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Juicio del Caso 'Pipol'

El fiscal del 'caso Pipol' se entera un año después de la muerte del perito que examinó los explosivos

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 6:30, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

OVIEDO.- El juez del caso Pipol, Bernardo Donapetry, admitió ayer que un nuevo perito de los Tedax sustituya al agente que examinó los explosivos hallados en el garaje que tenían alquilado Antonio Toro, su cuñado José Emilio Suárez Trashorras y José Fernández Díaz, Nayo. El tedax, que estaba citado en la vista oral como testigo, falleció en un accidente de motocicleta el 1 de agosto de 2005.

Su muerte no había sido comunicada al fiscal, José Perals, que se enteró del fallecimiento hace apenas una semana y por casualidad, según La Nueva España. El perito estaba citado para ratificar que la dinamita hallada en julio de 2001 en un garaje de Avilés durante el desarrollo de la operación Pipol era Goma-2.

Donapetry se opuso a la petición de los letrados para que no se sustituyera al agente.

El nuevo testigo de los Tedax pertenece a la Jefatura Superior de Policía de Oviedo y puede corroborar el testimonio del compañero fallecido que entró en el garaje de Avilés y se aprehendió de 16 cartuchos de dinamita industrial Goma 2 Eco y 96 detonadores eléctricos industriales. El tedax de Oviedo vio los explosivos antes de que se enviasen a Madrid para su examen.

La abogada de Toro y el letrado de Trashorras protestaron ante el tribunal porque, en su opinión, «no corresponde que este agente sustituya al fallecido», y recordaron que «no intervino en ningún informe autorizado por el Ministerio Fiscal».

Durante la sesión de ayer del juicio de la operación Pipol, la sexta desde que comenzó el juicio el 23 de octubre, prestaron declaración como testigos siete agentes de la Policía. Todos ellos ratificaron la calificación del fiscal Antidroga y argumentaron que los implicados formaban parte de una red de tráfico de drogas entre Galicia y Asturias.

Información publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (1 de noviembre de 2006): Otro Tedax si declarará

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El tribunal acepta la declaración de otro perito que sustituirá al fallecido en 2005

El agente, que pertenece a los Tedax, fue el que recogió la dinamita en las dependencias policiales de Oviedo

Gijón - Un perito policial, miembro del grupo especial de desactivación de explosivos de la Policía Nacional, declarará en el juicio sobre la «operación Pípol» en sustitución del que estaba citado en un primer momento, que falleció en 2005. El tribunal aceptó ayer la petición que había hecho el fiscal de llamar a declarar a otro perito y mantener así el único testimonio técnico que existe sobre la dinamita localizada en el garaje que, según la acusación pública, compartían José Emilio Suárez Trashorras, Antonio Toro y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo».

El presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, argumentó su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que marca que se puede «sustituir a un perito por otro» cuando se trata de una declaración sobre una prueba que ya existe. La petición de declaración del tedax se presentó en plazo por parte del fiscal y fue aceptada por la Audiencia, lo que para Donapetry respalda esta decisión de aceptar, tras el fallecimiento del primer perito, la citación del segundo.

Los abogados de Toro y Suárez Trashorras, María Teresa Suárez y Gerardo Turiel, respectivamente, formularon su protesta alegando que no consta que este nuevo agente haya participado en la elaboración de ningún informe. De hecho, su referencia profesional sólo aparece en una ocasión en todo el tomo y es en la diligencia de destrucción de la dinamita localizada en el garaje.

El tedax fallecido en agosto de 2005 en un accidente de moto en el casco urbano de Avilés, y al que el fiscal José Perals había llamado en un primer momento, fue el que recogió la dinamita del garaje de Avilés y la trasladó a las dependencias policiales en Oviedo, es decir, el encargado de iniciar el protocolo de actuación del grupo. El que declarará el próximo 13 de noviembre fue el encargado de recogerla cuando llegó a la Jefatura en la capital.

Por su parte, la diputada del Partido Popular Alicia Castro ha enviado otras dos preguntas al Congreso de los Diputados en esta ocasión sobre la «Pípol»; pide conocer los motivos por los que el informe sobre los explosivos no se remitió antes al juez (prueba no admitida por Donapetry) y por qué no se notificó al fiscal la muerte del tedax.

Información de Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


«Espero que os tiréis a Manolón como a mi hijo»

Los padres de Trashorras dicen que el avilesino intentó «aclarar la verdad»

Gijón - «Espero que os tiréis a Manolón como os tirasteis a mi hijo a hacer las fotos y que no le tapéis la cara». La madre de José Emilio Suárez Trashorras, Conchita Trashorras, se dirigía ayer por primera vez a los periodistas que siguen el juicio de la «operación Pípol». Al terminar la vista oral la mujer se acercó para recordar que la declaración del que fuera jefe de estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, será el próximo lunes, día 6.

«Emilio siempre trabajó para Manolón», puntualizó José Manuel, padre del ex minero, a las palabras de su esposa. Los dos han acudido, cada día, al Juzgado de Gijón para ver a su hijo. En la sala le han mostrado su apoyo con constantes gestos de cariño. En alguna ocasión, incluso, han podido acercarse a él para abrazarle.

«Mi hijo no es ningún terrorista ni ningún delincuente. Nunca estuvo preso y hay documentos que lo demuestran. Podéis mirarlo», afirmaba Conchita Trashorras mientras recordaba que su única intención fue siempre «aclarar de dónde venía todo el tema. Saber la verdad». Y ante esta afirmación, los padres del imputado por el 11-M lo tienen claro: «Sólo hay que ver las declaraciones de los jefes. No dicen nada más que paja», afirman en relación a los testimonios que los responsables policiales que desarrollaron la «operación Pípol» en Asturias están haciendo en el juicio.

«Emilio es una buena persona», dicen con firmeza. José Manuel Suárez recuerda que «tiene una enfermedad», refiriéndose a la esquizofrenia que sufre y que, tal como declaró el ex minero en su declaración en el juicio, se le ha agravado durante los últimos meses.

El matrimonio Suárez Trashorras espera con impaciencia la declaración de Manolón, que finalmente se producirá el primer día de la próxima semana. El agente ya acudió el pasado lunes, cuando estaba citado inicialmente, al Juzgado. Allí se encontró con los padres del avilesino, con los que cruzó un pequeño gesto de saludo.

Información de Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Un policía denuncia a Trashorras por agresión

Gijón - Uno de los agentes de los antidisturbios que están en la sala para custodiar a los detenidos presentó en el Juzgado de guardia una denuncia por agresión e insultos contra José Emilio Suárez Trashorras.

Los hechos sucedieron, según consta en la denuncia, durante el receso de la vista oral el lunes. Trashorras se puso a hablar con su cuñado, Antonio Toro, y el agente le llamó la atención y le recordó que no podía comunicarse con él. Fue entonces cuando el avilesino se enfrentó al policía, le insultó y le propinó dos patadas. El agredido, tras presentar un parte facultativo, puso la correspondiente denuncia en el Juzgado y puso lo sucedido en conocimiento del presidente del tribunal, Bernardo Donapetry.

Su abogado, Gerardo Turiel, había solicitado en varias ocasiones que a Trashorras se le quitaran las esposas durante el juicio. Incluso alegó que atentaba contra los derechos fundamentales de su cliente. El jefe del dispositivo de seguridad siempre se negó. El lunes estaba esposado.

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El juez acepta que otro 'tedax' declare en el 'caso Pipol' pese a la oposición de la defensa de Trashorras

Donapetry admite la solicitud del fiscal de que otro perito en explosivos acredite que lo encontrado en el garaje de los dos avilesinos en 2001 era 'goma 2' Perals ve garantizada la cadena de custodia de la principal prueba para vincular este juicio con la trama del 11-M

GIJÓN - Las protestas de los abogados de Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, ambos imputados en el 11-M, no sirvieron para hacer cambiar de opinión al juez. Bernardo Donapetry, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial donde se procesa a veinte imputados por la operación policial 'Pipol', abrió ayer una nueva sesión del juicio con un espaldarazo al fiscal al aceptar la sustitución del 'tedax' fallecido en 2005 por otro policía también experto en desactivación de explosivos. La decisión del tribunal, que se ampara en la jurisprudencia, «dice que el testigo no es sustituible pero sí el perito», constituye un paso importante para la acusación pública que desde el principio ha querido demostrar que Toro y Trashorras estaban implicados en un entramado de venta de 'goma 2' como la que se empleó en los atentados del 11-M.

El fiscal José Perals contará, finalmente, con el testimonio de un 'tedax' para certificar que eran cartuchos de dinamita lo encontrado en el garaje de Avilés, en 2001. Los abogados de la defensa, sin embargo, tendrán muy en cuenta que el perito sustituto nunca estuvo en dicho garaje. Fue el 'tedax' fallecido en un accidente de circulación en agosto de 2005 el único experto en explosivos que entró en esa cochera y levantó acta de la dinamita incautada. Posteriormente, la trasladó a la Comisaría de Oviedo donde se dio la orden de su destrucción por su deterioro.

La reacción de la abogada Toro Castro, María Teresa Suárez, fue inmediata: advirtió a la sala de que «el perito sustituto no intervino en ningún informe como sí había hecho el otro».

A pesar de ello, el fiscal tiene la cadena de custodia de la prueba, referida a la dinamita, porque también contará con el testimonio de los cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía que registraron la cochera de Avilés y encontraron el alijo de hachís y las sustancias explosivas. Entre ellos destacará el testimonio del inspector Manuel García 'Manolón', entonces jefe de Estupefacientes de la Comisaría de Avilés y que tenía entre sus confidentes a José Emilio Suárez Trashorras.

Su testimonio se pospone hasta el próximo lunes, después de que la declaración del policía instructor de la 'operación Pipol' se prolongara durante más de tres horas el pasado lunes.

Ayer, en la quinta sesión de la vista oral del caso, declararon siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron, en mayor o menor medida, en el dispositivo desplegado para desarticular la trama de venta de drogas. Dos de los agentes, uno de ellos en periodo de formación cuando se desarrolló la operación, aseguraron no recordar los detalles de su intervención, por lo que la ronda de preguntas de las partes fue breve.

El resto de los policías ratificó el escrito de acusación del fiscal Antidroga y argumentaron que todos los implicados formaban parte de una red de tráfico de drogas entre Galicia y Asturias. Uno de ellos, el ex policía local de San Martín del Rey Aurelio L. C. G., estaba considerado por los policías como «el mayor traficante de cocaína de Asturias y todos los demás pasaban por él» en la toma de decisiones.

El responsable de la Unidad de Drogas de la Comisaría de Oviedo, que colaboró en apoyo de la de Gijón, aseguró que, en un momento de los seguimientos, L. C. G. «estaba mosqueado porque vio movimientos sospechosos a su alrededor, lo que nos obligó a cambiar nuestra fórmula de comunicación y a reducir el número de efectivos. Además, como era policía, conocía maneras de actuar que no están al alcance de cualquiera».

Finalmente, el jefe del Grupo de Estupefacientes de Oviedo aseguró haber intervenido en el dispositivo que interceptó en la localidad de Navia, el 25 de julio de 2001, a un Renault 21 en el que viajaban dos de los imputados, F. J. A. S. y D. G. D., que regresaban de Galicia. Cuando en el maletero, y escondido entre unos callejeros, la Policía encontró «un paquete típico de dos kilos de cocaína», F. J. A. S. se sorprendió porque, tal y como aseguró el inspector, «todo el mundo se queda sorprendido cuando aparece eso...».

Información de Leticia Álvarez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro y Trashorras tenían la llave del local donde se halló dinamita

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

GIJON.- El jefe de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía, que dirigió la investigación de la operación Pipol, declaró ayer que dos de los acusados, el ex minero Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro, tenían acceso al garaje donde se hallaron explosivos similares a los utilizados posteriormente en los atentados del 11-M, sumario en el que ambos constan también como imputados.

El mando policial, que compareció como testigo en la quinta sesión, explicó que la investigación se llevó a cabo basándose en escuchas telefónicas y que en una de ellas quedó constancia de que Toro, Trashorras y el prófugo José Fernández Díaz, Nayo, tenían las llaves del local. Según dijo, las Fuerzas de Seguridad llegaron a ese lugar buscando un alijo de drogas y se encontraron, además, con 16 cartuchos de dinamita Goma-2 ECO y 94 detonadores.

El agente aseguró en su comparecencia que Toro era entonces «un gran traficante de cocaína» y que seguía las instrucciones del narco gallego Marco B. con «una sumisión exagerada». Esta afirmación fue corroborada por el secretario del atestado del caso, que afirmó que Toro «distribuía la coca, llevaba el dinero a Galicia y conducía los coches». «Toro y Barreiro son grandes traficantes de cocaína», apuntó.

El jefe del grupo de Estupefacientes de Gijón en 2001 testificó que los acusados utilizaban un lenguaje encriptado y hablaban de baterías de coches, cubiertas o amortiguadores «para referirse a droga». Y, para ratificar su argumentación, preguntó a uno de los letrados de la defensa «si alguna vez había visto a alguien ir a un baño de un bar a intercambiar una batería de coche».

Los tres agentes aseguraron que los acusados formaban una trama de venta de droga en Asturias, que adquirían en el sur de España y en Galicia, y que la droga que se vendía era fundamentalmente cocaína. Y ninguno de ellos se extendió sobre los explosivos que aparecieron en el garaje compartido por los acusados, dado que, según aclararon, la Jefatura sólo actuó por la venta de estupefacientes.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (31 octubre de 2006): Sin Perito que declare

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 5:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El único perito que iba a certificar sobre la dinamita de Toro y Trashorras murió en 2005

El único perito que iba a certificar que el material incautado en el garaje de Avilés que supuestamente compartían Toro, Trashorras y Nayo era dinamita falleció en 2005. Se trataba de la única prueba pericial con la que contaba el fiscal especial antidroga, José Perals, para acreditar que los cartuchos hallados eran goma-2, ya que el informe que deja constancia escrita sobre este extremo, presentado el primer día del juicio por el fiscal, no fue admitido por el tribunal. Perals, al que no se había notificado el fallecimiento del técnico, solicitó que se cite a otro tedax. El tribunal se pronunciará hoy.

Gijón - Las cosas no pintan bien para el fiscal. El único perito que iba a certificar en el juicio que se sigue en Gijón por la «operación Pípol» que el material explosivo encontrado en julio de 2001 en el garaje de Avilés que supuestamente compartían Antonio Toro, José Emilio Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», era dinamita ha fallecido. Su testimonio estaba previsto para el próximo 13 de noviembre y se trataba de la única prueba pericial con la que contaba el fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, para acreditar el hallazgo de los explosivos, después de que en la primera sesión de la vista el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial -que juzga el caso- rechazara admitir a última hora un informe pericial sobre este extremo. Se trataba de un documento elaborado por el laboratorio químico toxicológico de la Comisaría General de la Policía científica, al que Perals había tenido acceso sólo unos días antes, en el que aparecía reflejado que la muestra recogida en el garaje era, efectivamente, dinamita goma-2 Eco. Sin este informe, no existe ninguna certificación escrita de la existencia de la dinamita, que fue destruida.

José Perals no tuvo conocimiento hasta el pasado miércoles del fallecimiento de este perito, miembro del grupo de técnicos especialistas en desactivación de explosivos (Tedax) del Cuerpo Nacional de Policía, cuya declaración calificó de «esencial», ya que fue el agente que recogió el material encontrado en el garaje avilesino y lo trasladó a Oviedo. El agente, C. M. F. G., de 32 años, falleció el 1 de agosto de 2005 en un accidente de moto en el casco urbano de Avilés.

El fiscal supo de la muerte del técnico por casualidad, después de que escuchara al presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, comentarlo con uno de los abogados de las defensas. El fallecimiento, según explicó ayer, no le fue notificado ni formal ni informalmente, a pesar de que el testimonio del técnico era una de las principales bazas para lograr la condena de Toro y Trashorras por tenencia y tráfico de explosivos. Ante la noticia, Perals solicitó al tribunal que le permita citar, a pesar de que no está previsto, a otro miembro de los Tedax que intervino en la operación, que declararía el mismo día 13. La Sala comunicará hoy su decisión sobre si acepta o no a este nuevo perito. Si no lo acepta, no habrá ninguna prueba científica que sostenga las acusaciones sobre tráfico de explosivos contra los dos cuñados, procesados también por los atentados del 11-M.

Sobre el hallazgo de dinamita también declararán en el juicio cuatro de los policías que encontraron los cartuchos en el garaje, aunque están citados en calidad de testigos -no de peritos- y en todo caso se limitarán a narrar lo que vieron y cómo lo vieron, pero no podrán emitir un informe -aunque sea verbal- que atestigüe la naturaleza del material. Las defensas de Toro y Suárez Trashorras (representadas por los abogados María Teresa Suárez García y Gerardo Turiel, respectivamente) se negaron a la admisión del nuevo perito y criticaron la petición del fiscal, por «improcedente».

José Perals insistió una vez más en las pruebas que le fueron rechazadas en la primera sesión del juicio, especialmente en una encaminada a lograr que no se anulen los «pinchazos» telefónicos practicados a los acusados, algo que pretende la mayor parte de las defensas. El fiscal presentó nuevamente un documento escrito en el que se prueba que el juez instructor del caso, Juan Laborda, le puso al corriente en el mes de febrero de 2001 (cinco meses antes de las detenciones de los acusados) de las intervenciones telefónicas. Perals justificó la necesidad de esta prueba en una sentencia del Tribunal Constitucional, de octubre de 2005 (es decir, posterior a su escrito de calificación provisional de los hechos, que es de marzo de ese año), que exige la notificación al fiscal de los «pinchazos» para que éstos sean legales. El tribunal rechazó nuevamente la prueba. Perals advirtió de que esto «podría dar lugar a la declaración de nulidad de todo el juicio».

