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Negligencias Judiciales

Policías que seguían a 'El Tunecino' no entienden por qué Garzón no le detuvo

Por Narrador - 26 de Febrero, 2007, 9:00, Categoría: Negligencias Judiciales

¿Pudieron haberse evitado 192 muertes si se hubieran interpretado a tiempo las señales? Desde que la Policía conoció en 2002 la existencia de la célula de Lavapiés y cómo comenzó a radicalizarse, se perdió un tiempo precioso. Pistas equivocadas, escuchas sin traducir... Expertos policiales apuntan a una negligencia

MADRID.- No era novedad. La llegada de radicales había sido una constante en España durante los últimos años. Que nuestro país era base de las denominadas células durmientes no era ninguna sorpresa ni para los servicios españoles de información, ni para los de los principales países europeos. Todos sospechaban también que España era utilizada por los activistas como base de descanso, pero nadie tenía datos, indicios o pistas sólidas de que España se convertiría en objetivo terrorista. O más bien nadie supo interpretar las claves que estuvieron recibiendo durante meses las Fuerzas de Seguridad y la Justicia.

El control policial ya cifraba antes de la matanza del 11-M en más de 800 los islamistas considerados radicales que se encontraban de forma permanente en nuestro territorio. Sobre muchos de ellos existía un cierto control por parte de los servicios de información policiales y de los de inteligencia. Pero ninguno de ellos sospechó que estas células durmientes se plantearan atentar en el país en el que estaban residiendo, en el país que estaban utilizando como base, como cuartel de retaguardia.

Los agentes de las unidades de lucha contra el terrorismo internacional de la Policía tenían un control muy sólido sobre muchas de estas células durmientes. Y en este marco de seguimientos y controles de radicales, los agentes de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Comisaría General de Información conocieron, ya en septiembre de 2002, la existencia en Madrid de un grupo islamista compuesto por individuos principalmente de nacionalidad marroquí que pertenecían al Grupo Combatiente Marroquí.

Local no autorizado

Los especialistas policiales tuvieron indicios de que los integrantes de este grupo tenían una visión muy radical del islam. Desde el principio se conoció uno de los puntos de reuniones habituales de este grupo: la mezquita del distrito de Villaverde. El bajo de un edificio, sin señalizar, con una puerta corredera de color verde, que servía de lugar para las reuniones periódicas de estos presuntos radicales.

El local no estaba ni autorizado. Era uno de esos miles que se reparten por toda España y que son utilizados como mezquitas. La gran mayoría de ellos son conocidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Inicialmente, las reuniones eran habituales y no mantenían especiales medidas de seguridad. Con el paso del tiempo, los encargados de las investigaciones conocieron cómo estos radicales operaban con medidas de seguridad mucho más estrictas para tratar de evitar cualquier control policial. Pero la vigilancia estaba siendo muy efectiva, ya que los datos provenían del interior del grupo. El propio imam era el que facilitaba datos a la UCIE sobre la radicalidad y peligrosidad de estos individuos.

Este grupo no sólo se reunía en la mezquita de Villaverde, sino también en locales de Lavapiés. La Policía tuvo un control muy preciso sobre estos sospechosos por medio de su informador, al que bautizó con el nombre de Cartagena. Los datos llegaban de forma inmediata. La prestación del informador fue excelente en todo momento. Cuando los sospechosos mostraron su máximo nivel de radicalidad y hablaron de atentados en Marruecos y en España, Cartagena alertó inmediatamente a sus controladores. Cartagena no aportó informes sobre eventuales acciones, pero sí la decisión y el convencimiento de que había entre varios de los integrantes de la trama de que la yihad se podía practicar también en Europa. Cartagena había logrado ganarse no sólo la confianza de todos los radicales, sino también su respeto, desde su condición de referente religioso.

Durante sus encuentros, los integrantes del grupo de Lavapiés -como se conocía en los documentos policiales- mostraban su fijación por unos determinados intereses: ir contra los «herejes» (países o individuos que no interpretan el Corán con la misma radicalidad que ellos) y contra los infieles (el resto del mundo no musulmán).

