima base científica». El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera en un auto notificado ayer que la hipótesis de los agentes «no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, que eran inexistentes, sino a generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid».

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional vuelve a exculpar a los superiores de los tres peritos -a quienes éstos acusaron de eliminar el párrafo que relacionaba a ETA con el 11-M y reescribir el informe- y hace hincapié en que su decisión «no sólo era oportuna sino la única medida legal posible» de acuerdo con las «normas de calidad» vigentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Garzón no ahorra calificativos para poner en cuestión la labor de los tres peritos -Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique- y afirma que ha quedado demostrado, «sin duda racional alguna», la «prefabricación intencionada» de esa consideración del ácido bórico como componente explosivo «para que produjera un efecto espurio a la propia pericia», vincular los atentados de Madrid con la banda terrorista.

No está en los manuales de ETA

Para el magistrado, las observaciones de los peritos no reflejaban una realidad «científicamente constatada», sino que eran «tan genéricas como perversas e impropias de un informe policial». A su juicio, no existe ningún informe que permita afirmar que el ácido bórico «haya tenido algún uso como elemento de sustancias explosivas hasta la fecha en España». Además, añade, en ningún manual de explosivos intervenidos a etarras se menciona esta sustancia «como componente o material utilizado para la fabricación de explosivos».

En cuanto al que se halló en el domicilio de El Haski, uno de los presuntos ideólogos del 11-M, el juez insiste en que en ese registro no se encontró ninguna sustancia que llevase a pensar que el uso que se le daba fuese diferente al doméstico (sobre todo como matacucarachas). Respecto al ácido bórico hallado en el piso del comando etarra en Salamanca, Garzón resalta que en el informe policial «ni siquiera aparece mención alguna a dicha sustancia». En consecuencia, añade, incluir esa relación de los islamistas con ETA es «no sólo artificial sino intencionadamente traída para ofrecer un resultado irreal contrario a la línea de investigación policial y judicial».

Garzón señala a Escribano -la «única persona que tenía el archivo informático sin modificar desde su creación»- como la persona que filtró el informe (al que se refiere como borrador pericial no oficial) al diario «El Mundo».

El magistrado concluye que el ácido bórico encontrado en casa de El Haski «carece de relevancia jurídico-penal» para imputarle un delito de tenencia de explosivos en el marco del sumario que investiga los atentados en la Casa de España en Casablanca (Marruecos) en mayo de 2003, en los que El Haski también está imputado.

De esta forma, el juez da carpetazo a la investigación que abrió el pasado 23 de septiembre en relación con este asunto y que dio lugar a un sonado tira y afloja entre el magistrado y la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que le reclamó la competencia hasta que, finalmente, Garzón se inhibió del asunto.

El Consejo respalda a Requero

Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial rechazó ayer la petición de amparo que había solicitado el juez Garzón a raíz de las críticas vertidas tras su decisión de imputar a los tres peritos que elaboraron el informe donde se relacionaba a ETA con el 11-M. La decisión se adoptó con los votos a favor del presidente del CGPJ, Francisco Hernando, y los vocales del grupo mayoritario Enrique López y Carlos Ríos, y la oposición de los consejeros de la minoría Juan Carlos Campos y Luis Aguiar.

El argumento central para denegar la solicitud de Garzón radica en que el magistrado se ha inhibido, «a petición del propio Ministerio Fiscal y tras el dictado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional», a favor de los juzgados de Plaza de Castilla en lo relativo a la presunta falsificación del informe relacionado con el 11-M.

Por ello, el CGPJ concluye al respecto que «como el juez no conoce ya del asunto a que se refieren las críticas, ni han influido en su decisión de inhibición, no se dan los supuestos» para otorgar el amparo.

Sin embargo, sí se reconoce que ha sufrido «críticas y descalificaciones desmesuradas y desorbitadas», ante lo cual se vuelve a poner de manifiesto que la crítica de las actuaciones judiciales «no debe incurrir en imputaciones personales ni descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional». Además, la Comisión Permanente respaldó por unanimidad la legitimidad del vocal José Luis Requero de poner en conocimiento de la Inspección unos hechos publicados, «no dados por ciertos», relativos a los interrogatorios de los peritos. Requero actuó, se afirma en el acuerdo, «cumpliendo una obligación intrínseca de cualquier miembro de este Consejo, tal cual es dar traslado de un supuesto funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Tan sólo dos amparos en cinco años: uno de ellos al magistrado

Madrid -Desde que el actual Consejo General del Poder Judicial comenzara su singladura, en noviembre de 2001, sus miembros han estudiado un total de 27 peticiones de amparo pedidas por otros tantos jueces, quienes acudieron a su órgano de gobierno solicitando un respaldo explícito ante diversas actuaciones, manifestaciones o críticas en medios de comunicación. El CGPJ sólo atendió dos de esas solicitudes, una de las cuales fue, precisamente, al juez Baltasar Garzón.

El amparo otorgado a ese magistrado de la Audiencia Nacional se le concedió el 24 de julio de 2002 y fue respaldado por 16 vocales. Garzón acudió al CGPJ por las críticas que habían vertido contra él dirigentes de partidos vascos, así como del consejero de Justicia, Joseba Azkárraga, durante la investigación que realizaba en torno a Batasuna y que terminó con la suspensión de actividades de esa formación. El Consejo le otorgó el amparo al entender que las críticas al auto donde acordaba el embargo de los bienes de Batasuna transgredieron «los límites de lo permisible dentro del necesario respeto a las instituciones y a un poder esencial del Estado, como lo es el Poder Judicial».

La magistrada Samanta Romero también recibió el amparo del CGPJ por las actuaciones de una letrada y una procuradora.

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

«Maniobra para desacreditar a los policías»

La Confederación Española de Policía (CEP), cuyos servicios jurídicos han asumido la defensa de dos de los tres peritos, salió ayer al paso de las acusaciones que vierte el juez Garzón en su auto contra los tres agentes que elaboraron tan controvertido informe. Su secretario general, Ignacio López, aseguró que todo lo contenido en la resolución del magistrado relativo a la presunta falsificación del informe «no tiene validez jurídica alguna, porque se ha inhibido en favor de los juzgados de Plaza de Castilla, reconociendo que es incompetente en lo que afecta a la falsificación». Pero, además, destacó que, en el fondo, se trata de «una maniobra para desacreditar a estos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, los cuales, por cierto, siguen en la situación procesal de testigos». En esta línea, insistió en que la acción de los peritos se ajustó a la legalidad, por lo que «en ningún momento incurrieron en falsedad documental», como sostuvo Garzón.

Una información de publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La versión de ABC y EL PAIS

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 6:45, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

El CGPJ rechaza amparar al juez porque ya no tramita el «caso bórico»

MADRID. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer conceder el amparo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por los ataques a los que se ha visto sometido desde que empezó a investigar el «caso bórico». Tras una reunión de varias horas en la que se dispensó a este asunto una «especial atención», la Comisión Permanente hizo público el acuerdo, que se adoptó por tres votos (los del presidente, Francisco Hernando, y los de los vocales de la mayoría conservadora Enrique López y Carlos Ríos) frente a dos (los de los miembros de la minoría progresista Luis Aguiar y Juan Carlos Campo). Se reeditaba así -aunque esta vez desprovista de tensión y enfrentamiento- la división que, en el seno de esa misma Comisión, había provocado una semana antes la propuesta de los minoritarios para que el CGPJ hiciera una declaración de apoyo a Garzón frente a la campaña de descrédito emprendida contra él desde varios medios de comunicación. En esa ocasión, el CGPJ eludió apoyar a Garzón.

Uno de tres

Fuentes del CGPJ aseguraron que los miembros de la Permanente entraron ayer en la reunión con la decidida voluntad de llegar a algún tipo de consenso. El acuerdo que finalmente se adoptó consta de tres puntos y las discrepancias entre conservadores y progresistas se produjeron sólo en torno al primero (aunque más importante): la concesión del amparo. En los otros dos hubo unanimidad.

El argumento principal que ha llevado a la denegación del amparo se centra en que las críticas se referían a su actuación en un concreto asunto -el del informe que sugería una hipotética vinculación entre ETA y el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico- que en este momento ya no está en manos de Garzón, pues él mismo se ha inhibido en favor de los Juzgados de Madrid. El CGPJ entiende que no se dan las condiciones «objetivas» que la ley exige para conceder el amparo, cuya finalidad es «defender la independencia judicial en el futuro como consecuencia de las actuaciones que la hayan podido inquietar en el pasado y en el presente, siempre y cuando el juez siga conociendo del asunto».

El acuerdo votado por los vocales de la mayoría -que deberá ratificar el Pleno- añade que los ataques por los que Garzón se sintió intimidado tampoco «influyeron» en su decisión de remitir el «caso bórico» a Plaza de Castilla, inhibición que le requirió la Fiscalía y le ordenó la Sala de lo Penal.

Los dos vocales progresistas redactaron un voto particular en el que, por el contrario, consideran que en este caso sí «se dan los requisitos» que el CGPJ ha venido exigiendo para conceder el amparo pues los insultos y descalificaciones dirigidos contra Garzón «transgreden los límites de lo permisible» y «no sólo atentan y pretenden perturbar la independencia» del juez «sino que colisionan con el debido respeto al Estado de Derecho».

Aval a Requero

Los otros dos puntos del acuerdo -la actuación de José Luis Requero y los límites del derecho a la crítica- obtuvieron el respaldo unánime de los cinco vocales. En cuanto a Requero, cuya actuación se considera «poco prudente» en medios de la minoría, el acuerdo señala que «cumplió una obligación intrínseca de cualquier miembro de este Consejo» cuando «puso en conocimiento» de la Inspección -la Comisión rechaza que se tratara de una «denuncia»- unos hechos que conoció a través de un periódico y que se referían al supuesto trato incorrecto -negado tajantemente por la Fiscalía- que Garzón habría dispensado a los peritos del ácido bórico cuando les tomó declaración.

En cuanto a las «descalificaciones desmesuradas y desorbitadas» dirigidas contra Garzón desde varios medios de comunicación, en esta ocasión -muy al contrario que la semana pasada- el CGPJ recuerda que el «aceptable» derecho a la crítica «no debe incurrir en imputaciones personales ni descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional» y debe moverse «dentro de unos mínimos cánones de racionalidad y prudencia».

Texto de Nieves Colli publicado por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Poder Judicial rechaza dar amparo a Garzón pero pide prudencia en las críticas 

La comisión afirma que las descalificaciones al juez son "desmesuradas y desorbitadas"

Madrid - La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, merced a los tres votos de los vocales conservadores, no amparar al juez Baltasar Garzón tras el aluvión de críticas e insultos que ha recibido este magistrado por imputar un delito de falsedad a los tres peritos que elaboraron un informe en el que vinculaban a ETA con los atentados del 11-M. No obstante, la comisión entiende que las descalificaciones que ha soportado el juez a raíz de sus pesquisas sobre el citado informe pericial han sido "desmesuradas y desorbitadas" y pide "racionalidad y prudencia" en el ejercicio de la crítica.