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Policía halló el garaje por indicación del avilesino

Gijón- La Policía «tenía la certeza» de que había un garaje donde, supuestamente, Toro, Trashorras y Nayo guardaban droga, aunque no conocía su dirección. De la dinamita, entonces, ni se sospechaba. El instructor del atestado reconoció ayer que si Toro «no hubiera dicho nada del garaje no lo hubiéramos encontrado». Fue el propio avilesino quien aseguró a la Policía que el hachís que buscaban estaba en la cochera, después de que le dijeran que iban a hacer un registro en su casa.

El registro que no fue. Tras el hallazgo en el garaje, los agentes decidieron no registrar la casa del asturiano, donde vivía con sus padres, a pesar de tener la orden judicial oportuna, y ni siquiera para comprobar que no había más material. «Nosotros pensábamos que la droga la escondían en el garaje. Pero si él no hubiera salido a lo largo de la mañana, hubiéramos entrado en la vivienda a arrestarle. Es habitual que traficantes de un nivel medio-alto, como Toro, que viven con sus padres, no guarden la droga en su casa», añadió el instructor, recordando la relación «especial» de Toro con su madre. Por su parte, la defensa del avilesino aseguró que el joven había dicho que la droga estaba en el garaje «después de que le amenazaran con interrogar a toda su familia».

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro, un traficante con una «sumisión exagerada»

Gijón - El policía que dirigió la «operación Pípol», instructor del atestado, calificó ayer a Antonio Toro como un traficante de «una sumisión exagerada». Según su declaración, el joven avilesino se dedicaba a la compraventa de cocaína a las órdenes del gallego Marcos Barreiro y le «faltaba tiempo» para viajar a Galicia cuando este último se lo proponía.

La «evidencia». La primera «evidencia» que tiene la Policía de la participación de Antonio Toro en el tráfico de drogas es el 12 de junio de 2001, cuando el asturiano realizó un viaje al Sur, supuestamente para conseguir hachís. El 3 de julio aparece por primera vez Suárez Trashorras, que alquila un coche, al parecer, para que Barreiro, Toro y Nayo bajen de nuevo a por más droga, según el instructor.

Las llaves de Trashorras. El policía desmontó la declaración de Suárez Trashorras, que aseguró que él nunca había tenido las llaves del garaje donde se encontraron el hachís y la dinamita. El 4 de julio de 2001, relató, Antonio Toro habló con su hermana Carmen (esposa del ex minero) y le dijo: «Cuando veas a Emilio le dices que necesito las llaves del garaje urgentemente». Es decir, que sí las tenía, aclaró.

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La «certeza» de una segunda casa de Toro

Gijón - Los policías que prestaron ayer declaración aseguraron que tenían «la certeza» de que Antonio Toro tenía otra casa, además de la de sus padres, donde es posible que pudiera guardar más material (droga o explosivos). Esto, explicaron, se evidencia en alguna de las conversaciones interceptadas, como una que mantuvieron Toro y Nayo en la que el primero le dijo al segundo que fuera a su casa. Nayo le contesta que a cuál, si a la suya o a la de sus padres. Los agentes no hicieron ninguna referencia a esta supuesta casa en ningún informe porque se trataba de «una sospecha».

¿Dónde estuvo la droga? El instructor del atestado, el secretario y un tercer policía que ayer declararon en la quinta sesión del juicio por la «Pípol» no se pusieron de acuerdo sobre dónde se había almacenado la droga incautada en la operación. El instructor aseguró que se había guardado en la Comisaría gijonesa, custodiada por funcionarios, y de ahí se había trasladado a Cogersa para su destrucción. Los otros dos funcionarios aseguraron que el «procedimiento normal» es que la droga no esté en la Policía «más de dos o tres días» y que se envíe a Sanidad. «El paso por Comisaría es circunstancial -explicaron-. Sólo lo justo y necesario»

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


«Hola, soy Antonio Toro...»

La Policía identificó al avilesino cuando llamó a una compañía de asistencia en viaje y dio sus datos

Gijón - No le resultó difícil a la Policía identificar a Antonio Toro. Teniendo pinchado su teléfono, el avilesino tuvo un problema con su coche y se quedó «tirado» en la carretera. Así que decidió llamar a una compañía de asistencia de viaje, a la que le dio todos sus datos personales y los del vehículo que conducía para que le enviasen una grúa. Los agentes escucharon esa conversación, que quedó grabada. Pero por si había alguna duda, pocos días después volvió a dar todos sus datos a una operadora de teléfonos móviles, incluido DNI. Quería consultar su saldo de puntos.

Identificar a Laurencio C. G., el ex policía local de San Martín del Rey Aurelio para quien el fiscal pide 13 años de prisión, llevó algo más de trabajo. Investigaban a un hombre, inicialmente anónimo, y en una conversación intervenida escucharon que su hijo competería un día determinado en una carrera de karts en León. Así que varios agentes se trasladaron al lugar y comprobaron los vehículos aparcados. Sabían, por otro «pinchazo», que el hombre al que investigaban cumplía años el 13 de abril. El propietario de uno de esos karts había nacido ese día y, además, era de Asturias. El «golpe» más fuerte fue descubrir que era policía local y que, además (según sospecharon), tenía un escáner con el que escuchaba a los agentes. Sabía que le estaban vigilando.

Silencio en la sala

El presidente del Tribunal, Bernardo Donapetry, tuvo que poner orden ayer durante la vista. Los acusados se reían abiertamente ante las declaraciones de los policías, que comentaban en voz alta. En un momento, el magistrado avisó: «Al próximo que hable lo echo de la sala». Antonio Toro, pensando que se dirigía a él, aseguró que no había dicho nada. «No digo que sea nadie. Ya lo identificará la Policía, pero como vuelva a hablar, lo expulso», afirmó Donapetry.

Otro de los acusados, disconforme con la declaración del policía instructor, le llamó «mentiroso» en pleno juicio. Mientras, el padre de Trashorras tachaba de «tramposos» a los agentes que declararon.

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Alicia Castro sostiene que el «caso Pípol» está vinculado con el atentado del 11-M

La diputada nacional del Partido Popular y miembro de la comisión de investigación del 11-M en el Congreso, Alicia Castro, apuntó ayer la vinculación del «caso Pípol» con los atentados de Madrid, pese a la intención del fiscal del caso de desmarcar los dos procesos. Masaveu volvió a exigir transparencia al PSOE en la investigación, al acusar al partido presidido por Zapatero de «ocultar datos, así como la presentación de pistas falsas y la intención del Gobierno de encubrir el tipo de explosivos». Tampoco descartó que «ETA u otra opción» estuviese detrás de los atentados del 11-M.

Gijón - Alicia Castro, diputada nacional del Partido Popular por Asturias y que fue miembro de la comisión de investigación del 11-M en el Congreso, vinculó ayer el «caso Pípol» con los atentados de Madrid pese a la intención del fiscal de desmarcar ambos procesos. «Aunque no se quiera relacionar, algo tendrá que ver Suárez Trashorras. El juez le hizo responsable de los 192 muertos y de los miles de heridos en los trenes del 11 de marzo», apuntó Castro.

La diputada asturiana volvió a insistir en la falta de transparencia en el proceso de investigación. «Cuando el juez Del Olmo dictó el auto de procesamiento no dejó claro ni quiénes fueron los autores, ni las personas que introdujeron los explosivos en los trenes, ni el tipo de los mismos», aseguró, al tiempo que destacó que «no existen pruebas de los autores de la masacre».

Entre los múltiples hechos que levantan irregularidades en el caso del 11-M, según la diputada, «están la desaparición de la metralla, la entrega de mochilas falsas al juez Del Olmo y la ausencia de análisis en el tipo de explosivos. ¿Adónde nos quieren llevar? Son muchas incógnitas, se preguntó. De las 438 preguntas que «he hecho en la comisión de investigación a los ministros de Interior, Alonso y Rubalcaba, sólo he obtenido respuestas vacías que me remitían al auto de procesamiento».

Masaveu ofreció en Gijón la conferencia «11-M, ¿por qué no nos dicen la verdad?», invitada por la Asociación La Escalerona, vinculada al sector crítico del PP gijonés. Al acto asistieron Luis Prado D'Almeida, Emilio Noval, María Luisa Peláez, Fernando González Landa, el senador Javier Sopeña y los disputados Isidro Fernández Rozada y Leopoldo Bertrand. La presidenta local, Pilar Fernández Pardo, acompañada por sus compañeros de confianza, fue recibida con tímidos aplausos por el público.

En la conferencia también estuvo presente el guardia civil Jesús Campillo, que asintió cuando Alicia Castro Masaveu defendió la inocencia de Francisco Javier Lavandera, que «sólo denunció el tráfico de explosivos, como cualquier otro ciudadano puede denunciar un delito».

Las críticas contra la investigación realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fueron constantes durante su ponencia, al acusar al PSOE «de evitar conocer a los autores de los hechos», así como el ocultamiento de pruebas y declaraciones falsas durante todo el proceso judicial. Alicia Castro aseguró «que no es descartable la opción de ETA» como autora de los atentados de Madrid, así como tampoco «la pista islamista, sin descartar otra opción que pudiera estar detrás del atentado». Adelantó que se sabrá «la verdad, como en su día se descubrió toda la trama de los GAL o Filesa».

Información de Iván G. Iglesias publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La muerte del 'tedax' que explosionó la dinamita de Avilés deja al fiscal del 'caso Pipol' sin un «testigo esencial»

El tribunal decidirá hoy si permite sustituir el testimonio del policía fallecido por el de otro agente a petición de Perals La declaración del inspector Manuel García, de quien Trashorras era confidente, se pospone hasta el próximo día 6

GIJÓN - El fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, se queda sin una prueba más para demostrar la vinculación del 'caso Pipol' con el tráfico de explosivos y la trama asturiana de la dinamita. La muerte de uno de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos (TEDAX), del Cuerpo Nacional de Policía, en un accidente de circulación deja al fiscal sin «un elemento fundamental táctico», según sus palabras, para acreditar que lo encontrado en el garaje de Avilés, que supuestamente tenían alquilado Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, en julio de 2001, era dinamita. Así lo admitió ayer Perals al inicio de la vista oral de este macrojuicio que se sigue en Gijón contra veinte imputados.

Para el fiscal, se trata de «un testigo esencial» y su fallecimiento «altera sustancialmente» el proceso, por lo que solicitó al presidente de la sala Bernardo Donapetry la sustitución de su testimonio por la de otro funcionario de los Tedax que también intervino en la destrucción de la dinamita incautada en la cochera de Avilés.

La mayoría de los abogados de la defensa se opusieron ayer a esta sustitución por considerar que «se trata de una petición extemporánea e improcedente», según manifestó la letrada de Antonio Toro Castro, María Teresa Suárez. Tanto la abogada, como el representante legal de Trashorras, Gerardo Turiel, señalaron que «la muerte del 'tedax' figura en el rollo y esta parte tenía conocimiento de ella, por lo que no se explica cómo el fiscal no lo tuvo».

El Ministerio Fiscal, sin embargo, no conoció la noticia del fallecimiento hasta el miércoles pasado, cuando escuchó comentar por casualidad a uno de los abogados de la causa que un testigo había fallecido. Se da la circunstancia de que la muerte de este policía, ocurrida el 1 de agosto de 2005, causó una enorme conmoción en Avilés por tratarse de Carlos Fernández, hermano de Sergio Fernández, ex jugador del Sporting y actual jugador del Zaragoza.

Tras escuchar la negativa de los abogados, el juez pospuso «para hoy, a primera hora», su decisión sobre si considera oportuno o no incluir en la vista oral el testimonio del otro Tedax.

A la espera de su respuesta, el fiscal ve cómo se le acumulan sobre la mesa los obstáculos para demostrar que el 'caso Pipol', además de un entramado importante de venta de drogas, lo era también de dinamita. La muerte del experto en desactivación de explosivos se suma a la negativa del presidente del tribunal a incluir entre las pruebas un informe pericial de un trozo de cartucho hallado en la citada cochera. Dicho informe fue encargado al laboratorio de Toxicología de Madrid, el 30 de agosto de 2004 y, según manifestó Perals, no tuvo conocimiento de él hasta el 25 de septiembre de 2006, una vez concluido su escrito de acusación.

Tampoco permitió Donapetry que la acusación pública incluyera en su listado de testigos a los dos peritos de la Policía Científica que efectuaron ese análisis ni a los dos Tedax que enviaron esa muestra al laboratorio.

Así las cosas, Perals deberá apoyar su estrategia en los testimonios de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que realizaron el registro de la plaza de garaje de la calle de Eloy Fernández Caravera, en Avilés, y en el que de forma sorpresiva se encontraron, además de hachís, los 16 cartuchos de 'goma-2' y 94 detonadores automáticos.

Las declaraciones de estos agentes no estarán exentas de polémica, ya que los letrados de la defensa tratarán de demostrar por todos los medios que no hay documento alguno que indique que ese hallazgo era efectivamente 'goma 2'.

Recurso de casación

Hay otro punto de debate en el juicio. Se trata de la negativa del tribunal a contemplar como prueba documental las escuchas telefónicas, algo que según el fiscal «vulnera el derecho fundamental a usar los medios procedentes como pruebas». Perals manifestó tal queja «a los efectos de poner un recurso de casación ante el tribunal Supremo» que, si prospera, podría hacer que se suspendiera el juicio.

La expectación de la vista oral de ayer estaba centrada también en la declaración del inspector Manuel García 'Manolón', ex jefe del Grupo de Estupefacientes de Avilés. Su testimonio es clave porque uno de los procesados, Trashorras, principal imputado en el 11-M, siempre ha asegurado que actuó con su consentimiento porque entonces era colaborador de la Policía. La dilación de las declaraciones anteriores pospone su intervención hasta el próximo 6 de noviembre.

La «sumisión» de Toro

Fue la declaración del jefe del Grupo de Estupefacientes de Gijón en el año 2001 la más larga de las tres escuchadas ayer. Durante tres horas el también instructor de la 'operación Pipol' declaró que Antonio Toro Castro, imputado también en el 11-M, era entonces «un gran traficante de cocaína» y seguía las instrucciones del supuesto narco gallego, Marco B. M., con «una sumisión exagerada». «En cuanto le decía que se desplazara a Galicia le faltaba tiempo para marchar. En ocasiones ha ido y venido hasta dos veces en un mismo día», comentó.

Sin embargo admitió que «no se le vio traficar» y «nunca hubo sospechas de que traficara con explosivos». Antonio Toro irrumpe en el operativo, según recordó el policía, por una llamada que éste realizó tras averiarse su coche y llamar a un servicio de grúa, y por otra que efectuó a una compañía de telefonía móvil en la que aportó todos sus datos.

El jefe de Estupefacientes insistió en la idea de que el garaje de Avilés pertenecía a Trashorras, Toro y el 'Nayo', aunque admitió que «si Toro no nos llega a hablar de su existencia ni siquiera hubiéramos encontrado el hachís». Respecto a por qué la Policía no registró su domicilio dijo que «los traficantes que viven con sus padres no guardan la droga en casa y, más en el caso de Toro, que mantenía una relación con su madre como nunca vi en otras personas investigadas».

Información de Leticia Álvarez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Alicia Castro dice que no se puede desvincular el 'caso Pipol' del proceso del 11-M

«¿Por qué Toro no está procesado por el juez como Suárez Trashorras» «Lavandera es un héroe y lo que hizo sólo valió para que le amargaran la vida»

GIJÓN - Alicia Castro cree que la verdad sobre los atentados del 11-M «está todavía lejos», aunque aseguró que «acabaremos conociéndola, como supimos quién estaba detrás del GAL o de Filesa. En ese camino, asegura que el PP no descansará hasta que los ciudadanos conozcan «qué oculta el Gobierno» y para que no caigan en la trampa «de los muchos señuelos que nos han puesto en los últimos meses». La diputada asturiana del PP ofreció ayer una conferencia en Gijón, en la sede de la Asociación Cultural La Escalerona, sobre la investigación de los atentados madrileños, en la cual criticó al magistrado del 'caso Pipol' por no aceptar la conexión con el 11-M. «Está claro que no se pueden desvincular. 'Pipol' fue la antesala de los atentados y hay que recordar que el mayor imputado por el 11-M -Trashorras- está procesado en este caso», afirmó Alicia Castro.

La charla comenzó con la proyección de un vídeo realizado por la Fundación FAES, que preside José María Aznar, en el que se defiende la labor del entonces Gobierno del PP y se critica con gran dureza la actitud que siguió el PSOE a cuyos dirigentes acusa de haber utilizado los atentados para «dar un golpe de Estado tres días antes de las elecciones».

Durante su intervención, Castro realizó un resumen de todo el proceso de investigación desde el minuto cero. Según explicó, los socialistas «no nos dieron información» y se empeñaron en «aislar» al PP. Fue más allá en sus críticas luego y aseguró que el PSOE llegó incluso a «manipular» la declaración de algunos testigos en la comisión de investigación.

«El PP sólo quiere conocer quién está detrás de los atentados», afirmó la diputada popular, que señaló al terrorismo como «el mayor problema que tiene la humanidad en este siglo». Aquel gobierno que no esté dispuesto a combatirlo, advierte, «está abocado al fracaso».

Castro enumeró todas las pruebas que su partido maneja en la investigación y rebaten las tesis defendidas por el juez Del Olmo, responsable de la investigación, que -considera- «no sabe absolutamente nada». Castro ironizó: «Son tantas las casualidades que hay que una llega a preocuparse», y aprovechó su intervención para referirse a la llamada 'trama asturiana' de los explosivos. Se preguntó en este punto por qué motivo Antonio Toro no está procesado por el magistrado. Hizo un paréntesis también para referirse al confidente Francisco Lavandera, al que calificó como un «héroe». Según explicó, su valentía sólo le valió para que le amargaran la vida. Curiosamente, en ese momento, estaba en la sala el ex agente Campillo -el guardia civil que recibió la denuncia del confidente-, que asintió ante las palabras de la diputada popular.