Un mes después, en octubre, los agentes, a través de la información que recibían de su infiltrado, supieron que el grupo estaba ya perfectamente organizado. La estructura del grupo de Lavapiés era ya muy precisa, los responsables, la dirección, el rol de cada uno de sus miembros, sus objetivos... Ya tenían entonces también un complejo sistema de comunicaciones para tratar de evitar seguimientos. «Se movían y actuaban ya como un grupo sospechoso, como miembros de una trama delictiva o que estaba a punto de delinquir», explicaron a EL MUNDO fuentes de la investigación.

Las antenas de los agentes se agudizaron porque constataron que, como había asegurado el infiltrado, el grupo estaba ya muy radicalizado. Ya en aquellas fechas, los integristas hablaban de que para practicar la yihad no hacía falta combatir en Bosnia, Afganistán o en cualquier otro territorio musulmán que consideraran ocupado por los infieles.

Sobre la mesa dejaban la posibilidad de actuar en Marruecos, castigando a los herejes, o en España, contra los infieles. Eran comentarios, teorías, opiniones. El informador no alertó de planes concretos ni intencionalidades precisas. Pero sí de deseos. Entre los integrantes del grupo controlado por la Policía estaban, entre otros, Mustapha Maymouni (encarcelado en Marruecos como uno de los autores intelectuales de la matanza de Casablanca) y El Tunecino, muerto en Leganés y uno de los presuntos dirigentes de la célula a la que se responsabiliza de la masacre del 11-M. Otros, como es el caso de Mohamed Larbi ben Sellam, se sientan actualmente en el banquillo de los acusados. Los agentes ya obtuvieron entonces los primeros datos sobre El Egipcio, vinculado a esta célula a través de Ben Sellam.

Escuchas

Con toda la información acumulada en esos dos primeros meses (nombres, direcciones, vehículos, teléfonos...), la Policía judicializó las pesquisas en la Audiencia Nacional. Se solicitó autorización para intervenir los teléfonos de varios de los integrantes de esta trama radical, los de los más representativos.

Según estas fuentes, la solicitud debería haberse hecho al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional a través de Tepol, el servicio de comunicaciones de las Fuerzas de Seguridad con los mecanismos judiciales. Si se hubiera hecho así, este caso hubiera ido a reparto y hubiera correspondido a cualquier de los magistrados de la Audiencia. Sin embargo, los responsables policiales acudieron directamente al Juzgado número 5, el de Baltasar Garzón. Ligaron estas solicitudes de intervención con el sumario 35/01, abierto en ese juzgado tras la operación Dátil, cuyo principal encausado es Abu Dahdah. El Juzgado número 5 autorizó estas intervenciones. No obstante, como -al menos inicialmente- no había ningún vínculo con Abu Dahdah, incluyó esas escuchas en las diligencias previas 396/02, fuera del citado sumario.

Los investigadores querían que la actuación estuviera en manos de Garzón, al considerarle más idóneo de cara a sus intereses para investigar a los radicales. Los mandos de la Comisaría General de Información consideran que este juez tiene más «sensibilidad» que otros a la hora de resolver las peticiones policiales.

Algunos expertos juristas apuntan que con esta manera de actuar, de acudir directamente a un juez, se pudo vulnerar el derecho de los investigados a un juez ordinario predeterminado por la ley, ya que interpretan que es la Policía la que decide qué juez instruirá la causa.

A partir de ese momento, todos los datos obtenidos durante las investigaciones sobre el grupo de Lavapiés con anterioridad a las intervenciones telefónicas y todos los derivados de los análisis de las conversaciones quedan a disposición del magistrado titular del Juzgado número 5. También se le envían los informes sobre las vigilancias y seguimientos realizados por los agentes de la Comisaría General de Información hacia estos integrantes. Los encargados de las pesquisas le remiten al instructor informes periódicos sobre la evolución de las investigaciones sobre esa trama radical.

Durante meses, la Audiencia Nacional autorizó la intervención de más de una veintena de teléfonos. Fruto de las pesquisas policiales se conoció la estructura del grupo, las filiaciones de sus miembros, sus domicilios, sus vehículos, sus negocios, las mezquitas que frecuentaban en Madrid... Los investigadores lograron determinar, entonces, que los integrantes de este grupo estaban dispuestos a atacar en Marruecos y en España, aunque no detectaron un plan para perpetrar acciones violentas, simplemente un protocolo de intenciones.

