El Comercio de Gijón, en su edición del pasado 21 de octubre, revelaba un escrito del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, de 12 de mayo de 2003 -atención a la fecha-, dirigido al juez instructor del caso Pípol, solicitando el procesamiento de los asturianos Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras por un delito de tenencia ilícita de explosivos.

El 6 de octubre del mismo año, el juez accedió a lo solicitado. El periódico calificaba este descubrimiento de «absoluta novedad», pues demostraba que los acusados de haber suministrado a la célula de Lavapiés los explosivos presuntamente utilizados en el 11-M habían sido procesados por posesión ilegal de dinamita antes de la comisión de los atentados y no después, como se había hecho creer a la opinión pública.

Hagamos un poco de historia. Pípol es el nombre de una operación antidroga que tuvo lugar en Asturias en junio del año 2001 y que se saldó con la detención de 21 personas, entre ellas Antonio Toro, Emilio Suárez Trashorras y José Luis Fernández, Nayo. La Policía intervino en el curso de esta importantísima operación tres kilos de cocaína, 80 kilos de hachís, así como 16 cartuchos de dinamita y 94 detonadores en un garaje alquilado por Antonio Toro.

Encarcelado en la prisión de Villabona, el asturiano coincide en el mismo módulo con Abdelkrim Bensmail, lugarteniente de Allekema Lamari (muerto en Leganés y a quien a finales de 2003 el CNI seguía los pasos en la convicción de que estaba preparando un gran atentado contra un edificio mediante un coche bomba conducido por un suicida). También convive con varios presos etarras, a los que ofrece dinamita, y con Rafá Zouhier, confidente de la Guardia Civil. Suárez Trashorras está procesado por su supuesta participación en la organización del 11-M. Toro y Zouhier lo están también por colaboración con banda armada.

Suárez Trashorras, que se libra de entrar en la cárcel en la operación Pípol, se ofrece como confidente al jefe de estupefacientes de Avilés, Manuel García, Manolón, a cambio de que interceda para conseguir la libertad condicional de Toro. Las gestiones de Manolón tienen éxito y, desde entonces, Trashorras no da un paso sin conocimiento de su controlador, al que suministra información para alguna operación antidroga.

A mediados de 2003 le informa de que unos «moritos» de Lavapiés, la banda dirigida por Jamal Ahmidan, el Chino, habían entrado en contacto con él para vender droga en el norte de España.

En agosto de 2001, el vigilante jurado de una discoteca asturiana, Francisco Lavandera, acudió a la Policía de Gijón para denunciar que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras tenían importantes cantidades de dinamita para vender en el mercado clandestino y que tal vez estuvieran en tratos con ETA. «Se rieron de mí», declarará más tarde Lavandera. Asustado porque el denunciado se había enterado de su chivatazo por una confidencia de la propia Policía, decidió acudir a la Guardia Civil. El 29 de agosto de 2001 Lavandera se entrevista con el agente Campillo, del servicio de Información, y le pone al corriente. Campillo se lo toma en serio y la Guardia Civil, por orden del entonces coronel Laguna, pone en marcha la llamada operación Serpiente, que se cierra a finales de 2002 sin resultado alguno. Mandos asturianos de la Guardia Civil testificaron ante la Comisión de Investigación que, pese al fracaso de la operación, se quedaron tranquilos al conocer los pormenores de la operación Pípol de la Policía.

En el año 2002, Nayo, a través del abogado Tejeda, denuncia al fiscal jefe de Asturias que Toro y Trashorras se proponen vender dinamita a ETA. La investigación ordenada por la Fiscalía a la Jefatura Superior de Policía tampoco da resultado.

A comienzos de 2003, la Guardia Civil de Asturias recibe una nueva denuncia de Nayo en los mismos términos que la realizada a la Policía. El entonces coronel Laguna ordena la apertura de una investigación que encomienda a la comandancia de Oviedo. Por su parte, Rafá Zouhier informa a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), dirigida por el coronel Hernando (antiguo colaborador de Rafael Vera y encausado con él por haber llevado a Suiza maletines con dinero de los fondos reservados para comprar el silencio en el caso de los GAL de los policías Amedo y Domínguez), que los asturianos venden dinamita robada.