Era previsible la decisión de la Comisión Permanente del Consejo de no amparar a Garzón, máxime cuando el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Francisco José Hernando, avanzó la semana pasada, en una entrevista, que una persona con el bagaje de Garzón no necesitaba amparo.

Los votos mayoritarios de los vocales conservadores de esta comisión también sirvieron para rechazar el amparo pedido por Garzón respecto al vocal del CGPJ José Luis Requero, a quien el juez de la Audiencia Nacional ha anunciado que recusará si no se abstiene de intervenir en las diligencias que el propio Requero le ha abierto en el Consejo. Requero ha instado a la inspección del Consejo a que investigue la veracidad de informaciones periodísticas -desmentidas por dos fiscales y la secretaria del juzgado-, según las cuales Garzón coaccionó a los peritos del ácido bórico durante los interrogatorios. Según la comisión, Requero no ha presentado una denuncia contra Garzón, sino que se ha limitado, dentro de sus funciones, a instar una investigación.

El rechazo al amparo fue respaldado por los tres vocales conservadores de la comisión: el presidente del CGPJ, Francisco José Hernando; el portavoz del Consejo, Enrique López, y el vocal Carlos Ríos. A favor de amparar a Garzón se mostraron los dos vocales de la minoría progresista: Juan Carlos Campo y Luis Aguiar. El juez Garzón pidió amparo porque entiende que ha sufrido un "brutal ataque" por "pretensiones políticas" desde el PP y sus medios afines en su labor instructora sobre la falsedad del informe de los peritos del ácido bórico. La comisión emitió una nota en la que resalta que no cabe amparar a Garzón porque este juez ya se ha inhibido en favor de los juzgados de Madrid del asunto que ha suscitado las críticas, la supuesta falsedad de los informes del ácido bórico.

Texto de M. Altozano y J. A. Hernández publicado por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"El juez se inhibió de la falsedad documental" 

Madrid - No hay caso, luego no hay amparo. Ese es el argumento utilizado por el presidente del Consejo, Francisco Hernando, y los vocales conservadores Carlos Ríos y Enrique López. Este último explicó al término de la reunión que las descalificaciones proferidas contra Garzón por diversos medios de comunicación "se referían únicamente a la falsedad documental" supuestamente cometida por los dos peritos que relacionaron a ETA con el 11-M.

Atendiendo a la petición del fiscal y de la Sala Penal de la Audiencia, Garzón se inhibió de la investigación de ese delito en favor de los juzgados de instrucción de Madrid y en esa decisión, según López, no influyeron los ataques denunciados por el juez. "Los ataques se produjeron en la instrucción de la falsedad, pero ya no puede haber perturbación porque ya no lleva el caso", declaró el portavoz.

La comisión permanente del Consejo declinó valorar si esas descalificaciones menoscaban la independencia del juez en su investigación sobre la aptitud del ácido bórico como explosivo, un aspecto que sí es competencia de Garzón dentro del sumario abierto por los atentados de Casablanca.

Texto de M. Altozano y J. A. Hernández publicado por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Desestimada por unanimidad la queja del juez contra un vocal 

Madrid - La nota que emitió ayer el Poder Judicial tras analizar la petición de amparo del juez Garzón contiene tres puntos. Los cinco vocales (tres conservadores y dos de la minoría progresista) no alcanzaron un acuerdo en el punto uno, referido al amparo solicitado por Garzón respecto a que el PP y sus medios afines habían "perturbado" su independencia durante la instrucción de la supuesta falsedad del informe del ácido bórico.

Pero sí consensuaron los puntos dos y tres. El número dos alude al amparo solicitado por Garzón frente al vocal conservador José Luis Requero, quien ha instado a los servicios de inspección del Consejo a abrir diligencias por los interrogatorios que efectuó Garzón a los peritos del ácido bórico. "(...) La comisión entiende por unanimidad", se indica, "que la actuación realizada por el señor vocal que el juez [Garzón] cree perturbadora para su independencia, no supone una denuncia ante los servicios de inspección, sino una puesta en conocimiento del mismo servicio de unos hechos, no dados por ciertos, a los efectos previstos en el artículo 423.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en definitiva cumpliendo una obligación intrínseca de cualquier miembro de este Consejo, que es dar traslado de un supuesto funcionamiento anormal de la Administración de Justicia".

El otro punto consensuado es el siguiente: "(...) Ante las críticas y descalificaciones desmesuradas y desorbitadas [a Garzón] en lo que se refiere al caso en cuestión, la Comisión considera conveniente (...) resaltar que el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales, siempre aceptables en un Estado de derecho, no deben incurrir en imputaciones personales, ni descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional, debiéndose mover el ejercicio de la crítica dentro de unos mínimos cánones de racionalidad y prudencia".

Texto de M. Altozano y J. A. Hernández publicado por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Poder Judicial niega el 'amparo' a Garzón: Editoriales

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

De la cordura del CGPJ a los delirios de Garzón (editorial de EL MUNDO)

Horas después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le denegara el amparo por segunda vez en pocos días, el juez Baltasar Garzón hizo público ayer un auto de 15 folios en el que, a pesar de no ser competente, formula una serie de falacias, descalificaciones e imputaciones delectivas sobre la actuación de los peritos.

Garzón dice en su auto en unas breves líneas que considera que no debe imputar a Hasan Haski de un delito de tenencia de explosivos, pero, a partir de este pretexto, dedica una decena de folios a tachar de «delirante» el informe de los peritos y a acusarles de pretender «prefabricar intencionadamente» el vínculo de ETA con los terroristas islámicos.

Como si fuera una sentencia, Garzón condena en este auto a los tres peritos, estableciendo que ha quedado probado que faltaron a sus obligaciones y actuaron con dolo, mientras absuelve a los mandos policiales, señalando que cumplieron con su deber al eliminar «referencias que ni eran ciertas ni científicamente sostenibles».

Lo primero que habría que recordarle a Garzón es que él mismo decidió inhibirse de la investigación de la falsificación el pasado jueves tras la petición de la Fiscalía y el auto de la Sala de lo Penal, que establecía de forma tajante que carecía de competencias para instruir el caso. Al desoír el mandato de un tribunal superior y contradecir su propia resolución, Garzón está incurriendo en la conducta que con mucho menor base él achaca a los peritos: dar una apariencia de legalidad a una actuación irregular. Se trata de un proceder inaudito en un juez, que se halla más obligado que nadie a respetar el principio de legalidad. Y se trata de una conducta que vulnera el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide a un magistrado entrometerse en la instrucción de otro. Los tres peritos podrían querellarse contra este auto de Garzón, que les cubre de oprobio, manipula sus declaraciones y les presenta como unos incompetentes maliciosos. Pero también la juez Gallego -competente para el caso- puede sentirse ofendida por este auto, que se inmiscuye claramente en su instrucción y le indica a quién tiene que imputar y a quién tiene que exculpar.

Garzón llega incluso a acusar al perito Manuel Escribano de enviar el documento de marras a EL MUNDO, lo cual es falso. Pero lo que sí resulta «delirante», por utilizar su misma expresión, es la teoría de la conspiración que elabora en el auto. Garzón pretende hacer creer que Escribano «prefabricó» un documento en marzo de 2005 para montar un escándalo contra el Gobierno en octubre de 2006. Sencillamente inverosímil.

Garzón está muy nervioso porque sus maniobras han quedado en evidencia. Ayer sufrió otro duro golpe tras negarle un nuevo amparo el CGPJ, que considera que no hay motivo para respaldarle en una actuación en la que ya no es competente. Por el contrario, el Consejo expresó su apoyo al vocal Requero, que actuó correctamente al instar a la Inspección que investigara el interrogatorio de Garzón a los peritos.

El CGPJ ha actuado con cordura y no se ha plegado a las exigencias de un juez que ha perdido el norte y que actúa cada vez de forma más desquiciada.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“La onda expansiva del ácido bórico” (Editorial de ABC)

La resolución dictada ayer por el juez Baltasar Garzón en el «caso del ácido bórico» se ajusta plenamente a la competencia de la Audiencia Nacional para conocer los delitos de terrorismo y a la suya en particular como instructor. Garzón se inhibió a favor de los juzgados de instrucción comunes en la investigación de la presunta falsedad del informe pericial de 21 de marzo de 2005, porque no era competente para instruirla, tal y como, por dos veces, había decidido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero quedaba a salvo de esta inhibición la relevancia que pudiera tener, en el sumario incoado a Hassan el Haski, la posesión del ácido bórico incautado en diciembre de 2004 en su domicilio de Tenerife. Finalmente, el juez Garzón ha considerado que dicha sustancia no es relevante para fines terroristas, por lo que archiva la pieza separada que abrió con motivo de la remisión, por parte de la Fiscalía, de los polémicos informes de 21 y 22 de marzo de 2005. Sin embargo, Garzón va más allá en la valoración del dictamen inicial suscrito por los tres peritos a los que luego imputó y les reprocha haber pretendido generar una apariencia de vínculo entre ETA y el 11-M «sin sustento real alguno», pues el antecedente del ácido bórico en el piso franco localizado a un comando etarra en Salamanca era irrelevante, pese a lo afirmado en sentido contrario por los peritos imputados. Para Garzón, la posterior supresión de la referencia a ETA fue oportuna y la única «legal y posible», argumento que exonera a los mandos de la Policía Científica que decidieron la versión definitiva del informe. No obstante, estos hechos están siendo investigados en un juzgado de instrucción de plaza de Castilla, que será quien decida con plena competencia sobre las posibles imputaciones por las falsedades documentales que se hayan cometido.

Por tanto, la consecuencia más importante de este auto del juez Garzón es que desmonta un nuevo intento de los «teóricos de la conspiración», para aumentar la confusión y la sospecha sobre las instituciones del Estado y forzar a un sector de la opinión pública a negarle a jueces, fiscales y policías todo crédito en la investigación del mayor atentado terrorista cometido en España. De paso, esos mismos instigadores de la discordia buscan atrapar al Partido Popular en una táctica de gestos y discursos antisistema, de la que Rajoy, oportunamente, se ha distanciado hasta el punto preciso que le permita, como única oposición y alternativa al PSOE, establecer libremente sus prioridades políticas y abordar, cuándo y cómo crea oportuno, el atentado del 11-M en su actividad opositora.

Tratándose de la defensa de las instituciones del Estado de Derecho, el Consejo General del Poder Judicial desaprovechó ayer la ocasión de comportarse como el órgano constitucional encargado de velar por la independencia judicial. El ingenioso argumento de que Garzón no merece su amparo porque se ha inhibido en la investigación de la presunta falsedad de los informes sobre el ácido bórico es legalmente erróneo, ya que Garzón mantenía la competencia en cuanto al fondo de esos informes -la utilidad o no de esa sustancia para fines terroristas-, y es gravemente oportunista porque el daño a la independencia judicial no caduca por la inhibición del juez en el asunto concreto. Si así fuera, bastaría cualquier circunstancia que implicase un cambio de competencia -no sólo una inhibición, también el traslado del caso a un tribunal superior por efecto de un recurso de apelación o casación- para denegar el amparo al juez que hubiera sido inquietado. Cuando Garzón fue vejado e insultado estaba investigando unos hechos con apariencia delictiva, y esto es lo que debía importar al CGPJ. Como siempre, estas decisiones pensadas ad hominem se convierten en peligrosos precedentes para que en el futuro, cuando el CGPJ cambie de mayoría, sean otros -y por otras decisiones- los jueces a los que se les aplique esta peligrosa doctrina sobre la protección de la independencia judicial.

