La UCO controló la trama de explosivos después de que cediera la investigación a la Guardia Civil de Asturias

MADRID.- Félix Hernando, coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cometió falso testimonio en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M del Congreso. Hernando omitió el 20 de julio de 2004 que su Unidad había elaborado el 6 de marzo de 2003 un documento donde ya se informaba detalladamente sobre las personas que estaban llevando a cabo tráfico de explosivos, armas y drogas.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) está datado el 06-03-03, con la Clave: «MAL COM 016», la Referencia «TK» y el destinatario es la «Comandancia de Oviedo». Y en el apartado «ASUNTO» figura: «Ampliación de información sobre depósitos de explosivos». Efectivamente, la información que se recoge en el documento oficial explica la llegada a Madrid, desde Asturias, de Antonio Toro y un tal Emilio con el fin de vender una importante cantidad de Goma2, comprar una pistola y dos fusiles de la marca rusa Kalasnikov, adquirir una importante cantidad de hachís y encargar la «eliminación» de una persona.

El documento de la UCO, del que no tuvo conocimiento la Comisión de Investigación del 11-M, refleja paso por paso los movimientos de los asturianos un año antes de los atentados: «El pasado día 6 del presente mes (sic), Antonio Toro y Emilio (hermano de la novia de Antonio) llegaron a Madrid a bordo de un vehículo monovolumen de alquiler de la casa Hertz». En Madrid, el seguimiento de los vendedores de explosivos también fue exhaustivo: «Una vez en la capital se trasladaron hasta la casa de alquiler de vehículos del aeropuerto de Barajas en donde cambiaron el vehículo por otro monovolumen Renault de color verde, matrícula 2720BXW».

En esas fechas los agentes de la UCO todavía no tienen claro que Emilio Suárez Trashorras es el que ejerce de novio de la hermana de Toro y no al revés.

Sin embargo, los miembros de la Unidad Central Operativa no pierden el rastro de Antonio Toro y su acompañante desde que llegan a Madrid e informan: «En este viaje intentan contactos con diversas personas a fin de obtener lo siguiente». Y los subordinados del coronel Félix Hernando detallan todas las cuestiones: «En relación con la Goma2, están intentando conseguir algún comprador».

El siguiente movimiento de Toro y Suárez Trashorras -en aquella fecha la UCO todavía no tenía centrado e identificado al cuñado de Toro-- consiste en: «Quieren adquirir un arma corta con silenciador y dos Kalasnikov. En relación con estas últimas hacen referencia a que sean iguales a las que utilizaron dos búlgaros que hace unos días mataron a dos individuos en Madrid».

Efectivamente, el 26 de febrero de 2003 fueron asesinados en Madrid dos individuos búlgaros que se dedicaban al robo de vehículos. Fueron tiroteados con un fusil de asalto del calibre 762.

Según el informe de la UCO, Toro es el que lleva toda la iniciativa en las operaciones: «Antonio Toro comenta que en el transcurso de la semana pasada la Policía, sin especificar Cuerpo, le registró sus locales». El asturiano cree saber quién fue la persona que lo delató: «Antonio está convencido de que una persona que él conoce es el chivato de la Policía por lo que quiere eliminarlo, para lo que está intentando buscar a algún ciudadano marroquí o de algún país del Este que pueda hacer este trabajo».

En noviembre de 2004 el confidente marroquí Rafá Zouhier, que avisó en varias ocasiones a la UCO de que Toro y Suárez estaban traficando con explosivos, reveló a EL MUNDO que Carmen Toro y su marido, Emilio Suárez Trashorras, le encargaron que buscara a una persona para que eliminara a Francisco Javier Villazón Lavandera.

El matrimonio estaba convencido de que Lavandera fue el causante del registro del domicilio y garaje de Antonio Toro, donde la Policía encontró 84 kilos de hachís, tres de cocaína, 16 cartuchos de Goma2 y detonadores.

Cuando el coronel Hernando compareció en la Comisión de Investigación del 11-M aclaró que el tráfico de explosivos que habían investigado «era de ámbito local, reducido a la Comunidad Autónoma de Asturias». El jefe de la Guardia Civil argumentó que por ese motivo remitió sus informaciones «al coronel jefe de la zona de Asturias para que continuara con las investigaciones». Y sentenció que «la competencia en la continuidad de la investigación es de la zona de Asturias y no de la UCO».

