OVIEDO.- El juez del caso Pipol, Bernardo Donapetry, admitió ayer que un nuevo perito de los Tedax sustituya al agente que examinó los explosivos hallados en el garaje que tenían alquilado Antonio Toro, su cuñado José Emilio Suárez Trashorras y José Fernández Díaz, Nayo. El tedax, que estaba citado en la vista oral como testigo, falleció en un accidente de motocicleta el 1 de agosto de 2005.

Su muerte no había sido comunicada al fiscal, José Perals, que se enteró del fallecimiento hace apenas una semana y por casualidad, según La Nueva España. El perito estaba citado para ratificar que la dinamita hallada en julio de 2001 en un garaje de Avilés durante el desarrollo de la operación Pipol era Goma-2.

Donapetry se opuso a la petición de los letrados para que no se sustituyera al agente.

El nuevo testigo de los Tedax pertenece a la Jefatura Superior de Policía de Oviedo y puede corroborar el testimonio del compañero fallecido que entró en el garaje de Avilés y se aprehendió de 16 cartuchos de dinamita industrial Goma 2 Eco y 96 detonadores eléctricos industriales. El tedax de Oviedo vio los explosivos antes de que se enviasen a Madrid para su examen.

La abogada de Toro y el letrado de Trashorras protestaron ante el tribunal porque, en su opinión, «no corresponde que este agente sustituya al fallecido», y recordaron que «no intervino en ningún informe autorizado por el Ministerio Fiscal».

Durante la sesión de ayer del juicio de la operación Pipol, la sexta desde que comenzó el juicio el 23 de octubre, prestaron declaración como testigos siete agentes de la Policía. Todos ellos ratificaron la calificación del fiscal Antidroga y argumentaron que los implicados formaban parte de una red de tráfico de drogas entre Galicia y Asturias.

Información publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

GIJON.- El jefe de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía, que dirigió la investigación de la operación Pipol, declaró ayer que dos de los acusados, el ex minero Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro, tenían acceso al garaje donde se hallaron explosivos similares a los utilizados posteriormente en los atentados del 11-M, sumario en el que ambos constan también como imputados.

El mando policial, que compareció como testigo en la quinta sesión, explicó que la investigación se llevó a cabo basándose en escuchas telefónicas y que en una de ellas quedó constancia de que Toro, Trashorras y el prófugo José Fernández Díaz, Nayo, tenían las llaves del local. Según dijo, las Fuerzas de Seguridad llegaron a ese lugar buscando un alijo de drogas y se encontraron, además, con 16 cartuchos de dinamita Goma-2 ECO y 94 detonadores.

El agente aseguró en su comparecencia que Toro era entonces «un gran traficante de cocaína» y que seguía las instrucciones del narco gallego Marco B. con «una sumisión exagerada». Esta afirmación fue corroborada por el secretario del atestado del caso, que afirmó que Toro «distribuía la coca, llevaba el dinero a Galicia y conducía los coches». «Toro y Barreiro son grandes traficantes de cocaína», apuntó.

El jefe del grupo de Estupefacientes de Gijón en 2001 testificó que los acusados utilizaban un lenguaje encriptado y hablaban de baterías de coches, cubiertas o amortiguadores «para referirse a droga». Y, para ratificar su argumentación, preguntó a uno de los letrados de la defensa «si alguna vez había visto a alguien ir a un baño de un bar a intercambiar una batería de coche».

Los tres agentes aseguraron que los acusados formaban una trama de venta de droga en Asturias, que adquirían en el sur de España y en Galicia, y que la droga que se vendía era fundamentalmente cocaína. Y ninguno de ellos se extendió sobre los explosivos que aparecieron en el garaje compartido por los acusados, dado que, según aclararon, la Jefatura sólo actuó por la venta de estupefacientes.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El único perito que iba a certificar sobre la dinamita de Toro y Trashorras murió en 2005

El único perito que iba a certificar que el material incautado en el garaje de Avilés que supuestamente compartían Toro, Trashorras y Nayo era dinamita falleció en 2005. Se trataba de la única prueba pericial con la que contaba el fiscal especial antidroga, José Perals, para acreditar que los cartuchos hallados eran goma-2, ya que el informe que deja constancia escrita sobre este extremo, presentado el primer día del juicio por el fiscal, no fue admitido por el tribunal. Perals, al que no se había notificado el fallecimiento del técnico, solicitó que se cite a otro tedax. El tribunal se pronunciará hoy.

