Un vocal critica la «doble vara de medir» de la minoría al instar el apoyo para el juez de la Audiencia Nacional y «no mover un dedo» por los magistrados vascos

MADRID.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó ayer el acuerdo de la Comisión Permanente de negar el amparo al juez Baltasar Garzón ante las críticas que ha recibido por su actuación con los peritos del 11-M.

La Comisión Permanente apreció el día 10 que «no se dan las condiciones objetivas» para otorgar el amparo a Garzón. El juez había pedido el apoyo del CGPJ frente al «brutal y desmedido ataque contra su independencia» recibido, según él, de varios medios de comunicación, entre ellos EL MUNDO, que han cuestionado su competencia para investigar e imputar a los policías peritos que mencionaron a ETA en un informe sobre el 11-M. Era la segunda vez que la Comisión rechazaba amparar al juez.

Garzón tuvo que inhibirse tras dos pronunciamientos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional indicando que la competencia era de los juzgados de Instrucción de Madrid.

El Pleno del Consejo avaló ayer por 10 votos frente a siete el criterio de que «no se dan los supuestos que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual tiene como fin defender la independencia judicial en el futuro como consecuencia de las actuaciones que la hayan podido perturbar en el pasado y presente, siempre y cuando el juez siga conociendo del asunto». Los 10 votos fueron emitidos por el presidente, Francisco Hernando, y los vocales del grupo mayoritario.

El segundo punto del acuerdo de la Comisión Permanente -que respaldó por unanimidad la actuación del vocal José Luis Requero por pedir a la Inspección que investigue el trato dado por Garzón a los peritos- fue confirmado por 13 votos frente a cuatro. Éstos correspondieron a Fernando Salinas, Alfons López Tena, Montserrat Comas y Agustín Azparren. Los dos últimos discreparon sólo de que se considerase una «obligación» denunciar posibles anomalías de la Justicia.

Finalmente, se confirmó por 17 votos a favor y uno en contra el punto del acuerdo en el que la Comisión hacía una llamada al «ejercicio racional de la crítica de las actuaciones judiciales».

La ratificación del acuerdo se produjo en votaciones independientes para cada apartado después de que el vocal propuesto por el PSOE Juan Carlos Campo intentara, sin éxito, una votación de conjunto. Este sistema hubiera permitido a la minoría no tener que apoyar a Requero de forma expresa.

Los consejeros afines al PSOE tuvieron que escuchar el reproche del vocal Juan Pablo González de que aplican «una doble vara de medir» y mantienen una «actitud hipócrita» sobre la independencia judicial. González destacó que los vocales que reiteradamente han instado el amparo para Garzón «no han movido un dedo» por los jueces del País Vasco «amenazados» por el Gobierno autonómico con que «no les va a salir gratis» haber imputado al lehendakari.

Información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el jueves 19 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Denuncian en un escrito que «en cierto modo fueron retenidos e incomunicados» por Garzón. «Rebelde y contumaz». Así califican los peritos la actuación de Garzón de valorar el informe después de inhibirse del asunto.

Madrid - Dos de los tres peritos que relacionaron el 11-M con ETA en un informe -a quienes el juez Baltasar Garzón imputó por falsedad documental- han contestado con dureza las valoraciones efectuadas por el magistrado en el auto del pasado día 10, en el que éste les acusaba de «prefabricar» la vinculación de la banda terrorista con los atentados de Madrid.

«No son elucubraciones». En el escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid el pasado día 11 -en el que piden a la juez Gema Gallego que les retire la condición de imputados- Manuel Escribano e Isabel López Cidad aseguran que «es incierto lo que se dice de haber prefabricado la vinculación de ETA con los autores del 11-M. Es el mismo procedimiento utilizado en otras ocasiones y la constatación de un hecho, que consiste en la aportación de datos, no en su valoración». Los agentes aseguran en el documento que relacionar el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los imputados por los atentados de Madrid con la presencia de esa misma sustancia en el piso utilizado por un «comando» etarra «no son elucubraciones, son interconexiones entre unos datos y otros, para facilitar la investigación».

Informe definitivo. Los peritos insisten en que el documento en el que vinculaban el 11-M con ETA -un párrafo que su superior eliminó- no era un informe-borrador, como mantiene Garzón, sino que se trataba de «un informe definitivo». Además, resaltan que «siempre, absolutamente siempre», desde que entregan el informe, los funcionarios «nunca vuelven a verlo hasta el momento del juicio».