Castro mostró sus dudas de que la dinamita robada en Asturias fuera la misma que se utilizó para los atentados de Madrid. Una vez más, insistió en que el Gobierno «no quiere conocer toda la verdad porque tiene algo que ocultar» y le acusó de llevar «informes falsos» ante el juez que lleva la investigación.

Información de J. A. G. publicada por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“El ausente” por Juan Neira

La muerte en un accidente de circulación de un técnico en desactivación de explosivos de la Policía Nacional, encargado de la destrucción de la dinamita de Avilés, priva al Ministerio Fiscal de un testimonio clave en el juicio del 'caso Pipol' para mantener la tesis del almacenamiento de dinamita. El presidente del tribunal se negó a aceptar como prueba un informe pericial sobre un cartucho encontrado en el garaje de Trashorras y Toro, así que ni el experto en explosivos de la Policía podrá declarar ni el cartucho supera la categoría de munición quemada. Le queda al fiscal el testimonio de los policías que registraron la plaza de garaje, pero de su declaración es difícil que se sustancie el almacenamiento de goma-2.

Sobre el 'caso Pipol' penden desde el principio dos alternativas, la de relacionarlo con el 11-M, dada la identidad de algunos procesados, y convertir sus testimonios en algo útil para desentrañar la matanza de los trenes de Madrid, o la de verlo como un asunto aislado, un simple caso de tráfico de drogas. Para que el proceso se oriente hacia una u otra tesis la clave estriba en la confirmación de la existencia de cartuchos de dinamita y detonadores automáticos. Sin dinamita en la cochera de Avilés no hay mecha que prender en este proceso y la expectación social creada por el 'caso Pipol' dejaría de estar justificada.

Queda por ver lo que darán de sí algunos testimonios como el del inspector, Manuel García, 'Manolón', ex jefe del grupo de estupefacientes de Avilés, con el que Trashorras dio a entender que tenía una gran confianza, al ser confidente suyo, y que le pasaba las informaciones. Y también el de un testigo como Lavandera Villazón, que ya hace años comunicó a la Guardia Civil que los dos cuñados tenían dinamita y pensaban darle un uso inquietante. Es difícil hacer un pronóstico, pero por las jornadas que ya llevamos del juicio oral parece que la alternativa de un 'caso Pipol' como asunto de drogas parece abrirse paso, dada la imposibilidad de contar con el testimonio del técnico que explosionó la dinamita. Para el consumo social siempre queda la dimensión puramente mediática del juicio, al que contribuyen la presencia de Trashorras y Toro. Además, pocas veces se ve a un acusado que tenga tanta facilidad de palabra como Trashorras.

Publicado por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Antonio Toro asegura que nunca ha comprado o vendido dinamita

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

Alega que no eran suyos los 96 detonadores hallados en su garaje El juez dice que es «inadmisible» incluir pruebas del sumario del 11-M

GIJON.- Antonio Toro Castro, imputado en el 11-M por haber suministrado presuntamente los explosivos empleados en los atentados, negó ayer haber traficado jamás con dinamita. Lo hizo durante su declaración ante el juez en la vista que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo por la llamada operación Pípol, en la que está inculpado.

Toro, que sólo quiso responder a las preguntas de su abogada, aseguró durante el interrogatorio que «nunca» había comprado o vendido dinamita. También dijo que no eran suyos -ni sabía de dónde habían salido- los 16 cartuchos de Goma 2 ECO (como la utilizada en los trenes de Madrid) y los 94 detonadores industriales encontrados en el garaje de Avilés que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, que está huido de la Justicia.

Según su versión, en julio de 2001 acompañó a la Policía a realizar un registro en ese garaje. Al encontrar los explosivos, aseguró desconocer «qué hacían allí» y aseguró que tampoco sabía de quién eran otras cajas que la Policía requisó.

Contó que las llaves del garaje se las dio a Nayo para que guardase hachís, pero no tenía ni idea de la existencia de los cartuchos de dinamita. También negó haber ofrecido explosivos a Francisco Javier Lavandera, que trabajaba en el club Horóscopo de Gijón durante el verano de 2001, como señala el fiscal en su escrito de calificación. Lavandera tendrá la oportunidad de declarar lo contrario durante su comparecencia en el juicio como testigo, prevista para el 8 de noviembre.

El acusado, que se mostró tranquilo, se negó a contestar a las preguntas del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, que había preparado para él una serie de cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y con el de explosivos.

Entre otras cosas, quería saber la relación que tenía con Rafá Zouhier, con quien coincidió en la cárcel de Villabona; de dónde procedía la dinamita que se encontró en el garaje; si ésta era de su cuñado, o si tenía entre 50 o 150 kilos más de explosivos en otro domicilio de Avilés que nunca fueron encontrados por la Policía.

En la segunda jornada del juicio, la abogada de Toro solicitó que su cliente pudiera permanecer sin esposas, como había hecho el día antes el letrado de Trashorras. Pero de nuevo el jefe de seguridad se negó.

Toro y Trashorras comparecen en este juicio acusados de un delito de tráfico de drogas y tenencia y depósito de explosivos. La Fiscalía pide para ellos un total de 17 años de prisión y sendas multas de 218.000 euros.

Por otro lado, el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, aseguró al inicio de la vista que «es inadmisible» incluir pruebas que se encuentran en el sumario del 11-M en la vista por la operación Pípol porque «proceden de otro proceso penal, posterior y aún en curso, que está a la espera de juicio». Por ello, el pasado lunes se negó a incluir las pruebas testificales, documentales y periciales que pedía la Fiscalía y que procedían en algunos casos de la Audiencia Nacional.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El despliegue de ABC en el juicio de la 'Operación Pipol'

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El Tribunal del «caso Pipol» rechaza pruebas relacionadas con el 11-M

GIJÓN. El tribunal que juzga el llamado «caso Pipol» -en el que se sientan en el banquillo los procesados por el 11-M Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro- pruebas relacionadas con los atentados de Madrid. Durante la segunda sesión del juicio declararon otros ocho de los 20 acusados, entre ellos Antonio Toro (en la imagen). Todos ellos negaron haber introducido droga en Asturias y haber formado parte de bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Una información de la Agencia EFE publicada por el diario ABC el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (25 de octubre de 2006): Declara Antonio Toro

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

Antonio Toro: «La dinamita del garaje no era mía; yo ni siquiera tenía las llaves para entrar»

El avilesino asegura que nunca «antes de ser detenido por la "operación Pípol"» compró, vendió o portó explosivos ni se los mostró a persona alguna. «La dinamita no era mía; yo ni siquiera tenía las llaves para entrar». Antonio Toro se desmarcó así ayer de las acusaciones vertidas por el fiscal José Perals, quien sostiene que el material explosivo encontrado en 2001 en el garaje de Avilés lo tenía almacenado para venderlo después. El joven aseguró que nunca antes de su detención en la «operación Pípol», en julio de 2001, compró, vendió o transportó dinamita, en contra de lo que sostiene el testigo Lavandera. El juicio, en el que ayer cuatro de los acusados reconocieron los cargos que presentó contra ellos el fiscal, continuará hoy con la declaración de José Emilio Suárez Trashorras.

Gijón. Antonio Toro (Avilés, 1977), acusado de tráfico de drogas y explosivos en la «operación Pípol» y procesado por los atentados del 11 de marzo, aseguró ayer en Gijón que nunca «con anterioridad al 25 de julio de 2001 -fecha en la que fue detenido por la investigación en Asturias-» compró, vendió o portó dinamita en su coche o se la mostró a alguna persona. Su declaración fue meteórica, por la rapidez: el joven se negó a responder a las preguntas del fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, y sólo lo hizo a las planteadas por su defensa, representada por la abogada María Teresa Suárez.

Fue la propia letrada la que, por dos veces consecutivas, puso el matiz de «con anterioridad al 25 de julio de 2001» en sus preguntas, probablemente para desvincular al joven del proceso abierto contra él por el 11-M, donde está procesado por tráfico y transporte o suministro de explosivos junto a su todavía cuñado José Emilio Suárez Trashorras. Con idéntica coletilla en cuanto a las fechas, aseguró que tampoco nunca compró, vendió o almacenó cocaína.

Cuando ya parecía que la sesión iba a finalizar -era cerca de la una y media de la tarde-, el presidente de la sección octava de la Audiencia Provincial, Bernardo Donapetry, llamó a declarar a Antonio Toro. El joven, con 29 años casi recién estrenados y con un aspecto menos apabullante de lo que aparenta en la ya amplia galería de fotografías suyas publicada, se acercó a la silla de los acusados esposado y flanqueado por dos policías. Su versión no sonó a nuevo: ya se había dicho y plasmado en papel en varias ocasiones. Ayer, la novedad era sólo escucharle.

Dejaba construir frases e interrogantes a su abogada, que prácticamente él se limitaba a zanjar con unos escuetos «sí» o «no». Explicó que, cuando se desarrolló la «operación Pípol», en 2001, él se dedicaba a la compraventa de coches usados. No tenía licencia. Por eso, dijo, «en la declaración en el Juzgado dije que no tenía ingresos de ningún tipo y que no realizaba ninguna actividad. En el momento en que salí de prisión -actualmente está de nuevo encarcelado por el 11-M-, saqué el permiso y adquirí un local».

El interrogatorio llegó por fin a la fecha en la que fue detenido, el 25 de julio de 2001. Ese día, el Cuerpo Nacional de Policía encontró en un garaje que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo» (huido de la justicia), y Suárez Trashorras 54 kilos y medio de hachís de distintas purezas, 16 cartuchos de dinamita industrial goma-2 Eco, de una medida de 26 por 200 milímetros cada uno, y 94 detonadores eléctricos industriales. La dinamita, explicó, «apareció en una esquina del garaje. Desde el primer momento dije que no sabía que estaba allí y que no tenía nada que ver con ella. No era de mi propiedad». También había «unas cajas con trastos», añadió.

El joven avilesino explicó que los agentes de Policía que realizaron el registro entraron en el garaje «con unas llaves que José Ignacio Fernández tenía en el coche».

-¿No tenía usted llaves del garaje?, le contrapreguntó su abogada.

-No -dijo-, sólo tenía las de mi casa. Yo nunca tuve llaves de ese local. Nunca accedí a él por mi cuenta.

-Entonces, el hachís que encontró la Policía, ¿cómo llegó allí?

-Porque se lo di a José Ignacio para que me lo guardara.

Según el fiscal, que pide para Toro 17 años y medio de prisión por tráfico de drogas y explosivos, Toro trabajaba para el gallego Marcos B. M. y era el encargado de transportar la misma de Galicia a Asturias por carretera. También, según la fiscalía, hacía «funciones de vigilancia» en los viajes al Sur para adquirir hachís. Perals afirma que para él trabajaban a su vez Trashorras y Nayo.

Según el fiscal, los tres se dedicaban además a la venta de cartuchos de dinamita goma-2 Eco. En concreto, explica, en el verano de 2001, Toro y Trashorras le ofrecieron dinamita en, al menos, tres ocasiones a Francisco Javier Lavandera, testigo del 11-M y entonces portero del club Horóscopo. Perals sostiene que Antonio Toro llegó a enseñarle a este último dinamita «en perfecto estado de uso y conservación» en el centro de Gijón, cuando la trasladaba en el maletero de su vehículo.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El infructuoso cuestionario del fiscal

El fiscal José Perals, ante la negativa de Toro a responderle a sus preguntas, únicamente pudo enumerar, una a una, las cuestiones que tenía preparadas -para que quede constancia de ellas- sobre su relación con el resto de acusados en el proceso, las conversaciones «pinchadas» por la Policía o su supuesta relación con tráfico de hachís y de explosivos. Éstas son algunas de las preguntas formuladas:

- ¿A qué se dedicaba en 2001? ¿Conocía a Trashorras? ¿Cuándo le conoció y por qué motivo?

- ¿Sabía si Trashorras estaba jubilado de la mina o le consta si tenía acceso a explosivos? ¿Sabía si ese explosivo era dinamita?

- ¿Conocía a Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», y a Marcos B. M. (su presunto «jefe» gallego)? ¿Actuaba a las órdenes de Marcos?

- ¿Es su cumpleaños el 13 de junio? Ese día recibió numerosas llamadas de felicitación (lo que podría servir para identificarle en las conversaciones), entre ellas la de su hermana Carmen, que le preguntó si iba ya para Galicia. ¿Por qué se enfadó y le dice que no hace falta que diga adónde va?

- (Le da un número de teléfono) ¿Era usted quien lo usaba? Desde él llamó a ADA y dio sus datos personales (nueva posible identificación). En otra ocasión da hasta sus datos bancarios, y en otra dice: «Soy Toro», y habla de dinero, cantidades y «movidas». ¿Qué movidas?

- ¿Le daba órdenes a Emilio Suárez Trashorras?

- La persona a la que usted llama Fran (en las conversaciones telefónicas grabadas), ¿es Francisco Javier Lavandera Villazón?

- ¿Por qué a finales de junio Lavandera le da instrucciones para que usted pueda llegar a su casa?

- ¿Tenía el garaje alquilado con Trashorras y Nayo? ¿Se guardaban allí hachís, dinamita y detonadores?

- ¿Conoce a Rafá Zouhier? ¿De qué y en qué circunstancia?

- ¿Tenía entre 50 y 100 kilos de dinamita en otro domicilio de Avilés? ¿La guardaba allí? ¿Se la ofreció a Lavandera?

- Estando en prisión, ¿fue a verle Trashorras? ¿Le dio instrucciones sobre la venta de dinamita?

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El sorprendente interés de la cúpula de Interior

Gijón. Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad con el PP, fue alertado de que la Policía asturiana había entrado en un garaje de Avilés donde existían explosivos, la «operación Pípol» ahora juzgada, a los pocos minutos de producirse la operación, según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA de personas conocedoras de aquella intervención. La actuación policial era en aquel momento una más, y en Asturias sorprendió el inusitado e instantáneo interés de la cúpula de Interior por la misma Ni siquiera los explosivos intervenidos habían sido trasladados todavía a la sede del Tedax en Oviedo, ni los máximos mandos policiales de Asturias sabían qué tipo de material se había incautado cuando ya la Jefatura de Madrid estaba al tanto y exigía explicaciones.

Astarloa habló con el entonces comisario general de Información, Jesús de la Morena, y éste llamó con urgencia a Juan Carretero, por aquellas fechas jefe superior de Policía de Asturias. Carretero se encontraba de vacaciones, jugando al golf en Huelva. No tardó en utilizar el móvil para llamar a José Villar del Saz, entonces comisario jefe de Gijón y responsable de la operación antidroga en el garaje de Toro y Trashorras, para enterarse. Pero tampoco éste estaba al tanto todavía de lo que hacían sus hombres. ¿Quién y por qué avisó a Astarloa? Secreto. El origen del desmedido interés de los mandos -estamos hablando de 2001- por la «operación Pípol» sigue siendo hoy un misterio.

Una información de F. C. publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Perals replica que el tribunal «difícilmente pudo valorar las pruebas negadas porque ni las miró»

El fiscal afirma que su objetivo era «buscar la verdad histórica», y el juez matiza que rechazó los documentos, entre ellos el informe que vincula a Toro y a Trashorras con dinamita, por «improcedentes, impertinentes, innecesarios y extemporáneos»

Gijón. El malestar mueve ficha. El presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, Bernardo Donapetry, matizó ayer que la razón por la que anteayer, lunes, rechazó las nuevas pruebas presentadas por el fiscal José Perals -entre ellas, un informe que vincula a Toro y a Trashorras con la tenencia de dinamita- es que se trata de cuestiones «improcedentes, extemporáneas, impertinentes e innecesarias» y que podrían poner en peligro el derecho de los acusados a ser juzgados por un tribunal imparcial. Perals, que presentó una «respetuosa protesta» a los motivos alegados por el magistrado, replicó a la Sala que «difícilmente» pudo valorar las pruebas presentadas «porque ni siquiera llegó a examinarlas o verlas, al contrario de lo que hizo con uno de los abogados de la defensa», que igualmente aportó un documento de última hora y, sin embargo, sí fue aceptado por el tribunal.

El fiscal especial antidroga rebatió -apoyándose en ocasiones en jurisprudencia del Tribunal Supremo- cada uno de los adjetivos utilizados por Donapetry e insistió en que se trata de pruebas «perfectamente válidas» desde el punto de vista procedimental. Entre ellas se encuentra un informe pericial elaborado por el laboratorio químico toxicológico de la Comisaría General de la Policía Científica en el que figura que la muestra recogida el 25 de julio de 2005 en el garaje que Antonio Toro Castro compartía con su cuñado Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», en Avilés, era dinamita. Se trata del único documento escrito que deja constancia de este hecho, fechado el 30 de agosto de 2004, a los tres años de la «Operación Pípol» y sólo cinco meses después de los atentados de Madrid. Hasta ahora únicamente se contaba con la declaración -oral- de los policías y el tedax que encontraron el material. «Al ministerio fiscal», continuó Perals, «le cuesta entender los motivos» del rechazo y destacó que el «verdadero objetivo del procedimiento es conocer la verdad histórica. Ninguna de las pruebas solicitadas se refiere a procedimientos anteriores -en clara alusión al 11-M-, sino a hechos ocurridos en 2001».

Perals descartó además que la inclusión de las pruebas ponga en peligro la imparcialidad del tribunal para juzgar. «Ésta», afirmó, «se presume y no se pone en duda». El fiscal calificó las pruebas presentadas (dos documentales y dos periciales) de «aclaratorias, pertinentes y necesarias» y justificó nuevamente la tardanza en la presentación. En el caso concreto del informe, que incluye tres fotografías de los cartuchos incautados y los detonadores, reiteró que la fiscalía tuvo conocimiento de su existencia el pasado sábado.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


José ¿Luis? Suárez Trashorras

Gijón. ¿Alguien sospechaba que, a estas alturas, alguien no conocía a José Emilio Suárez Trashorras? Quizás no. Lo cierto es que ayer, durante el juicio por la «Pípol», una curiosa confusión llevó a uno de los abogados a llamar al avilesino José Luis Suárez Trashorras. Hubo caras de sorpresa en la sala, y alguna más de sorna.