Editorial publicado por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Sólo pretextos” (Editorial de EL PAIS)

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por una mayoría de tres votos frente a dos -dos vocales afines al PP y el presidente Francisco José Hernando- ha negado el amparo solicitado por el juez Garzón, con lo que de hecho ampara la especie lanzada por sus acusadores de que en la Audiencia Nacional ejerce sus funciones un juez prevaricador que fabrica procesos al servicio del Gobierno y que criminaliza y tortura a ciudadanos inocentes. Existían ya pistas como para no sorprenderse por una decisión que deja a la judicatura inerme frente a ataques desmesurados.

El argumento utilizado ahora es que Garzón ha solicitado el amparo demasiado tarde, cuando hace apenas seis días el propio Hernando alegaba en Tenerife que no se lo daban porque no había llegado. Malas y burdas excusas. Basándose en una interpretación estricta, por no decir sesgada, del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que exige que el juez siga conociendo del asunto sobre el que se vierten las críticas, la Comisión deniega el amparo a Garzón con el argumento de que ha dejado de llevar el caso relativo a la presunta falsedad del informe sobre ácido bórico, por lo que mal puede alegar que sus acusadores han perturbado su independencia o han influido en su decisión.

No está claro, como da por hecho la mayoría de la Comisión, que Garzón haya solicitado el amparo tras haberse inhibido en ese asunto. El amparo lo solicitó el pasado día 5 y la decisión de inhibirse la tomó el día 6. Pero de haber dudas, lo correcto habría sido interpretar la norma en favor del demandante, como mejor que nadie deben saber los juristas de prestigio que integran el Consejo. Pero Garzón también solicitó el amparo en el sumario sobre el atentado de Casablanca, en el que también está procesado Hassan el Haski, y más en concreto sobre las diligencias para determinar la aptitud como explosivo del ácido bórico intervenido en su domicilio. Que se sepa, Garzón sigue llevando este caso, por lo que queda aún más en entredicho la decisión de no ampararle. Que quienes deniegan el amparo con tan poco fundamento tilden de "desmesuradas y desorbitadas" las descalificaciones vertidas contra Garzón no deja de ser una manera barata de escurrir el bulto. Y de despistar, pues nada tienen que ver las críticas con imputaciones de prevaricación continuada.

Garzón mereció el amparo de este Consejo por las descalificaciones que le llovieron por su decisión de embargar en 2002 los bienes de Batasuna. Es posible que ahora se lo hayan denegado por ser otros sus acusadores o por el enfado del sector conservador del Consejo, que ha visto cómo saltaba por los aires el montaje de la lunática teoría conspirativa sobre el 11-M.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Reacciones (11 de octubre de 2006)

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Insultar a Hernando, sí; criticar al juez Garzón, no

MADRID.- Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, lo tiene muy claro: hay quien considera que las «discrepancias» contra las decisiones de Baltasar Garzón son «un ataque» a su independencia como juez, pero al mismo tiempo justifican que se «insulte» a otras personas, entre ellas el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A Zaplana le sorprende el doble rasero para medir que, según dijo ayer, utiliza el PSOE en este caso. Para demostrar su teoría, recordó que al presidente del CGPJ, Francisco Hernando, se le ha llamado «fascistón, ariete político» e incluso persona «falta de cultura» que «mentía a conciencia» y nadie ha dicho nada. Se sorprendió de que se puedan decir estas cosas del presidente del órgano que gobierna a los jueces españoles y, en cambio, se considere que se atenta contra la independencia de un juez por el hecho de discrepar de sus decisiones y criticarle.

«Discrepar es una cosa completamente legítima en democracia», afirmó Zaplana, en referencia a las críticas contra las decisiones adoptadas por el juez Garzón. «Lo que ya no es tan legítimo es ofender e intimidar», añadió.

Una información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Ataques al juez totalmente «reprobables y rechazables»

MADRID.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, salió ayer en defensa del juez Baltasar Garzón. «Ha recibido ataques de varios medios de comunicación, vistos con complacencia por el PP», indicó, que «son absolutamente reprobables y rechazables».

A López Garrido le parece que esas críticas al juez Garzón sobrepasan «los límites de la libertad de expresión». Y no sólo eso, sino que considera que el Consejo General del Poder Judicial ha actuado con «tibieza» en este asunto en los primeros momentos, cuando recibió la solicitud de amparo por parte de ese juez que se sintió atacado en su independencia

En su opinión, y en contra de lo que ha manifestado el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando Santiago, las críticas que ha recibido Garzón -a raíz de que interrogara como testigos a tres peritos que realizaron un informe sobre los atentados del 11-M y después los imputara- «han afectado a la independencia de un juez que se ha mostrado siempre absolutamente imparcial» indicó.

Una información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Zaplana insiste en la unanimidad del PP

MADRID.- El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, insistió ayer en que la postura que el Grupo Popular mantiene en la Cámara Baja sobre el 11-M es compartida por el líder del partido, Mariano Rajoy, y por la Dirección Nacional.

Zaplana aseguró que el PP seguirá preguntando al Gobierno por aquellas noticias que sean relevantes para la investigación de los atentados del 11 de Marzo o que contradigan el sumario judicial.

«Es la ejecución de una estrategia de mi partido, del Comité Ejecutivo, del presidente y de todos nosotros, y poner eso en duda son ganas de rizar el rizo», explicó.

Zaplana reivindicó el «legítimo» derecho de su partido a discrepar de la resolución del juez Baltasar Garzón sobre los tres peritos que redactaron un informe que relacionaba el 11-M con ETA.

«Aquí no se hace nada que no beneficie al partido y en lo que no estemos de acuerdo todos», recalcó.

Reconoció que en el PP, como en otros partidos, existen «matices», pero que «no afectan a la cohesión ni a la estrategia».

Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró que en un Estado de Derecho es a los jueces a quienes les corresponde investigar los atentados del 11-M.

Apuntó, en este sentido, que desde el PP no van a tener «ni una mirada indiferente ni la pretensión de hacer y decir cosas distintas» de aquella decisión que tomen los magistrados sobre el crimen «más brutal y atroz» sufrido por los madrileños y los españoles.

Gallardón indicó, en declaraciones a TVE, que el PP ha hecho todas las formulaciones posibles. «Y las seguiremos haciendo», aseguró.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Blanco: 'El PP necesita dirigentes que no estuvieran ni en Irak ni en el 11-M'

MADRID.- El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó ayer que el PP, «para recuperar el rumbo, necesita dirigentes que no hayan estado involucrados en la Guerra de Irak ni en el engaño del 11-M», y señaló que mientras eso no ocurra «seguirá hundiéndose en el pantano en el que ellos mismos se han metido».

Blanco lamentó que esta legislatura esté «teñida por el tono colérico» del PP y su oposición, «no dura, sino iracunda»; una cólera que, desde su punto de vista, puede depararles sorpresas desagradables en las urnas.

Afirmó que «es difícil de creer que los dirigentes de un partido que ha gobernado ponga en duda a las instituciones por seguir sosteniendo lo que no hay forma de sostener: su propio comportamiento en unos días dramáticos».

«Su problema hoy es que ahora la verdad socialmente admitida puede convertirse en una verdad judicialmente establecida, en una sentencia; por eso hacen lo posible por retrasar el juicio y preparan el terreno para cuestionar al tribunal si la sentencia es como ellos temen», aseveró.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Zaplana no se siente desautorizado por Rajoy y Gallardón defiende a los jueces

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, quiso dejar claro ayer que no se siente desautorizado por el líder de su partido, Mariano Rajoy, ante la estrategia sobre el 11-M que lleva a cabo el PP desde la Cámara Baja. El lunes, Rajoy defendió combinar oposición y propuestas para conformar una alternativa, sin aceptar «presiones externas». Tras sostener que el PP se encuentra «cohesionado» aunque haya diferencias de «matiz», Zaplana señaló que ocupa la portavocía del grupo y que, por lo tanto, su labor obedece a «la ejecución de una estrategia del partido».

Mientras, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, subrayó que en un Estado de Derecho es a los jueces a quienes corresponde investigar los atentados del 11-M y apuntó que desde el PP no van a tener «ni una mirada indiferente ni la pretensión de hacer y decir cosas distintas» de aquella decisión que tomen los magistrados. Por otra parte, José María Aznar dijo estar convencido de que no sólo fueron terroristas islámicos los que participaron en los atentados del 11 de marzo, sino que «la idea, los objetivos y los recursos vinieron de fuentes en España».

Texto publicado por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Fracasa el último intento de Garzón de mantener abierta una causa penal separada contra los peritos

Por Narrador - 10 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

El Decanato asigna a la juez Gallego las diligencias de Garzón contra los peritos. La magistrada desiste del conflicto de competencias que promovió ante el Tribunal Supremo El CGPJ debate hoy la petición de amparo del instructor de la Audiencia, que recusa al vocal Requero

MADRID.- La pretensión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del juez Baltasar Garzón de enviar a un Juzgado de Instrucción de Madrid -no al número 35, cuya titular es Gemma Gallego- las diligencias instruidas en la Audiencia Nacional contra los peritos del 11-M no ha surtido efecto.

El Decanato de los Juzgados madrileños ha asignado a la magistrada Gallego las actuaciones realizadas por Garzón tras la decisión de éste de inhibirse en la investigación de una supuesta falsedad documental que atribuye a los miembros de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique.

Garzón imputó a estos peritos por un delito para el que, según la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, carecía de competencia. El juez aprovechó las manifestaciones realizadas por los agentes como testigos para dictar contra ellos un auto de inculpación, mientras exoneraba a los mandos policiales que, presuntamente, alteraron un informe sobre el 11-M en el que Escribano, López y Manrique mencionaban a ETA.

Tras dos desautorizaciones de la Sala y con un conflicto competencial en ciernes planteado por la juez Gallego, Garzón decidió el pasado jueves enviar sus diligencias contra los peritos a la Plaza de Castilla. Pero, con la aquiescencia de la Fiscalía, no las remitió a la juez que se las llevaba reclamando una semana, sino al Juzgado Decano para que procediera a su reparto.

El Decanato ha enviado los papeles de Garzón al Juzgado de Instrucción número 35 por antecedentes, ya que en este órgano recayó una querella interpuesta el pasado septiembre por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

No habrá, pues, un proceso autónomo contra los peritos, a dos de los cuales Gallego recibió declaración el pasado viernes como testigos, condición en la que permanecen.