Máxima autoridad

Así se llegó al 16 de mayo, fecha en que los radicales islamistas atentaron en Casablanca, contra la Casa de España. En la desarticulación del grupo ideológico que llevó a cabo esta acción, la policía marroquí detuvo a Mustapha Maymouni, considerado en aquellas fechas por los agentes españoles de información como el líder, el referente religioso, la máxima autoridad del grupo de radicales conocido por la Policía como el grupo de Lavapiés.

Maymouni era ya un viejo conocido de la Policía española, ya que había participado en numerosas reuniones en la mezquita de Villaverde con los integrantes del grupo de Lavapiés. No son pocos los agentes de la Policía española que sospechan que este radical pudo ser también uno de los ideólogos de la matanza de Madrid. Sí tienen claro todos los investigadores que Maymouni fue clave en la radicalización de los integrantes del grupo controlado.

Tras la masacre suicida de Casablanca, las diligencias previas que instruía Garzón pasaron a convertirse en el sumario 9/03 por el atentado de Casablanca. Pero las investigaciones policiales no sufrieron graves alteraciones en su ritmo, pese a la captura de Maymouni. Los investigadores españoles se desplazaron a Marruecos para conocer con detalle cómo se preparó el atentado de Marruecos. Interrogaron a varios de los implicados, entre ellos Maymouni. Los agentes elaboraron múltiples informes muy detallados para el juez sobre sus gestiones en el país magrebí, pero ninguno de los datos obtenidos les permitió avanzar en sus investigaciones sobre el grupo de Lavapiés, ni mucho menos intervenir contra ellos, o por lo menos, así lo decidieron los responsables policiales y judiciales.

Durante los meses de verano, las vigilancias se redujeron y se relajaron los seguimientos. Comenzaron los turnos de vacaciones de los agentes que controlaban al comando de Lavapiés. Ya en aquel momento, el control sobre las conversaciones no era analizado. Los teléfonos seguían pinchados, pero no se controlaban ni se traducían las conversaciones.

Este hecho sorprende a expertos juristas, que consideran que, para renovar escuchas telefónicas, parece imprescindible conocer el contenido de las conversaciones. Si no son traducidas no se comprende, según estos expertos, que el juez renovara las autorizaciones para mantener los teléfonos intervenidos: ¿qué importancia tenían esos teléfonos si no se controlaban las conversaciones?, apuntan estos expertos.

Y los teléfonos de los integrantes del grupo de Lavapiés y el control y seguimiento sobre ellos se relajó por completo después de que, en septiembre de 2003, se recibiera una información proveniente del servicio secreto europeo en la que se alertaba de la posible peligrosidad de un individuo asentado en Tarragona. Para controlar a este individuo, llamado Mohamed Berzizoui, se envió al grupo de policías que estaban controlando al comando de Lavapiés. De nuevo se reprodujo el sistema puesto en marcha por la Policía para investigar al grupo de Madrid y las pesquisas de Tarragona también acabaron en manos de Garzón. Octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Durante cinco meses, las pesquisas de los agentes especializados en el radicalismo marroquí estuvieron centradas en un sospechoso que no dio en ningún momento muestras de serlo. Semanalmente cumplía los mismos horarios, acudía a los mismos sitios, tenían los mismos contactos con la misma gente... Ni un dato, ni un indicio sobre su posible radicalidad. Pese a ello, los responsables policiales dedicaron todos los esfuerzos a seguir la pista proporcionada desde el Reino Unido.

Tras la masacre de Madrid y el descubrimiento de la mochila de Vallecas, las miradas policiales se volvieron de nuevo hacia esos radicales de Lavapiés, que, a consecuencia de las vigilancias en Tarragona, habían estado fuera de control policial y judicial durante cinco meses. Durante ese tiempo, sus teléfonos habían seguido intervenidos con autorización de Garzón, pero las conversaciones no se habían traducido.

