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Engaños Demostrados

Un subordinado del coronel Hernando intentó destruir el documento que probaba que su jefe mintió en la Comisión

Por Narrador - 30 de Enero, 2007, 11:00, Categoría: Engaños Demostrados

Pidió a la Comandancia de Oviedo que se deshiciese del informe que, antes del 11-M, detallaba los pasos de Toro y Trashorras

MADRID.- Seis días después de que el coronel Félix Hernando Martín, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cometiera falso testimonio ante la Comisión de Investigación del 11-M del Congreso, uno de sus subordinados, el alférez Jaime Trigos, intentó destruir la prueba que demostraba que su jefe había mentido.

El hecho se produjo el 26 de julio de 2004. Trigos, miembro de la UCO, intentó convencer al comandante Francisco Javier Jambrina, segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, para que «destruyese la nota del 6 de marzo de 2003, de la que sólo obraba copia en las dos unidades».

Esa nota, cuyo contenido reveló ayer EL MUNDO, recogía una información que la UCO recibió en aquellas fechas sobre dos individuos asturianos, «Antonio Toro» y «Emilio [posteriormente se supo que se trataba de Emilio Suárez Trashorras]», que intentaban vender explosivos en Madrid, comprar armas cortas y largas (pistolas y fusiles repetidores), encargar la eliminación de una persona y traficar con cocaína y hachís.

Para llevar a cabo todos esos actos delictivos, Toro y Trashorras se pusieron en contacto con un uruguayo llamado Martín R. O. y se desplazaron de norte a sur de la Península, desde Asturias hasta Cádiz pasando por Madrid, utilizando dos Renault Megane que alquilaron en Hertz. Es decir, las actuaciones de los dos delincuentes asturianos eran de ámbito nacional y no regional, como mantuvo Hernando en su declaración ante la Comisión de Investigación.

Trigos reconoció el 26 de enero de 2005 ante el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez que, efectivamente, había llamado a Jambrina, y explicó sus motivos: «Que la conversación tuvo su razón de ser por las manifestaciones que había realizado el 20 de julio de 2004 ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados D. Félix Hernando Martín, coronel jefe de la UCO, en las que se refirió a que la única nota interna que se transmitió desde la UCO a la Comandancia de Oviedo fue la del 27 de febrero de 2003».

Ese mismo día, el 26 de enero de 2005, y ante Del Olmo y Sánchez, Jambrina declara y aclara cómo fue aquella llamada de Trigos: «Hubo una conversación con el alférez, se produce la tarde anterior al día en que iban a comparecer ante la Comisión los dos oficiales de la UCO, el alférez lo llama al móvil y le dice que si no le importaría destruir la nota del 6 de marzo, ya que sólo consta en las dos unidades».

La respuesta del comandante al alférez, según consta en la declaración judicial del primero, fue contundente: «No la voy a destruir». Jambrina, además, explica que se sintió muy molesto con el subordinado de Hernando porque «no le dio ninguna explicación para solicitar algo así».

Pero la principal sospecha que llevó al segundo jefe de la Comandancia de Oviedo a negarse a la destrucción de la prueba que demostraba que Hernando había ocultado información a la Comisión del 11-M fue: «Me llamó la atención porque en la nota del 6 de marzo de 2003 se ponía en evidencia que había una delincuencia organizada de ámbito que supera la comunidad autónoma [se refiere a Asturias], que es ámbito de intervención de la UCO».

Jambrina también descubre en su declaración judicial que Trigos no le ofrecía «confianza». Jambrina, tras negarse a destruir el informe del 6 de marzo de 2003, como solicitaba el subordinado del jefe de la UCO, reconoce que se sintió «molesto». «Lo puse a parir y conservé la nota».

Trigos, que era uno de los controladores del confidente marroquí Rafá Zouhier, argumentó ante el juez y la fiscal: «Es cierto que llamé al comandante Jambrina, pero simplemente le dije que procurase que la nota [se refiere a la del 6 de marzo de 2003] no se filtrase a los medios de comunicación».

Se da la circunstancia de que el propio Trigos omitió en su primera declaración ante Del Olmo que Zouhier avisó a la UCO de que los asturianos Toro y Trashorras estaban traficando con explosivos y que disponían de 150 kilogramos de Goma 2 para vender al mejor postor. Esa primera declaración judicial del suboficial de la UCO se produjo el 12 de mayo de 2004, dos meses después de los atentados.