Gijón - Las cosas no pintan bien para el fiscal. El único perito que iba a certificar en el juicio que se sigue en Gijón por la «operación Pípol» que el material explosivo encontrado en julio de 2001 en el garaje de Avilés que supuestamente compartían Antonio Toro, José Emilio Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz, «Nayo», era dinamita ha fallecido. Su testimonio estaba previsto para el próximo 13 de noviembre y se trataba de la única prueba pericial con la que contaba el fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, para acreditar el hallazgo de los explosivos, después de que en la primera sesión de la vista el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial -que juzga el caso- rechazara admitir a última hora un informe pericial sobre este extremo. Se trataba de un documento elaborado por el laboratorio químico toxicológico de la Comisaría General de la Policía científica, al que Perals había tenido acceso sólo unos días antes, en el que aparecía reflejado que la muestra recogida en el garaje era, efectivamente, dinamita goma-2 Eco. Sin este informe, no existe ninguna certificación escrita de la existencia de la dinamita, que fue destruida.

José Perals no tuvo conocimiento hasta el pasado miércoles del fallecimiento de este perito, miembro del grupo de técnicos especialistas en desactivación de explosivos (Tedax) del Cuerpo Nacional de Policía, cuya declaración calificó de «esencial», ya que fue el agente que recogió el material encontrado en el garaje avilesino y lo trasladó a Oviedo. El agente, C. M. F. G., de 32 años, falleció el 1 de agosto de 2005 en un accidente de moto en el casco urbano de Avilés.

El fiscal supo de la muerte del técnico por casualidad, después de que escuchara al presidente del tribunal, Bernardo Donapetry, comentarlo con uno de los abogados de las defensas. El fallecimiento, según explicó ayer, no le fue notificado ni formal ni informalmente, a pesar de que el testimonio del técnico era una de las principales bazas para lograr la condena de Toro y Trashorras por tenencia y tráfico de explosivos. Ante la noticia, Perals solicitó al tribunal que le permita citar, a pesar de que no está previsto, a otro miembro de los Tedax que intervino en la operación, que declararía el mismo día 13. La Sala comunicará hoy su decisión sobre si acepta o no a este nuevo perito. Si no lo acepta, no habrá ninguna prueba científica que sostenga las acusaciones sobre tráfico de explosivos contra los dos cuñados, procesados también por los atentados del 11-M.

Sobre el hallazgo de dinamita también declararán en el juicio cuatro de los policías que encontraron los cartuchos en el garaje, aunque están citados en calidad de testigos -no de peritos- y en todo caso se limitarán a narrar lo que vieron y cómo lo vieron, pero no podrán emitir un informe -aunque sea verbal- que atestigüe la naturaleza del material. Las defensas de Toro y Suárez Trashorras (representadas por los abogados María Teresa Suárez García y Gerardo Turiel, respectivamente) se negaron a la admisión del nuevo perito y criticaron la petición del fiscal, por «improcedente».

José Perals insistió una vez más en las pruebas que le fueron rechazadas en la primera sesión del juicio, especialmente en una encaminada a lograr que no se anulen los «pinchazos» telefónicos practicados a los acusados, algo que pretende la mayor parte de las defensas. El fiscal presentó nuevamente un documento escrito en el que se prueba que el juez instructor del caso, Juan Laborda, le puso al corriente en el mes de febrero de 2001 (cinco meses antes de las detenciones de los acusados) de las intervenciones telefónicas. Perals justificó la necesidad de esta prueba en una sentencia del Tribunal Constitucional, de octubre de 2005 (es decir, posterior a su escrito de calificación provisional de los hechos, que es de marzo de ese año), que exige la notificación al fiscal de los «pinchazos» para que éstos sean legales. El tribunal rechazó nuevamente la prueba. Perals advirtió de que esto «podría dar lugar a la declaración de nulidad de todo el juicio».