La misteriosa carpeta

Y, para cara de sorpresa, la que le quedó al propio Suárez Trashorras cuando el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, ordenó que le quitaran una carpeta que su letrado, Gerardo Turiel de Castro, le entregó al final del juicio. «Esa carpeta, por favor, que la coja el abogado. No le dejarán entrar con ella en Villabona», dijo el juez.

Avería que vale cárcel

En una jornada más relajada, donde todo seguía el patrón del primer día (pero con mucha menos gente alrededor) hubo incluso quien llegó al juicio con media hora de retraso. A uno de los acusados, Pedro J. C. y a su letrado, una avería en el coche con el que se desplazaban a Gijón les dejó «tirados» en la carretera. Una vez en el juicio, recibieron la reprimenda del presidente, Donapetry, que les exigió puntualidad para la sesión de hoy. De hecho, el ministerio fiscal ya había incluso solicitado la suspensión del juicio para el acusado y su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Tras las explicaciones pertinentes, la petición fue retirada y el juicio continuó su curso. «No vamos a tener tanta paciencia en otra ocasión», sentenció Donapetry.

Déjele que se «explaye»

El magistrado Bernardo Donapetry permitió ayer que uno de los acusados, David G. D., hablara y hablara, sin apenas dejar que interviniera el ministerio fiscal. «Déjele que se explaye», dijo el presidente del tribunal a José Perals cuando éste le pidió que «parara» al joven. «Ya que me solté un poco...», dijo éste. «Es que estoy nervioso porque llevo esperando mucho tiempo este momento para poder explicarme». El acusado, para el que el fiscal pide doce años, negó todas las acusaciones de Perals, a quien volvió a dirigirse: «Es que usted ve droga en todas partes», dijo. «¿Hablo de ruedas? Usted ve droga. Ye como si crees que tu novia está engañándote. Sólo ves cuernos». Carcajada.

Toro, en pie

Fue en esta segunda sesión del juicio en la que los nombres de Antonio Toro y Suárez Trashorras -que declarará hoy- comenzaron a salir a la luz. Toro incluso fue requerido para que se pusiera en pie y pudiera ser así identificado por otro de los acusados, el gallego Marcos B. M. No hubo éxito: «No es el que me enseñaron en la Comisaría en fotos», dijo.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro niega la versión de Lavandera y afirma que nunca le mostró la dinamita ni la llevó en su maletero

El juez y las defensas impiden de nuevo al fiscal tratar de demostrar la relación del 'caso Pipol' con la trama de los explosivos empleados en los atentados del 11-M El abogado de Trashorras protesta por la «indefensión» en que se encuentra el ex minero avilesino

GIJÓN. «-¿Había más cosas en ese garaje a parte de dinamita y hachís?

-Sí, cajas y trastos. No sé.

-¿Con qué llaves entró la Policía en ese garaje?

-Con las llaves de José Ignacio Fernández Díaz (Nayo). Yo nunca accedí a él por mi cuenta. El hachís lo guardó él.

-¿Alguna vez tuvo conocimiento de la existencia de esa dinamita con anterioridad al 25 de julio de 2001?

-No nunca.

--¿Se la mostró a alguna persona en el maletero de su coche?

-Nunca.

-¿Traficó usted alguna vez con dinamita antes de su detención el 25 de julio de 2001?

-Nunca».

El de Antonio Toro Castro fue un interrogatorio conciso y muy directo. Su abogada María Teresa Suárez trató así de desvincular a su cliente con todo lo relacionado con la dinamita. A Toro, además, le sirvió para negar la versión del ex testigo protegido Francisco Javier Lavandera Villazón de que había mostrado el maletero de su coche lleno de explosivos, tal y como en su día denunció Lavandera.

El avilesino, uno de los asturianos imputados en los atentados del 11-M, declaró ayer en el juicio que se sigue por el 'caso Pipol', en Gijón, que «nunca», antes de que la Policía procediera al registro de su cochera, había visto dinamita en su interior. A preguntas de su abogada María Teresa Suárez, Toro recordó que «en esa cochera había muchas cajas con trastos que no eran míos, como tampoco lo era la dinamita porque yo ni siquiera sabía que estaba allí».

La cochera a la que hace referencia es el trastero que Toro tenía alquilado en el número 5 de la calle de Eloy Fernández Caravera, de Avilés, con su ex cuñado José Emilio Suárez Trashorras, el principal imputado en el 11-M, y José Ignacio Fernández 'Nayo', otro de los encausados en la 'operación Pipol', que se encuentra en paradero desconocido. En ese lugar se produjo uno de los registros policiales llevados a cabo en el marco de este operativo. Fue el 25 de julio de 2001 y en su interior la Policía encontró 54 kilos y medio de hachís, 16 cartuchos de dinamita y 94 detonadores. Desde el primer momento, Toro se responsabilizó del alijo de 'chocolate', pero siempre negó su relación con la 'goma-2'. Ayer volvió a insistir en esa idea. «Yo no sabía que estaba ahí», dijo después de negarse a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal. Con su negativa a reconocer el fin último de esa dinamita, Toro insinuó que su ex cuñado Trashorras o bien su amigo 'Nayo' eran sus propietarios.

De sus respuestas se deduce además el relato de los hechos sucedidos en la cochera el día de autos. Según explicó, acompañó a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a hacer el registro después de que le interceptaran a la entrada del garaje. En el momento de su detención no se le incautaron las llaves del trastero ya que, tal y como aseguró, «las tenía 'Nayo'. Yo nunca las tuve». Es más, Toro aseveró que fue 'Nayo' quien guardó el hachís en ese cuarto del garaje donde posteriormente se halló la dinamita.

A preguntas de la letrada, Toro también comentó que las 117.000 pesetas que entonces le fueron aprehendidas eran «para pagar un embrague que tenía que comprar en Recambios del Norte», ya que en aquél entonces su única actividad laboral conocida era la compraventa de vehículos de segunda mano.

También matizó que en ese momento no tenía licencia para dedicarse a esa actividad, motivo por el cual en su primera declaración ante el juez instructor del caso aseguró que «no trabajaba en nada. De hecho cuando salí de la cárcel me saqué la licencia y adquirí un local para seguir dedicándome a eso».

Preguntas sin respuesta

Quedaron sin embargo en el aire todas las preguntas previstas por el fiscal del juicio, José Perals, quien ayer volvió a comprobar cómo las estrategias diseñadas por los letrados de las defensas y la postura del presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, le impedían tratar de demostrar la vinculación del alijo de dinamita incautado en la 'operación Pipol' con la trama asturiana de los explosivos del 11-M.

A pesar de que no pudo formular las más de un centenar de preguntas que tenía previstas quiso que quedara constancia de ellas en el acta del juicio y procedió a su lectura durante un cuarto de hora. Perals quería saber, entre otras cosas, si Toro conocía la situación de jubilado de la mina de su cuñado Trashorras y si éste tenía acceso fácil a explosivos y a qué tipo de dinamita en concreto. También pretendía preguntar si sabía qué dinamita se empleaba en la explotación minera para la que trabajó Suárez Trashorras, si conoció al marroquí Rafá Zouhier y si entre ambos hubo algún tipo de rencilla o similar.

La acusación pública pretendía además aclarar las circunstancias en que Toro conoció al testigo protegido del 11-M Francisco Javier Lavandera Villazón, quien precisamente le denunció ante la Policía y la Guardia Civil por haberle ofrecido dinamita para su posterior tráfico en el mercado ilegal. Lavandera había alertado a las Fuerzas de Seguridad porque, según dijo, había visto el maletero del coche de Toro lleno de 'goma 2' y de detonadores. Sobre ese punto fue preguntado por su abogada y Toro negó rotundamente haber mostrado «nunca» dinamita a nadie.

A pesar de ello, Perals recogía en su interrogatorio numerosas preguntas tendentes a buscar la clave de esa relación: «¿Vendió usted un vehículo 'Saab 9000' a Francisco Javier Lavandera Villazón? ¿Hablaba con Lavandera cuando dice que le tengo que llevar una cosa a Pamela? ¿Era ésta, Pamela, una chica del Horóscopo? ¿Es Lavandera quien le indica el camino para llegar hasta su domicilio en una de las conversaciones telefónicas? ¿Qué tipo de tratos hacía con Lavandera? ¿Es cierto que pretendía vender un perro bulldog a lavandera?...

En su interrogatorio Perals hace numerosas alusiones a las escuchas telefónicas efectuadas por la Policía. Cuestiones relativas al «encriptado lenguaje» que los entonces sospechosos empleaban en sus conversaciones para referirse a temas sencillos y que siempre según el fiscal pretendían evitar que fueran comprendidos por la Policía en caso de ser escuchados por pinchazo telefónico.

Tras la declaración de Toro, el abogado de Trashorras manifestó su protesta por «la indefensión en que se encuentra mi cliente» al no poder preguntarle sobre las cuestiones del fiscal en las que hizo alusión al ex minero avilesino.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Toro de actitud mansa

Tranquilo, con voz tenue, a caballo entre la seriedad y una media sonrisa, el avilesino muestra una imagen distinta a la esperada

GIJÓN. Vestido con camisa de cuadros, vaqueros y unas relucientes botas de trekking, la imagen apacible y por momentos sonriente de Antonio Toro sentado frente al juez dista mucho del rostro tenso y más agresivo que delataban las fotografías tomadas en sus entradas y salidas de prisión, tras ser detenido por el 11-M. El pelo corto, casi rasurado, ha dejado paso a un cabello más prominente que da paso a un rostro pálido, quizás por el prolongado tiempo que ya ha pasado en la cárcel.

Recostado en la silla, moviendo ambas piernas en un tic de impaciencia que contrasta con su aparente tranquilidad, Toro escucha las preguntas del fiscal, a las que no responde, sin inquietarse. Sólo la mención a la dinamita rompe el letargo, con un gesto automático de la mano hacia el rostro que dura un segundo.

La voz de su abogada atrae a Toro hacia delante, buscando un contacto visual. Sus manos permanecen entrelazadas, esposadas, después de que los policías rechazasen su retirada. «Sí, riesgo de fuga, con tantos policías alrededor...», lamenta, irónico, el padre de Trashorras, desde la primera fila de bancos reservados al público. Son los únicos familiares presentes en la sala, dado que los padres de Toro prefieren mantenerse al margen aunque lo visitan a diario en Villabona

Toro, voz tenue y respuestas breves, atiende a los requerimientos de su defensa. «No, no, no, no...», repite a muchas de las preguntas. Lleva unos 20 minutos sentado cuando, cansado de la postura, se deja caer sobre uno de los costados de la butaca.

La comparecencia no se prolonga mucho más de media hora. Antonio Toro, con rostro satisfecho, vuelve a su lugar entre el resto de acusados. Una sonrisa, algún breve comentario, mientras el magistrado, con tono firme, desaloja la sala.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El principal imputado por tráfico de drogas asegura no conocer a Toro y Trashorras

El supuesto cabecilla se retracta de su primera declaración, cuando identificó en una fotografía al cuñado del ex minero avilesino La Fiscalía pidió prisión provisional para un imputado que se retrasó por culpa de una avería en su vehículo

GIJÓN. M. B. M., el supuesto cabecilla que dirigía desde Galicia la red de tráfico de drogas que operaba en Asturias, aseguró ayer no conocer a Jose Emilio Suárez Trashorras ni a Antonio Toro, también implicados por la Fiscalía en la 'operación Pipol'. El acusado reiteró un contundente «no» cuando su abogado defensor, el único al que permitió hacer preguntas, le planteó si tenía algún tipo de vinculación con el ex minero avilesino o con su cuñado. M. B. M. se retractó además de sus declaraciones iniciales, en las que había identificado a Toro a través de una fotografía, y afirmó que «no me suena de nada» cuando se le instó a reconocerlo en el transcurso del juicio.

En una escueta declaración, el encausado negó todos los planteamientos formulados por el fiscal, José Perals, tanto en lo relativo a supuestos viajes a Madrid en avión -«nunca había ido en avión», dijo- como sobre otros desplazamientos al sur de España o al norte de África. Asimismo, indicó que no interviene en ninguna de las llamadas registradas por la Policía y que la Fiscalía utiliza como pruebas incriminatorias en la causa.

Tensión

El testimonio de M. B. M., uno de los más relevantes de la segunda sesión del juicio, estuvo precedido por una fuerte polémica en torno al retraso en acceder a la sala de uno de los imputados y de su abogado. El fiscal, de hecho, llegó a pedir prisión provisional sin fianza en caso de que P. J. C. M. no se presentase. Tanto el encausado como su letrado se presentaron poco tiempo más tarde alegando una avería como causa de la demora, escuchando a continuación una reprimenda del presidente de la sala, Bernardo Donapetry, que advirtió al resto de los acusados con «no tener tanta paciencia» ante la hipotética repetición de este episodio.

La sesión estuvo asimismo marcada por un intenso interrogatorio a otros dos presuntos implicados, D. G. D. y F. J. A. S., que fueron detenidos en el año 2001 en Navia en el marco de una amplia operación policial que concluyó con la incautación de dos kilos de cocaína.

Acusación mutua

Ayer, ambos imputados se acusaron mutuamente de ser los responsables del traslado de aquella droga desde Galicia. D. G. D. alegó que se había desplazado con F. J. A. S. a Cambados con la intención de realizar un trabajo vinculado con la publicidad y negó haber recogido allí ningún tipo de estupefaciente. F. J. A. S., por contra, precisó que acompañó al otro encausado a Cambados «para hacerle un favor» y que éste desapareció veinte minutos para realizar una gestión. A partir de ahí, F. J. A. S. señaló que el siguiente paso fue la detención en Navia, cuando apareció la cocaína en el coche que ambos ocupaban.

La segunda sesión del 'caso Pipol' recogió además las palabras de la mujer del policía local de San Martín del Rey Aurelio que, según el fiscal, dirigía la distribución de droga en Asturias. S. G. R. alegó que desconocía las actividades de su marido y dijo que en el momento de su detención estaba a punto de dejar a L. C. G, al que ya había denunciado por maltrato. El dinero que se localizó en su hogar, alegó, «era para irme de casa».

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Donapetry avisa al fiscal de que sus nuevas pruebas son «improcedentes, innecesarias impertinentes y parciales»

«Mi objetivo no es otro que averiguar la verdad histórica sobre el caso», afirma José Perals durante la vista oral

GIJÓN. Improcedentes, extemporáneas, impertinentes, innecesarias y parciales. Esos fueron los cinco razonamientos esgrimidos por el juez Bernardo Donapetry en la reapertura ayer del juicio por el 'caso Pipol' para matizar su actuación del día anterior cuando rechazó incluir en el sumario nuevas pruebas aportadas por el Ministerio Fiscal.

Estas pruebas consistían en un informe pericial sobre un trozo de dinamita encontrado en el garaje de los avilesinos Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, y en la solicitud de incluir en los turnos de declaraciones a dos peritos expertos en explosivos y dos médicos forenses de la Audiencia Nacional cuyo testimonio permitiría probar que Suárez Trashorras es imputable y su esquizofrenia no le impide ser responsable de sus actos. Según Perals, quien insistió en la idoneidad de incluir esas pruebas en el sumario, «mi objetivo no es otro que averiguar la verdad histórica del caso» y «mi imparcialidad se presume y no se pone en duda».

Sin embargo, el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias no admitió a trámite esas pruebas periciales y testificales. También se negaron a su inclusión la mayor parte de los abogados de las defensas.

Ayer, después de comprobar la repercusión mediática de ese rechazo, Donapetry aclaró con argumentos jurídicos su postura. Por un lado explicó que las pruebas eran «improcedentes porque no se pueden practicar otras pruebas distintas a las que aparecen en el escrito de calificación» y de hacerlo las excepciones son muy restrictivas y sólo se refieren a pruebas aclaratorias sobre una testifical. Además dijo que eran «extemporáneas, porque son muy anteriores al escrito de calificación»; «impertinentes, porque no son admisibles pruebas de otro proceso y menos si sigue en curso y no ha sido juzgado»; «innecesarias», porque este caso ya cuenta con testigos propios y suficientes e «imparciales» porque faltan al respeto de los procesados a contar para su defensa con un tribunal imparcial y de otro modo habría que ofrecer a las defensas la inclusión del mismo bloque de pruebas.

Tras escuchar estos razonamientos jurídicos, el fiscal Antidroga de Asturias procedió a rebatirlos. Dijo que las pruebas solicitadas eran procedentes porque en la jurisprudencia aparecen casos de inclusión de nuevas pistas al comienzo del juicio oral y pertinentes y necesarias porque «difícilmente se puede probar lo contrario si no se han llegado examinar».

Sobre el retraso que se produjo a la hora de adjuntar al sumario del 'caso Pipol' el informe de Toxicología de la dinamita aseguró que fue pedido el 30 de agosto de 2004, pero no se conocieron los resultados que prueban que efectivamente era dinamita hasta el 25 de septiembre de 2006, «mucho después de que el escrito de acusación estuviera cerrado».

También aseguró que el informe sobre los forenses que examinaron a Trashorras es posterior a ese escrito y data del 25 de septiembre de 2005.