Ese hecho se supo porque EL MUNDO así lo reveló antes de la comparecencia de Hernando en la Comisión. Después, el jefe de la UCO terminó reconociendo en el Congreso que su Unidad había recibido esa información con anterioridad a los atentados del 11-M y, sin querer, dejó en evidencia que el alférez Trigos no había dicho toda la verdad ante Del Olmo.

Y el juez, aprovechando la nueva declaración del subordinado del coronel Hernando sobre la destrucción de una prueba, preguntó al alférez Trigos: «¿Por qué omitió la información que dio ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados [se refiere al coronel Félix Hernando] sobre que Rafá Zouhier había advertido de que los asturianos tenían 150 kilos de explosivos?».

La respuesta del miembro de la UCO fue simple y poco ingeniosa: «Pudo ser que ese día se me olvidó decirlo». Después del olvido, el suboficial recuperó la memoria: «Pero es cierto que Rafá me dijo que había 150 kilos de explosivos a disposición de los asturianos». Y concluyó el agente de la UCO: «Rafá me dio esa información el 6 de marzo de 2003 sobre las 22.00 horas por teléfono».

Esa última fecha, 6 de marzo de 2003, que señala Trigos en su segunda declaración judicial, coincide con la que aparecía datada en el documento que Hernando omitió a la Comisión del 11-M y que su subordinado intentaba destruir, según manifestó judicialmente Jambrina.

Tras la declaración de Jambrina y de Trigos, Del Olmo decide ese mismo día, el 26 de enero de 2005, someter a un careo a los dos miembros de la Guardia Civil para intentar aclarar quién dice la verdad.

Jambrina, según se recoge en el acta del careo, manifiesta que «la petición fue de destruir el documento, al margen del sentimiento que se tenía en la Comandancia por lo que consideraban un traslado de responsabilidades de la UCO a Asturias».

Trigos intentó, al parecer, dar más explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a llamar al comandante Jambrina: «La petición fue exclusivamente de evitar filtraciones, no hubo solicitud de destruir ningún documento y sí es cierto que hubo un nivel de cierta crispación verbal por la cuestión de las actuaciones de la UCO y de la Comandancia de Oviedo y de la Guardia Civil de Asturias, especialmente atendiendo a la comparecencia del coronel Hernando en la Comisión de Investigación el día 20 de julio de 2004».

El subordinado de Hernando se atrevió incluso a hacer una valoración sobre lo que pudieron pensar en la Comandancia de Oviedo cuando él llamó a Jambrina: «A lo mejor en la Comandancia, tras la conversación mantenida con el comandante Jambrina, la interpretación que dieron a la misma fue que la UCO quería ocultar la nota, y que la petición podía entenderse así».

Del Olmo, instructor del sumario del 11-M, llegó a la siguiente conclusión después de escuchar en un careo a Jambrina y a Trigos: «Este instructor aprecia una dosis de firmeza y serenidad en sus manifestaciones por parte del comandante Jambrina que no apreció en las manifestaciones del alférez Trigos, por cuanto éste trata de una forma verbal más locuaz de introducir elementos que este instructor considera de desvío de atención respecto de lo que es el núcleo de controversia».

Del Olmo también explica el «comportamiento y actitud» de los dos agentes: «Con una dosis de mayor nerviosismo gesticular por parte del señor alférez, tanto en brazos y manos como en la posición que ha adoptado en el sillón, como en ciertas miradas de inseguridad».

La última de las conclusiones a la que llega el juez es realmente llamativa: «El distinto rango que en la escala profesional tienen uno y otro careado, que desconoce el instructor si puede influir o no en la actitud mostrada por el señor alférez».

Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Sala pide al Congreso copia de la declaración de Hernando

Por Narrador - 30 de Enero, 2007, 10:00, Categoría: Engaños Demostrados

Los peritos empiezan hoy a realizar el nuevo análisis de los explosivos

MADRID.- La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar el 11-M, ha solicitado al Congreso que le envíe con la «máxima urgencia» la intervención que realizó Félix Hernando, coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil, ante la Comisión parlamentaria que investigó los atentados.

El Tribunal también ha pedido, entre otras, copias de las declaraciones del ex jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, y del ex ministro del Interior Angel Acebes.

La Audiencia dirigió la pasada semana varios oficios al presidente de la Cámara Baja, Manuel Marín, en los que reclama que, antes del próximo 15 de febrero -fecha de comienzo del juicio oral- le remita certificación de una serie de documentos, informa Europa Press.

En primer lugar, solicita las intervenciones realizadas ante la Comisión parlamentaria de Investigación del 11-M por el «agente Víctor» (guardia civil, que contactó con el confidente Rafa Zouhier, uno de los 29 acusados); Calleja Menéndez, comisario jefe responsable de la Unidad de Droga y Crimen Organizado, y Félix Hernando.