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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La Policía halló el garaje por indicación del avilesino

Gijón- La Policía «tenía la certeza» de que había un garaje donde, supuestamente, Toro, Trashorras y Nayo guardaban droga, aunque no conocía su dirección. De la dinamita, entonces, ni se sospechaba. El instructor del atestado reconoció ayer que si Toro «no hubiera dicho nada del garaje no lo hubiéramos encontrado». Fue el propio avilesino quien aseguró a la Policía que el hachís que buscaban estaba en la cochera, después de que le dijeran que iban a hacer un registro en su casa.

El registro que no fue. Tras el hallazgo en el garaje, los agentes decidieron no registrar la casa del asturiano, donde vivía con sus padres, a pesar de tener la orden judicial oportuna, y ni siquiera para comprobar que no había más material. «Nosotros pensábamos que la droga la escondían en el garaje. Pero si él no hubiera salido a lo largo de la mañana, hubiéramos entrado en la vivienda a arrestarle. Es habitual que traficantes de un nivel medio-alto, como Toro, que viven con sus padres, no guarden la droga en su casa», añadió el instructor, recordando la relación «especial» de Toro con su madre. Por su parte, la defensa del avilesino aseguró que el joven había dicho que la droga estaba en el garaje «después de que le amenazaran con interrogar a toda su familia».

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Toro, un traficante con una «sumisión exagerada»

Gijón - El policía que dirigió la «operación Pípol», instructor del atestado, calificó ayer a Antonio Toro como un traficante de «una sumisión exagerada». Según su declaración, el joven avilesino se dedicaba a la compraventa de cocaína a las órdenes del gallego Marcos Barreiro y le «faltaba tiempo» para viajar a Galicia cuando este último se lo proponía.

La «evidencia». La primera «evidencia» que tiene la Policía de la participación de Antonio Toro en el tráfico de drogas es el 12 de junio de 2001, cuando el asturiano realizó un viaje al Sur, supuestamente para conseguir hachís. El 3 de julio aparece por primera vez Suárez Trashorras, que alquila un coche, al parecer, para que Barreiro, Toro y Nayo bajen de nuevo a por más droga, según el instructor.

Las llaves de Trashorras. El policía desmontó la declaración de Suárez Trashorras, que aseguró que él nunca había tenido las llaves del garaje donde se encontraron el hachís y la dinamita. El 4 de julio de 2001, relató, Antonio Toro habló con su hermana Carmen (esposa del ex minero) y le dijo: «Cuando veas a Emilio le dices que necesito las llaves del garaje urgentemente». Es decir, que sí las tenía, aclaró.

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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La «certeza» de una segunda casa de Toro

Gijón - Los policías que prestaron ayer declaración aseguraron que tenían «la certeza» de que Antonio Toro tenía otra casa, además de la de sus padres, donde es posible que pudiera guardar más material (droga o explosivos). Esto, explicaron, se evidencia en alguna de las conversaciones interceptadas, como una que mantuvieron Toro y Nayo en la que el primero le dijo al segundo que fuera a su casa. Nayo le contesta que a cuál, si a la suya o a la de sus padres. Los agentes no hicieron ninguna referencia a esta supuesta casa en ningún informe porque se trataba de «una sospecha».

¿Dónde estuvo la droga? El instructor del atestado, el secretario y un tercer policía que ayer declararon en la quinta sesión del juicio por la «Pípol» no se pusieron de acuerdo sobre dónde se había almacenado la droga incautada en la operación. El instructor aseguró que se había guardado en la Comisaría gijonesa, custodiada por funcionarios, y de ahí se había trasladado a Cogersa para su destrucción. Los otros dos funcionarios aseguraron que el «procedimiento normal» es que la droga no esté en la Policía «más de dos o tres días» y que se envíe a Sanidad. «El paso por Comisaría es circunstancial -explicaron-. Sólo lo justo y necesario»

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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«Hola, soy Antonio Toro...»