Prácticamente todos los presuntos autores o colaboradores de la masacre de Madrid estuvieron en la órbita del grupo liderado por el responsable ideológico de la masacre de Casablanca: Mustapha Maymouni. Tres eran las caras desconocidas para los investigadores en aquellos momentos: El Chino y los hermanos Oulad. Ninguno de los tres había sido visto nunca antes del 11-M con la célula de Lavapiés. Algunos investigadores sospechan que estos tres no formaban parte de la célula del centro de Madrid. Otros, por el contrario, piensan que se incorporaron al grupo de Lavapiés cuando las vigilancias policiales sobre ellos se relajaron y se centraron en el sospechoso de Tarragona. Sospechoso que, pese a estar legalmente en España y no existir ningún indicio contra él, fue expulsado de España tras la matanza de Madrid.

Los analistas policiales se preguntan todavía cómo es posible que tras la masacre de Casablanca y la posterior captura de Maymouni no se hubiera actuado desde la Comisaría General de Información y desde el juzgado de Garzón contra este entramado radical, cuando ya se conocía que sus integrantes apostaban por actuar en Marruecos y en España. También se sabía perfectamente que los integrantes de este grupo habían convivido con Maymouni, al que consideraban un auténtico referente ideológico y religioso.

¿Cómo es posible -se preguntan aún muchos operativos policiales- que un grupo controlado desde fuera (escuchas, seguimientos, vigilancias) y desde dentro (mediante el imam Cartagena) pudiera realizar la mayor masacre terrorista en Europa? Algunos sostiene que si, efectivamente, se demostrara durante el juicio que el grupo de Lavapiés, El Chino y los hermanos Oulad, junto al clan asturiano, fueran los responsables de la masacre del 11-M y hubieran llevado a cabo la operación sin colaboración alguna, podríamos estar delante de un caso de negligencia en grado de delito. Tanto los investigadores como el juez tuvieron elementos suficientes sobre la mesa para desmantelar el grupo de Lavapiés incluso antes de que se produjera la masacre de Casablanca. Lo que nadie entre los investigadores alcanza a comprender es por qué no se realizó una operación contra este grupo tras los atentados suicidas de Marruecos y la captura de Maymouni como auténtico ideólogo de la masacre, cuando se sabía su relación con Lavapiés.

Durante cinco meses (durante los cuales los agentes volcaron sus actuaciones en Tarragona) permanecieron sin ser traducidas las cintas de las conversaciones intervenidas al grupo de Lavapiés. El magistrado instructor requirió a la Policía que le remitiera esas grabaciones en octubre de 2004, siete meses después de la masacre de Madrid, cuando los miembros de la célula hacía meses que estaban muertos o encarcelados.

¿Negligencia? Demasiados interrogantes aún por resolver y muchas dudas que permanecerán siempre. ¿Y si se hubiera acudido al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional?

Una información de Fernando Lazaro publicada por el diario EL MUNDO el lunes 26. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El PSOE culpa a Acebes de que no se tradujeran 200 cintas del 11-M

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Negligencias Judiciales

MADRID.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, afirmó ayer que el secretario general del PP, Angel Acebes, debe aclarar por qué motivo no fueron traducidas al castellano las conversaciones telefónicas que mantuvieron varios islamistas, grabadas con permiso del juez Garzón en los últimos meses de 2003 y los primeros de 2004, antes de los atentados del 11-M.

Ayer, EL MUNDO desveló que más de 200 cintas magnetofónicas en las que están grabadas esas conversaciones permanecieron durante meses en la Comisaría General de Información, sin ser traducidas, porque el único traductor que trabajaba para la Policía se ocupaba de un caso de un marroquí residente en Tarragona que finalmente ni siquiera fue detenido.

López Garrido pidió ayer a Acebes y al diputado popular Ignacio Astarloa que expliquen por qué motivo no había «suficientes traductores de árabe».

En su opinión, quien debe dar explicaciones en este caso, más que el juez, son quienes en aquella época eran responsables del Ministerio del Interior, en referencia al ex ministro Acebes y al ex secretario de Estado de Seguridad.