EL MUNDO informó ayer de que este coronel de la Guardia Civil pudo cometer falso testimonio en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria, ya que omitió que su unidad había elaborado mucho antes, el 6 de marzo de 2003, un documento donde ya se informaba con detalle de las personas que estaban llevando a cabo tráfico de explosivos, armas y drogas.

En segundo lugar, la Audiencia Nacional pide la transcripción de las comparecencias del inspector jefe del grupo de Policía Científica de la comisaría de Alcalá de Henares, Luis Martín González; la del ex jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, la del ex subdirector general operativo de la Policía, Pedro Díaz Pintado y la del ex ministro del Interior Angel Acebes. También solicita una copia del video en el que se grabaron estas intervenciones.

La de Acebes es de las pocas intervenciones de políticos que ha aceptado el Tribunal que juzgará a los 29 acusados. La Sala ha rechazado llamar en calidad de testigos para que declaren durante la vista oral a altos cargos del anterior Gobierno del PP.

Las certificaciones solicitadas al Congreso forman parte de la prueba documental propuesta por las partes y que la Sala sí ha aceptado practicar. En particular, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo son las que han reclamado las intervenciones parlamentarias mencionadas.

Por otra parte, hoy comenzará a practicarse la nueva prueba pericial sobre los explosivos usados el 11-M. Los peritos que van participar juraron ayer sus cargos en la Audiencia y hoy celebrarán una reunión preparatoria de la pericia en la sede de la Comisaría General de Policía Científica.

Los expertos firmaron un contrato de confidencialidad por el que se comprometen a no revelar el resultado de sus análisis. Éste será plasmado en un informe del que la Sala debe tener a su disposición un borrador el 13 de febrero.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La sustancia que Zouhier entregó a la UCO se destruyó sin analizar

Por Narrador - 30 de Enero, 2007, 9:00, Categoría: Engaños Demostrados

MADRID.- Desde que ocurrieron los sucesos del 11-M, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que todavía dirige el coronel Félix Hernando, han puesto un gran interés para que las pruebas y documentos relacionados con los atentados lleguen al Juzgado Central de Instrucción número 6 y a la Comisión de Investigación bajo su particular visión.

Cuando Rafá Zouhier estaba en la cárcel de Valdemoro (Madrid), poco después de su detención a finales de marzo de 2004, recibió la visita de un agente de la UCO en compañía de otros. El objeto de la visita, según ha declarado el propio Zouhier, era recordarle al confidente marroquí que hablara lo menos posible sobre sus relaciones y contactos con los agentes de la UCO.

Después, los guardias civiles pidieron a Zouhier una carta de presentación para visitar a Antonio Toro en prisión. El marroquí accedió a la petición, pero la misiva que llegó hasta Toro tenía tres folios más que no había escrito Zouhier.

El confidente ha denunciado ante el juez Juan del Olmo esa presunta falsificación, pero el magistrado, de momento, no ha hecho nada.

La segunda presunta irregularidad de los miembros de la UCO se produjo en febrero de 2003. Zouhier consiguió una muestra del explosivo que intentaban vender Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras. Esa muestra, según consta en el sumario del 11-M, fue destruida después de ser analizada.

Sin embargo, en un documento firmado por el propio coronel Félix Hernando en septiembre de 2004, se reconoce que «no se efectuó ningún análisis pericial de la misma, únicamente se realizó un estudio visual por persona especialista». Y termina la nota: «Dado su mal estado de conservación y escaso valor identificativo, procediéndose posteriormente a su destrucción».

De esa forma, nunca se ha podido saber si la muestra del explosivo obtenida por Zouhier de Toro y Trashorras era igual a la empleada por los terroristas islamistas en los trenes de la muerte.

Y por último, la UCO, según la versión del comandante Francisco Javier Jambrina, intentó destruir el documento del 6 de marzo de 2003 donde se demostraba que los actos delictivos que estaban llevando a cabo los asturianos -venta de explosivos, compra de armas, eliminación física de un chivato y tráfico de cocaína y hachís- eran de ámbito nacional y no regional.

En total, tres presuntas manipulaciones de pruebas que todavía no han tenido ninguna repercusión judicial para los guardias civiles que intentaron llevarlas a cabo.

Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el martes 30 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un documento prueba que el coronel Hernando no dijo la verdad a la Comisión del 11-M

Por Narrador - 29 de Enero, 2007, 8:00, Categoría: Engaños Demostrados

La UCO controló la trama de explosivos después de que cediera la investigación a la Guardia Civil de Asturias

MADRID.- Félix Hernando, coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cometió falso testimonio en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M del Congreso. Hernando omitió el 20 de julio de 2004 que su Unidad había elaborado el 6 de marzo de 2003 un documento donde ya se informaba detalladamente sobre las personas que estaban llevando a cabo tráfico de explosivos, armas y drogas.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) está datado el 06-03-03, con la Clave: «MAL COM 016», la Referencia «TK» y el destinatario es la «Comandancia de Oviedo». Y en el apartado «ASUNTO» figura: «Ampliación de información sobre depósitos de explosivos». Efectivamente, la información que se recoge en el documento oficial explica la llegada a Madrid, desde Asturias, de Antonio Toro y un tal Emilio con el fin de vender una importante cantidad de Goma2, comprar una pistola y dos fusiles de la marca rusa Kalasnikov, adquirir una importante cantidad de hachís y encargar la «eliminación» de una persona.

El documento de la UCO, del que no tuvo conocimiento la Comisión de Investigación del 11-M, refleja paso por paso los movimientos de los asturianos un año antes de los atentados: «El pasado día 6 del presente mes (sic), Antonio Toro y Emilio (hermano de la novia de Antonio) llegaron a Madrid a bordo de un vehículo monovolumen de alquiler de la casa Hertz». En Madrid, el seguimiento de los vendedores de explosivos también fue exhaustivo: «Una vez en la capital se trasladaron hasta la casa de alquiler de vehículos del aeropuerto de Barajas en donde cambiaron el vehículo por otro monovolumen Renault de color verde, matrícula 2720BXW».

En esas fechas los agentes de la UCO todavía no tienen claro que Emilio Suárez Trashorras es el que ejerce de novio de la hermana de Toro y no al revés.

Sin embargo, los miembros de la Unidad Central Operativa no pierden el rastro de Antonio Toro y su acompañante desde que llegan a Madrid e informan: «En este viaje intentan contactos con diversas personas a fin de obtener lo siguiente». Y los subordinados del coronel Félix Hernando detallan todas las cuestiones: «En relación con la Goma2, están intentando conseguir algún comprador».

El siguiente movimiento de Toro y Suárez Trashorras -en aquella fecha la UCO todavía no tenía centrado e identificado al cuñado de Toro-- consiste en: «Quieren adquirir un arma corta con silenciador y dos Kalasnikov. En relación con estas últimas hacen referencia a que sean iguales a las que utilizaron dos búlgaros que hace unos días mataron a dos individuos en Madrid».

Efectivamente, el 26 de febrero de 2003 fueron asesinados en Madrid dos individuos búlgaros que se dedicaban al robo de vehículos. Fueron tiroteados con un fusil de asalto del calibre 762.

Según el informe de la UCO, Toro es el que lleva toda la iniciativa en las operaciones: «Antonio Toro comenta que en el transcurso de la semana pasada la Policía, sin especificar Cuerpo, le registró sus locales». El asturiano cree saber quién fue la persona que lo delató: «Antonio está convencido de que una persona que él conoce es el chivato de la Policía por lo que quiere eliminarlo, para lo que está intentando buscar a algún ciudadano marroquí o de algún país del Este que pueda hacer este trabajo».

En noviembre de 2004 el confidente marroquí Rafá Zouhier, que avisó en varias ocasiones a la UCO de que Toro y Suárez estaban traficando con explosivos, reveló a EL MUNDO que Carmen Toro y su marido, Emilio Suárez Trashorras, le encargaron que buscara a una persona para que eliminara a Francisco Javier Villazón Lavandera.

El matrimonio estaba convencido de que Lavandera fue el causante del registro del domicilio y garaje de Antonio Toro, donde la Policía encontró 84 kilos de hachís, tres de cocaína, 16 cartuchos de Goma2 y detonadores.

Cuando el coronel Hernando compareció en la Comisión de Investigación del 11-M aclaró que el tráfico de explosivos que habían investigado «era de ámbito local, reducido a la Comunidad Autónoma de Asturias». El jefe de la Guardia Civil argumentó que por ese motivo remitió sus informaciones «al coronel jefe de la zona de Asturias para que continuara con las investigaciones». Y sentenció que «la competencia en la continuidad de la investigación es de la zona de Asturias y no de la UCO».