Agentes de la UCO viajan a Asturias, conocen las investigaciones de la comandancia de Oviedo, siguen a los asturianos hasta Madrid y al cabo de unos días, el 28 de febrero de 2003, remiten una nota informativa a la Guardia Civil de Asturias. En ella la UCO confirma con todo lujo de detalles que, en efecto, los asturianos, además de vender dinamita en Madrid, introducen cada 10 días en Asturias grandes cantidades de droga.

El coronel Hernando declaró en la Comisión del 11-M que tras esa nota informativa, la UCO se apartó del caso. El general Laguna, antiguo coronel jefe de la Zona de Asturias, le contradijo y afirmó que por orden suya se creó un grupo de coordinación entre agentes de la UCO y de la Comandancia de Oviedo, que se deshizo a finales de 2003 al no obtener ningún resultado. En el sumario del juez Del Olmo figura un informe sobre «las mentiras de la UCO», elaborado por la comandancia de Asturias, en el que se acusa a varios agentes de la Unidad Central Operativa de intentar destruir pruebas que podrían poner en entredicho la declaración de Hernando ante la Comisión.

De todo esto se desprende que a mediados de 2003, la Policía y la Guardia Civil sabían que la Fiscalía de Asturias había solicitado el procesamiento de Toro y Trashorras por tenencia de explosivos y que el 6 de octubre del mismo año el juez encargado del caso había confirmado la petición del fiscal. Es decir, que todos los responsables -de la Policía y de la Guardia Civil- de las investigaciones abiertas por las denuncias contra los asturianos, conocían su implicación en un delito de tenencia.

¿Y para qué querían explosivos si no era para proceder a su venta en el mercado negro? Si se hubiera puesto en conocimiento del juez todo el arsenal de datos incluidos en las notas informativas de la UCO de 28 de febrero y de 6 de marzo de 2003 se habría conseguido judicializar la investigación, con intervenciones telefónicas y registros de sus propiedades.

En su comparecencia ante la Comisión de Investigación, mandos asturianos de la Guardia Civil declararon que si no se había podido llegar al juez era porque, en opinión de los fiscales de Avilés, no había datos suficientes para ello. Tampoco se informó a la Comisión, ni siquiera por el fiscal jefe de Asturias (que tampoco lo dice en el informe de 31 de enero de 2005 que aportó al juzgado y a la Comisión), que en el año 2003 se había producido el procesamiento de Toro y Suárez Trashorras por un delito de tenencia de explosivos.

¿Qué habría pasado de haber ordenado el juez la intervención telefónica de los presuntos implicados? ¿Se habría logrado evitar el atentado? No lo sabemos, pero no se olvide que si el juez Garzón tenía estrechamente vigilados a varios de los integrantes de la célula de Lavapiés, si la Udyco seguía las andanzas del Chino y compañía, sólo habría faltado conocer de primera mano las conversaciones de los asturianos en los meses anteriores del 11-M.

En el sumario del juez Del Olmo hay prueba fehaciente de las grandes contradicciones en que incurrieron, tanto en la Comisión del 11-M como en el propio juzgado, los mandos asturianos y de la UCO que estuvieron tan cerca de los acusados de haber vendido los explosivos utilizados por el Chino en la masacre. Como la verdad no puede ser ambivalente, alguien ha mentido. Y faltar a la verdad como testigo ante un juzgado e, incluso, ante una comisión de investigación parlamentaria es delito. Pero nadie ha sentido el menor interés en verificarlo. Luego se quejan y, por denunciar estos hechos tan escandalosos, nos llaman perturbados y nos acusan de alimentar la teoría de la conspiración.

Hoy empieza el juicio por la operación Pípol. Acabo de relatar el fracaso de los intentos de judicializar la investigación sobre los asturianos. Nos dijeron que no tenían datos suficientes. Pues bien, casualmente, el sumario comienza con un escrito de la Policía solicitando la intervención telefónica de uno de los implicados. Estos son sus argumentos: «Se tiene la absoluta certeza de que (fulano de tal), para concertar operaciones de compraventa de cocaína, utiliza el teléfono móvil 649377118, por lo que (...) se solicita dicha intervención».

Ustedes mismos.

Jaime Ignacio del Burgo es diputado de UPN

Publicado por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.