¿Pudieron haberse evitado 192 muertes si se hubieran interpretado a tiempo las señales? Desde que la Policía conoció en 2002 la existencia de la célula de Lavapiés y cómo comenzó a radicalizarse, se perdió un tiempo precioso. Pistas equivocadas, escuchas sin traducir... Expertos policiales apuntan a una negligencia

MADRID.- No era novedad. La llegada de radicales había sido una constante en España durante los últimos años. Que nuestro país era base de las denominadas células durmientes no era ninguna sorpresa ni para los servicios españoles de información, ni para los de los principales países europeos. Todos sospechaban también que España era utilizada por los activistas como base de descanso, pero nadie tenía datos, indicios o pistas sólidas de que España se convertiría en objetivo terrorista. O más bien nadie supo interpretar las claves que estuvieron recibiendo durante meses las Fuerzas de Seguridad y la Justicia.

El control policial ya cifraba antes de la matanza del 11-M en más de 800 los islamistas considerados radicales que se encontraban de forma permanente en nuestro territorio. Sobre muchos de ellos existía un cierto control por parte de los servicios de información policiales y de los de inteligencia. Pero ninguno de ellos sospechó que estas células durmientes se plantearan atentar en el país en el que estaban residiendo, en el país que estaban utilizando como base, como cuartel de retaguardia.

Los agentes de las unidades de lucha contra el terrorismo internacional de la Policía tenían un control muy sólido sobre muchas de estas células durmientes. Y en este marco de seguimientos y controles de radicales, los agentes de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Comisaría General de Información conocieron, ya en septiembre de 2002, la existencia en Madrid de un grupo islamista compuesto por individuos principalmente de nacionalidad marroquí que pertenecían al Grupo Combatiente Marroquí.

Local no autorizado

Los especialistas policiales tuvieron indicios de que los integrantes de este grupo tenían una visión muy radical del islam. Desde el principio se conoció uno de los puntos de reuniones habituales de este grupo: la mezquita del distrito de Villaverde. El bajo de un edificio, sin señalizar, con una puerta corredera de color verde, que servía de lugar para las reuniones periódicas de estos presuntos radicales.

El local no estaba ni autorizado. Era uno de esos miles que se reparten por toda España y que son utilizados como mezquitas. La gran mayoría de ellos son conocidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Inicialmente, las reuniones eran habituales y no mantenían especiales medidas de seguridad. Con el paso del tiempo, los encargados de las investigaciones conocieron cómo estos radicales operaban con medidas de seguridad mucho más estrictas para tratar de evitar cualquier control policial. Pero la vigilancia estaba siendo muy efectiva, ya que los datos provenían del interior del grupo. El propio imam era el que facilitaba datos a la UCIE sobre la radicalidad y peligrosidad de estos individuos.

Este grupo no sólo se reunía en la mezquita de Villaverde, sino también en locales de Lavapiés. La Policía tuvo un control muy preciso sobre estos sospechosos por medio de su informador, al que bautizó con el nombre de Cartagena. Los datos llegaban de forma inmediata. La prestación del informador fue excelente en todo momento. Cuando los sospechosos mostraron su máximo nivel de radicalidad y hablaron de atentados en Marruecos y en España, Cartagena alertó inmediatamente a sus controladores. Cartagena no aportó informes sobre eventuales acciones, pero sí la decisión y el convencimiento de que había entre varios de los integrantes de la trama de que la yihad se podía practicar también en Europa. Cartagena había logrado ganarse no sólo la confianza de todos los radicales, sino también su respeto, desde su condición de referente religioso.

Durante sus encuentros, los integrantes del grupo de Lavapiés -como se conocía en los documentos policiales- mostraban su fijación por unos determinados intereses: ir contra los «herejes» (países o individuos que no interpretan el Corán con la misma radicalidad que ellos) y contra los infieles (el resto del mundo no musulmán).

Un mes después, en octubre, los agentes, a través de la información que recibían de su infiltrado, supieron que el grupo estaba ya perfectamente organizado. La estructura del grupo de Lavapiés era ya muy precisa, los responsables, la dirección, el rol de cada uno de sus miembros, sus objetivos... Ya tenían entonces también un complejo sistema de comunicaciones para tratar de evitar seguimientos. «Se movían y actuaban ya como un grupo sospechoso, como miembros de una trama delictiva o que estaba a punto de delinquir», explicaron a EL MUNDO fuentes de la investigación.

Las antenas de los agentes se agudizaron porque constataron que, como había asegurado el infiltrado, el grupo estaba ya muy radicalizado. Ya en aquellas fechas, los integristas hablaban de que para practicar la yihad no hacía falta combatir en Bosnia, Afganistán o en cualquier otro territorio musulmán que consideraran ocupado por los infieles.