Félix Hernando, además, dijo que el 27 de febrero de 2003 «le doy todos los datos -en referencia al jefe de la zona de Asturias- que hasta ahora hemos podido conseguir: los iniciales que nos dice Rafá Zouhier, las investigaciones y los datos que nosotros hemos concluido después de que este equipo de vigilancia se desplazara a la zona, la muestra del explosivo, etcétera...». El coronel concluye su exposición sobre este punto diciendo: «Y cerramos el documento».

El coronel Hernando no descubre en ningún momento ante la Comisión del 11-M que hay un informe posterior al que él realiza el 27 de febrero de 2003, donde se explica que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras se movían con total impunidad por Madrid y que llegaron hasta la provincia de Cádiz. Es decir, que las fechorías que llevaban a cabo los asturianos eran de ámbito nacional y no comunitario o provincial.

El documento de la UCO del 6 de Marzo de 2003 también aclara que «el mismo día que estuvieron aquí -en referencia a Toro y Suárez- se desplazaron hasta Cádiz en el monovolumen Renault Megane con el objeto de formalizar una compra de hachís bastante importante».

El siguiente punto del que informa la UCO en su documento es de extrema importancia y vuelve a tocar el tema de la venta de explosivos por parte de Toro y Suárez Trashorras: «En fechas próximas, es posible que a lo largo de esta semana, pretenden ponerse en contacto con un súbdito de Uruguay, cuyo único dato conocido sobre éste es que es identificado como MARTIN, que está interesado en la compra del explosivo y que lo pagaría con cocaína».

Los subordinados del coronel Hernando también aclaran en su informe que el tal Martín de Uruguay «está interesado en vender armas a Antonio». Y hacen la siguiente observación: «Se están realizando gestiones para averiguar la identidad del chivato y de Martín».

Informaciones posteriores, que se remontan al 16 de Marzo de 2003, aclaran quién es y a qué se dedica el tal Martín de Uruguay: «La fuente facilita los siguientes datos: MARTIN R... O... Domicilio: Paseo ... Fuenlabrada (Madrid). Vehículos: Posee dos Volkswagen Golf». Ese informe de la UCO está encabezado con la referencia «Ampliación de información sobre tráfico de armas» y hace mención a que existen dos confidentes policiales que han confirmado el tema y califican la información de nivel «A-1». Ésa es la valoración más alta que se da a una fuente en información.

Esa misma información sobre Martín R... O... también está complementada con otra serie de datos que aporta el GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) de la Guardia Civil y que en el documento se indica que «se adjunta» y se suma a una serie de «datos de tráfico».

Es decir, el uruguayo que vivía en Madrid y se dedicaba al tráfico de armas y que pretendía adquirir explosivos estaba perfectamente identificado por la UCO.

El coronel Félix Hernando reiteró en varias ocasiones durante su comparecencia que «después de remitir este informe -se refiere al del 27 de febrero de 2003- y dejar la puerta abierta para algún dato que posteriormente pudiera dar el informador, ya no hicimos nada porque no nos compete; compete a la comandancia de Asturias». Del otro informe, el del 6 de Marzo de 2003, Hernando no reveló ningún detalle y lo ocultó a sus señorías.

Además, el jefe de la UCO se dedicó durante toda su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M a tirar balones fuera y en un momento determinado explicó a sus señorías que «no es mi competencia el control y la vigilancia de los explosivos...Mi especialidad es exclusivamente la investigación».

Hernando asumió, a la pregunta de «¿fallaron las alarmas?» del diputado Jané i Guasch, de Convergencia i Unió, que «indudablemente, fallaron los controles o los seguimientos, etcétera».

Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el lunes 29 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Documento Publicado por el Mundo

Zouhier pregunta al jefe de la Guardia Civil

Por Narrador - 29 de Enero, 2007, 7:00, Categoría: Engaños Demostrados

El marroquí Rafá Zouhier, que durante más de dos años trabajó para la UCO y dio la alarma sobre el tráfico de explosivos que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras habían montado desde Asturias a Madrid, ha enviado una carta a EL MUNDO donde plantea y hace una serie de preguntas al coronel de la Guardia Civil.

Zouhier recuerda al jefe de la UCO su actuación ante la Comisión del 11-M: «Sr Hernado Martín llegó a decirme chivato en la Comisión... pero yo como chivato he cumplido con mi misión en darte la información que sabía para salvar a los 192 españoles de la muerte...pasaré mis últimos 40 años con la conciencia muy tranquila y dormiré por las noches...».

El confidente de la UCO también lanza una serie de preguntas a Felix Hernando: «¿Por qué no detuvo a los traidores asturianos que ofrecían explosivos en Madrid antes y no después del 11-M?».