Presidente Tribunal

Bernardo Donapetry preside la Sección Octava de la Audiencia Provincial desde 2002 procedente de la Sección Tercera. No será el encargado de redactar la sentencia final del 'caso Pipol' sino la magistrada Alicia Serrano. También forma parte de la sala Francisco Pallicer Mercadal. Un voto en contra de cualquiera de los tres abre la posibilidad de plantear un recurso ante el Supremo.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Próxima escala: 'Pipol'

Arcos, rayos X... El acceso al juzgado se parece al control de un aeropuerto, del que no se libran ni los 'abogados estrella'

GIJÓN. Señoras y señores, pasen de forma ordenada bajo los arcos de seguridad y dejen sus pertenencias a un lado para que puedan ser revisadas antes de seguir su camino». La frase se podría escuchar hoy en día en cualquier aeropuerto del planeta, sobre todo a raíz de las fuertes medidas de vigilancia establecidas después de los atentados del 11-S, que convierten cualquier viaje en avión en una aventura inesperada. Pero esta expresión en concreto también puede aplicarse sin problemas a los juzgados de Gijón que se encargan del 'caso Pipol'. Entrar cada mañana a la sala donde se desarrollan las sesiones obliga a pasar bajo un arco de seguridad y una máquina de rayos X que radiografía bolsas y maletines, un proceso del que no se libran ni siquiera los abogados más conocidos del Principado que representan a algunos de los imputados.

«Esto no es habitual, lo normal es que los abogados entren y salgan del edificio sin ningún tipo de restricción», comentaba ayer a este respecto uno de los letrados que deambulaban por los pasillos del palacio de justicia. La meticulosidad del proceso, que lleva en muchos casos a los agentes a abrir los bolsos de los asistentes para comprobar minuciosamente su contenido, genera minutos antes del comienzo de cada sesión largas colas en las puertas de acceso. La situación se agrava con la llegada de los fotógrafos y los cámaras de televisión, que con sus pesados y voluminosos equipos a cuestas hacen sudar de lo lindo a los sufridos funcionarios de la Policía Nacional que se encargan de la vigilancia. Todo el proceso, sin embargo, se zanja con eficacia y sin mayores problemas.

Antidisturbios

El refuerzo de la seguridad se extiende al exterior del juzgado y a la sala que preside el magistrado Bernardo Donapetry. A primera hora de la mañana de ayer, incluso antes de que comenzaran a llegar los imputados e incluso los madrugadores periodistas, cinco furgonetas de la policía custodiaban con celo la entrada, con más de una decena de agentes de la unidad de antidisturbios diseminados por la zona. Gorras caladas, espaldas anchas y porras a la cintura disuadían a cualquier potencial elemento agresor de aproximarse al tribunal.

Una vez superada la barrera azul marino situada a pie de calle, queda por atravesar el siguiente escollo: los ya citados arcos de seguridad. Abogados, periodistas, imputados y familiares asumen ya con resignación la espera, que se repite cuando el magistrado decreta un parón momentáneo en la sesión y la mayoría de los asistentes salen a la calle a consumir el inevitable cigarrillo o un reconfortante café en el bar de enfrente. Otros, que acuden al juzgado por causas del todo ajenas a la 'operación Pipol', tuercen con disimulo el gesto y se someten al infalible escrutinio de los aparatos electrónicos.

Esposados

Una vez en la sala, la vigilancia es también extrema. Dos agentes regulan el acceso y otra decena forma un cordón invisible en torno a los 20 imputados, varios de los cuales -entre ellos Toro y Trashorras- permanecen esposados al encontrarse en prisión. Esposas de las que, por otro lado, no podrán zafarse durante todo el juicio, contrariamente a lo reclamado por las defensas, después de que el jefe de la unidad policial dejase bien claro que «razones de seguridad» lo desaconsejan.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Toro cierra la puerta” por Juan Neira

Continúa la vista oral del 'caso Pipol' en los juzgados de Gijón. De la segunda jornada del juicio cabe destacar las valoraciones encontradas entre el presidente de la sala y el fiscal sobre el carácter pertinente de unas pruebas que aparecieron posteriormente a cerrarse el sumario. El fiscal considera que deben ser tenidas en cuenta, mientras que el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, Bernardo Donapetry, asegura que son «improcedentes, extemporáneas, innecesarias y parciales». De seguir el criterio del fiscal, José Perals, se abriría la puerta a mostrar como evidencia judicial la existencia de una cierta trama asturiana, mientras que el criterio del presidente de la sala lleva a considerar el 'caso Pipol', como algo que tiene existencia propia y separada de cualquier otro proceso.

En la segunda jornada de la vista oral le tocó declarar a Antonio Toro, cuñado de la principal estrella del banquillo de los acusados, José Emilio Suárez Trashorras. En la contestación a las preguntas incluyó una manifestación de gran interés al decir que nunca llevó dinamita en el maletero ni mostró nada de esa naturaleza a nadie. Una rotunda negativa al testimonio de Lavandera, que fue filtrado a sus superiores por el agente de la Guardia Civil, Jesús Campillo. Hoy está previsto que declare José Emilio Suárez Trashorras, y el día ocho de noviembre lo hará Lavandera. Veremos si aparecen contradicciones entre las declaraciones de unos y otros, porque este es un asunto clave.

Que unos terroristas islamistas hubiesen tenido acceso a un chamizo en el occidente asturiano, y se hubieran hecho con ciertas cantidades de explosivos, es alarmante, pero bien pudiera quedar atemperada esa valoración por la práctica tradicional de realizar pequeños hurtos de dinamita en explotaciones mineras para usos domésticos, como explosiones para desbrozar caminos, etcétera. La historia de Trashorras y Toro se complicó con el testimonio de Lavandera, realizado a un agente de la Guardia Civil, cuando todavía faltaban años para que sucediera el atentado del 11-M. Lavandera aseguró que le habían enseñado el maletero del coche lleno de dinamita. Antonio Toro cerró la puerta a ese precipicio.

Publicado por el diario EL COMERCIO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El juez rechaza pruebas que vinculan a Toro y Trashorras con el tráfico de explosivos

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

La defensa intenta desligar el juicio por la 'operación Pipol' de las investigaciones sobre el 11-M El fiscal quería incluir unos informes policiales sobre cartuchos de dinamita localizados en 2001

GIJON.- Ni el juez ni ninguno de los 14 letrados que ejercen las defensas en el juicio por el caso Pipol que ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Asturias admitieron incluir en el informe una serie de pruebas documentales, periciales y testificales, como pedía el fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, y que relacionan a Antonio Toro y a Emilio Suárez Trashorras, dos de los acusados, con el tráfico de explosivos. Según uno de los letrados, Ricardo Alvarez Buylla, se trata de pruebas que, en algunos casos, podían haber sido incluidas en su día, ya que la operación se desarrolló en 2001. Pero detrás de esa negativa estaba en casi todos ellos una idea clara que dio a conocer a la sala y a su presidente, el juez Bernardo Donapetry, el defensor del ex minero asturiano, Gerardo Turiel, al asegurar que no iba a aceptar que nadie tratara de «mezclar» este asunto con el 11-M, a pesar de que los dos asturianos están también imputados en dicha causa.

Las pruebas solicitadas por el fiscal fueron un informe pericial elaborado en su momento dentro de la operación Pipol por el laboratorio toxicológico de la Comisaría General de Policía en el que aparece información sobre los cartuchos de dinamita industrial requisada en la plaza de garaje que compartían Trashorras, su cuñado Antonio Toro e Ignacio Fernández Díaz, Nayo, en Avilés. También pidió que declarasen los dos tedax que encontraron la dinamita, que, al parecer, estaba en mal estado y por ello fue destruida y los dos peritos que realizaron el informe sobre este material y que no fue incluido en la causa. Como prueba documental, el fiscal solicitó un fax que llegó al Ministerio Público el pasado jueves procedente de la Audiencia Nacional sobre un auto del 25 de septiembre y que vendría a corroborar las declaraciones del marroquí Rafá Zouhier, de Francisco Javier Lavandera y del agente Jesús Campillo sobre el tráfico de explosivos del que se acusa a Toro y Trashorras. Dicho auto hace referencia a que en los atentados se empleó Goma-2 ECO robada en la mina en la que había trabajado el avilesino. Además, solicitó la comparecencia de los dos médicos forenses de la Audiencia Nacional para ratificar el informe que en su día le hicieron al ex minero. Todas estas pruebas quedaron finalmente invalidadas al negarse las defensas a incluirlas.

Poco más hubo durante esta primera jornada, salvo las declaraciones de ocho de los procesados, todos menos uno en libertad, a los que se acusa de formar parte en 2001 de dos grupos organizados dedicados a introducir y distribuir drogas en Asturias. La operación Pipol, que ahora se juzga, estuvo dirigida por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Gijón y logró desmantelar una importante red de narcotraficantes relacionada con mafias gallegas, pero sobre todo puso al descubierto un mercado negro de explosivos del que luego se habrían beneficiado los autores de los atentados de Madrid.

Trashorras tan solo estuvo en prisión tres meses. Su cuñado Toro permaneció más tiempo en la cárcel asturiana de Villabona y fue allí donde entabló relación con el marroquí Rafá Zouhier, también imputado en los atentados del 11-M por su relación con los islamistas y con los dos asturianos.

El fiscal considera en su escrito que, independientemente de la actividad de tráfico de drogas, Toro y Trashorras se dedicaban también a la venta de cartuchos Goma-2 ECO y considera probado que, en el verano de 2001, los dos avilesinos ofrecieron dinamita al menos en tres ocasiones a Lavandera, que por entonces trabajaba en el Club Horóscopo de Gijón, y que llegaron a enseñarle ese material que guardaban en el maletero de un coche. A raíz de ese hecho, Lavandera alertó a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, ni éstas ni el instructor del sumario le dieron demasiada importancia.

El juicio continúa hoy y es posible que, dada la rapidez con que se toma declaración a los procesados, los dos cuñados, que figuran los últimos en la lista, puedan hacerlo a lo largo de mañana. Después, no será hasta el 7 y 8 de noviembre cuando declaren el agente Campillo, Zouhier y Lavandera.

Para Toro y Trashorras, Perals pide un total de 17 años de prisión y el pago de sendas multas de 218.000 euros por tráfico de drogas y tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos, la pena más alta de todos los acusados.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Lavandera, el protagonista

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 6:45, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

Toro y Trashorras no pusieron impedimentos para ser fotografiados

GIJON.- En la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias apenas quedaban ayer tres asientos libres de los destinados al público, y eso que tan sólo los padres de Emilio Suárez Trashorras quisieron estar presentes. El resto de los puestos los ocuparon los periodistas que no pudieron hacerlo en los nueve asientos reservados para prensa.

La casualidad quiso que apenas unos minutos antes de entrar en la sala llegara a la Audiencia Francisco Javier Lavandera, centrando toda la atención de cámaras y fotógrafos. El ex confidente acudía a los juzgados por otro asunto bien distinto, aunque coincidía con los dos asturianos a los que había acusado de tráfico de explosivos. Lavandera además tuvo que descalzarse antes de entrar porque sus botas, unas camperas con hebilla, pitaron en el detector de metales. Por lo demás, tranquilidad.

La vista comenzó a las 10.30 horas, y durante los primeros minutos se permitió finalmente el acceso a la sala a las cámaras centradas en captar alguna imagen de los dos asturianos implicados en el 11-M. Lo pusieron fácil. Ni Toro ni su cuñado Trashorras pusieron impedimento alguno para salir retratados. Ambos parecían especialmente tranquilos. Trashorras incluso se mostró sonriente en varios momentos de la vista ante la declaración de los acusados. Cerca estaban sus padres, que aprovecharon un único receso de cinco minutos en toda la mañana para acercarse y abrazar a su hijo, por primera vez en Asturias desde que fuera detenido tras los atentados.

Debido precisamente a que tanto Toro como Trashorras se encuentran en prisión, el juicio estará marcado por importantes medidas de seguridad. En total, una treintena de policías nacionales velará durante las seis semanas que se espera se prolongue la vista para que no haya incidentes. Y para ello han sido firmes. Ayer, el jefe de seguridad se negó a quitarles las esposas a los dos asturianos procesados en el 11-M, a pesar de la petición de uno de sus abogados.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Otras Informaciones sobre el juicio por el "Caso Pípol" (24 de octubre de 2006)

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

La defensa de Trashorras exige que no se relacione el «caso Pípol» con el 11-M

Madrid - La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias inició ayer la primera sesión del macrojuicio por el «caso Pípol» en el que están imputados 20 detenidos, de los cuales dos -José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro- están relacionados con la trama de explosivos del 11-M. La defensa de Trashorras, el ex minero asturiano que negó los hechos que se le imputan -tráfico de drogas y de explosivos-, advirtió al juez que «no permitirá que se mezclen los sucesos que se juzgan aquí con los atentados de Madrid». Por su parte, la abogada de Toro aseguró que las declaraciones de su cuñado y del testigo Rafa Zohuier, que inculpan a su cliente, «no resultan creíbles» y fueron hechas «con afán exculpatorio».

La «operación Pípol» se cerró en julio de 2001, cuando se incautaron más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como 16 cartuchos de Goma 2 ECO -como la utilizada en los atentados del 11-M- y 94 detonadores industriales. En el escrito de acusación de la Fiscalía se solicita para Trashorras y Toro hasta 17 años de prisión por los delitos de tenencia, depósito y tráfico de sustancias y artefactos explosivos, así como por dos delitos contra la salud pública. Para el resto de acusados solicita entre 5 y 13 años, informa Ep.

En la primera sesión del juicio, el tribunal se negó a admitir nuevas pruebas documentales, periciales y testificales presentadas por el fiscal antidroga, José Perals, que relacionan a Trashorras con el tráfico de explosivos. La defensa de los otros 20 imputados también se opuso a que las pruebas aportadas se incorporasen al caso.

Una información publicada por el diario LA RAZON el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La defensa de Trashorras exige que no se vincule la «Pipol» con el 11-M

GIJÓN. Con un aspecto algo cambiado respecto a las últimas fotos que se tenían de él, y vestido con camisa blanca y chaqueta gris marengo, el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, que se enfrenta a las penas más altas de todos los procesados por el 11-M, se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Asturias, esta vez acusado del tráfico de drogas y explosivos descubiertos en la llamada «operación Pípol». También su cuñado e igualmente implicado en la matanza de los trenes Antonio Toro Castro es juzgado por esta causa.

Desde el primer momento quedó muy clara la estrategia de la defensa de Trashorras, que nada más comenzar la vista oral exigió que no se mezclara esta causa con la de la matanza terrorista de Madrid. El letrado incidió en que en el juicio que ayer dio sus primeros pasos en la Sección Octava de la Audiencia de Asturias se juzgan hechos ocurridos en Gijón y Avilés en 2001, y que no aceptará que nadie los mezcle con unos atentados terroristas cometidos en Madrid tres años después.

Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, que se enfrentan a sendas penas de 17 años de cárcel por los delitos de tráfico de estupefacientes y explosivos, accedieron al Palacio de Justicia de Gijón con el rostro descubierto y esposados, en medio de una gran expectación de los numeros periodistas acreditados para el juicio. Durante la sesión, los defensores de ambos, para los que piden la absolución, reclamaron que se retirasen las esposas a sus patrocinados, posibilidad que fue desaconsejada por el responsable del despliegue policial.

La «operación Pípol» se cerró en julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de Goma-2, como la utilizada en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.

Los explosivos, sin investigar

La operación se centró en la droga incautada sin que se investigase el origen de los explosivos, que procedería de minas en las que había trabajado Trashorras y cuya declaración, al igual que la de Toro, está prevista para el próximo jueves. En la primera sesión, el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, rechazó incluir en el sumario cuatro nuevas pruebas solicitadas por el fiscal antidroga, José Perals, por entender que eran «muy anteriores» a su calificación provisional y que, por lo tanto, no era «el momento procesal oportuno». Entre otras pruebas, Perals pidió incluir un informe del laboratorio químico-toxicológico de la Comisaría General de Policía Científica sobre una muestra de los cartuchos ocupados en un garaje de Avilés, tres fotografías de ese material y la declaración de dos peritos y de dos tedax que hicieron las fotos y recogieron las muestras.

Una información publicada por el diario ABC el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El tribunal de Gijón que juzga a Trashorras no admite pruebas del 11-M

El fiscal quería utilizar en el 'caso Pipol' documentos del sumario de los atentados

Oviedo - La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, que juzga al ex minero y ex confidente policial José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro, junto a otras 18 personas, por el caso Pipol, sobre tráfico de estupefacientes y de explosivos, ha desestimado la petición del fiscal para que se pudieran incorporar al procedimiento documentos y pruebas periciales procedentes de la Audiencia Nacional y del sumario del 11-M. El tribunal considera que tal solicitud es inadmisible en el actual momento procesal, al tratarse de un procedimiento ordinario. El abogado de Trashorras y Toro añadió que no permitirá que el juicio del caso Pipol se mezcle con el 11-M. Ambos están imputados en la Audiencia Nacional como supuestos proveedores de la dinamita utilizada en los atentados terroristas de marzo de 2004.

La Audiencia de Asturias los juzga desde ayer en Gijón por el caso Pipol, que data de 2001. En su escrito de defensa, Trashorras niega los hechos que le imputa el fiscal y advierte de que, en todo caso, "cuanto haya hecho fue con conocimiento de la unidad de estupefacientes de la comisaría de policía de Avilés", de la que era confidente habitual.

El caso Pipol se saldó en julio de 2001 con la detención de 21 personas, a las que se les ocuparon cuatro armas de fuego, varias cantidades de dinero, 86 kilos de hachís y tres de cocaína, así como varias balanzas. En un garaje de Avilés cuyo uso compartían Trashorras, Toro y José Ignacio Fernández Díaz Nayo se localizó parte de la droga, así como 16 cartuchos de goma 2 Eco y 94 detonadores industriales. Nayo está huido. En la causa comparecerán peritos, policías y más de 40 testigos.

Una información de Javier Cuartas publicada por el diario EL PAIS el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (24 de octubre de 2006): El juez rechaza incluir nuevas pruebas

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

La Audiencia rechaza pruebas del fiscal que implican a Toro y Trashorras en el tráfico de explosivos

La primera jornada del juicio por el «caso Pípol» desvela que sólo tras el 11-M se realizó un informe, desconocido hasta el sábado, que prueba que se halló dinamita en 2001 en el garaje de Toro

Gijón. La sección octava de la Audiencia Provincial rechazó ayer, durante la primera sesión del juicio por la «operación Pípol», cuatro nuevas pruebas presentadas por el fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, que supuestamente relacionan a José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro con el tráfico de explosivos. El tribunal consideró «improcedente» la admisión de los documentos, al entender que no era el momento procesal adecuado para su inclusión en la causa.