El tercer perito, Pedro Manrique, estaba citado para ayer, pero la instructora ha pospuesto su comparecencia hasta conocer el contenido de las diligencias de Garzón. Gallego ha devuelto al juez de la Audiencia Nacional las actuaciones enviadas al no tratarse de un testimonio con plenos efectos jurídicos sino de una simple fotocopia, no adverada por la secretaria judicial.

Tras la inhibición de Garzón, la magistrada ha desistido del conflicto de competencias que el pasado viernes promovió formalmente con una exposición razonada dirigida a la Sala Penal del Supremo.

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) examinará hoy la petición de amparo del juez Garzón, que ayer insistió en un nuevo escrito en la «gravísima perturbación» de su independencia que ha sufrido.

Garzón anuncia, además, su intención de recusar al vocal del CGPJ José Luis Requero, que pidió a la Inspección que investigara el trato dado por el instructor a los peritos, los cuales han denunciado que se sintieron presionados.

En el CGPJ existe un precedente de recusación de un vocal por haber puesto en conocimiento de la Inspección hechos atribuidos a un magistrado. En ese caso se trataba del vocal de la minoría Félix Pantoja, que además era miembro de la Comisión Disciplinaria. Pantoja participó en la resolución del asunto que afectaba al juez que le recusó por decisión unánime de la Comisión, presidida por el vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el martes 10 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

EL PAIS se aferra a Garzón

Por Narrador - 10 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Garzón denuncia el "brutal y desmedido" ataque contra él por "pretensiones políticas" 

El magistrado advierte de que sin amparo "miles de jueces pueden ser objeto de campañas"

Madrid - Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, denunció ayer en un escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial que sufre "un brutal y desmedido ataque contra su independencia". Esa campaña de insultos pretendía, según Garzón, no sólo que "la investigación sobre la supuesta aptitud del ácido bórico para la fabricación de explosivos avance en el sentido por ellos deseado, sino, además, que también avancen en el sentido de sus deseos y pretensiones políticas las diligencias básicas y elementales sobre las posibles falsedades documentales...".

El escrito enviado ayer, ante la reunión de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial prevista para hoy, donde se estudiará su solicitud de amparo, aclara el alcance del respaldo que pide. "No estoy solicitando del Consejo el amparo de mi honor frente a los insultos personales, descalificaciones e imputaciones delictivas que me han dirigido desde el pasado 30 de septiembre de 2006 aquéllos frente a quienes solicito el amparo del Consejo. Estas inadmisibles vulneraciones de mi derecho al honor serán hechas valer por mi parte ante los tribunales correspondientes", señala el juez. En otros términos, Garzón está anticipando que presentará, estos días, demandas de protección de su honor contra aquellos que le han atacado.

El juez aclara al Poder Judicial el tema sobre el que debe pronunciarse: "No es sobre si las actividades, declaraciones, artículos de prensa e intervenciones radiofónicas me han ofendido, sino sobre si tales acusaciones de haber prevaricado y coaccionado a testigos constituyen un ataque contra mi independencia como magistrado en mi actividad jurisdiccional".

Advierte de que "si el Consejo considera que una campaña de desprestigio profesional y de imputaciones delictivas no atenta ni perturba la independencia del juez, entonces debe decirlo así y vincularse a su propia doctrina para el futuro lo cual contribuirá a dar seguridad jurídica a los miles de jueces que pueden ser objeto de campañas similares".

Garzón explica al Poder Judicial su opinión sobre el objetivo que persiguen los insultos que ha recibido: "Tan brutal y desmedido ataque contra mi independencia", explica, "no sólo pretendían presionarme para que la investigación sobre la supuesta aptitud del ácido bórico para la fabricación de explosivos avance en el sentido por ellos deseado, sino, además, que también avancen en el sentido de sus deseos y pretensiones políticas las diligencias básicas y elementales sobre las posibles falsedades documentales, a las que estoy obligado cuando en el curso de una declaración testifical se pone de manifiesto ante mí la posible comisión de un delito, como sucedió en este caso".

En otros términos, el juez está denunciando que los ataques han buscado torcer sus diligencias en los dos puntos: el ácido bórico como presunta sustancia explosiva y la verdadera falsedad documental en el caso de los peritos del ácido bórico.

El primero se refiere a la causa del atentado de Casablanca, Marruecos. Garzón debe resolver si imputa en ella a Hassan El Haski, uno de los acusados de ese atentado, también imputado en el 11-M, por el delito de tenencia de explosivos ya que se le incautó, en su día, el citado ácido bórico. El segundo tema es la confesión de los propios peritos, ante Garzón, de que firmaron el 11 de julio de 2006 un documento de fecha 21 de marzo de 2005.

En su escrito, el juez Garzón apunta que en relación con el presunto delito de falsedad documental los ataques ya no afectan a su independencia habida cuenta de que ha resuelto inhibirse a favor de los juzgados ordinarios de la plaza de Castilla.

"Pero", añade, "no menos cierto es que la perturbación de mi independencia existió mientras estuve practicando las diligencias necesarias al respecto y sigue con respecto a mi actividad jurisdiccional referida a la aptitud del ácido bórico como explosivo o material apto para la elaboración de explosivos. De ahí, precisamente, las constantes referencias en quienes perturban mi independencia judicial a que estoy encubriendo a los responsables de los atentados terroristas del 11-M".

Garzón reitera la petición de amparo ante el vocal del CGPJ José Luis Requero, quien le denunció en la comisión disciplinaria, y anuncia su intención "de recusarlo caso de que no se abstuviera" al votarse la solicitud de amparo en el pleno del consejo. Requero anunció ayer que no se abstendrá.

Un texto de E. E. y J. M. R. publicado por el diario EL PAIS el martes 10 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Del atentado al honor al efecto perturbador 

Los argumentos esgrimidos por el juez Baltasar Garzón en su petición de amparo al Poder Judicial fueron ampliados ayer por el propio magistrado. Lo que sigue es un resumen de su escrito:

"El Consejo debe pronunciarse, por tanto, y así se lo he pedido, no sobre si las actividades, declaraciones, artículos de prensa e intervenciones radiofónicas me han ofendido, sino sobre si tales acusaciones reiteradas y con una difusión extraordinaria de haber prevaricado y coaccionado a testigos con motivo de mi actividad jurisdiccional constituyen un ataque contra mi independencia como magistrado en mi actividad jurisdiccional. Si el Consejo considera que una campaña de desprestigio profesional y de imputaciones delictivas de la magnitud de la que he sido y sigo siendo objeto con motivo de una actuación jurisdiccional no atenta ni perturba la independencia del juez, entonces debe decirlo así y vincularse a su propia doctrina para el futuro, lo cual contribuirá a dar seguridad jurídica a los miles de jueces que podemos ser objeto de campañas similares. Abrir la puerta a que se entienda que este tipo de acciones no pasan de ser un atentado al honor es, cuando menos, perturbador, máxime si esto se dice desde las más altas instancias del Poder Judicial".

"Es, por tanto, de una evidencia palmaria que quienes han perturbado mi independencia como juez no sólo pretenden presionarme para que la investigación sobre la supuesta aptitud del ácido bórico para la fabricación de explosivos avance en el sentido de sus deseos, sino también de sus pretensiones políticas las diligencias básicas y elementales sobre las posibles falsedades documentales, a las que estoy obligado cuando en el curso de una declaración testifical se pone de manifiesto ante mí la comisión posible de un delito, como sucedió en este caso".

"Solicito que conceda su amparo y confirme que ha existido y sigue existiendo una perturbación grave de mi independencia judicial con respecto a mi actividad jurisdiccional referida a las diligencias sobre la falsedad documental cometida en un informe policial, aunque formalmente tal perturbación ya no pueda existir, dado que me he inhibido de la instrucción de esos hechos".

"Por lo demás, se mantiene íntegra la petición de amparo frente al vocal del Consejo General del Poder Judicial, señor Requero, quien incluso después en varios programas de radio y televisión ha mantenido su postura, predeterminando el sentido de su voto, en el momento correspondiente, y para tal caso, anuncio mi intención de recusarlo, caso de que no se abstuviera...".

Texto publicado por el diario EL PAIS el martes 10 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Ante el amparo” (Editorial de EL PAIS)

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, constituida por cuatro vocales y el presidente de la institución, Francisco José Hernando, deberá hoy por tercera vez decidir si ampara o no al juez Garzón, acusado públicamente de fabricar las diligencias sobre el informe del ácido bórico y de imputar prevaricadoramente por falsedad a sus autores. En esta ocasión, la mayoría de esta Comisión -los dos vocales propuestos en su día por el PP y el presidente del Consejo, habitualmente alineado con los vocales conservadores- ya no puede poner como pretexto para eludir un pronunciamiento que el juez afectado no ha solicitado el amparo.

Garzón lo ha solicitado formalmente y, por si había alguna duda sobre sus pretensiones, las reiteró ayer en un nuevo escrito al Consejo. Ese amparo lo plantea de manera expresa frente a las imputaciones que le han hecho tres medios de comunicación, que forman bloque a favor de la teoría de la conspiración sobre el 11-M; el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, propagador entusiasta de la misma teoría; y el vocal del Consejo José Luis Requero, que en una iniciativa insólita y filibustera denunció por su propia cuenta a Garzón, saltándose a la torera la independencia y la imparcialidad a la que le obliga su condición de vocal de la institución.

La iniciativa de Garzón hace todavía más inanes las disquisiciones que han hecho Hernando y algunos vocales sobre si se siente el juez intimidado u ofendido en su honor. Lo que se ha dicho de este juez es algo más grave que un atentado al honor, pues afecta objetivamente a la función jurisdiccional que ejerce. ¿O no afecta a la función, además de insultar al juez, tildarle como han hecho sus acusadores "de torturador nazi", como antes hicieron con Del Olmo al que llamaron "guiñapo humano", "despojo" e "inútil"?

El Consejo debe decidir si señalar públicamente que en la Audiencia Nacional existe un juez prevaricador afecta o no a la jurisdicción como tal -a su credibilidad y a su prestigio- y supone una gravísima perturbación de su independencia en el ejercicio de sus funciones. Dar por buenas las imputaciones delictivas proferidas contra Garzón obligaría, en buena lógica, a que el Consejo las investigara con las naturales consecuencias, bien para el juez, bien para sus calumniadores. El Consejo está obligado, por tanto, a pronunciarse y a responder claramente a lo que le demanda Garzón: si se ha perturbado su independencia y se ha interferido gravemente en su actividad jurisdiccional tanto en el caso del ácido bórico como en el sumario sobre el atentado de Casablanca.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el martes 10 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


José Luis Requero: «Al juez Garzón no le inquieto ni yo; y es imposible que haya habido injerencia»

Por Narrador - 10 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

Madrid - Su decisión de ordenar al Servicio de Inspección del CGPJ que investigue las circunstancias en que se produjeron los interrogatorios del juez Garzón a los peritos que elaboraron un informe donde se relacionaba a ETA con el 11-M ha provocado multitud de reacciones. Se ha visto inmerso en una tremenda polémica y ha sido criticado con dureza desde sectores tanto judiciales como políticos. Él se defiende e insiste en que actuó en el ejercicio de sus competencias y con la finalidad de que se puedan aclarar las denuncias publicadas sobre esas cuestiones.  