Y Zouhier concluye: «No engañe al Cuerpo que representa, tampoco a su pueblo, que juró defender... porque usted vivirá toda su vida con el peso de 192 almas españolas que te juzgarán arriba».

Información publicada por el diario EL MUNDO el lunes 29 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Santano no dijo la verdad sobre la mochila de Vallecas en la Comisión

Por Narrador - 9 de Octubre, 2006, 13:00, Categoría: Engaños Demostrados

Dos agentes de la Policía Científica desmienten que la brigada que dirigía no tuviera «nada que ver» con el explosivo desactivado

MADRID.- «Mi personal únicamente colaboró aquel día con la Comisaría General de Policía Científica en las labores de identificación de cadáveres. Nada que ver con la mochila... Ni la encontraron, ni tuvimos conocimiento de ello...». Esas contundentes palabras fueron pronunciadas el 8 de julio de 2004 en la Comisión de Investigación del Parlamento por el comisario Miguel Angel Santano, que durante los sucesos del 11-M era jefe provincial de la Policía Científica y que en el momento de su declaración parlamentaria ya había sido ascendido a comisario general del departamento.

Sin embargo, EL MUNDO ha tenido conocimiento de que al menos dos de los policías que estuvieron a las órdenes de Santano en el 11-M plantean serias diferencias sobre la versión dada por el que aquella noche era su jefe. Esos dos inspectores, Juan Luis M.V. y José R.D., aseguran, mediante minutas o notas informativas internas -que se remitieron al juez Del Olmo el pasado mes de marzo- que la brigada tuvo conocimiento del caso de la mochila y que, además, participó activamente en todo el dispositivo que rodeó a la desactivación.

Hay que recordar que el pasado 16 de marzo el instructor del 11-M envío un requerimiento «a todas las dependencias policiales» para que remitieran al Juzgado cualquier tipo de documentación sobre los atentados. Desde la Brigada Provincial de Policía Científica se le remitieron los documentos que aún se conservaban sobre las pesquisas del 11-M.

En esos informes remitidas al juez Del Olmo queda claro que los inspectores estuvieron directamente involucrados en todo el dispositivo montado alrededor de la mochila y que incluso fueron requeridos desde la Brigada Provincial.

En una de las minutas del inspector jefe Juan Luis M. V. se produce una contradicción directa con la versión ofrecida por su superior el 8 de julio de 2004. Juan Luis M.V. explica su actuación el día de la masacre e indica que, tras trabajar en la recogida de «restos humanos en la estación de Atocha» se dirigió a los pabellones de Ifema: «En dicho lugar nos pusimos a las órdenes del comisario jefe de esta Brigada, el señor Santano, colaborando en las labores de identificación de cadáveres».

Según publicó este diario, un macroinforme policial remitido al juez Del Olmo en agosto del año pasado afirma que la mochila desactivada finalmente en Vallecas «pudo ser manipulada por personas no identificadas en el Ifema».

El inspector jefe pormenoriza aún más su actuación: «Estando en dichas instalaciones y siendo aproximadamente las 3.50 horas recibí una llamada telefónica a mi teléfono móvil procedente de esta brigada y efectuada por el subinspector D. M. en la que me informaba que la sala del 091 había requerido nuestra presencia en el parque Azorín ya que habían trasladado una mochila bomba desde la Comisaría del Puente de Vallecas y antes de explosionarla los Tedax necesitaban nuestras gestiones». El inspector jefe, además, realiza un detallado informe en su minuta de cómo actuaron los funcionarios de la brigada en la desactivación. «Nos pusimos a las órdenes de una persona que se encontraba en compañía de un equipo Tedax y funcionarios de indicativos Z, siendo informados por los mismos que se trataba del Comisario General de Seguridad Ciudadana [en aquel momento Santiago Cuadro Jaén], persona que, teléfono en mano, dirigía la operación».

Refleja que inicialmente se les «ordenó fotografiar» la mochila, pero que hasta su desactivación no pudieron «observarla directamente». Asegura que el comisario general de Seguridad Ciudadana, ante el riesgo de que el flash electrónico de la cámara pudiera activar el explosivo, «nos aconsejó que colocáramos la cámara en modo operativo (colocásemos la distancia focal y la velocidad de obturación) y se la entregásemos a un miembro del equipo Tedax para que éste realizara el reportaje fotográfico». «Acabada la operación fotográfica nos entregó la cámara y se nos aconsejó permanecer lejos del lugar donde se encontraba la bolsa ya que, a continuación, se iba a proceder a su desactivación», dice.