López Garrido subrayó que, debido al estado en que se encontraban esas cintas -muchas de ellas deterioradas y sin posibilidad de conocer su contenido-, ya no se podrá saber nunca si hubieran podido servir «para atajar alguna conspiración terrorista». «Es un hecho serio, una responsabilidad de la que tienen que dar cuenta quienes estaban al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», manifestó.

Información de Agustin Yanel publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

200 cintas grabadas por Garzón a los islamistas estaban sin traducir el 11-M

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Negligencias Judiciales

Estuvieron amontonadas sobre una mesa de la UCIE y parte de ellas estaban deterioradas cuando el juez las reclamó en septiembre de 2004. Había charlas telefónicas de 'El Tunecino', 'El Egipcio' y 20 radicales más

MADRID.- Más de 200 cintas de casete apiladas en varios montones sobre una mesa de las dependencias de la Comisaría General de Información, en concreto, en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Todas, pertenecientes a grabaciones realizadas por la Policía con autorización del juez Baltasar Garzón a varios de los implicados en los atentados del 11-M, de Casablanca y de la célula desarticulada cuando trataba, presuntamente, de volar la Audiencia Nacional. Y esas cintas se acumularon en las dependencias policiales meses antes de que se produjera la masacre de Madrid.

Las grabaciones estaban sin traducir porque el único traductor que actuaba para la Policía estaba centrado, al igual que los expertos en la lucha contra el terrorismo internacional, en un ciudadano marroquí asentado en Tarragona y sobre el que se había recibido información de su alta peligrosidad desde Gran Bretaña. Ese ciudadano nunca fue detenido por delitos relacionados con terrorismo.

Desde septiembre de 2003 se le dio prioridad a esta investigación de Tarragona y se abandonaron las pesquisas que en ese momento se estaban realizando sobre los ya entonces denominados miembros del grupo de Lavapiés, entre los que estaban algunos de los presuntos implicados en el 11-M.

Las cintas permanecieron en estas dependencias policiales hasta que, en septiembre de 2004, el juez Baltasar Garzón se las reclamó a la Comisaría General de Información.

Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, fueron muchas las cintas magnetofónicas que estaban ya deterioradas y no se podían escuchar las conversaciones intervenidas.

El juez renovó los permisos pese a que las grabaciones anteriores no eran traducidas, según le informaron al magistrado, «por razones técnicas».

Previamente, tras la matanza de Madrid, el juez requirió a la Unidad Central de Información Exterior que le remitiera un informe sobre el estado de las indagaciones sobre los sospechosos islamistas que estaban siendo investigados por su juzgado. El magistrado tuvo que insistir a la UCIE para que le remitiera el informe.

Ya desde septiembre de 2002, los agentes de la Comisaría General de Información estaban sobre la pista de un grupo de islamistas radicales, compuesto fundamentalmente por ciudadanos de nacionalidad marroquí. A esta célula la llamaron grupo de Lavapiés.

Sus integrantes tenían una visión radical del islam, se reunían periódicamente en una mezquita del sur de Madrid y en locales del madrileño barrio de Lavapiés. Su objetivo eran los herejes y los infieles.

Un mes después, la Policía logró acotar algo más las sospechosas intenciones de este grupo. Estaba delimitado perfectamente, con estrictas medidas de seguridad en las comunicaciones entre ellos. La dirección y el rol de cada uno de los integrantes estaban perfectamente definidos.

Los agentes tenían constatada ya su «peligrosidad»: los sospechosos hablaban de que para hacer la yihad no hacía falta ir a Bosnia ni a Afganistán o cualquier otro territorio musulmán que consideraran ocupado por infieles.

Apostaban por atacar a los herejes en Marruecos o en España, sin distinción de país.

En ese momento ya se produjo un punto de inflexión en las actuaciones policiales. Los investigadores acudieron a la Audiencia Nacional con nombres, direcciones, vehículos y teléfonos. Y ya se pidió autorización para la intervención telefónica de los números utilizados por los sospechosos.

La actuación policial no fue, como es habitual, a través de Tepol al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional para que fuera a reparto. Los agentes acudieron directamente al magistrado Baltasar Garzón, ligando estos datos del grupo de Lavapiés con el sumario 35/01 sobre la operación Dátil.