La Policía identificó al avilesino cuando llamó a una compañía de asistencia en viaje y dio sus datos

Gijón - No le resultó difícil a la Policía identificar a Antonio Toro. Teniendo pinchado su teléfono, el avilesino tuvo un problema con su coche y se quedó «tirado» en la carretera. Así que decidió llamar a una compañía de asistencia de viaje, a la que le dio todos sus datos personales y los del vehículo que conducía para que le enviasen una grúa. Los agentes escucharon esa conversación, que quedó grabada. Pero por si había alguna duda, pocos días después volvió a dar todos sus datos a una operadora de teléfonos móviles, incluido DNI. Quería consultar su saldo de puntos.

Identificar a Laurencio C. G., el ex policía local de San Martín del Rey Aurelio para quien el fiscal pide 13 años de prisión, llevó algo más de trabajo. Investigaban a un hombre, inicialmente anónimo, y en una conversación intervenida escucharon que su hijo competería un día determinado en una carrera de karts en León. Así que varios agentes se trasladaron al lugar y comprobaron los vehículos aparcados. Sabían, por otro «pinchazo», que el hombre al que investigaban cumplía años el 13 de abril. El propietario de uno de esos karts había nacido ese día y, además, era de Asturias. El «golpe» más fuerte fue descubrir que era policía local y que, además (según sospecharon), tenía un escáner con el que escuchaba a los agentes. Sabía que le estaban vigilando.

Silencio en la sala

El presidente del Tribunal, Bernardo Donapetry, tuvo que poner orden ayer durante la vista. Los acusados se reían abiertamente ante las declaraciones de los policías, que comentaban en voz alta. En un momento, el magistrado avisó: «Al próximo que hable lo echo de la sala». Antonio Toro, pensando que se dirigía a él, aseguró que no había dicho nada. «No digo que sea nadie. Ya lo identificará la Policía, pero como vuelva a hablar, lo expulso», afirmó Donapetry.

Otro de los acusados, disconforme con la declaración del policía instructor, le llamó «mentiroso» en pleno juicio. Mientras, el padre de Trashorras tachaba de «tramposos» a los agentes que declararon.

Información de Idoya Ronzón y Érika Valles publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Alicia Castro sostiene que el «caso Pípol» está vinculado con el atentado del 11-M

La diputada nacional del Partido Popular y miembro de la comisión de investigación del 11-M en el Congreso, Alicia Castro, apuntó ayer la vinculación del «caso Pípol» con los atentados de Madrid, pese a la intención del fiscal del caso de desmarcar los dos procesos. Masaveu volvió a exigir transparencia al PSOE en la investigación, al acusar al partido presidido por Zapatero de «ocultar datos, así como la presentación de pistas falsas y la intención del Gobierno de encubrir el tipo de explosivos». Tampoco descartó que «ETA u otra opción» estuviese detrás de los atentados del 11-M.

Gijón - Alicia Castro, diputada nacional del Partido Popular por Asturias y que fue miembro de la comisión de investigación del 11-M en el Congreso, vinculó ayer el «caso Pípol» con los atentados de Madrid pese a la intención del fiscal de desmarcar ambos procesos. «Aunque no se quiera relacionar, algo tendrá que ver Suárez Trashorras. El juez le hizo responsable de los 192 muertos y de los miles de heridos en los trenes del 11 de marzo», apuntó Castro.

La diputada asturiana volvió a insistir en la falta de transparencia en el proceso de investigación. «Cuando el juez Del Olmo dictó el auto de procesamiento no dejó claro ni quiénes fueron los autores, ni las personas que introdujeron los explosivos en los trenes, ni el tipo de los mismos», aseguró, al tiempo que destacó que «no existen pruebas de los autores de la masacre».

Entre los múltiples hechos que levantan irregularidades en el caso del 11-M, según la diputada, «están la desaparición de la metralla, la entrega de mochilas falsas al juez Del Olmo y la ausencia de análisis en el tipo de explosivos. ¿Adónde nos quieren llevar? Son muchas incógnitas, se preguntó. De las 438 preguntas que «he hecho en la comisión de investigación a los ministros de Interior, Alonso y Rubalcaba, sólo he obtenido respuestas vacías que me remitían al auto de procesamiento».