Además, recuerdan que, como ya explicaron a Garzón en el recurso contra la decisión del magistrado de imputarles por falsedad, elaboraron «hasta seis informes para la causa del 11-M siguiendo el mismo procedimiento» y «en ningún caso fue necesaria otra firma para darle oficialidad». Y si nada se discutió en esos otros casos, añaden, «tampoco puede discutirse de éste. En consecuencia, si son válidas aquellas actuaciones también deben serlo éstas».

«Rebelde y contumaz». Los agentes cuestionan la actuación de Garzón de valorar su actuación después de inhibirse del asunto en favor de la juez Gallego, que ayer mismo levantó parcialmente el secreto de las declaraciones realizadas por los peritos ante Garzón y dio traslado a las partes para que informen sobre el recurso contra su imputación presentado por éstos. Así, se quejan de que, pese a no tener competencia, «de modo rebelde y contumaz» Garzón «juzga y valora abiertamente la autenticidad, oportunidad, finalidad y solvencia científica del informe y desprestigia y menosprecia el trabajo» de Escribano y sus compañeros «hasta límites insospechados».

«Retenidos e incomunicados». Los agentes aseguran que «en cierto modo fueron retenido e incomunicados» por Garzón durante los interrogatorios que determinaron que pasaran de testigos a imputados por falsedad. ? No hay normas de calidad. Los peritos también cuestionan la exculpación expresa que hace el magistrado de sus superiores, de quien dijo que «tenían la obligación», con las normas de calidad vigentes en las Comisaría General de Policía Científica, de retirar del informe «unas observaciones inveraces». Según ellos, esas normas «ni se conocen, ni se han publicado, ni se han cumplido nunca ya que nunca los informe de ambos peritos fueron corregidos». Y subrayan que todo lo que dice al respecto el magistrado «es completamente incierto e inaplicable «al laboratorio en el que trabajan».

«Información concreta». Igualmente, rechazan que la información recogida fuese genérica, perversa e impropia de un informe pericial. «Es muy concreta», afirman de forma categórica. «Se trata de una información específica, referida al ácido bórico relacionado con hechos terroristas y que hasta ese momento a los actuantes sólo les constaba en sus datos que había sido utilizado en dos únicas ocasiones». Al hacer constar esos extremos, insisten, «se puede coadyuvar a la investigación judicial y policial». Para los agentes, el juez «hace unas elucubraciones completamente gratuitas y ajenas a la labor pericial y judicial». Incluso, mantienen que López Cidad facilitó a Garzón «copia de una nota informativa en la cual mediante los resultados analíticos se relacionaban varios hechos terroristas» de ETA.

No lo ponen en circulación. Por último, los peritos aseguran que no es cierto que pusieran el documento en circulación (Garzón acusó a uno de ellos de filtrarlo al diario «El Mundo»). «Fue entregado al Sr. Andradas (jefe de la Unidad Central de Análisis Científicos) sabiendo que se había sacado del disquette», que según dicen estaba a disposición de cualquier funcionario. Nada se dice, lamentan finalmente, de «por qué ha desaparecido la hoja de custodia de muestras».

«Es un menosprecio gratuito»

Garzón calificó de delirante y sin rigor científico alguno la relación establecida por los peritos entre ETA y el 11-M, pero para ellos esa valoración «es un menosprecio gratuito». «Eso es sencillamente incierto -aseguran en el escrito presentado en los Juzgados de Plaza de Castilla-, simplemente un modo de desprestigiar». Ellos, hacen hincapié, «tan solo plasmaron una realidad. Y nada más». En cuanto a la eliminación del párrafo referido a ETA, que según el magistrado no era científicamente sostenible, los agentes aseguran que «en otros casos se han hecho ese tipo de informaciones. Y por supuesto nunca se devolvió ningún informe». Por eso califican de «incierto y obsesivo» por parte de Garzón «establecer alguna vinculación con ETA». Igual que es obsesiva, añaden, «la afirmación no hecha de que el ácido bórico sea explosivo o incendiario, algo que se repite a lo largo del auto».

Información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 18 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Los peritos Manuel Escribano e Isabel López han presentado un escrito ante la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, en el que denuncian malos tratos, vejaciones y abuso de sus prerrogativas del juez Garzón. La lectura del testimonio de los dos peritos sobre su interrogatorio en la Audiencia Nacional es impresionante y su verosimilitud queda muy reforzada tanto por los datos concretos que aportan como por los hechos objetivos que conocemos, que encajan con lo que ambos denuncian.