El juez instructor autorizó las intervenciones telefónicas en el marco de unas diligencias previas nuevas, las 396/02, fuera del anterior sumario, ya que no había vinculación.

En esos momentos, los investigadores tenían centrados a numerosos integrantes de ese grupo. Varios de ellos se presume que participaron en los atentados de Casablanca y en la masacre de Madrid el 11-M, y otros formaban parte de la célula islamista que se supone que preparaba un atentado contra la Audiencia Nacional.

Así, en el marco de la denominada operación Esfera (anteriormente denominada Sancristóbal) se controló a Mustapha Maymouni, actualmente en prisión por su relación con los atentados de Casablanca.

También figuraba Mohamed Ouazzani, presuntamente implicado con el comando que pretendía volar la Audiencia Nacional y que fue desarticulado en la operación Nova.

En los informes policiales figuraba también uno de los presuntos líderes de la célula autora del 11-M, Serhane ben Abdelmajid, El Tunecino.

También se controló a Mohamed El Egipcio, otro de los presuntos máximos responsables de la masacre de Madrid. Otro de los procesados por esta matanza, Mohamed Larbi ben Sellam, también era seguido desde entonces por la Policía. Está procesado por el 11-M. Otro integrante de la célula desmantelada en la operación Nova, Faissal Allouch, también estaba bajo vigilancia de los agentes de Información desde finales de 2002.

A partir de ese momento, todos los datos sobre las actuaciones de este grupo fueron a parar a manos del juez Garzón. Hasta 20 teléfonos fueron intervenidos. Se le pasaban informes periódicos al juez del avance de las investigaciones.

Durante meses, los teléfonos de algunos de los principales implicados en el 11-M estuvieron pinchados con autorización del juez instructor de la Audiencia Nacional.

La estructura del grupo, las filiaciones de sus miembros, sus domicilios, sus vehículos, sus negocios, mezquitas donde se reunían...todo, según explicaron fuentes de la investigación, estuvo en el juzgado de este magistrado.

Es tras el atentado de Casablanca, en mayo de 2003, cuando el juez convierte las diligencias previas 396/02 en el sumario 9/03.Tras esta masacre, la Policía marroquí detuvo a Mustapha Maymouni, al que la Policía española consideraba como el líder del grupo de Lavapiés.

Pese a este atentado en tierras marroquíes, ni desde la Policía ni desde el juzgado de Baltasar Garzón se tomaron más iniciativas ni se decidió actuar contra esta célula, estrechamente relacionada con Maymouni.

De hecho, ni las vigilancias sobre los sospechosos se incrementaron, según explicaron las mismas fuentes.

En septiembre de 2003 se tuvo conocimiento de que en Tarragona había un ciudadano llamado Mohamed Berzizoui que podría formar parte del terrorismo islamista, según la información facilitada por un servicio secreto extranjero.

Pese a que no había vínculos conocidos entre este sospechoso y los integrantes del grupo de Lavapiés, es de nuevo el juez Baltasar Garzón el que se hace cargo también de estas pesquisas y autoriza la intervención de su teléfono en el marco del sumario abierto por el atentado de Casablanca.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, y enero, febrero y marzo de 2004, toda la actividad del grupo que estaba controlando a los de Lavapiés se trasladó a Tarragona para controlar exclusivamente a este sospechoso.

Pinchazos sin traducción

Por ello, se dio prioridad a la traducción de las conversaciones del teléfono de este sospechoso, aunque se siguieron pinchando ininterrumpidamente los teléfonos de Lavapiés, pero no traduciendo las conversaciones que se captaban.

Pese a que las pesquisas estaban centradas en Tarragona y el seguimiento a los de Lavapiés se había semiabandonado, el juez siguió prorrogando las escuchas sobre los integrantes de esta célula.

Finalmente, las pesquisas sobre Berzizoui no fueron a ningún sitio, y nunca fue detenido en España. Pero, por este motivo, sí se estuvo durante cinco meses, los cinco meses previos al atentado del 11-M en Madrid, interviniendo los teléfonos de algunos de los principales implicados en la masacre de Madrid, pero siempre sin llegar a traducir las conversaciones.