Masaveu ofreció en Gijón la conferencia «11-M, ¿por qué no nos dicen la verdad?», invitada por la Asociación La Escalerona, vinculada al sector crítico del PP gijonés. Al acto asistieron Luis Prado D'Almeida, Emilio Noval, María Luisa Peláez, Fernando González Landa, el senador Javier Sopeña y los disputados Isidro Fernández Rozada y Leopoldo Bertrand. La presidenta local, Pilar Fernández Pardo, acompañada por sus compañeros de confianza, fue recibida con tímidos aplausos por el público.

En la conferencia también estuvo presente el guardia civil Jesús Campillo, que asintió cuando Alicia Castro Masaveu defendió la inocencia de Francisco Javier Lavandera, que «sólo denunció el tráfico de explosivos, como cualquier otro ciudadano puede denunciar un delito».

Las críticas contra la investigación realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fueron constantes durante su ponencia, al acusar al PSOE «de evitar conocer a los autores de los hechos», así como el ocultamiento de pruebas y declaraciones falsas durante todo el proceso judicial. Alicia Castro aseguró «que no es descartable la opción de ETA» como autora de los atentados de Madrid, así como tampoco «la pista islamista, sin descartar otra opción que pudiera estar detrás del atentado». Adelantó que se sabrá «la verdad, como en su día se descubrió toda la trama de los GAL o Filesa».

Información de Iván G. Iglesias publicada por el diario LA NUEVA ESPAÑA el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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La muerte del 'tedax' que explosionó la dinamita de Avilés deja al fiscal del 'caso Pipol' sin un «testigo esencial»

El tribunal decidirá hoy si permite sustituir el testimonio del policía fallecido por el de otro agente a petición de Perals La declaración del inspector Manuel García, de quien Trashorras era confidente, se pospone hasta el próximo día 6

GIJÓN - El fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, se queda sin una prueba más para demostrar la vinculación del 'caso Pipol' con el tráfico de explosivos y la trama asturiana de la dinamita. La muerte de uno de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos (TEDAX), del Cuerpo Nacional de Policía, en un accidente de circulación deja al fiscal sin «un elemento fundamental táctico», según sus palabras, para acreditar que lo encontrado en el garaje de Avilés, que supuestamente tenían alquilado Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, en julio de 2001, era dinamita. Así lo admitió ayer Perals al inicio de la vista oral de este macrojuicio que se sigue en Gijón contra veinte imputados.

Para el fiscal, se trata de «un testigo esencial» y su fallecimiento «altera sustancialmente» el proceso, por lo que solicitó al presidente de la sala Bernardo Donapetry la sustitución de su testimonio por la de otro funcionario de los Tedax que también intervino en la destrucción de la dinamita incautada en la cochera de Avilés.

La mayoría de los abogados de la defensa se opusieron ayer a esta sustitución por considerar que «se trata de una petición extemporánea e improcedente», según manifestó la letrada de Antonio Toro Castro, María Teresa Suárez. Tanto la abogada, como el representante legal de Trashorras, Gerardo Turiel, señalaron que «la muerte del 'tedax' figura en el rollo y esta parte tenía conocimiento de ella, por lo que no se explica cómo el fiscal no lo tuvo».

El Ministerio Fiscal, sin embargo, no conoció la noticia del fallecimiento hasta el miércoles pasado, cuando escuchó comentar por casualidad a uno de los abogados de la causa que un testigo había fallecido. Se da la circunstancia de que la muerte de este policía, ocurrida el 1 de agosto de 2005, causó una enorme conmoción en Avilés por tratarse de Carlos Fernández, hermano de Sergio Fernández, ex jugador del Sporting y actual jugador del Zaragoza.

Tras escuchar la negativa de los abogados, el juez pospuso «para hoy, a primera hora», su decisión sobre si considera oportuno o no incluir en la vista oral el testimonio del otro Tedax.

A la espera de su respuesta, el fiscal ve cómo se le acumulan sobre la mesa los obstáculos para demostrar que el 'caso Pipol', además de un entramado importante de venta de drogas, lo era también de dinamita. La muerte del experto en desactivación de explosivos se suma a la negativa del presidente del tribunal a incluir entre las pruebas un informe pericial de un trozo de cartucho hallado en la citada cochera. Dicho informe fue encargado al laboratorio de Toxicología de Madrid, el 30 de agosto de 2004 y, según manifestó Perals, no tuvo conocimiento de él hasta el 25 de septiembre de 2006, una vez concluido su escrito de acusación.