El perito Escribano se lamenta de un trato «agresivo, vejatorio y humillante» y afirma que Garzón le presionó de forma «airada y amenazante», gritando «fuera de sus casillas» en un intento de hacerle responder lo que él quería escuchar. Escribano dice que entró al juzgado a las cinco de la tarde y no fue llamado a declarar hasta la una de la madrugada. A pesar de que había sido citado como testigo, no se le dió la oportunidad de ingerir alimento alguno salvo un yogur que le dió una secretaria.

Isabel López describe al juez como una persona alterada psicológicamente, con ataques de cólera y profiriendo continuas amenazas. Lo más importante de este testimonio es que explica perfectamente por qué volvieron a firmar el informe que habían realizado el 21 de marzo de 2005. Lo que dice Isabel López es muy simple: el informe había desaparecido de los archivos de la Comisaría General de Policía Científica y firmaron una copia guardada en un disquete de Escribano. La explicación es coherente y comprensible, por lo que esta mujer se pregunta en su escrito con lógica elemental si Garzón «está capacitado para juzgar» tras «imputar un delito imaginario».

Pero lo más significativo de su declaración es que revela que ella aportó el documento en el que Garzón basa su imputación y, a pesar de ello, vulnerando las leyes procesales, el juez siguió interrogándola como testigo y, a continuación, llamó a declarar a Escribano.

Garzón les acusó a ambos de «prefabricar» una falsedad pero la realidad es la contraria: fue Garzón quien trató de inducir a declararse culpables del delito fruto de su fantasía a los dos peritos que comparecían como testigos. El juez acusó incluso a Isabel López de querer filtrar un documento a EL MUNDO cuando ha sido él o uno de los fiscales quien necesariamente tuvo que filtrar a la prensa gubernamental las declaraciones literales de los peritos, a quienes ni siquiera entregó copia.

La actuación de Garzón merece una severa sanción porque, si lo que dicen los peritos es cierto, ha cometido un presunto delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 466.2 del Código Penal, y otro de intimidación, regulado en el artículo 464. Además, ha podido vulnerar al menos cuatro artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A saber, el artículo 238.2, que decreta la nulidad de las actuaciones cuando se realizan bajo violencia o intimidación; el artículo 238.3, que también anula las actuaciones cuando se vulnere el derecho a la defensa; el artículo 418.5, que considera falta grave el abuso de autoridad y el artículo 418.7, que sanciona la revelación de datos sumariales. La Inspección del CGPJ tiene sobrados motivos jurídicos para abrir un expediente disciplinario a un juez que se comporta de esta manera.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el jueves 12 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

MADRID.- Manuel Escribano e Isabel López han añadido a su denuncia por el trato recibido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 la petición de que se investigue la filtración de sus declaraciones a Garzón, publicadas por medios afines al juez cuando el procedimiento era conocido por éste y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Alegando que el procedimiento estaba declarado secreto, Garzón no accedió a la petición de los peritos de que les fuera entregada una copia de su declaración judicial.

La única parte conocedora de las diligencias era la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo responsable es Javier Zaragoza. Garzón denegó la personación de la Plataforma España y Libertad pese a que su denuncia fue, precisamente, la que permitió al juez entrar en el asunto de los informes del 11-M.

«Pedí copia de mi declaración a la oficial que me custodió, que me la negó, respondiéndome que era secreto. No obstante, el día siguiente en la prensa aparecía mi nombre y apellidos, y se decía que me había derrumbado y llorado», indica Isabel López.

«Esta perito», insiste, «nunca se derrumbó de nada porque, como juré, dijo la verdad y auxilió al juez Garzón en su labor y le proporcionó cuanta Información pensó que le sería necesaria. Esto es: la fotocopia de informe 48-Q3-05 de los tres peritos; fotocopia de la nota informativa fechada en 21 de Marzo de 2005; relación de casos del 11-M en los que participan estos peritos, que firma Andradas. Además esta perito le entrega al juez Garzón fotocopias del libro El Recetario Industrial del capítulo que habla del ácido bórico y sus aplicaciones; de todo el capítulo del boro y sus compuestos; del libro Ampliación de Química Inorgánica Avanzada, de Cotton y Wilkinsonm y dos artículos de internet del ácido bórico y su relación con explosivos».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el jueves 12 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Dedica la mayor parte del auto que exculpa a Haski a descalificar sus «delirantes» conclusiones

MADRID.- El juez Baltasar Garzón aprovechó ayer el auto en el que descarta imputar a Hasan Haski por tenencia de explosivos para acusar a los peritos que firmaron el informe inicial sobre el ácido bórico de buscar una conexión entre ETA y el 11-M «sin sustento real alguno».