Sobre la mesa dejaban la posibilidad de actuar en Marruecos, castigando a los herejes, o en España, contra los infieles. Eran comentarios, teorías, opiniones. El informador no alertó de planes concretos ni intencionalidades precisas. Pero sí de deseos. Entre los integrantes del grupo controlado por la Policía estaban, entre otros, Mustapha Maymouni (encarcelado en Marruecos como uno de los autores intelectuales de la matanza de Casablanca) y El Tunecino, muerto en Leganés y uno de los presuntos dirigentes de la célula a la que se responsabiliza de la masacre del 11-M. Otros, como es el caso de Mohamed Larbi ben Sellam, se sientan actualmente en el banquillo de los acusados. Los agentes ya obtuvieron entonces los primeros datos sobre El Egipcio, vinculado a esta célula a través de Ben Sellam.

Escuchas

Con toda la información acumulada en esos dos primeros meses (nombres, direcciones, vehículos, teléfonos...), la Policía judicializó las pesquisas en la Audiencia Nacional. Se solicitó autorización para intervenir los teléfonos de varios de los integrantes de esta trama radical, los de los más representativos.

Según estas fuentes, la solicitud debería haberse hecho al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional a través de Tepol, el servicio de comunicaciones de las Fuerzas de Seguridad con los mecanismos judiciales. Si se hubiera hecho así, este caso hubiera ido a reparto y hubiera correspondido a cualquier de los magistrados de la Audiencia. Sin embargo, los responsables policiales acudieron directamente al Juzgado número 5, el de Baltasar Garzón. Ligaron estas solicitudes de intervención con el sumario 35/01, abierto en ese juzgado tras la operación Dátil, cuyo principal encausado es Abu Dahdah. El Juzgado número 5 autorizó estas intervenciones. No obstante, como -al menos inicialmente- no había ningún vínculo con Abu Dahdah, incluyó esas escuchas en las diligencias previas 396/02, fuera del citado sumario.

Los investigadores querían que la actuación estuviera en manos de Garzón, al considerarle más idóneo de cara a sus intereses para investigar a los radicales. Los mandos de la Comisaría General de Información consideran que este juez tiene más «sensibilidad» que otros a la hora de resolver las peticiones policiales.

Algunos expertos juristas apuntan que con esta manera de actuar, de acudir directamente a un juez, se pudo vulnerar el derecho de los investigados a un juez ordinario predeterminado por la ley, ya que interpretan que es la Policía la que decide qué juez instruirá la causa.

A partir de ese momento, todos los datos obtenidos durante las investigaciones sobre el grupo de Lavapiés con anterioridad a las intervenciones telefónicas y todos los derivados de los análisis de las conversaciones quedan a disposición del magistrado titular del Juzgado número 5. También se le envían los informes sobre las vigilancias y seguimientos realizados por los agentes de la Comisaría General de Información hacia estos integrantes. Los encargados de las pesquisas le remiten al instructor informes periódicos sobre la evolución de las investigaciones sobre esa trama radical.

Durante meses, la Audiencia Nacional autorizó la intervención de más de una veintena de teléfonos. Fruto de las pesquisas policiales se conoció la estructura del grupo, las filiaciones de sus miembros, sus domicilios, sus vehículos, sus negocios, las mezquitas que frecuentaban en Madrid... Los investigadores lograron determinar, entonces, que los integrantes de este grupo estaban dispuestos a atacar en Marruecos y en España, aunque no detectaron un plan para perpetrar acciones violentas, simplemente un protocolo de intenciones.

Máxima autoridad

Así se llegó al 16 de mayo, fecha en que los radicales islamistas atentaron en Casablanca, contra la Casa de España. En la desarticulación del grupo ideológico que llevó a cabo esta acción, la policía marroquí detuvo a Mustapha Maymouni, considerado en aquellas fechas por los agentes españoles de información como el líder, el referente religioso, la máxima autoridad del grupo de radicales conocido por la Policía como el grupo de Lavapiés.

Maymouni era ya un viejo conocido de la Policía española, ya que había participado en numerosas reuniones en la mezquita de Villaverde con los integrantes del grupo de Lavapiés. No son pocos los agentes de la Policía española que sospechan que este radical pudo ser también uno de los ideólogos de la matanza de Madrid. Sí tienen claro todos los investigadores que Maymouni fue clave en la radicalización de los integrantes del grupo controlado.

Tras la masacre suicida de Casablanca, las diligencias previas que instruía Garzón pasaron a convertirse en el sumario 9/03 por el atentado de Casablanca. Pero las investigaciones policiales no sufrieron graves alteraciones en su ritmo, pese a la captura de Maymouni. Los investigadores españoles se desplazaron a Marruecos para conocer con detalle cómo se preparó el atentado de Marruecos. Interrogaron a varios de los implicados, entre ellos Maymouni. Los agentes elaboraron múltiples informes muy detallados para el juez sobre sus gestiones en el país magrebí, pero ninguno de los datos obtenidos les permitió avanzar en sus investigaciones sobre el grupo de Lavapiés, ni mucho menos intervenir contra ellos, o por lo menos, así lo decidieron los responsables policiales y judiciales.