Tampoco permitió Donapetry que la acusación pública incluyera en su listado de testigos a los dos peritos de la Policía Científica que efectuaron ese análisis ni a los dos Tedax que enviaron esa muestra al laboratorio.

Así las cosas, Perals deberá apoyar su estrategia en los testimonios de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que realizaron el registro de la plaza de garaje de la calle de Eloy Fernández Caravera, en Avilés, y en el que de forma sorpresiva se encontraron, además de hachís, los 16 cartuchos de 'goma-2' y 94 detonadores automáticos.

Las declaraciones de estos agentes no estarán exentas de polémica, ya que los letrados de la defensa tratarán de demostrar por todos los medios que no hay documento alguno que indique que ese hallazgo era efectivamente 'goma 2'.

Recurso de casación

Hay otro punto de debate en el juicio. Se trata de la negativa del tribunal a contemplar como prueba documental las escuchas telefónicas, algo que según el fiscal «vulnera el derecho fundamental a usar los medios procedentes como pruebas». Perals manifestó tal queja «a los efectos de poner un recurso de casación ante el tribunal Supremo» que, si prospera, podría hacer que se suspendiera el juicio.

La expectación de la vista oral de ayer estaba centrada también en la declaración del inspector Manuel García 'Manolón', ex jefe del Grupo de Estupefacientes de Avilés. Su testimonio es clave porque uno de los procesados, Trashorras, principal imputado en el 11-M, siempre ha asegurado que actuó con su consentimiento porque entonces era colaborador de la Policía. La dilación de las declaraciones anteriores pospone su intervención hasta el próximo 6 de noviembre.

La «sumisión» de Toro

Fue la declaración del jefe del Grupo de Estupefacientes de Gijón en el año 2001 la más larga de las tres escuchadas ayer. Durante tres horas el también instructor de la 'operación Pipol' declaró que Antonio Toro Castro, imputado también en el 11-M, era entonces «un gran traficante de cocaína» y seguía las instrucciones del supuesto narco gallego, Marco B. M., con «una sumisión exagerada». «En cuanto le decía que se desplazara a Galicia le faltaba tiempo para marchar. En ocasiones ha ido y venido hasta dos veces en un mismo día», comentó.

Sin embargo admitió que «no se le vio traficar» y «nunca hubo sospechas de que traficara con explosivos». Antonio Toro irrumpe en el operativo, según recordó el policía, por una llamada que éste realizó tras averiarse su coche y llamar a un servicio de grúa, y por otra que efectuó a una compañía de telefonía móvil en la que aportó todos sus datos.

El jefe de Estupefacientes insistió en la idea de que el garaje de Avilés pertenecía a Trashorras, Toro y el 'Nayo', aunque admitió que «si Toro no nos llega a hablar de su existencia ni siquiera hubiéramos encontrado el hachís». Respecto a por qué la Policía no registró su domicilio dijo que «los traficantes que viven con sus padres no guardan la droga en casa y, más en el caso de Toro, que mantenía una relación con su madre como nunca vi en otras personas investigadas».

Información de Leticia Álvarez publicada por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Alicia Castro dice que no se puede desvincular el 'caso Pipol' del proceso del 11-M

«¿Por qué Toro no está procesado por el juez como Suárez Trashorras» «Lavandera es un héroe y lo que hizo sólo valió para que le amargaran la vida»

GIJÓN - Alicia Castro cree que la verdad sobre los atentados del 11-M «está todavía lejos», aunque aseguró que «acabaremos conociéndola, como supimos quién estaba detrás del GAL o de Filesa. En ese camino, asegura que el PP no descansará hasta que los ciudadanos conozcan «qué oculta el Gobierno» y para que no caigan en la trampa «de los muchos señuelos que nos han puesto en los últimos meses». La diputada asturiana del PP ofreció ayer una conferencia en Gijón, en la sede de la Asociación Cultural La Escalerona, sobre la investigación de los atentados madrileños, en la cual criticó al magistrado del 'caso Pipol' por no aceptar la conexión con el 11-M. «Está claro que no se pueden desvincular. 'Pipol' fue la antesala de los atentados y hay que recordar que el mayor imputado por el 11-M -Trashorras- está procesado en este caso», afirmó Alicia Castro.