- ¿Qué piensa de toda la polémica suscitada por su petición?

- Me ha dejado sorprendido, porque esta iniciativa forma parte del ejercicio ordinario de nuestras competencias. La única razón que justifica esta polvareda es que se está ante un asunto que ha tenido mucho eco en los medios de comunicación, una ramificación del 11-M, donde se concitan de alguna manera las guerras tanto políticas como entre medios de comunicación; y el hecho de que tiene como protagonista a un juez que lleva monopolizando las noticias judiciales desde hace casi 20 años. En todo caso, a Garzón no le inquieto ni yo.

- ¿Cree que hay algún interés oculto detrás de toda esta «movida» en la que se ha visto involucrado?

- No lo sé. Sí sé, en cambio, cuáles son mis motivaciones, que son las de indagar la realidad de una noticia que da cuenta de un hecho en sí muy grave. Todo esto se me echa en cara por quienes defienden ahora a ultranza la acciones de un juez que actúa a golpe de un titular de periódico, cuando ese juez, al que ahora tanto alaban y protegen, en el «caso Gal» actuó muy al hilo de las investigaciones de un medio de comunicación.- El juez Garzón denuncia en su petición de amparo al CGPJ una supuesta injerencia en su actividad por su iniciativa.

- Yo admito que el Consejo o uno de sus miembros pueda perturbar la independencia de un juez. Esto no lo digo ahora, sino que lo tengo dicho hace 8 o 9 años, en público y por escrito. Ahora bien, en este caso se está ante un ejercicio de competencia en el que se ordena que se investiguen unos hechos, para ver si son o no ciertos, y esto es algo que han hecho otros vocales en distintas ocasiones. En cualquier caso, la perturbación o injerencia es imposible, porque mi iniciativa se produce cuando él ya ha realizado todas las actuaciones judiciales, con lo que no puede influir en nada y es imposible que se afecte a su imparcialidad.

- ¿No está prejuzgando con estas manifestaciones, o con las que realizó el propio presidente, Francisco Hernando, el acuerdo que se pueda adoptar?

- Probablemente, pero también habrían prejuzgado todos aquellos vocales que ya se han pronunciado a favor de otorgar el amparo al señor Garzón. Si a nosotros se nos recusa o piden nuestra abstención, también habría que acordarla respecto de éstos.

- ¿Y qué piensa de las críticas del grupo minoritario del Consejo a los acuerdos adoptados?

- Están cargadas de cinismo y causan un daño tremendo al Consejo y, en general, a la Justicia. Pero tampoco me sorprenden, porque desde el año 2001 llevan intentando desprestigiar a este CGPJ por el mero hecho de que ellos no lo controlan.

Críticas

- Un dirigente del PSOE, Julio Villarrubia, llegó a decir que usted se encuentra incluso fuera del sistema.

- Depende con qué sistema se encuentre él identificado, si es con el de aplaudir a presos que iban a entrar en la cárcel de Guadalajara (los condenados por el «caso Gal»), con el de que un juez tenga que practicar una entrada y registro en la sede de un partido político (el ordenado por Marino Barbero en la sede del PSOE por el «caso Filesa») o con un sistema donde afiliados a un partido son condenados por terrorismo de Estado o falsedad o financiación irregular de ese partido. Yo no creo en ese tipo de sistemas. Creo en el que se deduce de la Constitución de 1978, de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, de la Convención Europea de Derechos Humanos y del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de Nueva York.

- El ministro de Justicia también criticó su iniciativa.

- Esa crítica es insólita pues la razón de ser del CGPJ es gobernar el Poder Judicial para que el Gobierno, el Ejecutivo, no ponga «sus manos» en este poder. Por lo tanto, está fuera de lugar que el ministro le diga al Consejo cómo tiene que gobernar la Justicia. Esto no lo puede hacer y seguro que lo sabe muy bien el ministro, como afamado catedrático que es de Derecho Constitucional.

- Si uno de los protagonistas no fuese el juez Garzón, ¿se hubiese producido toda esta polémica?

- No se habría producido, por la sencilla razón de que el hecho origen de la misma no habría tenido semejante trascendencia en los medios. Lo que no quita para que lo investigásemos, de conocerlo.

Una entrevista de F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el martes 10 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Según EL PAIS, el PP provoca una "grave factura" en el Poder Judicial

Por Narrador - 9 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

La petición de amparo de Garzón provoca una grave fractura en el Poder Judicial 

El magistrado obtuvo en 2002 el apoyo del gobierno de los jueces con un escrito muy similar

Madrid - El juez Baltasar Garzón sufre desde hace 10 días uno de los ataques más virulentos que ha recibido un magistrado por una resolución judicial. Desde que imputó por falsedad a los peritos que firmaron un documento en el que vinculaban a ETA y el 11-M basándose en una coincidencia, la aparición del ácido bórico en la casa de un islamista y en un piso de ETA, el PP y distintas asociaciones y medios de comunicación, que coinciden en sus planeamientos o estrategias con el partido conservador, han acusado al juez de prevaricar, prostituir la justicia y dictar autos al servicio del Ejecutivo socialista.

Por una denuncia similar formulada por un dirigente del PNV en 2002 contra Garzón, el Consejo General del Poder Judicial, con los mismos integrantes que ahora, le concedió el amparo. Pero mañana, cuando se reúna la comisión permanente del consejo -tres vocales conservadores y dos progresistas-, las cosas no serán iguales. Los conservadores ya han evitado un primer pronunciamiento a favor del juez en el pleno del Poder Judicial de la pasada semana y no parecen dispuestos a cambiar su actitud.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha pedido al Poder Judicial protección contra todos los que le han atacado en los últimos días, incluyendo a uno de los vocales del Gobierno de los jueces, el conservador José Luis Requero, elegido a propuesta del PP.

La abstención de Requero

Algunos entienden que Requero debería abstenerse cuando el pleno del Poder Judicial analice en su momento el amparo pedido por Garzón frente a él, pero esa abstención deja a los vocales conservadores sin la mayoría que actualmente tienen -10 vocales frente a los nueves que conforman los elegidos a propuesta del PSOE (6), IU (1), CiU (1) y el independiente Agustín Azparren-, que se ha pronunciado a favor de la defensa de Garzón.

El Poder Judicial ya rechazó la semana pasada una propuesta de declaración presentada por vocales progresistas a favor de la independencia judicial y contra los ataques descalificatorios dirigidos al juez desde el PP y medios y asociaciones afines.

La mayoría conservadora argumentó que no podía suscribirse esa declaración cuando Garzón estaba siendo investigado en relación con un supuesto maltrato dado a los peritos que firmaron el informe que, basándose en una mera coincidencia, vinculaba a ETA y los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid.

Desde entonces, los vocales del Poder Judicial han recibido escritos de los dos fiscales que intervinieron en los interrogatorios de Garzón a los peritos y de la secretaria judicial que levantó acta de los mismos, en los que se niega cualquier incidente relacionado con coacciones o trato vejatorio del juez a los peritos policiales que comparecieron ante él.

Juan Carlos Campo, vocal elegido a propuesta del PSOE, quien la semana pasada propuso en un escrito un pronunciamiento del Poder Judicial contra los ataques a Garzón, señaló ayer que no tendría sentido un nuevo rechazo de la mayoría conservadora al amparo solicitado por el magistrado de la Audiencia Nacional. "Los criterios técnicos son los que avalan el apoyo al juez Garzón: la crítica es sana y loable, pero cuando es desmedida en forma de linchamiento, el Consejo debe actuar", señala Campo. Y añade: "No se pueden pasar por alto los ataques. Se le ha insultado, se le ha llamado prevaricador, se ha dicho de él que hace montajes con fines torticeros. Creo que éste es el caso más flagrante de los que hemos tenido. Si no hay apoyo al juez, se habrá producido una degradación in extremis del papel del Consejo General del Poder Judicial", concluye.

Enrique López, vocal elegido a propuesta del PP, prefiere no prejuzgar lo que puede ocurrir en la comisión permanente de mañana, de la que es miembro. "Habrá que analizar si existen circunstancias que hayan podido perturbar la independencia del juez", afirma. E introduce el siguiente matiz a lo que ha podido ocurrir en este caso. "No se puede confundir, son dos temas diferentes, el del juez ofendido y el del juez perturbado en su independencia judicial. Hay que analizar la incidencia de las críticas políticas y mediáticas. Los poderes públicos tienen que tener mayor nivel y responsabilidad en esta materia que los medios de comunicación", afirma.

López no cree que este caso suponga una degradación del Poder Judicial: "Hay personas que intentan convertir este hecho en un hecho muy importante, del que depende la independencia del Poder Judicial. A lo que me niego es a que se instrumentalice la defensa del Poder Judicial. Ha habido casos muy similares, en otros supuestos de hecho anteriores, y el Consejo ha actuado", concluye López.

Resoluciones a favor del juez

No es la primera vez que Garzón acude al Poder Judicial en petición de respaldo a su trabajo. Hasta ahora, había conseguido el apoyo del Consejo a sus reclamaciones. En este caso, parece que lo tiene más difícil.

- 'Caso Batasuna'. En julio de 2002, Garzón fue descalificado por diversos dirigentes del PNV tras dictar un auto contra las finanzas de Batasuna, que no había sido aún ilegalizada por el Tribunal Supremo. El magistrado pidió el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entonces, como ahora, de mayoría conservadora, y lo consiguió, pese a que hubo votos particulares de los vocales del sector progresista.

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, expresó su preocupación porque Garzón se hubiera convertido "en fiel brazo político del Gobierno central" y habló de "utilización política de la justicia". El juez consideró que manifestaciones como la de Azkarraga atacaban su independencia y atentaban contra su imparcialidad.

El Poder Judicial estimó entonces que la petición de amparo de Garzón encontraba cobertura en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé la posibilidad de que los jueces que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pongan en conocimiento del CGPJ, dando cuenta de los hechos al tribunal competente, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias indispensables para asegurar la acción de la justicia. "Hacer valoraciones políticas de una resolución entra dentro del marco de las críticas, del derecho de la libertad de expresión; lo que creo que queda fuera de ese marco es imputar móviles políticos al juez que dicta esta resolución", dijo entonces el vocal conservador y portavoz del Consejo, Enrique López. "Los poderes públicos y sus responsables tienen un mayor deber de diligencia en el derecho de la crítica, y deben ejercerlo con mayor responsabilidad", añadió.

- 'Caso GAL'. En enero de 1995, el pleno del CGPJ, presidido por un progresista propuesto por el PSOE, concedió también amparo a la independencia del juez Baltasar Garzón.