Tras la desactivación, el inspector jefe Juan Luis M.V. detalla: «Finalizada la misma nos acercamos al lugar observando sobre el suelo una bolsa oscura tipo basura rota por uno de sus extremos. Al intentar fotografiar el estado en el que había quedado, se nos invitó a abandonar el lugar diciéndonos que 'ya no hacían falta más fotos'».

Y después, el inspector jefe y subordinado del comisario Santano se quedó sin la prueba fundamental, las fotos de la mochila: «No se puede precisar a qué miembro de los Tedax se le hizo entrega del carrete fotográfico de color para su relevado, siguiendo instrucciones de los mismos por tratarse de un suceso tan especial. Rápidamente el dispositivo se levantó abandonando el parque los distintos equipos».

Juan Luis M.V. explica lo que sucedió al regresar a la brigada: «Sobre las 5.00-5.30 horas soy informado por el subinspector D. M. de que ante la sospecha de que en esta brigada pudiera encontrarse alguna mochila-bomba como la que acababa de aparecer procedente de la Comisaría del Puente de Vallecas, ha establecido contacto telefónico con el jefe de la brigada, señor Santano Soria, sobre las mochilas y bolsas situadas en el interior del despacho ubicado en la segunda planta de esta brigada y correspondiente al jefe de la Sección Tercera, señor Antonio A. y procedentes de los trenes».

«Por último, se hace constar que de la actuación en el parque Azorín sobre el reportaje fotográfico de la mochila se informó mediante minuta firmada por el que suscribe al comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Madrid», finaliza el escrito. En aquellos momentos, ese cargo estaba ocupado por Santano. Al declarar en la Comisión, obvió los hechos narrados por su agente.

En el informe remitido a Del Olmo por Juan Luis M.V. también se adjunta una fotocopia del libro oficial de telefonemas de la brigada durante la noche del 11-M. Y se recoge: «Correspondiente al telefonema número 512 en el que la sala del 091 informa de la mochila bomba en la comisaría del Puente de Vallecas, firmado por el subinspector, y la diligencia de intervención en el parque Azorín firmada por el funcionario que redacta la presente».

Esa minuta o nota informativa interna está fechada el 21 de marzo del presente año -después de que Del Olmo requiriera todo tipo de documentación sobre los atentados- y ya consta en el sumario sobre los atentados del 11-M.

EL MUNDO también ha podido confirmar que existe otro informe enviado desde la Brigada Provincial de Policía Científica al Juzgado y firmado por otros dos inspectores donde se corrobora algunos de los extremos ya apuntados por el inspector jefe Juan Luis M.V. Ese informe, que está fechado el pasado 27 de marzo, corresponde al inspector José R. D. y el relato que hace el funcionario policial está ratificado y firmado por una compañera, la inspectora Raquel M. G. El inspector explica cómo la noche del 11 al 12 de marzo recibió primero una llamada del propio inspector jefe, Juan Luis M. V., y después una segunda desde la propia Comisaría del Puente de Vallecas.

El inspector José R.D. también refleja en el escrito enviado al juez Del Olmo la siguiente llamada telefónica: «Al poco rato, el inspector que suscribe recibe otra llamada procedente de la Comisaría del Puente de Vallecas por la que le preguntan si había remitido desde el pabellón número 6 de Ifema a la Comisaría una mochila que contenía una bomba; se le contesta que no se ha remitido nada, menos aún una bomba, y que no entendía por qué le hacían esa pregunta, a lo que no le respondieron y se negaron a identificarse por teléfono». Al día siguiente, al volver a la brigada, el inspector José R.D. pregunta por el motivo de las llamadas recibidas durante la noche anterior. El inspector Juan Luis M. V. le indica que estaban motivadas porque se había recibido una mochila con una bomba en Puente de Vallecas «y que no se sabía su procedencia».

«No tuvimos ningún tipo de intervención»

MADRID.- El 8 de julio de 2004, Miguel Angel Santano declaró en la Comisión de Investigación del Congreso y dijo, a preguntas de los diputados Jaime Ignacio del Burgo (UPN-PP) y Jordi Jané (CiU), cuál fue su intervención y la de sus hombres en los sucesos del 11-M:

- Jaime Ignacio del Burgo: ¿Fueron sus funcionarios en Ifema quienes encontraron la mochila con explosivos?

- Santano: Ni la encontraron, ni tuvimos conocimiento de ello ni mis funcionarios ni yo.

- Del Burgo: ¿Conoce cómo llegó la decimotercera [bomba] a la Comisaría de Vallecas?