Félix Hernando, además, dijo que el 27 de febrero de 2003 «le doy todos los datos -en referencia al jefe de la zona de Asturias- que hasta ahora hemos podido conseguir: los iniciales que nos dice Rafá Zouhier, las investigaciones y los datos que nosotros hemos concluido después de que este equipo de vigilancia se desplazara a la zona, la muestra del explosivo, etcétera...». El coronel concluye su exposición sobre este punto diciendo: «Y cerramos el documento».

El coronel Hernando no descubre en ningún momento ante la Comisión del 11-M que hay un informe posterior al que él realiza el 27 de febrero de 2003, donde se explica que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras se movían con total impunidad por Madrid y que llegaron hasta la provincia de Cádiz. Es decir, que las fechorías que llevaban a cabo los asturianos eran de ámbito nacional y no comunitario o provincial.

El documento de la UCO del 6 de Marzo de 2003 también aclara que «el mismo día que estuvieron aquí -en referencia a Toro y Suárez- se desplazaron hasta Cádiz en el monovolumen Renault Megane con el objeto de formalizar una compra de hachís bastante importante».

El siguiente punto del que informa la UCO en su documento es de extrema importancia y vuelve a tocar el tema de la venta de explosivos por parte de Toro y Suárez Trashorras: «En fechas próximas, es posible que a lo largo de esta semana, pretenden ponerse en contacto con un súbdito de Uruguay, cuyo único dato conocido sobre éste es que es identificado como MARTIN, que está interesado en la compra del explosivo y que lo pagaría con cocaína».

Los subordinados del coronel Hernando también aclaran en su informe que el tal Martín de Uruguay «está interesado en vender armas a Antonio». Y hacen la siguiente observación: «Se están realizando gestiones para averiguar la identidad del chivato y de Martín».

Informaciones posteriores, que se remontan al 16 de Marzo de 2003, aclaran quién es y a qué se dedica el tal Martín de Uruguay: «La fuente facilita los siguientes datos: MARTIN R... O... Domicilio: Paseo ... Fuenlabrada (Madrid). Vehículos: Posee dos Volkswagen Golf». Ese informe de la UCO está encabezado con la referencia «Ampliación de información sobre tráfico de armas» y hace mención a que existen dos confidentes policiales que han confirmado el tema y califican la información de nivel «A-1». Ésa es la valoración más alta que se da a una fuente en información.

Esa misma información sobre Martín R... O... también está complementada con otra serie de datos que aporta el GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) de la Guardia Civil y que en el documento se indica que «se adjunta» y se suma a una serie de «datos de tráfico».

Es decir, el uruguayo que vivía en Madrid y se dedicaba al tráfico de armas y que pretendía adquirir explosivos estaba perfectamente identificado por la UCO.

El coronel Félix Hernando reiteró en varias ocasiones durante su comparecencia que «después de remitir este informe -se refiere al del 27 de febrero de 2003- y dejar la puerta abierta para algún dato que posteriormente pudiera dar el informador, ya no hicimos nada porque no nos compete; compete a la comandancia de Asturias». Del otro informe, el del 6 de Marzo de 2003, Hernando no reveló ningún detalle y lo ocultó a sus señorías.

Además, el jefe de la UCO se dedicó durante toda su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M a tirar balones fuera y en un momento determinado explicó a sus señorías que «no es mi competencia el control y la vigilancia de los explosivos...Mi especialidad es exclusivamente la investigación».

Hernando asumió, a la pregunta de «¿fallaron las alarmas?» del diputado Jané i Guasch, de Convergencia i Unió, que «indudablemente, fallaron los controles o los seguimientos, etcétera».

Una información de Antonio Rubio publicada por el diario EL MUNDO el lunes 29 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El marroquí Rafá Zouhier, que durante más de dos años trabajó para la UCO y dio la alarma sobre el tráfico de explosivos que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras habían montado desde Asturias a Madrid, ha enviado una carta a EL MUNDO donde plantea y hace una serie de preguntas al coronel de la Guardia Civil.

Zouhier recuerda al jefe de la UCO su actuación ante la Comisión del 11-M: «Sr Hernado Martín llegó a decirme chivato en la Comisión... pero yo como chivato he cumplido con mi misión en darte la información que sabía para salvar a los 192 españoles de la muerte...pasaré mis últimos 40 años con la conciencia muy tranquila y dormiré por las noches...».

El confidente de la UCO también lanza una serie de preguntas a Felix Hernando: «¿Por qué no detuvo a los traidores asturianos que ofrecían explosivos en Madrid antes y no después del 11-M?».