El juez había estimado "profundamente perturbada" su independencia como instructor del sumario sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) por las imputaciones recibidas durante algunas semanas contra su actuación judicial. El Poder Judicial aprobó por unanimidad un pronunciamiento donde rechazaba y deploraba "profundamente los ataques" dirigidos contra Garzón y pedía que nadie "obstaculice o dificulte" la investigación de los GAL mediante el cese "de los motivos determinantes de la situación creada, mediante la instauración de un clima de sincero y auténtico respeto institucional".

El artículo 13 de la LOPJ establece que "todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados", y el artículo 199 del Código Penal dice así: "Incurrirá en la pena de inhabilitación especial el funcionario público que atentare contra la independencia de los jueces y magistrados".

Texto de José Manuel Romero publicado por el diario EL PAIS el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Ataque graneado desde los satélites del PP 

Madrid - En los últimos siete días, los ataques a Garzón por la imputación a tres peritos han llovido desde distintos ámbitos, todos ellos partidarios de los planteamientos que defiende en el Congreso el PP. A las críticas del diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, quien acusó a Garzón de servir al Gobierno y quien defiende desde hace más de un año teorías conspirativas en torno a la supuesta participación en el atentado del 11-M de personas ajenas al islamismo radical, se han sumado iniciativas en los tribunales contra Garzón y la fiscalía de asociaciones que comparten ideas con el PP.

- Sindicato Manos Limpias. El autodenominado Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, dirigido por el ex dirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernard, ha pedido a través de su web dinero para poder llevar a cabo acciones judiciales que eviten el cierre de la instrucción del caso: "Pondremos en evidencia los nombres de los cómplices, inductores y encubridores que hasta ahora se han ocultado y protegido", dice la página. Bernard presenta cada mes una decena de querellas y denuncias contra dirigentes del PSOE o de los partidos nacionalistas de Euskadi y Cataluña. Entre las últimas figura una querella contra Rodríguez Zapatero por dialogar con Batasuna.

- Plataforma España y Libertad. Se ha querellado contra los tres jefes policiales de los peritos que informaron sobre la posible vinculación entre ETA y el 11-M. Y ha presentado una denuncia por prevaricación contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza. En sus escritos, la Plataforma España y Libertad ensalza las iniciativas del PP. Entre ellas, alaba el vídeo del PP vasco en el que se veía la serpiente del terrorismo rodeando la rosa que el PSOE utiliza como símbolo. Esta plataforma ha llamado "traidor" a Zapatero y en las últimas semanas ha presentado una denuncia por malversación de fondos públicos y fraude en la contratación contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el director del Teatro Español, Mario Gas, y el actor y director Pepe Rubianes, cuyas declaraciones ofensivas hacia España motivaron que tuviera que suspender una representación sobre Lorca programada en el teatro propiedad del Ayuntamiento de Madrid. También ha denunciado al ex ministro José Bono por supuesta simulación de delito, cuando denunció que le agredieron durante una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y se ha opuesto con virulencia al nuevo Estatuto de Cataluña.

En la investigación del 11-M, comparten la teoría conspirativa que defiende el PP y sus medios afines. También lo hace una de las asociaciones de víctimas del atentado de los trenes, que en sus escritos ante la Audiencia Nacional calca punto por punto todos los supuestos agujeros negros difundidos por los medios afines del PP.

Texto de José Manuel Romero publicado por el diario EL PAIS el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"El festín de Baltasar" Pedro J. Ramirez

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

«Fuego de insania brilla/del ebrio soberano en la mejilla,/que el vino en él provoca/ temeridad fatal y audacia loca,/llevando su osadía/hasta ultrajar a Dios con lengua impía./Y blasfema, y blasfema, y cada instante/su impiedad es mayor; y delirante,/la cortesana multitud lo aclama».

(Baltasar de Heinrich Heine)

Pocos minutos antes de la medianoche del martes 7 de febrero de 1995 llamé por teléfono al juez Garzón a su domicilio para mostrarle mi solidaridad frente al infundio que, según acababa de escuchar por la radio, publicaría al día siguiente uno de los dos diarios que con más entusiasmo han aplaudido ahora sus desmanes procesales. La banda de Interior le acusaba nada menos que de haber pagado con dinero de los fondos reservados unas vacaciones que había pasado en la República Dominicana junto a su esposa y su cuñada.

- Mira, Baltasar, tú sabes que cuando nos ha parecido mal algo que has hecho lo hemos publicado y ahí están las peripecias de estos últimos años, pero cuando se recurre a cosas de este tipo...

- La presión es tremenda. Hay momentos en que me dan ganas de dejarlo todo...

- No, eso no puedes hacerlo.

- Pues ya ves, de momento ya han metido a mi familia. Y preparan no sé qué historias de putas y de droga...

- Que sepas que te vamos a apoyar a tope porque lo que está en juego es que en España la Justicia sea igual para todos...

- Van a decir que voy violando prostitutas, que consumo cocaína y que me he reunido en secreto contigo y con el PP...

- Pero es imposible demostrar lo que no ha existido...

- Eso no importa. Pedro J., están desesperados. Son capaces de matar si hace falta. Tengo razones para temer por mi vida.

Tal y como recordé en mi libro Amarga Victoria y vuelvo a recordar perfectamente ahora, «aquella noche colgué el teléfono con un nudo en la garganta». No era para menos: un juez de la Audiencia Nacional me estaba confesando que temía que agentes del Gobierno le asesinaran. El antecedente más inmediato de aquella conversación había sido la alocución contra Garzón por parte del ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, retransmitida en directo por la televisión pública desde el plató de la cárcel de Alcalá Meco. Y su secuela directa fue la corroboración por EL MUNDO de que algunos de los temores del juez estaban más que fundados, al desvelar tan sólo nueve días después que 20 policías a las órdenes del comisario jefe Carlos Rubio habían elaborado el infamemente bautizado como Informe Veritas, entregado en secreto al Juzgado número 46 de Madrid.

En dicho informe se aseguraba literalmente que un grupo de narcotraficantes, «conocedores de su obsesión por las mujeres», había logrado introducir a Garzón «en fiestas aparentemente inocuas y en orgías donde puede disfrutar de dos y hasta tres mujeres a la vez, donde se consume coca y se abusa del caviar y del champán francés, y en más de una fiesta se hicieron filmaciones en vídeo y fotografías».

Si hubiera imaginado la que me iban a montar a mí un par de años después, probablemente la burla despectiva ante tan patético relato no se habría abierto camino junto al escalofrío que producía pensar que si los agentes de Corcuera y Vera habían intentado endosarle lo de las putas, tal vez también estuvieran, en efecto, preparando el darle matarile. «Me temo que alguien quiera quitar de en medio al juez Garzón», llegó a advertir por esas mismas fechas el coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita. «Reclamo una especial protección para él».

Tanto los lectores más jóvenes como aquellos especialmente desmemoriados comprenderán ahora que, con estos antecedentes, yo entendiera mejor que nadie cuánta sabiduría había en las palabras del presidente del Poder Judicial, Francisco Hernando, cuando el jueves comentó que un juez «con la entidad y la experiencia» de Garzón difícilmente podría sentirse «intimidado» por la gavilla de críticas periodísticas que ha disonado estos días del coro de loas generalizadas con que la mayoría de los medios ha acogido su montaje contra los tres honrados policías que osaron intentar advertir al nuevo ministro del Interior de la falsificación de su informe.

A mí no me gusta que en ningún periódico, y menos aún en el nuestro, se ridiculice la apariencia física de nadie o se incurra en la exageración de etiquetar su conducta como «nazi», pero coincido con Hernando en que parece inverosímil que tal licencia de un columnista -y ese pellizco de monja es lo más fuerte que se ha escrito sobre Garzón en estos días- haya llegado realmente a inquietar su «independencia» o menos aun a «perturbar ferozmente» -como él mismo alega- a quien comenzó a forjar su leyenda de adalid de la justicia universal combatiendo la calumnia de Estado y temiendo fundadamente por su vida.

Y en cuanto a lo del «montaje», lo de la «criminalización de los peritos», lo de la «trampa procesal» y lo de los «elementos indiciarios de la prevaricación tal y como ha sido definida por la doctrina del Tribunal Supremo», conceptos que aquí mismo mantengo y reitero, pues ajo y agua. ¿O es que ni siquiera va a caber en la libertad de expresión de una democracia que haya un periódico, una radio y un par de sitios de internet que puedan decir y argumentar en ese orden de cosas sobre un juez al que todos los demás cubren de flores?

Agradezco las múltiples llamadas de afecto, aplauso y apoyo, pero no es cierto que los productores de 59 segundos manipularan la realidad mediática al organizar el miércoles un cinco contra uno. Más bien se quedaron cortos ya que, si se trataba de servir de espejo al debate periodístico, lo justo habría sido que me hubieran puesto a diez compañeros enfrente, pues no es otra la correlación de fuerzas. Claro que ni las batallas de la opinión pública ni menos aún las de los tribunales se deciden en función de la cantidad de voces, sino por mor de la calidad argumental de cada una. Y algo querrá decir que entre los juristas la ecuación sea más o menos la inversa: por cada estudiante de Derecho, letrado en ejercicio o catedrático de Penal capaz de justificar lo que procesalmente han hecho Garzón y su compadre el fiscal Zaragoza hay como mínimo una decena cuya percepción de lo ocurrido oscila entre la vergüenza ajena y la recomendación de que se deduzca testimonio contra ambos.

Cuando se produjo mi llamada de hace 11 años la situación era exactamente la opuesta: se contaban con los dedos de la mano los periodistas que le apoyábamos, pero el mundo del Derecho estaba rotundamente de su lado. Aunque ya se había producido su viaje de ida y vuelta a las listas de míster X, el empeño de Garzón por esclarecer los crímenes de los GAL era, efectivamente, tal y como yo se lo dije aquella noche, la causa de «la igualdad ante la ley», de la tutela judicial efectiva que merece cualquier víctima y de la primacía del Derecho sobre la razón de Estado. Cuando el instructor del Tribunal Supremo refrendó todos y cada uno de sus pasos procesales y el pleno de la Sala Segunda convirtió en hechos probados sus averiguaciones sumariales, quedó reivindicada no sólo una persona sino, contra viento y marea, la propia concepción democrática de la Justicia.

De entonces a ahora ha llovido de todo con remite del Juzgado de Instrucción Central número 5. Desde la villanía contra Liaño hasta la audaz y encomiable persecución de Pinochet, desde la chapuza de la operación Nécora hasta los macrosumarios que retratan atinadamente la poliédrica realidad de ETA, desde la sensibilidad del cooperante en la lucha contra la droga, la exclusión y la pobreza hasta la ofuscada megalomanía del activista capaz de incitar en un mitin a que se coree el grito de «¡asesino!» contra el presidente del Gobierno. Y eso sin entrar en los aledaños del 11-M y la espantada neoyorquina, que tiempo habrá para ello. Hay en él tantos heterónimos jurídicos, que hasta ahora era imposible responder si se estaba a favor o en contra de Garzón sin pedir la aclaración previa de a cuál de ellos se refería la pregunta. Pero es midiendo a todos esos siempre osados garzones por el único rasero posible -el del principio de legalidad- como peor parado sale el malabarista marrullero de estos días.