De esta forma, todo el trabajo de prevención de atentados terroristas internacionales en España fue baldío, y no se llegó a aprovechar ni la orden judicial de intervención telefónica, ni el trabajo policial realizado a tal efecto.

Información de Fernando Lázaro publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Los viajes del magistrado

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Negligencias Judiciales

Meses antes de los atentados Garzón se desplazó con cinco licencias de estudios a México, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú

MADRID.- Meses antes de que se cometieran los atentados de Madrid, Baltasar Garzón estuvo tres veces en México, viajó a Brasil, visitó Bolivia y permaneció una semana en Ecuador y Perú. Entre abril de 2003 y febrero de 2004, el juez de la Audiencia Nacional disfrutó de hasta cinco licencias de estudios concedidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Garzón es, sin duda, el miembro de la Judicatura que más licencias ha obtenido para viajes al extranjero. Mientras en su Juzgado de la Audiencia Nacional instruía los sumarios contra ETA/Batasuna o los terroristas islamistas, Garzón ha sabido organizarse para realizar frecuentes desplazamientos al extranjero bajo el formato de licencias de estudios, un sistema de permisos fundamentalmente destinado a que los jueces mejoren su formación en materias relacionadas con la función jurisdiccional, aunque en la práctica está teniendo un contenido más amplio y cubre desde el dictado de conferencias hasta la participación en programas de cooperación internacional o las estancias de idiomas en el extranjero.

Gracias a una generosa política de permisos del órgano de gobierno de los jueces, el magistrado se ha desplazado a medio mundo, siendo sus destinos preferidos los países de Iberoamérica, donde ha adquirido protagonismo por haber iniciado procesos penales contra responsables de las dictaduras militares.

En 2003, obtuvo cuatro licencias de estudios: del 8 al 12 de abril, para asistir a un seminario sobre terrorismo y procesos de paz en la universidad mexicana de Puebla; del 26 al 29 de mayo, invitado por la Procuraduría de Río de Janeiro y Recife (Brasil); del 5 al 7 de noviembre, para participar en un seminario internacional de derecho en Bolivia, y del 2 al 4 de diciembre, para impartir una conferencia en la Universidad de Guadalajara (México).

Durante 2004, un mes antes del 11-M, el Consejo le autorizó una licencia para impartir conferencias en Ecuador, México y Perú entre el 16 y el 24 de febrero.

Asimismo, disfrutó de otras cuatro licencias a lo largo del año: del 26 al 30 de junio, para lo mismo en San Diego (California); del 13 al 15 de septiembre, para participar en la IV Conferencia de Seguridad Pública para América del Sur en Porto Alegre (Brasil); del 23 al 30 de septiembre, para intervenir en las II Jornadas Hispano-Mexicanas de Derecho Penal en Tabasco (México); y el 5 de octubre, para participar en un coloquio sobre terrorismo en Bruselas.

El CGPJ le ha concedido numerosas licencias de corta duración y también un superpermiso sin precedentes que le permitió residir en Nueva York durante un año y tres meses, desde marzo de 2005 a junio de 2006, para desarrollar «actividades de docencia e investigación» sobre terrorismo internacional.

Garzón aprovechó su estancia para realizar actuaciones tan variadas como entrevistarse en mayo de 2006 con el secretario general de la ONU, Kofi Annan (al que, según un comunicado difundido por Naciones Unidas, «informó de su experiencia en el último año como profesor e investigador en el Centro Juan Carlos I de la Universidad de York»), o hacer de testigo de un acuerdo entre las autoridades de Colombia y aborígenes del Cauca en septiembre de 2005.

Antes de trasladarse a EEUU, el juez se fue a Bruselas (Bélgica) en febrero de 2005 para participar en un seminario sobre el Tribunal Penal Internacional organizado por el Parlamento europeo, y en enero viajó a La Haya (Holanda) a una reunión de Eurojust sobre terrorismo islámico.