Durante los meses de verano, las vigilancias se redujeron y se relajaron los seguimientos. Comenzaron los turnos de vacaciones de los agentes que controlaban al comando de Lavapiés. Ya en aquel momento, el control sobre las conversaciones no era analizado. Los teléfonos seguían pinchados, pero no se controlaban ni se traducían las conversaciones.

Este hecho sorprende a expertos juristas, que consideran que, para renovar escuchas telefónicas, parece imprescindible conocer el contenido de las conversaciones. Si no son traducidas no se comprende, según estos expertos, que el juez renovara las autorizaciones para mantener los teléfonos intervenidos: ¿qué importancia tenían esos teléfonos si no se controlaban las conversaciones?, apuntan estos expertos.

Y los teléfonos de los integrantes del grupo de Lavapiés y el control y seguimiento sobre ellos se relajó por completo después de que, en septiembre de 2003, se recibiera una información proveniente del servicio secreto europeo en la que se alertaba de la posible peligrosidad de un individuo asentado en Tarragona. Para controlar a este individuo, llamado Mohamed Berzizoui, se envió al grupo de policías que estaban controlando al comando de Lavapiés. De nuevo se reprodujo el sistema puesto en marcha por la Policía para investigar al grupo de Madrid y las pesquisas de Tarragona también acabaron en manos de Garzón. Octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Durante cinco meses, las pesquisas de los agentes especializados en el radicalismo marroquí estuvieron centradas en un sospechoso que no dio en ningún momento muestras de serlo. Semanalmente cumplía los mismos horarios, acudía a los mismos sitios, tenían los mismos contactos con la misma gente... Ni un dato, ni un indicio sobre su posible radicalidad. Pese a ello, los responsables policiales dedicaron todos los esfuerzos a seguir la pista proporcionada desde el Reino Unido.

Tras la masacre de Madrid y el descubrimiento de la mochila de Vallecas, las miradas policiales se volvieron de nuevo hacia esos radicales de Lavapiés, que, a consecuencia de las vigilancias en Tarragona, habían estado fuera de control policial y judicial durante cinco meses. Durante ese tiempo, sus teléfonos habían seguido intervenidos con autorización de Garzón, pero las conversaciones no se habían traducido.

Prácticamente todos los presuntos autores o colaboradores de la masacre de Madrid estuvieron en la órbita del grupo liderado por el responsable ideológico de la masacre de Casablanca: Mustapha Maymouni. Tres eran las caras desconocidas para los investigadores en aquellos momentos: El Chino y los hermanos Oulad. Ninguno de los tres había sido visto nunca antes del 11-M con la célula de Lavapiés. Algunos investigadores sospechan que estos tres no formaban parte de la célula del centro de Madrid. Otros, por el contrario, piensan que se incorporaron al grupo de Lavapiés cuando las vigilancias policiales sobre ellos se relajaron y se centraron en el sospechoso de Tarragona. Sospechoso que, pese a estar legalmente en España y no existir ningún indicio contra él, fue expulsado de España tras la matanza de Madrid.

Los analistas policiales se preguntan todavía cómo es posible que tras la masacre de Casablanca y la posterior captura de Maymouni no se hubiera actuado desde la Comisaría General de Información y desde el juzgado de Garzón contra este entramado radical, cuando ya se conocía que sus integrantes apostaban por actuar en Marruecos y en España. También se sabía perfectamente que los integrantes de este grupo habían convivido con Maymouni, al que consideraban un auténtico referente ideológico y religioso.

¿Cómo es posible -se preguntan aún muchos operativos policiales- que un grupo controlado desde fuera (escuchas, seguimientos, vigilancias) y desde dentro (mediante el imam Cartagena) pudiera realizar la mayor masacre terrorista en Europa? Algunos sostiene que si, efectivamente, se demostrara durante el juicio que el grupo de Lavapiés, El Chino y los hermanos Oulad, junto al clan asturiano, fueran los responsables de la masacre del 11-M y hubieran llevado a cabo la operación sin colaboración alguna, podríamos estar delante de un caso de negligencia en grado de delito. Tanto los investigadores como el juez tuvieron elementos suficientes sobre la mesa para desmantelar el grupo de Lavapiés incluso antes de que se produjera la masacre de Casablanca. Lo que nadie entre los investigadores alcanza a comprender es por qué no se realizó una operación contra este grupo tras los atentados suicidas de Marruecos y la captura de Maymouni como auténtico ideólogo de la masacre, cuando se sabía su relación con Lavapiés.

Durante cinco meses (durante los cuales los agentes volcaron sus actuaciones en Tarragona) permanecieron sin ser traducidas las cintas de las conversaciones intervenidas al grupo de Lavapiés. El magistrado instructor requirió a la Policía que le remitiera esas grabaciones en octubre de 2004, siete meses después de la masacre de Madrid, cuando los miembros de la célula hacía meses que estaban muertos o encarcelados.

¿Negligencia? Demasiados interrogantes aún por resolver y muchas dudas que permanecerán siempre. ¿Y si se hubiera acudido al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional?

Una información de Fernando Lazaro publicada por el diario EL MUNDO el lunes 26. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.