Si el Garzón bregado en mil batallas, acostumbrado a ver muy de cerca las orejas -y los colmillos- de los peores lobos se hace ahora la damisela ofendida por columnistas, tertulianos y diputados a quienes en la práctica desprecia es, de hecho, porque sigue siendo lo suficientemente inteligente como para darse cuenta del hondo escándalo, de la profunda decepción, de la sensación de sacrilegio y de blasfemia que su oportunismo sin escrúpulos está causando entre esa escogida élite que componen los más amantes del Derecho y los mejores conocedores de las leyes.

Garzón necesita que el barullo, la confusión y el ruido fruto de sus arbitrariedades sea lo más intenso y duradero posible, no vaya a resultar que cada pieza vuelva a quedar encajada en su sitio y la serenidad permita que se escuchen las voces de la ciencia y la decencia e incluso que entre ellas aparezca, pidiendo asilo y refugio, la de la propia conciencia de aquel juez honrado que hace ya muchos años él mismo pretendió ser.

Y, efectivamente, hablo de «blasfemia» en sentido análogo al inducido en el sentimiento romántico del poeta alemán cuyos versos, arrojados sobre los manteles del hijo de Nabucodonosor con toda la cólera del sturm und drang, han servido de introducción a este artículo. O tratando, desde luego, de transmitir con los pobres recursos expresivos a mi alcance el mismo mensaje que tan magistralmente plasmó Rembrandt en su famoso lienzo sobre el mismo asunto, inspirado en el capítulo V del Libro de Daniel.

Era tanta mi admiración por el historiador británico Simon Schama que, cuando después de escribir Citizens -la mejor historia de la Revolución Francesa de la segunda mitad del siglo XX- publicó Rembrandt's eyes, a la primera oportunidad que tuve acudí a la National Gallery de Londres con su libro bajo el brazo para volver a ver la media docena de lienzos emblemáticos del gigante holandés allí depositados, con la mirada de esos ojos que, de repente, se me abrían.

Fue una experiencia inolvidable repasar con tan sabia y a la vez intuitiva guía literaria los retratos de ancianos que reflejan la pletórica confianza de aquella primera burguesía flamenca de comienzos del XVII segura de sus valores o el cuadro que muestra a su amante Hendrickje levantándose el camisón y contemplando el reflejo de sus muslos en el agua porque, como bien dice Schama, «Rembrandt no la admira como a una posesión, sino por su dominio de sí misma, y la capta como si fuera de soslayo en un acto de ensimismamiento». Pero el éxtasis llegó con su reinterpretación de El festín de Baltasar, teniendo el lienzo delante.

La escena recoge el estupor del príncipe babilonio y sus invitados cuando la mano misteriosa del destino escribe en la pared la profecía del fin de su reino. Pero más importante aún que lo que nos cuenta que está sucediendo en ese momento es lo que nos recuerda que acaba de suceder poco antes: la exuberancia, el derroche de sensualidad, pompa y circunstancia de un banquete en el que el desenfreno ha desembocado en la profanación de lo más venerable. Los metales preciosos, el armiño, la seda, el resplandor de la carne desnuda, los chorros de vino que derraman los cálices sagrados... todo estalla ante los sentidos, todo nos deslumbra, nos embriaga y nos seduce hasta acercarnos, en un viaje de pictórica operística, a la frontera en la que la transgresión engendrará la tragedia que engullirá a los transgresores.

Schama lo explica así: «Aquí el oro no cae sobre el relato en forma de bendición, sino como maldición: no como irradiación, sino como una especie de contaminación leprosa que recubre el manto ornamentado del rey y resplandece ominosamente en las vasijas incautadas por el príncipe de Babilonia del templo de Jerusalén y profanadas al usarlas como vajilla para su banquete».

Pues bien, no podría describir con mejores imágenes ni palabras más precisas la sensación de agravio en sus convicciones más íntimas que he percibido yo estos días tanto en grandes juristas a los que admiro como en los aprendices y amateurs -aquellos que más aman lo que hacen- que pluma en ristre han convertido el Derecho en su referencia y vocación. Aunque durante las siete horas en las que tuvo a su principal víctima haciendo antesala el juez sólo consumiera una cerveza y dos chapatas, para todas estas personas el verdadero y oprobioso festín de Baltasar no ha sido ninguna de aquellas bacanales de las «tres mujeres a la vez» -ya me contarán cómo, por mucho que ayudaran el «caviar» y el «champán francés»...- imaginadas por los esbirros del electricista palurdo, sino esta bien real orgía de abusos procesales perpetrada contra unos funcionarios indefensos. (Indefensos, pero ofensivos para un Gobierno a cuyo presidente Garzón trata de asociarse como diunviro, bien sea para la paz, bien sea para la guerra).

Y es que para toda alma sensible penetrada por el espíritu de las leyes observar cómo un juez que desde el primer momento sabe que no es competente recurre a los más burdos ardides para practicar diligencias para las que no está habilitado, arrolla en las formas y en el fondo las garantías procesales de sus víctimas, dicta un auto de imputación sin base racional alguna, desencadena un proceso de linchamiento de quienes -insisto- están desamparados ante la apisonadora mediática gubernamental y aún recurre a ruines trampas a título póstumo para seguir embarrando el terreno procesal, pues equivale, en efecto, a contemplar la «contaminación leprosa» en la que las «vasijas del templo» de la Justicia se convierten en la «vajilla del banquete» de la arbitrariedad inquisitorial.

No es difícil imaginar el sonido de la voz atiplada del juez convirtiendo a los testigos en imputados con los elementos que ingenuamente ellos mismos le habían suministrado. Para quienes desde fuera del cuadro seguimos sometidos a los mismos principios sagrados que en aquel turbulento invierno del 95 es el sonido -sí- de la «blasfemia» y la impostura, aunque no haya que buscar en el vino el origen de su «temeridad fatal y audacia loca».

Mira Schama a los ojos de Rembrandt y descubre la jugada del maestro al condensar un festín multitudinario en el encuadre de tan sólo cinco personajes: «Así consigue intensificar la agobiante sensación de claustrofobia. Esta es una fiesta en la que no hay salida de emergencia». ¿Qué otra cosa pudieron pensar los pobres peritos cuando descubrieron que estaban siendo empapelados por haber vuelto a firmar su mismo informe original, extraído del ordenador sin alterar ni una sola coma de su literalidad, mientras se exculpaba a quienes lo habían falsificado todo? Aquello era secreto. Allí sólo estaban el juez, su fiel secretaria, la fiscal Olga Sánchez -«¡vale ya!»-, el fiscal Pedro Rubira -quién te ha visto y quién te ve- y tal vez algún oficial de confianza. Era fuera del encuadre donde ya comenzaban a rugir las rotativas, los postes microfónicos y los enlaces de ondas hertzianas -«la cortesana multitud» de Heine- que en cuestión de horas aplastarían, triturarían, machacarían y calcinarían a los «tramposos del 11-M», a los «mentirosos del ácido bórico». Buen trabajo, Baltasar.

Pero cuidado, porque el profesor de Oxford y de la Universidad de Columbia no sólo ha calado las intenciones del artista sino también el verdadero móvil de su personaje. «Se había emborrachado de orgullo», sentencia Schama precisando que su estado de ebriedad no es físico sino moral, que cuando te devora la sed de dominarlo todo puede bastar una Mahou para estar como una cuba. Y atención también, porque si «en esa fiesta no hay salida de emergencia», quien tendrá al final el mayor problema será el propio anfitrión.

De hecho los peritos están siendo gradualmente rescatados de sus garras por los autos de la Sala de lo Penal y las nuevas diligencias de la juez Gallego -¿quién les devolverá ahora su honor y su prestigio?-, pero Garzón continúa bajo la lupa de la inspección del CGPJ. Probablemente saldrá tan airoso de ésta como de las anteriores investigaciones disciplinarias porque, si no se grabaron los interrogatorios, al final será la versión del clan contra la de sus damnificados. Pero eso es lo de menos. Lo de más es que las palabras fatídicas -Mane, Thecel, Phares- han quedado ya escritas en la pared y todos lo hemos visto. Como su homónimo babilonio, Baltasar Garzón ha sido puesto en la balanza y no ha dado el peso requerido. Al fin sabemos de qué va. Queda por determinar el cuándo y el cómo irrumpirán en escena los nuevos persas que pondrán término a esa borrachera del orgullo, a ese reinado de la ambición, a ese imperio del sectarismo y a ese despotismo del autoenamoramiento, pero -claro- sólo él conoce lo que ocultan sus sumarios.

Publicado por el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La versión de EL PAIS y ABC sobre las nuevas diligencias sobre Informe del Acido Bórico

Por Narrador - 7 de Octubre, 2006, 10:30, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

La juez rechaza la petición de la fiscal de suspender los interrogatorios de los peritos 

Gallego rehusó citar como imputados a los técnicos y eludió leer los papeles de Garzón

Madrid - La juez Gemma Gallego, del juzgado 35 de la plaza de Castilla, parecía tener ayer mucha prisa por interrogar a dos de los tres peritos que vincularon a ETA con la matanza del 11-M. La fiscal del caso le pidió que suspendiese la declaración de estos policías para poder leer antes el atestado -unos 300 folios- que le ha enviado el juez Garzón sobre el caso del ácido bórico. Gallego, candidata de la Asociación Profesional de la Magistratura para el próximo Consejo General del Poder Judicial, rechazó la petición de la fiscal y rehusó aplazar los interrogatorios.

La juez Gallego ha abierto diligencias, que ha declarado secretas, en relación con la denuncia por supuesta falsedad en documentos oficiales presentada por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, patrocinada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperaza Aguirre (PP), y la ultraconservadora Plataforma España y Libertad. Esta denuncia está dirigida contra los superiores jerárquicos de los policías peritos que vincularon a ETA con el 11-M basándose en que en la casa de un islamista investigado por terrorismo se encontró ácido bórico; es decir, un insecticida matacucarachas que, según precisaban en el mismo informe, también fue hallado en 2001, cuatro años antes, en el piso de uno de los etarras detenidos en Salamanca y de un antisistema detenido en Madrid.

"Sin constancia oficial"

La juez Gallego recibió ayer las diligencias que ha efectuado Garzón, en las que este magistrado imputa un delito de falsedad, no a los jefes de los peritos, sino a éstos. Le atribuye que han intentado colar a sus jefes como oficial un borrador de informe que tenían en un ordenador desde marzo de 2005.

La juez recibió ayer las diligencias de Garzón. Pero ella ya tenía citados para este mismo viernes, en calidad de testigos -Garzón los ha imputado- a dos de los tres peritos: Manuel Escribano y Isabel López. La fiscal pidió a Gallego que aplazara o suspendiera los interrogatorios para instruirse sobre el atestado enviado por Garzón y poder valorar su contenido. Gallego dijo que no.