Tras su regreso de Nueva York, Garzón ha continuado su periplo internacional con licencias concedidas por el Consejo. El 2 de octubre se desplazó a Colombia para intervenir en un seminario-taller sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El permiso se prolongaba hasta el día 6, pero el juez optó por regresar a España el día 3 ante la polémica suscitada por su actuación en el caso de los peritos del 11-M. Veinte días después, volvió a Colombia.

Información de María Peral publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Las cintas, otra negligencia más de la policía y de Garzón (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Negligencias Judiciales

La investigación sobre el 11-M que está llevando a cabo EL MUNDO tiene dos caras distintas: de un lado, el esfuerzo por desvelar los enigmas sin aclarar o los hechos cuya versión oficial no es convincente. Del otro, el examen de la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad y del sistema judicial en la persecución de la trama islamista que participó en la masacre.

No faltará quien a continuación objete que EL MUNDO incurre en una contradicción: apuntar a la trama islamista cuando en otras ocasiones hemos señalado hacia otras hipótesis. No hay tal contradicción porque la implicación islamista es compatible con otra trama superpuesta o complementaria. De lo que no hay ninguna duda es de que un grupo de islamistas participó en los atentados del 11-M bien como autores materiales, bien como cortina de humo. Nunca hemos negado esta evidencia.

Nuestro periódico aporta hoy una importante revelación que tiene mucho más que ver con ese segundo aspecto de la ineficacia policial y judicial en la prevención del macroatentado de Madrid. El MUNDO publica que más de 200 cintas con conversaciones grabadas de implicados en la masacre y personas de su entorno permanecieron durante muchos meses sin traducir en las dependencias policiales.

Esas cintas contenían conversaciones de El Tunecino, El Egipcio y Mohamed Larbi, tres personas clave en el 11-M. Fueron grabadas por orden del juez Baltasar Garzón en los últimos tres meses de 2003 y en los primeros de 2004. Esos y otros fanáticos musulmanes hablaban entonces de la necesidad de llevar la guerra santa a Occidente. Pero seis meses antes de la masacre, la Policía dejo de traducir ese material por falta de medios para centrarse en un supuesto líder islamista de Tarragona.

Nunca sabremos si de haberse traducido esas cintas a tiempo se habría podido evitar el 11-M, entre otras razones, porque buena parte de ellas quedaron tan deterioradas que nadie pudo escuchar ya su contenido. No es más que una conjetura, pero el hecho es que permanecieron amontonadas en un despacho. Garzón las reclamó seis meses después del 11-M y en el día de hoy no sabemos qué ha hecho con esas cintas. ¿Se las ha remitido, como sería lógico, al juez Del Olmo?

No estamos diciendo que el juez Garzón sea el único responsable de esa negligencia, ya que la Policía Nacional carecía entonces de traductores de árabe, entre otras muchas carencias para prevenir el terrorismo islámico. Pero sí se le puede reprochar la falta de diligencia en los muchos asuntos que instruye, su escaso rigor y tenacidad y, en este caso concreto, su fallo en la valoración de la importancia de las cintas.

En el año 2003, Garzón obtuvo cuatro permisos para ausentarse de España y, al año siguiente, otros cinco. Alguno de ellos, de más de una semana. Si en lugar de dedicarse al estrellato mediático, el juez hubiera dedicado más atención a los asuntos que instruía, tal vez habría investigado con más acierto sumarios como los del terrorismo islámico, auténticos ejemplos de chapuza judicial.

Lo dicho vale para la actuación de la Guardia Civil en Asturias, que obró con muy poca diligencia para investigar los chivatazos sobre Toro y Trashorras cuando éstos estaban procesados por tenencia ilícita de explosivos.

El cierre del sumario del 11-M no va a permitir profundizar en los muchos errores y negligencias cometidas por las Fuerzas de Seguridad y el sistema judicial. La propia actitud -realmente inaudita- de Garzón en el sumario de los peritos revela sus ansias por contribuir a dar carpetazo a todo lo que tenga que ver con el 11-M para diluir así las huellas de sus muchas equivocaciones. Pero El MUNDO seguirá hasta el final la investigación de la masacre, tanto en lo que atañe a quienes fueron los autores materiales y a quienes les indujeron a actuar como a los fallos del aparato del Estado.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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