Las pruebas presentadas eran «determinantes», según reconoció el propio fiscal durante su petición al tribunal. La primera, y de mayor importancia, es un informe pericial elaborado por el laboratorio químico toxicológico de la Comisaría General de la Policía Científica en el que aparece por escrito que la muestra recogida el 25 de julio de 2001 en el garaje que Antonio Toro Castro compartía con su cuñado Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», en Avilés era dinamita goma-2 Eco. La propia fiscalía antidroga asturiana tuvo conocimiento de la existencia de este informe el pasado sábado, ya que hasta ahora con lo único que se contaba era con la declaración de los policías y un Tedax que intervinieron en la operación, pero sin ningún soporte científico por escrito. El material incautado fue destruido en agosto de 2001 en el cuartel de Buenavista (Oviedo) por considerarlo peligroso.

El informe rechazado, que incluye tres fotografías de los cartuchos incautados y los detonadores, está fechado el 30 de agosto de 2004, a los tres años del desarrollo de la «operación Pípol», pero sólo cinco meses después de los atentados del 11 de marzo. Esto podría evidenciar que las muestras sólo fueron analizadas una vez ocurrida la masacre de Madrid y detenidos Toro y Trashorras por ella, en el mismo mes de marzo de 2004 y tras relacionarlos con la «Pípol», o, para interpretaciones más benévolas, simplemente que el laboratorio tenía una amplia lista de espera que no le permitió realizar el informe con anterioridad. Concretamente, en el garaje se encontraron 16 cartuchos de dinamita industrial goma-2 Eco, de una medida de 26 por 200 milímetros cada uno, y 94 detonadores eléctricos industriales sensibles por retardo de 500 milisegundos.

Hasta ahora no se tenía conocimiento de la existencia de un informe escrito sobre este análisis, sólo testificales orales, lo que suscitó numerosas críticas y lo que podría incluso desencadenar una absolución de los acusados si no se considerara probado que lo hallado en el garaje es dinamita. Este informe, según Perals, vendría necesariamente a corroborar las declaraciones prestadas por los policías y el Tedax que encontraron el material. En su petición, el fiscal también solicitó que se citara a declarar al juicio a los dos peritos que elaboraron el documento y a dos Tedax más que enviaron la muestra de los explosivos a Madrid, hicieron las fotografías y los destruyeron.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Una investigación «rutinaria» con parte de la trama asturiana del 11-M en el banquillo

Gijón. Los veinte acusados por la «operación Pípol», entre ellos, José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, ambos procesados por el 11-M, formaban parte, a lo largo del primer semestre de 2001, de dos grupos organizados dedicados principalmente a la introducción y distribución de drogas en Asturias, sobre todo cocaína y hachís, según Perals. La operación concluyó el 25 de julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, 16 cartuchos de goma-2 Eco -como la utilizada en la explosión de los trenes- y 94 detonadores industriales.

Según Perals, Antonio Toro trabajaba a las órdenes del gallego Marcos B. M. (también acusado) y supuestamente se encargaba de transportar la cocaína desde Galicia a Asturias por carretera, normalmente en cantidades superiores al kilogramo. También le ayudaba en la vigilancia en los viajes que se realizaban a Madrid y Andalucía para comprar hachís. Para él trabajaba Trashorras. Ambos, según el fiscal, se dedicaban también a la venta de cartuchos de dinamita». Pide para ellos 17 años de prisión.

«¿Cocaína? No, sólo hablábamos de orfidal»

José Perals solicitó también que se incorporara a la causa el auto de procesamiento de Antonio Toro Castro elaborado por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo por su presunta implicación en el 11-M. Este auto vendría a contrarrestar otro anterior, de diciembre de 2004, presentado por la defensa de Toro y aceptado por la Sala, que supuestamente beneficiaría al avilesino en el delito del tráfico de explosivos. La fiscalía, según Perals, tuvo conocimiento de esto último el pasado día 19, por lo que pidió de inmediato a la Audiencia Nacional que le remitieran una copia del auto de Del Olmo. Según el fiscal, el documento corroboraría las declaraciones prestadas por Rafa Zouhier y Francisco Javier Lavandera, procesado por el 11-M el primero y testigo el segundo, y que ya en 2001 denunció los supuestos negocios de Toro y Trashorras con los explosivos. Ambos prestarán declaración en el juicio por la «Pipol» como testigos el próximo 8 de noviembre.

La tercera de las pruebas presentadas por la Fiscalía Antidroga estuvo encaminada a lograr que no se anulasen los «pinchazos» telefónicos practicados a los acusados, a través de los cuales se descubrió el presunto tráfico de drogas al que se dedicaban. José Perals presentó un documento escrito en el que se prueba que el juez instructor del caso, Juan Laborda, le puso al corriente en el mes de febrero de 2001 (cinco meses antes de las detenciones) de las intervenciones telefónicas. El fiscal basó esta prueba en una sentencia del Tribunal Constitucional, de octubre de 2005 (es decir, posterior a su escrito de calificación provisional de los hechos, que es de marzo de ese mismo año), que exige la notificación al fiscal de los «pinchazos» para que éstos sean legales.

Por último, el fiscal reclamó que se citara a declarar en el juicio de Gijón a dos médicos forenses de la Audiencia Nacional que en septiembre de 2005 elaboraron un informe sobre la imputabilidad de José Emilio Suárez Trashorras y que concluyeron que el joven no tenía en absoluto alteradas sus facultades mentales cuando se produjeron los hechos. Este informe, del que el fiscal tuvo conocimiento el pasado junio, está incorporado en el sumario por la «operación Pipol», aunque José Perals pretendía que los dos peritos declarasen directamente en la vista, en persona o a través de videoconferencia, para que lo ratificaran o, en su caso, lo ampliaran. Prácticamente todas las defensas se negaron a que se incorporasen estas pruebas de última hora a la causa.

Ruedas, sidra y Orfidal

Una vez rechazados los documentos aportados por la Fiscalía Antidroga, y leídos los escritos de conclusiones de todos los abogados y el ministerio fiscal, lo que se prolongó durante una hora y cuarto, el juicio por la «operación Pipol» comenzó con la declaración de ocho de los veinte acusados, cuatro de los cuales se negaron a testificar.

Todos ellos rechazaron su supuesta relación con la venta de drogas y aseguraron que su aparición en las escuchas telefónicas en las que se basa principalmente la acusación de José Perals es «circunstancial». En las conversaciones, explicaron, únicamente hablaban de llantas, ruedas, cajas de sidra, vino, aceite o cerveza y «nunca» del tráfico de estupefacientes al que se refiere el fiscal, a pesar de que cifras que aparecen en las mismas coinciden exactamente con el precio que en ese momento alcanzaba la cocaína en el mercado. El que sigue es uno de los muchos ejemplos: «¿Merez la pena?», le preguntó un acusado a otro en una de las cintas analizadas por el fiscal, que considera que ambos hablaban de cocaína. «Más fuerte que la otra ye, más sabor, más todo», le contesta el otro. Según el acusado, sólo se refería al Orfidal, un antidepresivo que le había recomendado a su interlocutor, «que estaba un poco bajo de moral».

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El abogado de Trashorras exige que la vista no se convierta en el preámbulo del juicio por el 11-M

El ex minero avilesino permaneció relajado y sonriente durante la sesión; Toro, más serio, se mostró más frío y pendiente, y apenas conversó con nadie

Gijón. El abogado defensor de José Emilio Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, mostró ayer su indignación y exigió que la vista por la «operación Pípol» no se convierta en el preámbulo del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004. «Los hechos que se juzgan aquí», apostilló, «ocurrieron en Avilés y Gijón en el año 2001, No voy a aceptar que nadie trate de vincular este asunto con el 11-M», advirtió.

Entre los veinte acusados, rodeados literalmente por once policías nacionales, le escuchaba su cliente, José Emilio Suárez Trashorras. El ex minero avilesino, vestido con una pulcra camisa blanca con cuello forrado de cuadros de Burberrys y una americana, permaneció relajado y sonriente durante toda la sesión. Se permitió incluso echar más de una carcajada, sobre todo durante la declaración del también acusado Pedro Julián C., que replicaba al fiscal -con cierta gracia- que no recordaba prácticamente ninguno de los hechos por los que le preguntaba porque de eso «haz cinco años, y entonces yo empalmaba una noche con otra, hasta tres, y ni siquiera me acordaba de lo que había hecho el año anterior. No trafiqué», aseguró, «aunque sí me metía (coca), como media España».

Antonio Toro, tres banquillos más adelante que su todavía cuñado -los papeles de divorcio que romperán definitivamente el matrimonio de su hermana Carmen con el ex minero ya han sido presentados, pero están pendientes de resolución-, se mostró más frío, serio y pendiente de todas las declaraciones. Apenas conversó con nadie. Ataviado con unos pantalones vaqueros y una cazadora, lucía buen aspecto, al igual que Suárez Trashorras.

Ambos permanecieron esposados durante todo el juicio. También lo hizo Javier A. M., otro de los acusados y en prisión por una condena de seis años por un delito de tráfico de drogas impuesto por la sección segunda de la Audiencia Provincial. Los tres fueron sentados por separado, para evitar riesgos: son los únicos procesados que están encarcelados actualmente. A la una de la tarde, de nuevo el abogado Turiel solicitó permiso al presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, para que la Policía les quitara las esposas. El magistrado delegó esa responsabilidad en el jefe del Cuerpo Nacional de Policía encargado de la seguridad durante el transcurso del juicio: «Por razones de seguridad -apostilló el agente- consideramos necesario que los tres acusados permanezcan con las esposas». «Ya lo han oído», replicó Donapetry. «Son razones de seguridad».

En su defensa, Antonio Toro (versión que presumiblemente mantendrá hoy, si finalmente declara) asegura que «en ningún momento» se ha dedicado al tráfico de drogas. Niega «en absoluto» que trabajara para el gallego Marcos B., ya que -sostiene- en el momento en el que se desarrolló la «operación Pípol» se dedicaba a la compraventa de automóviles. También rechaza que tuviera una relación más allá de la simple amistad con José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo» (huido de la justicia) o familiar con Suárez Trashorras.

En cuanto a los explosivos hallados en el garaje, Antonio Toro sostiene que ni le pertenecían a él ni sabía que estaban en su cochera, que compartía con «Nayo» y con su cuñado. De éste, el testigo Rafa Zouhier (procesado por el 11-M) y el confidente Lavandera apostilla que sus acusaciones no tienen fiabilidad, ya que están plagadas de contradicciones» y tienen un claro «afán exculpatorio».

Por su parte, Gerardo Turiel sostiene que Trashorras «no ha tenido participación» en ninguna operación de tráfico de drogas o explosivos. No obstante, añade que «cualquier actuación que hubiera tenido al respecto» fue siempre «con el consentimiento y en comunicación» con el grupo de estupefacientes de Avilés, dirigido entonces por Manuel García, «Manolón», de quien era confidente.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Blindados y apretados

Gijón. Es un juicio blindado. El inicio del proceso por la «operación Pípol» centró ayer la atención nacional en Gijón. Las medidas de seguridad fueron extremas y la expectación mediática que despertó, máxima. Los primeros en llegar al edificio judicial fue la Policía Nacional. Decenas de agentes controlaron desde primera hora de la mañana el entorno y el interior del Juzgado. La presencia entre los acusados de Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras obligó a preparar el juicio de una manera extraordinaria. Cuatro furgones de los antidisturbios, otras dos furgonetas con agentes uniformados y una unidad de los Guías Caninos, además de los funcionarios que diariamente se encargan de la seguridad del edificio, controlaron el interior y el exterior tres horas antes del juicio y durante la vista, hasta pasadas las dos de la tarde.

Con los perros se rastreó todo el interior y la sala de vistas, además de toda la manzana del palacio judicial. Una decena de policías permanecieron en el pasillo, frente a la sala, para evitar altercados y tres de ellos controlando exclusivamente la entrada al edificio. Ayer, todo el que quisiera entrar al Juzgado, fuera o no a la «operación Pípol», debía pasar un exhaustivo control. Primero, el arco detector de metales; luego, el registro de bolsos, uno a uno, que tras pasar por el escáner eran abiertos juntos con las carteras, y ordenadores portátiles y, finalmente, para los medios de comunicación, la acreditación para entrar en la sala.

En el interior de la pequeña sala había once policías de los antidisturbios que rodeaban a los 20 acusados, y otros dos en un acceso restringido y directo a los calabozos. Sólo tres de ellos están en prisión; Toro, Trashorras y Javier A. M., que permanecieron esposados durante toda la vista. El resto pudo salir de la sala durante el receso que se hizo a media mañana. Siete agentes quedaron en esos minutos custodiando a los tres presos.

Durante los cinco minutos de descanso salieron de la vista todos: abogados, fiscales, magistrados, público y periodistas. La presencia de medios de comunicación fue máxima. Acudieron 25 y estaban acreditados 57 periodistas. En la sala, sin embargo, había nueve asientos reservados para la prensa. El resto de los reporteros que entraron, un total de 16, lo hicieron como público. La casualidad hizo que sólo acudieran a la vista oral los padres de José Emilio Suárez Trashorras, lo que dejó libres el resto de plazas para ser ocupadas por la prensa. De no haber sido así, la mayoría se hubiera quedado a la puerta. Los medios gráficos entraron por turnos de cinco minutos. Primero cámaras fotográficas, y después las televisiones en grupos de cinco.

Catorce abogados

El escaso espacio en la sala que sufrieron los imputados y periodistas también afectó al tribunal, abogados y fiscales. Catorce son los letrados que participan en la causa y que fueron distribuidos en cuatro mesas diferentes, laterales a la mesa central, donde se ubicaba el tribunal.

Por parte del ministerio público son dos los fiscales que están llevando el caso y que ayer, paradójicamente, compartían mesa con uno de los letrados de la defensa. Incluso una letrada, ayudante de una defensa, tuvo que sentarse entre el público por falta de sitio.

Otra mesa con cinco abogados más se situó justo detrás de los fiscales que durante toda la vista oral ojean el sumario y las diversas pruebas. Por lo general, los representantes del ministerio público suelen colocarse durante los juicios en mesas enfrentadas a los abogados defensores.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Antonio Toro podría declarar hoy junto a varios acusados más

Aún quedan diecinueve sesiones por delante antes de que el próximo 30 de noviembre se presenten los informes definitivos del juicio por la «operación Pípol». Para hoy está previsto que declaren más acusados y es muy probable que le llegue el turno a Antonio Toro. Ayer, ocho imputados ya explicaron su versión ante el tribunal y quedan, por tanto, doce. Si la sesión de hoy se realiza con la celeridad con la que se hizo la primera de ayer es probable que el miércoles se termine con todos los imputados. Toro y Trashorras serán llamados casi los últimos. De hecho, son el decimoctavo y decimonoveno, respectivamente, en el turno de declaración.

A partir de ahí comenzarán, la última semana de octubre y primera de noviembre, la toma de declaración de los testigos. Entre ellos, declararán el próximo 7 de noviembre el guardia civil Jesús Campillo, al que Francisco Javier Lavandera contó, en una grabación, que Toro y Trashorras traficaban con explosivos.

Precisamente es Lavandera el que deberá acudir al Juzgado como testigo el próximo 8 de noviembre. El mismo día que está citado Rafa Zohuier, al que está previsto que trasladen desde Madrid, donde permanece en prisión acusado por los atentados del 11 de marzo en Madrid.

Estas dos declaraciones, solicitadas por el ministerio público, responden a la intención del fiscal de demostrar que entre los «negocios» de los dos avilesinos se encontraba el tráfico de explosivos. De hecho, según las declaraciones que ambos ya hicieron ante los correspondientes jueces de instrucción, Zohuier fue el que puso en contacto a la trama asturiana de explosivos con los radicales islamistas; y fue al que a Lavandera le ofrecieron varios kilos de dinamita Goma 2-Eco.

Una información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El juez rechaza incluir en el 'caso Pipol' nuevas pruebas sobre la dinamita hallada en Avilés en 2001

El fiscal Antidroga de Asturias, en la apertura del juicio oral, aportó la nueva prueba tras conocerla el sábado El abogado de Trashorras advierte de que «no aceptaré que se mezcle este juicio con el 11-M» y señala que su cliente «siempre actuó con el consentimiento de la Policía»

GIJÓN. El fantasma del 11-M sobrevoló ayer la primera sesión, en Gijón, del juicio sobre el 'caso Pipol'. La petición del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, de incluir una nueva prueba sobre la dinamita hallada en la cochera del avilesino José Emilio Suárez Trashorras, uno de los principales imputados por la matanza de Madrid, fue la chispa que encendió los ánimos de los letrados. A la cabeza, Gerardo Turiel, abogado del ex minero, quien advirtió de forma tajante: «No aceptaré que se mezcle este asunto con el 11-M, porque fueron hechos ocurridos en 2001».

Como Turiel, la mayor parte de los letrados de la defensa se negaron a aceptar que las nuevas pruebas fueran incorporadas al sumario. Tampoco estaba por la labor el presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, Bernardo Donapetry, quien llegó a rechazarlas de plano incluso antes de escuchar el contenido de las mismas. La respuesta de Perals fue inmediata y, al final, tras insistir ante el presidente de la sala, pudo exponer con claridad su petición.

Según expuso el Fiscal Antidroga, se trata del resultado de un análisis realizado por el laboratorio de la Policía Científica sobre un resto de cartucho de dinamita recogido el 30 de agosto de 2004 en el garaje de la calle avilesina de Eloy Fernández Caravera, en una plaza que compartían en alquiler Trashorras Antonio Toro Castro y José Ignacio Fernández Díaz 'Nayo'.