La charla comenzó con la proyección de un vídeo realizado por la Fundación FAES, que preside José María Aznar, en el que se defiende la labor del entonces Gobierno del PP y se critica con gran dureza la actitud que siguió el PSOE a cuyos dirigentes acusa de haber utilizado los atentados para «dar un golpe de Estado tres días antes de las elecciones».

Durante su intervención, Castro realizó un resumen de todo el proceso de investigación desde el minuto cero. Según explicó, los socialistas «no nos dieron información» y se empeñaron en «aislar» al PP. Fue más allá en sus críticas luego y aseguró que el PSOE llegó incluso a «manipular» la declaración de algunos testigos en la comisión de investigación.

«El PP sólo quiere conocer quién está detrás de los atentados», afirmó la diputada popular, que señaló al terrorismo como «el mayor problema que tiene la humanidad en este siglo». Aquel gobierno que no esté dispuesto a combatirlo, advierte, «está abocado al fracaso».

Castro enumeró todas las pruebas que su partido maneja en la investigación y rebaten las tesis defendidas por el juez Del Olmo, responsable de la investigación, que -considera- «no sabe absolutamente nada». Castro ironizó: «Son tantas las casualidades que hay que una llega a preocuparse», y aprovechó su intervención para referirse a la llamada 'trama asturiana' de los explosivos. Se preguntó en este punto por qué motivo Antonio Toro no está procesado por el magistrado. Hizo un paréntesis también para referirse al confidente Francisco Lavandera, al que calificó como un «héroe». Según explicó, su valentía sólo le valió para que le amargaran la vida. Curiosamente, en ese momento, estaba en la sala el ex agente Campillo -el guardia civil que recibió la denuncia del confidente-, que asintió ante las palabras de la diputada popular.

Castro mostró sus dudas de que la dinamita robada en Asturias fuera la misma que se utilizó para los atentados de Madrid. Una vez más, insistió en que el Gobierno «no quiere conocer toda la verdad porque tiene algo que ocultar» y le acusó de llevar «informes falsos» ante el juez que lleva la investigación.

Información de J. A. G. publicada por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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“El ausente” por Juan Neira

La muerte en un accidente de circulación de un técnico en desactivación de explosivos de la Policía Nacional, encargado de la destrucción de la dinamita de Avilés, priva al Ministerio Fiscal de un testimonio clave en el juicio del 'caso Pipol' para mantener la tesis del almacenamiento de dinamita. El presidente del tribunal se negó a aceptar como prueba un informe pericial sobre un cartucho encontrado en el garaje de Trashorras y Toro, así que ni el experto en explosivos de la Policía podrá declarar ni el cartucho supera la categoría de munición quemada. Le queda al fiscal el testimonio de los policías que registraron la plaza de garaje, pero de su declaración es difícil que se sustancie el almacenamiento de goma-2.

Sobre el 'caso Pipol' penden desde el principio dos alternativas, la de relacionarlo con el 11-M, dada la identidad de algunos procesados, y convertir sus testimonios en algo útil para desentrañar la matanza de los trenes de Madrid, o la de verlo como un asunto aislado, un simple caso de tráfico de drogas. Para que el proceso se oriente hacia una u otra tesis la clave estriba en la confirmación de la existencia de cartuchos de dinamita y detonadores automáticos. Sin dinamita en la cochera de Avilés no hay mecha que prender en este proceso y la expectación social creada por el 'caso Pipol' dejaría de estar justificada.