- Santano: ¿La mochila? Lo desconozco por completo [...]

- Jordi Jané: En cuanto a la bolsa que no explotó dentro de la cual había un teléfono móvil. ¿Cuál fue la intervención de su brigada?

- Santano: Ningún tipo de intervención.

- Jané: ¿Estamos hablando de la noche del viernes?

- Santano: De la noche entre el 11 y el 12. Esa noche, como he dicho antes, había estado en Ifema, creo recordar que hasta que mis funcionarios terminaron la actuación, luego siguieron en la Comisaría General, y debían ser la 1.45 o las 2.00 horas cuando me marché de allí. Al poco tiempo de llegar a mi casa, serían las 2.45 horas, cuando el jefe de grupo de mi brigada me dijo que había aparecido la famosa mochila de Vallecas y que se iba a actuar sobre el tema.

- Jané: ¿A qué hora más o menos?

- Santano: Me debieron informar de ello sobre las 2.45 o las 3.00 horas de la madrugada del 11 al 12. Me dijeron que se había encontrado, ya no sé nada más.

- Jané: A partir de esa información ustedes no realizan ningún tipo de...

- Santano: Eso ya es competencia de la Comisaría General y, por supuesto, de los servicios de desactivación de explosivos... Mi brigada no hizo nada.

- Jané: ¿No participó ningún agente de su brigada en encontrarla ni en trasladarla?

- Santano: Absolutamente en nada.

Una información de A. Rubio y F. Lazaro publicada por el diario EL MUNDO el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Santano tampoco dijo la verdad en el congreso, ¿por qué? (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 9 de Octubre, 2006, 12:30, Categoría: Engaños Demostrados

Miguel Angel Santano, entonces jefe provincial de la Policía Científica, no dijo la verdad en su comparecencia en el Congreso el 8 de julio de 2004. Como tampoco lo hicieron el coronel Félix Hernando y algunos de sus subordinados, el comisario Sánchez Manzano y otros miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que mintieron, ocultaron información o aportaron datos falsos al Parlamento.

Como demuestra hoy EL MUNDO, Santano falseó la realidad cuando aseguró que su unidad no tuvo nada que ver con la mochila de Vallecas. Santano declaró ante la Comisión del 11-M que careció de «conocimiento» del hallazgo de la mochila y que sus hombres no tuvieron «intervención alguna» en su desactivación.

Tres agentes policiales le contradicen en dos informes que han sido enviados al juez Del Olmo y que demuestran lo contrario. El primer informe describe cómo agentes de la Policía Científica intervinieron en el proceso de desactivacion de la mochila, a la que incluso hicieron fotos. El segundo informe reseña que varios subordinados de Santano fueron interrogados sobre la procedencia de la mochila porque en la Comisaría de Vallecas se desconocía su origen.

La contradicción en la que incurre Santano es importante porque el jefe de la Policía Científica, promocionado después del 11-M, fue uno de los mandos policiales que estuvieron en el Ifema. Durante algunas horas, todas las maletas, enseres y bolsas encontradas en los trenes estuvieron allí. Nadie recuerda haber hallado la mochila de Vallecas en la estación de El Pozo. ¿Quién y dónde se encontró esta mochila con Goma 2 Eco?

Hay motivo para desconfíar de Santano porque un informe policial, remitido al juez, deja abierta la posibilidad de que la mochila pudo ser colocada en Ifema junto a los otros objetos. Si leen las palabras de Santano ante el Congreso, su deseo de dejar de manifiesto que no tuvo nada que ver con la mochila es patente. ¿Por qué no dice la verdad si nadie le ha acusado?

En todo caso, llueve sobre mojado. Santano fue el jefe que permitió la falsificación del informe policial, realizado por los tres peritos. Sabía que los expertos relacionaban a ETA con los islamistas y fue quien autorizó a eliminar ese vínculo y realizar otro informe en el que se ocultó información al juez Del Olmo.

Es verdad que el contenido del primer informe de los peritos no establecía ningún vínculo categórico, pero el empeño en ocultarlo es lo que hace sospechosa la conducta de Santano. Por ello, hay que seguir investigando lo sucedido.

Enrique López, vocal del CGPJ, declara hoy a EL MUNDO que ni siquiera la celebración del juicio tiene por qué suponer «dar carpetazo» al 11-M, que podría seguir siendo investigado si surgen nuevos datos. Una actitud que contrasta con la de Ruiz-Gallardón, que descalificaba ayer de nuevo a quienes quieren saber la verdad.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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