Por extraño que pudiera parecer, la Fiscalía Antidroga no conoció la existencia de ese análisis hasta el pasado sábado, tal y como señaló Perals para justificar el retraso en la aportación de esta prueba. Sin embargo, uno de los letrados, Ricardo Álvarez Buylla, le replicó que ese dato se encuentra en el sumario desde 2001 y que «ha tenido cuatro años» para aportarlo a las diligencias.

Era dinamita

El informe al que la acusación pública hace alusión corrobora que efectivamente las sustancias aparecidas en ese garaje eran dinamita y servirían entonces para demostrar que la 'goma 2' hallada en Avilés en 2001 fue igual a la empleada en el 11-M.

Para ello, Perals también solicitó que los dos peritos que efectuaron ese análisis fueran llamados a declarar el próximo día 14 de noviembre, última fecha prevista en el calendario de este juicio para la aportación de testimonios periciales.

Pretendía también el Ministerio Fiscal que declararan los dos funcionarios de los Tedax, del Cuerpo Nacional de Policía, expertos en explosivos, que remitieron a Madrid esas muestras de dinamita, pero en el día de ayer ninguna de esas reivindicaciones fue admitida a trámite por el presidente de la sala, quien contó además con el beneplácito de la mayor parte de los abogados de la defensa.

Eran las 12.15 horas de la mañana cuando eso ocurría. La intervención del fiscal supuso un punto de inflexión en una mañana acaparada por la lectura del extenso escrito de acusación, así como por los testimonios de las defensas de los veinte imputados en este caso de tráfico de drogas y dinamita. Las más esperadas, las de los abogados de José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro por ser éstos los dos únicos procesados por la tenencia y la venta de sustancias explosivas en este asunto y en el 11-M.

En el caso del avilesino, Turiel aseguró que su cliente «no tuvo participación alguna en la venta de drogas ni explosivos y, en todo caso, si lo hizo, fue siempre en colaboración y con el consentimiento del Grupo de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía de Avilés». El abogado incluyó así en su estrategia de defensa la condición de Trashorras de confidente del funcionario Manuel García 'Manolón', ex jefe de Estupefacientes en Avilés, a la que éste siempre ha apelado.

Por su parte, María Teresa Suárez, letrada que defiende de oficio a Toro pidió ayer la libre absolución del avilesino, porque «en absoluto se dedicaba al tráfico de drogas y ni siquiera tenía constancia de que en el garaje había dinamita porque lo compartía con 'Nayo' y Trashorras».

Además, añadió que las acusaciones de Francisco Javier Lavandera Villazón y de Rafá Zouhier «no resultan creíbles porque son claramente exculpatorias e incurren en contradicciones». Los testimonios de Toro y Trashorras aún no han sido escuchados en la sala porque el tribunal llama a declarar a los procesados por el orden en que fueron detenidos. El fiscal Perals también trató de incluir en el proceso las declaraciones de dos médicos forenses de la Audiencia Nacional que acreditan que Trashorras «es imputable» y está perfectamente capacitado para ser responsable de sus actos. La solicitud tampoco fue aceptada por la sala.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Cuatro imputados por la Fiscalía se niegan a declarar en la primera sesión del juicio

Otros cuatro acusados reiteran su inocencia y se desvinculan del tráfico de drogas «No es justo, ¿dónde está la culpabilidad?», pregunta, entre lágrimas, una procesada

GIJÓN. Cuatro de los ocho acusados que comparecieron ayer ante el tribunal que juzga el 'caso Pipol' se negaron a declarar, mientras que el resto sí intervinieron para defender su total inocencia y desvincularse de la acusación de tráfico de drogas que pende sobre ellos. Entre los encausados que renunciaron a intervenir en la primera sesión del juicio, que se celebra en la sección octava de la Audiencia Provincial, se encuentra L. C. G., el agente de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio que, según el fiscal, dirigía la red que introducía los estupefacientes en el Principado.

«No es justo, ¿dónde está la culpabilidad? Demuéstrela, señor fiscal». Una de las encausadas, I. C. P., protagonizó el testimonio más tenso de la mañana, después de negar entre sollozos cualquier tipo de vinculación con la distribución de drogas. «Llevo cinco años intentando demostrarlo», aseveró, después de señalar que no estaba en modo alguno relacionada con los negocios de su marido, A. M. A. Z, otro de los procesados y propietario de un taller de reparaciones y de un pub donde supuestamente se venderían estupefacientes. A. M. A. Z no declaró ante el juez al estar sujeto a medicación.

Uno de los clientes de ese taller, J. A. M., tomó la palabra para precisar que sus relaciones con A. M. A. Z nunca tuvieron que ver con transacciones de drogas, sino con compraventas de ruedas o pastillas para el tratamiento de la depresión. El fiscal, a este respecto, defendió que los acusados utilizaban un lenguaje cifrado -ruedas, cubiertas...- para esconder la realidad del narcotráfico.

Consumo

P. J. C. M, ganadero de profesión, también admitió conocer a A. M. A. Z. Se reconoció consumidor de drogas pero negó con vehemencia haber realizado compra alguna al anterior procesado. En esta línea, indicó que en alguna ocasión sí le había adquirido cajas de sidra, otro ejemplo de lo que, en opinión del fiscal, es una jerga que intenta ocultar el tráfico de estupefacientes.

El último de los encausados que se mostró dispuesto a declarar, J. J. B., relató que su relación con el procesado J. L. A. A., que se negó a hablar ante el tribunal, tenía que ver de forma única con la compra de amortiguadores.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Besos de una madre

Trashorras felicitó a su abogado tras oírle pedir que se desvinculara 'Pipol' del 11-M

GIJÓN. Pálido, esposado, recién afeitado y con el pelo más corto del que lucía en libertad. Ese era el aspecto que presentaba ayer José Emilio Suárez Trashorras en su primera imagen desde que fue encarcelado por su presunta implicación en el 11-M el 17 de marzo de 2004. En la misma sala, cuatro filas más adelante, sus padres José Manuel y Agripina, atienden con aplomo el discurrir del juicio. Nunca se giran para mirarle. Pero él les busca siempre que puede, siempre que las declaraciones de otros procesados no acaparan su atención e incluso su sonrisa.

Desde que fue trasladado al Centro Penitenciario de Villabona, el pasado viernes, les ve con más asiduidad. Ayer, en el único receso del juicio, su madre pudo incluso acercarse a él, hablarle y darle tres besos. Sabe, que dadas las circunstancias, es mejor no desaprovechar cualquier oportunidad para verle aunque eso suponga comprobar el férreo cordón de vigilancia que le rodea y escuchar del policía que le custodia que no le retira las esposas «por problemas de seguridad».

De todos los procesados sentados ayer en el banquillo, Trashorras es, sin duda, el más nervioso. En su asiento no para. Se lleva de forma continua las manos y mira el reloj de acero con esfera roja con tanta asiduidad que parece que tuviera planes.

Su cuñado Antonio Toro se muestra imperturbable. Viste cazadora, vaqueros y playeros y, al contrario que el ex minero, se ha dejado el pelo y las patillas algo más largos, pero está igual de pálido. Demasiado tiempo a la sombra.

Toro no encuentra entre el público a ningún familiar, así que se limita a seguir la vista oral. En el descanso se retira hacia la zona reservada a los reclusos. Trashorras, que sí tiene con quien hablar, estrecha sus manos amarradas al abogado que le defiende para saludarle y le felicita por pedir que no se relacione el juicio 'Pipol' con el próximo que le espera, el del 11-M: «Gerardo, tienes más cara que...». «Tranquilo, tranquilo...», le contesta Turiel.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Todo en 'Pipol' va sobre ruedas

Fuertes medidas de seguridad, un aluvión de periodistas y la inesperada visita de Lavandera marcan el inicio del juicio La jerga ligada al narcotráfico, anécdota de la primera sesión

GIJÓN. Es una máxima que nunca falla: frente a cualquier edificio de la administración donde se 'cuece' algo siempre hay un bar. Los juzgados de Gijón no son una excepción. A primera hora de la mañana de ayer, la cafetería situada a las puertas del tribunal se convirtió en una atalaya privilegiada para observar el impresionante despliegue policial que precedió al comienzo del 'juicio Pipol'. Periodistas, curiosos e incluso familiares de imputados escogieron el local para contemplar el ir y venir de furgones policiales y el correr de los cámaras de televisión, ansiosos por tomar las primeras imágenes de los protagonistas 'estrella' del proceso, José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro. La primera sesión, en todo caso, se asemejó más a un debate sobre el apasionante mundo del automóvil que a otra cosa, dado el interés de los acusados en defender que su 'no involucración' en la causa se limitaba a la compra de ruedas y amortiguadores, frente a los esfuerzos del fiscal por demostrar que se trataba de un lenguaje en clave que escondía una red de tráfico de drogas.

Pero antes de que la sala entrase en diatribas sobre si las 'ruedas' eran en realidad cocaína o si los 'amortiguadores' tenían más que ver con el hachís, los exteriores del juzgado vivieron una mañana agitada. Desde primera hora, varias furgonetas policiales fijaban un perímetro invisible en torno al tribunal que disuadía de acercarse a cualquier persona ajena al juzgado. Sólo los cámaras de televisión y los fotógrafos se movían sin parar, a la espera de identificar en las camionetas que accedían a los bajos del inmueble a los principales imputados. Tarea, eso sí, muy dificultosa.

El cepillo de la discordia

La rigidez de los controles se extendió además a los accesos. Frente a los usos habituales, los agentes obligaron a todos los asistentes a pasar bajo el arco de seguridad y registraron de forma minuciosa bolsos y bandoleras, llegando incluso a analizar al detalle, como si se tratara de un artilugio sospechoso, el cepillo de dientes de bolsillo que portaba uno de los periodistas.

Periodistas que, por otro lado, constituían la especie más abundante. Ni siquiera los imputados, 20, superaban en número a los 57 profesionales pertenecientes a 25 medios de comunicación regionales y nacionales que se dieron cita en Gijón. Contra lo previsto, no hubo que sortear a los 'chinos' ni mediante un bingo qué periodistas podían ocupar los preciados ocho bancos reservados para la prensa, dado que la ausencia de público y familiares de los imputados dejó libres el resto de los asientos. Las reducidas dimensiones de la sala, tan comentadas en los últimos días, fueron incluso objeto de atención ayer por parte del consejero de Justicia, Francisco García Valledor.

Que no hubiera familiares no es del todo cierto. Sí los hubo, aunque menos de los esperados. Únicamente los padres de Trashorras asistieron a la primera sesión del proceso. Su llegada al palacio de justicia estuvo marcado por un aluvión de flashes por parte de los fotógrafos que generó un pequeño tumulto que terminó con algún que otro paraguazo por parte del padre del ex minero a uno de los reporteros gráficos.

El primer 'round' del 'caso Pipol' tuvo además un protagonista añadido. Ante la sorpresa de todos los presentes, Francisco Javier Lavandera cruzó la puerta del juzgado y se dirigió, tras quitarse sus enormes botas para pasar por el arco de seguridad, al interior del edificio. ¿Un testigo, con intención de entrar en la sala antes de intervenir? Ni mucho menos. Lavandera acudió a declarar en otro asunto, completamente ajeno a este caso.

Cajas de sidra

Y, con el pasar de los minutos, la sesión fue avanzando en medio de la discordia entre el fiscal, José Perals, y los acusados. Lo que para la fiscalía era un claro caso de tráfico de droga, para los imputados se había limitado a una simple transacción de neumáticos, amortiguadores e incluso cajas de sidra o pastillas de orfidal para los nervios. Algunos de los argumentos de los acusados llegaron incluso a forzar, por lo bajo, las sonrisas entre sus compañeros de banco.

Una información de Leticia Álvarez y Andrés Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Los prejuicios del juicio” por Juan Neira

Ha empezado el juicio por el 'caso Pipol', con veinticinco medios de comunicación en el juzgado y cincuenta y siete periodistas acreditados. En la primera jornada de la vista oral no sucedió nada especial, a no ser que se le quiera dar una gran importancia al rechazo, por parte del juez, de una petición del fiscal sobre la aportación de nuevas pruebas documentales, periciales y testificales. Hasta el momento, el protagonismo del juicio está en el ambiente, el bullicio, las caras relajadas, las sonrisas, el saber estar de los acusados más famosos. A todo se aprende: tras las exclusivas dadas a medios de comunicación madrileños, posar en un juzgado de provincias es relativamente sencillo.

Aunque la expectación sea enorme, aunque los informativos de los canales nacionales de televisión den cuenta de lo que se sustancia en el juzgado de Gijón, el 'caso Pipol' tendrá una trascendencia real sólo si en todo lo relacionado con la dinamita aparece alguna clave que permita hacer de nexo de unión con el 11-M. Es lógico el interés de las defensas legales en separar ambos procesos, porque en caso de que no se evidencie ese nexo, el 'caso Pipol' tendría una consideración muy distinta. En la lógica de un juicio penal todo tiene calificación de presunto hasta que se pueda probar alguna acusación.

Sin el agotador debate político y mediático en torno al 11-M no se entendería la expectación ante el 'caso Pipol'. Quiero decir que, si las tesis del sumario sobre el 11-M no hubiesen sido impugnadas por el principal grupo de la oposición y por medios de comunicación, no despertaría tanta curiosidad la hipótesis de los contactos que haya podido tener un imputado del 11-M años antes de los atentados. Pero el debate y la desconfianza corren paralelos en toda la legislatura, y por eso el 'caso Pipol' tiene dimensión nacional. Por esas perversiones del debate político, a los dirigentes del PP les conviene que en el juicio del 'caso Pipol' adquiera una gran importancia todo lo relacionado con las armas, pese a que en esa época gobernaba Aznar, mientras que a los socialistas les resulta más cómoda la hipótesis contraria, pese a que estaban en la oposición. En este contexto, resulta muy difícil que un observador siga el juicio sin prejuicios.

Publicado por el diario EL COMERCIO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Un juez procesó a Toro y Trashorras por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

OVIEDO.- Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro fueron procesados por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M. En concreto, el 6 de octubre de 2003 el juez Juan Laborda presentó un auto de procesamiento contra ambos dentro de la llamada operación Pípol, cuyo juicio comienza hoy en la Audiencia Provincial, por un delito de tenencia de sustancias y aparatos explosivos, y a petición del fiscal antidroga de Asturias, José Perals.

Ninguno de los dos fue encarcelado entonces porque la Justicia consideró que no había riesgo de fuga, aunque meses más tarde negociarían con El Chino la venta de la dinamita empleada en los atentados de Madrid. Lo más importante que se desprende de este auto, que se ha conocido ahora, es que no sólo la Policía y la Guardia Civil conocían el mercado negro de explosivos en el que se movían los dos asturianos, sino que también lo sabían las autoridades judiciales.


A raíz de dicha operación, realizada en julio de 2001, las fuerzas de seguridad encontraron en un garaje que regentaban Trashorras y Toro más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, así como 16 cartuchos de Goma 2 Eco, como la que luego, según los informes policiales aportados al sumario, se utilizó en los atentados del 11- M, y 94 detonadores industriales. Sin embargo, la investigación se centró entonces en la droga incautada y no en los explosivos. Ni el entonces fiscal Antidroga de Asturias, José Luis Rebollo, ni el juez Laborda consideraron trascendente para la causa la aparición de ese material. Hubo que esperar dos años más para que un recién llegado fiscal antidroga, José Perals, pidiese su enjuiciamiento.

Tras el 11-M y la detención de los asturianos empezaron a salir a la luz nuevos datos y pistas que parece que pasaron desapercibidos en el transcurso de esta operación. Por ejemplo, se supo que Francisco Javier Lavandera había alertado en varias ocasiones de que Trashorras y Toro buscaban en Asturias a gente que supiera hacer bombas con móviles. Nadie relacionó entonces este hecho con los explosivos encontrados al ex minero.

Pero Lavandera no fue el único que dio cuenta de las actividades delictivas ya entonces de los dos cuñados. El marroquí Rafá Zouhier y el confidente José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, también lo hicieron y la Guardia Civil llegó a abrir hasta dos investigaciones, aunque ninguna de ellas fructificó.

A partir de hoy el ex minero y su cuñado se sentarán en el banquillo, acusados de tráfico de drogas y también de explosivos en un macrojuicio que llevará a la Audiencia Provincial en Gijón a varios de los asturianos relacionados con el 11-M. Además de Trashorras, Toro y Nayo, hasta ahora huido de la Justicia, tendrán que acudir como testigos Zouhier, Lavandera y el agente Jesús Campillo. Por ello se han previsto importantes medidas de seguridad, ya que algunos de los acusados y de los testigos permanecen en diversas cárceles españolas en espera de juicio -caso de los dos asturianos acusados de facilitar los explosivos del 11-M- o cumpliendo condena por otros asuntos, como Rafá Zouhier.

Para Toro y Trashorras, Perals pide un total de 17 años de prisión y el pago de sendas multas de 218.000 euros por los delitos de tráfico de drogas y tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos, la pena más alta de todos los acusados.

El macrojuicio de Pípol sentará en el banquillo además a otras 18 personas. Según el escrito de acusación, todos los acusados formaban parte en 2001 de dos grupos organizados dedicados a introducir y distribuir drogas en Asturias.

El fiscal considera en su escrito que, independientemente de la actividad de tráfico de drogas, Toro, Trashorras y Nayo se dedicaban a la venta de cartuchos de dinamita Goma 2 Eco, «no constando la fuente de aprovisionamiento de dichos explosivos, ofreciendo los mismos a la venta en los ambientes nocturnos de Gijón».

El fiscal considera probado que en el verano de 2001 los dos avilesinos ofrecieron dinamita al menos en tres ocasiones a Lavandera, que por entonces trabajaba en el club Horóscopo de Gijón, y que llegaron a enseñarle esa dinamita que guardaban en el maletero de un coche. A raíz de ese hecho, Lavandera alertó a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo ni éstas ni el instructor del sumario le dieron demasiada importancia a este hecho.