Y Zouhier concluye: «No engañe al Cuerpo que representa, tampoco a su pueblo, que juró defender... porque usted vivirá toda su vida con el peso de 192 almas españolas que te juzgarán arriba».

Información publicada por el diario EL MUNDO el lunes 29 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Dos agentes de la Policía Científica desmienten que la brigada que dirigía no tuviera «nada que ver» con el explosivo desactivado

MADRID.- «Mi personal únicamente colaboró aquel día con la Comisaría General de Policía Científica en las labores de identificación de cadáveres. Nada que ver con la mochila... Ni la encontraron, ni tuvimos conocimiento de ello...». Esas contundentes palabras fueron pronunciadas el 8 de julio de 2004 en la Comisión de Investigación del Parlamento por el comisario Miguel Angel Santano, que durante los sucesos del 11-M era jefe provincial de la Policía Científica y que en el momento de su declaración parlamentaria ya había sido ascendido a comisario general del departamento.

Sin embargo, EL MUNDO ha tenido conocimiento de que al menos dos de los policías que estuvieron a las órdenes de Santano en el 11-M plantean serias diferencias sobre la versión dada por el que aquella noche era su jefe. Esos dos inspectores, Juan Luis M.V. y José R.D., aseguran, mediante minutas o notas informativas internas -que se remitieron al juez Del Olmo el pasado mes de marzo- que la brigada tuvo conocimiento del caso de la mochila y que, además, participó activamente en todo el dispositivo que rodeó a la desactivación.

Hay que recordar que el pasado 16 de marzo el instructor del 11-M envío un requerimiento «a todas las dependencias policiales» para que remitieran al Juzgado cualquier tipo de documentación sobre los atentados. Desde la Brigada Provincial de Policía Científica se le remitieron los documentos que aún se conservaban sobre las pesquisas del 11-M.

En esos informes remitidas al juez Del Olmo queda claro que los inspectores estuvieron directamente involucrados en todo el dispositivo montado alrededor de la mochila y que incluso fueron requeridos desde la Brigada Provincial.

En una de las minutas del inspector jefe Juan Luis M. V. se produce una contradicción directa con la versión ofrecida por su superior el 8 de julio de 2004. Juan Luis M.V. explica su actuación el día de la masacre e indica que, tras trabajar en la recogida de «restos humanos en la estación de Atocha» se dirigió a los pabellones de Ifema: «En dicho lugar nos pusimos a las órdenes del comisario jefe de esta Brigada, el señor Santano, colaborando en las labores de identificación de cadáveres».

Según publicó este diario, un macroinforme policial remitido al juez Del Olmo en agosto del año pasado afirma que la mochila desactivada finalmente en Vallecas «pudo ser manipulada por personas no identificadas en el Ifema».

El inspector jefe pormenoriza aún más su actuación: «Estando en dichas instalaciones y siendo aproximadamente las 3.50 horas recibí una llamada telefónica a mi teléfono móvil procedente de esta brigada y efectuada por el subinspector D. M. en la que me informaba que la sala del 091 había requerido nuestra presencia en el parque Azorín ya que habían trasladado una mochila bomba desde la Comisaría del Puente de Vallecas y antes de explosionarla los Tedax necesitaban nuestras gestiones». El inspector jefe, además, realiza un detallado informe en su minuta de cómo actuaron los funcionarios de la brigada en la desactivación. «Nos pusimos a las órdenes de una persona que se encontraba en compañía de un equipo Tedax y funcionarios de indicativos Z, siendo informados por los mismos que se trataba del Comisario General de Seguridad Ciudadana [en aquel momento Santiago Cuadro Jaén], persona que, teléfono en mano, dirigía la operación».

Refleja que inicialmente se les «ordenó fotografiar» la mochila, pero que hasta su desactivación no pudieron «observarla directamente». Asegura que el comisario general de Seguridad Ciudadana, ante el riesgo de que el flash electrónico de la cámara pudiera activar el explosivo, «nos aconsejó que colocáramos la cámara en modo operativo (colocásemos la distancia focal y la velocidad de obturación) y se la entregásemos a un miembro del equipo Tedax para que éste realizara el reportaje fotográfico». «Acabada la operación fotográfica nos entregó la cámara y se nos aconsejó permanecer lejos del lugar donde se encontraba la bolsa ya que, a continuación, se iba a proceder a su desactivación», dice.