Las acusaciones del magistrado de la Audiencia Nacional ocupan la mayor parte del escrito y llegan cinco días después de que Garzón se viera obligado a reconocer su falta de competencia en la investigación sobre la presunta falsificación del informe pericial, por lo que no tienen ninguna trascendencia jurídica.

En las conclusiones incluidas en el informe de marzo de 2005 rechazado por sus superiores, los tres peritos incluían una observación que Garzón califica de «simplemente delirante»: que lo poco frecuente de la aparición del ácido bórico en hechos terroristas les llevaba «a la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean el/los mismo/s autor/autores».

También se pronuncia el magistrado sobre cuál era el objetivo de los miembros de la Policía Científica al mencionar una posibilidad «sin el más mínimo rigor científico o real»: alimentar «cierto debate social construido en torno a aquel caso para desacreditar la investigación e instrucción sumarial».

«La inclusión de estas observaciones», insiste el juez, «no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino a generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de Marzo de 2004 en Madrid, a través de uno de sus autores».

La semana pasada, Garzón dictó un auto en el que exculpaba a los superiores de los peritos, asegurando que no había «ningún indicio» de que hubieran cometido delito al hacer llegar al juez del 11-M, Juan del Olmo, un informe distinto al redactado inicialmente. En el auto de ayer, el juez va más allá y asegura que fue su «obligación» legal censurar unas conclusiones que conducían a ETA que «ni eran ciertas, ni científicamente eran sostenibles».

«La eliminación de esas observaciones no sólo era oportuno, sino la única medida legal y posible de acuerdo con las normas de calidad vigentes en la Comisaría General de Policía Científica», dice el escrito. «Y debían haberse eliminado», concluye, «aunque no se hubiera sugerido la posible conexión ETA-islamistas. Aunque, por otra parte, el que hubieran aparecido tampoco hubiera supuesto mayor incidencia, dada la facilidad para establecer el inconsistente alcance de dicha afirmación».

Además de basarse «en simples elucubraciones», el magistrado acusa a los expertos de omitir «datos relevantes cuya presencia habría supuesto la inocuidad de aquellas observaciones, y dentro de ellas la del ácido bórico como sustancia explosiva».

Esas omisiones se refieren a los dos precedentes de hallazgo del ácido recogidas por los peritos en el informe inicial: un piso franco de ETA en Salamanca y el registro a un joven antisistema. Respecto al primer caso, les acusa de esconder que la Audiencia Nacional ni siquiera llegó a recibir noticia del hallazgo del ácido al considerarlo irrelevante.

Respecto al segundo, afirma que en un informe ampliatorio elaborado por dos de los tres peritos concluyeron que «el ácido bórico no es sustancia explosiva ni incendiaria», algo que no mencionaron en el caso de Haski.

El auto asegura que el informe que mencionaba a ETA «no era un documento oficial en la época en la que acontecen los hechos [marzo de 2005], por cuanto no llegó a adquirir dicha categoría al haber sido rechazado por quien tenía competencia para hacerlo y porque en el mismo no constan el sello del Servicio Central de Analítica, ni el Registro de Salida, ni su almacenaje o la mención 'es copia' que explicaría su circulación».

En el auto en el que cierra la pieza separada abierta sobre el ácido bórico, Garzón también dedica parte de su argumentación a explicar quién, a su juicio, entregó una copia del informe original a EL MUNDO. El culpable es el perito Manuel Escribano, puesto que, según el juez, sólo él disponía del informe que relacionaba a ETA con el 11-M.

LAS TESIS DEL MAGISTRADO

«Se ha demostrado sin duda racional alguna la prefabricación intencionada de tales observaciones para que produjeran un efecto espurio a la propia pericia, en concreto la supuesta vinculación entre ETA y los autores de 11-M».

«La observación [...] es simplemente delirante, ya que no tiene -ni siquiera como posibilidad- el más mínimo rigor científico o real, según los datos del informe, que lleve a mantener esta afirmación».

«La eliminación de esas observaciones no sólo era oportuno, sino la única medida legal y posible de acuerdo con las normas de calidad vigentes en la Policía Científica».

«El documento discutido [el primer informe] no era un documento oficial en la época en la que acontecen los hechos por cuanto no llegó a adquirir dicha categoría al haber sido rechazado por quien tenía competencia para hacerlo».

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.