Según fuentes jurídicas, la juez argumentó que, aunque el atestado de Garzón ya estaba en su juzgado, nadie le había dado cuentas de forma oficial de su recepción y que, por tanto, no lo daba por recibido. En vista de ello, la fiscal demandó que, al menos, y dado que era público y notorio que Garzón había imputado a los peritos, que éstos fuesen interrogados como imputados, acompañados de abogado, y no como testigos (sin abogado). De esa forma, según la fiscal, se les garantizaban sus derechos.

A la fiscal no le convenció el argumento de la juez y le entregó una copia del auto del juez Garzón en el que éste imputa por falsedad a los tres peritos. La juez también rehusó leerlo alegando que era una copia y no tenía constancia oficial del mismo. A continuación, comenzó a interrogar a Escribano, autor material del borrador. Escribano fue quien redactó el polémico informe en el ordenador y luego se lo pasó a sus colegas para que lo firmasen.

Los dos peritos que declararon ayer coincidieron en sus testimonios. Quien más se extendió fue Escribano. Señaló que redactó el informe original [el que supuestamente luego fue falsificado por sus superiores] junto con otro de los peritos y que luego lo firmaron los tres. Tras firmarlo, se despreocupó del mismo y lo dejó en la mesa de su jefe, Francisco Ramírez. Y que éste, dos o tres días después, comentó a Escribano que retirase las observaciones que hacía en él acerca de ETA. Ramírez declaró que le dijo que él no cambiaba nada y que entonces se olvidó del asunto. Añadió que en julio pasado, José Andradas, otro de sus jefes, le comentó que recopilase y le entregara todos los informes que hubiese hecho sobre el 11-M. Confesó que buscó todos los informes y fue cuando vio que uno de ellos no era el mismo que había hecho en marzo de 2005. Por ese motivo, fue al ordenador y sacó la copia que guardaba allí y en la que constaban las observaciones sobre ETA y el 11-M.

Escribano admitió que, como esa copia no estaba firmada, la imprimió, la firmó y se la pasó a los otros dos peritos para que hicieran lo mismo. Escribano declaró también que en todo el tiempo que lleva como perito nunca sus superiores le han visado sus informes. La otra perito, Isabel López, coincidió a grandes rasgos con Escribano. Comentó que sus compañeros le dieron a firmar en julio pasado el segundo informe extraído del ordenador y que ella se limitó a firmarlo.

Texto de José Antonio Hernández publicado por el diario EL PAIS el sábado 7 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La fiscalía de Madrid no apoyó el intento de la juez de requerir a Garzón para que se inhibiera 

Madrid - La juez de la plaza de Castilla que investiga a mandos policiales por la supuesta falsedad de un informe policial, Gemma Gallego, del Juzgado 35, intentó a comienzos de esta semana recabar el apoyo de la fiscalía de Madrid con vistas a requerir al juez Garzón para que se inhibiera de investigar esta causa. La juez pidió opinión a la fiscalía para hacer ese requerimiento, pero el departamento que dirige Manuel Moix la instó a que planteara primero ella una cuestión de competencia y que luego se pronunciaría.

Fuentes judiciales explicaron ayer que no es entendible la prisa de la juez Gallego por interrogar a los peritos. "Si la fiscal, como parte en el proceso, le pide, como hizo ayer, suspender los interrogatorios para poder leer tranquilamente los cientos de folios de las diligencias de Garzón sobre este asunto, lo normal es que se suspenda. ¿Para qué tanta prisa?", se preguntan.

La juez tenía prisa por iniciar las pesquisas de la denuncia que le presentaron por falsedad dos asociaciones afines al PP contra los superiores jerárquicos de los tres peritos policiales que suscribieron el informe en el que se vincula a ETA con el 11-M basándose en la existencia de ácido bórico en la casa de un islamista, un antisistema y dos terroristas de ETA. El ácido bórico es una sustancia química que, según otro informe de estos mismos peritos, fechado en 2000, "no es explosiva ni incendiaria".

A la juez Gallego le llegó la denuncia de las citadas asociaciones contra los mandos de los peritos casi a la par de que el juez Garzón iniciara sus pesquisas e interrogara a los peritos, a los que terminó imputando un delito de falsedad. Estos peritos reconocieron que el informe publicado como auténtico por El Mundo lo habían firmado después de extraerlo, en julio de este año, de un ordenador.

Garzón se inhibió del asunto el jueves y envió a la plaza de Castilla las diligencias para que se investigase a los peritos por la supuesta falsedad que descubrió al interrogarles. Paralelamente, envió las mismas diligencias a la juez Gallego para que ésta investigase la denuncia que ella ya tenía contra los jefes policiales de los peritos. Sin ni siquiera leer las diligencias de Garzón, la juez Gallego ya tenía citados para ayer a los peritos, pero como testigos.

Texto de José Antonio Hernández publicado por el diario EL PAIS el sábado 7 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La juez de Plaza de Castilla negó a la fiscal el acceso a las declaraciones del «caso bórico» tomadas por Garzón

MADRID. La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gema Gallego, se negó ayer a acceder a la petición de la Fiscalía de suspender la toma de declaración de dos de los tres peritos a los que había citado como testigos en el supuesto delito de falsedad en el «caso bórico», y que ya estaban previamente imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por ese mismo cargo, aunque formalmente en otra causa diferente.

El Ministerio Público había solicitado a la juez que aplazara la práctica de esta diligencia hasta que la fiscal pudiera estudiar las copias de las declaraciones de los policías, que el jueves por la noche había enviado Garzón a su juzgado. Además, consideraba que la ambigua situación procesal de los peritos -testigos e imputados por un delito de falsedad en dos causas distintas que además se refieren a un mismo borrador e informe- aconsejaba ese aplazamiento o, en su defecto, que se les interrogara en calidad de imputados.

Más garantías procesales

De esta forma, argumentó la fiscal, los funcionarios tendrían mayores garantías procesales, ya que un testigo está obligado a decir la verdad y sin embargo un imputado tiene derecho a guardar silencio y a no incriminarse. Además, en esta situación procesal declararían asistidos por su abogado.

Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción 35 y candidata al Consejo General del Poder Judicial por la conservadora APM desestimó las dos peticiones de la fiscal, en el segundo caso incluso con el argumento de que no tenía «constancia» de que los tres funcionarios policiales estuvieran imputados por Garzón por falsedad documental, según las fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC.

En esta situación se produjo la primera de las declaraciones de los dos peritos citados ayer como testigos, en concreto la de Manuel Escribano. Después de contestar durante dos horas a las preguntas de la juez, que se ciñó estrictamente a los detalles de la elaboración material de los documentos sin profundizar en momento alguno en su contenido que vincula el 11-M con ETA a través del ácido bórico, la fiscal del caso volvió a insistir en sus peticiones. Fue momentos antes de que comenzara a declarar la segunda perito citada, Isabel López Cidad, cuando la fiscal esgrimió una copia del auto de imputación de los policías dictado por Garzón. Gema Gallego no cambió su postura y alegó que ese documento no estaba «testimoniado». Por tanto, prosiguió con los interrogatorios.

Las fuentes consultadas mostraron su extrañeza ante la actitud de la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid y sobre todo por los argumentos que esgrimió para no acceder a las peticiones del Ministerio Público. Estas mismas fuentes subrayan que resulta llamativo que la juez negara tener conocimiento de esas imputaciones de Baltasar Garzón cuando ella se ha dirigido hasta en dos ocasiones al magistrado de la Audiencia Nacional para reclamarle las diligencias que estaba instruyendo por la presunta falsedad documental y en las que ya estaban imputados los funcionarios policiales a los que ella ayer tomó declaración como testigos.

La misma petición

Todo indica que el próximo lunes, cuando está citado como testigo el tercer perito, Pedro Manrique, el Ministerio Público volverá a realizar a la juez la misma petición que ayer; es decir, que este funcionario declare como imputado para que goce de mayores garantías procesales.

Texto de N. Villanueva y P. Muñoz publicado por el diario ABC el sábado 7 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los peritos piden la nulidad de las diligencias de Garzón sobre el ácido bórico

Por Narrador - 7 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: ¿Garzón ha Prevaricado?

El Decanato prevé remitir el caso a la juez Gallego al considerar que se trata de hechos conexos

Madrid/Gran Canaria - Los tres peritos imputados la pasada semana por el juez Baltasar Garzón por falsificar, supuestamente, un informe que vinculaba el 11-M con ETA, solicitaron ayer por escrito al juez decano de Instrucción de Madrid, José Luis González Armengol, la nulidad de todas las actuaciones practicadas por el magistrado en relación a este asunto (entre ellas los interrogatorios a los propios peritos, que acudieron a declarar ante él como testigos, denunciando que sus superiores habían eliminado del documento la referencia a la banda terrorista, y finalmente resultaron imputados por alterar la fecha del mismo). Fuentes de la defensa de estos tres agentes explicaron que, además, sus abogados solicitan al Juzgado Decano de Plaza de Castilla que todas las investigaciones abiertas por este caso se acumulen en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, cuya titular, Gemma Gallego, ya instruye la denuncia de los peritos por la presunta falsedad cometida por sus superiores.

La defensa de los agentes basa su petición en el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la nulidad de los actos procesales llevados a cabo ante un tribunal no competente o realizados bajo intimidación o sin la presencia de letrado (los peritos denunciaron que sufrieron un trato «humillante y vejatorio» por parte de Garzón, una versión desmentida por los dos fiscales que asistieron al interrogatorio).

«Trato correctísimo»

Precisamente ayer, dos de los tres peritos -Manuel Escribano e Isabel López Cidad- comparecieron ante la juez Gallego (el último, Pedro Manrique, lo hará el próximo lunes). Y lo hicieron como testigos, pese a que formalmente todavía están imputados por Garzón (mientras el juzgado que se haga cargo de esas diligencias no retire esa imputación o las actuaciones del magistrado se declaren nulas).

Los peritos ratificaron ante la juez de Plaza de Castilla que sus superiores modificaron un informe en el que daban cuenta del hallazgo de ácido bórico en el domicilio de Hassan El Haski, uno de los imputados por los atentados del 11-M, y relacionaban este hecho con el registro del piso de un comando etarra, donde se encontró la misma sustancia cuatro años atrás.

Fuentes próximas a los declarantes -que salieron del juzgado manteniendo su condición de testigos- aseguraron que estos recibieron «un trato correctísimo». «Le han explicado a la juez lo mismo que a Garzón, pero con mucha menos tensión», añadieron. Según estas mismas fuentes, los peritos «están tranquilos, porque la situación ha cambiado considerablemente desde el pasado viernes» (cuando fueron imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 5).

Escribano declaró durante hora y media y su compañera lo hizo después por espacio de dos horas. Al concluir, López Cidad abandonó a la carrera el juzgado tapando su rostro con una chaqueta y parapetada detrás del jefe de Seguridad de los Juzgados. Medio centenar de periodistas le esperaba fuera. Para colmo, una vez dentro del ascensor éste se resistió a cerrar las puertas y tuvo que pasar el mal trago de exponerse de esa guisa a los flashes de los fotógrafos durante unos minutos que debieron parecerle eternos.

Una información de R. Coarasa y F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el sábado 7 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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