Tras la desactivación, el inspector jefe Juan Luis M.V. detalla: «Finalizada la misma nos acercamos al lugar observando sobre el suelo una bolsa oscura tipo basura rota por uno de sus extremos. Al intentar fotografiar el estado en el que había quedado, se nos invitó a abandonar el lugar diciéndonos que 'ya no hacían falta más fotos'».

Y después, el inspector jefe y subordinado del comisario Santano se quedó sin la prueba fundamental, las fotos de la mochila: «No se puede precisar a qué miembro de los Tedax se le hizo entrega del carrete fotográfico de color para su relevado, siguiendo instrucciones de los mismos por tratarse de un suceso tan especial. Rápidamente el dispositivo se levantó abandonando el parque los distintos equipos».

Juan Luis M.V. explica lo que sucedió al regresar a la brigada: «Sobre las 5.00-5.30 horas soy informado por el subinspector D. M. de que ante la sospecha de que en esta brigada pudiera encontrarse alguna mochila-bomba como la que acababa de aparecer procedente de la Comisaría del Puente de Vallecas, ha establecido contacto telefónico con el jefe de la brigada, señor Santano Soria, sobre las mochilas y bolsas situadas en el interior del despacho ubicado en la segunda planta de esta brigada y correspondiente al jefe de la Sección Tercera, señor Antonio A. y procedentes de los trenes».

«Por último, se hace constar que de la actuación en el parque Azorín sobre el reportaje fotográfico de la mochila se informó mediante minuta firmada por el que suscribe al comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Madrid», finaliza el escrito. En aquellos momentos, ese cargo estaba ocupado por Santano. Al declarar en la Comisión, obvió los hechos narrados por su agente.

En el informe remitido a Del Olmo por Juan Luis M.V. también se adjunta una fotocopia del libro oficial de telefonemas de la brigada durante la noche del 11-M. Y se recoge: «Correspondiente al telefonema número 512 en el que la sala del 091 informa de la mochila bomba en la comisaría del Puente de Vallecas, firmado por el subinspector, y la diligencia de intervención en el parque Azorín firmada por el funcionario que redacta la presente».

Esa minuta o nota informativa interna está fechada el 21 de marzo del presente año -después de que Del Olmo requiriera todo tipo de documentación sobre los atentados- y ya consta en el sumario sobre los atentados del 11-M.

EL MUNDO también ha podido confirmar que existe otro informe enviado desde la Brigada Provincial de Policía Científica al Juzgado y firmado por otros dos inspectores donde se corrobora algunos de los extremos ya apuntados por el inspector jefe Juan Luis M.V. Ese informe, que está fechado el pasado 27 de marzo, corresponde al inspector José R. D. y el relato que hace el funcionario policial está ratificado y firmado por una compañera, la inspectora Raquel M. G. El inspector explica cómo la noche del 11 al 12 de marzo recibió primero una llamada del propio inspector jefe, Juan Luis M. V., y después una segunda desde la propia Comisaría del Puente de Vallecas.

El inspector José R.D. también refleja en el escrito enviado al juez Del Olmo la siguiente llamada telefónica: «Al poco rato, el inspector que suscribe recibe otra llamada procedente de la Comisaría del Puente de Vallecas por la que le preguntan si había remitido desde el pabellón número 6 de Ifema a la Comisaría una mochila que contenía una bomba; se le contesta que no se ha remitido nada, menos aún una bomba, y que no entendía por qué le hacían esa pregunta, a lo que no le respondieron y se negaron a identificarse por teléfono». Al día siguiente, al volver a la brigada, el inspector José R.D. pregunta por el motivo de las llamadas recibidas durante la noche anterior. El inspector Juan Luis M. V. le indica que estaban motivadas porque se había recibido una mochila con una bomba en Puente de Vallecas «y que no se sabía su procedencia».

«No tuvimos ningún tipo de intervención»

MADRID.- El 8 de julio de 2004, Miguel Angel Santano declaró en la Comisión de Investigación del Congreso y dijo, a preguntas de los diputados Jaime Ignacio del Burgo (UPN-PP) y Jordi Jané (CiU), cuál fue su intervención y la de sus hombres en los sucesos del 11-M:

- Jaime Ignacio del Burgo: ¿Fueron sus funcionarios en Ifema quienes encontraron la mochila con explosivos?

- Santano: Ni la encontraron, ni tuvimos conocimiento de ello ni mis funcionarios ni yo.