La operación, dirigida por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Gijón, logró desmantelar una importante red de narcotraficantes relacionada con mafias gallegas, pero sobre todo puso al descubierto un mercado negro de explosivos del que luego se beneficiaron los autores de los atentados de Madrid.

Trashorrras tan sólo estuvo en prisión tres meses. Su cuñado Toro permaneció más tiempo en la cárcel asturiana de Villabona y fue allí donde entabló relación con el marroquí Rafá Zouhier, también imputado en los atentados del 11-M por su relación con los islamistas y con los dos asturianos.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Otras Informaciones sobre el juicio por el "Caso Pípol"

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El principal acusado del 11-M, juzgado por vender explosivos

MADRID - La sección octava de la Audiencia Provincial de Oviedo, con sede en Gijón, abrirá hoy la vista oral de la «Operación Pipol», que permitió desarticular en julio de 2001 una red de venta de drogas y explosivos de la que formaban parte el ex minero Emilio Suárez Trashorras, el principal acusado por los atentados del 11-M, y su cuñado, Antonio Toro, también procesado por este motivo.

Ambos procesados, que se enfrentan a sendas penas de 17 años de cárcel por los delitos de tráfico de estupefacientes y explosivos, están acusados en el sumario que instruye el juez Juan del Olmo de facilitar la dinamita utilizada en los atentados de Madrid, informa Efe.

La «Operación Pipol» se cerró en julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de Goma-2, como la utilizada también en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, Suárez Trashorras y Toro Castro, que han sido trasladados a la prisión de Villabona para que puedan asistir al juicio, son los únicos acusados a los que se imputa un delito de tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos por el que se enfrentan a penas de siete años de prisión.

A estos delitos suman otros dos contra la salud pública por los que la Fiscalía pide para ellos diez años de prisión, con lo que la petición del Ministerio Público se eleva a 17 años para cada uno, mientras que para el resto de los acusados solicita condenas de entre cinco y trece años.

Una información de R. T. publicada por el diario LA RAZON el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Juicio a Trashorras y Toro por venta de droga y explosivos 

Oviedo - Dos de los procesados por la matanza del 11-M, el ex minero y ex confidente asturiano José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro, se sentarán hoy en el banquillo en Gijón junto a otros 18 procesados, por su supuesta implicación en una red de tráfico de drogas y explosivos que fue desmantelada en 2001.

La Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Asturias abre juicio oral por el caso Pipol, en el que el fiscal solicita penas de 17 años de prisión y multas de 218.000 euros tanto para Suárez Trashorras como para Toro tras haber sido incautados en julio de 2001 en un garaje de Avilés que ambos compartían con otro de los procesados 54,5 kilos de hachís, así como 16 cartuchos de goma 2 Eco y 94 detonadores eléctricos.

En el proceso declararán 51 testigos, entre ellos el ex confidente Rafá Zouhier, a su vez imputado también en el sumario del 11-M, y el ex portero de un club nocturno y testigo en el caso de la masacre de Madrid, Francisco Javier Lavandera Villazón, quien había denunciado en 2001 que Toro y Trashorras le habían ofrecido explosivos.

Para los 18 procesados restantes la acusación reclama penas que oscilan entre cinco y 13 años de cárcel.

Una información de Javier Cuartas publicada por el diario EL PAIS el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El juicio por el "Caso Pípol" en la Prensa Asturiana (23 de octubre de 2006): Comienza el juicio oral

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Juicio del Caso 'Pipol'

El juicio por el «caso Pípol» se inicia hoy en Gijón entre fuertes medidas de seguridad

Veinte acusados, entre ellos Suárez Trashorras y Antonio Toro, se enfrentan a penas que suman 200 años

Oviedo - Los Juzgados de Poniente de Gijón, donde se celebrará desde hoy y hasta el próximo 30 de noviembre el macrojuicio por la «operación Pípol» en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, han intensificado desde hace días su seguridad y reforzado el número de policías que custodian el edificio dada la relevancia de algunos de los acusados y testigos, relacionados con la masacre del 11-M.

Entre ellos, Emilio Suárez Trashorras, su cuñado Antonio Toro Castro y los testigos Rafá Zouhier y Francisco Javier Lavandera Villazón, «Lavandero», el portero del club asturiano El Horóscopo al que intentaron vender la dinamita.

Los dos primeros fueron trasladados desde las prisiones en las que se encuentran al centro penitenciario de Villabona el viernes y el sábado, respectivamente, con motivo de la celebración del juicio, mientras que el tercero será traído desde la prisión de Madrid cuando deba declarar.

La gran expectación que provoca esta causa y lo reducido del espacio en el que tendrá lugar la vista, en la Sala 1 de los Juzgados de lo penal, obligó a la Audiencia Provincial a tomar medidas, ya que hay que acomodar en ella, además de a los 20 acusados, a tres magistrados, a la secretaria y al agente judicial, a uno o dos fiscales y a 14 abogados.

La Audiencia Provincial estará fuertemente vigilada por agentes que patrullarán tanto por el interior como por el exterior del edificio, que permanecerá acordonado durante los días que dure el proceso. El presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, Bernardo Donapetry, colaboró activamente con el jefe superior de la Policía del Principado, Baldomero Araújo, en el diseño del dispositivo de seguridad.

Con base a estas medidas, sólo se permitirá el acceso a veinte personas de público y los medios de comunicación acreditados tendrán reservados 8 asientos, uno por medio. Aquellos periodistas que no tengan sitio en dichos asientos podrán ocupar los del público, si sobraran.

Durante las celebraciones del juicio no estará permitida la presencia de cámaras fotográficas, de vídeo o de televisión de tamaño grande. Sin embargo, los medios gráficos podrán tomar imágenes antes del inicio de las sesiones y durante cinco minutos una vez que éstas hayan comenzado, pero desde la puerta de entrada a la sala. Tampoco se permitirá grabar o tomar fotografías ni en los pasillos ni en el interior del Juzgado.

Las vistas comenzarán hoy, a las diez y media de la mañana, con la declaración de los acusados. Unos testimonios que se prolongarán a lo largo de toda la semana. Posteriormente, se tomará declaración a los testigos, entre ellos varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a Lavandero, a Zouhier y al agente de la Guardia Civil Jesús Campillo, a quien el portero del club Horóscopo reveló datos sobre la venta de explosivos, que serían supuestamente utilizados en el 11-M. A partir del 13 de noviembre testificarán los peritos, para después proceder a las escuchas de las grabaciones fruto de la investigación policial. Está previsto que a partir del 23 de noviembre se lean las conclusiones del fiscal y de los letrados, así como los informes.

El fiscal especial Antidroga, José Perals, solicita en total casi 200 años y 1,5 millones de euros de multa para 20 acusados, por diversos delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y venta de explosivos. Perals solicita penas que van desde los 17 años de prisión, para los principales imputados, a los 5 años.

En el caso concreto de Trashorras y Toro, el fiscal pide para cada uno 17 años de prisión y una multa de 218.000 por un delito contra la salud pública y por otro de tenencia, depósito y tráfico de explosivos.

Ambos están imputados también por los atentados del 11-M, acusados de facilitar la dinamita que utilizaron los terroristas islámicos en los atentados de Madrid, los más sangrientos ocurridos en España y en los que murieron 192 personas.

Durante el juicio prestarán su testimonio dos de los confidentes que alertaron a los cuerpos de seguridad sobre la venta de explosivos que relacionaba lo que se llamó la «trama asturiana» con los islamistas: Francisco Javier Lavandera y Rafá Zouhier, actualmente en prisión.

Una operación centrada en el tráfico de cocaína, hachís y explosivos

Oviedo - La «operación Pípol» se cerró en julio de 2001 con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de goma 2, como la utilizada en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.

Según la fiscalía, Toro trabajaba a las órdenes del cabecilla de una de las redes que introducían cocaína y hachís en Asturias, Marcos B. M., también acusado, y se encargaba de trasladarla desde Galicia por carretera «en cantidades superiores a un kilo».

A las órdenes de éste actuaba, entre otros, Emilio Suárez Trashorras, que ayudaba tanto en operaciones de adquisición y venta de droga como en el alquiler o el traslado de los vehículos con los que la introducían en Asturias, de acuerdo con el relato del fiscal. En los registros, la Guardia Civil se incautó en un garaje de Avilés, que Toro compartía con su cuñado y otro encausado, de 54,5 kilos de hachís, 16 cartuchos de dinamita industrial y 94 detonadores. La operación se centró en la droga incautada, sin que se investigase la procedencia de la goma 2 y de los detonadores, procedentes de robos en minas asturianas donde Trashorras había trabajado.

Una información publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Guardia Civil asegura que tras el 11-M sigue el «rastro completo» de los explosivos decomisados

La Benemérita admite que los cambios en la ley de control evitan casos como el de la 'operación Pipol', cuando la dinamita hallada fue destruida sin investigar su origen La numeración de cada lote permite identificar la fecha de fabricación y, desde ahí, seguir el rastreo hasta el destino

GIJÓN - En el transcurso de la 'operación Pipol', las fuerzas de seguridad hallaron en el garaje que compartían Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras en Avilés 16 cartuchos de dinamita que, dado su estado, fue destruida por los Tedax sin que se realizara investigación alguna sobre su procedencia. Tras los atentados del 11-M en Madrid y el posterior refuerzo de la legislación de control de explosivos, tal circunstancia no debería repetirse. Así lo aseguran fuentes de la Guardia Civil de Asturias, que señalan que en la actualidad se sigue el «rastro completo» de los explosivos decomisados o hallados en circunstancias irregulares para comprobar cualquier tipo de sospecha y minimizar potenciales riesgos.

El caso de los cartuchos de goma 2 hallados en el garaje avilesino constituye una de las partes más oscuras de la ya de por sí enrevesada 'operación Pipol'. Junto al explosivo se detectaron también 94 detonadores eléctricos industriales sensibles por retardo de 500 milisegundos, con marca UEB. Pero, de forma sorprendente, nunca se llegó a conocer cómo llegó ese peligroso material a la plaza de garaje número 17 de la avilesina calle de Eloy Fernández Caravera. Los técnicos de los Tedax alegaron que la dinamita se encontraba en mal estado y procedieron a su destrucción, sin hurgar en su pasado o en su procedencia.

La masacre terrorista del 11-M, sin embargo, dio un giro radical a las medidas de control y vigilancia, tanto en Asturias como en el conjunto de España. Los cambios introducidos en la ley hacen que en la actualidad un suceso como el del 'caso Pipol' no pudiera volver a producirse, alegan desde el Instituto Armado, porque ahora el rastreo en el origen de los explosivos localizados en circunstancias 'sospechosas' es más exhaustivo.

Ante un caso de estas características, precisan fuentes de la Guardia Civil, el proceso a seguir pasa por la identificación de la numeración del lote de explosivos. A partir de ahí, señalan desde la Benemérita, se puede determinar de forma sencilla su fecha concreta de fabricación. Y, en adelante, resulta factible dibujar el camino que ha seguido ese material después de su salida de la empresa hasta el destino.

Asturias, en cabeza

El incremento de la vigilancia sobre el uso de explosivos en España, a través de un plan general de control activado pocos meses después de que se produjeran los atentados de Madrid, ha generado efectos evidentes. El primer balance que elaboró el Ministerio del Interior a partir de los datos facilitados por las inspecciones realizadas por la Guardia Civil constató que el 10% del material hallado en circunstancias irregulares fue decomisado en Asturias. El Principado se situó de esta forma a la cabeza del país en el ránking de irregularidades localizadas en fábricas, talleres, depósitos o lugares de consumo.

Según los datos de que disponía el ministerio que ahora encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba, la mayor parte de las cantidades decomisadas corresponden a material que no se encontraba bien documentado en los libros de las empresas que los utilizan o que estaba caducado en el momento de realizar la supervisión. Algo similar sucede con los detonadores, ya que en muchos casos las propias empresas desconocían si ya se habían gastado o no tenían definidos en los libros las cantidades exactas que manejaban.

Aunque después de la masacre del 11-M el control sobre los explosivos se reforzó de forma notoria, a día de hoy persisten multitud de dudas sobre la dinamita hallada en el marco de la 'operación Pipol', que comenzó como una investigación por un asesinato, condujo a la desarticulación de un grupo de traficantes de droga y terminó dando paso al hallazgo de cartuchos de goma 2. ¿Qué hacían esos explosivos en un garaje y por qué fueron destruidos por los Tedax sin profundizar en su origen?

Más sospechas

La pregunta en cuestión marcará el desarrollo de un juicio que comienza hoy en Gijón y se prolongará durante más de un mes. El propio Antonio Toro, de hecho, siempre mantuvo que desconocía la existencia de esa dinamita. En su momento se llegó a sospechar que en su casa había un armario con más explosivos, aunque este extremo nunca llegó a confirmarse.

Una información de A. Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


'Pipol', la antesala del gran juicio

Suárez Trashorras y Antonio Toro son, junto a otros 18 imputados, los protagonistas 'estrella' de un proceso que comienza hoy en Gijón después de cinco largos años de diligencias

GIJÓN - Todo tiene proporciones excesivas en el juicio de la 'operación Pipol', que comienza hoy en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. El número de imputados, veinte, es un primer ejemplo. Cinco años de diligencias, cinco mil folios de instrucción, catorce abogados y más de treinta periodistas de toda España acreditados para cubrir las sesiones dejan claro que no se trata de un proceso cualquiera. Un caso centrado básicamente en el tráfico de drogas, sin embargo, no generaría tanto interés si no fuera por condicionantes añadidos. La presencia en el banquillo de los acusados de Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras, imputados además por tenencia y tráfico de explosivos e incluidos en el 'macrosumario' del 11-M, es la razón principal de que 'Pipol' concentre a partir de hoy las miradas de toda España.

De no ser por estas circunstancias añadidas, el 'caso Pipol' se quedaría en un juicio más o menos ordinario centrado en una red de tráfico de estupefacientes que comenzó a partir de un crimen en las cercanías del polideportivo de Contrueces. El hallazgo de una papelina de cocaína en posesión de un sospechoso fue el punto de partida de una investigación en la que, de por medio, se halló dinamita en un garaje que compartían Trashorras y Toro. Su posterior vinculación con los atentados de Madrid ha convertido este proceso en una especie de antesala del juicio del 11-M.

Trashorras, Toro y los otros 18 imputados serán juzgados en Gijón en medio de unas medidas de seguridad sin precedentes. Ambos fueron trasladados a lo largo de la pasada semana desde las prisiones de Alcalá Meco y Villanubla (Valladolid), donde están internados, a la cárcel asturiana de Villabona. Ante la enorme expectación que genera su presencia en el Principado, se acordonará el juzgado y se establecerá un filtro para regular la asistencia de público a la sala.

De hecho, sólo hay 20 plazas reservadas para el público, ocho de ellas para los periodistas que, salvo que se sigan los requerimientos del fiscal y se habilite un espacio anexo, tendrán que lidiar para conseguir uno de los preciados asientos.

Los testigos

El interés de las al menos 20 sesiones que integrarán el juicio no se centrará de forma exclusiva en los imputados. Los testigos que declararán ante el magistrado Bernardo Donapetry también tendrán algo que decir, especialmente tres de ellos. El marroquí Rafá Zouhier, implicado al igual que Trashorras y Toro en el sumario del 11-M, está en esa lista.

También se espera con atención lo que tenga que aportar Francisco Javier Lavandera, el ex portero de una sala de fiestas gijonesa que ya en el año 2001 habló del tráfico de dinamita. A ambos se unirá el agente de la Guardia Civil Jesús Campillo, que grabó esas denuncias en una cinta. La declaración de los peritos, el análisis de las escuchas telefónicas y las últimas exposiciones de las partes pondrán fin a un juicio que se prevé largo y complejo.

Una información de A. Suárez publicada por el diario EL COMERCIO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Gran expectación” por Juan Neira

Hoy empieza el juicio del 'caso Pipol', en Gijón, con una veintena de imputados. Hay una gran expectación ante la vista oral porque entre los que se sientan en el banquillo de los acusados están José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, los dos cuñados más famosos de España. La dimensión mediática del juicio -la fama en el banquillo siempre revaloriza los procesos judiciales- convierte la vista oral en algo socialmente trascendente, muy alejado de un simple asunto de tráfico de drogas. Ni siquiera la aparición de la dinamita en un garaje de Avilés, localizada en la investigación policial, hubiera dado renombre al 'caso Pipol' si no fuera porque ese garaje lo utilizaban los dos cuñados.

Salvo mejor opinión de los expertos, creo que del juicio sólo tienen interés dos cosas: el tipo de relaciones de los detenidos con la dinamita (ventas, transporte, clientes) y los contactos establecidos por Trashorras y Toro con individuos integrantes de las células islamistas radicales. Nada más. El resto es puro consumo de la imagen de famosos, por tristes que sean los motivos que les hicieron populares. Ahora ya sabemos que alguno se divorcia, y quizás, andando los años, tengamos ocasión de conocer las memorias de algún protagonista, con alusiones, claves, etcétera. Luego puede tomar el relevo epistolar un familiar despechado, o un amigo, o un antiguo socio, así que al final tendremos la sensación de saberlo todo.

Aunque son asuntos muy diferentes, algo así ocurre con el 'caso Marbella', en el que los amores del ex alcalde y la tonadillera añadieron un plus de interés social sobre la corrupción inmobiliaria. Hay gente que nunca hubiera prestado atención al 'caso Marbella' si no fuera por la peripecia sentimental del ex regidor. Somos así.

En lo que toca al 'caso Pipol', creo que la noticia dada hace unos días por EL COMERCIO sobre la temprana imputación por tenencia y tráfico de explosivos de Trashorras es de la máxima importancia. Si a ella se une el testimonio ya conocido del agente de la Guardia Civil Jesús Campillo y del testigo Francisco Javier Lavandera, sobre los planes que tenían Toro y Trashorras con la dinamita, se abre un interrogante muy inquietante, que sólo se puede cerrar en Madrid con el juicio del 11-M.

Publicado por el diario EL COMERCIO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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