Queda por ver lo que darán de sí algunos testimonios como el del inspector, Manuel García, 'Manolón', ex jefe del grupo de estupefacientes de Avilés, con el que Trashorras dio a entender que tenía una gran confianza, al ser confidente suyo, y que le pasaba las informaciones. Y también el de un testigo como Lavandera Villazón, que ya hace años comunicó a la Guardia Civil que los dos cuñados tenían dinamita y pensaban darle un uso inquietante. Es difícil hacer un pronóstico, pero por las jornadas que ya llevamos del juicio oral parece que la alternativa de un 'caso Pipol' como asunto de drogas parece abrirse paso, dada la imposibilidad de contar con el testimonio del técnico que explosionó la dinamita. Para el consumo social siempre queda la dimensión puramente mediática del juicio, al que contribuyen la presencia de Trashorras y Toro. Además, pocas veces se ve a un acusado que tenga tanta facilidad de palabra como Trashorras.

Publicado por el diario EL COMERCIO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Alega que no eran suyos los 96 detonadores hallados en su garaje El juez dice que es «inadmisible» incluir pruebas del sumario del 11-M

GIJON.- Antonio Toro Castro, imputado en el 11-M por haber suministrado presuntamente los explosivos empleados en los atentados, negó ayer haber traficado jamás con dinamita. Lo hizo durante su declaración ante el juez en la vista que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo por la llamada operación Pípol, en la que está inculpado.

Toro, que sólo quiso responder a las preguntas de su abogada, aseguró durante el interrogatorio que «nunca» había comprado o vendido dinamita. También dijo que no eran suyos -ni sabía de dónde habían salido- los 16 cartuchos de Goma 2 ECO (como la utilizada en los trenes de Madrid) y los 94 detonadores industriales encontrados en el garaje de Avilés que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, que está huido de la Justicia.

Según su versión, en julio de 2001 acompañó a la Policía a realizar un registro en ese garaje. Al encontrar los explosivos, aseguró desconocer «qué hacían allí» y aseguró que tampoco sabía de quién eran otras cajas que la Policía requisó.

Contó que las llaves del garaje se las dio a Nayo para que guardase hachís, pero no tenía ni idea de la existencia de los cartuchos de dinamita. También negó haber ofrecido explosivos a Francisco Javier Lavandera, que trabajaba en el club Horóscopo de Gijón durante el verano de 2001, como señala el fiscal en su escrito de calificación. Lavandera tendrá la oportunidad de declarar lo contrario durante su comparecencia en el juicio como testigo, prevista para el 8 de noviembre.

El acusado, que se mostró tranquilo, se negó a contestar a las preguntas del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, que había preparado para él una serie de cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y con el de explosivos.

Entre otras cosas, quería saber la relación que tenía con Rafá Zouhier, con quien coincidió en la cárcel de Villabona; de dónde procedía la dinamita que se encontró en el garaje; si ésta era de su cuñado, o si tenía entre 50 o 150 kilos más de explosivos en otro domicilio de Avilés que nunca fueron encontrados por la Policía.

En la segunda jornada del juicio, la abogada de Toro solicitó que su cliente pudiera permanecer sin esposas, como había hecho el día antes el letrado de Trashorras. Pero de nuevo el jefe de seguridad se negó.

Toro y Trashorras comparecen en este juicio acusados de un delito de tráfico de drogas y tenencia y depósito de explosivos. La Fiscalía pide para ellos un total de 17 años de prisión y sendas multas de 218.000 euros.

Por otro lado, el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, aseguró al inicio de la vista que «es inadmisible» incluir pruebas que se encuentran en el sumario del 11-M en la vista por la operación Pípol porque «proceden de otro proceso penal, posterior y aún en curso, que está a la espera de juicio». Por ello, el pasado lunes se negó a incluir las pruebas testificales, documentales y periciales que pedía la Fiscalía y que procedían en algunos casos de la Audiencia Nacional.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Tribunal del «caso Pipol» rechaza pruebas relacionadas con el 11-M GIJÓN. El tribunal que juzga el llamado «caso Pipol» -en el que se sientan en el banquillo los procesados por el 11-M Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro- pruebas relacionadas con los atentados de Madrid. Durante la segunda sesión del juicio declararon otros ocho de los 20 acusados, entre ellos Antonio Toro (en la imagen). Todos ellos negaron haber introducido droga en Asturias y haber formado parte de bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Una información de la Agencia EFE publicada por el diario ABC el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.