- Del Burgo: ¿Conoce cómo llegó la decimotercera [bomba] a la Comisaría de Vallecas?

- Santano: ¿La mochila? Lo desconozco por completo [...]

- Jordi Jané: En cuanto a la bolsa que no explotó dentro de la cual había un teléfono móvil. ¿Cuál fue la intervención de su brigada?

- Santano: Ningún tipo de intervención.

- Jané: ¿Estamos hablando de la noche del viernes?

- Santano: De la noche entre el 11 y el 12. Esa noche, como he dicho antes, había estado en Ifema, creo recordar que hasta que mis funcionarios terminaron la actuación, luego siguieron en la Comisaría General, y debían ser la 1.45 o las 2.00 horas cuando me marché de allí. Al poco tiempo de llegar a mi casa, serían las 2.45 horas, cuando el jefe de grupo de mi brigada me dijo que había aparecido la famosa mochila de Vallecas y que se iba a actuar sobre el tema.

- Jané: ¿A qué hora más o menos?

- Santano: Me debieron informar de ello sobre las 2.45 o las 3.00 horas de la madrugada del 11 al 12. Me dijeron que se había encontrado, ya no sé nada más.

- Jané: A partir de esa información ustedes no realizan ningún tipo de...

- Santano: Eso ya es competencia de la Comisaría General y, por supuesto, de los servicios de desactivación de explosivos... Mi brigada no hizo nada.

- Jané: ¿No participó ningún agente de su brigada en encontrarla ni en trasladarla?

- Santano: Absolutamente en nada.

Una información de A. Rubio y F. Lazaro publicada por el diario EL MUNDO el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Miguel Angel Santano, entonces jefe provincial de la Policía Científica, no dijo la verdad en su comparecencia en el Congreso el 8 de julio de 2004. Como tampoco lo hicieron el coronel Félix Hernando y algunos de sus subordinados, el comisario Sánchez Manzano y otros miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que mintieron, ocultaron información o aportaron datos falsos al Parlamento.

Como demuestra hoy EL MUNDO, Santano falseó la realidad cuando aseguró que su unidad no tuvo nada que ver con la mochila de Vallecas. Santano declaró ante la Comisión del 11-M que careció de «conocimiento» del hallazgo de la mochila y que sus hombres no tuvieron «intervención alguna» en su desactivación.

Tres agentes policiales le contradicen en dos informes que han sido enviados al juez Del Olmo y que demuestran lo contrario. El primer informe describe cómo agentes de la Policía Científica intervinieron en el proceso de desactivacion de la mochila, a la que incluso hicieron fotos. El segundo informe reseña que varios subordinados de Santano fueron interrogados sobre la procedencia de la mochila porque en la Comisaría de Vallecas se desconocía su origen.

La contradicción en la que incurre Santano es importante porque el jefe de la Policía Científica, promocionado después del 11-M, fue uno de los mandos policiales que estuvieron en el Ifema. Durante algunas horas, todas las maletas, enseres y bolsas encontradas en los trenes estuvieron allí. Nadie recuerda haber hallado la mochila de Vallecas en la estación de El Pozo. ¿Quién y dónde se encontró esta mochila con Goma 2 Eco?

Hay motivo para desconfíar de Santano porque un informe policial, remitido al juez, deja abierta la posibilidad de que la mochila pudo ser colocada en Ifema junto a los otros objetos. Si leen las palabras de Santano ante el Congreso, su deseo de dejar de manifiesto que no tuvo nada que ver con la mochila es patente. ¿Por qué no dice la verdad si nadie le ha acusado?

En todo caso, llueve sobre mojado. Santano fue el jefe que permitió la falsificación del informe policial, realizado por los tres peritos. Sabía que los expertos relacionaban a ETA con los islamistas y fue quien autorizó a eliminar ese vínculo y realizar otro informe en el que se ocultó información al juez Del Olmo.

Es verdad que el contenido del primer informe de los peritos no establecía ningún vínculo categórico, pero el empeño en ocultarlo es lo que hace sospechosa la conducta de Santano. Por ello, hay que seguir investigando lo sucedido.

Enrique López, vocal del CGPJ, declara hoy a EL MUNDO que ni siquiera la celebración del juicio tiene por qué suponer «dar carpetazo» al 11-M, que podría seguir siendo investigado si surgen nuevos datos. Una actitud que contrasta con la de Ruiz-Gallardón, que descalificaba ayer de nuevo a quienes quieren saber la verdad.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.